martes, 19 de febrero de 2013

Estados Unidos y la institucionalización de “un nuevo orden panamericano” en Nuestra América

Alejandro L. Perdomo Aguilera (especial para ARGENPRESS.info)

Concluía la política de Guerra Fría con el derrumbe del llamado campo socialista de Europa del Este. En este escenario el presidente George Bush padre (1989-1993), planteó la necesidad de construir un “nuevo orden mundial” donde se consolidara la hegemonía estadounidense. Para las relaciones panamericanas, este interés hegemónico fue proyectado a través de instrumentos político-jurídicos, económicos, militares, de seguridad e ideológico-culturales, en interés de configurar “el nuevo orden panamericano”. (Suárez Salazar, 2003).

En la arena Latinoamericana y caribeña vieron el fin varios procesos progresistas en Centroamérica, con la derrota del FSLN de Nicaragua en las elecciones de 1990 y la “solución política y negociada del conflicto salvadoreño” (enero de 1992).

Las administraciones de George H. W. Bush (1989-1993) y William J. Clinton (1993-2001) en la década del 90 y de George W. Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009- ) hasta la actualidad, han reflejado la continuidad del interés de consolidación hegemónica regional, independientemente de los cambios y matices ajustados al contexto histórico e internacional, las condicionantes internas de ese Estado-nación y las características de cada presidente.

En el plano militar y de seguridad ya se venían preparando nuevos enemigos que sustituyeran la “batalla” contra el comunismo, y continuaran alentando el Complejo de Seguridad Industrial para el enfrentamiento al llamado narcotráfico. (Perdomo, 2012) En este sentido, el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) había incentivado la guerra contra el flagelo de las drogas, con una militarización que ha sido continuada por los diferentes gobiernos demócratas y republicanos de ese país.

El contexto internacional para la política exterior y de seguridad del líder del sistema-mundo (según la teoría de I. Wallerstein), estuvo incidida por la Guerra del Golfo Pérsico entre 1990 y 1991. La necesidad de nuevas guerras por el control de recursos naturales geoestratégicos, adquirió como justificaciones más útiles la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico, aunque también fueron revalorados los temas de las migraciones descontroladas, la gobernabilidad y los derechos humanos, entre otros.

El sistema interamericano se reajustó para ello, con nuevo aparato categorial, de principios y valores acordes al nuevo contexto internacional. Entre los instrumentos político-jurídicos de este periodo se destaca el Compromiso con la Democracia Representativa y la Modernización del Sistema Interamericano, aprobado en 1991 en la Asamblea General de la OEA, en Santiago de Chile. Este adecuaba la institucionalidad de sistema interamericano con principios y valores, susceptibles de ser reinterpretados de manera desfavorable para gobiernos latinoamericanos y caribeños, que resultaran perjudiciales para las pretensiones imperiales de UE. Estas reformas de la OEA impulsadas por Washington en la posguerra fría, contaron con la cooperación de Canadá.

Como parte de esas reformas fue firmado en 1991 el Protocolo de Washington, el cual invalidaba los principios del “pluralismo ideológico y político” establecido en el Protocolo de San José en 1975. En septiembre de 2001, fue aprobada la Carta Democrática Interamericana (CDI), que revaloraba los la necesidad de “promover y consolidar la democracia representativa”. Con ello, se ponderaba la necesidad de consolidar la democracia y el Estado de derecho en los países miembros.

La firma de la CDI ocurre en un complejo escenario internacional, luego de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas (World Trade Center de Nueva York) y el Pentágono de Estados Unidos de América, que aprovechó muy bien la diplomacia estadounidense para impulsar la aprobación de este documento, con el conmovedor discurso del ex Secretario de Estado, Colin Powell, en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Lima. Estos hechos “validaron” la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2002, que dio a conocer públicamente el presidente G.W. Bush, la cual ha tenido un impacto significativo en el sistema interamericano. (Véase: Suárez, 2003)

Los instrumentos económicos de Estados Unidos para Nuestra América, también han ejercido un papel notorio en la conformación del “nuevo orden panamericano”. Estos tuvieron una base inicial en 1990, cuando ese país emitió una serie de recetas económicas para los países de la región, a través del Consenso de Washington. Estas políticas económicas tenían como fin, perpetuar la dependencia estructural a la economía estadounidense e incrementar la explotación del hemisferio occidental.

También con ese objetivo fueron promovidos algunos acuerdos económicos-comerciales como la fracasada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y otros más efectivos como el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés), entre Estados Unidos, Canadá y México; el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) y los TLC para los países de Suramérica (Colombia, Perú y Chile).

En el plano ideológico-cultural, se incrementó la diplomacia ciudadana y el trabajo con los llamados sectores vulnerables de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, con la influencia de los patrones ideológico- culturales, reforzados con el poderío sobre los medios de comunicación y la industria cultural (Hollywood). También en el orden ideológico e intelectual, se han apoyado en la influencia de ideólogos estadounidenses provenientes de los centros de pensamiento y su rotación por los diferentes gobiernos, lo cual ha tenido un impacto considerable en el ejercicio de una política exterior y de seguridad más ajustada a las preferencias e intereses de cada país y subregión.

En este sentido, fue importante la actuación de académicos como Anthony Lake y Richard Feinberg en la Administración del William Clinton. (Suárez, 2003) Influido por este pensamiento, el gobierno de Clinton avaló la necesidad de una renovación de las relaciones político-diplomáticas hacia el hemisferio, donde se revaloraba, entre otros aspectos, la atención a la sociedad civil. Orientada en este fin, la Administración de W. Clinton, convocó en 1994 a la Primera Cumbre de las Américas (sin la presencia de Cuba), realizada en Miami entre el 9 y el 11 de diciembre de ese año.

Los objetivos de esta cumbre y sus posteriores ediciones han estado encaminados a concertar los intereses interamericanos de una forma más hábil e inteligente. Con estas reuniones, el gobierno estadounidense logró un nuevo foro donde reajustar el sistema interamericano a los nuevos tiempos, haciendo hincapié en aquellos aspectos que resultan más factibles para los objetivos de política exterior y de seguridad de Washington en la región.

En las Cumbres de las Américas de los años 90 Estados Unidos contó con el apoyo canadiense para consolidar las políticas del llamado “espíritu de Miami”, que acentuaban las asimetrías existentes entre Canadá y Estados Unidos respecto a Latinoamérica y el Caribe. En 2001, Canadá fue sede de la Cumbre, realizada en la Ciudad de Québec, donde mantuvo una política descontextualizada de la realidad regional, abogando por la inclusión de conceptos como la “seguridad humana” -que luego han sido utilizados por el Imperio estadounidense para las intervenciones, bajo la llamada responsabilidad de proteger- que amenazaban el respaldo la soberanía y la no intervención en los pueblos de Nuestra América.

No obstante a que en las siguientes Cumbres, el contexto regional ha favorecido posiciones más contestatarias (la Cumbre de Trinidad y Tobago y la de Cartagena, en Colombia), ello no significa necesariamente el fracaso de estas reuniones, para los intereses estadounidenses.

En el orden militar han continuado las intervenciones estadounidenses en la región, con un trabajo más coordinado entre el poderío militar (hard power) y los instrumentos político-diplomáticos, culturales e informacionales (soft power,) que han perfilado la diplomacia interamericana, ganando el apoyo de países como Canadá. Este país, influido por concepciones de política exterior y de seguridad, que priorizaban elementos de seguridad transnacional, como la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos, sobre aspectos de la seguridad nacional, apoyó a Estados Unidos en las llamadas “intervenciones democráticas” en Perú (1992), Guatemala (1993), Haití (1994) y Paraguay (1996).

Estos hechos denotan como Estados Unidos ha perfeccionado los instrumentos del poderío nacional (Perdomo, 2012) para justificar las incursiones imperiales como humanitarias, en aras de preservar la estabilidad, la gobernabilidad y la seguridad humana. Entre los ejemplos más significativos se destacan:

- La ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) por el Congreso estadounidense y la Casa Blanca en 1994, con las “enmiendas laboral y medio ambiental”. (Suárez, 2006)

- La intervención en Haití, luego del golpe de Estado contra el gobierno del presidente Jean-Bertrand Aristide en 1994. Posteriormente a su devolución, Washington obligó a ese presidente reelecto (2001-2003) a aceptar el tutelaje de la OEA en los asuntos internos y seguir su liderazgo en la guerra antidroga, y un control de la emigración hacia Estados Unidos.

- La firma de un tratado acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para la creación de un centro de monitoreo de la Marina de Guerra de ese país, con el que se aseguraba el control del espacio aéreo y marítimo de la subregión centroamericana.

- El Plan Colombia

- La Iniciativa Regional Andina (IRA)

- La Iniciativa Mérida

- La Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI)

- La Iniciativa para la Seguridad de la Cuenca del Caribe

- La reactivación de la IV Flota

- El uso de 7 nuevas bases en Colombia

- La injerencia de agencias como la USAID, la NED y la DEA en los asuntos internos de gobiernos reformistas-revolucionarios y nacionalistas de la región.

Estas transformaciones permiten reconocer la existencia de un “nuevo orden panamericano” para el cual los países de la región deben articular sus diferencias y unirse sobre lo que los funde, “como la plata en las raíces de los Andes”, para evitar que el “gobierno permanente” de los Estados Unidos (Suárez Salazar, 2003) consolide su proyección hegemónica sobre Nuestra América.

Notas:
1) Se denomina Complejo de Seguridad Industrial y no Militar Industrial, pues se considera que es mucho abarca más esferas que lo estrictamente militar.
2) Canadá se inserta en el sistema interamericano institucionalizado, en enero de 1990 (luego de haber sido observador durante 18 años) con el gobierno conservador de Brian Mulroney (1984-1993).
3) No obstante a estas acciones, la pujanza del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela posibilitó que fueran incluidas las cláusulas defensoras de la soberanía y la no intervención a la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la Asamblea General de la OEA en Lima, Perú, en septiembre de ese mismo año.

