jueves, 24 de enero de 2013

¿Costo del trabajo o costo del capital?

Salim Lamrani (OPERA MUNDI, especial para ARGENPRESS.info)

Hay unanimidad en el mundo político, económico y mediático para subrayar que el costo del trabajo es demasiado elevado en Francia y que perjudica la competitividad de las empresas nacionales. En cambio hay mucha discreción a la hora de hablar del costo del capital, verdadero obstáculo para el desarrollo económico del país.

Para la mayoría de los observadores de la vida económica de Francia, el principal obstáculo para el desarrollo de la nación sería el costo del trabajo, es decir salarios y cotizaciones sociales demasiado elevadas. Esta realidad impediría que las empresas nacionales fueran competitivas en un mercado globalizado donde la competencia es cada vez más feroz, y sería una de las causas del ocaso del país.(1)

Le Monde, principal diario francés, apunta, por su parte, que “los márgenes de las empresas son mediocres: según los datos del (banco) Naxitis, sus beneficios, tras el pago de los dividendos, representan el 6,8% del producto interior bruto (PIB) frente a un 11,05% en Alemania y un 9,63% en la zona euro”.(2) Entonces, habría que “reducir las cotizaciones sociales” –es decir los impuestos que pagan las empresas– y “flexibilizar el mercado del trabajo demasiado rígido”, es decir, cancelar las conquistas de los trabajadores inscritas en el Código del Trabajo y precarizar el empleo.

No obstante, una lectura meticulosa de la cita precedente permite señalar una anomalía. En efecto, las ganancias se calculan “tras el pago de los dividendos”. Este modo de cálculo es general en Francia y plantea inevitablemente una pregunta: ¿por qué se deducen primero los dividendos pagados a los accionistas –que forman parte integralmente de los beneficios– antes de evaluar la rentabilidad de las empresas francesas?

La razón es sencilla: su costo exorbitante para la economía nacional. En efecto, el problema de Francia no es el costo del trabajo sino el costo del capital, es decir la parte de los beneficios pagados a los accionistas, que han aumentado de modo mucho más rápido que los salarios, y han alcanzado niveles sin igual en treinta años.

En efecto, según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE), de 1980 a 2010, la parte de los dividendos pasó del 3% de la riqueza nacional al 9%, lo que representa un alza de 180.000 millones de euros anuales durante tres décadas. En 30 años los dividendos pagados a los accionistas aumentaron en un 200% (3). En el mismo periodo, en euros contantes, los salarios sólo aumentaron un 20% (4).

En los últimos cinco años, de 2007 a 2011, los dividendos crecieron un 27% mientras los salarios sólo aumentaron un 12%. En 2010, según el INSEE, los accionistas recibieron 210.000 millones de euros de dividendos mientras que sólo se invirtieron 182.000 millones de euros en la producción (5). Así el costo del capital es superior a las inversiones productivas. De cada 100 euros de riqueza que crean los trabajadores, los accionistas reciben 25 euros de dividendos (6), mientras la parte de los salarios es proporcionalmente similar a la de 1960, al salir de la Segunda Guerra Mundial(7).

Contrariamente al discurso dominante, el principal obstáculo para la competitividad de las empresas francesas no es el costo del trabajo, ni la protección social de los trabajadores, ni el nivel de imposición tributaria que no ha dejado de disminuir en los últimos 15 años. En realidad, la parte astronómica de los beneficios pagados en dividendos a los accionistas constituye un freno al desarrollo económico nacional. En efecto, la rentabilidad bursátil se hace en detrimento de las inversiones, las cuales crearían empleos en un contexto de crisis económica y social generalizada donde la tasa de paro alcanza un nivel record y la pérdida del poder adquisitivo golpea con fuerza a las categorías más vulnerables de la sociedad e incluso afecta a las clases medias.

No obstante, existen soluciones. En efecto, el Parlamento podría adoptar una legislación que estipulara que la parte de los dividendos pagados a los accionistas no superara las cotizaciones sociales pagadas al Estado ni la inversión productiva anual. Eso permitiría mejorar la competitividad de las empresas, crear empleos, aumentar los ingresos del Estado, reducir la fractura social y edificar una sociedad más igualitaria y menos injusta.

Salim Lamrani es Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de la Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade.

Notas:
1) BFMTV, «Dossier: réduire le coût du travail», 2012. http://www.bfmtv.com/actualite/reduire-cout-travail/ (sitio consultado el 30 de noviembre de 2012).
2) Claire Gatinois, «Compétitivité: électrochoc ou méthode douce? Les experts sont partagés», Le Monde, 5 de noviembre de 2012.
3) Jean-Luc Mélenchon, «Invité de TV5 Monde», 6 de noviembre de 2012. http://www.jean-luc-melenchon.fr/2012/11/06/invite-de-tv5-monde/ (sitio consultado el 30 de noviembre de 2012).
4) INSEE, «Evolution du salaire moyen et du salaire minimum de 1951 à 2009», 2010. http://www.insee.fr/fr/thèmes/tableau.asp?ref (sitio consultado el 2 de diciembre de 2012). 1980: indice 302; 2009: indice 354.
5) Jean-Luc Mélenchon, «Invité de TV5 Monde», 6 de noviembre de 2012. http://www.jean-luc-melenchon.fr/2012/11/06/invite-de-tv5-monde/ (sitio consultado el 30 de noviembre de 2012).
6) Confédération générale du travail, «Et si on parlait du coût du capital», 17 de octubre de 2012. http://www.cgt.fr/Et-si-on-parlait-cout-du-capital.html (sitio consultado el 30 de noviembre de 2012).
7) Céline Prigent, «La part des salaires dans la valeur ajoutée en France: une approche macroéconomique», INSEE, Economie et statistique n°323, 1999, 3. http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es323d.pdf (sitio consultado el 30 de noviembre de 2012; Jacques Généreux, Nous, on peut! Manuel anticrise à l’usage du citoyen, Paris, Points, 2012, p. 91.

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Los trabajadores revolucionarios y la nueva sociedad socialista

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

En una sociedad de nuevo tipo que busque sustituir a la sociedad capitalista imperante según los esquemas básicos del socialismo, no bastará con que la propiedad capitalista sea expropiada por el Estado para que se hable propiamente de una sociedad y una economía realmente de transición al socialismo. Ello debe acompañarse de otra condición que trascienda lo meramente económico y/o reivindicativo: la construcción de un Estado primordialmente popular y participativo, en el cual se haga efectiva la soberanía del pueblo y, por supuesto, de todos los trabajadores.

De esta forma podrá perfilarse la edificación y permanencia de una sociedad postcapitalista, con los trabajadores controlando directamente los medios de producción que ahora se hallan en manos de una minoría; al mismo tiempo que se procede a la eliminación de todo rasgo de explotación, imposición o desigualdad que han sido generados por el sistema capitalista. Pero esto no debe confundirse -como ya ocurriera en la extinta Unión Soviética y las naciones .bajo su influencia- con la existencia de una propiedad estatizada, dirigida y “apropiada” por una burocracia gubernamental que, a la final, produjo entre los trabajadores que éstos no se sintieran identificados de ningún modo con la llamada dictadura del proletariado y permitieran se restaurara el capitalismo en sus respectivos países, contribuyendo así a reforzar la imagen negativa que previamente habían elaborado del socialismo sus enemigos históricos.

Igualmente, como lo define Rodolfo Sanz, “si los medios de producción son una función del Estado, es decisivo quién, qué clase o capa social detenta realmente el poder y maneja el plusproducto (o plusvalía estatizada). El problema radica en que si el poder no está en manos de la clase obrera, si es la burocracia la que se encarama en él, será esta burocracia la que tenga al Estado -y, por ende, a los medios de producción- como su `propiedad’ y maneje el trabajo excedente”. Por lo tanto, es preciso que las medidas iniciales de expropiación de estos medios de producción incluyan no sólo la definición jurídica de propiedad de los mismos, sino también su posesión efectiva por parte de los trabajadores como productores de plusvalía; haciéndose realidad entonces la socialización de la producción, además de la superación de la tradicionalmente aceptada división social del trabajo. De ahí que se necesite que la propiedad y la posesión efectiva de los medios de producción, el poder político y la capacidad de planificación estén en manos de los trabajadores, de manera que la transición al socialismo revolucionario sea consecuencia del ejercicio constante y amplio de una democracia más directa, participativa y protagónica, en beneficio de la totalidad de la nueva sociedad que se erige.

Por otra parte, debe tomarse en cuenta que esta nueva sociedad socialista requiere, asimismo, de una nueva conciencia individual y colectiva que encaje lo más perfectamente posible en su práctica cotidiana. Al respecto, lo dicho por el Che Guevara en su oportunidad tiene una vigencia ajustable en la construcción de tal sociedad: "El estímulo moral, la creación de una nueva conciencia socialista, es el punto en que debemos apoyarnos y hacia donde debemos ir, y hacer énfasis en él. El estímulo material es el rezago del pasado, es aquello con lo que hay que contar, pero a lo que hay que ir quitándole preponderancia en la conciencia de la gente a medida que avance el proceso. Uno está en decidido proceso de ascenso; el otro debe estar en decidido proceso de extinción. El estímulo material no participará en la nueva sociedad que se crea, se extinguirá en el camino y hay que preparar las condiciones para que el tipo de movilización que hoy es efectiva, vaya perdiendo cada vez más su importancia y la vaya ocupando el estímulo moral, el sentido del deber, la nueva conciencia revolucionaria." Para lograrlo, es ineludible la formación teórica de los trabajadores, de modo que haya una plena correspondencia entre el discurso y la práctica, en constante revisión y avance, en función de garantizar la irreversibilidad de la revolución socialista en curso.

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De 1965 al 2013 sólo son 48 años: Colombia. Un artículo y una constatación histórica

Hernando Calvo Ospina

El 18 de octubre del año pasado se instalaron en Oslo, capital de Noruega, las negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Iván Márquez, jefe de la delegación insurgente, durante su discurso citó algunas cifras. Hasta la fecha el gobierno colombiano ni ha intentado debatir las expuestas a continuación, a pesar de la imagen que dan del país.

Dijo el comandante guerrillero que 30 millones de colombianos viven en la pobreza, o sea el 70% de personas residentes en uno de los países más ricos en recursos estratégicos del mundo. Precisaba que de esa cantidad 12 millones están en la indigencia.

Y seguía entregando datos: “El 50% de la población económicamente activa, agoniza entre el desempleo y el subempleo, casi 6 millones de campesinos deambulan por las calles víctimas del desplazamiento forzoso. De 114 millones de hectáreas que tiene el país, 38 están asignadas a la exploración petrolera, 11 millones a la minería, de las 750 mil hectáreas en explotación forestal se proyecta pasar a 12 millones. La ganadería extensiva ocupa 39.2 millones. El área cultivable es de 21.5 millones de hectáreas, pero solamente 4.7 millones de ellas están dedicadas a la agricultura, guarismo en decadencia porque ya el país importa 10 millones de toneladas de alimentos al año. Más de la mitad del territorio colombiano está en función de los intereses de una economía de enclave.

