martes, 5 de febrero de 2013

Conversaciones con Mariela Castro Espín (Parte II): “El PC cubano era el reflejo de la sociedad cubana, es decir machista y homófobo”

Salim Lamrani (OPERA MUNDI, especial para ARGENPRESS.info)
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El “Quinquenio Gris”

SL: Recordemos ahora el oscuro periodo del “Quinquenio Gris”, entre 1971 y 1976, cuando, otra vez, intelectuales de primera magnitud fueron marginalizados y víctimas de ostracismo por su homosexualidad.

MCE: El ostracismo del cual fueron víctimas los homosexuales durante el “Quinquenio Gris” fue mucho peor que lo que tuvieron que sufrir en las UMAP. Esta etapa sombría tuvo un impacto terrible en la vida personal y profesional de los homosexuales. En el Congreso nacional “Educación y Cultura” en 1971, se establecieron parámetros exclusivos contra los que presentaban una orientación sexual distinta de lo que se consideraba la norma. Así, no podían ni trabajar en el mundo de la educación, es decir ser maestros o profesores, ni en el universo de la cultura. Se consideraba, de modo muy arbitrario, que serían malos ejemplos para los niños y los alumnos y que por lo tanto había que alejarlos de la juventud. Ahora, desde luego no se quedaban sin trabajo, pero no podían integrar esos dos campos y resultaban por consiguiente discriminados.
Fue una experiencia muy dura para ellos. Imagínese el caso de una persona homosexual que deseaba ser profesor por vocación. Se le prohibía el acceso a ese mundo por el sectarismo, la intolerancia de algunos dirigentes y burócratas. Prohibir a un estudiante ser médico u otra cosa por su orientación sexual es inaceptable para toda persona que cree en los valores de libertad y justicia. Esto duró muchos años aunque los homosexuales encontrasen empleo en otro sector. Se les recordaba sistemáticamente su condición de minoría sexual. Algunos vivieron esa situación mejor que otros pero muchos sufrieron ostracismo y discriminación.

SL: ¿Hasta cuándo duró esa política discriminatoria?

MCE: Duró hasta 1976, fecha en que se creó el Ministerio de Cultura. La Resolución que se aprobó en 1971 y que apartaba a los homosexuales de los mundos de la educación y de la cultura se declaró inconstitucional en 1976, tras la adopción de la nueva Constitución ese año. Entonces se eliminó y se adoptó otra política a nivel educacional y cultural.

SL: ¿Cuál fue la postura del Partido Comunista de Cuba hacia la diversidad sexual?

MCE: El PC cubano era el reflejo de la sociedad cubana, es decir machista y homófobo. Un homosexual no podía ser militante del Partido. Cada vez que descubrían a uno lo expulsaban inmediatamente. ¡Hubo un momento en que se excluía incluso a los hombres casados con mujeres adulteras!

SL: ¿Cómo?

MCE: Sí, así era la situación en un momento dado. Imagínese la situación terrible para la persona en cuestión, quien no sólo descubre la infidelidad de la esposa sino que además se encuentra excluido del Partido precisamente por ese motivo, mientras que es víctima de la situación. Para permanecer miembro del Partido, había que mostrar carácter viril y divorciarse de su mujer. En caso contrario, si elegía permanecer con su esposa, el Partido lo excluía de sus filas.

SL: ¿Eso se aplicaba a las mujeres víctimas de las infidelidades del marido?

MCE: Por supuesto que no, pues vivíamos en una sociedad machista donde las faltas de los hombres se consideraban normales. La buena esposa debía soportar las infidelidades del marido. En cambio, un buen marido no podía aceptar semejante reciprocidad. El hombre recobraba su dignidad dejando a su mujer infiel. En cambio, si adoptaba el comportamiento que se consideraba válido para la mujer –es decir perdonar la infidelidad puntual–, perdía toda consideración. Tales eran los criterios de la época. ¡Era completamente absurdo!

¿Hasta cuándo duró semejante política?

MCE: Esta política se eliminó a finales de los años 1970, pues era verdaderamente injusta. Recuerdo que ingresé la Universidad en 1979, en el Instituto Pedagógico más precisamente, y oí hablar de eso a uno de mis profesores, víctima de esa situación. Acababan de excluirlo del Partido pues su mujer le era infiel.
En aquella época, yo tenía ya responsabilidades como Presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria. Estaba implicada en la lucha por la igualdad y contra las injusticias. Entonces ocurrió la última caza de brujas contra los homosexuales en la Universidad. Habían llamado a eso “Profundización de la conciencia revolucionaria” o algo así, es decir algo tan ridículo. Se organizaban reuniones interminables e inútiles para analizar el carácter ejemplar de los militantes de la Juventud Comunista (UJC). ¡Qué pérdida de tiempo era eso! Tenía 18 años en aquella época. Si escuchábamos música americana nos regañaban. Si llevábamos una camiseta con la bandera americana, sucedía igual. No se puede imaginar usted las cimas de absurdo que se alcanzaba en esas reuniones.

SL: ¿Cómo reaccionó usted?

MCE: Desde luego me oponía a ello, pero inmediatamente los extremistas de la UJC, que no concebían el “perdón” como algo constructivo, me tildaban de floja. ¡Como si uno tuviera que ser absuelto por escuchar a los Beatles! No podía oponerme de modo más virulento pues corría el riesgo de que esos mismos sectarios me excluyeran de la UJC. Imagínese entonces la suerte que se les reservaba a los homosexuales.
Entonces tenía que observar la situación y evaluar mi margen de maniobra. Todos los casos disciplinarios pasaban ante el Comité de la UJC al cual pertenecía. Hubo varios casos de homosexuales y lesbianas a quienes se quería excluir de la UJC por su orientación sexual. Durante una reunión de ese mismo Comité, a finales del año 1979, recuerdo haberme opuesto con mucho vigor a ello. No podía soportar tales injusticias. Entonces levanté la mano y fue una de las pocas veces que utilicé la figura de mi padre, Comandante de la Revolución, Ministro de las Fuerzas Armadas, hermano de Fidel Castro, el líder de la Revolución. ¡Además para decir una mentira!

SL: ¿Qué dijo?

MCE: Recuerdo haber dicho lo siguiente: “Se está cometiendo un grave error. Le pregunté a mi padre si era justo y me contestó que no, que había un problema de mala interpretación, que no se podía excluir a una persona de la UJC por su orientación sexual y que había que dejarlos en paz”. También agregué: “Además, durante la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista, en la Sierra Maestra, había homosexuales entre los rebeldes del Movimiento 26 de Julio”. En realidad, no tenía la menor idea. Incluso me atreví a afirmar, con mucha convicción, lo siguiente: “Actualmente hay homosexuales en la Dirección de la Revolución”. Ahí también, no sabía absolutamente nada al respecto.

SL: Todo ello era una mentira ya su padre nunca le había dicho eso, ¿verdad?

MCE: Mi padre nunca pronunció esas palabras. Las inventé yo.

SL: ¿Cómo reaccionaron los demás miembros del Comité?

MCE: Nadie se atrevió a oponerse a lo que se pensaba que era la voluntad de mi padre. Así, el único lugar donde los homosexuales pudieron escapar de las medidas discriminatorias fue el Instituto Pedagógico.

SL: ¿Le contó esa historia a su padre?

MCE: Lo hice ese mismo día al regresar a casa. Se lo expliqué todo a mi padre y a mi madre, Vilma Espín, que era en aquella época Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas. Pensaba que mi padre me iba a regañar fuertemente no sólo por usar su nombre y su cargo sino también por mentir.

SL: ¿Qué le dijo su padre?

MCE: Figúrese que mi padre me felicitó y me dijo que había hecho lo correcto al oponerme a lo que él consideraba también como una cosa arbitraria e injusta. Recuerdo que dijo algo como: ¡Qué estupidez!
Le confieso que me quedé atónita pues pensaba realmente que iba a pasar un momento poco agradable. Pero no fue el caso, al contrario, recibí felicitaciones.

SL: Entonces usted logró imponer su punto de vista en el Comité disciplinario de la UJC.

MCE: Sí, pero no fue fácil, pues tuve que usar la figura de mi padre. El dirigente de la UJC del Instituto era un homófobo recalcitrante. Era el más virulento de todos los miembros del Comité. Quería sancionar a todo el mundo. Intenté explicarle que la ideología no tenía nada que ver con la sexualidad, pero no quería saber nada.
Más tarde, descubrí que era bisexual, que había tenido una aventura con una persona que luego emigró a Canadá. Era un homofóbico refoulé. En esa misma época ocurrió el éxodo del Mariel y muchas de esas personas extremistas, que pedían sanciones ejemplares contra los homosexuales y las lesbianas, que pretendían ser más revolucionarios que los revolucionarios, que pensaban que eran el antiimperialismo personificado, abandonaron el país en esa ocasión, rumbo a Estados Unidos. Lenin tenía razón cuando afirmaba que detrás de cada extremista se encontraba un oportunista. Los homosexuales y las lesbianas a quienes querían sancionar, a quienes consideraban contrarrevolucionarios, se quedaron en Cuba, a pesar de las dificultades y del sectarismo contra ellos. Los dogmáticos y sectarios fueron los primeros en abandonar el barco cuando se les presentó la posibilidad. Vea usted la contradicción.

SL: Parece que la discriminación hacia los homosexuales la marcó mucho.

MCE: No sólo me marcó sino que me escandalizó y me indignó. Estudiaba filosofía marxista en aquella época, la cual me permitió reflexionar sobre estas cuestiones. Empecé a interesarme por los temas de la sexualidad antes de integrar el Centro Nacional de Educación Sexual, el CENESEX.

Ver también:
- Cuba: Conversaciones con Mariela Castro Espín (Parte I)

Siguen:
-“Un país como Cuba, una nación socialista, debe defender la igualdad de todos”. (Parte III)
-“La lucha por la igualdad y contra todas las injusticias es un deber universal que debe implicar a todos los ciudadanos”. (Parte IV)

Salim Lamrani es Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, profesor titular de la Universidad de la Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade.

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Ocupación ilegal sobre Palestina

Martín Lozada (RIO NEGRO ON LINE)

Una comisión especial de juristas internacionales, auspiciada por las Naciones Unidas, concluyó que la construcción de asentamientos de colonos israelíes para anexionar las zonas ocupadas en Cisjordania y el este de Jerusalén supone una violación de múltiples leyes internacionales.

La comisión integrada por las juristas Christiane Chanet (Francia), Asma Jahangir (Pakistán) y Unity Dow (Botsuana) presentó en Ginebra un extenso informe sobre los hechos que ha conseguido documentar durante seis meses de trabajo, a pesar de que las autoridades israelíes le negaron cualquier cooperación y autorización para entrar en los territorios palestinos.

Unas 250 colonias israelíes fueron levantadas en Cisjordania y Jerusalén Este desde 1967, con o sin autorización oficial, y se calcula que hay 520.000 colonos que residen allí. Según el informe encargado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la última década la población de colonos creció a un ritmo anual mucho más alto (5,3%) que la población en Israel (1,8%).

El documento destaca que desde aquel año los gobiernos israelíes dirigieron abiertamente, participaron y tuvieron un control pleno sobre la planificación, construcción, desarrollo, consolidación y promoción de los asentamientos en Palestina. Todos ellos creados para su exclusivo beneficio y cuya existencia reposa en un sistema de total segregación entre los colonos y la población palestina local.