Referencias Bibliográficas
- Castro, S. (2008). Las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos después de la invasión a Irak. En J. Hernández, Los Estados Unidos a la luz del siglo XXI. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Castro, S. y. (1998.). El proceso de conformación de la política exterior de los estados unidos. La Habana: Universidad de La Habana.
- Ceceña, A. (s.f.). Obtenido de http://www.poderenlared.com/2011/12/09/hegemonia-o-emancipacion-por-ana-esther-cecena
- Chomsky, N. (1988). Nuestra Pequeña Región de por Aquí: Política de Seguridad de los Estados Unidos. Managua: Editorial Nueva Nicaragua.
- Departamento de Estado de los Estados Unidos (s.f.). Obtenido de www.state.gov/inl/rls/nrcrpt/2012
- Foucault, M. (1979). Microfísica del poder. Madrid: 2ª edición de las Ediciones de la Piqueta.
- Foucault, M. (1995). Un diálogo sobre el poder. Madrid: Editorial Alianza (Alianza Editorial, s.a.).
- García, N. (2009). Los mecanismos de dominación de Estados Unidos. En N. García, Estados Unidos en la época de Bush. La Habana: Editora Política.
- González, R. (1990). Teoría de las Relaciones Políticas Internacionales. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Hernández, J. (2008). Estados Unidos a la luz del siglo XXI. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Perdomo, A. (18 de octubre de 2012). El poderío nacional de los Estados Unidos y la diplomacia contra las drogas en Latinoamérica. . Obtenido de www.rebelion.org
- Morgenthau, H. ( 1992). Política entre las naciones. La lucha por el poder y la paz . Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, GEL.
- Nieto, A. (s.f.). Obtenido de http://www.diplomacia-publica.org/?s=instrumentos+del+poder+nacional
- Perdomo, A. (18 de octubre de 2012). El poderío nacional de los EE.UU y la diplomacia contra las drogas en Latinoamérica. . Obtenido de www.rebelion.org
- Santos, T. d. ( 1998). La teoría de la dependencia un balance histórico y teórico. . En F. L. Segrera, Los retos de la globalización. Ensayo en homenaje a Theotonio Dos Santos. . Caracas: UNESCO.
- Suárez, L. (2003). Madre América. Un siglo de violencia y dolor (1898-1998). La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Valdés, G. ( 2011). "La hegemonía como desafío. Los nuevos gobiernos y el movimiento social popular en América Latina". . En Razón, Utopía y Ética de la Emancipación. Barcelona: Editorial Leartes.
- Vásquez, J. A. (1994). Relaciones Internacionales: el pensamiento de los clásicos. México DF : Editorial Limusa.
- Wallerstein, I. (28 de octubre de 2012). Obtenido de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=158332

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La política de Estados Unidos entre comedias y tragedias

Leyde E. Rodríguez Hernández (especial para ARGENPRESS.info)

Desde tiempos pretéritos, la política era reservada a personas cultas y respetadas a nivel social. En su concepción más sana, la política es el arte, la ciencia y la virtud de servicio al prójimo y a la comunidad. En el ámbito de las Ciencias Sociales, la política es la doctrina del derecho y, como diría el filósofo Aristóteles, el más realista de los modos o vías para mejorar, en su conjunto, el funcionamiento del estado y la sociedad.

Sin embargo, ninguna de las anteriores acepciones de la política concuerda con un hecho insólito ocurrido en el entorno del mandatario estadounidense, Barack Obama. Resulta que el principal redactor de las piezas oratorias de Obama, Jonathan Favreau, abandonó su cargo y explicó que piensa trasladarse a Hollywood para escribir comedias.

Pero, ese hecho pasaría sin relevancia, si Jon Lovett, el anterior jefe de redacción de la presidencia imperial, no hubiera dejado su responsabilidad en Washington, en septiembre del 2011, para colaborar, desde California, con el guión del programa humorístico 1 600 Penn.

Ante estos dos casos, pudiéramos comentar que, al parecer, el arte de la política en los Estados Unidos forma a verdaderos artistas de la risa y del espectáculo, pues como explicó el exconsejero de la Casa Blanca, David Ploufle, al diario Los Angeles Times, los cuatro años de Jonathan Favreau cerca de la Oficina Oval “le ayudarán mucho a idear episodios ficticios de comedias, dramas y suspenso”, descubriendo así los magníficos vasos comunicantes y las alegres interrelaciones entre Hollywood y el recinto donde radica el presidente de la única superpotencia.

Debe recordarse que Jonathan Favreau alcanzó celebridad por la redacción, entre otros, del primer discurso inaugural de Barack Obama y de la alocución por la reforma del sistema de salud. Ahora es posible comprender por qué los prioritarios temas expuestos por el presidente de los Estados Unidos no han sido tomados en serio y, muchos de ellos, simbolizan una promesa incumplida.

Pero, para más inri, como dicen los españoles[1], Favreau es más conocido, en la opinión pública estadounidense, por un conato de escándalo sucedido en diciembre del 2008, cuando difundió en Internet una foto donde le tocaba los senos a una imagen de Hillary Clinton, exsecretaria de Estado, que alberga pretensiones de convertirse en candidata a la próxima elección presidencial de los Estados Unidos, según afirman algunos observadores de la política interna en Holly-Washington.

Finalmente, Favreau se marchará el 1 de marzo de 2013, y será sustituido por Cody Keenan, exayudante del reputado senador Edward Kennedy. Tal vez Keenan tenga mejor incorporado el buen comportamiento y la ética en los asuntos de la alta política, contribuyendo, a partir de ese momento, a que el discurso y la estrategia de Obama ganen credibilidad y los graves problemas que afectan a la humanidad, reciban una mirada responsable por parte de los Estados Unidos.

En los próximos meses, Cody Keenan podrá darse cuenta que, mientras para Jonathan Favreau, la política general de los Estados Unidos, en los últimos cuatro años, fue una representación que semejó una gran comedia, para los ciudadanos estadounidenses, las ventas de armas, el empleo letal de aviones teledirigidos (drones) y las ejecuciones extrajudiciales, constituyen una verdadera tragedia.

Así, en síntesis, entre comedias y tragedias se desarrolla, en pleno siglo XXI, la ciencia o el arte de la política en los Estados Unidos.

Nota:
1) Para mayor burla o escarnio.

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Bolivia: Hacia una geopolítica del mar

Rafael Bautista (especial para ARGENPRESS.info)

Una lectura geopolítica no es una política de Estado; pero sitúa a ésta y le proporciona los márgenes posibles de acción según la disposición cartográfica que le brinda un determinado contexto regional y global. La geopolítica nace de leer políticamente el espacio (en cuanto geografía leída en términos estratégicos), pero leer políticamente el espacio proviene del hacer autoconsciente un proyecto determinado; porque todo proyecto constituye el horizonte utópico donde descansa la posibilidad misma de la política.

De ese modo, una política de Estado se constituye en la objetivación de la autoconsciencia que un pueblo ha producido en cuanto proyecto de vida. El proyecto es lo que da sentido a toda lectura. En consecuencia, no hay posibilidad de hacer una lectura geopolítica sino dentro de un proyecto político determinado (que es siempre el propio).

Esta distinción lógica nos permite despejar las confusiones. Porque no es lo mismo una lectura –que puede ser un diagnóstico– y un proyecto. Ahora bien, en el caso nuestro, la ausencia centenaria de una política de Estado en torno al mar tiene que ver, no sólo con la ausencia de proyecto sino, sobre todo, con la ausencia de proyecto propio; es decir, la ausencia de Estado nacional es la consecuencia de la ausencia de proyecto propio. Puesto que la nación es un proyecto político, la ausencia de producir nación se traduce en la ausencia de producir Estado. Por eso, lo que hay, no es más que un Estado aparente. Ese es el retrato político de una Estado colonial. Incapaz de producir nación, su devenir consiste en adaptarse del mejor modo posible (que es casi siempre el peor) a las circunstancias que suceden siempre al margen de éste.

En ese sentido, la pérdida del acceso al mar no es sólo imputable al usurpador sino a un Estado señorial-oligárquico incapaz de producir nación; si el Estado es apenas el botín de una casta, se entiende el carácter antinacional de ésta y, en consecuencia, la precoz inclinación hacia intereses ajenos. Si después de la derrota militar prosigue la resignación diplomática, una patología del Estado republicano boliviano debiera dar cuenta del porqué de esa suerte de entreguismo vocacional, del argumentar contra sí mismo para beneficio del enemigo. El juicio al Estado colonial que pretendía la Asamblea Constituyente tenía esa importancia: una “refundación del Estado” tiene sentido si se ha comprendido la patología del Estado que se quiere superar.

¿De qué nos sirve ahora aquello? Nos sirve para señalar los resabios señorialistas que aún perviven como patología estatal. Porque si de derecho hablamos –haciendo mención a las palabras de nuestro presidente en la reunión de la CELAC–, requerimos fundar nuestro derecho al mar en algo ya no sólo consistente, en lo formal, sino coherente con el proyecto propuesto, o sea, con el contenido propositivo que reúne a la nueva disponibilidad plurinacional.

Los resabios señorialistas persisten en producir legitimidad de modo vertical, es decir, por dominación. El derecho moderno-liberal consiste en ello, y Chile es su fiel reflejo, por eso el plenipotenciario Abraham Köning, en 1900, justificaba la usurpación de nuestro Litoral en este sentido: “Chile ha ocupado el Litoral y se ha apoderado de él, con el mismo título que Alemania anexó al Imperio la Alsacia y la Lorena; nuestro derecho nace de la victoria, la ley suprema de las naciones”. Todos los tratados admitidos desde esta posición declaran que el derecho lo impone el vencedor.

La lógica jurídica parte de una situación de facto que funda toda jurisprudencia, en este caso, el derecho que da la victoria. Lo que hace Köning y lo que siempre ha hecho Chile es fundar su derecho en el factum de la victoria; desde allí se entiende que la derrota no proporciona derechos. Desde Locke esto se conoce como “estado de guerra”, la declaración de la inhumanidad del enemigo; eso le sirve al Imperio Británico para justificar el genocidio de los indios de Norteamérica. En ambos casos, la violencia se descubre como fundamento del derecho liberal moderno.

Ahora que exponemos ya no una reivindicación marítima sino nuestro derecho soberano al mar, ¿en qué fundamos ese derecho? Si el derecho nace del factum de la victoria, entonces hablamos de una legitimidad (y su consecuente legalidad) de modo vertical. La legitimación de modo vertical sucede por dominación y parte de la violencia fundacional que afirma el derecho como patrimonio privativo de quien detenta el poder. El vencedor afirma su pretendido derecho en ese sentido, lo grave es que el vencido admita lo mismo.

Chile se constituye como Estado militarista porque frente a Perú y Bolivia no le quedaba otra opción que la beligerante; por eso, aun hoy en día, no le conviene a Chile la unión de estos países (desde su nacimiento como república, veía ya como amenaza lo que se explicitó en la confederación que propugnaba el mariscal Santa Cruz). Si en Chile prospera la legitimación vertical, en Perú y Bolivia sucede para la desgracia de ambos. En el caso nuestro, las pérdidas territoriales son atribuibles a la casta señorial y no a la nación, ya que ésta no merecía siquiera existir en los planes de aquella. Perder territorio sin defenderlo es algo que carcome al espíritu señorial, por eso no puede sino imprecar a la nación toda de sus propias bajezas: perdimos el Litoral por “carnavaleros” (esa era su letanía, para inculpar a la nación toda su propia responsabilidad histórica).

Los que se hacen con el Estado post-guerra del Pacifico son precisamente quienes nunca lo defendieron: Arce y Campero; quienes junto a Baptista o Montes y hasta Moreno son los patricios de la ideología señorial (por eso no es raro que hasta hoy en día se les rinda honores), que deposita en un chivo expiatorio todos sus oprobios: el indio.

La legitimación de modo democrático es lo que nunca se propusieron, porque en tal caso debían imponerse a sí mismos el reconocimiento de la humanidad del elemento nacional. En consecuencia, los vecinos aprovechan no sólo la débil estructura estatal sino la propia ideología señorial: para quien la nación no merece existir, el país mismo carece de sentido. Por eso no se trata sólo de levantar el derecho sino de tomar conciencia de la necesidad de fundarlo en algo que vaya más allá y supere al derecho que esgrime el vencedor (y reafirma el vencido).

Porque se trata de dos proyectos distintos (uno fundado en la dominación y el nuestro en la liberación), también se trata de dos concepciones de derecho que necesitamos esclarecer, para que la argumentación no sólo sea solida sino muestre la incongruencia e insostenibilidad del otro.

El derecho que podemos argüir no es un derecho emanado por constitución, porque una constitución no es sino también una convención; es decir, no reclamamos nuestro derecho porque nuestra constitución lo diga. Chile también deriva su derecho por constitución y en ésta, como en sus símbolos patrios, se lee: por la razón y por la fuerza. Una constitución objetiva lo que ya se halla fundado y lo que se halla fundado es también el fundamento del derecho, que se expresa después como ley de Estado.

