lunes, 30 de diciembre de 2013

Otra inflación

Daniel Papalardo (especial para ARGENPRESS.info)

No ocupa la preocupación de los economistas de modo directo .Tampoco se exhibe con aflicción por los medios de comunicación que contrariamente la alientan y estimulan. La inflación penal o expansionismo penal, exhibe como su homónima monetaria signos de vitalidad, que oscurecen las perspectivas de una mejor convivencia social.

Así vistas las cosas, pareciera que ambos fenómenos, no guardaran relación uno con otro. Sin embargo, ambos reconocen sus causas en la misma base material, que no es otra que las relaciones sociales de producción capitalistas. La inflación monetaria funciona como mecanismo de redistribución de ingresos, con afectación directa sobre los asalariados, por vía de un impuesto encubierto, y sobre bienes que satisfacen básicamente necesidades primarias. La otra, la inflación penal, funciona como mecanismo de control social, para la intervención directa sobre la reacción de esos sectores afectados por la desigual distribución de la riqueza y la concentración monopólica de la propiedad de bienes de producción y de servicio.

La cuestión criminal, implica una dialéctica de las situaciones socialmente negativas y el proceso de definición jurídica de lo que se entiende por delito, con las relaciones sociales de producción y, a la estructura del proceso de valoración del capital.

Esta circunstancia objetiva nos permite operar sobre el problema criminológico denunciando y superando un enfoque idealista del problema, sin tener por ello que utilizar una concepción ontológica o naturalista de la criminalidad o permanecer en el nivel del sentido común.

Esa construcción nos permite señalar que existe relación entre el actual modelo económico globalizado, con el llamado expansionismo penal. Los síntomas de esa relación fundante lo son: una determinada criminalización primaria de conductas, protectora de difusos bienes jurídicos, con consagración creciente de los llamados tipos penales de peligro abstracto y una secundaria que orienta abiertamente la penalización, hacia determinados sectores sociales, donde se congregan los oprimidos y explotados, con base de ubicación geográfica en los conglomerados urbanos, con fundamento en la urgencia, el riesgo, la seguridad ciudadana, el terrorismo, fenómeno que se acompaña, con lesión desembozada de principios básicos del derecho penal liberal por parte de las diversas agencias Estatales, lo que en el día a día conlleva el adelantamiento de las barreras de punición, con avances de desproporcionalidad en las penas aplicadas y un debilitamiento de las garantías procesales penales en orden a la ordinarización habitualidad y naturalización de la prisión preventiva.

Dentro de este fenómeno ideológico con base material en las específicas relaciones de producción capitalistas, las noticias policiales son cada vez más abarcativas, de espacios en la escena social y mediática, en forma tal que se consolida consenso en torno a que se tiene por criminal a aquel sujeto que por acción u omisión damnifica, perturba y se convierte en enemigo social interno.

Toda la penalidad es un control, no tanto sobre si lo que hacen los individuos está de acuerdo o no con la ley, sino más bien sobre lo que pueden hacer, son capaces de hacer, están dispuestos a hacer o están a punto de hacer, lo que significa que el individuo debe ser considerado por la sociedad según sus virtualidades y no por sus actos.

De este modo el derecho penal se transforma en un instrumento al mismo tiempo represivo y simbólico porque por un lado reprime los crecientes trastornos y rupturas causados por la normalización de la inseguridad social en la base de la estructura social y urbana; y en segundo lugar, restaura la autoridad de la elite gobernante, reafirmando la “ley y el orden” justamente cuando esta autoridad está siendo socavada por los rigores que impone lo lógica del modelo de acumulación y reproducción capitalista

La inflación o expansión penal habilita un escenario bélico signado como guerra contra el crimen, con la creación artificial de enemigos internos, que autoriza recurrir a una reorganización hegemónica con manifestaciones jurídicas sustantiva , procesales y penitenciaria que conduce al encierro creciente de personas, en especial jóvenes y pobres, operando sobre sus cuerpos y sus mentes .

El producto de la práctica social fecundada por el conocimiento encuentra su razón de ser y su verdadera dimensión en los problemas planteados por la cotidianidad social. La política, , requiere de la intervención social consciente en la realidad por parte de los sectores sociales que nos vemos afectados por este tipo de situaciones , haciendo vivo un discurso y una práctica que ponga en cuestión esta tendencia inflacionaria y evite la consolidación aún mayor de un orden autoritario y puramente represivo bajo el ropaje de la democracia formal.

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