“En nuestra visión, colocar sobre la mesa el asunto del desarrollo agrario integral como primer punto del acuerdo general remite a asumir el análisis de uno de los aspectos centrales del conflicto. El problema de la tierra es causa histórica de la confrontación de clases en Colombia. En palabras del comandante Alfonso Cano “las FARC nacimos resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza sistemáticamente el crimen político para liquidar a la oposición democrática y revolucionaria; también como respuesta campesina y popular a la agresión latifundista y terrateniente que inundó de sangre los campos colombianos usurpando tierras de campesinos y colonos” […] (1)

“Aquello que fue causa esencial del alzamiento armado y de una heroica resistencia campesina, a lo largo del tiempo se ha agudizado. La geofagia de los latifundistas acentuó la desequilibrada e injusta estructura de la tenencia de la tierra. El coeficiente GINI (2) en el campo alcanza el 0,89. ¡Espantosa desigualdad! Los mismos datos oficiales dan cuenta de que las fincas de más de 500 hectáreas corresponden al 0.4% de los propietarios que controlan el 61.2% de la superficie agrícola. Se trata de una acumulación por desposesión, cuya más reciente referencia habla de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a través de masacres paramilitares, fosas comunes, desapariciones y desplazamiento forzoso, crímenes de lesa humanidad, acentuados durante los 8 años de gobierno de [Alvaro] Uribe, todos ellos componentes del terrorismo de Estado en Colombia […]

Hasta aquí se retoma el discurso de Márquez del 18 de octubre del 2012.

Aunque se dice que las comparaciones son odiosas, bueno es leer los siguientes apartes de un artículo del diario francés Le Monde, con fecha del 31 de enero de 1965 (3). En este diario “liberal” se decía sobre Colombia:

“La clase dominante…

“Cada vez que el pueblo quiere tomar en sus manos la defensa de sus intereses, sus movimientos han sido reprimidos con sangre, y ello se ha dado desde la insurrección de los “Comuneros”, en 1781. (4) En cada ocasión, ante la protesta de un pueblo que reclama sus derechos, la clase gobernante se alía con la potencia dominante: con los agentes de la corona española, ayer; con los intereses estadounidenses, hoy. Esta minoría de poseedores y gobernantes está esencialmente formada por descendientes de los grandes propietarios latifundistas y negociantes de la época colonial, generalmente integrados hoy en día al gran capitalismo. Alrededor de ellos prosperan los capitalistas de origen reciente. Este pequeño número de familias representa un 4% de la población, pero se apropia de más del 40% de la renta nacional. Más del 60% de las empresas pertenece a menos del 1% de los industriales.

“En este país donde la población del campo predomina, ocho mil noventa propietarios poseen el 40.22% de las tierras cultivables, pero estos latifundistas sólo cultivan el 10% de esa superficie. Mientras que un millón doscientos mil campesinos comparten el 6.88% de las tierras cultivables.

“… Y su sumisión al capital americano…

“No sólo Estados Unidos monopoliza el comercio exterior colombiano, hasta imponiendo el precio del café -del cual depende la vida económica del país-, sino que interviene en todos los sectores financieros vitales para la soberanía de un país. Los acuerdos firmados con los monopolios petroleros estadounidenses obligan a Colombia a pagar en dólares el petróleo bruto extraído del mismo subsuelo colombiano, y necesario para el consumo interno. Además, en virtud de una controvertida cláusula, el impuesto pagado por esas compañías petroleras disminuye en la medida que aumenta la cantidad de petróleo extraído.

“Ante ello la alta burguesía colombiana ha adoptado una actitud complaciente, bien diferente de la violencia con la cual ella responde a las reivindicaciones de su propio pueblo […]

“Los orígenes de la violencia y la resistencia

“Porque un tal “orden social” no ha podido ser establecido y mantenido más que con violencia […] bandas de asesinos siembran el terror bajo el color de las luchas políticas de los partidos tradicionales (5): los pequeños propietarios son obligados a vender a bajo precio, o a dejar todos sus bienes para provecho de los políticos locales y de los grandes propietarios. Desde hace muchos años centenas de miles de campesinos han sido arrojados por la violencia a las montañas inhóspitas, o a la miseria en las ciudades. Se evalúa en 300 mil los colombianos que han muerto violentamente desde 1946 […].

“Desde hace un siglo la oligarquía controla la actividad política del país gracias a dos partidos políticos que se dicen hereditariamente enemigos (Liberal y Conservador). Mientras que la Iglesia Católica tiende a asegurar el control de las conciencias […]”

Al leer esos apartes del artículo en Le Monde, parece que la situación social, política, económica y de soberanía se hubiera detenido en Colombia. Es como si no hubieran pasado 48 años entre ese reportaje y el discurso del guerrillero Iván Márquez en Oslo.

Y por si aún no existe alguna sensación de consternación entre los lectores ante estos dos textos tan lejanos pero tan cercanos, para terminar propongo leer lo que reconoció a la revista colombiana Cambio, uno de los hombres más poderosos de Colombia y de América Latina en 1999, Julio Mario Santodomingo: “La guerrilla responde a una razón política que tiene que ver con la pobreza, con el atraso, con la falta de oportunidades y con distintas formas de persecución que ellos sufren.”

Hernando Calvo Ospina

Notas:
1) El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadista italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos en un país pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual.
2) Mayo 27 de 1964, es la fecha que se toma como la de fundación de las FARC. El mismo año surge el Ejército de Liberación Nacional, ELN.
3) “El ejército colombiano intenta acabar con « las repúblicas campesinas independientes »” (L’Armée colombienne tente de réduire “les républiques paysannes indépendantes”). Le Monde, París, 31 enero de 1965.
4) La insurrección de los Comuneros fue un levantamiento de los criollos contra la Corona española, motivado esencialmente para oponerse al aumento de contribuciones.
5) Partidos Liberal y Conservador, fundados a mediados del Siglo XIX.

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Entrevista a Ricardo Napurí, ex diputado constituyente y senador peruano: Ollanta Humala pasó de un nacionalismo proclamado a una posición de derecha

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)
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Mario Hernandez (MH): Ya está con nosotros Ricardo Napurí. Hace algún tiempo que quería comunicarme contigo porque a comienzos de diciembre en una nota firmada por el analista internacional Jorge Castro en Clarín da cuenta de una serie de datos en referencia a Perú, tema que nosotros hemos abordado en más de una oportunidad.
Señala que la inversión extranjera directa aumentó 60% en los primeros 6 meses de 2012, arrastrada por un porcentaje mayor en la industria minera donde creció un 75%. Perú crecería en 2012 un 6.5% tras haberse expandido un 6.9% en 2011, creciendo sostenidamente por 35 meses consecutivos con una tendencia al alza, sin inflación.
Habla de una nueva clase media centrada en los 500.000 emprendedores que han surgido en los últimos 20 años, sobre todo en la economía informal. Es el segundo productor de cobre detrás de Chile pero los costos de producción son un 30% menores que en ese país y la tasa de ganancia es el doble, de ahí que la inversión de las transnacionales mineras que son alrededor de 330 compañías, ascienda a U$S 50.000 millones a ejecutar en los próximos 10 años, lo que implica que la exportación de cobre se multiplicará por cuatro en la próxima década convirtiendo a Perú en el primer exportador mundial.
Una situación económica floreciente la que describe Jorge Castro que recordarás fue asesor del ex presidente Carlos Menem y que contrasta con comentarios que hemos hecho de la realidad peruana en más de una oportunidad por estos micrófonos.
Me gustaría que pudieras clarificar a nuestros oyentes sobre la lectura de estas cifras.

Ricardo Napurí (RN): Las cifras son reales, lo cual no quiere decir que el análisis político sea correcto porque lo que hace Jorge Castro es econometría ya que mide la realidad de un país solo por el crecimiento económico.
Perú es quizás el tercer país minero más importante del mundo. El 80% de sus exportaciones son de minerales, algunos de punta como el cobre, la plata y el oro. La producción minera es muy diversificada. Eso es totalmente cierto. Lo que no menciona es que en la concepción liberal estas inversiones millonarias no producen ningún derrame. La explotación minera es de tajo abierto, es decir, no es de socavón, se hace con poca gente y el deterioro de la naturaleza es muy grande.

Detrás de estas cifras de crecimiento hay una depredación humana y de la Naturaleza

MH: Tema del que hablás con el conocimiento que te da haber sido minero en tu juventud.

RN: No solo fui minero sino también organizador en el sur del país a través de la mina de Cuajone de un movimiento de resistencia al acuerdo que había hecho el gobierno militar con una empresa multinacional para hacer una explotación estratégica de la zona. La recontraconozco.
En la zona de Moquegua fue destruido todo. El agua se secó, la agricultura desapareció, de tal manera que la lucha ecologista en el Perú es muy antigua. Ahora en Conga, tema del que te has ocupado en varias oportunidades, están protestando los naturales, incluso las regiones, porque la inversión es minera pero lo que no dicen es que detrás viene la desolación.
En Perú no hay prescripciones en el sentido de exigir condiciones técnicas, de tal manera que las compañías mineras vienen a depredar. Perú es visto como una zona de depredación de la naturaleza por las mineras que tienen altos rendimientos.
Hay 30 muertos por resistir a la minería y alrededor de 60 heridos graves en los 3 o 4 enfrentamientos que hubo por la defensa del medio ambiente. Esa es la realidad.
Tampoco se dice, porque a las clases dirigentes no les interesa, que en Perú el 60% de la gente es pobre. Esos 10 años de crecimiento al 8/9% del PBI y la inversión minera no han producido derrame ni bienestar social. Hace 20 años que no aumentan las jubilaciones. El salario no ha variado fundamentalmente y es la cuarta parte del valor calculado de la canasta familiar. Del 60% pobre, la mitad vive por debajo de la línea de la pobreza. No varió un ápice su situación y tengamos en cuenta que el gobierno actual levantó como bandera, llamándose nacionalista, chavista, en los primeros momentos de su gestión política, la lucha contra el neoliberalismo y la explotación minera de tipo genocida. También levantó otras banderas reformistas importantes pero, ¿Por qué estos gobiernos o personajes que tienen conciencia de la depredación que produce la inversión minera abandonan esas postulaciones para capitular ante las compañías?
En otras entrevistas que me hiciste te dije que Ollanta Humala sentaba prácticamente todo su programa de gobierno en una política asistencialista sobre la idea de rescatar entre 3000/5000 millones de dólares de las compañías mineras de los contratos firmados por sus antecesores, Fujimori y Alan García, de carácter depredador. Se comprometió a obtener ese dinero y de eso dependía gran parte de su gestión de gobierno asistencialista. Llegado a la presidencia las transnacionales lo pararon en seco y le dijeron que no había ninguna garantía que los precios no bajaran y lo más importante era mantener Perú como país minero y que la inversión minera no había que rechazarla, entonces Ollanta capituló y se convirtió en un gobierno que de un nacionalismo proclamado pasó a una posición de derecha alineándose con los gobiernos de Chile, Colombia, Panamá y México en el Frente del Pacífico con EE. UU. y abandonando su programa electoral.
Los análisis económicos no se pueden hacer fuera de la realidad social y política de un país, mucho más si es andino y minero como Perú, donde hay que preguntarse si la minería es favorable o no a las grandes mayorías populares.
La clase media ha crecido en forma exponencial porque se ha beneficiado como en Argentina y otros países del boom económico, en el caso del Perú, minero, pero los sectores postergados son más pobres y marginados que nunca. Pero a ellos no les interesa la realidad social, solo el crecimiento económico, por eso tenemos que alertar que detrás de las cifras que ubican a Perú como un país de punta en el crecimiento, seguramente garantizado por muchos años, hay una depredación humana y de la naturaleza de tal magnitud que la resistencia popular ya es muy fuerte y todo anuncia una radicalización mayor ante la exclusión de las grandes mayorías populares de todo proyecto de bienestar.