Nuestros argumentos históricos sobran pero, ante la fuerza hecha razón de Estado, no valen. Sólo otra fuerza podría oponérsele. Nuestro derecho al mar, no se funda en la posesión (que ya sería un argumento válido, puesto que Atacama fue usurpada por una guerra que provocó el propio Estado chileno); por eso no es un derecho reivindicacionista (aunque algunos de nuestros ministros no sepan distinguir esto). Nuestro derecho tiene que ver, en primer lugar, con el derecho de todo pueblo a su continuidad territorial. Chile jamás podría argüir la previa presencia araucana o mapuche y menos española en el Atacama. La continuidad de pisos ecológicos que provienen de la era precolombina, advierten la conexión geopolítica del altiplano con la costa, conexión que produjeron los aymaras (que aun existen en el norte chileno); aun hoy en día, el comercio del occidente boliviano baja hacia esos lados.

En el horizonte geográfico de los altiplánicos se encontraba siempre la costa, y en el discurso de la espacialidad del territorio que produjeron los aymaras, la costa constituía la frontera natural para los pueblos andinos. Si la tierra y el territorio son esenciales para la vida de un pueblo, es porque ningún pueblo posee realidad sin su propio espacio y sin la conciencia de su propia espacialidad; pues el suelo desde el cual se levanta como pueblo es, por eso mismo, el suelo vital que le da realidad, porque complementa su propia existencia.

La guerra que inició Chile no tenía afanes sólo económicos. Había fines estratégicos, en este caso, geopolíticos; lo cual se demuestra en los tratados posteriores a la guerra, como en el de 1904. En definitiva Chile se proponía vivir a costa nuestra (con la complicidad de nuestra casta señorial), pues nos convertía en doblemente tributarios, primero del mercado mundial y luego del uso obligado de sus puertos. Con eso aseguraba el desarrollo del norte chileno a costa de nuestra economía. La complicidad del Estado señorial-oligárquico consistió en depender siempre de la salida por puertos chilenos; por eso los tratados no hacían sino ratificar las ventajas que tenía Chile ante la dependencia de un Estado que no buscaba más salidas que las mismas (el botín chileno fue nuestra dependencia, por eso podían chantajear todo lo que quisieran, porque la vocación señorial así lo permitía).

Lo que antes era, y siempre fue, una libre conexión entre altiplano y costa, después de la usurpación se convirtió en un muro jurídico-político que nos condenaba al encierro geopolítico (por eso no es metafórica la acepción de enclaustramiento). El mercado mundial que nacía, lo hacía por el mar y Bolivia quedaba impedida de una concurrencia libre a ese mercado. Su condición de doble tributario hacía más desgraciada la vida en su interior, puesto que los ingresos (en gran parte el propio tributo indígena) ahora debían costear aquel peaje inevitable que imponía Chile. A ello hay que sumar, otra vez, gracias a la complicidad propia, la destrucción del comercio nacional por su supeditación al comercio chileno. La consigna fue siempre vivir a costa nuestra. Chile aseguraba, de ese modo, el modo parasitario de su desarrollo.

Entonces, por último, nuestro derecho proviene de algo anterior a todo discurso estatal: ningún pueblo puede vivir a costas y expensas de otro pueblo. Pretender fundar el derecho en esta injusticia, vulnera al derecho mismo; pues sólo la vida es la fuente de todo derecho posible y, en consecuencia, el derecho sólo puede nacer de la afirmación de la vida, lo cual significa que la vida de uno No puede significar la muerte de otro. El pretendido derecho que postula un Estado a costa de la vida de todo un pueblo no constituye derechos sino es la violación de todo derecho.

Por eso hace bien nuestro presidente en sostener que nuestra protesta no es por reivindicación sino por derecho. Lo que estamos poniendo en evidencia, es la irracional pretensión de fundar el derecho en la conquista. Este es el contexto que nos sirve para proceder con una adecuada lectura geopolítica del contexto actual, en el cual podamos perfilar una determinada política de Estado referida al mar.

Nuestra lectura geopolítica tuvo al parecer eco en ambientes gubernamentales, lo cual nos mueve a argumentar de mejor modo las opciones (porque no basta que se repitan como consignas los argumentos y es mejor que expongan los argumentos quienes los han producido que quienes simplemente los repiten). La nueva disposición geopolítica que va emergiendo en este nuevo mundo multipolar, nos proporciona un contexto, en el cual, sería posible estratégicamente remediar nuestra postración (como ya dejamos señalado en nuestro libro: “Pensar Bolivia del Estado colonial al Estado plurinacional. Volumen II”). De las nuevas potencias emergentes, Brasil y China son las que nos interesan y con quienes ya debiéramos generar las condiciones para establecer nuevas opciones.

Se habla ya de la integración de dos nuevas potencias al grupo de los BRICS; una relativamente mediana pero de importancia geopolítica y geoestratégica: Turquía; la otra es Indonesia y su importancia no es sólo económica sino comercial, regional y también geopolítica. Los BRICS (que serían ahora BRICSIT) apuntan a una integración que va más allá de la puramente económica, lo cual ya se advirtió con la inclusión de Sudáfrica que, junto a India y Brasil, establecen la potestad de una ruta estratégica entre tres continentes. Brasil necesita una conexión efectiva con China para que aquella potestad estratégica sea definitiva. Bolivia tiene entonces importancia geoestratégica, pues es el corredor ideal que requiere Brasil para consolidar su conexión bioceánica.

Nuestra tesis se enfoca en ese sentido. La bioceánica aparece como una oportunidad geopolítica que nos permitiría desplazar la importancia de los puertos chilenos y apostar a la creación de un corredor de integración económico-comercial entre Brasil, Bolivia y Perú. Involucrar al Perú para nosotros es estratégico, pues por el potenciamiento del norte chileno, a costa nuestra, también el Perú sufre la postergación de su región sur. Entonces es necesario insistir en el interés común que representaría nuestra apuesta. Lo cual significa no sólo utilizar los puertos de Ilo o Matarani (como ya se señala inocentemente). Una auténtica estrategia no acaba con el uso de puertos sino con una verdadera integración económico-comercial y sobre todo, geopolítica.

En toda reconfiguración geopolítica las estrategias estatales pasan por asuntos de sobrevivencia de los países. Lo que se evalúa es, en definitiva, un posicionamiento efectivo en esa reconfiguración. Cuando Chile nos enclaustró, condicionó nuestra integración al mercado mundial a la supeditación de sus propios intereses, es decir, geopolíticamente nos anuló.

La sobrevivencia nuestra en el nuevo mundo multipolar, pasa por una adecuada lectura geopolítica de la movible disposición cartográfica, donde los corredores geográficos tienen carácter estratégico. La bioceánica nos podría permitir un posicionamiento más beneficioso, pues se trata de una conexión que la potencia vecina requiere, sobre todo sus Estados de Rondônia y Mato Grosso, además de Sao Paulo, el polo de mayor exportación del Brasil.

Bolivia es el corredor idóneo de acceso al Pacífico. En ese sentido, nuestro país necesita un uso geopolítico de su condición de corredor geoestratégico, apuntando estratégicamente por dónde sale aquel corredor. Cuando de comercio se trata (tasas aduaneras, aranceles, peajes, etc.), a nadie se le ocurriría desestimar ser parte de semejante corredor. Apoyándonos en el hecho de ser la mayor parte del corredor, la decisión de direccionar la bioceánica significa una decisión política, o sea de política de Estado. Por eso no se trata sólo del uso de puertos sino de toda una estrategia que apunte a menguar la importancia de los puertos chilenos y el subsecuente potenciamiento de las regiones peruano-bolivianas involucradas en ese corredor estratégico.

Arica e Iquique dependen del comercio boliviano, pero en las condiciones que nos impuso el Estado chileno, esa dependencia se ha traducido siempre en dependencia nuestra. La mentalidad colonial de nuestro Estado jamás apostó a remediar aquella dependencia y nunca vio otro destino que sostener, a costa siempre nuestra, el desarrollo del norte chileno.

Usar la bioceánica de modo estratégico también supondría un proyecto más ambicioso: la integración amazónica entre Brasil, Bolivia y Perú. Lo cual podría hasta convertirse en un activo estratégico medioambiental que la región podría presentar como respaldo de iniciativas globales de políticas para enfrentar la crisis climática. Eso significaría acercar al Brasil a nuestra política de “defensa de derechos de la Madre Tierra”. De este modo también perfilamos una nueva salida, hacia el Atlántico, por el Amazonas. Además que la integración estratégica no acaba allí sino que proyecta, despertando la historia común entre Perú y Bolivia, la restauración de la expansión incaica, lo cual incorpora al norte argentino en una nueva apuesta integracionista. Bolivia se presentaría como centro neurálgico de toda esta nueva estrategia geopolítica. Lo cual nos coloca en una posición atractiva en la región y, además, como conexión estratégica entre dos potencias emergentes, Brasil y China.

Todo esto no puede diluirse en un mero afán circunstancial sino que su explicitación en política de Estado requiere hacerse doctrina estatal, lo cual significa hacerse ideología nacional. La nueva disponibilidad que nace del contenido plurinacional del proceso constituyente, genera las condiciones propositivas para que el propio pueblo cambie su universo de creencias; por ejemplo, ese cuasi culto al producto extranjero es una de las mermas en la propia producción nacional, en ese sentido, la revalorización de nuestra producción necesita orientarse a un paulatino desplazamiento de los productos chilenos de nuestro mercado interno.

No podemos más seguir concibiendo nuestro consumo como despotenciamiento nuestro. Sólo restándole nuestro mercado a la producción chilena, generaríamos las condiciones para bajar la soberbia de su Estado, sin necesidad de trifulcas mediáticas. A eso hay que añadir la apuesta estratégica de una bioceánica que no tenga por destino los puertos chilenos. El futuro del norte chileno quedaría comprometido, y su Estado en la necesidad de reconsiderar su obcecada intransigencia. Nuestro presidente desenmascaró en la CELAC la inconsistencia de la postura chilena; pero eso no basta si no es acompañada por una política de Estado; lo cual significa moverse en toda coyuntura sin claudicar los propósitos de nuestra estrategia hecha doctrina estatal y asumida por el pueblo como ideología nacional.

Todo esto significa una legitimación de una nueva ideología nacional por vía democrática y acabar con el actual empecinamiento de buscar aquello por vía vertical. Lo cual descubre los resabios señorialistas que todavía mantiene nuestro Estado (aunque ya se crea plurinacional). Una muestra de estos resabios lo encontramos en la caracterización del “nuevo” Estado que hace nuestro vicepresidente. En un artículo suyo sobre la “Topología del Estado” (La Razón, 17-02-13), después de celebrar la ocupación territorial de la geografía, hecha por los andinos y amazónicos, destacando los cultivos en andenes, la diversificación de las semillas, acueductos, depósitos estatales de alimentos, la creación de lagunas artificiales, etc., subrayando que se trataba de una civilización que universalizó métodos tecnológicos avanzados que, según él, corresponden a un tipo de Estado plurinacional “antiguo” (por no decir “atrasado”, lo cual ya destaca una visión eurocéntrica); concluye en una descripción de la “territorialidad policéntrica con la forma geométrica de un heptágono con centro gravitante”, que sería el “nuevo” Estado plurinacional, cuyos vértices, el Chaco en el sur, Uyuni en el suroeste, el Mutún en el sudeste, San Buenaventura en el noroeste, Santa Cruz en el noreste, Cachuela Esperanza en el norte y el vértice central en el trópico cochabambino, contienen como núcleos irradiantes de la economía, otra vez, las materias primas: el gas, el litio, el hierro, además de hidroeléctricas que comprometen el ecosistema y la agroindustria depredadora. Es decir, la universalización de las tecnologías en la producción de antes, está bien para el pasado, pero para ahora seguimos nomas dependiendo de las materias primas y los recursos naturales no renovables. Es decir, otra vez, la visión señorialista del excedente en forma de extracción y no de producción, lo cual ha generado la típica ideología extractivista prototípica del Estado señorial-oligárquico.

