viernes, 22 de febrero de 2013

El globalismo imperial y su caos “constructor”

Homar Garcés  (especial para ARGENPRESS.info)

Las justificaciones de guerra justa contra el terrorismo internacional -formuladas a raíz del derrumbamiento de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York el 11 de Septiembre de 2001- le han servido de mucho al imperialismo gringo en su ambicioso propósito de hacer del siglo XXI el siglo (norte) americano en el cual prevalezca, sin discusión alguna, su hegemonía absoluta.

Para ello ha contado con la complicidad de sus socios, principalmente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); utilizando, además de la intervención militar, la extorsión y el chantaje económico-político, cada vez con mayor descaro e impunidad, vulnerando ostensiblemente la soberanía del resto del mundo a fin de imponerles las políticas económicas que más les favorezcan, causando mayores niveles de pobreza, exclusión social y explotación de la clase trabajadora. Así, sus zarpas se han hecho sentir a sangre y fuego en aquellas naciones que poseen grandes yacimientos de gas y petróleo, sobre todo en Asia central, Medio Oriente y norte de África, asegurando su control directo por parte de sus poderosas corporaciones transnacionales.
       
En Estados Unidos, como bien lo describe Pedro Ibáñez, “desde la conspiración comunista internacional de posguerra hasta la lucha contra el terrorismo de comienzos del siglo, la propaganda oficial de este país, en distintas épocas y con diferentes recursos, justifica el gasto militar, una política exterior intervencionista y el apoyo del pueblo estadounidense a un belicismo que sostiene al complejo militar industrial, cuyo fin es una perversa forma de desarrollar el capitalismo”. (El imperio antiheróico: entre la ficción y la mentira. Revista A Plena Voz, nº 55-56). Esto ha logrado que los ciudadanos estadounidenses, a pesar de lo cuestionable de las guerras emprendidas por sus gobiernos en los últimos veinte años, hayan terminado por legitimarlas, previendo una eventual amenaza exterior, convirtiendo en enemigos de su país a todo gobierno que no comparta sus criterios imperiales. De este modo, los distintos inquilinos de la Casa Blanca (desde Reagan hasta Obama) han compartido el inadmisible privilegio de ordenar guerras y operaciones militares en diversas latitudes, siempre invocando la guerra justa contra el terrorismo internacional como razón de Estado frente a un mundo que batalla contra una crisis cíclica del capitalismo que lo hace depender de una economía subsidiada por todos: la de Estados Unidos. Esta conexión entre economía y guerra es lo que le ha permitido a los grupos gobernantes de Estados Unidos erigirse como los amos y/o directores del sistema económico internacional, instituyendo un globalismo imperial que amenaza, incluso, con destruir todo vestigio de vida, dada su voracidad irracional de recursos naturales.

Para alcanzar sus mezquinos propósitos, el imperialismo global está perpetrando crímenes de lesa humanidad bajo la argucia de defender los derechos humanos, pisoteando la autodeterminación de los pueblos en nombre de la democracia e imponiendo sus mentiras como verdades inobjetables a través de los diferentes medios de comunicación a su servicio; todo ello con la innoble finalidad de causar un caos “constructor” de ese nuevo siglo estadounidense que se delineara tras el último gobierno de George W. Bush. Por eso, no debe sorprender a nadie las situaciones padecidas por Siria, Mali y otras naciones de la periferia capitalista, puesto que -simplemente- a esta nueva modalidad imperialista no le importa echar mano a los mismos recursos colonialistas de sus antepasados cuando sometieron y expoliaron los pueblos libres de África, Asia y América, disfrutando de la bonanza de sus suelos.

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Nuevos desafíos

Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

Los recientes triunfos electorales de Hugo Chávez y Rafael Correa suponen desafíos nuevos e imponen retos adicionales. Ya no se trata solamente de afianzar las áreas de poder ya alcanzadas sino de dar pasos cualitativamente diferentes con miras a la superación del capitalismo y la construcción de un orden nuevo, socialista, tal como han propuesto ambos gobernantes al electorado. Los logros alcanzados hasta ahora afianzan sin duda la legitimidad de ambos gobierno; unos logros posibilitados en buena medida por la disponibilidad abundante de recursos que permite el buen comportamiento de los precios de las materias primas en los mercados internacionales en los últimos años, pero fundamentalmente fruto de la decisión política de hacer frente a la inmensa deuda con las mayorías sociales.

Se podría objetar que la proporción del gasto destinado a la cuestión social (educación, salud, vivienda, subsidios a los alimentos, pensiones, etc.) encierra riesgos evidentes de convertir esas medidas en formas clásicas de clientelismo y despilfarro. Sin embargo es necesario considerar que buena parte de ellas constituyen en realidad inversiones de futuro (educación y ciencia, por ejemplo) mientras otras obedecen a prioridades sociales impostergables para poblaciones mayoritaria y tradicionalmente excluidas. En el caso de Venezuela la situación no deja de ser paradójica: las beneficios el petróleo sirvieron siempre para alimentar la corrupción y la fuga de capitales de la oligarquía local y para sostener grupos escogidos de la pequeña burguesía convertidos así en clientela electoral y base social del sistema, y son los mismos sectores que ahora se quejan amargamente por los “despilfarros” del gobierno bolivariano.

Las medidas “populistas” de estos gobiernos tienen además una característica que impide precisamente que estas ayudas se conviertan en fuente de parasitismo: las personas beneficiarias se comprometen a participar en planes de estudio, formación para el empleo y a vincularse a planes productivos destinados a superar la pobreza y la marginación.

Pero una parte muy importante de los recursos que genera el petróleo se destinan también a la inversión productiva (nuevas empresas, sistema de crédito, infraestructuras, etc.) con la intención de terminar su condición de países principalmente productores de materias primas -por lo general sin ningún procesamiento- algo que afianza y reproduce la típica relación de dependencia tradicional. Se supone que las inversiones deben permitir abandonar su rol de naciones secundarias en el tejido económico mundial, de simples complementos o apéndices menores de las economías centrales del sistema, incapaces de producir bienes y servicios con alto valor agregado.

Ahora bien si Venezuela, Ecuador o Bolivia apuestan en verdad por el socialismo (en su versión propia y original) se enfrentan a una doble tarea. Por un lado, echar las bases materiales indispensables para salir del atraso (alcanzar un determinado estadio de desarrollo de las fuerzas productivas) sobre las cuales sea posible avanzar hacia la socialización de los medios de producción, y, por otro, generar una nueva cultura de manera que los productores no solo sean propietarios formales de estos medios sino sus dueños afectivos, con todo el poder de decisión que ello supone.

Salir del atraso implica realizar aquellas reformas que la burguesía local fue incapaz de llevar a cabo, es decir, hacer real la consigna del desarrollo. Se trata de generar un mercado interno dinámico mediante la reforma agraria y en general mediante una radical redistribución de la riqueza, pero el objetivo central no es otro que construir un tejido económico que funcione con suficiente autonomía mediante un desarrollo dinámico y equilibrado de la agricultura, la industria y los servicios. Pero el socialismo no supone solamente superar el atraso y la dependencia; es igualmente importante la promoción vigorosa de un entramado democrático amplio que haga efectiva la participación de las mayorías, que combine de forma adecuada diversas formas de democracia representativa y de democracia participativa. Se trata de hacer efectiva la democracia por representación (electoral, sindical, etc.) corrigiendo los enormes vicios que la desvirtúan por completo como canales de expresión de la voluntad ciudadana (un mal que no solo afecta a América Latina). Los avances en esta dirección son innegables en Venezuela, Ecuador y Bolivia (y en general, también en los casos de los demás de gobiernos de progreso en la región). Solo la derecha local, minoritaria y montaraz, eleva denuncias infundadas sobre los resultados electorales que le son adversos y continúa alimentando planes de desestabilización cada vez que alguna coyuntura lo propicia (la actual enfermedad de Chávez, por ejemplo). Por contraste, son muchas las voces autorizadas que afirman la limpieza de los comicios y dan por plenamente legítima la elección de Chávez, Correa o Morales.

La democracia representativa (el poder delegado) cuando realmente refleja el sentir mayoritario de la población resulta necesaria para el funcionamiento normal de las sociedades modernas. Es obvio que muchos asuntos solo se pueden gestionar con responsabilidad y eficacia mediante la delegación del poder en grupos especializados de políticos y técnicos. Es una cuestión de división del trabajo, una realidad que se impone por la complejidad de algunos temas y por la imposibilidad práctica de participar directamente en su gestión. Pero la democracia representativa por si sola no satisface los requisitos que exige la construcción de un orden socialista. Como complemento inicial -y paulatinamente como forma principal de participación- se trata de impulsar diversas formas de democracia directa, de protagonismo personal en los procesos de toma de decisiones.

En el caso particular de Venezuela se destacan en este sentido algunas iniciativas que dan forma a la democracia directa. Los comités de barrio y los comités en los centros de producción son los más significativos. Que la ciudadanía decida sin intermediación alguna sobre asuntos que le afectan de manera directa en su lugar de residencia es una primera forma de participación. Se decide sobre el destino del presupuesto local, sobre proyectos productivos o de servicios, sobre eventos educativos y de cultura y otros asuntos similares, sin excluir la defensa nacional. Si estas formas de democracia directa son aceptables en algún cantón de Suiza, ¿por qué no en el caso de Venezuela?.

Igualmente importante resulta la participación directa en los centros de trabajo. Si son de propiedad colectiva, es obvio que así debe ser dada su misma naturaleza; si se trata de empresas de propiedad pública, la gestión conjunta (cogestión) en todos los asuntos constituye una magnífica oportunidad para que todo lo que afecta a los trabajadores se debata democráticamente y se armonice con los intereses de la comunidad. De esta forma la planificación nacional o regional resulta realista y permite superar el centralismo asfixiante y la burocracia ineficaz. En las empresas de propiedad privada, se propicia la existencia de un sindicalismo fuerte y moderno para modular en lo posible las condiciones de la explotación de la mano de obra. Cooperativismo, sindicalismo y cogestión han funcionado muy bien en países del centro y norte de Europa (Alemania o Suecia, por ejemplo). No hay razones de peso para pensar que estas formas de participación no pueden resultar igualmente positivas en la América del Sur. Asumir protagonismo sin intermediarios, siempre que haga de forma realista, se convierte así en la mejor escuela del socialismo que se pretende construir.

