miércoles, 23 de enero de 2013

Comienza la 43 edición Foro Económico Mundial: Davos amurallada, una crisis sin solución...

Sergio Ferrari (desde Suiza, especial para ARGENPRESS.info)

Una media de 3.300 soldados movilizados durante cada día del Foro Económico Mundial para proteger los 12 mil habitantes fijos y los cerca de 3 mil invitados.

En torno de 30 millones de dólares estadounidenses destinados para la seguridad del evento que se inicia este miércoles 23 de enero y concluye el domingo 27 en la coqueta ciudad alpina de Davos.

Espacio aéreo totalmente cerrado y controlado militarmente sobre la región del evento, en tanto más de mil vuelos extraordinarios -aviones y helicópteros- se esperan en el cercano aeropuerto de Zúrich-Kloten, transportando los 40 jefes de Estado o de Gobierno así como los principales responsables de organismos internacionales y de las más importantes empresas multinacionales que confirmaron, como cada año, su presencia en esta capital momentánea del poder económico mundial.

El evento se abrirá con el discurso del ex primer ministro italiano Mario Monti, recibiendo luego a la canciller alemana Angela Merkel, a David Cameron, Dimitri Medvedev -cuyo país, Rusia, asegurará la presidencia del Grupo de los 20 en el año en curso-, al Secretario General de las Naciones Unidas, los directores del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de la Organización Mundial del Comercio…por citar algunas de las vedetes davosianas.

Un carrusel de personalidades, que según los organizadores del Foro, tratarán de buscar “la manera de resistir y recuperarse” ante la crisis económica, tocando una paleta de temas tan diversos que van desde la “salud en el mundo”-punto toral de esta 43 edición-, hasta la situación africana. Pasando por mesas redondas sobre el empleo, la música, la zona euro, la religión o la guerra contra la obesidad.

Variedad temática en cierta manera irrelevante en una realidad mundial marcada por conflictos irresueltos - Siria, Somalia, Colombia, etc-; por el desgaste acelerado del medio ambiente debido al calentamiento global irreversible; y por un desgaste social creciente de cada vez más importantes sectores de la población mundial. Entre la cual la del sur del Europa -España, Portugal, Grecia, Italia- parece ser de la más victimizada por las nuevas olas de la crisis actual sin respuesta, con nuevos ajustes estructurales, más desempleo y la reducción del Estado social.

Davos, con centenar de debates paralelos y repleto de retórica oficial, no parece , nuevamente, ofrecer respuestas claras ni alternativas viables a la crisis planetaria creciente que anticipa, para 2013, otro año de crecimiento cero en los países centrales y que sigue amenazando la sobrevivencia misma del planeta.

En el campo de la denuncia, las movilizaciones ciudadanas “anti-Davos” en Suiza misma no dejan de multiplicarse. El mismo día de la apertura del Foro la Campaña *Derecho sin Fronteras*, que exige a las empresas helvéticas respetar en el exterior (especialmente en el Sur y el Este) los derechos humanos y ambientales con las mismas exigencias y cánones que en Suiza misma, se moviliza para denunciar la inercia de las autoridades nacionales. A pesar que la iniciativa obtuvo el año pasado 135 mil firmas exigiendo cambiando radicales de la actitud de las multinacionales.

Horas más tardes, el “Ojo Público sobre Davos”, promovido por las organizaciones no gubernamentales Declaración de Berna y Greenpeace, concederá en la misma ciudad alpina el premio a la “Peor empresa del año”, sanción de condena moral a la multinacional más violadora de derechos fundamentales.

En esta ocasión compiten la “Repower”, la “G4S”, la “Lonmin, junto con la “Alstom”, la “Goldam Sachs”, la “Coal India” y la “Shell”. Más de 40 mil votos por Internet provenientes de todo el mundo apuntaban condenatoriamente a la Shell - hasta el 22 de enero con 15 mil votos- por su política agresiva de explotación petrolera en el Ártico con riesgos ambientales enormes.

Este año Davos no se confronta, sin embargo, a un Foro Social Mundial como en algunas de las ediciones pasadas. El espacio altermundialista más importante de la sociedad civil mundial calienta los motores para su edición de fines de marzo próximo en Túnez, donde se esperan entre 30 mil y 50 mil representantes de ONG, redes, campañas y movimientos sociales del mundo entero.

La paradoja de dos medidas para un mismo peso

Pocos analistas exigen hoy a Davos respuestas concretas a la crisis del sistema mundial.

Como si los representantes del poder económico, político y de las instituciones internacionales que estarán en Suiza entre el 23 y el 27 de enero no tuvieran responsabilidad alguna en la debacle ecológica, económica y social del planeta.

Ese silencio “analítico” se convertirá en crítica frontal cuando entre el 26 y el 30 de marzo el movimiento altermundialista se reúna en Túnez. Como es ya habitual se multiplicarán entonces los reproches al movimiento social por no poder presentar alternativas viables al actual sistema.

Dos medidas para un mismo peso. A los responsables de la crisis sistémica se les permite todo, incluso la banalidad y la dispersión retórica en un centro turístico alpino.

A los actores sociales, víctimas principales de la crisis que no provocaron y que soportan, se les exige todo. No solo soportarla sino también presentar alternativas convincentes.

El Foro Social Mundial con apenas 12 años de existencia apuesta a Otro Mundo Posible. Y exige tiempo. El tiempo político que los hacedores del sistema han tenido para estructurarlo. Imposible comparar apenas 12 años con casi cuatro siglos.

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Manual de operaciones: Shale gas en Ucrania

OPSUR

El gobierno de Ucrania fue asesorado por la agencia de cooperación internacional de Estados Unidos -USAID- para el desarrollo masivo de yacimientos de shale gas en su territorio. Este organismo, junto a otros, integra el Programa para el Compromiso Técnico en Gas no convencional (UGTEP) del Departamento de Estado norteamericano; brazo ejecutor de la política exterior en la materia. En más de 300 hojas el organismo detalla los cambios normativos que la ex república soviética debía hacer, tanto en materia ambiental como de celebración y ejecución de contratos del sector a fin de minimizar los impactos propios de la industria y asegurar la rentabilidad de la explotación.

Pero, lo más notorio, es que el estudio no sólo contempla un nuevo marco regulatorio económico, ambiental y fiscal, sino también estrategias y mecanismos para gestionar el conflicto social. El Manual de Operaciones de la USAID, en definitiva, explicita bajo qué marco normativo estatal esperan Estados Unidos y las empresas desarrollar los no conv.encionales y cómo obtener la mentada licencia social. Días después de haber presentado el informe al gobierno ucraniano, éste firmó con Shell y Chevron contratos de exploración. Lejos de ser la excepción, el país cumple la regla de una diversidad de países donde los no convencionales avanzan de la mano de trasnacionales y bajo argumentos de ‘seguridad energética’. En el caso de Europa, su alta dependencia del gas ruso provocó una ola exploratoria en Lituania, Polonia, Rumania y Bulgaria. Este último ha prohibido el fracking a comienzos del año pasado, marcando un futuro distinto para la región.


Foto: El caballo de Troya norteamericano. / Fuente: NOTMYTRIBE

Firme aquí, nosotros nos ocupamos del resto

La comitiva estadounidense logró en diciembre de 2010 en Kiev, capital de Ucrania, un acuerdo marco con el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales (MENR), dando el primer paso de un proceso que culminaba en mayo de 2012 con la publicación del reporte final. El asesoramiento contempló ayudar a Ucrania en la confección de un marco regulatorio ambiental sólido para el desarrollo de shale gas, abordar alternativas energéticas frente al shale, identificar los puntos ambientales, económicos, legales y regulatorios generales asociados a la actividad y, finalmente, coordinar con el MENR, el Grupo de Trabajo de Shale Gas y otros asesores técnicos la participación de organismos y organizaciones de la sociedad civil, para asegurar una contraloría ambiental de forma abierta, transparente y colaborativa (USAID, 2012a: 18).

El trabajo fue coordinado por la consultora International Resources Group (IRG) y contó con la participación de representantes de universidades y consultoras del Environmentally Friendly Drilling Systems1 (Sistema de Perforación Ambientalmente Amigable, EFDS) y pares ucranianos de instituciones similares. Como organismo contraparte se dispuso al MENR.

Que quede claro, no hay alternativas

A fin de cumplir con la legislación norteamericana, paso obligado para realizar el trabajo, el equipo primero, debió verificar si existían otras vías posibles de lograr un aumento de la oferta de energía antes de explotar el shale (2012a). Se abordaron como alternativas los incentivos en eficiencia energética, energía renovable, avances técnicos en carbón y el incremento de importaciones de gas.2

Para estimar el potencial del shale gas en el país se delinearon una serie de escenarios hasta 2030. Para ese ejercicio se tomaron algunas constantes -en 2015 inicia la producción, doce pozos por plataforma, producción similar en cada pozo y cantidad de torres de perforación fijas- mientras que la variable principal era la cantidad de metros perforados (ROP). En el caso más cauto, la cantidad de pozos perforados a 20 años de iniciada la actividad era de casi 6 mil; en el escenario medio, casi 9 mil; y en el más extremo, araña los 11 mil. Más tarde o más temprano, se asevera que en los tres escenarios3 hay potencial para superar el consumo interno del país, teniendo como horizonte común la exportación.

Proyectando la relación entre la producción de shale (escenario medio de producción) y las alternativas, los investigadores afirmaron que la eficiencia energética tendría el mayor impacto, al reducir en un 44% los niveles de extracción. Pero, de continuar con la importación de gas, habría poco margen comercial para el desarrollo de shale debido a la modalidad contractual de los acuerdos. Sin embargo, en los escenarios medio y alto, la importación se reduciría a casi cero para 2024, permitiendo un ahorro anual hacia 2030 de €2,8 billones y €7.8 billones respectivamente.

En suma, al estudiar las alternativas a la explotación de shale el grupo concluye que “el desarrollo de shale gas tiene el potencial de alterar drásticamente el sistema energético en Ucrania. La eficiencia energética y la energía renovable representan elecciones viables, pero su potencial económico no es de la misma escala en el período estudiado, ni tiene un impacto similar al que se pueda llegar con el desarrollo seguro de los recursos de shale gas. De muchas maneras, la eficiencia energética y las renovables, cuando son implementadas en tándem con el desarrollo del shale gas son complementarias y profundizan la seguridad energética, la diversificación, el acceso, al tiempo que se mitigan las emisiones” (2012a: 6)4.



Foto: Cuencas hidrocarburíferas. / Fuente: USAID (2012a)

Atraiga inversión foránea, garantice la seguridad jurídica

Al detallar quiénes operarían las áreas, el informe prioriza las concesiones a empresas privadas. “Desde la década de 1960, muchos países han confiado en los Acuerdos de Reparto de Ganancias [PSA, por sus siglas en inglés] al carecer del capital o del conocimiento tecnológico para desarrollar petróleo y gas” (2012b: 16). Esta modalidad contractual consiste, básicamente, en otorgar áreas a fin de que encaren los procesos extractivos y las ganancias son repartidas con el Estado, de acuerdo a lo establecido previamente, una vez recuperada la inversión inicial por parte de la empresa.