Quien piensa de ese modo no comprende que el papel estratégico de las materias primas no consiste en fundar en éstas la economía sino que toda economía se sostiene, en primera y última instancia, en garantizar su soberanía alimentaria; esa es la materialidad ineludible de todo proyecto económico. No hay riqueza alguna si no hay previamente aquella materialidad asegurada. Las materias primas juegan un papel estratégico, pero ninguna economía podría sostenerse, en el largo plazo, en recursos depletables, es decir, agotables. En la nueva disposición geopolítica multipolar, a la cual tiende el mundo de hoy, las materias primas y los recursos energéticos ya no están para ofertarse como meras mercancías, pero la consigna de “exportar o morir” parece que persiste en nuestro gobierno (para pensar una primera revolución industrial en nuestro suelo, nuestros recursos debieran ser vistos como el soporte del potenciamiento de una producción, con su respectiva industria, genuinamente propia).

En las condiciones actuales, sostener nuestro supuesto desarrollo en la visión señorialista de la explotación de todo lo que hay, no puede sino reafirmar el carácter estructural de una economía extractivista. Lo que se proponía el “antiguo” Estado precolombino era algo más sensato, pues, como dice nuestro vicepresidente, si la geografía es “asumida por la organización material del Estado para verificar su soberanía”, ésta jamás puede sostenerse estratégicamente sólo con las materias primas sino con una revolución productiva que garantice, en el largo plazo, la soberanía económica. La producción propia es la única garantía de toda soberanía.

Mientras aquel Estado “antiguo” priorizaba la producción antes que la pura extracción de materias primas, como fundamento de la economía, la “nueva” caracterización del “nuevo” Estado, persiste en el extractivismo, reiterando la apuesta que encandiló a todas nuestras oligarquías: el excedente en forma de milagro. A esto llamamos la colonialidad de la política estatal. Aunque se parta de premisas ciertas, las mediaciones conceptuales que se halla para convertirlas en política, no hacen sino replicar lo que se pretende superar. Porque el horizonte no cambia, la política que se adopta, tampoco.

Una geopolítica del mar, hoy por hoy, no puede tampoco postularse desde las mismas creencias señorialistas. Nuestra definición actual ya no puede replicar la forma en la cual se nos ha percibido, sino que pasa por una redefinición del modo cómo nos percibimos de aquí en adelante. Si merecemos sobrevivir en el nuevo orden multipolar es porque tenemos un mensaje que el mundo entero necesita oír. Ese es el acento revolucionario que tiene nuestro “proceso de cambio”. Si se critica la soledad de la posición boliviana en contextos multilaterales (si estaba el presidente Chávez no hubiésemos estando tan solos en la CELAC), acerca del reclamo marítimo, también debiera criticarse la ausencia centenaria de posición geopolítica que haya significado nuestra importancia en el contexto, por lo menos, regional. Ahora que se hace posible una nueva reconfiguración global, no hay mejor contexto para inscribir soberanamente nuestra presencia, en un mundo nuevo. Si nuestras pretensiones pasan por acercar intereses comunes regionales a los nuestros, además de ofrecernos como garantía de integración hasta global, ya no estaremos tan solos.

Rafael Bautista es autor de “DEL MITO DEL DESARROLLO AL HORIZONTE DEL SUMA QAMAÑA”.

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Estado y Mercado. Relaciones sociales en disputa

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Resulta interesante considerar algunas de las definiciones relativas al “Estado” y al “Mercado” que sobre economía transitan el debate mundial.

Por un lado podría analizarse la decisión asumida hoy por el gobierno de Bolivia que nacionalizó la empresa SABSA, Servicios de Aeropuertos Bolivianos. Es claramente una medida de intervención del Estado, considerado por varios actores, el gobierno de España y las autoridades Europa como un avasallamiento del Mercado.

Por otro lado considerar la recomendación realizada por los Ministros de Economía y Hacienda del G20, reunido recientemente en Moscú, orientada a dejar que sean los mercados los que definan las cotizaciones de las monedas. Dicen textualmente “Reiteramos nuestros compromisos a actuar rápidamente a favor de sistemas de tipos cambiarios determinados por el mercado”. Agregan que "Evitaremos la devaluación competitiva. No alteraremos nuestros tipos de cambio para propósitos competitivos". Son recomendaciones contra la intervención estatal y a favor de los mecanismos de mercado.

Lo que pretendemos discutir es que no existe la ecuación Estado versus Mercado que se quiere hacer ver.

En ambos casos interviene el Estado, y lo que debe discutirse es quién se beneficia en cada caso. El Estado privatizando o expropiando asume una definición de favorecer o desfavorecer actores económicos y sociales. Del mismo modo que si se devalúa o no, también se asume que existan determinados beneficiarios o perjudicados. Solo observemos en la historia argentina quienes son los beneficiarios del club de la devaluación: los grandes productores y exportadores.

El Estado y el mercado son relaciones sociales, que expresan contradicciones y disputas.

Lo interesante es considerar quien ejerce la hegemonía en el Estado y quién se beneficia con las decisiones asumidas por el Estado. Del mismo modo puede pensarse a las relaciones asimétricas que operan en el mercado, por ejemplo en la capacidad que cada quien tiene para fijar los precios, y por eso en la Argentina se ensaya ahora, nuevamente, un acuerdo de precios entre el gobierno y las empresas para establecer el congelamiento y evitar que la escalada de precios, ahora reconocida por el gobierno.

En Bolivia se actúa contra inversores externos que explotan un servicio de aeropuertos con el fin de obtener ganancias y remitirlas a sus casas matrices. Se ejerce soberanía contra la impunidad y rapiña del inversor externo.

El G20 sugiere que las políticas cambiarias, de Europa, Japón, EEUU, o de cualquier país, están motivadas en cuestiones de mercado, obviando que esas políticas son formuladas por los Estados para favorecer determinados intereses de los que actúan en los mercados.

La empresa SABSA fue denunciada por el gobierno de Evo Morales por no cumplir con los compromisos de inversión asumidos en la privatización y por hacer oídos sordos a los reclamos realizados en ese sentido. La empresa invirtió en la compra de las acciones una cifra irrisoria, unos 26.000 bolivianos (poco más de 3.700 dólares) para administrar más 400 millones de dólares. Según explicó el propio presidente boliviano, en los últimos años la empresa española administradora de SABSA obtuvo más de 20 millones de dólares de ganancia que fugaron de Bolivia. No hay duda que se trata de una inversión en el mercado altamente beneficiosa. Ante esa situación, el Estado interviene para retomar la gestión soberana de un servicio que resulta de interés para el pueblo boliviano.

Mientras, en el G20 se discute la preeminencia del mercado sobre el Estado y se demanda que los Estados no habiliten una guerra de monedas en aras de la competitividad. Ello viene a cuento de las medidas cambiarias que viene asumiendo Japón para hacer competitivas su producción y exportaciones. Algo no muy distinto de lo que viene haciendo EEUU, devaluando el dólar contra otras monedas globales. Claro que Europa y su zona euro actúan a contramano, pues en lugar de devaluar para competir, pretende hacerlo afectando el costo de producción, por lo que induce reducciones de ingresos populares, especialmente de salarios (estatales y privados) y gasto público social. Unos con políticas cambiarias, EEUU ó Japón, y otros con políticas de austeridad, Europa, ejercen la política económica con el mismo fin, ser más competitivos con sus producciones en el mercado mundial.

En los países capitalistas desarrollados se busca combatir la crisis capitalista restableciendo la tasa de ganancia, con devaluación o apreciación de las monedas.

No se trata de una cuestión de mercado, como si el mercado estuviera por encima de las personas y sus mutuas relaciones.

El mercado es una relación social, donde se enfrentan compradores y vendedores, y en el desarrollo capitalista, el Estado fue estableciendo regulaciones que vuelcan la balanza hacia un lado o hacia el otro. Es que el Estado es también una relación social. Por eso, el gobierno español a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación advirtió que la decisión de nacionalizar la filial de Aena y Albertis, empresas gestoras de SABSA “traerá consecuencias a las relaciones bilaterales entre ambos países” y califican la medida como “un acto inamistoso”. Tras cartón demandan “una valoración justa e independiente” sin asumir ninguna crítica de la rapiña e incumplimiento de la empresa española. Algo muy similar a la actitud ante la expropiación parcial de REPSOL por el gobierno argentino.

En definitiva, ni el Estado ni el mercado son neutros. Ambas categorías son relacionales y por ende están en disputa. El problema es quién decide en el mercado y en el Estado.

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Argentina: Deuda pública y déficit fiscal

Héctor Giuliano

Este trabajo tiene por objeto explicar cómo y por qué la deuda pública es el principal factor determinante del déficit fiscal argentino.

En el marco de la nueva crisis de deuda que atraviesa hoy nuestro país este tema adquiere especial importancia y es también el que explica las medidas extra-ordinarias que está tomando la actual administración frente a la emergencia financiera - derivada de la deuda - en materia monetaria, cambiaria y bancaria.

La presente nota se demoró a la espera de los resultados presupuestarios del año 2012 pero los mismos no han sido informados hasta la fecha por el gobierno Kirchner.

La trampa metodológica

Mientras por lógica y por técnica financiero-contable (válida para cualquier entidad económica) las deudas con vencimiento en el ejercicio aparecen como parte del Pasivo a ser atendido durante el año, en el presupuesto operativo del Estado tales vencimientos no figuran integrando los Gastos Totales sino que se omiten.

Es decir, que esos importes por vencimientos de capital no se computan como gasto del ejercicio fiscal: sólo se toman en cuenta para ello los intereses a pagar, que están dentro del Gasto Corriente, pero no el principal o capital de la deuda.

Ejemplo: este año – 2013 – el resultado previsto del ejercicio es de unos 600 M$ [1], producto de 629.200 M$ de Recursos menos 628.600 M$ de Gastos (totales en ambos casos). Dentro de los gastos están los Intereses de la Deuda (55.600 M$ ≡ 11.000 MD) [2] pero no los 186.100 M$ (≡ 36.500 MD) de vencimientos de Capital.

Este procedimiento genera una poco clara y muy discutible forma de presentación de la deuda pública en la Ley de Presupuesto anual que vota el Congreso.

El origen formal de este problema – que se mantiene invariable hasta la fecha - deriva del importante cambio producido en la metodología presupuestaria argentina a partir de 1980 (Ministro de Economía Dr. José Martínez de Hoy y Secretario de Hacienda Dr. Juan Alemann), que modificó sustancialmente la forma de presentación de los datos inherentes al endeudamiento público. [3]

Estos cambios fueron luego formalizados con la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado (1992) y las modificaciones consiguientes a la Ley 11.672 de Presupuesto, así como sus normas complementarias y reglamentarias.

Uno de los primeros artículos de la Ley de Presupuesto – el numero 4 - refleja siempre parte de esta forma de presentación de los datos, que es el ABC de todo el desarrollo financiero del ejercicio fiscal del Estado Central.