Ollanta Humala y Keiko Fujimori son dos personajes extraños a la política

MH: Estaba leyendo que en relación a las futuras elecciones de 2016, aunque me parece un poco anticipado, las dos personalidades que encabezan las encuestas son mujeres: Keiko Fujimori y la esposa de Ollanta Humala, Nadine Heredia.

RN: Ollanta no puede ser reelecto y prepara a su mujer para que lo suceda asesorada por Favre, un analista político, hermano del argentino Jorge Altamira, que trabaja para Brasil, preparándola pacientemente para que sea una especie de nueva Evita o Cristina en la realidad peruana, a los efectos de poder derrotar a Keiko Fujimori que sorprendentemente tiene un 25% de votos cautivos. Su padre hizo un gobierno depredador, asesino y entreguista pero se cuidó muy bien de hacer un populismo en un país miserable como Perú donde la gente no tiene nada y darle un poco de agua, comida y alguna cosita más es una novedad. El lo hizo y por eso su hija tiene un 25% de votos cautivos, sobre todo en Lima.
Ollanta Humala trata de construir la figura de su esposa para ganarle. El telón de fondo es la realidad peruana, la crisis política brutal, social, el retroceso de las izquierdas, después de la derrota de Sendero Luminoso y de la izquierda institucional parlamentaria que ha determinado que aparezcan personajes como Humala, un oscuro mayor del ejército incluso sospechado de crímenes de lesa humanidad o Keiko, que es la hija de un presidente corrupto y asesino, que se han colado por la brecha y son votados. En el caso de Keiko porque puede apoyarse en los votos cautivos de su padre y en el de Ollanta porque prometió a los pobres y a las provincias una posición nacionalista y de rescate de la soberanía del pueblo en materia de los derechos fundamentales. Estos dos personajes son extraños desde el punto de vista de lo que podría ser un análisis culto de la política, pero son la expresión de la realidad presente.
En Perú hubo una derrota histórica importante después del gran ascenso de masas de los ‘70/80 que permitió que se cuelen estos personajes. Todo indica que los de abajo no tienen muchas opciones y se apoyan en quienes les prometen algo. El resto de los candidatos son oligarcas confesos y terribles. Hay un divorcio entre la conciencia popular mínima y esos liberales de ultraderecha, por eso se apoyan en estos dos personajes que hacen populismo, como lo llaman ahora, demagogia y les prometen el maná del cielo a los efectos de capturar sus votos. Por eso estamos presenciando la posibilidad de la disputa entre estos dos candidatos. El problema de la esposa de Ollanta es que la Constitución no le permite candidatearse por ser pariente del actual presidente, por eso se mueven en el sentido de un pacto político con el APRA y el fujimorismo para modificar la Constitución y poder ser candidata.
Ese es otro capítulo de la oscuridad de la vida política del país que ha devenido, como en otros casos en América Latina, en una ética política de baja estofa por la cual un pacto permitiría la reforma constitucional para que la mujer de Ollanta pueda aspirar a la presidencia.

Ollanta está calculando con lápiz y papel fino el momento para indultar a Fujimori

MH: ¿Sería moneda de cambio el indulto a Fujimori?

RN: Por supuesto, está cantado. Lo han intentado varias veces, lo que pasa es que están negociando el momento y los tiempos para no pagar un costo político muy alto. Tienen que hacerlo en el momento oportuno, lo están calculando con lápiz y papel fino pero para los analistas políticos está perfectamente determinado que estos acuerdos ya existen sobre todo en el Parlamento y tendrían coronación en el momento de definir la reforma constitucional.
Sería un indulto sin sanciones para que Fujimori tenga la posibilidad de participar de la contienda política, es decir, un ladrón, asesino y genocida. Volvería como ya lo hiciera Banzer en Bolivia que de dictador pasó a ser presidente por vía democrática.

Bachelet fue una administradora de la herencia pinochetista

MH: Es indudable que en los últimos tiempos América Latina a partir de sus gobiernos progresistas, populistas o neo-desarrollistas ha estado a la vanguardia política mundial, sin embargo, empiezan a haber ciertas turbulencias, una zona peligrosa donde podría desperdiciar una vez más esta situación favorable que se le ha presentado en los últimos años. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

RN: Tu pregunta es buena porque hay una tendencia exitista de aceptar de la realidad lo que nos da. Todo el mundo repite gobiernos progresistas como loros pero no aclaran qué problemas enfrentan estos gobiernos en la realidad cambiante y cuál es el porvenir.
Por ejemplo, dicen Bachelet puede ser presidente, pero ya lo fue, reprimió a los estudiantes y fue una administradora de la herencia pinochetista, nunca se integró al Mercosur y Chile siguió perteneciendo al Bloque del Pacífico. No hay nada de progresivo, salvo que hiciera un cambio revolucionario si fuera presidente nuevamente.
En Argentina no se sabe qué puede ocurrir porque la derecha está muy activa. En Uruguay, Pepe Mujica y el Frente Amplio han administrado sin cambiar nada más que un tibio asistencialismo y la derecha puede volver al poder. Evo Morales siempre está jaqueado por la posibilidad de golpes diversos y la propia limitación de un país mediterráneo. En Ecuador la figura nacionalista de Correa no ha podido salir de la dolarización de la economía que se basaba en la venta de petróleo y las remesas del exterior que eran la segunda fuente de ingresos. Por la crisis europea las remesas prácticamente han desaparecido y el petróleo no es garantía, por eso está buscando desesperadamente inversión minera pero ya se encontró con la resistencia de los defensores del medio ambiente y los movimientos sociales lo cuestionan.
 Todos estos gobiernos tienen problemas en el cuadro de una realidad económica donde casi todos los analistas coinciden en que la crisis mundial va a durar mucho tiempo todavía. No hay para ninguna economía la garantía de un período de ascenso. En ese cuadro los problemas nacionales vana a ser múltiples. Uno no puede analizar a estos gobiernos progresistas fuera del contexto de la realidad mundial y de las relaciones de clase porque se van a encontrar con resistencias de los de abajo porque en casos como los de Perú o Chile el reparto de la riqueza es totalmente desigual. Van a ser un sándwich entre la presión de la derecha, los mercados y el imperialismo y los sectores populares. No hay ninguna garantía que estos gobiernos puedan mantenerse.
El caso de Venezuela es notable porque se ha mantenido con una política de reformas avanzadas pero es un país al que han ingresado 70.000 millones de dólares por petróleo. También su economía depende de los juegos del mercado mundial. Si hay un retroceso en los precios se va a acusar internamente.
El otro hecho que le ha costado prácticamente la vida a Chávez fue ganar una elección porque la derecha tiene casi la mitad de los votos, o sea que por esa vía de la reacción democrática, en la medida que estos gobiernos reformistas no cambian las instituciones, pueden recapturar el poder democráticamente como lo perdió Daniel Ortega en Nicaragua en manos de Violeta Chamorro en su momento.
No hay que ponerse contento diciendo ¡qué lindo que hay gobiernos progresistas frente a los liberales! Sino que la realidad compleja del mundo indica que vienen momentos graves y hay que analizar qué porvenir tienen y si serán capaces o no de satisfacer las demandas populares cada vez más urgentes en un mundo capitalista que se derrumba.

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Bárcenas, Sanchís y la agricultura del siglo XXI

Vicent Boix

Con los recientes escándalos que apuntan al ex tesorero del PP, Luís Bárcenas, se ha podido saber que este es socio de una empresa agrícola situada en Argentina llamada La Moraleja SA. Ángel Sanchís, ex diputado, también ex tesorero del mismo partido y amigo de Bárcenas, es el presidente de esta compañía, que posee 30.000 hectáreas en las que se siembran limones, trigo, maíz, hortalizas, etc.

Este artículo no pretende analizar ni ofrecer datos nuevos sobre la variante más escandalosa de todo este asunto: los créditos otorgados por el gobierno de Aznar a una empresa de coleguitas de partido situada a miles de km. de la península. Más bien se pretende confrontar los dos modelos agrícolas predominantes, que además resultan ser incompatibles el uno con el otro.

Modelo agrícola local y social: en vías de extinción.

Es el que practican millones de agricultores en el mundo. El que repartía la riqueza y mantenía vivo el tejido rural. El compuesto por pequeños y medianos minifundios que generan trabajo y alimentos para el consumo local, nacional y también internacional. Es el modelo que sucumbe ante las políticas neoliberales apadrinadas en los últimos lustros por el PP y el PSOE, que en el estado español han y están expulsando a cientos de miles de agricultores. Es el que podría y debería potenciarse en tiempos de crisis como una posible salida laboral.

En el estado español, este modelo está en decadencia ante la manifiesta falta de rentabilidad originada por los bajos precios de compra que imponen los intermediarios, la distribución y los supermercados. Todas las organizaciones agrícolas y ganaderas sin excepción, han coincidido en señalar este hecho como el principal causante de la sangría en el campo español. Ante ello llevan años solicitando la intervención del estado para que se establezcan precios mínimos de compra. El problema es que en esta democracia no manda la gente, sino el Dios mercado.

Modelo “agrodarwinista”, global y corporativo: en clara expansión.

Con él ya no es importante generar trabajo y comida, sino obtener beneficios y ser competitivo aunque se genere hambre y abandono de tierras en millones de personas. Con este modelo, unos eslabones de la cadena agroalimentaria están dominados por unas pocas transnacionales que venden semillas o agroquímicos. Otro está infestado de especuladores e inversores, cuyas acciones financieras han originado el incremento de los precios de los alimentos en los mercados de futuros. Y uno más está controlado por intermediarios y distribuidores que comercializan y venden la producción agraria.

El único eslabón que permanecía exento de los depredadores era precisamente la tierra. Pero desde hace unos años se ha constatado un fenómeno denominado acaparamiento de tierras, en el que inversores, transnacionales y empresas privadas y públicas están adquiriendo millones de hectáreas especialmente en África aunque también en América Latina (Argentina, Brasil, etc.). Además también se apropian de otros recursos como el agua, para que sus explotaciones industriales estén bien irrigadas aunque luego los campesinos no puedan regar las suyas.

No deja de ser paradójico que mientras millones de agricultores europeos abandonan la tierra, algunos inversores deslocalizan la producción agraria hacia países empobrecidos cuyos campesinos y habitantes son expulsados de sus tierras para que ellos puedan emprender sus proyectos agrícolas. Lógicamente no pretenden combatir un hambre que ayudan a generar, sino que siembran alimentos y sobre todo agrocombustibles que luego se exportarán a Europa, China, USA o los países árabes.