La participación directa en el barrio o en el lugar de trabajo - la democracia directa ojalá con votación a mano alzada cuando las circunstancias lo hagan posible- constituye el mejor camino para avanzar hacia el socialismo, para la emancipación del trabajo, para hacer efectiva una de las principales consignas del movimiento obrero. Se trata de que los productores de la riqueza sean no solo propietarios formales de los medios de producción sino sus verdaderos amos. Esa es una de las grandes enseñanzas de la experiencia socialista del pasado.

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Argentina: El Estado debe hacerse cargo del comercio de granos

Eduardo Lucita (LA ARENA)

Las amenazas de las entidades ruralistas de no comercializar la cosecha parecen buscar la devaluación. Ante este nuevo pico de tensión, la recreación de una Junta Nacional de Granos puede ser la solución.

La renta agraria ha regresado al centro de la escena. Así como en el año 2008 lo hizo cuando la disputa por las retenciones móviles a la soja, ahora lo hace buscando forzar una devaluación con la amenaza de la Mesa de Enlace de retacear la comercialización de la cosecha. Las tensiones no desaparecerán y la recreación de la Junta Nacional de Granos aparece como una necesidad inmediata.

Coyuntura y estructura

Como sabemos, en determinadas circunstancias las crisis coyunturales pasan del plano económico al político, es entonces cuando emergen con mayor nitidez y se hacen visibles los cambios en las bases materiales de las sociedades y las relaciones de fuerza que se fueron gestando al compás de esos cambios.

Es lo que sucedió con el conflicto agrario que sacudió a la sociedad argentina en el 2008, que mostró la fuerza de lo que Karl Marx llamaba "esa potencia oculta", que no es otra cosa que la renta agraria. En la superficie apareció bajo la forma de puja por una porción de renta extraordinaria y así fue, pero es un fenómeno mucho más complejo y profundo, que responde a tendencias mundiales de larga duración.

El tipo de cambio

El contundente triunfo electoral del gobierno en las elecciones de octubre de 2011 y el posterior realineamiento de las cámaras empresariales cerró la crisis política abierta por el conflicto con las entidades rurales en 2008, pero no se eliminaron las tensiones del sector agropecuario con la administración de la presidenta Cristina Fernández. Las retenciones están presentes pero no son hoy el núcleo de los reclamos. Los argumentos de los ruralistas van desde la pérdida de competitividad por el retrazo de la cotización del dólar -sin tener en cuenta el alto nivel de los precios internacionales- y el incremento del costo de los insumos, hasta la supuesta expropiación del predio de la Rural de Palermo o el cierre de numerosas escuelas rurales, según los dichos del titular de la Sociedad Rural Argentina, que el gobierno ha desmentido.

La Mesa y sus amenazas

Estas tensiones vuelven ahora pero en un contexto diferente. La restricción externa ha regresado y la situación fiscal se ha deteriorado. El modelo económico gestado por el kirchnerismo es dependiente del ingreso de divisas generado por el agro y de la captura de recursos fiscales vía retenciones.

La Mesa de Enlace conoce bien estas debilidades del "modelo" y opera sobre ellas, amenazando con demorar la venta de la cosecha de soja. Si como se supone alcanzará los 52 millones de toneladas, el aporte en divisas llegará a los 25.000 millones de dólares, mientras que ingresarán a las arcas del tesoro Nacional el equivalente en pesos de unos 9.000 millones de la misma divisa. Se comprende entonces la fuerza de presión de los productores en la coyuntura, ya que tienen la capacidad de agudizar la restricción externa y de desfinanciar al Estado.

Los dirigentes rurales buscan una devaluación que mejore sus ingresos e incremente sus ya abultadas ganancias. El gobierno resiste esas presiones porque sabe que deteriorará los salarios e implicará, como siempre, una transferencia de ingresos de los sectores populares al capital más concentrado, en un año en que electoralmente se juega mucho.

La medida será discutida en asambleas de productores, pero más allá de la factibilidad y efectividad que pueda tener la medida -los silo-bolsa son una gran ventaja pero los compromisos previos de los productores son una limitación- si finalmente se alcanza alguna solución o acuerdo, será siempre transitorio.

Transformaciones

Esto es así porque la presión demandante de las economías de China y el sudeste asiático, también la India, han provocado cambios en los términos del intercambio del mercado mundial, mientras que con la mundialización del capital, bajo hegemonía financiera, se ha agudizado la subsunción de la agricultura al capital a escala mundial. Dicho de otra manera, aceleró la penetración histórica del capital en la agricultura liquidando la producción campesina dando lugar a una "nueva agricultura", capital intensiva, sin agricultores y con elevadas productividades, que han convertido a la explotación agraria en una nueva quimera del oro.

Todas estas tendencias se expresan en nuestro país jerarquizando la renta agraria. Se han incorporando al proceso millones de hectáreas de tierras fértiles hasta no hace mucho improductivas, desplazando cultivos y producciones y expandiendo la frontera agropecuaria. La superficie cultivable creció así notablemente en los últimos diez años y la producción de granos pasó de 45 a 95 millones de toneladas.

El "campo" argentino es hoy una muestra acaba de esta nueva forma de explotación industrializada. Junto con las modificaciones genéticas en las semillas, las innovaciones en las maquinarias y los paquetes tecnológicos, cambiaron también los criterios de siembra, riego, cosecha y almacenaje, se impusieron objetivos de eficiencia, productividad, competitividad y rentabilidad propios de las grandes empresas junto con nuevas formas de organización y gerenciamiento del negocio agrícola. Así Argentina es hoy el principal exportador de oleaginosas del mundo y, junto con Brasil, el mayor núcleo productivo mundial en materia de granos y aceites y un proveedor importante de biocombustibles.

Nacionalizar el comercio de granos

El sector de los granos es el más dinámico y competitivo de la economía nacional y el poder de la renta que de allí surge regresó para quedarse. Por eso, es y será, de mantenerse las condiciones actuales, una fuente de tensiones permanentes en el plano político. No hay forma de solucionar estas presiones si no se busca una solución de fondo. Y esta medida no es otra que una versión aggiornada de la nacionalización del comercio de granos y oleaginosas, de la recuperación de una Junta Nacional de Granos renovada y eficiente que defienda la producción nacional y controle los precios -poniendo término así a la especulación que hacen los productores con el tipo de cambio y los precios internacionales- y saque el negocio central de las manos de los monopolios exportadores. Una rémora del neoliberalismo que desde hace diez años el gobierno nacional no hace más que observar como controla el mercado de granos y se apropia de buena parte de la renta.

Este es el momento para una decisión así. Argentina tiene una larga experiencia en este tipo de intervención estatal, la impusieron por primera vez los conservadores cuando la crisis de los años 30, y funcionó muy bien durante décadas. Recuperarla será una acción de soberanía nacional. Generará sin dudas fuertes tensiones políticas, pero en el marco de la crisis mundial y del agotamiento de ciertas variables internas es tiempo de audacia e imaginación.

Eduardo Lucita es integrante de EDI-Economistas de Izquierda.

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Argentina: El Estado debe hacerse cargo del comercio de granos

Eduardo Lucita (LA ARENA)

Las amenazas de las entidades ruralistas de no comercializar la cosecha parecen buscar la devaluación. Ante este nuevo pico de tensión, la recreación de una Junta Nacional de Granos puede ser la solución.

La renta agraria ha regresado al centro de la escena. Así como en el año 2008 lo hizo cuando la disputa por las retenciones móviles a la soja, ahora lo hace buscando forzar una devaluación con la amenaza de la Mesa de Enlace de retacear la comercialización de la cosecha. Las tensiones no desaparecerán y la recreación de la Junta Nacional de Granos aparece como una necesidad inmediata.

Coyuntura y estructura

Como sabemos, en determinadas circunstancias las crisis coyunturales pasan del plano económico al político, es entonces cuando emergen con mayor nitidez y se hacen visibles los cambios en las bases materiales de las sociedades y las relaciones de fuerza que se fueron gestando al compás de esos cambios.

Es lo que sucedió con el conflicto agrario que sacudió a la sociedad argentina en el 2008, que mostró la fuerza de lo que Karl Marx llamaba "esa potencia oculta", que no es otra cosa que la renta agraria. En la superficie apareció bajo la forma de puja por una porción de renta extraordinaria y así fue, pero es un fenómeno mucho más complejo y profundo, que responde a tendencias mundiales de larga duración.

El tipo de cambio

El contundente triunfo electoral del gobierno en las elecciones de octubre de 2011 y el posterior realineamiento de las cámaras empresariales cerró la crisis política abierta por el conflicto con las entidades rurales en 2008, pero no se eliminaron las tensiones del sector agropecuario con la administración de la presidenta Cristina Fernández. Las retenciones están presentes pero no son hoy el núcleo de los reclamos. Los argumentos de los ruralistas van desde la pérdida de competitividad por el retrazo de la cotización del dólar -sin tener en cuenta el alto nivel de los precios internacionales- y el incremento del costo de los insumos, hasta la supuesta expropiación del predio de la Rural de Palermo o el cierre de numerosas escuelas rurales, según los dichos del titular de la Sociedad Rural Argentina, que el gobierno ha desmentido.

La Mesa y sus amenazas

Estas tensiones vuelven ahora pero en un contexto diferente. La restricción externa ha regresado y la situación fiscal se ha deteriorado. El modelo económico gestado por el kirchnerismo es dependiente del ingreso de divisas generado por el agro y de la captura de recursos fiscales vía retenciones.