Asimismo, el informe destaca los últimos cambios normativos que acompañan la correcta implementación de los PSA: “En un intento de ordenar esta complejidad [por el marco jurídico] el Parlamento de Ucrania aprobó una [reforma de la] ley de PSA. Esta ley explícitamente provee exenciones sobre leyes ambientales y de recursos naturales ordinarias, reduce el rol de gobiernos locales, centraliza la capacidad de decisión en un ministerio [el MENR] y provee especificaciones internas en materia impositiva, de arbitrio y otros; sorteando elementos tortuosos de la vieja ley sobre petróleo y gas. Modificaciones recientes a la ley de PSA tuvieron como resultado una mejora en la estabilidad al introducir una cláusula que protege a los inversores de cambios arbitrarios o no esperados en las condiciones operativas y contractuales” (2012a: 10). En cuanto a este último punto, el reporte nombra a la cláusula como “de estabilización legislativa”, si bien permite cambios en materia de defensa, seguridad nacional, orden público y protección ambiental. Al mismo tiempo, se inmuniza al operador de cambios en regulación local que limite los derechos del inversor, salvo que se legisle en casos de protección de la salud y el ambiente. La reducción del rol de los gobiernos locales se traduce en quitar la capacidad de vetar o promover la actividad en su jurisdicción –al no poder firmar contratos tipo PSA o excluir ciertas áreas de ellos-, como se contempla en la ley de Gas y Petróleo. Otro punto favorable, según la óptica de USAID, es que los inversores podrán proponer formalmente áreas para desarrollar la actividad. Por último, se establece como obligatorio, en caso de desearlo desde la esfera gubernamental, la asociación con la empresa estatal (2012b).

En este sentido, el informe resalta que las modificaciones a la ley de Acuerdos de Reparto de Ganancias permitirán ‘despegar’ a la industria del shale gas. Además remarca que la ley específica del sector (de Gas y Petróleo) no puede ser aplicada de lleno a los yacimientos no convencionales, ya que no contiene las exenciones que están contempladas en los contratos PSA. Tampoco la legislación vigente presenta limitaciones respecto al uso de agua para el desarrollo de no convencionales, por lo que el equipo a cargo del reporte propuso que las modificaciones a la ley se hicieran luego de la radicación de la industria. De esta forma, el vehículo legal a utilizar sería la ley de PSA, ya que “la mayoría de las disposiciones legales deberían estar incluidas” en los contratos (2012a: 55). Asimismo, esta modalidad podría extenderse a las explotaciones convencionales en el futuro.

El reporte contiene como modelo el contrato PSA exploratorio del área Oleska, situada en el oeste del país. Según ese acuerdo, el inversor contará con el acceso a los depósitos sedimentarios hasta diez mil metros de profundidad. El reparto de dividendos será de 50% para el inversor y 50% para el Estado, tanto actúe asociado a través de la empresa pública como no. El acuerdo tendrá una duración de 50 años y algunos condiciones para destacar son: la operadora tendrá que presentar planes anuales de trabajo bajo supervisión pública, declaración anual de las características del yacimiento, utilizar la mejor tecnología disponible para las operaciones y, dentro de lo ambiental, la maximización del uso de agua subterránea no potable para el proceso de fractura.

Al mismo tiempo destaca el reporte una serie de puntos que arrojan dudas y será necesario esclarecer en futuras modificaciones: como tener una definición amplia y clara de ‘plan de trabajo’, resolver la incertidumbre en torno a quién puede oficiar como oferente desde una compañía internacional, cuál será el rol de la compañía estatal, bajo qué régimen de arbitraje internacional se regulará, quién tendrá los permisos (si la empresa estatal o la ‘compañía inversora’) y la necesidad de establecer un “método para gestionar los impactos locales o problemas afines del desarrollo del shale gas que puedan eventualmente derivar en problemas políticos para los contratistas” (2012a: 10). Otros puntos en los que recomienda avanzar, pero no prioritariamente, son requerir sanciones obligatorias por violaciones ambientales.

En suma, según la visión del USAID, la modificación del marco regulatorio permitió coherencia y claridad en las reglas de juego. La limpieza y reagrupamiento jurídico, tanto en procesos de decisión como un marco regulatorio ambiental que exima de algunas tortuosas responsabilidades, son considerados grandes avances para la instalación de inversionistas internacionales.


Foto: Los tentáculos de Standard Oil y la influencia en el gobierno norteamericano. Ilustración por Udo J. Keppler (1904). / Fuente: AFTERMATHNEWS

Respete al ambiente, la inversión dependerá de ello

El reporte establece que “es crítico tener en cuenta que la combinación de perforación horizontal, fractura hidráulica y extracción de shale gas tiene menos de 20 años. Incluso con esta corta historia, las operadoras están encontrando nuevos métodos para reducir la demanda de agua, disminuir el uso de químicos y, en general, reducir la huella ambiental de las operaciones de shale gas. Sin embargo, ciertas interacciones con el ambiente natural son inevitables y medidas de mitigación tendrán que ser integradas dentro de las operaciones normales” (2012a: 7).

El estudio estableció como de carácter urgente avanzar en la confección de una línea de base ambiental, ya que se carecía de relevamientos completos de las áreas que serían intervenidas por la industria. A corto plazo se debía trabajar sobre la delineación de los parámetros a relevar y la metodología concreta para las áreas bajo coordinación de un equipo del EFDS. Mientras que a largo plazo el objetivo fijado es “establecer guías útiles para consultoría de pre-perforación diseñadas para proteger a los productores de gas y petróleo de demandas legales injustificadas” (2012a: 127). Esto incluiría cantidad de agua tanto superficial como subterránea, calidad de aire regional, corrientes de agua, mapeo, actividad sísmica y el estudio de las mejores prácticas posibles. Según el reporte, como mínimo serían necesarios dos años para capturar las variaciones que se producen por cuestiones climáticas y estacionales. Otro objetivo que se buscaría alcanzar es la predicción de los impactos positivos y negativos sobre la economía y la comunidad; por ende, sobre vivienda, transporte, recreación/turismo, patrones de uso de suelo, características rurales, hábitat y vida silvestre. Por último, cuál será la forma de tratar las aguas de producción, por lo que resulta imprescindible establecer su composición química, volúmenes y posibles vías de tratamiento (2012a).

Otro punto importante, que se destaca como asignatura pendiente, es avanzar en la reforma del marco regulatorio para resguardar la calidad de aire y agua. A tal fin sostiene que se deberán crear mecanismos de monitoreo acordes a la nueva actividad de forma obligatoria, como también sobre biodiversidad. Pero, aun así, se aclara que dado los tiempos y recursos, no se ha podido avanzar en un estudio integral; y destaca que los resultados preliminares serán un buen puntapié para iniciar los cambios necesarios que consideren los analistas jurídicos del MENR, los desarrolladores privados y otros actores. Y es, principalmente, a lo que el estudio se aboca: más que el contenido específico, la metodología de cómo llevar adelante procesos participativos y amplios una vez instalada la industria; en otras palabras, obtener, mantener y gerenciar la licencia social.

Genere confianza pública, contenga y gestione a la red de actores

Como se decía en el principio, otro de los objetivos del reporte era coordinar con actores relacionados directamente con la actividad, a fin de generar los puentes y lazos que pudieran garantizar trasparencia en el control ambiental, el entendimiento y la aceptación del shale por parte de la población y, de esta forma, cambiar la tendencia actual. Ya que según apunta, la confianza pública en “la habilidad del gobierno y la industria para desarrollar shale gas de una forma ambientalmente sustentable y en beneficio del pueblo de Ucrania se encuentra en un estado crítico” (2012b: 99). Nota que una rápida revisión de la cobertura mediática del tema en Europa da cuenta de la extendida desconfianza que existe sobre la industria y los gobiernos.

El reporte detalla en numerosas páginas los diferentes tipos de actividades a desarrollar con gobiernos locales5, pobladores (propietarios de tierras y comunidad en general) y ONGs. “La experiencia en Estados Unidos en el desarrollo de gas no convencional ha indicado que una temprana articulación con estos grupos es importante para facilitar el desarrollo y beneficiar a la comunidad” (2012b: 108).

La elección de los actores no es arbitraria, si bien hipotética como lo menciona el reporte, ya que se basa en la experiencia de Estados Unidos, en cuanto a las modalidades de resistencia social que generó la instalación de la industria. Las afectaciones locales son de primer orden y de prioritaria minimización. Como establece el manual, estas pueden dividirse en transporte6, impactos ambientales, sociales y económicos7 e inconvenientes en gobiernos locales por planta estatal y servicios públicos. Para ello, a través de guías y talleres, se busca una apertura de los ámbitos públicos a las inquietudes y la institucionalización de la participación ciudadana en el proceso de confección y ejecución del marco regulatorio, en conjunto con la industria. Un diálogo entre las partes que tienda a la resolución de conflictos de forma ordenada, de acuerdo a las pautas que establezcan el MENR y otros organismos gubernamentales especialmente referidos a lo local.



Con respecto a la divulgación y formación del público el reporte despliega un abanico de estrategias: material bibliográfico, introducción del tema en la currícula escolar, campañas mediáticas, páginas webs, charlas, elaboración de informes científicos, etc. Otro de los puntos que plantea es asegurar que la industria adhiera a una serie de principios operativos donde se minimizan los riesgos y protege el ambiente, y esta deba dar a publicidad informes ambientales regularmente8.

Como actividad a corto plazo, se recomienda la intervención de una ONG que lleve adelante una campaña para informar y recabar opiniones del público. También la realización de talleres -convocados por la USAID, la Cámara de Comercio Estadounidense en Ucrania, el Ministerio de Energía del país, compañías internacionales, la ONG Environment-People-Law9 y el Precarpathian Law Institute (Universidad Estatal de Relaciones Internacionales de Lviv, de una zona comprendida por las áreas potenciales)- que deberían buscar la participación de ONGs y la población (2012a: 130). Asimismo, una ONG ambiental debería preparar una guía de participación ciudadana y de otras organizaciones, a fin de entender qué rol les cabe en los procesos de decisión y protección ambiental, con el objetivo de asegurar mecanismos para incorporar las propuestas en el marco regulatorio (2012a: 134). A largo plazo, plantea desarrollar una estrategia de nacionalización de las actividades desarrolladas localmente.

La asesoría y las recomendaciones ayudarían a las autoridades ucranianas a lograr dos objetivos: uno, la confianza sobre la seguridad ambiental de la tecnología empleada; y, dos, afrontar la desconfianza en la capacidad regulatoria del gobierno –tanto por cuestiones técnicas como de voluntad política.