Los más atrevidos argumentarán sobre este modelo, que la vida es así y que solo los más aptos están condenados a sobrevivir y triunfar, como dijo en su día el graduado en teología Charles Darwin. Y de los menos aptos, ya se encargarán la FAO, las ONG’s caritativas y los religiosos que rezarán para que los pobres ganen en el cielo las parcelas que les son usurpadas en la tierra.

Acuerdos comerciales y corredores.

El PP y el PSOE han defendido y apoyado el Acuerdo Bilateral entre la UE y Marruecos para liberalizar el comercio de productos agrícolas y pesqueros. A grandes rasgos y sin entrar en detalles, el acuerdo consiste fundamentalmente en la liberalización del comercio mediante el desmantelamiento arancelario, para que los productos agroalimentarios puedan fluir con más facilidad entre las dos regiones.

La embajada española en Marruecos ha alentado la inversión agrícola española en el país africano. Mientras, todas las organizaciones agrarias españolas que representan a cientos de miles de agricultores, se han posicionado en contra de este acuerdo porque permitirá la entrada de unos productos más baratos cultivados en una región con unas políticas fiscales, laborales y ambientales más laxas, y por tanto, con un precio de coste más bajo que los sembrados en el estado español. Que nadie piense que los pequeños agricultores marroquíes se beneficiarán, pues en algunos casos también han sido expulsados de sus tierras y en cualquier caso este pastel agroexportador está horneado para inversores extranjeros y terratenientes locales.

Con las tierras acaparadas y las barreras comerciales derribadas, solo queda por resolver el apartado logístico, y para ello, las autoridades analizan dos posibles corredores (el “central” y el “mediterráneo”). Existe un debate para ver cuál de los dos es el más conveniente, pero en ambos casos el punto de partida es el puerto de Algeciras, situado a escasos kilómetros de África. A pesar de las benevolencias que se han dicho sobre estos corredores, no hay duda de que esta infraestructura que pagaremos entre todos permitirá el transporte y el comercio de productos agrícolas africanos, que dejará sin trabajo y futuro a los campesinos de aquí y a los de allá.

Cuestiones morales.

No se conoce una plaga más dañina para el campo español que la política agraria emprendida por el PP y el PSOE. Ambas formaciones han tomado decisiones estructurales que lo han masacrado y destrozado, mientras han ignorado y desoído la voz del agricultor -y votante- representada por las organizaciones agrarias.

Claro, ahora este agricultor que se quema la piel bajo el sol, que tiene las manos cubiertas de callos, que paga impuestos en su nación, que genera puestos de trabajo en su ciudad y que desde hace años el llegar a final de mes le supone un auténtico malabarismo, observa cómo se lucran de la deslocalización de la producción agraria los altos ex cargos públicos Luís Bárcenas y Ángel Sanchís, fomentando a la vez en América Latina un modelo agroexportador que ha causado estragos.

Si le parece extraño que la clase política no controle los precios de compra que le arruinan, si le acongoja la futura invasión de cultivos africanos en manos de inversores, ahora ¿qué esperanza le queda tras ver que algunas ex figuras políticas se benefician de un modelo que a él lo exprime y lo deja sin futuro? Pero ¿a quién narices le quedan ganas de ser emprendedor con semejante marabunta hispánica?

Vicent Boix es investigador asociado de la Cátedra “Tierra Ciudadana - Fondation Charles Léopold Mayer”, de la Universitat Politècnica de València. Autor de los libros El parque de las hamacas y Piratas y pateras.

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Carta abierta a la presidente Cristina Fernández de Kirchner: Represión y muerte de ciudadanos argentinos miembros del Pueblo Qom

Carta Abierta a la
Excma. Sra. Presidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández

CC: Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Julio César Alak
Sr. Presidente del INAI, Dr. Daniel Fernández

Ref: Represión y muerte de ciudadanos argentinos miembros del Pueblo Qom.

Viernes 18 de enero de 2013

Como es de público conocimiento, en los últimos tiempos se produjeron diversos hechos en los que resultaron muertos miembros del Pueblo Qom de las provincias de Chaco y Formosa, y que hasta hoy no han sido investigados satisfactoriamente.

Entre ellos, pueden citarse los casos de:

* Roberto López, muerto en la represión policial del 23 de noviembre de 2010 a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), Pcia. de Formosa.

* Mario López, dirigente pilagá de Colonia Alberdi y delegado del MoCaFor que se dirigía al día siguiente a expresar su solidaridad con Potae Napocna Navogoh, muerto tras ser atropellado por un policía.

* Alberto Galván, jornalero Qom perteneciente a la comunidad Paraje El Colchón, cercana a Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a tiros y arrojado a las pirañas el 21 de enero de 2011.

* Mártires López, dirigente de la Unión Campesina, muerto el 14 de junio de 2011 en circunstancias dudosas, luego de ser atropellado dos días antes por un vehículo mientras circulaba en su moto por la ruta en Libertador General San Martín, Pcia. del Chaco.

* Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Coyipe de 11 meses, también miembros de Potae Napocna Navogoh, muertas el 10 de diciembre de 2012 tras ser atropelladas por un gendarme quien no sólo no las auxilió sino que junto con sus acompañantes golpeó a Ricardo Coyipe, dirigente Qom y esposo de Celestina, para impedir que, aun estando malherido, les prestara ayuda.

* Imer Flores, de 12 años, miembro de la comunidad Qompi Naqona’a de Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a golpes por una patota el 5 de enero de 2013.

* Daniel Asijak, 16 años, sobrino del qarashe Félix Díaz de La Primavera, muerto en circunstancias dudosas mientras circulaba por la ruta en su moto, el 9 de enero de 2013.

También resultaron víctimas de hechos violentos, siendo gravemente heridos aunque no fallecidos, el propio Félix Díaz, atropellado el 9 de agosto de 2012 por un vehículo 4 x 4 propiedad de la familia en conflicto con su comunidad; su hijo Abelardo Díaz a quien un grupo de matones intentó degollar el 28 de junio de 2012; Samuel Garcete, un hombre de 48 con 9 hijos, perteneciente a la misma comunidad de Formosa, quien aún no se repone de las graves heridas recibidas en la represión del 23/11/2010; en los últimos días (12 de enero de 2013) se conoció un nuevo ataque a otro joven, Gerardo Rodríguez, en el Paraje El Colchón, Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco y a Omar Ávalos, de la comunidad Potae Napocna Navogoh quien fue atacado por varios criollos en el pueblo Laguna Blanca de la Pcia. de Formosa.

Todos los fallecidos eran ciudadanos argentinos pertenecientes al Pueblo Qom y han muerto en circunstancias dudosas, o asesinados. Tres de estas personas eran niños: Natalia Lila de 11 meses, Daniel Asijak de 16 años e Imer Flores de 12 años.

A lo anterior deben sumarse las amenazas verbales y ataques permanentes que sufren los miembros de estas comunidades, la quema sistemática de sus documentos y pertenencias, y otras acciones destinadas a atemorizar y a potenciar la impunidad de los criminales. Hace tan sólo unas horas se conoció el ataque y las amenazas sufridas por Héctor Alonso, también miembro de Potae Napocna Navogoh.

En la mayoría de los casos se han visto involucrados miembros de las agencias de seguridad estatales, que debieran salvaguardar, no amenazar, la integridad de todos los argentinos.

Todos estos casos han sido denunciados y están o debieran estar siendo investigados por los organismos correspondientes. Sin embargo, la reacción de los respectivos estados provinciales y de la justicia ha sido dispar, evidenciando lamentablemente en muchos casos llamativa indiferencia o incluso negligencia respecto de los crímenes cometidos contra indígenas en sus respectivos territorios.

A pesar de que existe un organismo específico, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que debiera poder intervenir en los casos señalados, nos encontramos ante una escalada de violencia donde se exhibe la poca o nula capacidad de acción del Estado para arbitrar adecuadamente estos conflictos, violencias y abuso de derechos que hoy sufren estos Pueblos.

Sabemos que la violencia hacia el Pueblo Qom no es un fenómeno reciente. Luego de las conquistas militares en la región las comunidades originarias de las actuales provincias de Chaco y Formosa fueron confinadas en territorios escasos y reducidos, en los cuales la violencia no se detuvo, y que en algunos casos, además, fueron escenario de nuevas represiones y masacres, ya no en tiempos de “conquista” sino de “paz”, vinculadas a la extrema explotación laboral y a las alianzas entre propietarios, fuerzas armadas y sectores políticos (por ejemplo, las llamadas masacres de Napalpí 1924, Pampa del Indio 1933-4, El Zapallar 1935, La Bomba 1947, entre muchas otras que además de estar documentadas, son resguardadas en la historia oral de las comunidades).

Hoy los tiempos han cambiado y los Qom, como otros Pueblos Originarios, participan de muchos de los derechos de los ciudadanos argentinos, y se les reconocen derechos específicos en su calidad de Pueblos Indígenas (erróneamente llamados a veces minorías étnicas), como los de participación y consulta sobre los “intereses que los afecten”. Sin embargo, y a contramano de estos reconocimientos, las comunidades son constantemente presionadas para que abandonen los reducidos terrenos en los que fueron confinadas tras la conquista militar.

Y aquí es donde queremos llamar especialmente la atención de la Presidencia, ya que se trata de un problema de extensión nacional y que se ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes: Todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y aunque en menor medida, el turismo. Muchas de ellas habían denunciado amenazas y abusos de la gendarmería nacional y distintos grupos armados, tanto policiales como parapoliciales. Los accidentes dudosos y los asesinatos han recrudecido en los últimos tres años, período en que las denuncias hechas por integrantes del Pueblo Qom se han hecho más visibles. Esto se debe a que los grupos armados que obedecen a empresarios y terratenientes actúan con impunidad, sin ser sometidos a investigación alguna y sin ser condenados por sus crímenes.

En todos estos casos, además, tanto los sobrevivientes de ataques similares como los familiares de las personas fallecidas señalan elementos de odio racial y xenofobia como una constante en el marco de estos ataques. Obvia decirlo, el odio racial no es un elemento aislado y propio de los victimarios, sino que es parte, lamentablemente, de un contexto que precede y posibilita tanto la ejecución de los crímenes como su impunidad.

La realidad de estas provincias que en estos días nos preocupa especialmente, tiene puntos en común con la de otras partes del país. Esto se debe a las condiciones que estructuraron las relaciones entre los Pueblos Originarios en todo el territorio, y la sociedad no indígena. Los Pueblos Indígenas poblaban el país originalmente y sufrieron todas las consecuencias negativas, durante la conquista y luego con la colonización, que sufren aquellos que pierden las guerras territoriales. Durante el siglo veinte perdieron los últimos rincones de sus territorios y fueron obligados a sedentarizarse, o a vivir en colonias y reservas, en la mayoría de los casos obligados a vender su mano de obra en los ingenios azucareros, en las plantaciones de algodón o en las estancias de la Patagonia. En adelante, cobraron y cobran los peores salarios, sufrieron y sufren toda clase de injusticias, se morían y se mueren de enfermedades evitables como la tuberculosis, la leishmaniasis y las derivadas de la desnutrición, y han estado por décadas completamente arrojados al capricho de las patronales y sus mediadores.