La Mesa de Enlace conoce bien estas debilidades del "modelo" y opera sobre ellas, amenazando con demorar la venta de la cosecha de soja. Si como se supone alcanzará los 52 millones de toneladas, el aporte en divisas llegará a los 25.000 millones de dólares, mientras que ingresarán a las arcas del tesoro Nacional el equivalente en pesos de unos 9.000 millones de la misma divisa. Se comprende entonces la fuerza de presión de los productores en la coyuntura, ya que tienen la capacidad de agudizar la restricción externa y de desfinanciar al Estado.

Los dirigentes rurales buscan una devaluación que mejore sus ingresos e incremente sus ya abultadas ganancias. El gobierno resiste esas presiones porque sabe que deteriorará los salarios e implicará, como siempre, una transferencia de ingresos de los sectores populares al capital más concentrado, en un año en que electoralmente se juega mucho.

La medida será discutida en asambleas de productores, pero más allá de la factibilidad y efectividad que pueda tener la medida -los silo-bolsa son una gran ventaja pero los compromisos previos de los productores son una limitación- si finalmente se alcanza alguna solución o acuerdo, será siempre transitorio.

Transformaciones

Esto es así porque la presión demandante de las economías de China y el sudeste asiático, también la India, han provocado cambios en los términos del intercambio del mercado mundial, mientras que con la mundialización del capital, bajo hegemonía financiera, se ha agudizado la subsunción de la agricultura al capital a escala mundial. Dicho de otra manera, aceleró la penetración histórica del capital en la agricultura liquidando la producción campesina dando lugar a una "nueva agricultura", capital intensiva, sin agricultores y con elevadas productividades, que han convertido a la explotación agraria en una nueva quimera del oro.

Todas estas tendencias se expresan en nuestro país jerarquizando la renta agraria. Se han incorporando al proceso millones de hectáreas de tierras fértiles hasta no hace mucho improductivas, desplazando cultivos y producciones y expandiendo la frontera agropecuaria. La superficie cultivable creció así notablemente en los últimos diez años y la producción de granos pasó de 45 a 95 millones de toneladas.

El "campo" argentino es hoy una muestra acaba de esta nueva forma de explotación industrializada. Junto con las modificaciones genéticas en las semillas, las innovaciones en las maquinarias y los paquetes tecnológicos, cambiaron también los criterios de siembra, riego, cosecha y almacenaje, se impusieron objetivos de eficiencia, productividad, competitividad y rentabilidad propios de las grandes empresas junto con nuevas formas de organización y gerenciamiento del negocio agrícola. Así Argentina es hoy el principal exportador de oleaginosas del mundo y, junto con Brasil, el mayor núcleo productivo mundial en materia de granos y aceites y un proveedor importante de biocombustibles.

Nacionalizar el comercio de granos

El sector de los granos es el más dinámico y competitivo de la economía nacional y el poder de la renta que de allí surge regresó para quedarse. Por eso, es y será, de mantenerse las condiciones actuales, una fuente de tensiones permanentes en el plano político. No hay forma de solucionar estas presiones si no se busca una solución de fondo. Y esta medida no es otra que una versión aggiornada de la nacionalización del comercio de granos y oleaginosas, de la recuperación de una Junta Nacional de Granos renovada y eficiente que defienda la producción nacional y controle los precios -poniendo término así a la especulación que hacen los productores con el tipo de cambio y los precios internacionales- y saque el negocio central de las manos de los monopolios exportadores. Una rémora del neoliberalismo que desde hace diez años el gobierno nacional no hace más que observar como controla el mercado de granos y se apropia de buena parte de la renta.

Este es el momento para una decisión así. Argentina tiene una larga experiencia en este tipo de intervención estatal, la impusieron por primera vez los conservadores cuando la crisis de los años 30, y funcionó muy bien durante décadas. Recuperarla será una acción de soberanía nacional. Generará sin dudas fuertes tensiones políticas, pero en el marco de la crisis mundial y del agotamiento de ciertas variables internas es tiempo de audacia e imaginación.

Eduardo Lucita es integrante de EDI-Economistas de Izquierda.

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Inflación y concentración económica

Fabiana Arencibia (RED ECO)

Datos oficiales vuelven a mostrar una actividad económica concentrada en manos de un grupo de empresas que son, en su mayoría, de capital extranjero. Entre ellas se encuentran las del sector de producción de alimentos. Para este sector la inflación es el mecanismo para apropiarse de la riqueza y defender sus ganancias.

En una nota que publicamos en enero de 2011 (1) analizábamos datos oficiales de la Encuesta Nacional de Grandes Empresas (ENGE) con información del 2009.

Si repasamos la última ENGE publicada a la fecha (con datos de 2011) vemos que la situación de concentración de riqueza en manos de un grupo de empresas, en su gran mayoría de capital extranjero, no ha variado.

Las 500 empresas más grandes del país concentran un 23,2 por ciento de lo que Argentina produce (producto bruto / valor agregado), incrementándose 1,2 por ciento respecto a la encuesta anterior.

El alto nivel de concentración permanece. Las 100 más grandes generan 7 de cada 10 pesos del producto bruto; las 50 más grandes concentran 5 de cada 10 pesos. Pero son solo las 4 grandes que explican 1,5 pesos de cada 10.

De las 500 que están a la cabeza del ranking, 455 obtuvieron ganancias por 15.000 millones de pesos más que a fines de 2010. La encuesta anterior mostraba ganancias en 417 con un incremento en las utilidades 2008-2009 de 9.000 millones de pesos. Si promediamos en forma lineal, a fines de 2009 las 417 empresas obtuvieron 22 millones de pesos más cada una, mientras que en 2011 las 455 se llevaron cada una 33 millones más. Más empresas, más ganancias cada una.

Estas grandes empresas han incrementado su personal asalariado en menos de un 6 por ciento durante el 2011. Si analizamos cuál fue el aporte de cada actividad al generar ese incremento, veremos que “resto de actividades” va a la cabeza (35,6%), seguido por el de “maquinarias, equipo y automóviles” (25,3%). Muy lejos está “minas y canteras” (5,3%), “combustibles, químicos y plásticos” (4,4 %) y más lejos aún los de “alimentos, bebidas y tabaco” y “comunicaciones” (cada uno con 2,4 %).

Las 50 más grandes - que produjeron más de la mitad del PBI y se llevaron más de la mitad de las ganancias - sólo han generado (dentro de las 500), 3 de cada 10 puestos de trabajo.

Por otra parte, la productividad (valor agregado por cada trabajador) creció durante 2011 en más de un 20 por ciento. Según la encuesta cada asalariado de las 500, aportó con medio millón de pesos al producto bruto/valor agregado.

El siguiente cuadro - con datos de la ENGE - resume cuánto han contribuido, dentro del ranking de las 500 más grandes, las empresas de capital nacional y las de capital extranjero a la facturación total, al valor agregado, al pago de salarios, a la generación de puestos de trabajo, durante el 2011.



Según la nueva encuesta se mantiene la extranjerización: casi 7 de cada 10 de las empresas más grandes del país son extranjeras (178 son de capitales nacionales y 322 son de capital extranjero).

En cuanto a las áreas productivas, 37 son del sector minas y canteras, 284 de la industria manufactureras (alimentos, bebidas y tabaco: 100 - combustibles, químicos y plásticos: 78 - otras industrias: 59), 41 son del sector electricidad, gas y agua, 20 de servicios de comunicación e información, y el resto corresponde a otras actividades.

El siguiente cuadro - también con datos de la ENGE - discrimina a las 500 empresas según el origen de su capital en cantidad de empresas y en porcentual respecto al total.



Todos estos datos no incluyen a la actividad financiera, agropecuaria ni de servicios personales. En el caso de la primera es una de las que más utilidades han obtenido durante el 2012. Según los datos del INDEC, el sistema financiero (que creció durante el 2012 casi un 18 por ciento), aporta más del 60 por ciento al 1,9 del crecimiento de la economía durante el año pasado.

Según informó a fines de enero el Ministerio de Industria, empresas líderes anunciaron a fines del año pasado que van a invertir alrededor de 28.300 millones de pesos para ampliar su producción. Las industrias automotriz-autopartista, materiales de construcción, alimentos, maquinaria agrícola, medicamentos y electrodomésticos son las que encabezan la lista de inversiones. La cartera que conduce Débora Giorgi precisó la lista, entre las que se encuentran Newsan, Mobitec, Brighstar, Syngenta, Camargo Correa, 3M, Walmart, Kraft Food, PepsiCo, Nestlé, Quilmes, Pharma ADN, Sinergium Biotech, Lacoste, Nike, Agco, Case New Holland, John Deere, Mercedes Benz, General Motors, Pirelli, P&G y Alladio. La mayoría son empresas de capital extranjero o con porcentaje elevado del mismo.

Grandes empresas e inflación

El reciente acuerdo para congelar precios en el final de la cadena de comercialización (supermercados) no solucionará aumentos futuros que se producen en el origen de su producción. Allí el capital concentrado no resigna utilidades y opera en la formación de los precios. En este rubro, la última Encuesta Nacional de Grandes Empresas muestra que, dentro de las 500 grandes empresas, este sector incrementó sus utilidades entre 2010 y 2011, en un 48,6%, aportando apenas un aumento del 0,8 por ciento en la creación de empleos.

En declaraciones recientes, el director ejecutivo de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas, Miguel Ángel Calvete, aseguró que "no hay motivo" para que aumenten los precios de los alimentos, porque la Argentina "es productor y exportador de materia prima". El directivo advirtió que "el 80 por ciento de los alimentos lo producen 25 empresas multinacionales y el otro 20 por ciento se reparte en 10 mil empresas pymes.

Esto claramente muestra que para que la inflación sea contenida es imprescindible que los controles costos-utilidades se concentren allí, donde se inicia la cadena y no solamente al final de la misma.