El manual pone especial énfasis en los pobladores rurales, destaca que tras la disolución de la Unión Soviética el proceso de compra individual de tierras se ha realizado paulatinamente, si bien quedan aún muchos propietarios sin título. En este sentido, y a fin de “minimizar la alteración de la población local durante el desarrollo del shale gas, el Código de Tierras y la ley de Necesidad Pública deberán ser reformadas para proteger tanto a los propietarios como a aquellos que no tienen un claro título legal a las tierras” (2012a: 56), de forma que permita la compra directa de tierras o acuerdos de uso superficiario (arrendamiento) a precio de mercado por parte del Estado y el ordenamiento y acreditación de títulos a quienes no lo posean.

Más allá de la población, otro tema abordado por el reporte son los gobiernos locales. El informe detalla no sólo los problemas ambientales a los que se verían expuestos -con los consiguientes inconvenientes sobre la capacidad de ejercer el poder de policía10- sino también impactos en empleo, incremento de la población y aumento del delito (2012a: 100). Con respecto al primer punto, el reporte detalla que por cada empleo que genera la industria, se adicionan 2,7 por fuera de ella. El mayor inconveniente, subraya el estudio, es que la demanda es alta en la etapa de construcción y desarrollo, pero cuando el yacimiento está en producción, cae. Con respecto al segundo, y fuertemente vinculando al punto anterior, de desarrollarse masivamente el shale gas habría un incremento considerable de la población, que incrementaría la demanda de escuelas, viviendas y otros servicios públicos, que el gobierno local tendría que afrontar11. Por último, menciona que en Estados Unidos hubo un correlato entre el avance de la industria y el crimen, por lo que el gobierno nacional tendría que establecer esfuerzos adicionales en aumentar las capacidades de las prisiones y el cuerpo policial.

Otros puntos también suscitaron interés por parte de los consultores con respecto a los gobiernos locales. “La tensión entre los deseos de los gobiernos locales queriendo alguna capacidad de regulación sobre el desarrollo de shale gas y las certezas requeridas por el gobierno central y los inversores se encuentra en casi todos los países productores de petróleo y gas” (2012b: 89). Como se ha mencionado, las modificaciones en los contratos PSA han reducido el rol de las entidades subnacionales al centralizar la decisión en el Gabinete de Ministerios nacionales, hecho festejado por USAID. Esto simplifica las gestiones pero genera preocupaciones por la tensión a la que se hacía referencia más arriba. A fin de reducir las fricciones naturales con los gobiernos locales, el equipo propuso una serie de cambios que apuntalen la participación y ganancia de estos actores, buscando asegurar que parte de la renta generada permanezca en las localidades.

En este sentido, como primer punto, el Estado debería expandir las oportunidades legales para la participación de los gobiernos locales en la transferencia de tierra pública para uso minero, como también la posibilidad de participar en la creación y negociación de PSA’s en sus localidades; tanto en materia ambiental como regulatoria general. Por otro lado, la cuestión es qué beneficios concretos traerá el desarrollo de shale a las regiones, frente a un aumento sideral en materia de costos y responsabilidades, y sin mecanismos claros de transferencias de recursos desde el Estado nacional. Una vía contemplada es la firma de acuerdos de carácter social entre la empresa y el gobierno, como “compensación a las comunidades por daños territoriales en efectos adversos, uso de tierra, recursos naturales, transporte e infraestructura” (2012b: 95). Otra vía es cobrar impuestos específicos a “los beneficiarios de la PSA antes que estos sean subsidiados por la población local mediante una disminución en la calidad ambiental o la reducción de otros servicios” (2012b: 96). La contribución del inversor a fines específicos en el presupuesto local podría ser otra vía, con el consiguiente informe de ejecución; y se remarca que las “inversiones en las comunidades locales podrían minimizar la posibilidad de protestas sociales” (2012b: 96). Como última posibilidad, se plantea trasferir a los gobiernos locales una porción de las regalías cobradas por parte el gobierno central por el uso de recursos no renovables. “Permitir a gobiernos locales obtener una renta neta de la extracción de minerales en su región podría ayudar a que estos se sientan partícipes de los PSA y podría aliviar, al menos un poco, la resistencia política” (2012b: 96).

Su operación ha tenido éxito, las fracturas se iniciarán prontamente

La seguridad energética se convirtió en uno de los objetivos estratégicos del presidente ucraniano, Viktor Yanukovych (PR Newswire, 28/8/2012). De esta manera, el gobierno rápidamente tomó cartas en el asunto y, a diez días de haberse publicado el reporte, concedió áreas de exploración a las gigantes Chevron12 y Shell, trabajos que harían asociadas a la estatal Nadra (Reuters, 11/5/2012). Continuó el loteo y a los pocos meses de firmadas las concesiones, se le otorgó a ExxonMobil13, Shell, OMV Petrom (empresa rumana) y Nadra un área gasífera en el Mar Negro, en desmedro de la rusa Lukoil (Reuters, 15/8/2012). Por último, la italiana Eni también ingresó al país asociada a capitales británicos y ucranianos con los ojos puestos en shale gas (KyvivPost, 4/10/2012).


Foto: El presidente de Ucrania (Viktor Yanukovich) junto CEO de Shell (Peter Voser). / Fuente: UPSTREAM

Si bien el mismo informe requería un proceso más lento, a fin de implementar reformas jurídicas para proteger el agua y el aire y un plazo de dos años para realizar los estudios de base ambiental, en pocos meses amplias regiones del país fueron entregadas a compañías internacionales. El esquema mixto implementado en estos contratos era la opción que el estudio recomendó para el shale. “Las alianzas gobierno-empresas han probado ser una herramienta exitosa para colaborar con las partes interesadas y llevar adelante objetivos ambientales sustentables en el sector. Estas alianzas ponen al regulador en un rol diferente. En vez de implementar programas dictados por los legisladores, son gerentes trabajando por resultados que concluyen en un beneficio público al navegar por las diferentes elecciones estratégicas” (2012b: 98). Según esta visión, el Estado nacional, en su rol gerencial centralizado, oficiará como articulador de las diferentes partes en pos del objetivo de extracción de shale destinado a la exportación, bajo operación de privados. Para esto, mediará y gestionará entre los objetivos en pugna -sean gobiernos locales, ciudadanos, ONGs o empresas petroleras. Respecto a la empresa estatal, si bien el reporte establece que su rol debe ser clarificado, no arroja muchos inconvenientes para la operatoria concreta. Se aclara que, “sin embargo, la realidad es que la gestión compartida suele ser mucho más débiles en la práctica de lo que pueden llegar a aparentar. Normalmente, la compañía nacional de gas y petróleo se someterá al inversor extranjero en la gran mayoría de las decisiones de gestión” (2012b: 18).

Los conflictos por contaminación y afectación social y productiva, inherentes al desarrollo de shale, quedarían mediados por el Estado nacional, gobiernos locales y ONGs. Estas últimas con campañas publicitarias y educativas, apuntalando un trabajo colectivo de discusión sobre cómo se regulará la industria. No solo se restringe en lo formal cualquier tipo de instancia que pueda oponerse a la instalación de un proyecto, sino que a su vez ámbitos de participación de carácter no vinculantes, como los promovidos por el reporte, ¿pueden ser considerados realmente como instancias para el debate plural y en igualdad de condiciones?

Los dulces y caramelos, bajo forma de derrame de renta, son otros elementos de contención y gestión del conflicto. La obtención de la mitad de los beneficios, una vez recuperada la inversión inicial de la operadora, muestra hasta dónde están dispuestos a ceder las empresas a su garante de paz social. Los impuestos u otras formas de transferencia directas de recursos a gobiernos locales esquivan la difícil negociación entre poderes radicalmente diferentes. La magra renta tendrá que afrontar a su vez la reconversión de amplias áreas a los fines de industrialización intensiva, como se veía más arriba: transporte, servicios, poder regulatorio y aumento del personal, mayores fuerzas policiales y otras erogaciones tendrán que encontrar rápidas y efectivas soluciones a fin de garantizar el buen negocio. Los propietarios de tierras, con título o sin él, también se verían beneficiados con la inyección de dinero por sus tierras. Si a esto se le suma los inherentes impactos ambientales, y la responsabilidad posterior del Estado en hacerse cargo de los pasivos ambientales, dilucidar si hay, finalmente, renta por la explotación de recursos no renovables está en duda. Cualquier tipo de ingreso a las arcas públicas tendría como fin acondicionar el país para la industria y poco restaría para otros objetivos. El fin exportador suma otro elemento para que la operatoria, así presentada, confluya en regiones de sacrificio para los mercados internacionales; renunciando a la soberanía al remitir cualquier conflicto con la operadora a tribunales internacionales, otro elemento que pone trabas a la independencia pública.

Por último, las alternativas energéticas, así consideradas y sin tener en cuenta el conflicto de intereses que habría por ser evaluadas por representantes de la industria, no podrían ser tales en tanto y en cuanto se planteen desde la óptica de esquema de negocios y la rentabilidad sea el faro que determine las decisiones; difícil que otras fuentes de energía sean tan lucrativas como los hidrocarburos.

Fuentes:
- Environment-People-Law (3/10/2012): On 2 October 2012, the press-conference “SHALE GAS: ENVIRONMENTAL THREATS” was held in “Ukrinform” agency.
- Environment-People-Law, et al. (9/10/2012): Open letter of Ukrainian civil society institutes to the European Parliament.

Medios oficiales
- United States Agency for International Development (USAID) (2012a): Ukraine shale gas: Volume I: Environmental and regulatory assessment.
——————————————————————————– (2012b): Ukraine shale gas: Volume II: Legal and regulatory analysis.

Medios de prensa
- Euractiv, 22/2/2012: Ukraine turns to ExxonMobil for shale gas.
- KyvivPost, 4/10/2012: Eni buys 50.01% of Westgasinvest for shale gas production in Ukraine.
- PR Newswire, 28/8/2012: Ukrainian President: Energy Independence – Our Strategic Goal.
- Reuters, 11/5/2012: Ukraine picks Shell, Chevron to develop shale gas fields.
———–, 15/8/2012: Exxon, Shell-led group win $10 billion Ukraine gas project.
- Upstream, 2/2/2011: Chevron eyes Ukraine shale gas.

Esta organización norteamericana es fruto de una alianza de universidades públicas y privadas, organismos gubernamentales, centros de investigación ligados a la industria y empresas; tiene como objetivo el aumento de la producción doméstica y la reducción de la huella ecológica a través de avances científicos (http://www.efdsystems.org/).

Si bien se consideró en un primer momento incluir también metano en mantos de carbón fue dejado de lado ya que éste “solo puede avanzar en una agenda que esté con o por detrás del shale gas, y su desarrollo es similar en muchos puntos al del shale gas” (2012a: 19).

En el más cauto recién en 2027 la actividad sería rentable.

En este último punto es importante ver cómo en el escenario medio de producción junto a la eficiencia energética se proyecta una caída drástica del consumo de energía, no sólo de shale gas, como se mencionó previamente, sino de otras fuentes como el petróleo, el carbón, etc. Asimismo, al aplicar este último escenario la tasa de aumento de emisiones de CO2 bajaría de un 23% al 16%.

El reporte extiende la definición de gobiernos locales a todos aquellos que se limiten a un territorio subnacional específico: provincia, departamento, municipio (2012b: 87).