Aún desde esta realidad estructural, los Pueblos Originarios compartieron con el resto de los argentinos muchas de sus luchas por la justicia. Hacia la década de 1970 surgieron agrupaciones políticas formadas por militantes indígenas, muchos de ellos integrados con partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales de orientación popular, que además reivindicaban sus derechos culturales, económicos y sociales como indígenas. La dictadura cívico-militar golpeó y desarticuló parcialmente el movimiento indígena, que también luchaba por un mundo mejor, y varios de sus referentes fueron detenidos, desaparecidos y/o partieron al exilio. Hoy y desde el regreso de la democracia a nuestro país, reconocemos importantes avances, a tono con los foros internacionales, porque los Pueblos Indígenas resurgieron como nuevos sujetos de derechos humanos, entre los que se encuentran, reconocidos por la Constitución de nuestro país, el derecho a permanecer en sus territorios tradicionales con títulos legales y a gestionar los mismos bajo sus normas y costumbres. Vale además anotar que los Pueblos Indígenas no sólo son objeto de referencia de estos derechos sino que su palabra, a través de sus intelectuales, dirigentes políticos y líderes religiosos, enriquece, interpela y ayuda al resto de la ciudadanía a construir una sociedad mejor.

Sin embargo, en el norte de la Patagonia, los grupos económicos líderes, ligados a la explotación minera y petrolera, provocan de modo directo (por la violencia) e indirecto (por la contaminación del medio, la desocupación y la ruptura del entramado social) la expulsión de las familias del Pueblo Mapuche, que llevan una larga lucha sin haber sido escuchadas. Más aún, sus reclamos son sistemáticamente criminalizados, y son numerosos los dirigentes que en los últimos años –por dar el último caso, la comunidad Winkul Newen, cercanos a Zapala, el 28 de diciembre próximo pasado- vienen siendo detenidos y/o procesados, cada vez que se resisten a ser desalojados de sus campos. Es evidente que hoy, la principal respuesta que está dando el Estado a los reclamos indígenas por la defensa de sus tierras es la violencia y la represión, y estas comunidades, las más activas y organizadas políticamente, las que más luchan por la vigencia de sus derechos constitucionalmente reconocidos, pasan a vivir en peligro permanente.

Así, la comunidad de Chuschagasta en la Pcia. de Tucumán continúa esperando justicia por el alevoso asesinato de Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 a manos de un terrateniente.

También aquellas comunidades indígenas que reclaman por sus territorios en forma conjunta con organizaciones campesinas, como sucede con aquellas nucleadas en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) o el Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), son hostigadas y periódicamente sacrificadas ante el avance de la propiedad privada (el mencionado Mario López del MOCAFOR, en 2010; y en Santiago del Estero, Sandra Juárez, fallecida de un paro cardíaco frente a las topadoras el 13 de marzo de 2010; Cristian Ferreyra, campesino lule-vilela de San Antonio, asesinado el 16 de noviembre de 2011 a los 23 años; y Miguel Galván, campesino lule-vilela apuñalado en Simbol, en septiembre de 2012, estos últimos por sicarios reconocidos).

Lamentablemente, como Ud. sabrá, la lista de casos y víctimas en los Pueblos Indígenas es larga y no se agota en lo que aquí presentamos. Las incursiones armadas de particulares y parapoliciales en sus territorios, con intenciones de amedrentamiento, así como los ataques sexuales a sus jóvenes, niñas y niños, son moneda corriente en todo el país. Por eso apelamos a usted, para que utilice los recursos materiales y políticos de su gobierno para frenar esta situación. Si los gobiernos provinciales no pueden sacudir estas estructuras, debe ser el Estado nacional el que realice el cambio necesario. Si en un país como el nuestro, poblado por decenas de Pueblos Indígenas que son parte de la ciudadanía, se permite que se los siga asesinando, o que aparezcan muertos en situaciones altamente sospechosas y no se ponen todas las herramientas posibles a favor de la verdad, queda claramente afectada la política de derechos humanos que la mayor parte de la sociedad saluda, apoya y acompaña.

Por todo esto, si bien no ignoramos la complejidad y antigüedad de la situación, reclamamos hoy al gobierno nacional y a los provinciales la implementación de medidas urgentes y decididas para:

• Utilizar todos los elementos a su alcance para que se haga justicia, en todos estos casos; incluyendo que se adopten medidas de reparación concreta y simbólica y que se garantice el trato debidamente respetuoso hacia sus dirigentes. La reparación debe partir del reconocimiento del genocidio histórico cometido contra los Pueblos Originarios, cuyas consecuencias se prolongan hasta nuestros días.

• Intervenir en la estructura sociopolítica y socioeconómica en la que se insertan las comunidades, dado que está comprobada la relación entre la promoción de los agronegocios, la explotación minera y petrolera, las concesiones inmobiliarias y turísticas, etc. y el incremento de la violencia contra los Pueblos Originarios. Frente a esto, existe legislación suficiente que dispone la consulta previa a estos Pueblos, a través de sus autoridades tradicionales, toda vez que se propongan planes de estas características que afecten sus territorios. El Gobierno nacional, así como los provinciales, tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Constitución así como del Convenio 169 de OIT, entre otros acuerdos internacionales a los que la Nación adhiere, como un paso inicial en la evitación de la violencia económica y social.

• Intervenir en el contexto social para disminuir las acciones y discursos racistas, especialmente en los medios de comunicación, en la formación de las fuerzas de seguridad y en las expresiones de los representantes políticos, pues es imperioso reemplazar las ideas de superioridad racial y limpieza étnica que todavía perviven, por una pedagogía respetuosa de los derechos humanos y la vida.

• Por último, es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes, para que no se repitan NUNCA MAS. Para comenzar a revertir la violencia histórica y garantizar, en el marco de un Estado pluricultural, una política de Derechos Humanos que asuma, en relación con los Pueblos Indígenas, su responsabilidad en la búsqueda permanente de verdad y justicia.

La saludamos respetuosamente,

1) Diana Lenton, DNI 17901607, antropóloga, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
2) Diego Escolar, DNI 18053150, antropólogo, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Mendoza.
3) Gabriela Nacach, DNI 22302241, antropóloga, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
4) Lorena Cardin, DNI 22.110.057, antropóloga, Universidad de Buenos Aires.
5) Valeria Mapelman, DNI 21482309, documentalista, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
6) Luciana Mignoli, DNI 27.147.941, periodista, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
7) Marcelo Musante, DNI 23467808, sociólogo, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
8) Mariana Gómez, DNI 28170891, antropóloga, CONICET, Buenos Aires.
9) Ana Vivaldi, DNI 25188169, antropóloga, Universidad Columbia Británica, Vancouver, Canadá.
10) Alexis Papazian, DNI 25791317, historiador, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
11) Gerardo Raschcovsky, DNI 11154312, estudiante de antropología, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
12) Darío Aranda, DNI 25905483, periodista, Buenos Aires.
13) Osvaldo Bayer, DNI 4031317, historiador y periodista, Buenos Aires.
14) Ramón Navarro, DNI 12646312, músico, Asambleas Ciudadanas Riojanas, La Rioja.
15) Jorge Omar Steimbach, DNI 4579198, contador, Izquierda Socialista, Buenos Aires.
16) Luis Piaggi, DNI 13235403, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
17) Claudia Salomón Tarquini, DNI 22.676.405, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, La Pampa.
18) Luciano D'Addario, DNI 27727575, historiador, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
19) Nilo Cayuqueo, DNI 5516237, consultor en Desarrollo, Comisión Mapuche La Azotea, Los Toldos, Buenos Aires.
20) Florencia Roulet, DNI 14015409, historiadora, Buenos Aires, Ginebra, Suiza.
21) Ramón Minieri, DNI 5511376, escritor independiente, Departamento de Río Colorado, Río Negro.
22) Armando Aligia, DNI 11632231, físico, junta interna de ATE del Centro Atómico Bariloche, Río Negro.
23) Carlos Paz, DNI 22985982, historiador, FCH-UNCPBA, Tandil, Buenos Aires.
24) José Luis Pope, DNI 13988121, periodista, Trelew, Chubut.
25) María de los Ángeles Vivardo, DNI 20499490, docente y antropóloga, GCBA, Ciudad de Buenos Aires.
26) Marcelo Giraud, DNI 20112286, geógrafo, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.
27) Karen Avenburg, DNI 28549080, antropóloga, Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires.
28) Mónica Padin, DNI 11220972, arquitecta, Bariloche, Río Negro.
29) Marina Lenton, DNI 21480775, ingeniera forestal y docente, Lago Puelo.

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Los qom y la injusticia aluvional

Claudia Rafael (APE)

Son los nadies. Los hijos de los nadies. Los sobrantes. Los que esperan/desean/sueñan que llegará el tiempo en que el río no nos traiga más dolor. La frase –esa que se completa diciendo que llegará el color del monte a florecer nuevamente- era el cierre de la carta de los Qompi Naqona’a a la presidenta. Allí también decía que Andrés Silva murió por negligencia médica, Galván flotó en el río el 23 de enero de 2012, Imber apareció en la playa este pasado sábado 5 de enero de 2013, y el miércoles 10 de enero Pablo Asijak enterró a su hijo. Celestina y una bebé de diez meses, en sueños aparecen y nos hacen doler el alma. La joven violada en Espinillo sigue adoleciendo por la injusticia cometida.

La historia es larga. No es sólo ese niño magro que quiso ir a la fiesta de los estíos, allí en Villa Río Bermejito. Ni tampoco la beba, Lila Coyipé, que murió junto a su joven abuela, la Celestina. Ni siquiera la negligencia en uno, dos, diez, cientos de vidas mutiladas por el abandono. Ese que es ya tan largo en el tiempo que hay que bucear entre los días de la conquista y la colonia. Que se extendió en el tiempo de arrebatos de identidades y de sometimientos viejos. “Proveer a la seguridad de las fronteras”, decía la Constitución allá por mediados del siglo XIX. “Promover la conversión de ellos al catolicismo”, ordenaba. La seguridad y la conversión. Las dos grandes vertientes de la opresión. “Fue así como los pueblos indígenas fueron perseguidos, echados de sus territorios y confinados a misiones o a reservas de extensión significativamente reducida, disciplinados por misioneros o por patrones impuestos, obligados a abandonar sus rituales y a abrazar nuevos dioses”, escribe la antropóloga Lorena Cardin en
“Discriminación y derecho a la salud de los Pueblos Indígenas de la provincia de Formosa”.

“Hay una enorme brecha entre la ley y la realidad”, dice Cardin a APe. Ella trabaja desde hace más de una decena de años junto a los Qom. Reniega. Denuncia. Describe. “Lo único que uno sabe es lo que uno ve. Y cuando sale de la capital formoseña y recorre las comunidades, ve que no se fumiga contra el Chagas, por ejemplo. Ves las vinchucas. Nadie te lo tiene que contar. Y la gente se muere de tuberculosis. Dejan que las enfermedades avancen. Y, por sobre todo, hay una discriminación absoluta hacia los pueblos indígenas. La ves en la escuela, en los hospitales, en la sociedad en general”.