El establecimiento de asentamientos en Cisjordania, incluido el de Jerusalén Este, ha creado una red de construcciones e infraestructuras que conducen a una progresiva anexión, la cual impide el establecimiento de un Estado palestino unitario y viable, a la que vez que menoscaba el derecho de la ciudadanía palestina a la autodeterminación.

El informe asegura, también, que Israel, en cumplimiento del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, debe acabar con todos los asentamientos sin precondiciones. Además, debe iniciar de forma inmediata el proceso de retirada de los territorios palestinos ocupados.

Cabe recordar que en noviembre pasado la Asamblea General de las Naciones Unidas aceptó el ingreso de Palestina como Estado observador no miembro, mediante el cual reconoció implícitamente la soberanía de los palestinos sobre el territorio ocupado por Israel en 1967.

A partir de entonces la Autoridad Palestina considera que su nuevo estatus en la ONU le permitirá acudir eventualmente a la Corte Penal Internacional, ante la que podría demandar a Israel por la ocupación y la progresiva expansión de los asentamientos.

Según explicó la jurista Christiane Chanet, para mantener ese sistema de segregación se necesitan un sistema policial estricto y control militar. Se necesitan puestos de control, violación de la libertad de movimiento, privación del acceso a los recursos naturales, demolición de casas y a veces incluso la destrucción de árboles.

Al respecto resulta interesante la tesis de Ilan Pappé, prestigioso historiador israelí, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Haifa, autor de numerosos libros entre los cuales se destacan A History of Modern Palestine, The Modern Middle East y The Israel/Palestine Question.

Pappé sostiene que la limpieza étnica es un esfuerzo encaminado a homogeneizar un país étnicamente heterogéneo mediante la expulsión de un grupo particular de personas y su conversión en refugiados, lo que se consigue demoliendo los hogares de donde se los ha sacado. Posteriormente, se elimina a los expulsados de la historia oficial y popular del país y se los extirpa de la memoria colectiva.

Y aquello es lo que viene sucediendo, de acuerdo a los términos y definiciones propias del derecho internacional, desde 1948, en Palestina.

Martín Lozada es Juez Penal - Catedrático Unesco en Derechos Humanos, Paz y Democracia por la Universidad de Utrecht, Países Bajos.

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España: Rajoy o el nuevo Epiménides

John Brown - Iohannes Maurus

Comparecencia de Rajoy para explicar su posición y la de su partido ante el caso Bárcenas. Tremenda imagen: la tribuna vacía, nada de preguntas y la imagen de Rajoy, como una ridícula deformación del Gran Hermano, a través de una pantalla. Se habrán dicho los periodistas a sí mismos: así, por lo menos, no escupirá a nadie al hablar. Maravillosa la cámara -en el centro de la foto- que filma la imagen ya filmada como último resto de una realidad que se ha escapado por el sumidero. Juego de espejos borgiano o realidad virtual del Morel de Bioy Casares, sociedad del espectáculo, en versión casposa. El suplente de nuestros verdaderos tiranos, su mísero criado que supuestamente acepta tristes propinas se esconde detrás de la pantalla. Tal vez, como sugiere la revista Mongolia, no exista ya y esas imágenes sean las de alguien que, como el padre del sueño de Freud ya está muerto y tal vez no lo sepa.

Los argumentos del personaje virtual no dejan de ser graciosos. En primer lugar por la forma: "todo es falso". Puede verse en esa afirmación cuya referencia es indeterminada una posible autorreferencia involuntaria, o tal vez jesuítica, como cuando se cruzan los dedos detrás de la espalda para mentir sin pecar. Ese "todo es falso" recuerda, sin embargo, la famosa referencia al cretense Epiménides que figura en la Epístola del apostol San Pablo a Tito: "Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos: Los Cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos." En su versión más breve este texto ha ilustrado la paradoja de Epiménides o paradoja del mentiroso cuya forma extensa es "Dijo Epiménides el cretense: todos los cretenses son mentirosos", siendo su forma breve, la simple frase "yo miento". "Todo es falso" (incluso lo que estoy diciendo) podría ser una novedosa forma de esta añeja paradoja, merced a la cual miente el sujeto que la enuncia cuando dice la verdad y dice la verdad cuando miente. Tal vez sea esta la mejor forma lógica del disparatado y corrupto régimen español actual.

Aunque tal vez la otra fuente del presidente Rajoy en sus declaraciones de ayer sea Cantinflas, por ese escaso reparo en el absurdo de cuanto afirma. Por un lado sostiene la imagen virtual de Mariano Rajoy que "Nunca, repito, nunca he recibido, ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte." La cosa parece clara, pero no lo es tanto. En primer lugar porque precisa acto seguido que "Lo digo con toda serenidad. Lo estoy leyendo porque no quiero pronunciar una palabra más alta que otra." Parece el presidente español, al decir esto, un justo ofendido, un santo Job, que quiere moderar su indignación leyendo un texto en lugar de improvisarlo. Sin embargo, el texto está perfectamente milimetrado y sus términos en su imprecisión están escogidos para evitar cualquier responsabilidad penal. "Dinero negro" es un término periodístico que puede interpretarse de muchas maneras. Lo que no ha dicho Rajoy, porque los asesores jurídicos que revisaron el texto de su intervención se lo prohibieron con toda probabilidad es que no tuvo ningún ingreso que no declarara. Por ello mismo remite surrealistamente a sus declaraciones de hacienda y a las de sus colaboradores para demostrar que no declaró ningún ingreso no declarado...

Hay que bromear: un régimen así tiene que acabar envuelto en una inmensa carcajada. La comparecencia de Rajoy ha sido patética. El silencio del PSOE en cuanto al fondo no lo es menos. Están en esa situación que describe Spinoza en el Tratado Político en que el gobernante se muestra en toda su indignidad: "corre borracho y desnudo por las calles rodeado de prostitutas, hace el payaso o desprecia las propias leyes que ha instituido", y, podríamos añadir, precisando el texto del maestro de Amsterdam sin traicionarlo: "roba a los pobres y ejerce una arbitraria violencia". Lo que pasa es que esto puede tener dos efectos y no sólo la indignación prevista por Spinoza como su consecuencia más evidente: es posible también que, en una sociedad sumida en la tristeza y la impoencia se contagie la indignidad como ocurrió en Italia con Berlusconi o como ocurre en todos los ascensos del fascismo. En ese caso, la propia indignidad del gobernante se vuelve muestra de legitimidad, pues, la multitud corrompida ve al gobernante, no como fuente de la ley y factor del orden social, sino como excepción. Acostumbrarse al estado de excepción, a que el gobernante no respete las leyes ni la "common decency" (la decencia común sobre la que reflexionara Orwell) es el resultado de una extrema corrupción de la multitud y del Estado, de una degeneración supersticiosa de la multitud y de una conversión del propio Estado en simple grupo de maleantes al margen de toda ley y de toda moral. Es preocupante esta posibilidad, aunque, afortunadamente, no es la única. Existe también la posibilidad de restablecer una correlación de fuerzas m´as favorable a la liertad, recuperando esas nociones y prácticas comunes que empezaron a constituirse el 15M y se han ido desplegando como base de un proceso constituyente. No hay ninguna garantía de que vaya a ser así: de nosotros depende evitar que se mantenga con el orden actual el rumbo seguro hacia el desastre.

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España: El caso Bárcenas en el contexto de la crisis de la Segunda Restauración borbónica

Antoni Domènech - G. Buster - Daniel Raventós (SINPERMISO)

Después de la avalancha de datos comprometedores que se desprenden de la libreta de Barcenas con la supuesta contabilidad B del Partido Popular, hay quien se extraña del desmentido absoluto, primero, de la secretaria general del PP, Dolores Cospedal; después, del presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Por definición, la contabilidad B no existe, como ha dejado tautológicamente claro la auditoria interna del PP. La menor concesión en este sentido supondría reconocerlo todo. La única estrategia de defensa es, por lo tanto, a todo o nada, por abrumadoras que sean las revelaciones y los datos servidos por los dos principales diarios del Reino, el derechista El Mundo y el centrista El País. Ni que decir tiene: para pasmo del país, incluidos los votantes del PP.

A pesar de que diferentes dirigentes del PP han confirmado hechos y cifras que aparecen consignados en las libretas de Barcenas; de que coincidan apuntes con partidas de la trama Gürtel -entre ellas las aportaciones vía el PP gallego-; de que sean inexplicables los incrementos patrimoniales con los sueldos declarados; y de que, en fin, fuera desde hace años un secreto a voces en ciertos círculos políticos, empresariales y periodísticos. La apelación in angustiis a la “presunción de inocencia” no es sino la consecuencia ineluctable del desmentido absoluto, cuando ya se ha abierto la causa y judicializado el caso; cuando ya no se puede hablar más que delante del propio abogado.

Tampoco viene de nuevas esta decisión de la cúpula del PP. Sigue la misma táctica defensiva adoptada frente a la trama Gürtel. Cuando Barcenas tuvo que defenderse, el PP le sufragó el coste de su defensa jurídica, hasta que el juez Pedreira, del Tribunal Superior de Madrid, archivó el caso en septiembre del 2011. Y coche oficial y despacho en la sede de Génova. Una desarbolada Sáenz de Santamaría, no sabiendo ya qué reponer a los periodistas el pasado viernes tras el Consejo de Ministros, puso en prenda sus años de trabajo junto al probo Rajoy; le salió una periodista respondona con que también había trabajado muchos años con Bárcenas, al parecer sin enterarse de nada.

La responsabilidad política se pretende aplazar hasta la conclusión penal, confiando en las dificultades del procedimiento y en la lentitud de la justicia española, y sobre todo, especulando con que los testigos se achanten. Para establecer una cadena de responsabilidades, los testigos tienen que declarar que las distintas contabilidades son auténticas…o hacerse responsables de alguna de ellas como propia. Además, una parte de los delitos habría prescrito y siempre se puede confiar en condicionar la propia investigación. No en vano la fiscalía anticorrupción fue purgada en su totalidad después del caso Gürtel por el nuevo gobierno Rajoy. Y hasta el momento, el nuevo equipo sigue sin encontrar conexión entre las evidentes ilegalidades del caso Barcenas y la alegada doble contabilidad del PP para trasladarlas al juez Ruz de la Audiencia Nacional.

¿Por qué se ha filtrado ahora la libreta de Barcenas? La explicación más inmediata es la petición en marzo del 2012 de la fiscalía anticorrupción de que se reabriese en la Audiencia Nacional la causa archivada seis meses antes por el Tribunal Superior de Madrid. El descubrimiento de más de 22 millones de euros en cuentas en Suiza, de la hacienda La Moraleja en Argentina (la segunda agroindustria de Salta), de ingresos bancarios líquidos sospechosos, no solo establecían una conexión con la trama Gürtel, sino que dejaban entrever que quizá fuera ésta una parte de la trama Barcenas. En tal caso, la única defensa posible pasaba por exigir la intervención del propio gobierno del PP para condicionar el proceso de investigación y sus consecuencias legales con la amenaza chantajista de dejar en evidencia la conexión directa entre la trama Barcenas y la contabilidad del PP. Exactamente el mismo mecanismo de defensa al que han recurrido los distintos implicados en la larga lista de casos de corrupción relacionados con la financiación de los partidos políticos (Filesa, Naseiro, Palau…), de nepotismo institucional, o aun el que afecta al yerno del Rey, Iñaki Urdangarín.