El informe consigna que en todo el proceso de fracturación de un pozo, entre 4 y 5 semanas, son necesarios más de mil camiones pesados y 800 camiones livianos; dando un promedio de 50 viajes por día. Al tener en cuenta que un camión pesado equivale al paso de 9 mil automóviles, los investigadores afirman que las rutas y puentes no están preparados para recibir tal impacto, especialmente cuando algunas ya se encuentran deterioradas (2012a: 74).

Estos impactos han sido tratados en otras notas y publicaciones del OPSur.

Menciona como ejemplo la página FracFocus, que provee información sobre los químicos utilizados en la fractura, herramientas educativas sobre el fracking, protección de agua y regulación ambiental (2012b: 99).

Llamativamente, esta organización -junto a otras- firmó una carta pública al Parlamento Europeo para que reevalué las políticas de promoción de exploración y explotación de yacimientos no convencionales dadas las consecuencias ambientales y sociales que conlleva. Al mismo tiempo, insta al Parlamento que muestre preocupación y no promueva actividades beneficiosas para Europa occidental en desmedro de Ucrania (Environment-People-Law et al., 9/10/2012). En una conferencia de prensa realizada días previos a la carta se estableció que una mayor independencia energética del país se conduce a través del ahorro, la eficiencia y la promoción de fuentes renovables (Environment-People-Law, 3/10/2012). Se denuncia que el informe final de la USAID ha sido ocultado al pueblo ucraniano -habiéndose encontrado en búsquedas por internet- y copias de este habían sido negadas en reuniones con el gobierno y empresas del sector en junio. Asimismo, critican las modificaciones a la ley de PSA mencionadas, las cuales eran celebradas por la USAID.

En cuanto a este punto detalla que los gobiernos locales deberán aprender y aplicar nuevos mecanismos de inspección ambiental a una industria que estará ampliamente esparcida en zonas rurales, planes de contingencia y riesgo y desarrollar nuevas capacidades a fin de afrontar las flamantes responsabilidades (2012a: 101) .

En este punto menciona que “Los proveedores de servicios de salud mental, drogadicción y alcoholismo seguramente verán un aumento en los casos en la población nueva y los residentes históricos si la transición es dramática” (2012a: 101).

Chevron ya había adelantado en febrero de 2011 su interés en el área Oleska (Upstream, 2/2/2011).

Con ExxonMobil se firmó un acuerdo en febrero de 2011 para avanzar en estudios de shale gas (Euractiv, 22/2/2011).

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CELAC: En el nuevo escenario mundial

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

La idea original de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), consistió en formar “una integración sin tutelajes desde el Norte.” La nueva alianza nace como una respuesta a la pérdida de legitimidad del multilateralismo regional de la OEA y el reducido liderazgo de la ONU a nivel global para desarrollar un nuevo orden mundial. La idea central consistió en salir de las imposiciones del llamado “Consenso de Washington”. El tema de la hegemonía de las potencias, especialmente EEUU, por controlar los organismos internacionales era el fantasma que recorrió la anterior cumbre llevada a cabo en Venezuela a fines de 2011. El presidente de Uruguay, José Mujica señaló en ese primer evento que "la palabra autodeterminación desapareció del lenguaje de las cancillerías del mundo rico”.

La cumbre de 2013 reúne a los jefes de estado o sus representantes de 60 países en Santiago de Chile los días 26 al 28 de enero. Esta CELAC 2013 (fundada en 2010), tiene la novedad de la participación de la Unión Europea y congregará, se calcula, a más de 40, de los 60 jefes de Estado de ambas regiones.

Desde la última cumbre en 2011, el clima internacional es sustancialmente más complejo. Esta reunión se llevará a cabo en medio de un panorama mundial beligerante y un alza alarmante en el número de conflictos armados. Varios países de la Comunidad Europea están directamente involucrados en estos conflictos. Uno de ellos es el de Siria y la región del Levante, que representan directamente una amenaza a la paz mundial. Lo que ocurre en Mali y en cierta medida lo de Argelia, es una advertencia cuando hay una disputa férrea por los recursos naturales. En los conflictos de estos tres países, Francia está cumpliendo un rol protagónico y decisivo.

La reunión cubre una agenda deliberadamente aséptica políticamente y está bien encapsulada en problemas bi-regionales enfocados en la arquitectura financiera y algunas iniciativas sobre desarrollo y pobreza. La paz, el orden mundial, los equilibrios de poder no entran directamente en el debate aunque deberían estar en la cabeza de más de algún jefe de estado o asesor. La preocupación por formar una nueva arquitectura financiera desdibuja el concepto de nuevo orden mundial, porque la hegemonía de las potencias y la disparidad de poderío parecen inasibles.

CELAC ha entrado en la hibridación y fragmentación cada vez más ascendente de formar asociaciones de países bajo un tipo de multilateralismo menos estructurado y que aparenta una dinámica más resolutiva para llenar vacíos de los órganos multilaterales más consagrados.

En la última década, el comercio entre CELAC y la UE se expandió a un promedio anual de 13%, representando 276.000 millones de dólares en 2011. La inversión Extranjera Directa (IED) de la UE en la CELAC, en 2011 llegó a 613.000 millones de dólares, la mitad de la IED en la región. CELAC a su vez invierte 117.000 millones de dólares en Europa, que es un 53% de la inversión de CELAC en el mundo. Todo este ejercicio se supone impacta en 600 millones de habitantes de los 33 países de América Latina y el Caribe y en 500 millones de los 27 países europeos.

Hay un exitismo que encandila. El folleto oficial dice “…en ambos continentes se ha avanzado de manera considerable en el desarrollo económico sobre la base de la libertad, múltiples tratados de libre comercio y una expansión comercial sin precedentes en la historia…las instituciones de la libertad dan paso, como corresponde, a una mayor prosperidad de los pueblos.”

La gran dimensión demográfica contiene el gran problema de la gran cantidad de países y la diversidad que representan. Es casi un tercio del mundo y abordar la complejidad de integrar las dos zonas se ve como la extravagancia que apabulló la mínima cuota de realismo. Es otro indicador del estado de situación del sistema de relaciones internacionales

La gobernabilidad de la globalización es cada vez más fragmentada y no se augura un sistema integrado. Por el contrario, la diversidad de órganos internacionales y asociaciones interestatales prolifera y los mecanismos de contención y negociación de los conflictos internacionales operan sobre una difusa plataforma de acuerdos globales. El orden político de la globalización se desreguló, para dar paso el poder del internacionalismo de las transnacionales.

La globalización ha debilitado la institucionalidad estatal y ha fomentado una dinámica de negociación mercantilista reflejada en el sistema de relaciones internacionales. Este enfoque ha hecho cada vez más difícil el compromiso social. La capacidad de las naciones para formular sus políticas de estado se ha limitado por el peso específico del capital transnacional y su orden corporativo. La institucionalidad global para rectificar el fenómeno, que es el multilateralismo, se ha debilitado. Los nuevos foros mundiales que surgen para resolver temas globales, el G20 por ejemplo, no parecen ofrecer una ruta para la democratización de las relaciones interestatales.

La cumbre de CELAC podría sacar la voz e invocar un acuerdo amplio sobre la paz mundial apuntando a la no injerencia en los asuntos internos de un estado, a un orden mundial con equilibrios, a respetar los principios de la Carta de Naciones Unidas y no dejar la solución de los conflictos, al arbitrio de las potencias con aspiraciones de supremacía.

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Héctor Bidonde: "Cuando la cultura y el arte depende del sponsor ya se convirtió en mercancía" (Parte III)

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Con el actor y militante político Héctor Bidonde conversamos en Contrapuntos. Más de media hora donde repasamos su carrera de "hombre de la cultura", el estreno de "Bajo de un manto de estrellas", La noche de los Lápices y el Sr. Falcone, la TV y la PNT (Publicidad No Tradicional) y su empecinado anticapitalismo.

III- El hombre de la cultura y el poder, la TV, la PNT y el capitalismo.



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Asesinatos en el campo en pos del agronegocio

Darío Aranda (LA JORNADA - LA ARENA)

Hubo nueve crímenes en el norte del país en los últimos años. La causa estructural es el modelo agropecuario, que pretende aumentar un 60 por ciento la producción de granos y avanzar sobre territorios donde viven y trabajan campesinos e indígenas.

En Argentina se produjeron nueve asesinatos de campesinos e indígenas en sólo tres años, los últimos los dos de los niños Qom ocurridos en diciembre y enero en Formosa y Chaco respectivamente. Uno de los últimos casos había sido el de Miguel Galván, de 40 años, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), víctima de un sicario que le cortó el cuello con un cuchillo. El trasfondo de la represión: el modelo agropecuario, que pretende aumentar un 60 por ciento la producción de granos y avanzar sobre territorios donde viven y trabajan campesinos e indígenas. El gobierno nacional no condenó ninguno de los asesinatos y en el Congreso Nacional está congelado desde hace más de un año un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. El Consejo Plurinacional Indígena (CPI) llamó a frenar el modelo extractivo y exigió respetar los "derechos humanos" de las pueblos originarios.

Los últimos fueron los Imer Flores, de 12 años, que fue asesinado a golpes en diciembre pasado en la localidad de Villa Río Bermejito y el de Juan Daniel Asijak, de 16 años, cerca de La Primavera, en Formosa, a comienzos de este mes. El segundo era hijo de Pablo Asijak, referente de la comunidad Qom y cuñado de su líder, Félix Díaz. Dos muertes que sacudieron a esa comunidad indígena.

Además, en diciembre del año pasado, una mujer de 49 años y su nieta de 10 meses , miembros de la comunidad Qom, fueron embestidas por un auto conducido por un gendarme. Un hombre sobrevivió y denunció que el conductor lo golpeó y amenazó de muerte.

Advertencia

Las otras víctimas fueron Javier Chocobar, Sandra Ely Juárez, Roberto López, Mario López, Martíres López y Cristian Ferreyra. Todos campesinos e indígenas asesinados en los tres años recientes. A la triste lista se sumó el 10 de octubre Miguel Galván, integrante del Mocase-VC. Desde mediados de 2012 su familia había comenzado a recibir amenazas de Paulino Riso, conocido en la zona por ser fuerza de choque de empresarios agropecuarios que pretenden hacerse de territorios de campesinos e indígenas para sembrar soya y maíz transgénicos.

El Mocase-VC, una de las organizaciones referentes de la lucha campesina de Argentina, había emitido el 16 de septiembre un comunicado premonitorio: "Se podría haber evitado, va a volver a ocurrir", fue el título. El movimiento campesino recordó que, previo al asesinato de Cristian Ferreyra (noviembre de 2011), había alertado sobre la violencia en el norte provincial. "Habíamos denunciado con anterioridad lo que terminó ocurriendo. Se podría haber evitado. Y denunciamos que hoy, septiembre del 2012, estamos viviendo en el mismo escenario de muerte y violencia", advirtió la organización tres semanas antes del nuevo asesinato.