La inflación perjudica a una gran mayoría de la población que vive de sus ingresos fijos (trabajadores registrados y no registrados, jubilados y quienes cobran planes sociales) y de cuentapropistas de bajos ingresos.

Tal como afirma el economista Julio Gambina (2), “la inflación es un mecanismo redistributivo del ingreso y la riqueza socialmente creada” y por lo tanto es la forma en que los sectores concentrados de la economía (grandes empresas) tienen para apropiarse de la riqueza de las mayorías. La inflación constituye, al decir de Gambina, “un mecanismo de defensa de la ganancia empresaria”. Por lo tanto, “la inflación expresa una relación social de poder y solo puede resolverse enfrentando el poder de aquellos que tienen capacidad de incrementar los precios”.

El problema de fondo: la concentración y extranjerización de la actividad productiva

Dos años han pasado y los datos oficiales avalan lo que venimos afirmando. Este modelo no ha modificado la estructura productiva-económica instalada desde el golpe del 76. Concentración y extranjerización siguen siendo dos elementos basales del modelo que se basa en el crecimiento económico de la industria automotriz, del sector agropecuario (en especial a la soja), la minería, la construcción de viviendas para sectores con importante poder adquisitivo y la actividad bancaria y financiera.

Sostenemos lo que entonces afirmábamos: Las grandes empresas, mayoritariamente extranjeras, son quienes concentran la actividad económica y la riqueza y los únicos a los que beneficia la inflación. Pensar que de allí deberían provenir los recursos para inclinar la balanza hacia los trabajadores, los jubilados y los sectores de menores recursos - y no del permanente endeudamiento con organismos como Anses - sería una alternativa más que lógica y necesaria.

Para lograr al menos una equitativa distribución de la riqueza hay que plantearse un modelo de ruptura de las actuales estructuras productivas que es, a nuestro entender, el camino contrario a la profundización del modelo.

Notas:
1) ¿Profundizar cuál modelo?
2) Acuerdos de precios y lucha contra la inflación

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Laura Ginsberg: “todos los gobiernos argentinos desde 1992 encubrieron el atentado a la AMIA”

LA RETAGUARDIA

El memorando firmado por los gobiernos de Argentina e Irán ha generado infinidad de críticas y rechazos. Uno de los más contundentes fue el de la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA). Laura Ginsberg aseguró que se trata de un acuerdo político entre ambos estados para dejar en el limbo y en la más absoluta impunidad lo sucedido en el atentado. En este sentido, consideró que el memorando es el punto final para el atentado a la AMIA y para cualquier posibilidad de saber la verdad. Además, volvió a reclamar que se abran los archivos secretos de la causa.

Para Laura Ginsberg, cuyo marido murió en el atentado del 19 de julio de 1994, la letra misma del memorando muestra claramente dos posibilidades: “en primer lugar, que esta supuesta Comisión de la Verdad no encuentre evidencia suficiente como para sostener la acusación contra los funcionarios iraníes y por tanto estamos en presencia de una vía muerta. Y por otro lado, la remota posibilidad de que la acusación se formalice y haya algún tipo de juicio, lo cual también es bastante cuestionable porque la legislación argentina no permite los juicios en rebeldía; en el caso en que todo esto se pudiera consumar, una acusación o un juicio contra estos funcionarios, el régimen iraní no los va a entregar por lo que estamos ante otra vía muerta”, dijo en comunicación con Alfredo Grande durante Sueños Posibles.

Ginsberg afirmó que se trata de una estrategia por parte del gobierno nacional para demostrar que ellos hicieron todo lo que podían y que ante la imposibilidad de avanzar abandonan la investigación o la responsabilidad de la persecución penal contra esta supuesta conexión iraní: “vale la pena aclarar que fue el gobierno de los Kirchner el que terminó de liquidar la conexión local y ahora se apresta a terminar con esta supuesta conexión internacional. Me parece que hay que dejar en claro que ni siquiera el propio gobierno cree en la responsabilidad iraní, pero además el gobierno lo hace porque el objetivo que tiene es sacarse de encima su propia responsabilidad por lo menos encubridora, y también criminal, según la caracterización que hacemos. Fue el propio gobierno de Néstor Kirchner el que reconoció por decreto la responsabilidad encubridora del Estado en el atentado a la AMIA, poniendo al tema en un escenario a decenas de miles de kilómetros de Buenos Aires y dejándolo en el limbo. Es la mejor manera de que el estado argentino encuentra para exculparse de su propia responsabilidad, y esta es la acusación que nosotros hacemos”, agregó.

A su vez, la referente de APEMIA se diferenció claramente del contundente rechazo al acuerdo efectuado desde su organización del que manifestaron las direcciones de la AMIA y la DAIA: “la dirección judía de AMIA y DAIA ha sido cómplice de todo este encubrimiento durante estos 19 años. El hecho que nos opongamos al memorando no significa que lo hagamos desde la misma posición, porque en realidad la DAIA y la AMIA están oponiéndose ahora que se encontraron con que el 80% de la comunidad que representan, o dicen representar, está en contra pero por motivos muy diferentes de los que sostiene la dirección de la comunidad. La dirección además, desde que se instala este tema hasta el día de hoy, no ha hecho otra cosa que oscilar al ritmo de las oscilaciones del gobierno. Cuando la presidenta anuncia esta negociación en las Naciones Unidas a fines del año pasado, la DAIA y la AMIA aplaudieron esta iniciativa, y ahora vienen a decir que no y no saben cómo fundamentarlo porque en realidad se sienten presionados por su propia comunidad. Nos oponemos desde ángulos muy distintos y desde lugares muy diferentes, nosotros somos una agrupación que venimos luchando por el esclarecimiento y la verdad, las direcciones de la AMIA y la DAIA vienen acompañando todas las maniobras del Estado argentino para convalidar y consolidar la impunidad que tenemos hasta ahora”.

Respecto a cuál es la línea de investigación que se debería seguir, Ginsberg explicó la hipótesis que manejan desde APEMIA: “planteamos que este es un crimen político y que ha sido un acto de terrorismo de Estado en democracia. El Estado argentino sabía que el atentado se venía, ya había habido una bomba en la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992; el Estado puso todas sus fuerzas de seguridad y de inteligencia al servicio de la comisión del atentado y lo encubrió durante 19 años. Desde ese punto de vista, el Estado es el responsable. Podemos entrar en el detalle del papel que jugaron las distintas administraciones del Poder Ejecutivo, del papelito que jugó la comisión bicameral de seguimiento de los atentados del Congreso, de la que la presidenta se jacta de haber pertenecido, y que para lo único que sirvió fue para encubrir al ex juez Galeano; y por supuesto podemos hablar largo y tendido acerca de los delitos que se cometieron desde el Poder Judicial para que lleguemos a la impunidad que tenemos hoy.

Nuestra hipótesis es que en este país, a comienzos de la década del `90, se produjeron tres atentados, el de la embajada en 1992, el de la AMIA en 1994 y la voladura de la fábrica militar de Río Tercero en 1995. En menos de tres años tuvimos tres atentados, muchos años después y obviamente con la historia que todos conocemos, no solo en nuestro país sino en el mundo, nosotros decimos que la Argentina ha sido un laboratorio de experimentación con esas tres bombas para poder pergeñar lo que luego fueron las políticas internacionales de lucha contra el terrorismo. No hay que olvidarse de que en nuestro país se sancionó una ley antiterrorista en nombre del esclarecimiento de las voladuras de la embajada de Israel y de la AMIA, cuando todos sabemos que ese es un instrumento que hoy se está aplicando para reprimir las luchas populares. Esta hipótesis además se ve apoyada de alguna manera por el premio que recibió la Argentina en el año 1995 cuando ingresa como aliado extra OTAN, puesta incluso en el contexto de lo que fueron las palabras del ex canciller Di Tella al momento de la bomba en la AMIA, que decía que este es el precio que pagamos para ingresar al primer mundo. De conjunto da una idea de cuál podría haber sido el escenario”. Ginsberg criticó, además, que el Estado no haya entregado aún los archivos secretos que existen en esta causa: “hace falta que el Estado dé acceso a la documentación secreta, la ponga a disposición de los familiares, de las organizaciones políticas, de derechos humanos, intelectuales, que se avengan a conformar una comisión investigadora independiente del Estado y podamos llegar a saber la verdad de lo que ocurrió y exigir el castigo a todos los culpables”.

En este sentido, señaló que todos los gobiernos argentinos desde 1992, sin importar su signo partidario, tuvieron una continuidad política que fue encubrir el atentado: “en esto hay un profundo acuerdo político y ahora ese acuerdo político lo están poniendo de alguna manera en los acuerdos que han firmado con Irán. La necesidad que tiene el gobierno de cerrar definitivamente este tema es lo que nos está ahora llevando a una situación de impunidad más profunda y por eso nosotros caracterizamos que se trata de un punto final y lo venimos a denunciar”.

El acuerdo, en caso de aprobarse, será tratado por los Diputados en el transcurso de la semana que viene. El oficialismo tiene previsto aprobarlo en el recinto el 27 de febrero. Para ese día, desde APEMIA, junto a otras organizaciones, convocan a una movilización para repudiar el memorando, y denunciar la responsabilidad del Estado argentino en al menos el encubrimiento del atentado.

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Argentina: Rosas rojas sobre las vías de la injusticia

Silvana Melo (APE)

Rosas en las vías por los muertos.

Paredes, murallas, rejas, para que no vengan los matadores.

No hay accidente ni balas perdidas. No hay azar ni qué desgracia.

Hay rosas en el recuerdo de la sangre, velas en los andenes. Una lluviecita eterna sobre esas vías donde se murieron 51. Y otro que venía naciendo.