Los discursos grandilocuentes y las obras estructurales que inauguran unos y otros deambulan por una vía en perfecto paralelismo con el incumplimiento de los derechos. “Y la gente se educa, crece y se forma con una matriz cultural profundamente racista”. Ricardo Coyipe “en el velatorio, me narraba cómo estaba él tirado en la ruta, con su mujer muerta y la beba moribunda. Y también me contó que cuando el gendarme que lo atropelló con el auto se bajó él creyó que lo hacía para auxiliarlo, pero lo empezó a insultar, a patear y a golpear. Eso es un hecho. Hay una discriminación tan fuerte… este hombre que había sido atropellado y tenía a su familia ahí tirada no sólo no fue ayudado sino que fue agredido por el gendarme. Que iba con su padre, de apellido Cardozo, y que durante años y años han alquilado tierras a la comunidad de Ricardo”, desnuda Lorena Cardin.

*****

No hay inocentes en la historia. El gobernador Gildo Insfrán (kirchnerista de la primera hora) no está habilitado para decir “yo no fui”, “yo no supe”, “nadie me contó”. Infrán fue primero legislador y vicegobernador. Y asumió su primer mandato como máximo jefe del territorio formoseño en 1995. Y fue reelegido en 1999, 2003, 2007 y 2011.

Formosa tiene la más alta tasa de mortalidad materno infantil del país. Si las estadísticas absolutamente oficiales plantean que en 2010 la mortalidad infantil fue del 11.9 por mil en el país, en Formosa alcanzó el 17.8. Y la materna es ubicada a nivel nacional en el 4.4 por mil mientras que en Formosa es del 16.2.

Estas estadísticas son, sin embargo, absolutamente globales. No hay distinción entre pueblo “criollo” –como definen los originarios- y cualquiera de las comunidades indígenas. Allí, más allá de las fronteras políticas del país, la realidad es exactamente igual de un lado y otro. Lo mismo para los Qom de Potae Napocna Navogoh (La Primavera) o los Qompi Naqona’a, de Villa Río Bermejito. “Nos falta el alimento. Nos faltan casas. Nos falta agua. Nos falta justicia. Vivimos así porque los políticos no están con nosotros. Somos los olvidados. Hace muy poco el gobernador Capitanich inauguró el hospital. Pero no hay personal en el Impenetrable. No hay médicos en nuestros pueblos. No hay ambulancia. No hay comida para los enfermos. Cada año se mueren nuestros hermanos. Acá no tenemos tampoco trabajo. Yo hago changas. No un trabajo de todos los días. Es un día sí, otro no”, decía desde Chaco el carashe Edilberto Pérez a APe apenas unos días atrás.

No hay trabajo y –en Formosa al menos, dice Lorena Cardin- “no tienen ningún ingreso salvo pensiones por discapacidad. Tanto el Estado nacional como provincial reparten pensiones por discapacidad. Y entonces, hay que dar cuenta de que tenés un 80 % de discapacidad que obviamente no lo tienen. Hay una distribución clientelar y no hay generación de trabajo”.

Todo el sistema “los lleva a arrendar tierras comunitarias por las que están peleando y en las que quieren trabajar. Sin embargo, si no tienen los medios básicos de producción no lo pueden hacer. Primero fueron los algodoneros y ellos eran la mano de obra, cosecheros de sus propias tierras. Sobre todo en los 80 y algo de los 90. Después vino la soja y arrendaban a un valor de 200 pesos la hectárea. Si tenías 10 hectáreas, te daban como único monto 2000 pesos al año. Y ellos tenían varias cosechas anuales. Legalmente no pueden arrendar pero no tienen otros métodos para sobrevivir”.

La historia no es de hoy ni de ayer siquiera. Hay que bucear en los largos tiempos de la patria que asomaba y se perfilaba como Nación. “Eran cazadores-recolectores que nomadizaban por amplios territorios. Estaban un tiempo en un campamento. Se mudaban, iban a otros. Con el avance militar y de distintos frentes colonizadores su territorio se fue reduciendo significativamente. Los fueron corriendo, acorralando y después tuvieron que sedentarizarse. Después, básicamente en la zona de la comunidad Potae Napocna Navogoh, los toman como mano de obra para los ingenios azucareros, para los nuevos colonos y terratenientes con plantaciones de algodón. Tienen que dejar de cazar recolectar y emplearse como mano de obra”, cuenta a esta Agencia de Noticias. “Han sido reducidos a población sobrante en términos económicos. Y si bien son sujetos trabajadores, los mantienen ahí, con esas pensiones por discapacidad”.

*****

Allí crecen, deambulan, nacen a la vida con las marcas del desamparo que parió una colonización que persiste. Como Fermina, una entre tantos. Fermina González es una mujer de la comunidad qom-pilagá que vive con su familia en un container que abandonó una iglesia mormona. Tiene 35 años pero parece cargar una historia de decenas y decenas. Se le murieron cinco de sus niños. Hay quienes creen que los chiquitos de los pueblos del origen no mueren sino que son entregados a tráficos humanos. “Yo digo que no fue fallecido. Pero yo también tengo culpa que no puedo revisar el cajón antes de enterrarlo, si realmente es un bebé que me entregaron. Resulta que me entregaron un cajón cerrado, no se podía abrir (…) porque los doctores, las enfermeras siempre hacen el cambio del bebé”, decía Mauricio Paniagua, el marido de Fermina. El mismo que –con su español dificultoso- contaba que la enfermera, en el hospital, le decía “hay que bañar a la india”.

Los cinco niños de Fermina y Mauricio están danzando una danza interminable. Junto a Imer Flores, a Lila Coyipé, a Daniel Asijak, a tantos y tantos. Se ríen en algún territorio ya libre. Definitivamente libre, como ellos. Se ríen junto a los masacrados de Napalpí, allá por julio de 1924. Radiografía mil veces repetida a lo largo de la historia. “Procedan con rigor para con los sublevados”, había ordenado el gobernador chaqueño Fernando Centeno. Y arremetieron los Winchester y los Mauser en manos de la policía de gatillos demoledoramente fáciles. 200 qom muertos porque, simplemente, quisieron recibir un salario justo. Porque se alzaron y dijeron que no a la explotación algodonera.

Llegará el tiempo en que el río no nos traiga más dolor. Y el color del monte florezca definitivamente.

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Argentina: Pueblos originarios. Reunión con el secretario de DD.HH de la Nación: “Lo que nosotros queremos es la devolución de la tierra”

Laura Martínez Vai (ACTA)

Ayer en horas del mediodía, el qarashe (líder) Félix Diaz de la comunidad qom, mantuvo una audiencia con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. Entre otros, participó de la entrevista Verónica Huilipan, secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA.

Junto a diferentes organismos de derechos humanos se solicitó al funcionario una rápida intervención política del Gobierno Federal en la provincia de Formosa, tras los últimos asesinatos a miembros de la Comunidad “La Primavera”.

Dicha intervención deberá también tener “la voluntad política” de hacer valer el derecho constitucional que tienen los pueblos originarios sobre las tierras en donde viven y donde hoy se ven perseguidos, asesinados y amenazados sin respiro. La próxima reunión para viabilizar la resolución del conflicto será el miércoles 30 de enero a las 11 horas.

Ayer a las 13.00 el líder de la Comunidad qom, Félix Diaz, mantuvo un diálogo con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, con el fin de encontrar una solución a la ola de asesinatos que sufre actualmente la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) en la provincia de Formosa. También reclamaron por la tierra, el agua, la salud, la vida.

En dicho diálogo tres integrantes de la comunidad qom, Félix Diaz, Pablo Asijak y Rafael Justo fueron acompañados por miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Agrupación “Resistencia qom”, Amnistía Internacional, APDH, Verónica Huilipan de la Secretaría de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA, y representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público de Defensa.

A lo largo de tres horas de diálogo, donde se recalcó la novedad de ser la primera vez en que se coordina un acompañamiento de todos los organismos de derechos humanos en los reclamos de la comunidad qom, Fresneda dijo estar al tanto de todos los episodios graves, “pero no de los pormenores” de la realidad actual que sufre la comunidad y dijo haber “venido a escucharlos.”

“En la medida que pueda apuntar a la resolución de los conflictos, lo voy a hacer” –expresó- y dijo tener “un compromiso militante” con los derechos humanos, además de como secretario de Derechos Humanos.

A su vez, Félix Diaz, vocero de la comunidad qom, expresó concretamente: “Sabiendo que el problema es grave ¿qué es lo que se está haciendo? Eso queremos saber. La falta de voluntad política se dilata en el tiempo. Y mientras tanto, se van eliminando personas, integrantes del Pueblo qom. ¿En qué lugar nos encontramos dentro del Estado?” -interrogó-.

“El tema territorial es un tema central y hay silencio por parte de los organismos que tienen competencia. Las instituciones para la comunidad aborigen ¿dónde están? En este momento de tanto dolor, venir hasta acá es con mucha expectativa de que esto se solucione.”

Félix Díaz explicó al secretario de derechos humanos que “desde el diálogo de 2011 hasta finales de 2012 no se ha solucionado nada. Y siguen muriendo hermanos y habiendo problemas de agua y consecuentemente, de salud.”

“El problema es territorial” –expresó el qarashe de los qom - “mientras no se solucione va a seguir habiendo problema. El reclamo es la devolución del territorio con los recaudos necesarios para que la comunidad siga viviendo dignamente. Y lo desesperante es la persecución que se está haciendo a mi familia. Ya tenemos cuatro muertos con la medida cautelar ¿Quién se anima a decir qué es lo que está faltando para resolver este problema? Juntos venimos a exigir respuesta a éste problema. Si no ¿cómo puedo dar respuesta a mi pueblo? A través del diálogo; la base para poder conocernos, qué es lo me pasa y qué es lo que le pasa a las instituciones. Llego hasta acá sin ser escuchado. ¿Qué autoridad puede intervenir?”.

En respuesta a éste reclamo Fresneda replicó que “son muchos los puntos y yo tengo la sensibilidad y la comprensión con el caso.” Y solicitó “un punteo de la problemática de ustedes de mayor a menor para profundizar el problema territorial. Entiendo que las muertes fueron en función del problema territorial”.

Rafael Justo, de la comunidad qom, explicitó al funcionario: “Te pedimos facilitar todos los trámites. Hemos acudido al INAI ( Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y al Ministerio de Desarrollo Social, pero la mentira nos perjudica. El gobernador sabe que el agua está contaminada. Que vayan los técnicos a comprobar. El tema de la salud, que es uno de los problemas con el tema del agua, a su vez tiene que ver con el territorio: el indígena que antes bebía agua del charco ahora no puede porque está contaminada. Y donde antes pescaba ahora es privado. En los hospitales no tenemos pediatras. No tenemos nada”.

Por su parte, Pablo Asijak, padre del joven qom de 16 años asesinado recientemente, expresó: “ No están resolviendo nuestra situación. Yo estoy llevando la carga a pesar del hijo que me mataron. Hasta en este momento somos perseguidos. Hay que canalizar lo que pide Félix, lo que está atrás de todo esto. Lo más triste del informe de la policía es que dice que nosotros pudimos conversar con nuestro hijo. ¿Cómo puede hablar alguien inconciente? Ahí me dí cuenta: acá, a partir de hoy, estamos solos. Estamos huérfanos. Vamos a seguir muriendo. Ahí van a llegar los derechos humanos”.