La corrupción y la economía política de la Transición: el cártel criminógeno formado por las grandes empresas del Ibex y los grandes partidos dinásticos

La explicación de esas generalizadas prácticas chantajistas de autodefensa, no puede, empero, reducirse a la puñalada de pícaro ni a la astucia del picapleitos. Pues lo que revelan esas prácticas es más bien la complicidad colectiva del cártel formado por los beneficiarios del sistema económico y social de la corrupción articulado políticamente por el régimen de la Segunda Restauración borbónica. La ley de financiación de los partidos políticos de 1987, reformada en 1997 tras los escándalos del PSOE, y a cuyo amparo el PP ha recibido en diez años donaciones anónimas de 17,5 millones de euros, sigue obligando al deslegitimadoTribunal de Cuentas a testificar en su informe del 2007 -el último realizado y el último año en el que eran legales las donaciones anónimas- que ese mismo anonimato no le permite comprobar si las donaciones se hacen conforme a la ley.

La naturaleza institucional de esa corrupción echa sus raíces en el capitalismo oligopólico de amiguetes en que se transformó la estructura de poder empresarial heredada del franquismo con las privatizaciones de la Transición tan bien descritas por periodistas económicos como Mariano Guindal o historiadores académicos como Mercedes Cabrera y Fernando del Rey). Tan es así, que hasta publicistas liberal-conservadores tan notorios como Guillermo De la Dehesa se ven obligados a reconocerlo con la boca pequeña y la mirada estrábica (como si fuera un problema de corporativismo urgido de “liberalización”). En un reciente artículo recuerda que solo el 4,5% de los contribuyentes declaran a Hacienda ingresos anuales superiores a los 60.000 euros; que una de las consecuencias de una economía sumergida del 25% del PIB es una recaudación por el IVA más de punto y medio inferior a la media de la UE; que el 36% de todos los billetes de 500 euros circulantes en la UE se hallan el Reino de España; y que ocupa el lugar 30 en la lista de Transparencia Internacional, por detrás de Chipre y Botswana. En un non sequitur sensacional, tras ese diagnóstico de bien arraigada corrupción generalizada de la sociedad española, el j’accuse de De la Dehesa apunta, no al manifiesto cártel criminógeno formado por las grandes empresas del Ibex y los principales partidos (PP y PSOE y CiU), sino a los nuevos enemigos de la derecha de ahora: el sistema de financiación autonómico y los sindicatos, con notorio olvido, ni que decir tiene, de la escandalosamente baja presión fiscal.

Lo cierto es que el mecanismo más importante de transferencia de rentas desde los asalariados a los grandes capitalistas y rentistas ha operado a plena luz del día, a través del rescate y reestructuración de las cajas de ahorro y del crédito moroso y tóxico al sector inmobiliario de toda la banca (con la creación, a cargo del erario público, del “banco malo”), justificando las políticas de austeridad y la emisión de deuda pública en la que apalancar la privada. Su disparador han sido los decretos de Guindos de febrero y mayo del 2012, y su último episodio, la venta por 1 euro a Caixabank del nacionalizado y rescatado Banco de Valencia, a un coste para el erario público de 6.000 millones de euros. La lectura política del mensaje a los sectores granempresariales catalanes transmitido por semejante operación, en medio del debate soberanista catalán, es suficientemente obvia. Prueba, en cualquier caso, hasta que punto es recurrente la utilización de los grandes -y menos grandes- intereses económicos para intervenir políticamente al margen del sistema democrático. Y a la inversa, cómo se pervierten, o clientelar o nepóticamente, las instituciones políticas democráticas para satisfacer los intereses económicos extractivos de que se nutre la corrupción.

En este contexto, las cantidades que aparecen recogidas en las 14 páginas de la libreta de Barcenas no pueden verse sino como pequeños vasos capilares de un tumor sistémico de dimensiones ignotas, pero verosímilmente enormes. Los partidos políticos de alternancia del régimen -o si se quiere, como en la Primera Restauración, los partidos “dinásticos”-, lejos de ser instrumentos de formación y canalización de la voluntad popular y de articulación del debate democrático, se han convertido en mecanismos de mediación entre distintos intereses extractivo-corporativos (sobre todo inmobiliarios y financieros) presentes en la vida económico-social del Reino todo, desde la aldea hasta la Corte, y nunca mejor dicho. Ello es que el presente enconamiento de la pugna de intereses en el seno de la elite político-económica dinástica dominante -uno de los rasgos más determinantes de la grave crisis económica presente y de su agravamiento por las políticas pro-cíclicas de austeridad- daña gravemente los puntos de soldadura que, con distintos altibajos, mantenían unido al cártel dinástico oligárquico y se fugan irrepresables, uno tras otro, distintos casos concretos de corrupción hasta ahora mal que bien contenidos por un tácito pacto de silencio colectivo. Lo hemos visto en Cataluña, cuando tras las fracasadas operaciones contra Gas Natural y la propuesta de fusión de Caja Madrid y La Caixa, iniciado el debate soberanista, se filtran a la prensa las acusaciones de corrupción contra las familias Pujol y Más, al mismo tiempo que se regala a La Caixa, a costa del sufrido contribuyente, el Banco de Valencia. Lo hemos visto en la Comunidad de Madrid: en los conflictos que han enfrentado inveteradamente a Aguirre y Gallardón, y ahora, con la privatización de la sanidad. O a escala municipal, en la interminable saga de comisiones en el sector de la construcción, que sigue goteando día a día. Para acabar en la relación entre el entramado institucional autonómico y los negocios extractivos de la Fundación Noos de Urdangarín, utilizando el nombre y los asesores de la Casa Real.

Lo cierto es que, más allá de las incautas teorías conspirativas internas espontáneamente fabuladas por sus protagonistas y por sus portavoces (ver aquí y aquí), la quiebra del consenso del cártel político-económico dinástico cristalizado en la Transición no ha sido compensada por la imponente mayoría absoluta parlamentaria lograda por una de sus patas políticas, el PP. Una mayoría absoluta hoy seriamente dañada y erosionada en el favor de la opinión pública, pero que constituye todavía el principal, sino el único, activo político operativo de aquel cártel dinástico de la Segunda Restauración.

Los cuatro ejes de la crisis del régimen de la Segunda Restauración

Tenemos, en primer lugar, la crisis del sistema financiero, gestionada por el gobierno Zapatero y el gobierno Rajoy inequívocamente a favor de los intereses de una oligarquía financiera que será la gran beneficiaria de la desamortización de las cajas de ahorro desamortizadas, nacionalizadas y privatizadas. Hemos asistido en muy pocos años al acelerado y gagantuesco proceso de saqueo y concentración del capital financiero, cuya lista de perdedores se cuenta por centenares de miles de inversores grandes y medianos, así como de pequeños ahorradores, según ha podido verse en el caso de las participaciones preferentes.

Está, en segundo lugar, la larga y agónica recesión-cum-depresión de 5 años, que gracias a las políticas de austeridad amenaza con agravarse y prolongarse indefinidamente: un persistente estrangulamiento del crédito (mientras la banca privada devuelve al BCE, acaso prepósteramente, 44.000 millones, cuyo pretendido fin era precisamente trasladarlos en forma de empréstito a las pequeñas y medianas empresas y a los hogares); un paro del 26%; una desocupación juvenil que rebasa ya holgadamente el 60%; y para terminar en algún lado, un aumento de la pobreza hasta el 21,1%. Datos que obligan, quieras que no, a una reconfiguración radical de los tradicionales equilibrios de intereses corporativistas pugnaces del cártel dinástico. La erosión acelerada del ya más que modesto Estado social español y su progresiva substitución por redes de beneficencia, en buena medida en manos de la Iglesia Católica, sólo refuerza la estructura caciquil y corrupta.

En tercer lugar, la crisis de la deuda soberana, en el marco de la zona euro que, aunque la intervención ad hoc del BCE ha conseguido estabilizar temporalmente con unas tasas de interés alrededor del 5% y un diferencial por encima de 320 puntos, puede volver a situar al Reino al borde del abismo en los próximos meses, y abocar al gobierno a la petición formal de intervención como consecuencia de la situación en otros países periféricos (Grecia, Italia, Portugal…) o del propio corazón de la Eurozona (Alemania, Francia, Holanda…).

Tenemos, en cuarto lugar, la crisis del sistema de financiación autonómico, ligado a la gestión de las políticas de austeridad y de la deuda pública, que ha supuesto a la vez un agravamiento de las desigualdades territoriales en el ejercicio de los derechos sociales de ciudadanía y la erosión final de la legitimidad del pacto autonómico de la Transición como sucedáneo de una solución democrática de la cuestión nacional, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco.

Cuatro escenarios posibles de la evolución de la crisis del régimen dinástico

Que en la consciencia popular esta aguda crisis de régimen se exprese en la reivindicación del “derecho a decidir”, ya sea sobre la política de austeridad aplicada por el Gobierno Rajoy en la forma de un referéndum -como exigen los sindicatos obreros y la Cumbre Social-, ya sea sobre la inveterada cuestión nacional en Cataluña, constituye un índice muy visible de hasta qué punto se ha roto el mecanismo de legitimidad y representación política del régimen: con mayor o menor fortuna, con mayor o menor consecuencia, lo que se busca es la solución de los problemas a través de ejercicios directos de una soberanía popular que se percibe -con toda la razón del mundo-secuestrada por unas elites extractivas tan incompetentes como inmorales.

Es verdad: la actual crisis del cártel dinástico dominante -que eso es lo que refleja políticamente, y por lo magnífico, el caso Barcenas- no tiene otra salida efectiva y razonable, por muchos parches que se quieran -y se puedan- aplicar, que la dimisión del gobierno Rajoy y la convocatoria de elecciones generales. Sólo que, en tal caso, lo más que probable es que la incontestable evidencia de la crisis general del régimen proporcionada por la caída de Rajoy exigiera, con las elecciones, la apertura de un proceso constituyente rupturista.

Es evidente que la táctica de judialización del caso Barcenas es dilatoria, no busca sino ganar tiempo. Puede sostenerse en la aplastante mayoría parlamentaria del PP obtenida en noviembre de 2011 y la evidente falta de una alternativa política robusta, incluida la mera alternancia del otro polo político del cártel dinástico. Las encuestas son muy reveladoras al respecto. La fuerte caída del PP en más de 14 puntos registrada hace pocas semanas, se convierte ahora, con el caso Barcenas, en un desplome que le situaría por debajo del 24%. La caída del PSOE de Rubalcaba en más de 5,4 puntos respecto del resultado obtenido en las últimas elecciones -que ya era el peor resultado del PSOE de la Segunda Restauración- se estabiliza ahora en el 23,5%. Los dos partidos “dinásticos” de alternancia quedarían hoy claramente por debajo hoy del 50%. Pero un “gobierno de unidad nacional”, o pactos de estado para apoyar parlamentariamente a la deslegitimada mayoría del PP, o un “gobierno técnico”, que en la práctica sería lo mismo aunque contase con el apoyo de la fortalecida UPyD, abrirían crisis internas incontrolables en todos los partidos implicados. El gobierno resultante sería incapaz, como evidentemente lo es ya el gobierno Rajoy, de seguir imponiendo las políticas de austeridad a medio plazo exigidos por distintos motivos por las elites políticas europeas y por las patronales españolas. Al resolverse finalmente a exigir la dimisión de Rajoy, después de 72 horas de dudas y desconcierto, Rubalcaba lo ha dicho con toda claridad: “El Sr. Rajoy es un lastre, debe abandonar la presidencia”. Hay que añadir con la misma contundencia que, para cualquier alternativa de izquierda o de centroizquierda, el lastre es él.