Allí siempre se expone el cuadro de Resultado Financiero del ejercicio, donde residen dos datos-clave del Presupuesto: el monto de los vencimientos de capital del año (Aplicaciones por concepto de Amortización de Deuda) y los montos de deuda nueva que se prevé asumir para cubrir el grueso de esos vencimientos y para tomar deuda adicional (Fuentes Financieras por Endeudamiento Público).

Para el corriente año – 2013 – está previsto así amortizaciones sobre vencimientos de deuda por 186.100 M$ (36.500 MD) y toma de nuevo endeudamiento por 247.700 M$ (48.600 MD), es decir, 61.600 M$ (12.100 MD) más.

Esto significa que la totalidad de los vencimientos de capital que se producen en el ejercicio van a ser refinanciados con nuevas deudas y que también se van a tomar obligaciones adicionales.

En el primer caso – refinanciaciones – se trata de operaciones de Administración de Pasivos, que suponen novación de deuda con el mismo acreedor o refinanciación vía pagos a un acreedor con fondos tomados de otro acreedor.

Como regla general el gobierno está pagando a su vencimiento toda la deuda que cae correspondiente a acreedores privados y organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial, BID y CAF); y lo hace fundamentalmente con fondos del Estado tomados del propio Sector Público y con refinanciamiento continuo de préstamos de organismos internacionales.

Es decir, que se privilegia el pago de la deuda de terceros aumentando la Deuda intra-Estado.

Esto se expresa – como hemos dicho - en el Cuadro de Resultado Financiero dentro del articulado del Presupuesto y se desagrega en la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento (AIF), que figura dentro de las planillas anexas al mismo.

En el Presupuesto 2012 estaba previsto el vencimiento de deudas por capital de 40.100 MD y la contracción de nueva deuda por 51.800 MD, con lo que el stock de deuda aumenta 11.700 MD.

El año anterior – 2011 – se preveía por presupuesto que la deuda aumentaría unos 9.500 MD, como producto de vencimientos de capital por 27.400 MD y toma de nueva deuda por 36.900; pero el aumento real de la deuda pública – según datos oficiales – fue al final bastante mayor: de 14.600 MD.

Todavía no se conocen los resultados fiscales del 2012 pero el presupuesto contemplaba el aumento de los 11.700 MD citados. Y para el 2013 – también según presupuesto – la deuda aumentaría otros 12.100 MD.

En consecuencia, no es cierto que la Argentina se esté des-endeudando: por el contrario, el ritmo de aumento de la deuda es superior a los 10.000 MD por año.

Presupuesto versus realidad

El gobierno Kirchner confunde a la opinión pública diciendo que tiene Superávit Fiscal Primario y soslayando que tiene Resultado Financiero negativo, es decir, Déficit Fiscal.

El superávit primario es el resultado de las cuentas públicas producto de restar Ingresos menos Gastos pero sin contar dentro de éstos últimos los gastos corrientes por el pago de los intereses de la deuda.

Esto es, que el resultado primario es un subtotal o total incompleto de las cuentas fiscales del ejercicio.

Ejemplo: según la Ley de Presupuesto 2013 el Resultado Primario sería de 56.200 M$, producto de Recursos Totales por 629.200 M$ menos 573.000 M$ de Gastos (628.600 M$ de gastos totales menos 55.600 M$ a pagar por intereses de la deuda pública) [4]; mientras que el Resultado Financiero es de sólo 600 M$ (exactamente 587 M$), producto de restar a los ingresos los gastos totales de 628.600 M$.

En el año 2011, bajo este mismo cuadro de exposición de los datos (que sigue la Metodología Internacional del FMI, lo mismo que en la forma de mostrar los servicios de la deuda pública) el Resultado Financiero estaba previsto positivo por unos 1.600 M$ pero en la práctica resultó deficitario de 30.700 M$.

Para el año pasado (2012) – cuyos datos finales, como hemos advertido al inicio, todavía no se disponen al momento de redactar el presente trabajo – se prevé que, contra un resultado financiero también originalmente positivo, de 1.500 M$, el déficit real sea en cambio entre 55 y 60.000 M$.

Al momento de elevar el Mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso para el Presupuesto 2013 el gobierno ya había ajustado las expectativas del ejercicio a un déficit de 34.200 M$, que ahora pudiera ascender casi al doble de esa cifra.

Las dudas sobre los resultados financieros finales se extienden también a los números del ejercicio 2013, en curso.

En función de estas realidades cabe entonces observar tres cosas:

1. Que los desvíos entre Presupuesto y Ejecución son relevantes en materia de rubros de Ingresos y Gastos pero especialmente en materia de Resultados Financieros, que hoy muestran un fuerte déficit fiscal.

2. Que tales desvíos son crecientes y lo hacen en mayor proporción cada año, de modo que la brecha contra las estimaciones se va ampliando.

3. Que los servicios de la Deuda Pública son factores determinantes en el aumento de estos déficits fiscales y, en consecuencia, a mayor deuda mayor déficit.

Este último punto está avalado por los propios datos presupuestarios oficiales, que muestran cómo el ritmo de aumento de los servicios de la deuda es superior al ritmo de aumento del gasto público general.

Ejemplo: para el año 2013 está previsto un aumento general del Gasto Público del orden del 16 %, pero para el rubro de Intereses de la Deuda – que están incluidos dentro de ese total – el aumento es del 23.4 %.

El peso de las cifras es lo suficientemente relevante en sí mismo.

En valores absolutos – tomando para conversión el tipo de cambio previsto en cada ejercicio – el peso de estos servicios es el siguiente:

-  Los vencimientos de capital eran 27.400 MD en 2011, pasan a 40.100 MD en 2012 y se proyectan en 36.500 MD para 2013, 42.100 MD para 2014 y 49.100 MD para 2015.

-  Los pagos de intereses eran 8.900 MD en 2011, pasan a 10.200 MD en 2012 y se proyectan en 10.800 MD para 2013, 15.500 MD para 2014 y 18.600 MD para 2015.

El perfil de vencimientos de estos servicios por capital e intereses de la deuda pública (más del 60 % está en moneda extranjera) presenta así hoy una peligrosa concentración de vencimientos a corto y mediano plazo. [5]

Los medios de prensa del establishment insisten en destacar el incremento del Gasto Público y su incidencia como factor causal de Inflación y Déficit Fiscal pero omiten decir que la deuda es el principal motivo de aumento de ese gasto.

El déficit como deuda

El déficit presupuestario se cubre con deuda pública, de modo que al ocultar o presentar de forma engañosa el verdadero resultado fiscal se está enmascarando, en realidad, el nivel real de aumento del endeudamiento del Estado.

La administración Kirchner – como es público y notorio, y como el mismo gobierno lo proclama – está batiendo récords de pago de servicios de la deuda aunque, cabe reiterarlo, el stock de la deuda sigue creciendo y el objetivo de las autoridades sigue siendo volver al mercado internacional de capitales para tomar más deuda, según la Hoja de Ruta del ex ministro de economía y hoy vicepresidente Boudou.

Como una suerte de mecanismo de transición – hasta normalizar la deuda todavía en default con los bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 (holdouts) y arreglar la deuda con los países del Club de París - el gobierno está utilizando como fuente de financiamiento la Deuda intra-Estado, esto es, la toma de fondos que están a cargo del Estado para poder pagar servicios de la deuda con terceros, entregando a cambio títulos públicos a los principales entes oficiales, que devienen así sus prestamistas y que reciben, en la práctica, títulos oficiales como “vales de caja” por el retiro de ese dinero, aunque los mismos no tienen capacidad demostrada de devolución o repago.

De este modo, la Tesorería está “empapelando” a las agencias del propio Estado que asumen el rol de prestamistas institucionales o estructurales del Fisco.

Con el agravante que la mayor parte de esos fondos de la Deuda intra-Estado no son propios del Fisco sino son dineros administrados por el Estado y que tienen otros fines específicos, como el caso de los fondos previsionales de la ANSES, que es plata de los jubilados y aportantes, o las reservas internacionales del BCRA, que son las divisas necesarias para afrontar las necesidades de la Balanza de Pagos.

El uso en gran escala de estos fondos está provocando una grave distorsión en las Finanzas Públicas como resultado de haber convertido agencias oficiales en prestamistas del Estado.

Dentro de la larga lista de organismos estatales que se encuentran hoy en esta condición – AFIP, Lotería, FFRE, FFRH, SRT, INDER, AGP, IAF, PAMI – hay tres que cubren las necesidades de financiamiento en forma determinante: el Banco Central (BCRA), la ANSES (a través del FGS-Fondo de Garantía de Sustentabilidad) y el Banco Nación Argentina (BNA).

a) El BCRA tiene actualmente prestados al Tesoro – al 31.1.2013 - unos 64.600 MD: 38.900 MD, por títulos públicos en cartera dados a cambio de la entrega de reservas internacionales para el pago de deuda externa, y 127.800 M$ (≡ 25.700 MD) por Adelantos Transitorios (AT), dados para cubrir gasto público en general, que incluye el pago de deuda pública.

Tanto para comprar las divisas que se usan como reservas – y que luego se prestan al gobierno – como para girarle los AT, el BCRA imprime dinero sin respaldo, que termina presionando sobre la inflación.

La mayor parte de estos fondos el BCRA los rescata a continuación o retrae del mercado colocando títulos de corto y mediano plazo – Lebac/Nobac – para contraer parcialmente la Base Monetaria; y lo hace pagando en promedio el 15 % anual de interés. [6]

De este modo, las reservas del BCRA que se usan para pagar deuda del gobierno en la práctica se están comprando con deuda. El gobierno paga así con esos fondos deuda con terceros y le queda debiendo al Banco (vía Letras Intransferibles a 10 años de plazo, que rinden bajo interés y no tienen capacidad probada de repago), por lo que el stock de deuda total no varía aunque sí cambia su composición o estructura.

Pero el BCRA se queda con el aumento de su deuda cuasi-fiscal por letras y notas colocadas en los principales bancos locales. [7]

De este modo el saldo de la deuda pública del Tesoro no cambia pero crece la del BCRA.

b) El FGS de la ANSES sumaba al 30.9.2012 – última información disponible – 227.500 M$, de los que un 62 % está prestado al Estado.

Se trata de obligaciones sin demostrada capacidad de repago por parte del Tesoro y que se restan a los fondos prestables para proyectos productivos por parte de la ANSES y/o para destinos más rentables del Sistema Previsional.

La administración Kirchner privilegia así el uso de los fondos jubilatorios para el sostenimiento de la deuda pública mientras dilata las actualizaciones de la población pasiva y difiere sistemáticamente el cumplimiento de las sentencias por juicios contra la ANSES.

c) El BNA, según cifras de Balance a Octubre 2012 – última información disponible – tiene prestado al Estado unos 86.600 M$: 56.600 M$ por títulos y 30.000 M$ por créditos al Sector Público no Financiero (Tesorería y/o Entes Oficiales).

Es aproximadamente el 60 % de su cartera de créditos, que totaliza unos 142.400 M$: 85.800 M$ del total de préstamos del banco – dentro de los que están los 30.000 M$ al sector público – más los 56.600 M$ de títulos.

Esta altísima proporción de dinero del BNA prestado al Estado desvirtúa en gran medida la finalidad del banco, cuya Carta Orgánica fue modificada para privilegiar el crédito productivo a PYMEs.