Pero no hay accidente. Ni balas perdidas. Hay culpables que vienen disparando desde hace treinta, veinte años de historia. Culpables que se volvieron millonarios florecientes y felices mientras desmantelaban los trenes, los desarmaban parte a parte, y los ponían a rodar en esqueleto. Culpables que hicieron negocios para sociedades perversas, políticas, empresarias, sindicales, delictivas, mientras la gente se apiñaba diariamente en las bolsas de lata que ellos rodaban en los rieles. La gente, esa masa de carne y nervios y huesos sin identidad ni historia ni sentimientos, es apenas un ente pagador de boletos, una excusa para embolsar subsidios.

Los Cirigliano, dueños de TBA, se llevaron del Estado nacional –que reparte alegre y generosamente a los poderosos y cierra la puerta en las narices de los pequeños- 106,3 millones de pesos en los dos meses anteriores a la masacre de Once para mantener rodantes los cajones de fierro oxidado que bufan a veinte por las vías. TBA usó parte de esos fondos para comprar dólares y para colocaciones financieras que les multiplicaron las ganancias. Esa plata que tenía que mejorar locomotoras, comprar vagones, reparar los frenos, abrir las ventanillas, colocar ventiladores, cambiar butacas, pero no valía la pena dilapidar tanto dinero en esa turba de carne picada que de todas maneras iba a viajar, porque necesita pasaje barato y entonces que aguanten.

1924 millones de pesos recibió TBA en siete años de manos del Estado Nacional. Generosísimo el Estado Nacional con los ricos y con los enriquecedores de amigos.

Por eso no hay accidente ni azar ni qué desgracia.

Ni balas perdidas.

Por las mismas razones una bala explotó en el pecho de Mariano Ferreyra. Porque las mismas sociedades políticas, empresarias, sindicales, delictivas, dejaron 80 mil ferroviarios en la calle en los 90. Transformaron en empresarios prósperos a los sindicalistas. Precarizaron y marginalizaron a los trabajadores en los 2000. Redujeron a desechos la dignidad y los vagones y el trabajo y las locomotoras y la gente, apilada en la vida y en la muerte que se tocan y viajan juntas todos los días a las 8,32 en Once y en todas las demás.

Mientras dicen los funcionarios que hubieran sido menos los muertos en feriado. Y a la gente se le ocurrió viajar a trabajar en día hábil. Que a Lucas Menghini lo encontraron dos días después porque viajaba donde no correspondía. En el fuelle que separaba el tercer y cuarto vagón. Estaban sus huesitos en un espacio de 30 centímetros que antes de las 8,32 del 22 de febrero era de un metro y medio. Dicen los funcionarios que los muertos eran unos vivos que querían llegar más rápido y viajaban en el primer vagón. Y que los muertos murieron porque iban a trabajar. Antes eran desocupados.

Por eso no hay accidente ni azar.

Hay rosas en las vías por los muertos.

Rosas rojas.

Como la injusticia.

Frenéticamente rojas.

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Otra recuperada en San Martín: La hora del aguante

LAVACA

El miércoles 6 de febrero una patota acompañada por la policía bonaerense ingresó a la fábrica de autopartes de la ex Bosch - RBI para desalojar a los trabajadores que intentan ponerla a producir organizados en la cooperativa Mecanizados Progreso Ltda., desde que los empresarios la abandonaran a principios de 2012. También sufrieron otro ataque: el gobernador Daniel Scioli vetó la ley de Expropiación votada a por unanimidad en las dos cámaras. Ahora, los trabajadores esperan una nueva sanción de Diputados, en tanto mantienen una vigilia en la planta de San Martín para que no sea vaciada.

Despido global

El conflicto que se está dirimiendo estos días se arrastra desde 2009, cuando el grupo internacional Bosch despidió a 10 mil trabajadores en todo el mundo y la planta de San Martín no fue la excepción: “Nosotros ya teníamos información de que se estaban llevando la producción para Brasil”, cuenta Gerardo Robbiano, vocero de la cooperativa, que trabajó durante 15 años en la planta.



En ese momento - con sospechosa rapidez- apareció un nuevo grupo, Río Bravo Industrial, comandado por un nombre conocido: Pablo Rojo, ex funcionario menemista, encargado de privatizar el Banco Hipotecario en los noventa. Rojo anunció un plan de salvataje que Alejandro Romero, otro joven trabajador, describe de este modo: “Prácticamente dejó caer la empresa: no se invertía, nos adeudaban los sueldos y no nos daban los elementos para trabajar en condiciones”.

Así y una vez más, Rojo hizo lo que mejor sabía.

En 2011 la situación se agudizó y la producción cayó al punto de perder sus principales compradores. Las máquinas no se renovaron, pero tampoco se arreglaron las que ya había. Romero: “Llegando a fines del 2011 nos vuelven a despedir a todos los compañeros, pero nosotros pasamos las fiestas dentro de la fábrica. Luego cae otro interesado en comprarla, que resultó ser un socio anterior que dilató bastante las cosas. Volvemos a arrancar en enero de 2012 con el compromiso ante el Ministerio de Trabajo de pagarnos los salarios que nos debían. Habremos trabajado dos semanas, no cumplieron y prácticamente abandonaron la fábrica de nuevo”.

Cincuenta trabajadores - ingenieros, preparadores, programadores, operadores y administrativos- decidieron no esperar más un falso salvador y se conformaron como cooperativa. “Era la única instancia que nos quedaba, ya veníamos peleando en el Ministerio y no nos daban respuesta”.



La ley y el veto

Lo siguiente, según el manual actual de las recuperadas, era lograr la legalidad para obtener la firma y la planta junto a todas las maquinas necesarias para volver a producir: “Logramos la sanción de la ley de Expropiación (fue aprobada por unanimidad en las dos cámaras) y Scioli la vetó (el 7 de enero). Es sabido que Scioli veta las leyes, argumentando la falta de presupuesto, pero además sabemos que tiene contactos con la patronal. Y apenas salió el veto en el Boletín Oficial cae la patota acompañada de la policía: reventaron la planta”.

Pedro Sánchez tiene esposa, dos hijos y hace un año no percibe ingreso alguno. Analiza la situación: “Armamos la cooperativa para poder llevar un mango a la familia, pero viste como es la política, te ponen trabas, hay muchas mentiras”.

Pedro era uno de los que estaba dentro de la fábrica cuando entró la patota de Pablo Rojo; relata: “Eran las cuatro de la tarde y caen, estábamos con cuatro compañeros, afuera se escucharon frenadas, gritos, policía. Rompieron la puerta y nosotros logramos salir por atrás”. No está de más decir que la entrada se hizo sin orden judicial alguna y bajo la antigua ley del más fuerte.

Desde entonces, desde que están fuera de la fábrica, temen por su vaciamiento: “El ejemplo es la otra fábrica del grupo Bosch, Argelite, que la vaciaron totalmente. Una de las principales máquinas era una inyectora muy moderna que fue vendida, sabemos dónde está, a quien se le vendió. O sea: lo que hicieron en Argelite lo van a hacer en RBI”, dice Robbiani.

Para que eso no sucede mantienen una vigilia en la puerta de la planta, y periódicamente se reúnen junto a organizaciones sociales y partidos para hacer un acto, compartir experiencias y dar el próximo paso hacia la producción.

Mientras, la puerta de ingreso es celosamente custodiada por personal policial. Dentro, la patota espía por los ventanales.



La marcha

Es 14 de febrero y hay una marcha hacia la Delegación San Martín del Ministerio de Trabajo de la Nación; al llegar la columna, desde adentro amagan a cerrar la cortina metálica. Un grupo de trabajadores se adelanta y entra. Luego de un rato les dicen que los empresarios ha presentado un plan de reactivación en reuniones donde no participaron los trabajadores. Sánchez: “Les manifestamos nuestra preocupación de que intenten vaciar la empresa como ocurrió con Argelite”.

Jorge Ovejero es trabajador de la cooperativa 19 de Diciembre (ex ISACO), una metalúrgica recuperada en el año 2000. Con una delegación de compañeros participa de la marcha: “Nosotros nos quedamos en la fábrica para evitar el vaciamiento de lo que era Industrias ISACO. Hoy nos acercamos a los compañeros y les traemos la solidaridad”, comenta desde la experiencia. “Lo importante es que la lucha continúe igual. Nosotros también pasamos por esa burocracia… hay que aguantar, luchar y estar muy atentos”.

La receta de Ovejero se ejerce día a día, en la puerta de la fábrica o en la sede de Diputados, donde presionan para que ejerzan el derecho que tienen de rechazar el veto de Scioli, tal cual ocurre con muchas de las recuperadas bonaerenses.

Por otro lado, intentan demostrar que el plan de salvataje de Rojo y sus socios ya fracasó, que no quieren patrón: “Ellos dicen que la gente sigue trabajando, se siguen presentando las planillas de liquidaciones de sueldos en el ANses, acá hay una fantochada que está dibujada por Rojo donde quiere demostrar que él quiere producir y nosotros no los dejamos. Pero nosotros estamos en la fábrica porque ellos la abandonaron y la quieren vaciar”, explica Rubbiani.

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Pacientes oncológicos abandonados por el Estado: La provincia de Buenos Aires no entrega medicamentos desde enero

AGENCIA WALSH

Desde el 20 de enero la los hospitales públicos de la provincia de B.A. suspendieron la entrega de medicamentos oncológicos a todos sus pacientes, generando una crisis personal, familiar, emocional, con riesgo real en la calidad y supervivencia de vida. La excusa es que Scioli mantiene una deuda con la proveedora, no nos interesan sus internas, exigimos que el Estado de respuestas inmediatas a esta necesidad esencial, que es el derecho inalienable a la salud y a la vida. Transcribimos la solicitud de una compañera que está pasando por esta situación, y como no podía ser de otra manera, sigue peleando.