Las otras dos alternativas, tanto un gobierno de coalición del PSOE con CiU y PNV -la fórmula del Prieto de la Guerra Fría que han hecho suya tanto el felipísmo como el rubalcabismo en el PSOE-, como un frente amplio de las izquierdas (PSOE, IU, ICV, ANOVA, ERC…), abrirían la crisis definitiva del régimen empezando o por la cuestión territorial o por la cuestión social, para terminar en cualquier caso confluyendo y sumándose ambas.

Vale la penda insistir: lo que actúa por el momento como motor de la crisis del régimen de la Segunda Restauración son sus múltiples contradicciones endógenas, más que su cuestionamiento por fuerzas exógenas: a pesar de la importancia de las movilizaciones sociales, la oposición social y política al cártel dinástico sigue careciendo de una alternativa política creíble. De ahí que lo más probable sea la sucesión de “soluciones” improvisadas y maniobras dilatorias de emergencia, antes y aun después de unas nuevas elecciones. Se puede recordar, sin otro ánimo que el de la ilustración por la vía del ejemplo, el precedente histórico de la crisis de la Primera Restauración: iniciada con la primera huelga general obrera en agosto de 1917 y con el fracaso de la Asamblea de Parlamentarios, se canalizó en 1923 con una “solución técnica” -la dictadura de Primo de Rivera-, hasta la crisis final de 1929-31.

Sea ello como fuere, la tendencia general observada ahora es cada vez más transparente, y no es improbable que en poco tiempo se despeje el horizonte de unas elecciones generales anticipadas (que ya apoyan el 54% de los votantes en general y el 21% del PP). La encuesta del CIS de diciembre de 2012 y la de Metroscopia de enero de 2013, antes de que estallase la actual crisis por el caso Barcenas, ya apuntaban a un negro pesimismo en relación a la crisis económica y a una desconfianza mayoritaria en cuanto a su gestión por el Gobierno Rajoy (84%). El periodista Fernando Garea lo resumía así hace poco más de dos semanas: “Rajoy es el presidente con el mayor poder real de la historia constitucional y, al mismo tiempo, el que tiene menos apoyo popular y más baja estimación de voto” (EP,13-1-2013). Ahora, el 58% de los votantes del PP no se cree las explicaciones de Rajoy, y el 54% pide cambios en la cúpula del partido.

Por eso sería un tremendo error aceptar sin más que la derecha, tanto en España como en Cataluña, puedan temporalmente canalizar la actual crisis de régimen con unos meros pactos anticorrupción, que rápidamente derivarían en pactos de Estado para seguir aplicando las políticas de austeridad. Es el “derecho a decidir”, en este caso a través de unas elecciones anticipadas, lo que debe situarse en primer plano, más allá de la dimisión de Rajoy.

Mientras las redes sociales convocan espontáneamente las protestas en la calle frente a las sedes del PP, a la espera de que la izquierda política y sindical organizada comience a hacerlo, la agenda gubernamental prevista se eriza de obstáculos, como la visita mañana a Alemania de Rajoy, el debate sobre el estado de la nación el 20-21 de febrero (que la Izquierda Plural ya ha propuesto convertir en un acto de reprobación) y las previstas movilizaciones de marzo de los sindicatos y la Cumbre Social. Configurar una alternativa política creíble es la tarea pendiente de las izquierdas. No hay tiempo que perder. Así pues: sin pausas, sin vanidades, sin raposerías.

Antoni Domènech es el editor de SinPermiso. Gustavo Buster y Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.

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Argentina: Una mala jugada

LA ARENA

Pocas instituciones como el Fondo Monetario Internacional muestran semejante nivel de desprestigio. Su permanente apoyo a las políticas de ajuste en los países subdesarrollados, sus recomendaciones económicas que siempre castigan a los de abajo y benefician a los de arriba -el mejor ejemplo actual es Europa- lo degradaron a la vista de todos a lo que verdaderamente es: una agencia al servicio de la banca internacional.

De nada le ha valido al FMI golpearse el pecho y plantearse "autocríticas": para el común de la gente es la máscara del poder económico global que ha llegado a doblegar a todos los gobiernos que no se pliegan a sus dictados. Por tales razones la "amonestación" que acaba de lanzar contra nuestro país no debería extrañar a nadie, y menos al gobierno. Sobre todo porque se ha sabido que esa presión viene fogoneada nada menos que por Gran Bretaña en una suerte de represalia por la ofensiva diplomática argentina en su reclamo por las islas Malvinas.

La réplica de los funcionarios del gobierno nacional -la Presidenta incluída- apuntó a señalar esos grandes intereses que defiende el FMI y cualquier argentino con un mínimo sentido patriótico podría suscribirla. Hasta allí no habría grandes discusiones sobre la forma de posicionarse en esta cuestión. Pero a poco que se recuerden algunos hechos recientes saltan algunas incongruencias en que es preciso citar ahora.

Cuando el presidente Néstor Kirchner pagó hasta el último centavo de la deuda argentina con el FMI afirmó que con tal medida se buscaba independizar al país de ese cuestionado organismo para que no digite más la política económica como lo había hecho antes -especialmente durante el menemismo- y para que deje de inmiscuirse en las negociaciones con los otros acreedores externos. Hasta allí no habría grandes desacuerdos, salvo el pago de una deuda externa que, hoy se sabe, es espuria de nacimiento y buena parte de ella es producto de haber estatizado las enormes deudas de grandes empresas privadas. La hazaña la llevó a cabo Domingo Cavallo durante el tramo final de la última dictadura militar y fue convalidada por todos los gobiernos democráticos hasta hoy.

Con ese antecedente resulta inexplicable lo que hizo el gobierno hace dos años cuando aceptó la intervención del FMI para auditar las estadísticas del Indec. Semejante cambio de rumbo en el tema se justificó desde la realpolitik: dar una señal a los "mercados" de que Argentina no es tan "mala" como dicen y sigue siendo un país "confiable". Los que pergeñaron la jugada pecaron de ingenuos o midieron mal al enemigo, o ambas cosas. Hoy se ven las consecuencias: el FMI se permite "censurar" al país por los números que entrega su oficina de estadísticas, un problema que hasta los aliados al kirchnerismo admiten, y el gobierno queda mal parado y obligado a sobreactuar una suerte de antifondomonetarismo de ocasión para salir del enredo.

Si el Fondo es tan malo como hoy lo señalan, si lo que se buscó con el pago total de la deuda era sacarlo del medio para no tener que lidiar más con él, ¿por qué el gobierno cayó en sus manos nuevamente y nada menos que para meterlo a husmear en las cuentas del Estado? Por aquellos meses se había contratado un trabajo similar mediante un convenio con cinco universidades nacionales, el objetivo se cumplió y un informe fue entregado al gobierno nacional.

Independientemente de que la discusión sobre la exactitud y transparencia de los números del Indec está teñida por los fuertes intereses de los operadores económico-financieros y la gran prensa opositora, su solución debe llegar con el aporte de instituciones y profesionales que antepongan el interés nacional. Ni el FMI, ni los gurúes de la economía, ni las consultoras privadas podrán aportar soluciones que sean beneficiosas para el conjunto del país. Y para saber eso no hacía falta este último "reto" del FMI. Alcanzaba con seguir la premisa planteada por el anterior presidente.

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Bienes comunes y modelo productivo: Petróleo y contaminación van de la mano

Darío Arnada (ACTA)

Cuatro derrames en sólo once días en Neuquén y, en dos casos, el hidrocarburo llegó hasta el río Colorado (cuenca compartida por cinco provincias). Las petroleras produjeron 1982 “incidentes ambientales” durante 2011 y derramaron 429.000 litros de petróleo.

La contaminación petrolera reapareció en Neuquén con cuatro derrames en sólo once días y, en dos casos, el hidrocarburo llegó hasta el río Colorado (cuenca compartida por cinco provincias). Sucedió en concesiones de las empresas Petrobras e YPF, y pusieron en alerta a las organizaciones sociales y comunidades mapuches que denuncian el avance petrolero de la mano de la explotaciones de yacimientos no convencionales. Un informe oficial reveló que, sólo en la cuenca del río Colorado, las petroleras produjeron 1982 “incidentes ambientales” durante 2011 y derramaron 429.000 litros de petróleo. Desde YPF, el jefe de Prensa, Pablo Dorfman, señaló que “la compañía actuó con la mayor celeridad posible, avisando a las autoridades correspondientes y logrando contener los derrames rápidamente”. Y recordó que, durante la nueva gestión de YPF, se “creó una dirección de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente”.

El domingo 13 de enero se produjo un derrame en la zona de Rincón de los Sauces (norte provincial). Fueron cuatro pozos, tres de Petrobras y uno de YPF, con un derrame que llegó hasta el río Colorado. El subsecretario de Ambiente de Neuquén, Ricardo Esquivel, precisó que fueron “64 metros cúbicos de producción bruta y otros 110 metros cúbicos aportados por la rotura de una cañería”.

El río Colorado atraviesa cinco provincias (Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires) y está bajo el monitoreo del Coirco (Comité Interjurisdiccional), compuesto por las cinco provincias y Nación. El presidente ejecutivo, Miguel Boyero, confirmó que el “derrame afectó el río”. Las empresas atribuyeron el derrame a una tormenta.

El mismo día, en Plaza Huincul (al oeste de la capital provincial), desbordó una pileta de la empresa New American Oil, en el parque petroquímico. La empresa también culpó al clima.

El 23 de enero se rompió una pileta de almacenamiento de YPF en Rincón de los Sauces y 15.000 litros de hidrocarburos cayeron en Colorado. El subsecretario de Ambiente de Neuquén, Ricardo Esquivel, solicitó a los municipios de aguas abajo (Catriel en Río Negro y 25 de Mayo en La Pampa), que tomen “medidas preventivas en el uso de agua”. Y el Departamento Provincial de Aguas de Río Negro (DPA) cerró el ingreso de agua proveniente del río Colorado a sus sistemas de riego. En un comunicado oficial, el DPA confirmó que el cauce del río tenía “presencia de hidrocarburos”.

El cuarto derrame se produjo el jueves 24 en el yacimiento Las Lomitas, también de YPF, a 40 kilómetros de Rincón de los Sauces. Fueron 2800 litros de petróleo.