Pablo Pimentel, de la APDH, agregó al pedido de la comunidad: “Falta una decisión política. Con el mayor de los respetos tenemos que aplicar los derechos humanos acá, para dar vuelta la página de lo que todos los gobiernos han hecho con respecto a los pueblos originarios. Hubo un espacio de diálogo que no se valoró, y atacar el tema de fondo es una decisión política”.

Por su parte, Fresneda, reconoció tener claro que “esto atiende a las corporaciones, porque pierden guita a lo loco al devolver la tierra a los pueblos originarios. Esto lo tengo clarísimo”. Y pidió nuevamente “desagregar los conflictos, ir evaluando uno por uno para trabajar sobre las medidas cautelares y la Gendarmería.” “Hablar con el gobernador (de Formosa) puede traer problemas entre Nación y provincia”, -explicó- y dijo estar dispuesto a que “reaunudemos el diálogo”.

Finalmente, Verónica Huilipan, secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA e integrante del ODHPI (Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios) expresó: “Nos están entregando al mercado. Los mayores enemigos de los pueblos originarios son los gobiernos provinciales. Esto es lo que irrita: que es consecuencia de una definición política. Pero, entendiendo la cuestión de fondo, se necesita un gesto, solo un gesto. Y nosotros vamos a colaborar para que se entienda la pluralidad. No queremos gendarmes en la zona porque son los más racistas, los más anti-qom. ¿Qué órgano técnico puede ir a controlar qué pasa con la obra, si el agua está contaminada, con qué está contaminada? ¿Qué condiciones habría para que acompañe a la comunidad en ese sentido?”.

“Nosotros necesitamos que en el corto plazo se haga la intervención de la provincia” -solicitó Pablo Asijak- “Pueden matarme directamente a mí. La única salida es que se intervenga. El pueblo va a estar felíz. Queremos que nuestros hijos sean respetados. Que la comunidad sea respetada”.

A lo que Rafael Justo agregó: “Lo que nosotros queremos es la tierra. La devolución de la tierra. Están pisoteando los derechos humanos y los derechos indígenas. Ahora la tierra en la cual nosotros vivimos la consideran fiscal. Esa es nuestra preocupación. Y según la Constitución Nacional es nuestra. Pero no se ha hecho nada. Cómo me gustaría que todas las instituciones encargadas de dar solución a los problemas indígenas estuvieran acá, resolviendo los problemas. Nosotros que vivimos ahí, somos parte de esta naturaleza, somos qom argentinos. No saben el valor que nosotros damos a esta tierra, a la madre tierra. Cuando nos sacan un pedazo de tierra es como si me sacaran un brazo. Nadie escuchó el reclamo de la comunidad. Cuando cortamos la ruta dicen “otra vez estos indios”. La inseguridad quiere adueñarse de los nuestro. Existen las leyes, peo no se aplican. Queremos que se vaya la inseguridad. Queremos ser libres. Que se nos respete como ciudadanos argentinos, como lo que somos. La integridad física de los pueblos, no sólo los indígenas”, concluyó.

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País adentro: "En San Eduardo también se cuecen habas..."

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

En San Eduardo, pequeño poblado del sur de Santa Fe, viven 700 personas. Hace poco una radio FM empezó a transmitir en esa localidad, y allí en Radio Unión 91,1 Mhz los sábados de 10,30 a 12 hs, un colega se hace preguntas propio de un periodista comprometido y crítico. Con Sandro Arrién describimos un "San Eduardo" donde también se "cuecen habas"...



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La AFIP, el Banco Central y el gobierno de Salta comprometidos en un desfalco del partido de gobierno del Estado español

PRENSA OBRERA (especial para ARGENPRESS.info)

La corruptela del PP de España y sus administradores, el ex Tesorero de apellido Sanchis y el actual Bárcenas, que a lo largo de un par de décadas giraron a la empresa La Moraleja (segunda agroindustria de la provincia de Salta) más de 45 millones de euros, compromete al Banco Central de Argentina, a la AFIP y al gobierno de Salta en un caso de lavado de dinero internacional. La provincia norteña, en especial, se ha convertido en un paraíso fiscal, con la complicidad de sus gobiernos y de las autoridades monetarias y fiscales.

La llamada promoción industrial y más recientemente la nueva ley de parques industriales, son verdaderos agujeros negros para el lavado. La promoción industrial es un régimen “de goma” que comienza con 8 años de eximiciones y luego se van inventando prórrogas y nuevos proyectos. El régimen habilita la entrega de fondos públicos por hasta el 75% del monto de cada proyecto, en la forma de crédito fiscal, que es endosable y por lo tanto se convierte de inmediato en efectivo.-

La nueva Ley de parques industriales votada por la mayoría urtubeycista a fines de 2011 prevé que se puedan instalar parques industriales privados que acumulan los mismos beneficios que los públicos. Es justamente La Moraleja la primera interesada en instalar un parque de 850 Has dentro de su propia finca. Urtubey ha estado visitando con Sanchis todas las ventanillas del gobierno nacional para pedir fondos nacionales para estos emprendimientos. Los compromisos que establecen las empresas en cuanto a creación de puestos de trabajo a la hora de recibir estos beneficios, no se cumplen (la cerámica Andina del parque industrial de Salta acaba de despedir al 80% de los trabajadores, habiendo recibido en total 8 millones en créditos fiscales durante este gobierno y el anterior).-

Estos mecanismos de la promoción también alcanzan al negocio del turismo; se han construido hoteles 5 estrellas de todas las cadenas internacionales, que explotan el boom del turismo….

El Ministro de Gobierno, Loutaif declaró al diario La Nación el 21-01-13” “El gobierno no revisa el origen de los fondos”.

Exigimos la investigación del gobierno de Salta, el BCRA y la AFIP por el ingreso de fondos ilegales a Argentina como consecuencia de un desfalco protagonizado por el partido de gobierno del Estado Español.

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Argentina. Paritarias 2013: Las encrucijadas de un movimiento obrero a la ofensiva

ACTA

"Las negociaciones salariales este año plantean mayores dificultades que las existentes un año atrás. Entre los principales factores se encuentran la persistencia de altos niveles de inflación y el intento de las empresas y el Estado de fijar un tope cercano al 20% de incremento salarial", indica un documento para el debate sobre las paritarias 2013 realizado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA.

"La inflación del año 2012 fue de aproximadamente el 25%, y todo indica que este año se mantendrá en niveles similares. Por ello, un incremento salarial “de bolsillo” inferior a dicho porcentual significará una reducción del salario en términos reales.

La regulación estatal del sistema de asignaciones familiares y del impuesto a las ganancias (4ª categoría) influye negativamente sobre el “ingreso de bolsillo” de los trabajadores. De no producirse cambios en dicha reglamentación, el aumento real de los ingresos de los trabajadores será inferior al que se pacte en las negociaciones salariales.

En el caso de los trabajadores de ingresos medios–altos y altos, la falta de modificación del mínimo no imponible y de los tramos de la escala del impuesto a las ganancias puede significar una reducción de entre 2 y 5 puntos porcentuales sobre el resultado de la negociación salarial (un aumento del 25% sobre la escala salarial se transforma en un aumento de entre el 20% y el 23% según el monto del salario y las cargas familiares).

En el caso de los trabajadores de ingresos medios–bajos y bajos, la actual regulación del sistema de asignaciones familiares puede licuar totalmente el aumento obtenido en la negociación salarial. Si dicha regulación no se modifica, por ejemplo, un trabajador con tres hijos que actualmente percibe un salario de $ 4.000 y que recibe un aumento del 25% en su salario, finalmente tendrá un incremento de sólo el 15% en su ingreso de bolsillo.

El sistema de asignaciones familiares, con las reformas implementadas en los últimos años, ha sido llevado prácticamente al desquicio. En este informe se describe la situación de un trabajador que si en esta ronda de negociación recibe un aumento salarial del 25%, sin que se produzcan modificaciones en las escalas del sistema de asignaciones familiares, finalmente tendrá una reducción del 10% en su ingreso de bolsillo.

En las últimas semanas se instaló la posibilidad de que el Gobierno Nacional ofrezca a las organizaciones sindicales la modificación de la reglamentación del sistema de asignaciones familiares y del impuesto a las ganancias a cambio de que se moderen los reclamos salariales, ubicándose en torno al 20% nominal. Aceptar esta negociación implica hacerles el juego a las empresas, quienes recibirán los beneficios de pagar salarios más bajos sin costo alguno, ya que será el Estado el que soportaría, con recursos públicos, una porción variable de dichos aumentos.

Además, este tipo de negociación podría afectar mucho más a los trabajadores de menores salarios, cuyo “ingreso de bolsillo” está más ligado al sistema de asignaciones familiares que al impuesto a las ganancias (los trabajadores que perciben un ingreso inferior al mínimo no imponible representan el 75% de los trabajadores registrados). En este caso, aceptar un aumento salarial del 20%, por más que se ofrezca a cambio un incremento del 40% en las asignaciones familiares, para un trabajador con tres hijos, significará un aumento “de bolsillo” de no más del 23%.

Esta ronda de negociación salarial se plantea en un marco donde la situación de los trabajadores se encuentra lejos de ser satisfactoria. Luego de diez años de crecimiento ininterrumpido, donde prácticamente se duplicó el producto bruto interno, el salario real de los trabajadores se encuentra en el mismo nivel del año 2001, todavía el 35% de los trabajadores no está registrado, y el promedio de ingresos de los ocupados apenas supera los $ 3.700 mensuales. Ello a pesar de que las empresas han tenido, a lo largo de la última década, ganancias muy superiores a las que obtuvieron durante la década de los ’90.

Por su parte, el Salario Mínimo, Vital y Móvil ha quedado totalmente desactualizado, y no puede sostenerse seriamente que con $ 2.875 mensuales (a partir de febrero de 2013) un trabajador pueda garantizar su “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento”, tal como surge del artículo 116 de la ley de Contrato de Trabajo.

A su vez, el Estado Nacional sigue incumpliendo con su obligación de calcular la canasta básica que sirva de base para la determinación del salario mínimo de los trabajadores. De acuerdo a los datos de la Junta Interna de ATE–INDEC, dicha canasta, a diciembre de 2012, ascendía a la suma de $ 6.997 mensuales para una familia de dos adultos y dos chicos.

Finalmente, es necesario reiterar que el aumento del salario real debe estar sustentado en una reducción de las ganancias empresariales, y no en una disminución de los recursos fiscales del Estado, sin perjuicio de que sigue resultando inaceptable mantener las exenciones al impuesto a las ganancias que benefician a los sectores más concentrados del capital".

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Argentina, Provincia de Buenos Aires: Mar del Plata, la Ciudad no tan feliz

LA RETAGUARDIA - ANRED

En una emisión especial de La Retaguardia, con la producción de Colectivo Comuna, dialogamos con Aíra González del Movimiento Trabajo y Dignidad del Frente Popular Darío Santillán, y Maxi Álvarez del Movimiento 15 de Enero, sobre las distintas problemáticas que atraviesan los habitantes de los barrios periféricos, aquellas zonas que están al fondo de la ciudad y que no se ven desde la playa.