Desde el 20 de enero el Banco de Drogas de la Provincia de Buenos Aires (0221-429-2890/2879) no entrega los medicamentos oncológicos a los pacientes de todos los hospitales públicos de la provincia porque la Secretaría de Salud, que depende del gobernador Scioli, mantiene una deuda con la única droguería proveedora de esas drogas. Así cientos de pacientes no inician o interrumpen sus tratamientos de quimioterapia y quedan expuestos a que la enfermedad siga su curso.

Cabe aclarar que para conseguirlos hay que realizar un circuito de trámites burocráticos que demandan al menos un mes de espera, cuando hay provisión de drogas.

Frente al conflicto actual, el Banco de Drogas mantiene en condición de "solicitado" y no de "rechazado" el pedido de cada paciente, lo que impide que se recurra al Banco Nacional de Drogas e iniciar allí el periplo de trámites.

Hablamos de una enfermedad crónica en la que la quimioterapia actúa como demoradora de su avance, una pulseada que puede tener resultados favorables sólo con los tiempos a favor.

A quienes tengan cáncer, a quienes conozcan a alguien que lo padece, a quienes tengan sensibilidad frente a una situación tan crítica, difundan, denuncien, presionen, hagan todo lo que esté en sus manos en favor de los enfermos y contra la indiferencia y desamparo de un estado que una vez más niega al pueblo sus derechos más elementales.

Fuente imagen: AGENCIA WALSH

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Argentina. Tucumán, el poder y la impunidad: Alperovich, ¿quién asesinó a Paulina Lebbos?

Carlos Saglul (ACTA)

Durante la conferencia de prensa que organizaron los familiares de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once en la Central de Trabajadores de la Argentina, Alberto Lebbos volvió a cuestionar la investigación policial por el crimen de su hija Paulina Lebbos, ocurrido en 2006 en Tucumán. En diálogo con ACTA denunció que el hecho "aún sigue impune y que el poder político obstaculiza las pesquisas”.

Lebbos se reunió ayer al mediodía en la sede nacional de la CTA, Lima 609 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el secretario general de la Central, Pablo Micheli, quien le brindó su solidaridad en nombre de la organización así como su respaldo en la búsqueda de la verdad, por el crimen de su hija. Micheli sostuvo que "hay que ganar las calles y hacer públicas y visibles estas denuncias para frenar la impunidad y la pasividad de la Justicia cuando se trata de investigar al poder".

Acompañaron a Micheli en la entrevista que se extendió por cerca de 45 minutos, Ricardo Peidro, Juan Carlos Giuliani y Alejandra Angriman, secretario Adjunto, de Relaciones Institucionales y de Género de la CTA, respectivamente, junto al titular de la Central tucumana, Salvador Agliano.

El padre de Paulina, está seguro que el gobernador José "Alperovich protege a los asesinos y que ascendió a policías encubridores". En Tucumán se recuerda que el gobernador declaró públicamente conocer el nombre del asesino, aunque jamás lo reveló.

Lebbos cuenta a ACTA: “Marchamos todos los martes en la Plaza Independencia. En cada marcha se suma más gente a la que le desapareció una hija o la violaron. Los hijos del poder salen a cazar jóvenes. Tienen impunidad”

El primer fiscal de la causa, Alberto Noguera debió dejar el caso después de que la prensa lo fotografió entrando en la casa del gobernador.

La pregunta que se hace la gente y comparte Lebbos es, ¿a qué políticos afectaría el esclarecimiento del crimen? “Curiosamente -subrayó el padre de la víctima- Alperovich nunca fue llamado a declarar en la causa ni volvió a tocar el tema Paulina Lebbos”.

Para la Justicia todo es un misterio. Paulina, de 23 años, fue con una amiga, en pleno día, a tomar algo en la zona del Abasto. Después de acompañarla se encamina a casa de su novio. Jamás llegó. Lebbos dice “la única medida que tomó el gobierno es cerrar los boliches a las cuatro de la mañana. Es peor, a esa hora los chicos están más desprotegidos. Mire lo de mi hija, desapareció en pleno día”.

En Tucumán muchos miran con desconfianza a los remises. Circulan sin ningún control. Se ha denunciado que violadores seriales que tienen permiso de salida suelen manejarlos. ¿Quién es el dueño de la compañía de remises? Una buena pregunta y su respuesta revelaría si se trata de un allegado al poder.

El fiscal fue informado del hallazgo del cuerpo tardíamente. Muchas pruebas se perdieron. Las hipótesis señalan que el cuerpo habría permanecido en una cámara frigorífica para luego ser dejado a la vera de la ruta, en Tapia.

No falto el funcionario que dijo que la joven estaba drogada. Todo fue desmentido por la autopsia. No había drogas ni alcohol. La habían estrangulado manualmente.

Una comisión de Gendarmería que Lebbos pidió investigara el crimen llegó a las mismas conclusiones. También el Ministerio del Interior envió una comisión a investigar. Lebbos pidió ver el resultado de las investigaciones pero nunca se lo permitieron.

Cuando llegó a identificar el cuerpo de su hija le dijeron que había sido encontrado como resultado de un rastrillaje policial. Le llamó la atención que el cañaveral, donde estaban los restos, no mostrara una sola caña rota. Después se enteró de la verdad. A Paulina la habían encontrado unos jóvenes del lugar.

No pocas pruebas desaparecieron. Por ejemplo las fotos del hallazgo, las actas. No se peritaron las llamadas telefónicas. Lebbos recuerda el destino de los funcionarios implicados. Pablo Bailo, ministro de Seguridad, sospechado de encubrimiento debió renunciar por esas mismas sospechas. Alperovich lo rescató como asesor. Eduardo Di Lella, secretario de Seguridad no fue removido en ese momento. No paso lo mismo con el Jefe de la regional Norte, Rubén Brito quien fue retirado del cargo. Cuando se acallaron las aguas lo ascendieron, después de jubiló.

El comisario de Raco, Enrique García, reconoció haber mandado adulterar las actas y estuvo preso un día. Cuando estaba declarando sorpresivamente se interrumpió la audiencia para que todos “pudieran almorzar”. García “ya no se mostró tan memorioso al volver”. Al tiempo, ascendió a Jefe de Logística de la Jefatura, y su hijo consiguió un nombramiento en el Instituto de Previsión Social.

El jefe de policía, Hugo Raúl Sánchez; y el subjefe Nicolás Barrera continuaron es sus cargos hasta que se jubilaron en 2011.

Lebbos ha pedido en estos días una entrevista con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Quiere pedirle la creación de una Comisión Especial para investigar el caso y conocer qué descubrieron los investigadores que envió el Ministerio del Interior y la Gendarmería.

En su libro "José Alperovich, El Zar Tucumano", por José Sbrocco y Nicolás Balinotti dicen: cuando en Tucumán corrían como regueros de pólvora versiones que indicaban que en el asesinato habrían participado los “hijos del poder”, Noguera (Alberto) golpeó asustado las puertas del domicilio del gobernador. Alperovich y el fiscal orquestaron un operativo de prensa y convocaron a los medios. Al día siguiente, Noguera fue apartado de la investigación. La causa fue derivada al fiscal Carlos Albaca, conocido por ser un experto en archivar expedientes. Actualmente, el crimen de Lebbos se reduce a una pila de papeles amontonados en el desorden de algún despacho de los Tribunales. No hay detenidos por el crimen”.

Todos los martes, a veces acompañado por los alumnos de la Facultad de Comunicación Social donde estudiaba Paulina, la CTA y la Comisión de Familiares de Víctimas contra la Impunidad, los manifestantes y Lebbos repiten una pregunta "Alperovich, ¿quién asesino a Paulina?

La CTA Tucumán participará activamente de las acciones programadas para el martes 26 de febrero en esa provincia en conmemoración de un nuevo aniversario de la desaparición de Paulina Lebbos y también asistirá una delegación de la Central nacional que sería encabezada por Ricardo Peidro.

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Neuquén, Braian, la bala fácil, el policía libre y la familia que se va

Silvana Melo (APE)

“Los chicos del Oeste -dijo el defensor- tienen sólo dos posibilidades: morir o estar presos”. Claudio Salas, a las 2,40 de la mañana del 19 de diciembre, había hecho su aporte para que el estigma del Oeste neuquino cerrara otro círculo. Disparó a la luneta de un coche repleto sabiendo, por lógica irreductible, que iba a matar. Sabiendo que, salvo milagros que no les tocan a los pibes de lejos, un tiro a la luneta es un tiro en la nuca. En una nuca, cualquiera. Esta vez, en la de Braian Hernández. 14 años. Nacido y crecido en el Oeste. Marcado por la maldición del abandono sistémico, la mira policial, el desprecio de la justicia y el alivio de parte de la sociedad que festeja el uno menos.

Hace temblar las piernas el aparato del Estado en Neuquén. Un gobernador de apellido Sapag, un fiscal hijo de carapintada dos veces sublevado (Gustavo Breide Obeid, el héroe de Malvinas que conmovió a Raúl Alfonsín), un policía que dispara a la nuca, una institución que lo protege, un juez que lo deja en libertad. La ciudad mira con desconfianza el sótano donde el sol va a esconderse todos los días. El Oeste es el lado residual de Neuquén. Donde viven los pobres. Nacen, crecen y mueren de un disparo por la espalda. O van presos. Como la fatalidad del defensor de Claudio Salas, policía, nacido en 1976, tuerquita perfecta en el mecanismo del exterminio. Salas disparó alegremente a la luneta -a la nuca- porque estaba en el Oeste. Y era una calle de tierra del barrio San Lorenzo. Donde los pibes mueren o van presos, según su defensor que intenta exculparlo de aquello que es un sino inexorable. Y Salas es un engranajecito más en el mecanismo.

Las 3 de la mañana

Elizabeth Hernández tuvo a Alejandro a los 16 y a Braian a los 18. Es muy joven y de pronto la vida verdadera, la que tose sangre, la que se cuelga injusticias del cuello, se le abrió como un telón brutal. “Yo vivía despreocupada, sin sentirme afectada por la inseguridad ni por las cosas que por ahí escuchaba que les pasaba a los chicos con la policía”. Ella consideraba que se ocupaba de los suyos. Y eso era suficiente.