Néstor Ventoso, de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA), responsabilizó por la contaminación petrolera a “provincia y Nación, son socios de las empresas”, y preguntó: “¿Sirve que les cobren una multa si contaminaron un río, provocaron enfermedades en la población o afectaron un acuífero?”. Desde la Asamblea, integrada por una veintena de organizaciones de Río Negro y Neuquén (entre ellas la Confederación Mapuche), cuestionan el “corrimiento de la frontera petrolera” y denuncian el avance de la explotación de yacimientos no convencionales (conocido también como “fracking”), con grandes volúmenes de agua y químicos a presión, que rompen la roca y mediante bombeo extraen el hidrocarburo. El Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) elaboró en 2012 un informe de 22 carillas, titulado “Evaluación de la actividad petrolera”, que detalla que en 2011 hubo 1982 “incidentes denunciados”. Involucra a 18 compañías, más de 70 yacimientos y refiere sólo a la actividad que involucra a la cuenca del río.

En 2010 declararon 1164 casos, en 2009 fueron 1263 y en 2008 llegaron a 1141. Analiza todo el período 2000-2011: en doce años declararon 9135 “incidentes ambientales” y se contaminó una superficie equivalente a 240 hectáreas. Con fecha 17 de agosto de 2012, el informe oficial revela los volúmenes derramados (declarados por las empresas). En 2011 las compañías derramaron 429.000 litros de petróleo y 5,6 millones de litros de “agua de producción” (solución contaminada que contiene sales, sólidos en suspensión, metales pesados e hidrocarburos).

Entre 2000 y 2011, las compañías petroleras contaminaron la cuenca del río Colorado con 4,6 millones de litros de petróleo y con 54,5 millones de litros de agua contaminada de producción.

El avance petrolero llegó hasta el área natural protegida Auca Mahuida (norte provincial). Creada en 1996 como espacio de conservación de flora y fauna, el gobierno provincial la otorgó en 2012 en concesión, para el método de fracking, a la petrolera francesa Total. Ventoso, de la Asamblea por el Agua (APCA), no duda: “No pueden controlar la extracción convencional, menos podrán con el fracking. Perforan a mayor profundidad, con más agua, más químicos. Será un desastre, no quedará río ni acuífero sin contaminar. Por eso hay que frenarlos”.

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Ante el segundo centenario de la Asamblea del Año XIII: Lo histórico está más presente de lo que imaginamos

Luis E. Sabini Fernández (especial para ARGENPRESS.info)

Es muy curioso lo que ha pasado con el segundo centenario de la Asamblea del Año XIII. Que con justeza se ubica en los orígenes, en los rasgos fundacionales de los estados hoy existentes en nuestra región sudamericana.

Los diversos historiadores y referentes han recordado en Argentina con profusión muchos aspectos desarrollados en aquella magna reunión, y cómo se empezó a configurar, por ejemplo, la sociedad argentina. La Asamblea expresa avances decisivos del proceso independentista respecto de la vieja corona española. Se invoca un principio de soberanía. La Asamblea parece haber sido muy celosa de lo formal y simbólico puesto que se aprobaron una serie de símbolos patrios –escarapela, escudo, himno−, cuando no se sabía exactamente lo que era el ámbito territorial de la patria (por ejemplo, fueron invitadas provincias virreinales de lo que actualmente es Bolivia, Paraguay, Uruguay, que no estuvieron presentes); decreta la libertad de vientres, es decir ya nadie podía nacer esclavo (como bien han destacado quienes procuran ver el envés y el revés de las cosas, no se decretó la abolición de la esclavitud). Estableció una serie de principios y guías para la configuración de un estado moderno y laico, al suprimir, también los títulos nobiliarios y a la vez otras instituciones de la conquista y la colonización europea, infames, como la mita, la encomienda, el yanaconazgo. Abolió la Inquisición y suprimió la práctica de la tortura en los ámbitos judicial y penitenciario. Logro este último que ha resultado más que fallido.

Pero más allá del grotesco fracaso de algunas muy buenas disposiciones propias de ese momento fundacional, lo que apenas si se ha hablado en este segundo centenario es por qué no estuvieron presentes los representantes orientales (varios, por lo menos media docena, de poblados de la Banda Oriental, incluido Montevideo, que estaba a su vez sitiado por independentistas orientales y porteños (Montevideo en 1813 y 1814 se conservaba como plaza fuerte hispana).

Por historiadores y periodistas empeñados en el tema sabemos que los representantes orientales venían con instrucciones que los convocantes entendieron limitaban la soberanía de la Asamblea. Las muy mentadas “Instrucciones del Año XIII”, atribuidas a José Artigas.

Sin embargo, la importante es la soberanía de los pueblos, de la sociedad, y no exactamente la de la Asamblea, que puede considerarse compuesta por miembros plenos y con soberanía desde sí mismos o representantes propiamente del pensar y el sentir gestado en los tejidos sociales desde donde provenían. En ese caso, las instrucciones más que una señal de falta de democraticidad, estarían revelando una mayor democraticidad.

“La verdad de la milanesa” parece ser que los representantes de la “Provincia Oriental” venían a Buenos Aires reclamando algunos puntos irritantes para “las autoridades” porteñas, ya por entonces con una cierta supremacía sobre el resto: postulaban un pacto confederal como defensa contra el centralismo ya insinuado y tenían como mandato para la designación de la capital cualquier ciudad que NO fuera Buenos Aires.

Los delegados porteños, actuando como dueños no sólo de casa sino de la asamblea, les impidieron el ingreso al augusto recinto así privado de la democracia suprema que se invocaba. Porque se iba a discutir, y rechazar, la opresión española (de la inglesa, ni una palabra; por eso la Asamblea no postula la independencia, muchos porteños querían “ligarse” con Inglaterra), los títulos nobiliarios, la tortura, pero no iban a admitir ni el menor atisbo que ensombreciera el centralismo en ciernes y el protagonismo de facto de Buenos Aires.

Observemos, como mera y triste coda de esta asamblea, que allí se “cocinan” las inminentes guerras intestinas. Porque la resistencia al dominio de la ciudad-puerto de Buenos Aires no era una exclusividad ni una manía artiguista. Había muchos patriotas que desconfiaban del centralismo. Ni hablar de cierto conservadurismo muy bien esgrimido desde Buenos Aires. Por eso, al congreso constituyente de Tucumán, 1816, no concurrirán todas las que son actualmente las provincias argentinas litoraleñas. Ni siquiera Santa Fe…

Por eso tampoco se constituye una patria grande con los actuales Paraguay, Uruguay, Bolivia. Más bien al contrario; se reafirman nuevos estados nacionales por oposición a Buenos Aires.

Alto el precio que hemos tenido como sudamericanos para que Buenos Aires fuera la capital de un país inmenso y sin embargo reducido respecto del virreinato. Argentina. Enfrentada y resistida por tantos provincianos que habrían preferido tener un papel más activo en una organización federal. Lo llamativo es que esa resistencia y esos enfrentamientos han proseguido en el tiempo. A veces expresados en pujas interestatales como la atroz “Guerra del Paraguay” (1865-1870), a veces en penosísimos episodios internos.

Todavía hoy discutimos si esta formación megalopólica es la mejor opción (perfectible, claro), si acaso expresa un crecimiento socialmente sano y armonioso o es la expresión de un “desarrollo” colonial y neocolonial, caracterizado, por ejemplo en pleno siglo XXI, por el desplazamiento de la frontera agropecuaria, la expansión sojera y el arrinconamiento de más y más “pobres del campo” o ex-tales en los cordones urbanos pauperizados. Sabemos, sí, que la macrocefalia capitalina es un rasgo cabal de los estados coloniales, neocoloniales, sangrados, en suma.

Eso es lo llamativo. La persistencia de la misma “antinomia”.

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Argentina. Memoria y actualidad: De desigualdades y tormentos

Carlos A. Solero (COPENOA)

Se conmemoraron doscientos años de la denominada Asamblea del año XIII, la que decretó la libertad de vientres, se pronunció contra la esclavitud y los privilegios de sangre. Corresponde sin embargo interrogarse dos siglos después cuáles de aquellos postulados libertarios tienen o no vigencia en la región Argentina.

Veamos, la tortura sigue siendo práctica frecuente y atroz en lugares de detención y prisión. No es exótico que se localicen a personas en estado de cuasi servidumbre trabajando en plantaciones y de semiesclavitud en manufacturas clandestinas. Además la trata de personas es un flagelo extendido por todo el territorio, lo que desnuda y evidencia la articulación y connivencia de los explotadores con funcionarios estatales de diversas instancias.

La visibilización de estas lacras sociales es indispensable para concientización. Ahora bien, afirmar que las desigualdades e injusticias persistentes no tienen relación con la pertenencia a las clases sociales es un contrasentido. En esta región continúa la impunidad de los latifundistas y expoliadores asociados al poder instituido o circunstancialmente enfrentados por disputas coyunturales, pero cohesionados para perpetuar la dominación.

Por otra parte, y en referencia a la efeméride cabe recordar el rechazo frontal a los postulados federalistas de inspiración en José Gervasio de Artigas y los pueblos del Litoral, que se manifestaron en 1813 por parte de las élites porteñistas de clara vocación centralizadora.

Docientos años después podemos parafraseando el Manifiesto de 1918 “Que los dolores que quedan son las libertades que faltan.” En el largo camino de la emancipación humana la luchas se irán multiplicando con la creciente solidaridad que hay que potenciar y alimentar para germine como una potente simiente.

Carlos A. Solero es miembro de la APDH Rosario.

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Cabral, peón heroico

Carlos del Frade (APE)

En 2013 se cumplen doscientos y ciento ochenta años, respectivamente, del compromiso de dos peones que se jugaron enteros por la libertad y la soberanía de la Argentina.

Juan Bautista Cabral, nacido en Saladas, provincia de Corrientes, y que terminó sus días para que siguieran andando los sueños representados por José de San Martín en el combate de San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813, era uno de ellos.

Y el otro peón, Antonio Rivero, nacido en los pagos del Montiel, provincia de Entre Ríos, protagonizó el 26 de agosto de 1833 la toma por asalto de las casas de Puerto Soledad y las embarcaciones inglesas en las islas Malvinas. Izaron la bandera de Belgrano y gobernaron hasta el 7 de enero de 1834.

Cabral y Rivero, no solamente fueron soldados heroicos como dice la famosa Marcha de San Lorenzo, sino también peones heroicos.

Recordar sus días es saludar la dignidad cotidiana de los miles y miles de peones que en todos los rincones del país siguen luchando por la libertad, la igualdad y la dignidad.

Dos historias individuales que, en realidad, son colectivas.

Cabral tiene varias identidades en su propio ser: esclavo, negro, peón, soldado e integrante de las tierras guaraníes que venían peleando por la libertad desde mucho antes que él naciera.

Rivero, por su parte, es el reflejo de la tierra que se conmovió con la epopeya artiguista, donde se declaró la independencia por primera vez, el 29 de junio de 1815, en Arroyo de la China –hoy Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos-; y también sintetiza la obstinada resistencia de las mayorías a las distintas invasiones del imperio más poderoso del siglo diecinueve como fue el inglés.

Sus nombres no solamente son convocados desde los aniversarios que se cumplirán en 2013, sino desde el mismo presente.

Las relaciones internacionales con los países africanos del tercer milenio reactualizan la impronta negra en la identidad argentina, al mismo tiempo que las siempre conflictivas vinculaciones con Gran Bretaña en torno a las islas Malvinas sugieren revisar, una y otra vez, aquella historia donde aparece el gaucho Rivero.

Sus propias existencias, que van desde 1789 a 1845, están atravesadas por poderosos acontecimientos que marcaron la crónica social, política, económica y cultural de Argentina y los demás países de América del Sur.

