lunes, 2 de diciembre de 2013

Analiza Bolivia suprimir la figura de los jueces ciudadanos

René Quenallata Paredes (XINHUA)

El fracaso de los jueces ciudadanos que se promovieron al amparo del Código de Procedimiento Penal aplicado en Bolivia desde junio de 2001, ha obligado al gobierno a plantear su eliminación para evitar la retardación de justicia, lo cual será definido en última instancia en la Asamblea Legislativa.

La aplicación del Código de Procedimiento Penal, desde hace más de 10 años con su principal innovación considerada en ese entonces como revolucionaria, resultó ser un fracaso debido a que no se adecuó al modelo de la sociedad boliviana.

El nuevo código, que está en consideración del Poder Legislativo, propone un proceso acusatorio "absolutamente oral y simplificado en sus procedimientos" y con plazos más estrictos en su cumplimiento, para ello se plantea la supresión de los jueces ciudadanos, para evitar la retardación.

La ministra boliviana de Justicia, Cecilia Ayllón, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, y el asesor del Ministerio de Justicia, David Tezanos Pinto, expresaron, por separado, su posición para prescindir de los jueces ciudadanos.

Según Tezanos, la justicia no puede seguir siendo uno de las principales falencias de la sociedad boliviana, al señalar que el pueblo está cada vez más incrédulo pese a la elección de autoridades judiciales por voto directo, una experiencia única en la región sudamericana.

"En síntesis, el modelo de jueces ciudadanos no se acomoda a Bolivia y por tanto ha sido un chasco", agregó.

Por su parte la ministra Ayllón justificó la propuesta de eliminar a los jueces ciudadanos, al considerar que esa experiencia en Bolivia resultó negativa al provocar la lentitud de los procesos.

A decir de la ministra de Justicia, el juez ciudadano, que en su momento fue una propuesta revolucionaria y debía convertirse en una especie de control social, pero lamentablemente no fue efectivo.

"Las estadísticas señalan que existió influencia del juez técnico sobre el ciudadano", agregó.

Por su parte el asambleísta Arce afirmó que el cambio se debe al fracaso del Código de Procedimiento Penal porque se tiene un 87 por ciento de las personas que están recluidas en las cárceles del país no cuentan con sentencia ejecutoriada, es decir, son constitucionalmente inocentes.

La ex presidenta del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, dijo sin embargo que "volver al sistema inquisidor sería un error donde el poder nuevamente se concentrará en una sola persona, que es el juez"

En su opinión la propuesta para cambiar el Código de Procedimiento Penal está mal fundamentada, "porque el fracaso no ha sido por los jueces ciudadanos, que han permitido el acercamiento de la justicia al pueblo, sino por una deficiente capacitación a los jueces, abogados y fiscales".

Jueces técnicos

El artículo 52 del Código de Procedimiento Penal establece que los Tribunales de Sentencia "estarán integrados por dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos competentes para conocer la sustanciación y resolución del juicio en todos los delitos de acción pública".

Requiere que este magistrado civil sea mayor de 25 años, estar en pleno ejercicio de sus derechos y tener domicilio, profesión, ocupación, oficio, arte o industria conocidos.

Los tribunales de sentencia funcionan en la actualidad con dos jueces técnicos y tres ciudadanos que son sorteados con base en el Padrón Electoral.

La Comisión Codificadora se conformó en 2011 y está compuesta por abogados, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, vocales y jueces de los Tribunales Departamentales de Justicia, además de técnicos del Ministerio de Justicia y docentes universitarios.

Retardación

El asesor del Ministerio de Justicia, David Tezanos, explicó que uno de los factores principales para la retardación de la justicia en general es la falta de participación de los jueces ciudadanos, quienes forman parte del proceso de esclarecimiento de las denuncias.

"Actualmente la sociedad está acostumbrada a señalar a los jueces y fiscales como los principales actores para el retraso de la justicia en Bolivia, sin considerar que los encargados de hacer cumplir las leyes en el país también son los ciudadanos que son llamados a conformar la comisión de jueces ciudadanos, pero no los cumplen", afirmó.

En varios casos se espera que los jueces ciudadanos estén presentes para constituir el tribunal, pero se ausentan.

Además se evaluó que, ante la falta de participación de los jueces ciudadanos en las audiencias, los encargados de impartir la justicia tienen claro que llevar a su fin, un caso determinado, le tomará de uno a tres años, en el mejor de los casos.

La población no está comprometida con su aporte ciudadano, cuando se les llama para conformar los tribunales, dicen que deben atender sus negocios, a sus hijos o que sus maridos no las dejan, además de que existe temor de enfrentar a delincuentes y falta de preparación, lo cual genera retardación de justicia, afirmó el asesor jurídico.

Tezanos precisó que la ausencia, como principal problema de jueces ciudadanos, genera casos "peregrinos" en los juzgados, pues al no conformarse el tribunal ocasionan que se trasladen a otros tribunales.

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