Como una tragedia anunciada, el Mocase remarcaba: "Comprometemos nuevamente a las autoridades nacionales y provinciales, hagan todo lo que se tenga que hacer, para que cualquier conflicto vinculado a la tierra tenga resolución civil, constitucional, y que salvaguarde el derecho de los más olvidados".

Expansión sojera

En marzo de 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem aprobó la soja transgénica con uso de glifosato, la oleaginosa ocupaba seis millones de hectáreas. En 2003 ya abarcaba 11 millones. En el más reciente ciclo, el Ministerio de Agricultura celebró que llegue a 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada de Argentina. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), programa presentado en 2011 por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, planifica llegar en 2020 a las 160 millones toneladas de granos (un 60 por ciento más respecto de la actual cosecha).

El "corrimiento de la frontera agropecuaria", eufemismo técnico para graficar la avanzada del agronegocio sobre regiones campesinas e indígenas, multiplicó los conflictos en todo el norte de la Argentina. Sólo en Santiago del Estero, el gobierno provincial contabilizó -en los cuatro años pasados- 600 conflictos por tierra.

Disputas de tierras

La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) -un colectivo que reúne a organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y técnicos- realiza relevamientos de conflictos. En el más reciente procesamiento de datos, de agosto de 2011, había contabilizado (para la zona del norte del país) 244 casos: 209 exclusivamente de disputas por tierras, 25 ambientales y diez mixtos. Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la frontera agropecuaria. La superficie en disputa alcanza 11,4 millones de hectáreas y son afectadas un millón 600 mil personas.

"La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado, el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida", denuncia la Redaf en su informe. No es casualidad que el grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000: "Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria".

Etapa de negación

El 17 y 18 de noviembre pasado se reunieron en Buenos Aires organizaciones indígenas de todo el país, entre las cuales estaban el Consejo Plurinacional Indígena (espacio de articulación nacido en el Bicentenario argentino, en mayo de 2010). Apuntan de lleno al modelo extractivo (agronegocios, minería, petróleo). "Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos una alarmante etapa de negación y exclusión. Nuestra realidad es un tema de derechos humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los pueblos indígenas es solo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan solo como objeto de asistencia o de planes de emergencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales", denuncia el documento que golpea de lleno en una de las banderas del gobierno kirchnerista: los derechos humanos y la vulneración sistemática en lo que respecta a pueblos indígenas.

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Mirtha, condenada, tucumana y mujer

Silvana Melo (APE)

Cuando Mirtha parió en el monte tucumano y dejó a su niña solita, a merced de las enramadas y el bicherío, no entendía en el cuerpo la tensión entre el amor y la propiedad. Entre el amor y el poder. Entre el amor éste y aquél, cuando le quebraron la infancia como un cristalito. En tierras donde el amor posee y mata, donde el amor destruye, golpea y destituye la dignidad, es difícil timonear la vida hacia adelante.

En Tucumán –o en Misiones o en Catamarca o en Corrientes- se obliga a parir a niñas de diez años y se saluda en los diarios el nacimiento. Se condena a las madres marcadas a fuego por el desamor y el abandono con las herramientas del Estado. Que primero abandona y después condena. O se las mata brutalmente con la bala o el punzón o el fuego del poder patriarcal que baja, desde las estructuras institucionales, la propiedad escriturada de la vida de mujeres y niños. Mía o de la muerte. Y la muerte tantas veces incluye a criaturas en el vientre o ya en la vida plena.

Mirtha nació en Taco Ralo, un pueblo rural de Tucumán. Cuando supo de su embarazo, tenía 19 años. Lo ocultó durante nueve meses. A su novio le había dicho que tendrían un hijo. Y él, otra criatura asustada y culturalmente formada para la huida, la dejó sola. Ella cargaba en su historia con el abandono de su padre y con el abuso sexual por parte de su abuelo –con quien la obligaban a compartir habitación junto con su hermana- durante toda su infancia. Este capítulo clave de su vida sólo asomó a partir de la terapia dentro de la cárcel. Ni ella ni su hermana habían sido escuchadas nunca cuando pidieron ayuda.

El amor le fue esquivo o falaz. Si era eso, el amor, había que escaparle. Cuando sintió que su niña venía se fue al monte. Parió muerta de miedo. Se separó de ella como pudo. Y huyó. Sucia y envuelta en su terror constitutivo inventó una violación. Pero en su cuerpo vieron huellas de un parto reciente. Decidió volver a buscar a su beba, sintiendo que el mundo entero se iba cayendo sobre sus hombros y en los centímetros que quedaban libres, la policía, la justicia, la medicina y la acción social le colgaban el sambenito de la culpa. Su criatura había sobrevivido a medio día desguarnecida en el monte. Pero después murió. La acusaron de que fue por abandono. Pero en los papeles decía “ruptura hepática traumática”, posiblemente un traumatismo –un golpe en el hígado- por las maniobras de reanimación posteriores a su rescate.

Dos años presa en una comisaría estuvo Mirtha. Y la condenaron a ocho años de prisión. El juicio fue una pintura feroz de esas instituciones de patria patriarca y propietaria contra la figura herética de quien, aun con su minusvalía y su carácter maldito, se despliega como divinidad capaz de la creación. La patria es masculina y poderosa. Pero depende para su continuidad de la diosencia en desgracia, de la mujer, única capaz del gesto robado prometeicamente a dios: parir.

Por eso tal vez el Tribunal consideró “relaciones incestuosas” el abuso al que durante años la sometió el abuelo a ella y a su hermana durante la infancia rural. Por eso tal vez la fiscal negó rotundamente que una mujer pudiera parir en el monte. Por “la incapacidad de la condición humana para reproducirse en condiciones naturales. Sólo se puede parir en un sanatorio, con ayuda médica y con un marido que te sostenga la mano” gritó en su alegato. Así, cree la fiscal, han debido parir las mujeres abandonadas, las mujeres en las tierras alambradas de Santiago del Estero, las mujeres en soledad. Así debieron parir las mujeres en los campos de exterminio de la dictadura. Y sin embargo casi todos sus niños están vivos. Colgados de sus madres o de sus memorias.

A ocho años la condenaron a Mirtha acaso por su propia historia, por el abandono de los demás hacia ella, por el amor falaz, el que le disfrazaron de violento y apoderante, por su bebé, a la que dejó y volvió a buscar con el mismo miedo de la infancia en Taco Ralo.

En agosto la Corte tucumana revocó el fallo. Y ordenó un nuevo juicio. Su abogada, Carolina Epelbaum, tiene esperanzas de que la absuelva un tribunal que posiblemente sea otro. Pero volverá a clavarle los puñales de su historia una y otra vez, en un deja vu interminable. Acaso otra vez la fiscal Marta Jerez de Rivadeneira vuelva a pedirle 15 años de pena –la misma cantidad de años que pidió para el “Gardelito” que mató a su ex pareja de un tiro en la cabeza cuando salía de su trabajo- y a violentarla guardando la memoria “del abuelito que está muerto y ya no puede defenderse”.

Carolina Epelbaum dijo a APe que “la experiencia de hija abandonada, niña abusada, novia rechazada, lo traumático de un embarazo y parto en total soledad, el estigma de la sociedad tucumana y los dos años de cárcel son suficiente muestra de que el caso representa a todas las mujeres” del norte feudal argentino. La condición de mujer y de pobre es un plato fácil para la criminalización. María Ovando estuvo casi dos años presa porque se le murió en brazos su niña desnutrida, en el medio de la nada misionera. El Estado nunca se enteró de su existencia. Sólo cuando decidió castigarla. Por pobre, analfabeta y mujer.

Ni la Justicia ni la policía ni el hospital ni la acción social les reconoce la divinidad. Y el amor que le venden como auténtico es violento, autoritario, asesino. Un amor falso, un amor fallado.

De vez en cuando aparece el amor genuino, el verdadero. Magullado y mal vestido. Pero asoma y engaña a los guardianes.

Entonces las cosas cambian. Y las mujeres y sus niños y todas las mirthas y marías de las tierras olvidadas pueden subir a los naranjos y robarse las frutas maduras. Sin que acechen los monstruos y la justicia feroz.

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Argentina, Córdoba. La relación entre pobreza y educación: Datos duros

Guillermo Posada (ACTA)

El titular del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (CIPPES), Pablo Gallo, describió la grave situación de la provincia: el 24,3% de la población viviría en la pobreza, aun por debajo de Santa Fe y Buenos Aires.

Cumplidos 13 años de gobierno delasotista, Córdoba muestra datos alarmantes en términos de pobreza e indigencia después de una década de crecimiento económico nacional a ritmo acelerado. Así lo describió el director del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (CIPPES), Pablo Gallo, que estima un cálculo inflacionario alternativo y establece la canasta básica total según un índice de precios relevado en 400 comercios de 50 barrios populares cordobeses.

“Para nosotros una familia tipo –padre, madre y dos hijos– vive situación de pobreza con un ingreso mensual menor de 3.800 pesos, establecida como la canasta básica total. Este número tiene un impacto directo sobre la cantidad de pobres y de indigentes en la provincia. Desde el CIPPES estimamos que el 24,3% de la población estaría comprendida en la pobreza en Córdoba, algo más de 802 mil personas, una cifra importante para un distrito con las características productivas de la provincia”, dispara Gallo, una de esas tardes agobiantes por el calor de diciembre.

Y no está equivocado, atento a que en Córdoba tienen un papel estelar dos de las actividades económicas determinantes en el crecimiento económico argentino: agro e industria automotriz.

Pasadas las fiestas, y con la perspectiva de un 2013 complicado para las finanzas provinciales, vale repasar las características del sector social que incluye a 1 de cada 4 cordobeses. Más aún cuando se supo en noviembre pasado que Río Cuarto, la segunda ciudad de la provincia y capital alternativa designada por José Manuel de la Sota, se encuentra sexta en el ranking de centros urbanos con mayor deserción escolar en el nivel secundario del país, tal como informó el diario Puntal de Río Cuarto.

–¿Cuáles son las principales víctimas que tiene la situación actual en Córdoba en torno a la pobreza?

–Para crear una imagen representativa, acá sin lugar a dudas hay que pensar en los niños porque es la franja etaria donde la pobreza tiene un impacto mucho más grande. Si tomamos los menores hasta 13 años, el 36% son pobres. Paradójicamente son los 13 años de la actual gestión en Córdoba, son los hijos de esta gestión. Uno de cada tres niños cordobeses durante la gestión de Unión por Córdoba se encuentra en la pobreza. Es una buena forma de enmarcar los éxitos y los fracasos de una gestión, cómo impacta o favorece con políticas sociales para rescatar a grandes sectores de la sociedad de este flagelo.

–¿Cómo están conformados los núcleos familiares de esos niños?