Muchos fantasmas se mueven junto a Cabral y Rivero: los negros esclavos, las luchas guaraníes, las revueltas de los comuneros correntinos, la revolución de mayo, el proyecto artiguista, la epopeya sanmartiniana, los tiempos de la llamada anarquía, el rosismo y las permanentes intentonas de las potencias europeas por adueñarse de estas tierras.

También hay una deliberada forma de construir olvido y ninguneo sobre ambos personajes.

Porque Cabral y Rivero son hombres de abajo y no conviene que se sepa y mucho menos que se intente imitar el compromiso por ideales superiores de los que forman parte de los que son más en estos arrabales del mundo.

Por eso no es casualidad que la Academia Nacional de Historia haya coincidido en la descalificación sobre Rivero que hacen los ingleses. El relato histórico es funcional a las minorías que quieren controlar el presente. De allí que construyen, de manera permanente, el pasado.

El objetivo político de la falsificación histórica es hacernos creer que para dejar una marca en el tiempo hay que ser un superhéroe, un hombre superior, un elegido; nunca uno más, un habitante del mar del pueblo.

De tal forma, los comunes, los millones, jamás sienten que son capaces de hacer la historia y apenas tienen derecho a rendir culto a las miles de estatuas vacías de sentimientos y proyectos políticos que se esparcen por toda la fenomenal geografía de la Argentina.

Ocultar la historia de los héroes populares es imponer la resignación: ustedes, los que más son, apenas están invitados a ser meros espectadores del juego de las minorías.

Fuente de datos:
- “Peones heroicos”, libro de investigación periodística del autor de estas crónicas.

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Boletín de CORREPI

Represión en Parque Centenario / La tortura que no es tortura en democracia / ¡Libertad a los presos por luchar! / El gobierno de la ciudad contra los trabajadores que luchan / A cuatro años de la desaparición de Luciano Arruga / Con o sin uniforme, igual gozan de impunidad.

Represión en Parque Centenario
La noche del lunes 28 de enero, vecinos y trabajadores de la feria que funciona en Parque Centenario se convocaron en asamblea, alertados porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires empezaba los trabajos para enrejar la plaza esa misma noche. Así, Parque Centenario se sumaría a otras 85 plazas de la Ciudad que poseen rejas que cierran por la noche.
Cuando comenzaron a poner el vallado, los vecinos y feriantes decidieron resistir. La policía Metropolitana avanzó, reprimiendo con balas de goma y gases lacrimógenos. Como el gobierno de Macri consideró que sus fuerzas represivas no bastaban, llamó al gobierno nacional, que envió a la infantería de la PFA.
Esa noche hubo 11 detenidos, que fueron trasladados a la comisaría 11ª de la policía federal. Como lo hicieron en el Parque Indoamericano, donde se juntaron para reprimir y asesinar a cuatro personas que pedían por un techo, queda demostrado, una vez más, que para la represión Macri y Cristina no tienen desacuerdos.
La noche siguiente se repitió el mismo proceder represivo, irrumpiendo en la asamblea, deteniendo a tres personas e hiriendo a otras.
La política de enrejado de los espacios públicos la utilizan tanto el gobierno de la Ciudad como el gobierno Nacional. Una de las primeras medidas del gobierno de Kirchner, a poco de asumir, fue ponerle rejas a la plaza más significativa para los trabajadores: la Plaza de Mayo. Después de 2001, la clase social que está en el poder y que eligió a los Kirchner como representantes, se dio cuenta que era muy inseguro para ellos dejar ese espacio abierto. También fueron enrejados el Congreso Nacional y otros edificios donde deciden las políticas que aplican sobre el pueblo.
Los Kirchner utilizaron en ese momento el mismo discurso que ahora usa Macri: la inseguridad. Los primeros dejaron explícitamente claro, con las rejas, que esos lugares no pertenecían a los trabajadores, y que debían quedarse lejos. Por su parte, Macri afecta el trabajo de los feriantes y también tiene como objetivo correr de las plazas a los jóvenes, acusándolos de generar que esos espacios sean inseguros, cuando, en realidad, muchos de aquellos jóvenes que paran a dormir en la plaza, a jugar al futbol o a tomar una cerveza, se encuentran con la verdadera inseguridad, la policía, que los espera para hostigarlos y reprimirlos. Como le pasó a Jon Camafreitas en la Plaza Mariano Boedo de Balvanera, donde fue perseguido y fusilado el cabo Alexis Naredo de la comisaría 8ª, o como sucede a diario en las plazas cercanas al Abasto, donde los policías hostigan y abusan sexualmente de los chicos que paran ahí.
El mensaje es claro, hay lugares “públicos” que no deben pertenecer a los trabajadores ni a los pibes de los barrios. Para eso ponen rejas. Nuestra respuesta es la organización y la lucha para retomar los espacios que son nuestros.

La tortura que no es tortura en democracia
El pasado 2 de enero, en la localidad de Santa Sylvina, provincia de Chaco, Alexis Damián Espíndola fue detenido en la comisaría local, acusado por un robo. Luego de ser trasladado al patio interno de la seccional, fue torturado y golpeado con puños y patadas por cuatro agentes policiales, uno de ellos Pablo Sandoval.
Finalmente, lo trasladaron a una celda en la cual continuaron las amenazas. El terror que ejercieron los policías sobre Alexis hizo que se escapara, pero horas después fue detenido nuevamente en un barrio cercano y regresado a la comisaría. Allí lo acostaron boca abajo y comenzó otra golpiza que incluyo patadas, golpes de puño, rodillazos en las zonas laterales del cuerpo, pisadas en el cuello y culatazos de armas en la sien. Como resultado, además de las obvias lesiones físicas, sufre un trauma psicológico que le impide hablar.
Como siempre sostenemos, la represión estatal necesita, además de la policía como brazo armado, a todo un aparato encargado de encubrir, liberar y garantizar la impunidad de los represores. En este caso, no es extraña la conducta del médico de guardia del hospital, quien se negó a constatar la golpiza. Pruebas no faltaban, ya que varias fotografías tomadas por el abogado de la familia dan cuentan de la gravedad del estado del pibe.
Pero éste no es el único caso reciente en la provincia. En Resistencia, los hermanos César y Daniela Romero presentaron una denuncia por torturas y violación contra la comisaría 4ª. Primero fue detenido César, usando para justificar el arresto el Código de Faltas. Cuando Daniela se acercó a la comisaría en busca de su hermano, fue insultada, maltratada, golpeada y obligada a desnudarse sin personal femenino presente. Además, presenció como su hermano era víctima de una golpiza e insultos. Finalmente, Daniela fue liberada y a César le armaron una causa de atentado contra la autoridad.
Otra provincia que no se queda atrás a la hora de torturar es Corrientes. En el penal de San Cayetano, más de 40 presos de los pabellones de mínima seguridad fueron violentamente reprimidos con balas de goma y palos por integrantes del Equipo Táctico de Operaciones Penitenciarias (ETOP).
Estos casos impunes ratifican la tolerancia a la tortura del estado argentino, que asegura a las fuerzas de seguridad que el castigo siempre será lo más leve posible, dándoles vía libre para que comentan delitos y violaciones a los derechos humanos.
Y como si esto fuera poco, ni siquiera se llama a las cosas por su nombre. Bajar la calificación legal de torturas a apremios o vejaciones, así como los homicidios calificados se tornan excesos en la legítima defensa o u homicidios por negligencia, queriendo dar cuenta que es un policía y no toda la institución, es parte del lavado de cara necesario en el contexto democrático.
De norte a sur, las fuerzas de seguridad estatales, llámense servicios penitenciarios, policía federal, provincial, municipal, metropolitana, gendarmería, prefectura o agencias de seguridad privada, torturan y matan con un único objetivo, que es mantener el orden de cosas establecido, cuidando las espaldas e intereses de los ricos y disciplinando a los pobres.

¡Libertad a los presos por luchar!
Luego del despliegue propagandístico oficial de la “Campaña Nacional contra la violencia institucional”, la represión recrudece a lo largo y ancho del país, sumando una cantidad llamativa de casos contabilizados en estos dos últimos meses. Entre las diferentes manifestaciones de la misma política nacional se encuentran los compañeros de Bariloche que siguen detenidos, cinco de ellos acusados de “instigación” al saqueo luego de los allanamientos violentos a los vecinos del Alto, tres de los cuales pertenecen a la Cooperativa 1º de Mayo y vecinos de los barrios más marginados. A estos presos políticos, se sumaron seis compañeros más privados de su libertad, luego de la represión desplegada en el corte de la Ruta nacional N° 40 por la gendarmería nacional, bajo la dirección del juez federal Leónidas Moldes, cuando los compañeros exigían la liberación inmediata de lo primeros detenidos.
La situación de los compañeros toma un carácter cada vez más complejo. Hostigados afuera por las diferencias sociales y la explotación que nos imprime el sistema, reprimidos por acampar y manifestarse en pos de poder garantizar condiciones dignas de existencia, ahora se suman los maltratos y condiciones inhumanas que les garantizan en los lugares de detención. Por esto mismo, las tres compañeras detenidas, Gisel Poblete, Catalina Lineros y Haydee Grande, iniciaron una huelga de hambre, para visibilizar la situación de maltrato e incomunicación en que se encontraban, siendo negada su excarcelación por el juez Moldes, a pesar de que dos de estas compañeras tienen hijos pequeños que están a su cuidado. Con la huelga de hambre y la profundización de la campaña solidaria, se logró su arresto domiciliario.
Ante la presión de la movilización popular, con movilizaciones en distintos puntos del país, se logró la excarcelación de cinco de los presos de la ruta, Gabriel Anderete, Pablo Mansilla, Maximiliano Careaga, Blanca Grande, Patricia Santos y Carla Sanpirisi. Queda continuar la lucha por la liberación de todos, y por el cierre de las causas, contra la criminalización de la protesta social ejercida por el kirchnerismo.
Por eso, ante la escalada represiva llevada adelante por el gobierno nacional de la mano con los gobiernos provinciales, CORREPI, que garantiza su presencia en Bariloche a través de los compañeros patagónicos del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo); colabora con la defensa técnica asumida por la compañera Marina Schifrin, de la Asociación Gremial de Abogados, y estuvo presente, también, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y otros organismos de derechos humanos, en la conferencia de prensa que se realizó el martes 29 de enero, frente a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación donde decidimos invitar conjuntamente a sumarse a la movilización que se realizará el 5 de febrero a Plaza de Mayo.