Hasta aquí el panorama financiero primario de cómo se cubre el déficit fiscal provocado por el desequilibrio de la deuda pública a través de la Deuda intra-Estado. [8]

Conclusión

El Estado tiene tres fuentes básicas de financiamiento: 1. La recaudación tributaria, 2. La emisión monetaria y 3. La deuda pública.

Esta última conlleva el costo financiero de la amortización del capital más el pago de los intereses.

Cuando los niveles de endeudamiento fiscal llevan a cifras impagables la deuda nacional, como en el caso del Estado Argentino, se da la paradoja que las fuentes 1 y 2 – Recaudación y Emisión – tienen que ser aumentadas para poder sufragar los costos de la fuente 3, que es la Deuda.

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Las “tragedias anunciadas”, ¿son tragedias o masacres?

Carlos Saglul (ACTA)

“Hay que modernizar al capitalismo”, es el credo que declama el Gobierno. Este salvataje del sistema encontró un pequeño escollo: desde los noventa la mayoría de las empresas estaban en manos extranjeras.

De ahí que subsidió la creación de una burguesía nacional donde van apareciendo nombres ilustres como Esquenazi, Britos, Cristóbal López, primero dedicado a la timba y el petróleo y ahora magnate de la comunicación. La lista es enorme.

En la mayoría de los casos, el crecimiento de los nuevos empresarios estuvo acompañado de denuncias de corrupción. El sujeto del cambio había dejado de ser, como en el primer peronismo, la clase obrera. El futuro está en la "burguesía de incubadora". Paulatinamente, los flamantes ejecutivos desplazaron en los despachos a los dirigentes sindicales. La corte de los Jaime, Schiavi, aplaudía.

A un año de la tragedia de Once, se hace interesante recordar la trayectoria de dos exitosos empresarios que se enriquecieron gracias al Estado: subsidios y transporte, sus historias costaron la vida de muchos obreros y sus hijos, y no es metáfora.

Sergio Taselli comenzó a hacer fortuna durante el gobierno de Carlos Menem. A la sombra de la empresa Techint fue uno de los tantos que se enriquecieron con el desguace de los Ferrocarriles Argentinos. Luego vendría la oportunidad de Río Turbio. La privatización tenía pocos riesgos: el contrato le aseguró la venta de la producción de carbón durante una década y un subsidio de unos 16 millones de dólares anuales.

En el 2002 se le rescinde el contrato y la mina vuelve al Estado en ruinas como tantas otras empresas, ahora en vías de ser recapitalizadas con fondos públicos. Se apilan los informes de los organismos de control que señalan la falta total de observancia de normas de seguridad mínimas. Los funcionarios que deberían investigar miran para el costado, quizá con el cuello duro por el viento gélido que viene de los despachos oficiales. Los trabajadores temen perder el pan de sus hijos, apechugan y callan.

Finalmente, vino la tragedía y sus muertos. Taselli terminó procesado en base a una denuncia de la Asociación Trabajadores del Estado que señaló datos grotescos como que “la concesionaria no devolvió un buque carguero comprado por Río Turbio en 2.100.000 dólares, tampoco cuatro vehículos y no se afectó a la concesión una costosa máquina adquirida inicialmente para incorporarla al complejo. Además hubo desvío de subsidios estatales millonarios”. Ni los barcos dejó este burgués de incubadora, y no se los llevó, precisamente, disimulados bajo el saco.

Los 90 terminaron. Pero nada podía detener el afán del empresario por invertir en el país. Otros rubros merecían su esfuerzo. Los trabajadores de Gándara temblaban cuando se enteraron que la había “comprado”. Los trenes que dejó Taselli eran chatarra, ni empujándolos llegaban a la estación. Al entonces diputado Héctor Polino le pertenece el relato: “Primero vació Yacimientos después consigue quedarse con el Metropolitano, no hizo las inversiones en ninguno de los casos. Entró en Yacimientos con 5000 trabajadores y se quedó con 1000. Y al Metropolitano la llevó a default”.

La modernización capitalista no se detiene, a pesar de los “errores empresarios”. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció la rescisión del contrato con Trenes de Buenos Aires (TBA) para la operación de las líneas Sarmiento, Mitre y la participación que tiene en las líneas que administra la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE). Para la nueva administración se creó una la Unidad Operadora en la que están presentes los mismos actores que en la UGOFE: Metrovías (del grupo Roggio) y Ferrovías (EMEPA, grupo Romero). Juan Carlos Cena, toda una autoridad en materia de Ferrocarriles y sobre su destrucción, señaló: “Estas empresas expresan el mismo sistema corrupto que han llevado los Cirigliano en TBA”. Y aquí vienen los otros personajes de esta historia. Claudio Y Mario Cirigliano heredaron de su padre un par de colectivos. Como Tasellí crecieron durante el menemismo merced a sus “buenas relaciones” con los funcionarios.

A poco de morir papá Nicola, sus hijos habían construido de la nada un verdadero imperio.

La Argentina es un país de fortunas rápidas. Basta mirar alrededor. El gran salto llegó en la década del ‘90, cuando los hermanos Cirigliano ganaron la concesión ferroviaria con TBA. En 1991 la todavía llamada Transporte Automotor Plaza, participó en la formación del holding Cometrans como líder del proyecto que en 1994 ganaría el proceso licitatorio de Trenes de Buenos Aires (TBA). Con estas dos líneas (ex Mitre y Sarmiento) la familia concentra el 40 por ciento del movimiento de pasajeros de los trenes metropolitanos.

Los Cirigliano no dejaban de jugar al golf con el ex presidente Menem y aprovechaban para hablar de negocios. El Grupo Plaza, una de sus empresas es el principal accionista del holding Comercio Metropolitano de Transporte (Cometrans). Tiene compañías de colectivos en Capital Federal, Gran Buenos Aires y ciudades del interior. Sus negocios se extendieron a Brasil y Florida, Estados Unidos.

çLa formación de Cometrans les permitió también a los Cirigliano obtener la concesión del servicio de subte como accionistas de Metrovías SA, desde 1994 a 2000. En 1998 sumaron las líneas 124, 114 y 104, 143 y 141 y la empresa Mariano Moreno SA (Línea 36). En el ‘94 ganaron las licitaciones de las líneas 140, 142 y 133. En los últimos años, Grupo Plaza opera un total de 40 líneas urbanas; más de 21 en la Ciudad de Buenos Aires, 12 en Bahía Blanca y 8 líneas en Santa Rosa, La Pampa.

Antes, en 1993, se habían quedado con la licitación de la Fábrica Militar General San Martín, predio que utilizaron para instalar sus plantas industriales: Emprendimientos Ferroviarios SA (EMFER), para reparación y mantenimiento de carrocería de trenes y Tecnología Avanzada en Transporte SA (TATSA), para armado y refacción de vehículos para el transporte público de pasajeros.

Negocio redondo, no sólo se quedaban con el subsidio, sino con el dinero que supuestamente el Estado le daba para arreglar los trenes. A pesar de los millones que reciben del Estado, los hermanos Cirigliano se mantienen firmes con su política de no inversión.

Entre1996 a 2006 hay 879 accidentes en la línea Mitre y 1198 en la Sarmiento, que dejaron, 665 heridos en las dos líneas y 1372 muertos. Esta masacre se debe -según a las denuncias de los delegados obreros- al deficitario funcionamiento de la estructura operativa (falta de funcionamiento de señales, problemas en los cruces, falta de inversión en la estructura ferroviaria).

¿Se podría hacer esto sin la complicidad de los funcionarios? La Auditoría General de la Nación señala ya en 2010: “Las distintas resoluciones de las Secretaría de Transporte se apartan de lo establecido en los contratos y permiten una contratación directa, autorizándose. Es descomunal el monto de subsidios que recibe el grupo Cirigliano, a través de Metrovías, TBA, y los colectivos del grupo Plaza”.

Según fuentes sindicales, se calcula que los hermanos Cirigliano han recibido subsidios, gracias a sus empresas de transportes públicos, por un valor de $1120 millones para el grupo familiar, algo así como 140 millones de pesos anuales. Su último negocio fueron los equipos para la televisión digital.

Negocios millonarios. Funcionarios silenciosos. La justicia que no alcanza. Columnas de gente que cada aniversario de la muerte de sus seres queridos recorren las calles llorando a los que no están. La memoria es por ahora la única posibilidad de la Justicia.

La cita es el viernes en Plaza de mayo, a las 19.00. El compromiso es también con los que están vivos y pueden ser las futuras víctimas. No podemos dejar de preguntarnos: ¿Las muertes anunciadas son sinónimo de impunidad y masacre?

Que hablen los jueces, pero también el pueblo en la calle.

Carlos Saglul es periodista. Equipo de Comunicación de la CTA Nacional.

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"El fracking además de costoso genera sustancias tóxicas"

LA RETAGUARDIA - ANRED

Para hablar de minería a cielo abierto primero fue necesario conocer el tema; ahora suena cada vez con más fuerza la utilización de un nuevo método extractivo: el fracking. Para saber en qué consiste y sus alcances contaminantes, conversamos con Javier Rodríguez Pardo, especialista de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE), quien efectivamente nos confirmó que este sistema necesita grandes cantidades de agua, provoca explosiones, y genera casi trescientas sustancias tóxicas.

A medida que se terminan los yacimientos de gas y de petróleo, se empieza a procurar su búsqueda en lugares de acceso más difícil. Para ello se utiliza la fractura hidráulica, método conocido como fracking. Para Javier Rodríguez Pardo, de la Red Nacional de Acción Ecologista, esta situación corrobora que los minerales se han agotado a lo largo del tiempo, algo que desde la RENACE vienen advirtiendo: “van a buscar entonces el gas que está escondido en arenas bituminosas, a dos mil, tres mil y hasta cinco mil metros de profundidad”.

En diálogo con La Retaguardia, Rodríguez Pardo explicó que el fracking es un proceso más costoso que el convencional y dio detalles de su funcionamiento: “se encamisa el agujero y luego se vuelve a hacer esa perforación por encima, porque cuando uno perfora tanto siempre se contaminan de alguna manera las napas si no se tiene el debido cuidado, porque uno lo que hizo fue comunicar las napas a través de la perforación. Lo que hace este sistema primero y fundamentalmente es consumir muchísima agua, después cuando llega a la profundidad deseada debajo de esas pizarras donde por teledetección y sistemas de cateo que se han hecho previamente se detectó la presencia de gases, se libera ese gas. Y para eso en la punta de ese trépano que por ahí empieza a deslizarse por abajo, se empieza a buscar el sitio donde está el gas escondido y hay que reventar esas pizarras, esas rocas, esas arenas, para liberar el gas que está ahí. Esto se hace poniendo explosivos, que lo que hacen es liberar ese gas que se va a ramificar. Son como pequeñas tuberías por donde va a escapar ese gas que después va a ser recogido con equipos especiales y llevado a su destino final”.

El fracking necesita una imponente cantidad de agua, que es inyectada en los pozos para hacer una solución que permita la extracción del gas y el petróleo. En un pozo solo, se utilizan casi treinta mil metros cúbicos, y cabe remarcar que existen miles, uno al lado del otro, en el mundo.

Pero además del consumo de agua, al hacerse este sistema de explotación aparecen casi trescientas sustancias químicas, que son tóxicas, cancerígenas, y mutagénicas: “el ser humano no para en función de llevar delante de cualquier manera y como sea un comercio y manejarlo con la promiscuidad que permite una rentabilidad rápida sin cuidado alguno. Lo que más se deteriora aquí son los acuíferos porque se contaminan las aguas. En Europa la protesta mayor es porque con esa contaminación se libera un montón de elementos radioactivos, dentro de esas sustancias tóxicas”, continuó Rodríguez Pardo.