–Por lo pronto, de los jefes de hogar pobres, el 42% son conducidos por mujeres. Poco tiene que ver con el ascenso de género sino con situaciones más complejas. Acá es donde empieza a aparecer, en Córdoba con mucha fuerza, la educación como un fenómeno intrínsecamente relacionado con la pobreza porque el 76% de esas mujeres –pobres y jefas de hogar– no pudo concluir sus estudios secundarios. Imaginate cuáles son las herramientas que tienen esas mujeres para enfrentar la vida o a qué tipo de trabajo tienen posibilidad de acceder. Según el último estudio que realizamos en Córdoba, se advierte claramente que hay un círculo de pobreza que funciona de esta manera: padres sumidos en la pobreza y en condiciones laborales precarias, donde la falta de educación es una constante, que transmiten esa situación a los hijos.

–Es la estratificación de la pobreza.

–Sí, una pobreza que se reproduce. Los hijos de padres pobres pareciera que están condenados a vivir la misma situación. Si en vez de tomar a las mujeres analizamos a los padres pobres en general, tres de cada cuatro no terminaron el secundario. Ahí está claro el problema educativo como un obstáculo para mejorar la situación.

–¿Esto afecta el futuro del mercado laboral en Córdoba?

–Sabemos que en la situación de los jóvenes está el potencial laboral de una provincia, aquellos que tienen entre 18 y 25 años. En esa población, el 49,5% no tienen el secundario completo. ¿Qué tipo de trabajo van a conseguir estos jóvenes para salir de la pobreza? En ese mismo sentido, la educación entre niños y adolescentes: de entre 12 y 18 años, uno de cada cuatro pobres no logró terminar el primario. Este dato es central. Cuando el fenómeno es grande escapa a las políticas focalizadas: qué tipo de oferta de empleo existirá en Córdoba en el futuro teniendo una mano de obra poco calificada de esta manera, porque ese es un problema de cara al futuro. Para el desarrollo tiene que estar involucrado el aparato productivo, privado o público, con el elemento humano de forma integral. Esta es la calidad educativa, que no contiene a los pobres, va a derivar en la mala calidad de la mano de obra que necesitará en el futuro la economía de la provincia. Por eso es importante discutir el problema de forma integral. Pero primero debe estar visibilizado ahora para mejorar con políticas en el futuro.

Una imagen, mil palabras

El CIPPES buscó una metáfora que expresara sin dudas cuál es el peso de los niveles de pobreza en Córdoba. Para ello, los investigadores apelaron a la imagen futbolera, atada de forma ineludible al imaginario argentino, y tomaron al estadio Mario Alberto Kempes, segundo en capacidad de hinchas del país después de las últimas reformas que se realizaron para la última Copa América.

“Ese 24,3% de pobres que hay en córdoba representa casi 14 estadios mundialistas Mario Alberto Kempes repletos. La misma comparación con la indigencia alcanza a tres estadios completos, y un Kempes y medio con los niños pobres de hasta 13 años, nada más que con ellos”, señala Gallo.

–¿Qué metodología lleva al CIPPES a alcanzar estas conclusiones sobre el estado de escolaridad entre los pobres de Córdoba?

–Al obtener el dato de la canasta básica total, se cruza con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) donde se relevan los índices educativos. Ahí fundamentamos las conclusiones en números oficiales. Con la misma base del INDEC para calcular la canasta, pero relevada por los vecinos, lo cruzamos con la EPH que se hace cada seis meses. El gobierno de Córdoba no puede dejar de reconocer la cantidad de chicos que abandonan el secundario aunque no reconozca la pobreza. La políticas provinciales como el boleto educativo, que es una medida buena para favorecer el acceso de los chicos pobres a la escuela, está parada sobre un piso donde no se cumple el derecho más básico. Si no impacta en la deserción significa que hay un problema más grave abajo que hace que llegue tarde para muchísima gente. También impacta en las políticas que aplica la Nación sobre los sectores pobres porque la asignación universal debiera influir directamente en la escolaridad, pero a pesar de ese ingreso familiar los chicos siguen desertando de las escuelas.

–¿Qué otras características tiene esta pobreza?

–Calculada de esta manera, la canasta en Córdoba nos muestra que el fenómeno de la pobreza dejó de estar reducido a los sectores humildes. La inflación tiene un efecto dinámico que comprende cada vez más a distintos sectores: avanza sobre el salario y lo pulveriza, paso siguiente precipita a trabajadores a situación de pobreza. Son más de 111 mil trabajadores que se encuentran en situación de pobreza. Son personas que se levantan temprano, laburan como mínimo ocho horas diarias y vuelven a sus casas con la única seguridad de que no van a salir de la pobreza en función de los actuales salarios. Esto, calculado desde una canasta de 3.800 pesos. Son trabajadores asalariados del Gran Córdoba.

–¿Cómo se explica?

–Actualmente, el 40% de los trabajadores están en situación no registrada y el trabajo en negro genera pobreza. Los sectores más informales son la construcción (76%), las empleadas domésticas (93%), comercio (41%). Cuando relacionás la educación y los trabajadores en esta situación, se advierte que más de 54% de los trabajadores no registrados no pudo terminar el secundario. Estamos hablando de asalariados comprendidos en la pobreza. Por eso podemos concluir que la falta de educación incide en parte, también, en las condiciones de trabajo de forma directa. La escolaridad completa incide tanto en la formalidad o no del empleo y en la calidad. Cayó 14% el empleo en la construcción, donde coincide el trabajo en negro con la poca formación educativa. Quiere decir que con un parate como el actual, donde la economía no avanzó con el vigor de otros años, rápidamente los primeros puestos de trabajo que se pierden son los menos calificados.

Comparaciones necesarias

Si bien los niveles de pobreza en Córdoba se ubican en andariveles distintos a los de otras provincias históricamente relegadas en el desarrollo económico y social, para el CIPPES lo válido, a los efectos de obtener una verdadera dimensión de la situación actual, es comparar con jurisdicciones que muestran una conformación socioeconómica similar.

En ese marco, Gallo describe y contrasta cuáles son los niveles salariales de Córdoba con Santa Fe y Buenos Aires, donde industria y agro tienen un papel fundamental en el circuito económico, diferente a otras provincias donde el trabajo en el Estado o las regalías cumplen un rol determinante.

“La pobreza no tiene que ver exclusivamente con los sectores humildes y está directamente relacionada con los tipos de salarios que se pagan. Por eso analizamos el promedio del salario en Córdoba, tanto el estatal como el privado, y lo comparamos con Buenos Aires y Santa Fe”, afirma el investigador.

–¿Cuáles son los resultados?

–Según el Ministerio de Economía de la Nación, en el sector privado registrado, Córdoba paga peor que Santa Fe y Buenos Aires. En promedio, el trabajador privado cobra en Santa Fe 5.693 pesos y en Buenos Aires 6.097, mientras Córdoba se ubica último en esta escala con 5.367 pesos. Quiere decir que en Buenos Aires el ingreso es de un 13% más por el mismo trabajo y Santa Fe 5,33%. En cuanto al sector público, la comparación entre el Gran Córdoba y el Gran Rosario, donde se mensuran los ingresos del conjunto de trabajadores tanto nacionales como provinciales y municipales, da cuenta de que los rosarinos ganan un promedio de 5.021 pesos, contra 4.632 en el conglomerado de la capital provincial.

–¿Cómo se completa el cuadro?

–Según nuestras mediciones, Córdoba tiene el precio de los alimentos más caros entre los seis conglomerados urbanos donde el IPB realiza el índice que precios: conurbano bonaerense, Mendoza, Salta, Tucumán, Mar del Plata y nuestra provincia. Entonces tenemos los alimentos más caros con los salarios más bajos, y con alto porcentaje de la pobreza donde la educación es uno de los factores preponderantes para enquistar la pobreza en bolsones que no se mueven. La forma de salir de la pobreza tiene un techo bajo por los bajos salarios en relación a otras provincias, tanto en el sector público como en el privado. Esto adquiere gravedad a nivel nacional por la incidencia que tiene la provincia.

Pobreza y ajuste en el PAICOR

El Programa de Asistencia Integral de Córdoba (PAICOR), que desde el comienzo de la democracia es el programa social más importante de Córdoba, brindando alimentación a alumnos, fue noticia a fines del ciclo escolar de 2012 por denuncias referidas a la calidad de la comida que brinda. El CIPPES difundió una columna de análisis de la situación, que incide directamente entre los menores pobres de la provincia. Aquí, un extracto de esas reflexiones, a cargo de Alfredo Schclarek Curutchet, profesor adjunto UNC, investigador del Conicet y director académico del CIPPES, y Lucas Torres, investigador asociado.

“Durante el fin del año escolar volvió a ser noticia el Programa de Asistencia Integral de Córdoba (PAICOR) por la reducción en la calidad del servicio brindado. Según declaraciones de algunas escuelas, en el desayuno se reemplazó la leche chocolatada por mate cocido y la colación quedo reducida a un bollo de pan, mientras que en el almuerzo se ha observado el aumento de los alimentos más económicos y la disminución de la variedad de los postres.

"Por su parte, las empresas proveedoras sostienen que los $ 8,62 que reciben por ración, la cual comprende almuerzo y desayuno o merienda, no son suficientes dada la falta de actualización del importe en el último año y medio. Tal es el revuelo que este tema está generando que el gobierno provincial ya ha salido a anunciar que aumentará el pago por ración a $ 9,91.

"Esta última noticia, sobre la reducción en la calidad de los alimentos en el PAICOR, no debería ser analizada, sin embargo, como un hecho aislado sino que se inscribe en una política de ajuste más generalizada en el PAICOR, que ya lleva años implementándose. Por ejemplo, ya el año pasado había sido noticia con la exclusión del programa a los niños que pertenecieran a familias cuyos ingresos superaran los $ 2.500. Esto significó la baja del 19,6% de los inscriptos al programa, lo que equivale a un total de 46.132 niños. Si tenemos en cuenta que en el año 2010 los beneficiarios eran 237.453 niños y en el año 2011, después de la exclusión, el padrón quedó en 188.847 niños, comprendemos cabalmente la magnitud del ajuste implementado. Más aún, analizando el gasto en alimentos del PAICOR observamos que en el 2010 fue de alrededor de $ 306 millones mientras que en el año 2011 el gasto fue de $ 311 millones. Es decir, un aumento anual de sólo el 1,6%, cuando en el mismo período los alimentos subieron alrededor de 19,4%.

"Esta política de ajuste en el PAICOR se vuelve más indefendible si tenemos en cuenta que la pobreza, lejos de ser un tema resuelto, es uno de los principales problemas que enfrenta la Nación y la provincia.

"Según datos del Índice Barrial de Precios (IBP), publicados por el CIPPES, y datos de la EPH, publicados por el INDEC, en el cuarto trimestre del 2011 había en la provincia de Córdoba alrededor de 113.494 personas cuyos ingresos familiares no superaban la línea de indigencia ($ 1.248,48). Es decir, alrededor de 3,43% de la población no tiene ingresos suficientes como para alimentarse adecuadamente. Respecto a la línea de pobreza ($ 2.759,15), encontramos que 840.455 personas están en esta situación (casi 2 tercios de la población total de Córdoba Capital de pobres). Esto significa que un 25,4% de la población de la provincia de Córdoba son pobres (se obtienen datos similares para el Conurbano Bonaerense, lo que representa 2.587.873 de pobres). Desagregando estos datos por edad, vemos que en la provincia hay 45.433 niños bajo la línea de indigencia y 377.556 niños en situación de pobreza (dos Río Cuarto más una Villa Carlos Paz de niños pobres). Estos datos significan que 5% del total de niños de la provincia son indigentes y que 41% son pobres. Más aún, del total de indigentes y pobres el 40% y 45%, respectivamente, son niños. Evidentemente, la pobreza es un flagelo que afecta fundamentalmente a los niños.