El gobierno de la ciudad contra los trabajadores que luchan
Otra vez el gobierno de Mauricio Macri pone en evidencia la persecución estatal frente a los trabajadores, que, de cara a la precarización que sufren en sus puestos de trabajos, deciden dar una lucha para enfrentar estos múltiples y permanentes atropellos.
Esta vez fue el turno de los trabajadores del programa BAP (Buenos Aires Presente), que fue afectado con el despido y traslado de más de una decena de compañeros, entre los que cuales se encuentra toda la junta interna de ATE. El ministerio de Modernización es denunciado por los trabajadores como el encargado de llevar adelante esta política, con Pedro Aparicio como uno de sus principales responsables. Esta persecución sindical también alcanzó a dos delegados de la Dirección General de Museo, sin olvidar el despido de un trabajador de la subsecretaría de Trabajo por negarse a repartir volantes del PRO en diciembre pasado. Los trabajadores vienen enfrentando un hostigamiento de larga data, frente al claro objetivo de vaciar este programa (el cual depende del Ministerio de Desarrollo) que trabaja con personas en situación de calle.
Al igual que las distintas patronales, la estrategia de desarticulación de la lucha organizada, muestra sus distintos instrumentos: despidos, traslados compulsivos (con una lógica selectividad en los compañeros delegados), criminalización de la protesta, en fin: violentar los derechos de los trabajadores frente a la organización que denuncia la precarización a la que la un gran sector de los trabajadores estatales es sometida, las pésimas condiciones edilicias, salarios paupérrimos y los ya clásicos contratos basura.
Nada nuevo nos muestra el gobierno de la ciudad con estas prácticas, ante la organización de los trabajadores para defender sus intereses y cuando el estado actúa como patrón, pone todo sus fuerzas en impedir que avance su lucha, para mejorar y defender sus derechos.

A cuatro años de la desaparición de Luciano Arruga
Desde que detuvieron, torturaron y desaparecieron a Luciano, más de 25 personas tuvieron igual destino a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Todos ellos forman parte de los 210 desaparecidos por el estado desde 1983 hasta fines de 2012.
Lomas del Mirador es una muestra de lo que sucede en todos los barrios del país: la inseguridad es la policía en la calle. Sin una estructura estatal participando activamente y protegiendo el crimen organizado, los grandes hechos de inseguridad que vemos todos los días no existirían, ya que el trafico de drogas, el robo de autos, casas, salideras bancarias, la prostitución, el tráfico de personas y todos los negocios ilícitos que generan grandes ganancias, están organizados y digitados desde el estado a través de las fuerzas de seguridad. ¿Más policía para combatir la inseguridad? Esa “solución” suena a apagar un incendio con nafta.
Muchas veces la policía recluta a jóvenes pobres para que salgan a robar para ellos, ofreciéndoles droga a cambio o amenazándolos. Luciano dijo no. Ahí estaba, un joven pobre levantando la cabeza, un joven que se resistía al disciplinamiento de la policía, un joven negándose a participar de los negociados de quien lo reprimía y hostigaba todos los días. Eso fue suficiente para que la policía determinara que Luciano era peligroso, por lo tanto procedieron a eliminarlo del mapa.
Luego de varias entradas a la comisaría donde lo torturaron, se llevaron a Luciano el 31 de enero de 2009 y nunca más apareció. Mentiríamos si dijéramos que nunca más se supo de Luciano, porque se sabe que estuvo en la comisaría de Lomas del Mirador; se sabe que lo torturaron; se sabe que esa noche los patrulleros no hicieron su recorrido programado; se sabe que era hostigado cotidianamente por los policías por negarse a robar para ellos. Se sabe, todos lo sabemos, que Luciano y otras 210 personas no están ni ausentes ni perdidas, sino detenidas y desaparecidas por las fuerzas de seguridad del estado.
Luciano Arruga también forma parte de las 78 personas desaparecidas durante el gobierno de los Kirchner, que mientras levanta falsamente la bandera de los DDHH, es el gobierno que más casos de gatillo fácil acumula; el primero que logra consenso suficiente para militarizar todo el territorio y para desplegar una política represiva que también incluye leyes antiterroristas, tercerización de la represión, represión a organizaciones políticas y más de 20 compañeros asesinados por luchar.
Desde CORREPI estuvimos presentes el 26 de enero en Lomas del Mirador, acompañando la lucha de los amigos y la familia de Luciano, que decidieron no quedarse callados y organizarse y luchar contra la represión. Con o sin uniforme, igual gozan de impunidad.

Con o sin uniforme, igual gozan de impunidad
Marcos Nahuel Arias, de 20 años, fue asesinado en Mendoza de una balazo en el tórax, por un policía de civil. Cristian Corvalán, de 23, fue asesinado en González Catán con un disparo en la cabeza, propinado por otro policía de civil. Ramón Alberto Cruz, de 35 años, fue asesinado en Misiones por otro no uniformado; el balazo, para variar, fue por la espalda. Julio Luna tenía 60 años cuando un federal de civil le disparó en el pecho. A Mauricio Araujo, de 19 años, a quien encima le terminaron plantando un arma a pesar de los vecinos testigos de la masacre, lo mataron entre dos policías de civil que se movían en un auto sin identificación, en Mar del Plata. En Moreno, Miriam Fronza, de 49 años, recibió un tiro en la nuca del bonaerense Claudio Fernando Vadalá, que no lucía su uniforme reglamentario sino que manejaba su espléndido Hyundai Génesis valuado en $200.000. La lista sigue.
Estos casos seguramente suenen conocidos. Es porque, como todo hecho represivo, los hemos denunciado en sus respectivos momentos, junto con otros miles de casos de gatillo fácil que, a la par de las torturas sufridas por los presos en las cárceles y los detenidos en las comisarías, las detenciones arbitrarias y hostigamiento que sufren los pibes de los barrios pobres, conforman un siniestro espectro de violencia que desata la clase dominante para disciplinar a la clase trabajadora y mantenerla calladita.
De civil, también, estaban los policías que persiguieron, disparos de bala de goma mediante, golpearon y detuvieron a Claudio Morel Rodríguez, la semana pasada en la localidad de Avellaneda. Él tiene la suerte, no como los casos que recordábamos arriba, de ser un famoso jugador de fútbol y el caso trascendió. Trascendió, además, por el horror que causó en algunos la idea de que un policía de civil persiga y dispare a su antojo por la calle, sin identificación. Pero esto es algo que, en realidad, no sorprende, no sólo por los ejemplos mencionados, sino porque sabemos que, uniformados o no, los policías y todas las fuerzas represivas estatales cuentan con la impunidad que sólo un sistema de desigualdad e injusticia puede garantizarles. Y, claro está, no es por nada, sino para que cumplan libremente con la tarea que les ha sido encomendada: cuidar las riquezas de quienes se apropian del trabajo ajeno, tanto a través de infundir el miedo en los barrios como de acallar violentamente los cánticos de una marcha popular que reclama dignidad y amenaza el poder de los ricos.
“Suponemos que, con todos los peritajes y demás, las autoridades van a relacionar esto con cierta brutalidad policial. El ministerio de Seguridad bonaerense actuó rápidamente y me notificaron, las personas que intervinieron en el hecho, que son dos, han sido desafectadas”, fue la declaración de Florencia Arietto, responsable de seguridad del Club Atlético Independiente (equipo del que Rodríguez forma parte). Ninguna “brutalidad policial” se esconde detrás de este hecho y ninguna desafectación va a evitar que esto siga pasando. Tanto jueces y fiscales, seguramente, se encarguen de reordenar a los policías donde más les convenga, como pasa con cada represor en este sistema. Pero, como siempre decimos, sólo organizarnos y luchar contra esta gigante máquina de matar es la salida que nos queda a los de abajo para que los de arriba no nos sigan persiguiendo y baleando.

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Argentina, Neuquén: Los genocidas deben ir a cárcel común

LA MAÑANA - ACTA

Juan Cruz Goñi, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, adelantó los ejes de la apelación en el juicio histórico denominado Escuelita Dos que terminó con ocho absoluciones y la detención domiciliaria de condenados.

Las absoluciones a ocho imputados acusados por delitos de lesa humanidad ocurridos en la región durante la última dictadura militar, las bajas penas dictadas por el Tribunal Oral Federal a los condenados y el mantenimiento de las condiciones de detención serán los ejes de impugnación del fallo en el juicio La Escuelita II por parte de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, cuyo veredicto se dio a conocer el 6 de noviembre del año pasado.

“En primer lugar, se atacarán las absoluciones en la convicción de que hubo elementos de prueba suficientes para condenar y que el Tribunal los desestimó indebidamente; en segundo lugar, se objetarán las bajas penas que se han aplicado en numerosos casos (que fueron desde los 4 años de prisión hasta los 23) frente a los crímenes más graves y, por último, refutaremos el mantenimiento de las condiciones de detención porque entendemos que las penas deben ser cumplidas en cárcel común”, explicó el abogado Juan Cruz Goñi, representante de la querella de la APDH en relación a la presentación de la apelación que hará en febrero. “Estos tres aspectos intentaremos revertirlos en casación y creemos que hay elementos suficientes para que suceda”, agregó.

En cuanto a las absoluciones, la de Emilio Sacchitela es, para la querella de la APDH, “una de las más desacertadas”, y será recurrida ya que consideran que “el caudal probatorio” contra el ex gendarme es suficiente para condenarlo. Según Goñi, el tribunal “ha hecho una incorrecta valoración de la prueba porque ésta existe y fue clara y contundente”. “Consideramos la de Sacchitela una absolución preocupante y definitivamente importante para ser objeto de casación”, aseguró.

Con respecto a la insuficiencia de las penas, Goñi señaló que se da un caso paradojal puesto que en el fallo que lideró el juez Orlando Coscia hay, en general, una asignación correcta de las responsabilidades planteadas por la parte acusadora desde el punto de vista conceptual pero, “absurdamente se han aplicado condenas muy bajas e incompatibles con las que corresponden frente a crímenes de lesa humanidad”.

El abogado señaló que "se han aplicado penas propias de delitos comunes para criminales que han atentado contra la humanidad, esto es algo que no se puede aceptar de acuerdo a nuestras convicciones por ello solicitamos la revocación de las exiguas penas impuestas y la aplicación de las solicitadas por nuestra querella”.

En relación al mantenimiento de las condiciones de detención resuelta por el Tribunal Oral Federal de Neuquén, Goñi manifestó que es “inaceptable”. “Los responsables de estos crímenes deben estar en cárcel común. Las prisiones domiciliarias no pueden constituirse en otro de los tantos dispositivos de impunidad que han empleado los genocidas para evadir la Justicia”, expresó.

Consideró que existe una “aplicación automática” de la detención domiciliaria que la APDH rechazó enérgicamente en el alegato “porque no consideramos que la franja etaria sea un indicio suficiente para la concesión del beneficio de la domiciliaria”, dijo.

Señaló que la Cámara de Casación, en un precedente importante, si bien no llegó a dictaminar que para crímenes de lesa humanidad “hay que aplicar un régimen diferenciado en materia de ejecución de penas, dijo que el beneficio no es automático, que en crímenes de lesa humanidad se debe tener el mayor celo en la concesión. Sin embargo, los jueces del tribunal de Neuquén no hicieron lugar a nuestra pretensión y se mantuvieron estas condiciones de detención. Los genocidas están en sus casas y no en las cárceles, que es donde deben estar”.

Por último, comentó que la APDH reiterará su pedido de prisión perpetua a los responsables del homicidio en tortura del cooperativista José Luis Albanesi.

El abogado evaluó que el fallo ha ratificado las responsabilidades militares, “incluso los razonamientos acerca del plan sistemático, el importante rol de Inteligencia y otros elementos. Pero hay otros aspectos que son inaceptables y ellos serán objeto de impugnación”.

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Argentina, Provincia de Buenos Aires: “Provincia y Nación deben priorizar las políticas de Estado en lugar de su interna”

ACTA

De esa manera, el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, plantó posición frente a las discusiones paritarias y la intención del Ejecutivo bonaerense de limitar la discusión por los haberes.