En Argentina este sistema extractivo es nuevo, pero hace años que se viene usando en países que no tienen petróleo: “al encontrar esto que está escondido ahí abajo generalmente en zonas arcillosas, en rocas sedimentarias que están ahí estratificadas en las profundidades, se realizan cientos de pozos que ocupan muchísimas hectáreas”, aseveró Rodríguez Pardo a La Retaguardia.

El país con más experiencia en fracking es Estados Unidos, donde se desarrolla desde hace quince años. En algunos sitios, estas explosiones hasta produjeron movimientos sísmicos: “en Estados Unidos, hay denuncias en este sentido. Ya hay sitios donde no piensan tocar los suelos porque es más el daño que van a provocar que las soluciones que le pueda dar el eventual combustible que obtendrán. En Francia, por ejemplo, decidieron no hacerlo y generaron una suerte de moratoria. Por ahí circulan unos correos que dicen que los franceses lo han prohibido, pero es falso, lo que han hecho es una moratoria, tirar la pelota para adelante. Ellos saben que es complicado porque son pequeños países comparativamente donde gran parte de ese suelo en el que hay economías regionales ancestrales que les han dado enormes beneficios a esos pueblos. Imagínense esos pozos, unos pegados a otros, que se hacen por miles, donde la migración de gases como el metano termina contaminando todo y otros hidrocarburos que aparecen ahí contaminan millones de litros de agua cargados con químicos y tóxicos que se requieren para extraerlos porque no se extraen con facilidad. El hombre, al ver que está disminuyendo la capacidad de utilizar la energía conocida, más las complicaciones por el calentamiento global, en lugar de buscar energía alternativa o de hacer debates sobre matriz energética por otras alternativas no contaminantes, va a buscar ese gas o petróleo escondido con este método que hace un daño imponente. En la región cantábrica, en España, en Francia y en otros lugares la discusión es evidente, la gente salió a la calle y esto no lo quiere, porque vieron la contaminación”, explicó.

Existen en Argentina varias agrupaciones de distintos puntos del país que ya trabajan para denunciar los riesgos del fracking y luchan para evitar su utilización. Entre Ríos y Chubut son dos ejemplos en este sentido. Rodríguez Pardo menciona además el caso de un pozo de Repsol e YPF en Loma de la Lata en Neuquén, que no es un yacimiento convencional tal como se lo pretende presentar sino justamente un pozo en el que se pretende utilizar el fracking. Cerca de allí, en Vaca Muerta, los vecinos ya se encuentran realizando asambleas para discutir estos temas.

Todo hace presumir que, así como sucede con la megaminería a cielo abierto, la utilización del fracking también despertará conflictos sociales. Lo que resta saber es cuándo estallarán y de qué manera.

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La violencia, para Berni y la conciencia, para Rodolfo Walsh

Claudia Rafael (APE)

"La sociedad está cada vez más violenta", sentenció. "La sociedad consume violencia. Fíjese, inclusive hasta en los programas de televisión cuando hay situaciones de violencia o cruces verbales tienen más rating". Dos frases radiales de lujo del secretario de Seguridad, el teniente coronel/médico/virtual ministro Sergio Berni, que luego completó: "el otro día leyendo un artículo (periodístico), decía que de los cinco videojuegos más vendidos, tres son de extrema violencia. Ya la sociedad consume violencia de por sí".

El análisis científico de la cara visible de la seguridad del gobierno nacional goza, al menos, de la seriedad de una charla de café en un barcito perdido de cualquier ciudad. El mismo analista es el que se presentó ante la sociedad de su país por todos los grandes medios televisivos vestido de astronauta el día en que se incendió en Puerto Madero un contenedor cargado de productos tóxicos diciendo: "este producto es de baja toxicidad, irritativo sólo de mucosas y piel, en principio estamos frente a algo de baja peligrosidad". Cual Super Berni del subdesarrollo aclaraba que "no hay arsénico, ni plomo ni mercurio", pero -por si acaso y a diferencia de los trabajadores y restantes funcionarios del área- él estaba pertrechado para un ataque enemigo con napalm.

La escasísima seriedad (o el extremo cinismo) para el análisis, sin embargo, no debiera nublar la reflexión. El debate tiene que ir taxativamente más allá.

Es indudable la influencia de los medios de comunicación a la hora de demarcar determinados territorios de comportamiento y de uso del lenguaje. El medio avala, certifica, coloca el sello de real ante los ojos sociales. Determinados hechos de la realidad son considerados inexistentes a los ojos de la ciudad "si no salió en el diario". Aunque hoy por hoy las redes sociales avanzaron varios pasos en el mismo sentido. De todos modos, si bien inciden en los cambios de conciencia (para bien y para mal), por otro lado y como contrapartida, siguen siendo el espejo de las construcciones sociales.

Entonces, la pregunta es ¿cuál es el origen de la violencia social?, ¿qué factores inciden?

La sociedad ha ido construyendo una forma estridente de suicidio, como definió -en tiempos lejanos- José Pablo Feinmann. Una sociedad que demostró magistral eficacia a la hora de generar exclusión, marginalidad, inequidad y, fundamentalmente, hambre. Ese es el tipo de construcción social que ha triunfado. Una sociedad que, por tanto, se volvió descarnadamente desesperanzada y que eliminó de las conciencias el concepto de porvenir. Casi como un silogismo, sin porvenir no hay nada. Es el vacío. Y, por tanto, en el vacío sólo va a germinar la tragedia. O, volviendo a Feinmann, "el siglo XX (y habría que adosarle el XXI) expresa el fracaso de los hombres para vivir en justicia y libertad".

No se debe de perder el hilo que es siempre el mismo y en este caso el interrogante sería: ¿puede una sociedad doctorada en exclusión, marginalidad, inequidad, hambre y, por tanto, desesperanza, generar otro modo de vinculación que no sea la violencia?

Porque hay una cuestión ineludible. Hay un punto de no retorno. Ese punto está dado por la desesperanza. Y presencia/ausencia del rostro humano. Porque si hay un sinónimo incondicional a la humanidad es el de futuro. El de soñar y diseñar una utopía capaz de transformar la realidad dura, ácida, amarga y profundamente desigual. La clave está ahí.

Cuando la vara que mide es la de la desesperanza, desaparece de un solo golpe la clave de la condición humana. Y no se puede pedir valores humanos a quienes nacen, crecen y se desarrollan en condiciones de vida no humanas.

A la hora de analizar microscópicamente el desarrollo de la violencia, hay historias que son la radiografía perfecta. Que dejan al desnudo cómo se construye la violencia. Cómo se desarrolla y cómo llega a su máximo esplendor.

Entonces una vez más la misma historia:

"Juan es una fotografía de la injusticia social (y su distribución inequitativa), de la injusticia procesal penal (de los hechos y actos que nunca se investigaron y que jamás se investigarán), de la injusticia penal (y de la perinola con la que condena) y de la corresponsabilidad estatal en cada una de estas injusticias. Si Juan fuera un asesino, a ese asesino lo criamos nosotros en el Hogar Sarciat, se lo sacamos a los padres porque nosotros lo íbamos a criar mejor. De la corresponsabilidad del Estado en estos 'productos', nadie habla y nadie se hace cargo de eso a la hora de juzgar y condenar", dijo una trabajadora social. Juan creció en el barro. Con su ramillete de hermanos a cargo. El Estado dijo aquí estoy yo. Me hago cargo. Juan está preso por un crimen resonante. Sentenciado a perpetua por uno de los brazos del mismo Estado que lo crió.

Pregunta: ¿Es Juan y tantos juanes de la historia el producto de la violencia televisiva, de la violencia de los videojuegos?

En ocasiones resulta interesante tomar ejemplos de la ficción para este tipo de debates. Mark Renton, el protagonista de la película "Trainspotting", reflexiona en el comienzo: "No hay razones. ¿Quién necesita razones si existe la heroína?". Luego, ya formateado para la vida en la sociedad de masas que él mismo detesta desde siempre, define: "yo voy a ser uno de ustedes. Voy a adquirir electrodomésticos en cuotas. CD. Trajes. Un trabajo. Mujer e hijos".

Y hay un detalle más que interesante. Porque tanto la escocesa "Trainspotting" (1996) como la inglesa "Full Monty / Todo o nada" (1997) fueron paridas en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher. En donde la salida de no ficción es decididamente contrapuesta. En la escocesa, Renton abandona su rebeldía y se suma a las filas de una burguesía que merced a las políticas conservadoras de Thatcher era cada vez más minoritaria. En "Full Monty", los protagonistas le pelean al desempleo colectivamente con una suerte de cooperativa de streappers.

El mundo pergeñado para los juanes no permite ni uno ni otro camino. Juan no hubiera podido como Renton, formatearse para la vida de "los ustedes". Ni tampoco hubiera podido ser Gaz, el protagonista de "Full Monty", organizando a sus compañeros de desmadre. Para streap o para lo que sea.

Porque la misma sociedad que decidió que él ocuparía desde su llegada al mundo el lugar de víctima para luego crecer y ser amorosamente criado por el Estado para victimizar no le permite ese tipo de salidas. Hay un ellos y un nosotros divididos tajantemente. Y los ellos/los juanes tienen como único destino las geografías del encierro (es decir, las rejas formales o las cárceles a cielo abierto que constituyen las villas y los asentamientos). Esas geografías donde la violencia es doblemente dolorosa. Porque suele no tener retorno.

Y más allá del personaje ficcional de Renton o de Gaz y del real/de carne y hueso de Juan, hay otras presencias. Que suelen ser ausencias. En donde el elemento hegemónico y crucial es el de la conciencia.

En el prólogo de "Operación Masacre", Rodolfo Walsh, vuelca una frase que es la definición por excelencia de la conciencia: miro esa cara (se refiere a la del sobreviviente Juan Carlos Livraga), el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. Me siento insultado, como me sentí sin saberlo cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la persiana.

Rodolfo Walsh se sintió insultado al escuchar un grito. Y esa sensación de insulto es la que hace falta. Es la única garantía eficaz y contundente ante la inequidad, la violencia social y las geografías del encierro que el sistema pergeña para una práctica eliminatoria de los sobrantes. Una sensación de insulto que nazca de las vísceras y crezca hasta la garganta. Y se haga grito.

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Salvador Yaco: La iglesia católica "es la última monarquía que se mantiene en pie"

Andrés M. Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Salvador Yaco -sacerdote de la Iglesia Santa Catalina de Capitán Bermúdez (Santa Fe)- nos brinda su particular mirada sobre la renuncia de Benedicto XVI.



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Argentina: una mujer quemada cada 8 días desde 2010

EL SIGLO - ANRED

Desde la muerte de Wanda Taddei, hace tres años, hubo 132 mujeres quemadas. De esa cantidad de agresiones contra mujeres, casi el 50 por ciento resultaron mortales, según arrojaron las alarmantes estadísticas.

Durante 2012 se registraron 53 ataques con fuego, mientras que en el año que perdió la vida Wanda Taddei, después de ella fueron 20 las mujeres quemadas.

En tanto, en los 45 días transcurridos del 2013, ya se registraron 6 hechos más.

De acuerdo a lo publicado, teniendo en cuenta que en los dos años previos al ataque perpetrado por Eduardo Vásquez sólo fueron identificadas 9 embestidas de estas características (tres en 2008 y seis en 2009), se evidencia el notable incremento de los casos enmarcados en un fenómeno que algunos especialistas explican como “Efecto Wanda”.