El Movimiento Trabajo y Dignidad se conformó hace aproximadamente dos años en Mar del Plata, con el objetivo de generar políticas para que quienes habitan los barrios tengan una vida más digna. El principal eje del Movimiento es el trabajo: “una de las problemáticas que más se siente” ya que Mar del Plata es una de las ciudades con mayor desocupación del país, afirma Aíra González en diálogo con La Retaguardia.

El Movimiento que integra se desarrolla sobre todo en los Barrios Las Heras, Pueyrredón y Parque Palermo. “Estos barrios están al fondo de la ciudad, de la costa para el otro lado, -explica-, donde el turismo no se entera de lo que pasa, la mayoría de la gente no sabe que existen personas que no tienen trabajo, vivienda, que no tienen lastimosamente los mismos derechos que tenemos otros, y que no se accede de la misma manera a esos derechos tampoco: la salud, vivienda, educación, diferentes problemáticas que hay en la ciudad y que los gobiernos no se hacen cargo y la mayoría de aquellos que vienen a veranear no conocen”.

A pesar de la idea generalizada, el trabajo ligado a la pesca en esta ciudad portuaria es cada vez menor. González explica que se ha ido monopolizando: “existen solo cinco personas que son dueños de todo lo que es la pesca en Mar del Plata, y también hay cada vez menos recursos. Eso genera que no haya trabajo y lo que sí hay son las mal llamadas cooperativas porque en realidad son de uso privado, la manejan como cooperativas para no darles derechos a los trabajadores”.

En este sentido, González asegura que el gobierno local, a cargo de Gustavo Pulti, no tiene una política para el área laboral: “no genera fábricas ni tampoco trabajo a través de las cooperativas. Las organizaciones vamos perdiendo cada vez más posibilidades para generar trabajo digno. La política que tiene el Estado va toda hacia el turismo, se concentra en los tres meses (de verano). Para el turismo somos la gran ciudad, pero para la gente de la ciudad que vive cotidianamente acá y garantizar sus derechos no tienen políticas”.

En los últimos días de 2012, organizaciones sociales y políticas de Mar del Plata, como la Corriente Clasista y Combativa, el Partido Obrero, el MTR, el Frente Darío Santillán y los Sin Techo, realizaron siete jornadas de acampe para exigir, justamente, trabajo: “el gobierno hoy por hoy genera puestos solo para mil trescientas personas que se encuentran en los barrios periféricos. Nosotros como Frente Darío Santillán hace dos años que no tenemos fuentes de trabajo, somos una de las pocas cooperativas que no tiene puestos. Se generó una unidad entre todas las agrupaciones e hicimos este acampe de siete días, en reclamo porque a las cooperativas que están trabajando se les deben materiales. De los doce meses de 2012, se han entregado materiales solamente tres veces en cantidad de plata, entonces lo que se exige es que este faltante se dé antes de que terminen las vacaciones, se pidió también una indemnización porque se considera que son trabajadores común y corrientes. Hoy el Estado genera el trabajo en la coop
erativa, pero no se tiene obra social, aguinaldo, además pagan 1344 pesos cuando se supone que la canasta básica es 4500 pesos. No es objetivo del Estado generar trabajo digno”.

Pulti pertenece al partido Acción Marplatense y tiene relación con la presidenta Cristina Fernández, pero también (y más) con el gobernador bonaerense Daniel Scioli.

Desde la intendencia tampoco se preocupan por dar una solución a la problemática habitacional que sufren miles de personas en Mar del Plata.

Maxi Álvarez del Movimiento 15 de Enero explica que Mar del Plata es una ciudad que invita al mercado y la especulación inmobiliaria, lo que genera una gran restricción a la vivienda: “uno pasa por la Avenida Colón en el invierno y tenés montones de departamentos desocupados. Hay seiscientas mil personas en la ciudad y aproximadamente trescientas mil viviendas, lo malo entonces no es que no hay casas sino que están mal repartidas”. Desde el Movimiento que integra Álvarez han dado cuenta del agravamiento de la propiedad ociosa: “aquel que tiene un inmueble para su especulación y ese alumbrado, esa red de servicios no está utilizada y esa persona que no puede acceder a vivir ahí tiene que ir a vivir a un lugar donde estos servicios no pasan. Entonces está generando un daño a la ciudad, más allá de que crea que con su propiedad hace lo que quiere, la propiedad tiene que ser utilizada dentro de una sociedad. Esta situación genera que haya menos unidades en el mercado y entonces se manejan los precios de una forma abusiva, el inquilino también es una persona que está con su derecho a la vivienda afectado, quien le alquila tiene todo el poder sobre él de rescindirle el contrato en cualquier momento, y ni siquiera tiene un lugar donde pueda ser informado este inquilino”. Es por esto que el Movimiento 15 de enero, propuso que así como el municipio tiene una oficina de defensa del consumidor, sume también una de información al inquilino: “para paliar un poco esta diferencia de poder entre una y otra parte”, reflexiona Álvarez.

El Movimiento 15 de Enero tomó su nombre a partir de una violenta represión que ocurrió ese día en 2009. A comienzos de ese año, un grupo de familias organizadas en asamblea decidió tomar y recuperar un predio de viviendas abandonado a medio construir por el Estado provincial y municipal, y la empresa constructora MyF Construcciones: “después de tres meses de resistir y de estar en permanente proceso de negociación con el poder judicial y el poder estatal en su conjunto, fueron brutalmente desalojadas todas las familias, y reprimidas las organizaciones sociales que acompañaban este reclamo, y tratando que la sentencia de desalojo que se había dictado se cumpliera. Esto implicaba la relocalización de las familias, la presencia de organismos de derechos humanos, y de efectivos policiales en la cantidad dispuesta por el juez interviniente, pero nada de esto se cumplió. Fue un atropello muy grande a los derechos de estas personas”, relata Álvarez y agrega que el 15 de enero “es una fecha en la que se arranca un p
roceso de recuperación, de un impulso de que aquel al que le pertenecen los derechos los ejerza realmente cuando no tiene una respuesta del organismo estatal, y a partir de esa lucha que comenzó en ese momento arrancó un camino de acuerdos y de trabajo conjunto que hicieron que a fines de este año conformemos el Movimiento 15 de enero integrado por la Asamblea Sin Techo, el Centro Cultural América Libre y el Colectivo de Acción Jurídica La Grieta”.

Respecto a la construcción de viviendas a partir de planes federales, Álvarez afirma que no son suficientes: “creo se han hecho alrededor de mil viviendas, y realmente tienen unos déficit terribles. El Belisario Roldán es un barrio de cuatrocientas cincuenta viviendas que tienen unas patologías edilicias, como dijo el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en un informe que pedimos en un amparo, en la que se han caído techos, en la última tormenta que hubo en Parque Peña también se volaron techos de algunas viviendas. En el Barrio Martí, en las viviendas recuperadas por los sin techo, están pasando conexiones eléctricas por donde pasan las conexiones de agua. La verdad que ha habido una desidia en la ejecución del plan que ha dado unos resultados muy negativos. En el caso del Belisario Roldán, la condensación de humedad que hay en el invierno está trayendo severos problemas de salud a los chicos que viven allí, y ni siquiera por los reclamos, por estar en la calle, ni siquiera judicializando el conflicto hemos tenido una respuesta por parte del municipio y la provincia respecto a qué situación contractual tienen con la empresa que tendría que haber hecho las cosas bien”.

A los cupos agotados que no permiten que todas las familias sin techo se puedan anotar en los planes federales de vivienda, se suma el manejo discrecional que desde el Estado se hace de estos listados. La vivienda y el trabajo: dos derechos que el gobierno municipal, con la ayuda de la provincia y la nación, no se ocupa de hacer cumplir para todos los habitantes de la ciudad de Mar del Plata.

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Bolivia tiene 10.389.903 habitantes, revela censo

XINHUA

Bolivia tiene 10.389.903 habitantes, unos 2,1 millones más respecto a 2001, según los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda que dio a conocer hoy el presidente Evo Morales.

De acuerdo con datos oficiales, el país registró un crecimiento poblacional de 2 millones 115.578 habitantes desde el 2001 cuando el Censo Nacional reportó que la cantidad de habitantes en todo el territorio nacional llegaba a 8 millones 274.325.

En conferencia de prensa ofrecida en Palacio Quemado, sede de operaciones del gobierno boliviano, el jefe de Estado explicó sólo los resultados generales del Censo que se realizó el 21 de noviembre de 2012.

"Los datos sobre vivienda y otros continúan en proceso por el estatal Instituto Nacional de Estadística, más adelante daremos a conocer en detalle los otros resultados", explicó a la prensa.

Bolivia está dividida políticamente en nueve departamentos, de los cuales Santa Cruz (este), es el que tiene mayor cantidad de habitantes y el departamento de Pando es el que más creció desde que se realizó el censo en 2001, en un 108 por ciento más.

De acuerdo con las cifras difundidas por el presidente Morales, en 2001 el porcentaje de hombres era de 49,8 por ciento de la población total de 8,2 millones en 2001 y en 2012 alcanza a 49,9 por ciento de los 10,3 millones de habitantes.

En el caso de las mujeres el porcentaje era, en 2001 de 50,2 por ciento, y en 2012 bajó a 50,1 por ciento.

Respecto al crecimiento departamental, Morales detalló que Chuquisaca, en 2001, tenía una población de 531.522 habitantes y en 2012 subió a 678.000 habitantes.

Dijo que en el caso de La Paz, en 2001, la población era de 2 millones 349.885 habitantes y en 2012 es de 2 millones 741.554, esto es 391.669 más.

Morales señaló que en el departamento de Cochabamba, en 2001, habitaban un millón 455.711 personas y en 2012 la población creció a un millón 938.401.

El informe también detalla que en Oruro, en 2001, era 392.769 habitantes y el 2012 son 490.602. En Potosí, en 2001, eran 708.695, y en 2012 son 798.664. En Tarija en 2001 eran 391.226 y en 2012 son 508.757, agregó.

El presidente puntualizó que en Santa Cruz en 2001 habitaban 2.029.471 y en 2012 la población incrementó a 2.776.244.

En Beni, en 2001, eran 362.521 habitantes, y 2012 son 425.780, y finalmente en Pando el 2001 eran 52.525 y ahora son 109.173.

En esa dirección, el Jefe de Estado resaltó que el primer departamento en crecimiento es Santa Cruz, con 746.773 personas más que en 2001, y el que más población indígena tiene.

Informó que el segundo departamento en crecimiento es Cochabamba (centro) que incrementó su población en 482.690 habitantes del 2001 al 2012.

El tercer departamento en crecimiento es La Paz, capital administrativa del país, con 391.669 habitantes; seguido de Tarija con 117.531 habitantes y de Oruro con 97.843 habitantes.

Morales dijo que en consecuencia el departamento de Santa Cruz supera al de La Paz, con 34.690 habitantes.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) proyectó en la distribución poblacional por departamento, provincia y municipio 10,8 millones de habitantes en 2012, pero los resultados dieron 10,4 millones.

El director del INE, Ricardo Laruta, explicó que manejaron datos de proyecciones poblacionales en base a procedimientos metodológicos y se espera que se confirmen o aumenten el número de habitantes que el país tiene hasta este año, pero fue menor.

El estatal INE tiene proyecciones hasta el 2015 que se prevé que la población llegue a 11,4 millones de personas.

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