El 19 Braian (no Brian) había egresado de la primaria. “Fue primer escolta de la bandera provincial”, dice a APe y se le ensancha la garganta. Por eso “lo dejé festejar todo el día. Que hiciera lo que quisiera. Y a las diez de la noche se sentó en la computadora en lo de mis viejos, que viven atrás de mi casa”. Elizabeth se fue a dormir hasta que a las 3 de la mañana la despertaron los gritos y la voz de su vecino. “Los chicos chocaron”, le decía. Ella se levantó, miró a su alrededor y Braian no estaba. La puerta de la casa de sus padres estaba entreabierta. Braian no estaba. La PC quedó abierta en el Facebook, donde todos se convocaban para la gran aventura: sacar la cupé Fuego del padre de uno de ellos (el vecino que gritaba) y salir a averiguar la vida. Todos tenían entre 13 y 15 años.

Dieron varias vueltas hasta que encontraron otro, mayor, que manejara. Sin carnet y con algún antecedente, causal fundamental para que acelerara cuando vio el patrullero. Eran las tres menos veinte de la mañana: el móvil JP 99 pidió colaboración para detener una cupé Fuego con vidrios polarizados. En ese patrullero iba Salas. Elizabeth relata lo que oyó de los chicos: que el patrullero apagó todas las luces y subió a la vereda para esperar que pasaran. Y luego los iluminó y arrancó. “No les hizo ni señales, ni gestos”, asegura.

Se paralizaron de terror cuando sintieron el impacto en el auto. Pero no se dieron cuenta de que Braian estaba agonizando. Cuando los frena el cordón, los policías los arrancan del auto. Las cupé tienen dos puertas, es decir que los que iban atrás salieron trabajosamente o de los pelos por el agujero de la luneta que Salas rompió para destruir huellas. Braian cayó “como una bolsa de papas al piso, lo sacaron como a un perro muerto del auto”. Elizabeth dice que Salas se apretaba la cabeza y decía “Maté un menor”. Después, la historia del arma (plantada), el fogonazo (que después era la luz de un celular) y el disparo porque eran “ellos o yo”. Ninguna pericia pudo comprobar que en la Fuego hubiera armas o drogas. Sólo chicos paralizados de miedo con el anatema sobre la cabeza: muertos o presos. No hay otro destino para los pibes del Oeste.

Su madre creyó, hasta horas después, que la policía lo tenía en un calabozo. Y gritaba por él ante rostros imperturbables. Cuando le dijeron que había un chico herido en el Hospital Castro Rendón, a ella se le heló el alma. “Allí van los casos más graves”, dijo. A las 8 recién (“a las 2,40 había recibido un disparo mi hijo”) un médico le dijo que fuera a reconocerlo. “Tenía la carita bien, porque el balazo fue en la nuca, pero estaba lleno de caños y cables. El médico me dijo que estaba en coma irreversible”.

Llamen a la policía

La primera reacción de ella, inconsciente de los monstruos que acechan, fue “y por qué no viene la policía, por qué no la llaman, ¿fue un delincuente? ¿le quisieron robar el celular? ¿quién? Si él jugaba a la pelota, a la bolita, si él no tenía bronca con nadie, cómo un delincuente le va a pegar un tiro en la nuca, ¿qué hace la policía que no viene?”. Fue el vecino, el dueño de la cupé Fuego, el que se lo dijo. “Fue la policía la que le disparó”.

“Se me hizo un vacío enorme. Era un golpe tras otro. Como si me golpearan con un bate”. Después, el mecanismo sistémico de exterminio puso en marcha su operativo de propaganda. El arma, el fogonazo, el asalto a un supermercado, drogas, una banda criminal suelta por el Oeste. Y la sociedad que reacciona y la víctima se convierte en el victimario del que disparó. A la luneta, a cualquier nuca de 13, 14 años, a mansalva, con el sabor embriagante de la impunidad. “Mi hijo no era un delincuente y además de matarlo le destruyeron la imagen”, dice Elizabeth. Si Braian hubiera consumido, robado, golpeado o asaltado, su nuca destrozada por un disparo artero sería el mismo trofeo en el estante de las injusticias.

La otra vida

El 15 de febrero el juez Marcelo Muñoz decretó la falta de mérito de Claudio Salas. Y lo dejó en libertad. “El está libre y nosotros nos estamos yendo de Neuquén”, confesó Elizabeth Hernández a APe. “Se nos plantan en la puerta de casa autos con los vidrios polarizados. Y nosotros sabemos bien el prontuario de Salas”.

Ella está convencida de que la policía de bala ligera se acelera en el Oeste porque allí se mixturan y se asocian y se pierden las fronteras. Las policías bravas de Neuquén, de Río Negro, de Mendoza, de Buenos Aires y etc etc se tocan y se abrazan todo el tiempo con la ilegalidad y con la muerte. “En el Oeste vive la mayor parte de los neuquinos. Y es marginal y pobre porque le conviene al gobierno de Neuquén”.

Elizabeth tiene 32 años y acaba de nacer por segunda vez parida por el sacrificio de su hijo. Esta otra vida suya será más árida y más cruel. Ahora sabe. Sabe que nadie está a salvo de las esquirlas sistémicas, de la maquinaria de eliminación, sabe que ningún pibe, con familia buena o sin ella, en calle de tierra o con zapatillas de marca, está a salvo en el Oeste.

Porque hay siempre alguien que dispara a la luneta. Que vuela una nuca de 14 años. Y que queda en libertad.

Fuente imagen: APE

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Argentina, Córdoba: El 26 de febrero comenzará el juicio por las explosiones en la Universidad Nacional de Río Cuarto

PRENSA RED

Será en el Tribunal Oral Federal Nº 2, a partir de las 9. La causa que ingresó en agosto del año pasado, proveniente del Juzgado Federal de Río Cuarto, investigará los hechos ocurridos en 2007, en la planta piloto de la Facultad de Ingeniería y que causara la muerte de seis personas, entre alumnos y docentes y de varios lesionados.

La hipótesis que se tratará de comprobar se relaciona con la explosión de varios tambores de hexano, hecho que habría provocado la muerte de seis miembros de la comunidad universitaria, el 5 de diciembre de 2007, en la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

El TOF 2, integrado por los jueces José Fabián Asis, Carlos Julio Lascano y José Vicente Muscará, llevará a delante el desarrollo del juicio que se realizará en su sede ubicada en Hipólito Irigoyen N° 670, frente a la Plaza España. El inicio de la audiencia será a partirr de las 9. Se prevé que tras la lectura de la acusación comparezcan numerosos testigos y aseguran que las partes presentarán abundante prueba documental y pericial.

En la causa se encuentran imputados Carlos Agustín Bortis, José Luis Pincini, Sergio Fabián Antonelli, Miriam Palmira María Ferrari, Edith Matilde Ducros y Liliana Gladis Ruetsch (directivos y docentes de la UNRC al momento de los hechos) como supuestos co-autores del delito de Estrago culposo agravado por la muerte de personas (art. 189, 2° párrafo, y 45 del C.P.), que prevé penas de un mes a cinco años de prisión.

Las audiencias son orales y públicas. Los requisitos son ser mayor de 18 años y presentar el DNI.

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Resistencia contra la megamineria: Febrero, un mes de alta exposición-represión desde las luchas antimineras

LA RETAGUARDIA - AGENCIA WALSH

La minería es la actividad industrial más rudimentaria de nuestra civilización. En la actualidad, la casi inexistente minería subterránea y la urgencia del capital llevó a incursionar veloz en la megaminería a cielo abierto. Una actividad que destruye grandes dimensiones de suelo para obtener mínimas porciones de mineral. Contamina millones de litros de aguas fugando sumas millonarias de dinero que se exportan a accionistas del primer mundo bajo la forma de oro, plata o cobre. La historia no es nueva ya que el primer presidente de la Nación, Bernardino Rivadavia regaló las minas del Famatina por lo que cobró suculentos retornos. Así se fue perfilando este deleznable negocio con la complicidad de gobiernos provinciales y nacionales. Hoy ocurre más y peor ya que las luchas de todos los pueblos afectados va soportando niveles de represión, cárcel o asesinatos sin límites pero con la seguridad de resistir. Te ofrecemos una nota de nuestros compañeros de Laretaguardia.

El 15 de febrero de 2010, la policía reprimió a vecinos de Andalgalá al intentar desalojar el corte que los asambleístas mantenían para evitar el ingreso de maquinaria al emprendimiento minero Agua Rica. Algo similar había ocurrido una semana antes en otras localidades catamarqueñas. En tanto, el año pasado, el 10 de febrero, la guardia de infantería reprimió con perros y balas de goma a los vecinos que cortaban la ruta en Tinogasta también contra la megaminería. Situaciones parecidas se vivieron en Belén y Santa María. Sobre estos hechos y su actualidad, dialogamos con Martín Musarra, quien más allá de haber nacido en La Plata vive hace largo tiempo en Andalgalá. Es uno de los creadores de Pantalla para los pueblos, "una especie de observatorio de documentos", según definió. A su vez, conversamos acerca de cómo la batalla antiminera tiene un espacio esencial en los medios alternativos y sobre el nacimiento de Radio Fortaleza de Tinogasta.

Mientras los distintos emprendimientos mineros que empresas trasnacionales desarrollan en varias provincias del país intentan avanzar, gracias a la complicidad política y judicial, la lucha antiminera de vecinos y asambleístas crece. Cortes selectivos e informativos, radios abiertas, movilizaciones, son algunas de las muchas actividades que cotidianamente llevan adelante para concientizar acerca de los daños que trae consigo la megaminería y para evitar su implementación. Es habitual que muchas de estas luchas terminen en represión por parte de policías provinciales como así también de efectivos de seguridad privada o patotas contratadas directamente por las empresas.