"El preocupante panorama descripto en los párrafos anteriores, fríamente manifestado en números, describe la situación de niños que están viendo sus derechos esenciales vulnerados y limitadas sus posibilidades de desarrollo. La pobreza debe ser un tema principal en la agenda de gobierno, ajustando las políticas públicas en consecuencia”.

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Argentina. Puja redistributiva: "Al paso que vamos este año va a ser de mucho conflicto"

ACTA

El secretario de Formación, Investigación, Proyecto y Estadística de la CTA analizó la situación de los docentes de cara a las negociaciones que están comenzando en distintas provincias, anticipó que 2013 va a ser un año de alta conflictividad "porque el Gobierno anuncia de forma cada vez más pública la idea de poner topes en las paritarias y esos topes no tienen nada que ver con la inflación" y que desde la Federación Nacional Docente de la Central "vamos a fogonear con fuerza un plan de lucha nacional".

-Queríamos que nos cuente cómo está la discusión de los docentes a poco más de un mes del comienzo de las clases.

Como todos saben, enero y febrero son los meses donde comienza la discusión de los docentes e inclusive en algunos lugares las paritarias, entre ellas la paritaria nacional. Y es el momento en que los docentes se encuentran más fuertes por la posibilidad de no iniciar las clases y ponen toda la presión para lograr un aumento razonable durante todo el año.

Ya el año pasado, la paritaria nacional se terminó firmando por decreto y en el caso de los universitarios se acordó con una sola de las organizaciones universitarias, -con la Conadu de Yasky- y a las otras las dejaron colgadas. Por esto podemos decir que el aumento que se consiguió el año pasado no fue satisfactorio para el conjunto de los docentes porque incluso fue un aumento por partes.

Este debate en 2013 viene con doble intensidad, porque el Gobierno anuncia de forma cada vez más pública la idea de poner topes en las paritarias y esos topes no tienen nada que ver con la inflación. Se está hablando de un 18 o un 20%, cifra que no acepta ninguna organización sindical. En ese sentido ya hay discusiones que no han tomado estado público, como en la provincia de Buenos Aires y hay desacuerdo.

Todo indica que al paso que vamos este año va a ser de mucho conflicto. No sabemos la fuerza que va a tener este conflicto, lo ideal sería que la CTERA encabece un paro nacional. Nosotros desde la CTA lo vamos a proponer porque entendemos que hay que garantizar un aumento que contemple la previsión inflacionaria, lo que impide un aumento por partes, porque al dividirlo en dos o tres partes, un aumento del 24% termina siendo menor a ese porcentaje, termina siendo bastante menos.

-¿En qué cifra está el sueldo inicial sin antigüedad y cuál llevarán a la paritaria nacional?

El sueldo inicial es de alrededor de $2900 y nosotros vamos a pedir un 25% de piso que daría un salario inicial de $3.700, por lo menos para recuperar lo que se comió la inflación, pongamos una previsión inflacionaria para todo el año.

Pero bueno, nosotros llevaremos este planteo, pero así como viene la situación aparece bastante conflictiva, mucho más en las provincias donde creo que el conflicto va a tener todavía más fuerza y creo que la CeTERA va a tener dificultades para poder firmar la paritaria.

Nosotros por otro lado, para febrero o marzo vamos a tener lanzada la Federación de Docentes desde la que vamos a plantear la necesidad de participar en el debate paritario y a fogonear con fuerza un plan de lucha nacional para que al menos, cualquier aumento salarial que se acuerde según la pauta inflacionaria que sabemos que está muy por encima del 20%.

-¿Qué otras demandas hay hacia el gobierno -además del tema salarial- vinculadas a la educación?

En el caso de la educación, fundamentalmente la universitaria, el principal problema es el de la precarización laboral. Gente trabajando ad honorem, en negro, con contratos. Y esto se ha ido extendiendo a las escuelas. Esto por un lado, otro tema es el de las condiciones de trabajo que son muy malas. Para llegar a tener un sueldo razonable, de ocho mil pesos, un docente de piso tiene que trabajar dos turnos. Y pensemos lo que es para una maestra, un maestro, estar siete u ocho horas trabajando con chicos. Eso se convierte en un trabajo difícil de sobrellevar, de una gran tensión, lo que genera una relación difícil incluso con los propios alumnos. Además, las escuelas que están en las zonas más periféricas son las que tienen las perores condiciones laborales lo que dificulta mucho el trabajo.

Se podría decir que la condición de trabajo se ha convertido en una situación de mucho desgaste desde el punto de vista psíquico y de mucha exigencia desde el punto de vista material, lo que a su vez se convierte en un obstáculo muy fuerte para una mejor educación. Lo que hace el gobierno es prácticamente someter a los educadores a una fuerte súper explotación laboral, lo que a su vez tiene como efecto que no se pueda realizar una práctica educativa, un acto educativo, una actividad educativa que sea mucho más enriquecedora para los pibes.

-El Gobierno dice “yo no dirijo escuelas”, ¿qué posibilidad tiene para imponer estas condiciones a las provincias?

Es una buena pregunta, porque efectivamente no dirige escuelas. Pero a través de los años maneja una cantidad de recursos presupuestarios y ha construido una serie de mecanismos, a través de los cuales en realidad dirige todo el proceso pedagógico. Ya sea por los libros de texto, por el intervencionismo en los diseños curriculares provinciales, porque las capacitaciones que vienen por el lado privado tienen orientaciones nacionales comunes. O sea que la Nación, no sólo por su propia estructura estatal, sino por toda una serie de mecanismos paralelos, tiene una fuerte incidencia y dirección en todo lo que hace al proceso pedagógico.

O sea que hoy el proceso pedagógico, por un lado tiene una cantidad de mecanismos de presión, que a su vez se convierten en mecanismos ideológicos por el cual se orienta el proceso educativo, mientras que a su vez, el docente se encuentra en una situación de súper explotación laboral.

En términos prácticos, la única forma de poder sobrellevar el proceso educativo es haciendo lo que te dicen. Es decir, el espacio que vos tenés en la propia escuela, o en la propia vida colectiva como docente con actitud crítica, se convierte en un espacio muy reducido. Entonces hoy en la escuela el docente participa muy poco, porque prácticamente no tiene espacio. No participa en la dirección, en la conducción o en la elaboración del proceso educativo, ni en términos institucionales. Y tampoco en términos más propios porque las condiciones de trabajo no se lo permiten.

A su vez, enfrente hay un sistema, el gobierno y la educación privada, que por vía de la presión económica te termina obligando a enseñar lo que ellos quieren.

- Para finalizar, cuéntenos un poco sobre el lanzamiento de la Federación Nacional Docente

La idea es resolver el tema de los estatutos durante el mes de febrero para poder comenzar a trabajar.

-¿Qué organizaciones participan de la Federación?

Organizaciones del Chaco, de Formosa, de Capital, de Misiones, de Catamarca y otras provincias, algunas lo están discutiendo. También van a participar agrupaciones docentes nacionales y movimientos docentes que van a participar de la propia organización. Va a tener un mecanismo parecido al de la CTERA, porque no solamente estarán las organizaciones sindicales, sino que también van a poder participar las agrupaciones.

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Víctor Basterra: “La discusión sobre qué hacer con la ESMA no está cerrada”

LA RETAGUARDIA

Dialogamos con nuestro compañero de Oral y Público y sobreviviente del centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), sobre el debate que se generó a partir del brindis-asado que realizó el Ministerio de Justicia de la Nación a fines del año pasado: ¿deben utilizarse para actividades alegres en pos de la vida, o como museos o lugares en donde se recuerde el horror que allí se vivió? Para Basterra, la ex ESMA es un espacio al que hay que respetar, ya que allí existen aún huellas y pruebas que se deben continuar descubriendo e investigando.

Desde un principio, Víctor Basterra ha estado en desacuerdo con muchas de las actividades que se desarrollan en el predio de la ESMA; le resulta difícil aceptarlas: “yo he andado por esas calles siendo prisionero, teniendo ese cautiverio que condicionaba todos los giros y las búsquedas de libertad que uno pudiera tener, pero en el cautiverio uno estaba permanentemente ahí. Y desde esa mirada, me resulta difícil aceptar ciertas actividades. Las acepto en función de esa visión de conjunto, de unidad, pero como bien decíamos en otras épocas ´juntos pero no mezclados´. Sigo sosteniendo mi posición, negándome a aceptar naturalmente que se haga murga o lo que yo llamo ´la política del tachín-tachín´, las cosas que han sucedido ahí últimamente, esa choriceada para más de dos mil personas, que me parece desproporcionada. Muchas veces digo que no se puede tomar a la ESMA para cualquier cosa, para todo. La ex ESMA es un espacio que hay que respetarlo, brindarle un cuidado especial en el tratamiento que se le da, es como si uno tuviera un niño y le enseña las peores cosas que uno tiene”, explicó en diálogo con La Retaguardia.

En este sentido, Basterra considera que la discusión sobre el uso del predio de la ESMA no está cerrada, a pesar de lo que algunos organismos de Derechos Humanos afirmaron en los últimos días: “es algo que sigue porque es un espacio que está descubriéndose permanentemente, todavía se encuentran pruebas, huellas, muchas cosas, además de un montón de preguntas. Yo creo que se encuentra fundamentalmente el gran interrogante que no puede estar saldado, porque aceptar el mal humano como algo que ya se saldó y listo, entonces hay que matarlo con alegría y curso de no sé qué... no es así, la historia es distinta. Además hay una realidad: buena parte de los familiares siguen haciendo el duelo, entonces no se puede aceptar esto de que se cerró la discusión, ganamos nosotros, ustedes perdieron, violín en bolsa y a comérsela. No es así la historia, porque además no se construye nada con esas imposiciones o con esas actitudes que a veces a uno lo revelan, lo sublevan porque uno dice cómo puede ser, somos compañeros que transitamos la misma vereda y me venís a patear las canillas porque no me gusta tal cosa. Tengo el derecho a expresarlo, y lamentablemente muchas veces se dan estas situaciones que a mí me molestan, porque tengo otra mirada y no soy el único, y tampoco somos demasiada minoría. Lo que pasa es que no fue una discusión abierta”.