En torno a los datos estadísticos, se ubica al Conurbano bonaerense como la zona de mayor registro con el 30 por ciento de los casos, mientras que Capital Federal obtiene sólo 5 puntos porcentuales y el interior del país los 65 restantes, con mayor fuerza en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán y Santiago del Estero.

Las cifras surgieron del historial elaborado por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, perteneciente a la asociación civil La Casa del Encuentro.

Ada Rico, presidenta de dicha entidad, sostuvo que “el caso de Wanda Taddei se convirtió en un emblema de esa modalidad de femicidio”.

“Si bien ya existían antecedentes, la noticia tuvo una amplia difusión e impacto por el carácter mediático de Eduardo Vásquez. Desde allí han aumentado los ataques en los que las mujeres son incineradas por sus parejas”, explicó Rico. La titular de la Casa del Encuentro destacó que si bien “hay un Efecto Wanda”, también hay “un Efecto Impunidad por la falta respuestas de la Justicia”.

Al respecto, la especialista en cuestiones de violencia de género, explicó que “en los casos que ingresan a los hospitales con más del 65 por ciento del cuerpo quemado son inducidas en un coma farmacológico, razón por la cual se comienzan a demorar acciones judiciales a la espera de la declaración de la víctima”.

“Muchas veces mueren sin llegar a declarar. Por eso, es indispensable que en estos casos se actúe con celeridad y de oficio en el allanamiento, en la preservación de la escena y se agilicen los tiempos procesales para la reconstrucción de los hechos. Porque el principal problema en estas situaciones es no darle tiempo al agresor’, afirmó. “De esta manera, le vamos a empezar a demostrar a los violentos que el crimen perfecto no existe”, concluyó.

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No hay avances en las paritarias provinciales y peligra el inicio de las clases

PRIMERA FUENTE

Los gremios porteños rechazaron el 21% de aumento. La misma actitud adoptaron maestros de Santa Fe. En Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes y La Rioja amenazan con medidas de fuerza.

Según el calendario escolar, las clases en todo el país deberían comenzar el próximo lunes, 25 de febrero. Pero las dificultades para acordar el nuevo salario en numerosas jurisdicciones hace peligrar la vuelta a la escuela en la fecha establecida.

La paritaria docente se encuentra empantanada en La Ciudad y en Santa Fe. En Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Corrientes la situación tampoco es mejor y los maestros se declararon hoy “en estado de alerta.

Específicamente, los docentes santafesinos recibieron hoy una propuesta de incremento salarial de 24% en dos etapas hasta julio, que la rechazaron por considerarla “insuficiente”. Los sindicatos pidieron al gobierno de Antonio Bonfatti que "suba el monto de la primera cuota y la adelante a febrero".

En la Ciudad, los 17 sindicatos docentes porteños también descartaron la propuesta de incremento salarial de 22% en tres cuotas con límite en octubre presentada por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, en la cuarta paritaria, que continuará mañana para intentar acordar el haber mínimo del maestro.

En Tucumán, docentes nucleados en ATEP declararon el estado de alerta con posible no inicio de clases el lunes 25, ante la falta de diálogo y una oferta salarial del gobierno provincial. Los maestros piden al Ejecutivo que dirige José Alperovich que "mejore en un mínimo de tres puntos el 22% otorgado unilateralmente por la Nación a todos los maestros".

En Santiago del Estero, los docentes agrupados en Cisadems advirtieron hoy que cumplirán un paro de 48 horas que afectará el inicio del ciclo lectivo si no reciben una propuesta de aumento salarial. El sindicato mayoritario cuestionó que "el maestro primario de jornada simple tiene un sueldo de 1.109 pesos, muy relegado además por un cúmulo de cifras no remunerativas que afectan a los jubilados y a la carrera".

Por su parte, los maestros riojanos nucleados en AMP concurrirán mañana a la paritaria con el ministerio de Educación provincial para conocer la propuesta de aumento salarial para 2013 y definirán el jueves en el congreso gremial si aceptan o rechazan la oferta.

La dirigencia de AMP reclama el traslado al sueldo básico de 230 pesos o como mínimo 200 sobre un total de 460 pesos en la primera cuota de febrero, mientras el gobierno propuso "blanquear" sólo 160 pesos.

En Corrientes, el ministerio de Educación convocó para mañana a las 10 en la cartera de Hacienda, mientras los cinco sindicatos correntinos analizan medidas de fuerza.

Frente a este contexto, y a sólo tres días del inicio del ciclo lectivo 2013, el ministro de Educación nacional, Alberto Sileoni, insistió con que los distritos no están en condiciones de otorgar el 25% de incremento salarial, luego de que el gobierno definiera la paritaria en forma unilateral en un 22 por ciento.

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Se reunieron los gremios de la educación de la CTA: El paro docente se promete masivo e imparable

Carlos Saglul (ACTA)

La Federación Nacional Docente (FDN-CTA), agrupaciones de base de todo el país y gremios, que aún pertenecen a la Ctera se reunieron en Rincón 74 (sede de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA)) para tratar qué medidas tomar ante la paralización de la paritaria docente. Por la tarde, brindaron una conferencia de prensa, donde se ratificó que "la decisión es proponer a todos los gremios, no importa su pertenencia, el no inició de clases en todo país".

El secretario de Formación y Capacitación de la CTA y diputado nacional, Jorge Cardelli, explicó que “como están las cosas el paro es imparable. Acá, me parece que el dirigente que no se ponga a la cabeza de las bases va a ser superado por las mismas”.

Lo que necesitamos –insiste Cardelli- es lograr la coordinación nacional, que ciertos dirigentes cercanos al oficialismo no ven con buenos ojos. La intención del gobierno es que el conflicto se diluya en las provincias, muchas de las cuales están ahogadas financieramente.

“Hemos sido claros, en estas condiciones no deben iniciarse las clases, no solo por la defensa de los salarios docentes sino de la Educación Pública. Están privatizando la educación. Quieren que los que tengan dinero saquen a sus hijos de las escuelas estatales y los manden a las privadas, mientras nuestros colegios se convierten en galpones destinados a dar de comer a los pibes, a dar una enseñanza de segunda”.

Mijno: "Sin una nueva propuesta no comienzan las clases"

Mijno, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chaco (Federación SITECH-CTA) y miembro de la conducción de la Federación Docente de la CTA advirtió que “nosotros hemos requerido el 30% de recomposición salarial”. La responsabilidad del inicio de clases la tiene el gobierno de la provincia”. El dirigente respondió a los funcionarios señalando que “no pueden decir que estamos pidiendo algo que sea exagerado; estamos pidiendo para ir por un sueldo digno, hasta ahora sólo tenemos un sueldo de miseria”, remarcó.

Asimismo expuso que “el requerimiento del sector docente es justo y, por lo tanto, tendrán que ajustar los tantos para ver que ese requerimiento tenga posibilidad de concretarse”.

En cuanto al gobierno nacional dijo que “si tomamos los indicadores de inversión en educación, se puede ver que es uno de los peores indicadores de la región”. Además aseveró que “eso es contradictorio con lo que dice el gobierno nacional que tiene como reservas”.

Sobre a la negativa de la ministra Pilatti Vergara de modificar los descuentos por días de paro, Mijno señaló que “es una burrada de parte de la ministra; nos quiere decir, señores del sindicato ustedes dedíquense a hacer fiestitas; lo que no pueden hacer es la herramienta fundamental para los sindicatos, el paro”.

En Santa Cruz, ADOSAC ratificó no iniciar el ciclo lectivo 2013

Este fue el resultado que dejó el nuevo Congreso que se llevó a cabo en la localidad de Puerto San Julián. Los trabajadores piden una propuesta de mejora salarial antes del inicio del ciclo lectivo, como así también que dicho aumento se haga efectivo de manera inmediata. Reclamarían un piso de hasta el 45%.

La Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC-CTA) (gremio de base de la CTERA) ratificó el pasado lunes en Congreso provincial el no inicio del ciclo lectivo 2013, si es que no hay hasta esa fecha de comienzo una propuesta concreta por parte del Gobierno provincial de mejora salarial. Pedro Cormack, secretario general del gremio, informó de la decisión a La Opinión Austral.

Neuquén: ATEN ratificó el no inicio de clases y movilización

Con el objetivo de comenzar a discutir el plan de lucha de este año, alrededor de 200 trabajadores de la educación nucleados en la Asociación Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN-CTA) se reunieron en Cutral Co, donde entre otras cosas se propuso paro y movilización para el lunes que viene como primera medida del no inicio de clases. Además debatieron sobre la situación laboral del sector, la obra social neuquina y la recomposición salarial, que deberá tener en 2013 un piso del 35 %.

Al término del encuentro, la secretaria de Prensa, Patricia Jure, explicó que se debatió sobre la situación educativa en la provincia que "abarca las condiciones laborales, las vacantes, las condiciones de infraestructura y la reforma educativa, además de la situación salarial".

En este punto destacaron la necesidad de concretar un "censo educativo" para detectar la demanda real de bancos, edificios, cargos y aulas.

Jure expresó que con los representantes de las 20 seccionales del gremio "se fueron perfilando las propuestas del plan de lucha". Hubo participación de diferentes líneas pero el denominador común fue "llevar adelante un plan de lucha de ATEN que comenzará el 25 de febrero y como se seguirá".

El plan de creación de cargos en todos los niveles educativos fue también analizado. El criterio unánime también se reflejó en que "el piso para el 2013 de negociación salarial es del 35% aparte de lo que decretó el gobernador (Jorge) Sapag a principio de año". También se estableció reclamar una ayuda escolar de 1.000 pesos (igual a la otorgada a los judiciales), terminar con la precarización y flexibilización laboral, y el pase a planta permanente con plenos derechos.

Hoy se decide en Tierra del Fuego

El secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF-CTA), Raul Arce adelantó que este 19 de febrero se llevará adelante un plenario provincial de delegados, en el cual se definirán cuáles serán las medidas de fuerza a seguir, en reclamo por la propuesta del Ejecutivo provincial del incremento salarial del 8 por ciento.

Sobre el ofrecimiento del Gobierno el sindicalista consideró en diálogo con Radio Provincia que “la propuesta del Ejecutivo es una falta de respeto que no tiene nombre” y comparó las propuestas locales con las nacionales que giran alrededor del 20% de incremento.

Asimismo, el gremialista cuestionó a los funcionarios del Ejecutivo provincial manifestando que “la Gobernadora y todo el séquito de su planta tuvieron 5 o 6 aumentos”, por lo que consideró un despropósito la brecha entre la clase política y los trabajadores de la administración pública.

En relación con lo anterior, el secretario general del SUTEF, sostuvo que “el calificativo hoy, no lo pone el SUTEF, lo pone la comunidad”, llamó a la reflexión: “¿Cuánto quieren que gane un trabajador docente?” y remarcó que un maestro tiene un sueldo que no llega ni a la mitad del poder adquisitivo que marca el Índice de Precios al Consumidor.

Finalmente, Arce interpeló a que los legisladores intervengan en la situación ya que la Cámara Legislativa “será la caja de resonancia de los reclamos, ya que fueron los garantes de los acuerdos del año pasado” y recordó que los parlamentarios “aprobaron una tarifaria y la modificación de la Ley Nº648 con el supuesto de la creación de fondos para la solución de un descontento generalizado, desde hace algunos años por parte de los profesionales de la salud y educación”.

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