De Isasi advirtió que “estamos en presencia de otro round dentro del partido gobernante para ver quien llega a la presidencia de 2015. Si siguen con esta situación nos encontrarán organizados y movilizados para resistir el ajuste”.

La Asociación Trabajadores del Estado fijó posición frente a las declaraciones realizadas por ministros y funcionarios del gobierno provincial y nacional, quienes reclaman una reforma al régimen de coparticipación (con el pretexto de hacer frente a los aumentos salariales).

Frente a esta situación, el secretario General de ATE provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, sostuvo: “No creemos mucho en esta discusión entre el Ejecutivo nacional y el provincial por la cuestión de la coparticipación, cuando kirchneristas y sciolistas rápidamente se pusieron de acuerdo para aprobar el presupuesto de ajuste para 2013”.

Por lo tanto, le pidió a “aquellos que prometieron las mismas cosas, y fueron por el mismo partido y en la misma boleta, que prioricen las políticas de Estado en contra de la interna por la carrera de cara a las elecciones presidenciales 2015”.

En tanto, cuestionó que “las declaraciones del ministro de Infraestructura bonaerense, Alejandro Arlía, tienen más que ver con la pelea que hay entre los gobiernos nacional y provincial que con la convicción de pugnar por una coparticipación más justa y por la recuperación del fondo del Conurbano”.

En ese sentido, ratificó que la postura de ATE es discutir salarios “seriamente” y pensando en la recomposición de los haberes frente al proceso inflacionario. Y advirtió: “En cada paritaria vamos a ir a pelear por el poder adquisitivo que ha perdido el salario, y vamos a reiterar la necesidad de que se haga justicia con la hora de bolsillo de los trabajadores de la salud y la educación, quienes cobran menos que otros compañeros”.

Además, indicó que “como gremio también vamos a insistir en la necesidad de que se blanqueen las cifras en negro, se eliminen los topes en el pago de las asignaciones familiares, y que el gobernador Daniel Scioli tome una posición más firme en el pedido a la Nación para que se elimine el impuesto a las ganancias -que aún elevado en un 20% sigue afectando el bolsillo de los trabajadores”.

De Isasi indicó que “el dinero para mejorar los haberes está y también hay condiciones para aumentar los presupuestos en políticas sociales y mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Solo hace falta que se pongan de acuerdo el gobernador del principal estado argentino, que concentra el 40% de la riqueza del país, con la jefa de Estado a nivel nacional. Graficando en números la situación de los trabajadores: más del 60% de nuestros compañeros cobra entre 3.100 y 3.700 pesos de bolsillo”.

En cuanto a la disputa entre la provincia y la nación, evaluó que “es difícil creer que quienes se pusieron de acuerdo en forma rápida para votar un presupuesto que redujo en más de 6.000 cargos la planta permanente de los trabajadores del Estado, que redujo el magro presupuesto en Desarrollo Social, que mantiene los mismos niveles de presupuesto del año pasado en Salud, realmente estén discutiendo cuál es el mejor destino de los fondos para mejorar la vida de la gente”.

Y concluyó: “En realidad estamos en presencia de otro round dentro del partido gobernante para ver quien llega a la presidencia en 2015. Igual que con el conflicto del aguinaldo, les decimos que debe haber responsabilidad en los gobernantes para que dejen de lado las políticas de ajuste y no intenten llevarse puestos a los bonaerenses en esta interna. De lo contrario, nos encontrarán a los estatales organizados y movilizados para resistir el ajuste, y poner fin a la interna voraz para que se mejoren las condiciones de vida de los trabajadores”.

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Podrían cerrar Carabobo y Puán hasta la llegada de nuevas formaciones en el subte A

LA RETAGUARDIA

Manuel Compañez, delegado de la Línea A de subte por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), se refirió a los trabajos que Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y Metrovías están llevando adelante, junto al gobierno porteño, en la línea que permanecerá cerrada a los pasajeros, en principio, hasta los primeros días de marzo. Disminución de la cantidad de formaciones, falta de sistema de frenos, posible cierre de estaciones, son algunas de las problemáticas cuya resolución se desconoce por ahora.

En los últimos días circuló por internet un video que muestra el funcionamiento de los nuevos vagones de origen chino que reemplazarán a los históricos coches de madera belgas de la línea A del subterráneo. En las imágenes puede verse cómo las flamantes formaciones rozan los andenes. Al respecto, el metrodelegado Manuel Compañez explicó que esta situación es previsible y que se trabaja para modificarla, recortando las curvas en las que esto sucede. De todos modos, remarcó que tanto esta tarea como cualquier otra necesaria para la puesta en funcionamiento de los nuevos vagones podrían haberse realizado en horario nocturno, evitando el cierre de la línea durante prácticamente dos meses, tal como lo resolvió el Ejecutivo porteño, a cargo del subte desde el 1 de enero de este año.

“En realidad los coches se cambiaron en varias líneas -afirmó Compañez- y las pruebas se hicieron siempre de noche, eso es lo normal. En cualquier lugar del mundo se hacen pruebas de noche o en otros sectores que no son propios del subte, en muchos países hay vías especiales para probar formaciones que no son para pasajeros, sino que son de talleres o de cocheras, que es donde se prueban las formaciones, para ver cómo funcionan los frenos, la aceleración, etc. Acá la improvisación o los apuros electorales hicieron que esto no sea así”.

Los inconvenientes con la línea A no terminarán, al parecer, una vez que se reabra el servicio. Según señaló Compañez, oficialmente SBASE y Metrovías anunciaron que de las veintidós formaciones que estaban funcionando, se pasará posiblemente a once: “el problema es que para poder establecer un tiempo no muy largo entre formación y formación, capaz cuatro minutos o un poco más, lo que informó Metrovías es que iban a cerrar las estaciones de Carabobo y Puán hasta que vengan nuevas formaciones. Sin embargo, otros sectores de la empresa informaron también, en este caso extraoficialmente, que estarían bajando formaciones de otras líneas, rearmadas, como las de la línea D, con las que se podría llegar a dieciséis formaciones. Un servicio Plaza de Mayo-Primera Junta bien dado necesita quince formaciones más una de repuesto, más una periódica, que significa que está haciendo mantenimiento. Pero no está claro qué va a pasar”, agregó el metrodelegado.

Ante este panorama vale preguntarse, entonces, si con la puesta en funcionamiento de los nuevos vagones los pasajeros viajarán mejor. Compañez responde: “hay muchas variables a tener en cuenta, si nosotros podemos tener una flota entera de coches cero kilómetros yo creo que sí se va a viajar mejor, pero por el momento solo vienen nueve formaciones, el resto se va completarían con estos coches Fiat de la línea D. Además, están los problemas de gestión que tiene el macrismo, por no tener planificación porque en realidad no tienen idea de lo que es un subte. Por ejemplo, las nuevas formaciones se trajeron sin el sistema de señales de seguridad, es decir sin freno de seguridad. Para que las formaciones salgan a la línea tienen que tener algún tipo de seguridad, entonces se les va a instalar una copia que es mecánica y electrónica del coche belga, es decir que para que puedan funcionar las formaciones cero kilómetro se les está adicionando el sistema de freno de hace cien años. Hay un problema clarísimo de planificación de cómo se hace este trabajo en el subterráneo y que lleva a este tipo de problemas”.

Cuando se habla de los coches belgas, de hace cien años, se está haciendo referencia a los históricos vagones de madera que funcionaron hasta el último día que la línea A estuvo abierta en enero de este año. Tras una larga polémica sobre cuál sería el destino de estas formaciones, llamadas La Brugeoise, lo cierto es hoy están abandonadas a la intemperie en un predio de Parque Patricios. Compañez calificó este hecho como una vergüenza: “es un patrimonio histórico importantísimo que tiene la Ciudad de Buenos Aires y nuestro país, formaciones de 99 años que siguen funcionando gracias al mantenimiento que hizo SBASE durante tantos años hasta que fue privatizado en 1994. Son coches que internacionalmente quieren ser adquiridos por su valor histórico, es algo de muchísimo prestigio desde el punto de vista técnico o de las industrias que intervinieron en su fabricación, es una propaganda de primer nivel y también un protagonista en la técnica del siglo pasado. Están dejando abandonadas a la intemperie a estas formaciones. Es cierto que es discutible que antes se utilizaban como tranvías en Bélgica, pero después de cien años no se las puede dejar así, son formaciones de roble de los bosques europeos. Es realmente una vergüenza”.

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Los universitarios argentinos no quieren estudiar ciencia ni tecnología

PRIMERA FUENTE

En la sociedad del conocimiento (una característica del siglo 21), la escasez de universitarios egresados en las carreras científicas y tecnologías revelan que el sistema educativo está fracasando.

La graduación de universitarios argentinos en las carreras científicas y tecnológicas es inferior a la de los países industrializados, y también a la de países latinoamericanos tales como México, Colombia, Chile, El Salvador y Panamá, apunta Alieto Aldo Guadagni, director del CEA (Centro de Estudios de la Educación Argentina).

En todo el sistema universitario por cada 100 graduados en Ciencias Sociales apenas hay 5,6 en Ciencias Básicas; en las universidades estatales esta proporción se ubica en 7,8, mientras que en las privadas es de apenas 1,5.

Mientras que en 2003 por cada estudiante que ingresaba a una universidad privada, ingresaban 4,7 a una estatal; en 2010 esta proporción se reduce a 3,1.

Algo similar está ocurriendo con la graduación, ya que en 2003 se graduaban 3,2 profesionales universitarios en universidades estatales por cada graduado de universidades privadas; mientras que en 2010 esta proporción se reduce a 2,5.

En el 2010 (últimas cifras anuales argentinas completas disponibles), se graduaron entre economistas + contadores + administración de empresas + abogados, 34.071 profesionales. En ese mismo ejercicio se graduaron apenas 15 ingenieros hidráulicos, 24 ingenieros petroleros, 13 ingenieros nucleares y 8 ingenieros ambientales.

El panorama es similar en las carreras de posgrado. El 34,3% de la graduación total en el año 2010 correspondió a 2 carreras: Economía y Administración (20,2% del total) y Derecho (14,1% del total). Importante: existen diferencias según el tipo de universidad:

En las privadas, Economía y Administración de Empresas + Derecho aportan el 40% de la graduación total.

En las estatales esta proporción es del 32%.

Acerca de la aplicación del millonario presupuesto educativo estatal, hay una situación muy irregular, e inconveniente para el esfuerzo que hacen los contribuyentes en subsidiar a los universitarios públicos.

Entre 2003 y 2010 la graduación en el total de las carreras se incrementó 27%, pero se destaca el avance en la graduación en Ciencias Sociales que trepa a un 35%, es decir por encima del promedio, mientras que las disciplinas agrupadas como Ciencias Básicas y Aplicadas incrementan su graduación en igual lapso en 23,6%, es decir por debajo del promedio general de graduación.

Los universitarios públicos, sin duda deberían asumir con mayor responsabilidad la necesidad de concederle una satisfacción a quienes financian sus estudios.

En cuanto a las universidades privadas, muchas de ellas deberían replantear su oferta educacional porque, evidentemente, resultan una estafa a sus estudiantes en términos de posibilidades laborales efectivas y no cumplen un rol compatible con el desarrollo estratégico argentino.

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