En diálogo con La Retaguardia, Basterra afirmó que hay algunos temas que no deberían entrecruzarse con lo partidario: “la cuestión partidaria, partidista, partidocrática, te baja línea permanentemente. Yo prefiero muchas veces el activismo porque expresa ser el activo de la clase, de una forma de pensar, no necesariamente de un partido que ahí sí se milita en un partido, hay doctrinas, reglas, sujeciones, prioridades para no lastimar a uno o al otro, aunque sea un hijo de puta el otro, pero como hacés una alianza, callate, no digas nada porque podés lastimar a fulanito que es un turro, porque esto nos ha pasado mil veces, más que yo vengo del peronismo, yo nunca milité en el peronismo estructurado como es el Partido Justicialista, que muchos de sus dirigentes estuvieron debajo de la mesa durante la dictadura o cuando había que enfrentarse a los autoritarios de mierda, y después cuando veían la cosa fácil salían y se iban cazando los puestos. Yo a lo partidocrático medio que le tengo, no desprecio, pero sí desconfianza”. Además, Basterra recuerdó que cuando se comenzó a hablar de qué hacer en la ex ESMA se presentaron 21 proyectos, que aparecen reflejados en el libro “Memoria en Construcción”: “muy interesante independientemente de la obra en sí, buen basamento está dado en las fotos de los compañeros que yo pude rescatar de ahí adentro, está toda una reflexión, justamente una mirada en búsqueda de respuesta o interrogantes que surgían y van a seguir surgiendo, por eso esto no está cerrado”.

El debate sobre qué uso darle a los terrenos donde funcionaron centros clandestinos o campos de concentración existe en distintos países del mundo. Por ejemplo, la recuperación histórica que se ha hecho desde el judaísmo de la Segunda Guerra Mundial permitió que hoy todos sepan lo que fue el Holocausto. De todos modos, cada espacio y, a su vez, cada país tiene sus características. Al respecto, Basterra reflexiona: “el desarrollo del Terrorismo de Estado en la Argentina es muy particular. Aquí hubo más de quinientos centros clandestinos, en el corto lapso de siete años. Cada uno tiene un tratamiento particular, algunos son señalizados, otros todavía funcionan como comisarías, la base naval de Mar del Plata todavía funciona como base naval. En los otros países también ha sucedido más o menos lo mismo, pero no hay lugares de festichola, lo puedo asegurar”.

En tanto, mientras la discusión sobre el uso del predio ubicado sobre Avenida del Libertador permanece, o al menos eso debería suceder, continúa el tercer tramo del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino que funcionó justamente en la ex ESMA. Una demostración más de que lo que allí sucedió no está cerrado, ni se ha terminado de juzgar.

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Argentina. Se movilizaban por la libertad de los 5 presos: Detienen a seis personas más en Bariloche

AGENCIA WALSH

Durante la tarde de este lunes 21 de enero, personal de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal detuvieron a dos niños y seis adultos que cortaban, junto a otros manifestantes, la ruta 40 en la salida de Bariloche hacia El Bolsón. El corte se realizaba para exigir la libertad de otros cinco detenidos acusados de "organizar lo saqueos" del pasado 20 de diciembre en Bariloche. Los dos menores fueron liberados por la noche.

Bariloche volvió a mostrar sus dientes a su sector popular. Luego de la detención arbitraria de cinco personas, acusados de ser organizadores de los saqueos del 20 de diciembre, que fueran trasladados a otras ciudades de la provincia y a Neuquén, impidiendo que puedan acceder a su legítimo derecho a elegir su defensa, y ser acusados bajo la causa que dirige el Juez Leonidas Moldes de Bariloche, este 21 de enero, se realizaron cortes de ruta en esta ciudad patagónica.

Promediando la tarde, personal de Gendarmería Nacional y Policía Federal - según informo María- se hizo presente en el corte para desalojar la ruta 40 en la salida de Bariloche hacia El Bolsón. María, manifestante que logró escapar a la redada planteada por estas fuerzas del gobierno, comentó que se les pidió desocupar "de inmediato la ruta". La respuesta fue que la ruta sería desalojada en un momento, cuando se terminara de quemar una goma que aùn ardía. Pero desde los costados de la ruta, y por atrás de ellos, empezaron a aparecer uniformados que lograron detener a al menos 6 adultos y dos menores. A la noche, los menores ya habían sido liberados, pero habrían sufrido golpes y maltratos. Los adultos seguían en estado de "demorados" (figura legal inventada en la dictadura), y se proveía traslados. Además corrían fuertes rumores de desalojo del acampe en el Centro Cívico, por lo que María solicito seguir atentos a las novedades.

El desalojo fue encabezado por el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional con un oficio enviado desde el despacho del juez federal de Bariloche Moldes intimando a que se desaloje la ruta 40, de lo contrario serian desalojados por la fuerza, o sea, reprimidos.

En un comienzo, hubo diálogo entre las partes y la medida de fuerza se flexibilizó, dejando pasar a los autos cada media hora. Sin embargo, posteriormente 8 miembros de Gendarmería decidieron desalojar sin atenuantes la ruta. Tomaron a algunos de los manifestantes de los pelos y al resistirse, los arrastraron por el suelo. El jefe del operativo había explicado a los familiares y amigos de las detenidas que la interrupción del tránsito podría ser penado con hasta cinco años de prisión.

En el mismo momento en que Gendarmería Nacional reprimía, las mujeres que estaban en el acampe eran informadas por un funcionario municipal que "seguramente serán desalojadas" en los próximos días. Por lo que ellas decidieron encadenarse a la estructura de madera que rodea la estatua del General Roca, muy bien ubicada en el Centro Cívico de la "Suiza argentina".

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Latinos en Estados Unidos esperan más del presidente Obama

PL

La comunidad latina espera hoy más del presidente Barack Obama luego de apoyarlo sólidamente para que siga otro cuatrienio al frente de los destinos de Estados Unidos.

Pese a la prometida reforma migratoria, crece la expectativa de ese grupo por la composición del gabinete ministerial, lo cual marcará el tono del Gobierno y la diversidad política de la base de apoyo del mandatario, en la cual los latinos tienen un peso importante, estiman sectores comunitarios.

Luego de conocerse la designación para puestos claves dentro del equipo del senador John Kerry, como secretario de Estado, el exsenador republicano Charles Hagel, para Defensa, y Jacob Lew, como secretario de Tesoro, la mirada está puesta en los encargados que seguirán y en los que ya anunciaron su salida del entorno.

En este último caso están la secretaria del Trabajo, Hilda Solis y el secretario de Interior, Ken Salazar, los únicos dos hispanos con cargos de ministros en el gabinete y cuyos puestos pudieran seguir en manos latinas, aunque aún no hay un pronunciamiento de la Casa Blanca.

Los que se mantienen en sus plazas son la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, la secretaria de Salud, Kathleen Sebelius, el procurador general, Eric Holder; el secretario de Agricultura, Tom Vilsack y el secretario de Vivienda, Shaun Donovan.

Además inicia el segundo mandato el secretario del Departamento de Veteranos, Eric Shinseki y están por confirmar la continuidad del secretario de Educación, Arne Duncan, el secretario de Transporte, Ray Lahood y el secretario de Energía, Steven Chu.

Otras plazas con rango similar a una posición dentro del gabinete son el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, el Representante Comercial, el director de la Administración de Pequeños Negocios y el jefe de Gabinete.

Al abordar la situación, el director ejecutivo de National Association of Latino Elected and Appointed Officials, Arturo Vargas, lamentó el hecho de que con la salida de Solis y Salazar, no están representados en el entorno presidencial.

Parece que nos están dejando atrás. No lo esperábamos ya que el mismo presidente reconoció el impacto que tuvimos en la elección, dijo el directivo.

Sin embargo, Simon Rosenberg, fundador de New Democrat Network, está esperanzado en que durante la próxima ronda de nombramientos haya hispanos, aunque no se aventuró a sugerir nombres.

Lo cierto es que poco se ve para las minorías y las mujeres en el nuevo equipo, pese a que si solo los blancos hubieran votado, el actual mandatario hubiera perdido los comicios ante su rival republicano, Mitt Romney, quien recibió el 59 por ciento de ese sufragio.

Sin embargo, Obama ganó con 93 por ciento del voto negro, 73 por ciento del voto asiático y 71 por ciento del hispano, unido al 55 por ciento de las mujeres.

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Constante peligro de otro Sandy Hook en Estados Unidos

PL

Un nuevo tiroteo, ahora en Texas, ocurrió hoy en otra escuela, cuando aún la sociedad estadounidense sigue conmocionada por la matanza de 20 niños en la primaria Sandy Hook, de la ciudad de Newtown, en Connecticut.

La violencia armada cobra un promedio de 85 vidas cada día en Estados Unidos. Se estima que la mitad de esas muertes ocurren por suicidios.

Las leyes restrictivas de posesión de armas siempre chocan con la resistencia en el Congreso al invocar un derecho consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución.

Sin embargo, ahora se solicitan acciones urgentes. El presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva que contiene un paquete de 23 medidas para endurecer el control de las armas.

En ese sentido, se pronunció por un mayor rigor del sistema de control de antecedentes de la ley que permiten que el 40 por ciento de las ventas se hagan sin verificación de historiales, así como limitar los cargadores de munición de alta capacidad.

También se aspira a reactivar una legislación que prohíbe los fusiles de asalto, la cual ya fue certificada por el Capitolio en 1994 y caducó en 2004 sin que el Congreso convocara sesiones para evitarlo.

Justamente, uno de los principales obstáculos al control de armas lo tiene el gobernante demócrata en el poderoso lobby Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su sigla en inglés)

La organización, que cuenta con más de cuatro millones de afiliados y se opone a cualquier medida en el Congreso sobre este tema, en 2012 gastó cerca de 13 millones de dólares para impedir la reelección de Obama.

Mientras muchos lloraban por la muerte de los niños de Sandy Hook, la NRA dijo que eran necesarios más agentes pertrechados en las escuelas y que frente "a un joven malo con un arma, debía existir otro joven bueno con un arma".

La organización Un Millón de Madres contra las Armas exhortó este lunes a la Casa Blanca a garantizar la seguridad de los niños en este país e impulsar medidas adicionales para el control de esos letales medios en poder los civiles.

El grupo, que pretende reeditar la marcha del millón de personas de Martin Luther King, aconsejó a Obama limitar el número de armas de fuego, municiones y licencias concedidas por cada estado. Por su parte, el Senado aplazará sus debates en el Capitolio sobre un nuevo proyecto de ley para febrero.

Estados Unidos es el país con más alto índice de posesión de semejantes artefactos, al contarse 89 por cada 100 habitantes.

Entretanto, los inventarios arrojan la existencia de 310 millones de armas de fuego en manos privadas.

Pero resulta incongruente que al menos 827 víctimas fatales se reportaran por la violencia armada en la nación tras el multihomicidio en Sandy Hook el pasado 14 de diciembre.

Un artículo del diario The New York Times consignó que se ha producido un rápido crecimiento en la comercialización de estos artefactos.

A juicio de lo difundido en el texto, la venta de armas, que escaló de forma significativa desde la reelección de Obama y se disparó luego del tiroteo en Connecticut, "muestra pocos signos de atemperarse".

Y a cada minuto existe el peligro de que se repitan hechos trágicos como el de Newtown o el de Columbine (1999), Aurora (Colorado, 2012) o Virginia Tech (2007).

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