El año 2012 se despidió con violencia en Andalgalá cuando el sábado 29 de diciembre fue reprimida la caminata 161 que realizaba el pueblo. Mujeres, adultos mayores y niños recibieron palos y golpes de parte de la policía. No era la primera vez. Hace unos días se cumplieron tres años de un hecho similar. A Martín Musarra le tocó vivir de cerca lo sucedido el 15 de febrero de 2010 en Andalgalá y lo recordó en diálogo con La Retaguardia: "fue un avasallamiento de los derechos humanos y un abuso de autoridad de tres días, desde que el 12 de febrero la fiscal había empezado a hacer el desalojo y montó una guardia a cincuenta metros de la asamblea. Del lado del norte estaba la gente de Infantería, y del sur el grupo Kuntur (grupo de elite de la policía catamarqueña). El 15 de febrero fue un día que conmocionó y marcó un antes y un después por lo menos en Andalgalá. No hay nadie que no lo haya vivido, es un hecho que nos atravesó como andalgaleses. El último fin de semana estuvimos en un encuentro en Tinogasta, pude estar por primera vez con los tinogastenses después de la represión; un año tuve que esperar. La verdad que vi también cómo les caló hondo esta impotencia y lo que vivieron el 10 de febrero de 2012".

Hace dos meses, La Retaguardia entrevistó a Roberto Lovera, integrante de la Asamblea de Tinogasta por la Vida. Durante la conversación, Lovera se refirió a cómo la llegada de la minería a la zona significó la pérdida de paz y tranquilidad: "nos encontramos sitiados y acosados permanentemente. Nos damos cuenta de que estamos acosados por gobiernos y empresas que pretenden entrar en los lugares donde uno está viviendo, y el problema es que buscan los cerros, cercanos un poco más alejados, y siempre van a surgir tener problemas con el medio ambiente y el agua. En zonas montañosas, en zonas poco áridas falta agua, prácticamente todavía no hemos visto la lluvia este año, salvo algo en invierno no ha caído una gota de agua, pero el pequeño río que alimenta el lugar se está formando por los deshielos de la cordillera. Acá también tenemos glaciares, nieves eternas y esa esponja es la que nos da el agua, y la gran minería va a competir con el agua que vamos a usar para la vida de las personas, para la vegetación, los animales. Entonces cuando vemos que los gobiernos miran para otro lado y simplemente hacen una ecuación económica, piensan en ese rédito momentáneo que les va a dar esas migajas de la minería, y entregan a las comunidades sin importarles el futuro de cada lugar, ni el cuidado del medio ambiente".

Para Musarra, en los momentos de desesperación y crisis tan grandes en los que se siente que no hay garantías, los medios de comunicación juegan un rol muy importante: "hacen ese puente y ese cable a tierra que tanto alentamos, para que no nos desaparezcan del mapa. La gente se defiende con las cámaras. Establecer un medio de comunicación alternativo es la única garantía cuando te dejan en bolas todos los representantes. En el medio de la resistencia nosotros encontramos esa vertiente, que parece ser bastante natural. Nos pasó a nosotros: después de la represión vimos que un solo medio estaba cubriéndolo. Percibimos que como era un medio comercial podía dejarnos en banda, esto hizo que surja Radio El Algarrobo. Y ahora en Tinogasta estamos viendo cómo crece la FM Fortaleza, que también surge casi como una respuesta natural a la represión, al ver que no hay garantías de todo lo que uno viene haciendo y de lo que supuestamente vienen haciendo los gobiernos; a veces es el único canal posible. Si no fuera por estas vías la impunidad sería mucho más grande. Cumplen un rol importantísimo en las comunidades que siguen resistiendo y que tienen este desafío inmenso que es luchar contra toda la corrupción institucional en todos los poderes", aseguró a La Retaguardia.

Específicamente sobre Radio Fortaleza de Tinogasta, Musarra relató: "se están organizando para crecer en altura, a cuatrocientos metros de la radio tienen una torre de veinte metros que la van a desmontar para montarla en Radio Fortaleza, donada por un vecino que no la está usando. Creo que van a aumentar la potencia. Están saliendo muchos programas, en el fenómeno de generar programas aparecieron un montón de compañeros de la asamblea que tienen su espacio. La verdad que es un orgullo como están organizados".

Allí aparece en el relato una figura fundamental en el armado de la comunicación de las Asamblea por la Vida de Tinogasta: Darío Moreno, quien falleció hace algunos meses: "Darío había organizado en la imprenta unos talones, como una especie de bono contribución, donde los asociados contribuyen con la radio y se les hace una devolución con una pauta publicitaria. Es increíble la participación de la comunidad y la cantidad de vecinos que colaboran, y hay muchos chicos con ganas de laburarla y convencidos de la resistencia y de la canalización de esa resistencia a través de la comunicación. Descubriendo también la interacción con otros medios a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y cómo se siente también el empuje del Darío: hay un montón de chicos que empezaron porque él los pinchaba e insistía", sostiene Musarra en un merecido recuerdo.

Con el correr de los años y las represiones, la lucha antiminera de vecinos y asambleístas catamarqueños no baja los brazos; por el contrario, resiste el avasallamiento y los golpes, crece y se reproduce a través de movilizaciones y cortes, pero también mediante la creación de nuevos medios de comunicación que desde lo alternativo permiten que se amplifiquen las voces que el poder no quiere escuchar.

En los audios tenés la posibilidad de escuchar esta entrevista, pero también está la transmisión especial que realizamos el viernes cuando la población de Andalgalá salió a la calle para recordar los 3 años de la represión.

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Argentina. Bosques Nativos (II): El papel de los pueblos originarios y campesinos en el modelo agroexportador

Luis Gauna (RED ECO)

Por sobre los derechos originarios y campesinos, se erigen metas “agropecuarias” en pos de un modelo que profundiza la soja, el desmonte y la violencia en los desmontes y conflictos por las tierras.

"¡No vamos a tirar ni un solo árbol, los árboles son sagrados! ¡Los árboles no se tocan! Por lo menos acá, en El Calafate, ¡Sobre mi cadáver, únicamente!” Cristina Fernández de Kirchner, 15 de Febrero de 2013.

Aquel discurso de la Presidenta de la Nación, vitoreado por la multitud que se congregó a la inauguración de la 136° Fiesta del Lago, cargaba la chicana, contra la gestión del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires y los problemas que acarrean sus intromisiones contra el espacio público y con el cuestionado Metrobus. Pero el silencio ante las responsabilidades propias, carga de cinismo aquella frase, más allá del discurso confrontativo frente al macrismo. En la lógica del modelo agropecuario que impone el Gobierno, los grupos armados/patotas , serviles a intereses empresariales del agronegocio, han sometido a la violencia, despojo y muerte a comunidades y habitantes originarios de los bosques nativos, con el resguardo y silencio de funcionarios públicos e integrantes del poder judicial. En estas provincias, los desmontes y el avance de la frontera de monocultivos se producen a costa de los asesinatos a quienes resisten.

Concordantes con la Ley 26.160 y el Convenio 169 de la OIT, la Ley de Bosques Nativos posee artículos en donde se enfoca la problemática de tierra que acarrea el campesinado y los pueblos originarios teniendo en cuenta la categorización de conservación de bosques (Categoría I y II) prohibidos para su desmonte. Esta considera el aprovechamiento de los bosques nativos sin influir ni perjudicar a las comunidades originarias y las tierras que ocupan, promoviendo asistencia técnica y financiera a los pequeños productores y comunidades campesinas para una realización sustentable de sus actividades,. Para ello caracteriza el valor social, económico y cultural que las comunidades otorgan a las tierras que ocupan. Pero la legislación se perpetúa en letra muerta, con el modelo agropecuario en el que se ha embarcado el Gobierno Nacional y los correspondientes provinciales, y que se ha profundizado con el lanzamiento del Plan Estratégico Agroalimentario 2020 hace 2 años.

Con respecto a la protección del territorio de los pueblos originarios y las organizaciones y su vinculación con los desmontes y La Ley de Bosques, Hernan Giardini, Coordinador de Biodiversidad sostuvo: “Se avanzó mucho a nivel legislativo, si querés en la práctica lamentablemente bajó menos de lo que hubiera querido, o por lo menos de lo que uno esperaba, en cuanto a tener una ley que justamente no solamente defiende el bosque, si no también defiende a sus históricos habitantes tanto campesinos como índigenas y lo dice en varios artículos de la ley. (…) Nosotros tenemos contabilizados siete muertos en los últimos 5-6 años relacionados directamente con la deforestación desde Santiago del Estero, Formosa, Tucumán”.

En Santiago del Estero, segunda provincia a la cabeza en desmontes, el MoCaSE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero)-Vía Campesina en sólo dos años ha sufrido la muerte de dos de sus integrantes: Cristian Ferreyra en 2011 y Miguel Galvan en 2012. El movimiento que nuclea a los campesinos santiagueños indígenas, no ha dejado de denunciar los avances de los empresarios del agro, que amparados por grupos parapoliciales, entretejen una trama de despojo y amedrentamiento en pos de ampliar la frontera de su negocio .

“El territorio de la triple frontera entre Chaco, Salta y Santiago del Estero, desde el 2006 viene siendo un foco de combate terrible y la firmeza de las comunidades organizadas ha evitado el avance de empresarios“, sostenía el MoCaSE en Octubre del año pasado, poco después de conocerse el asesinato de Miguel Galván, de 40 años, en el Paraje Simbol a manos de un sicario al servicio de la empresa Agropecuaria La Paz S.A.

El MoCaSE no ha cesado de reclamar por la sanción e implementación de la Ley contra los Desalojos Rurales, que lleva el nombre del joven campesino de la etnia lule “Cristian Ferreyra”, asesinado en 2011. Pese a las múltiples denuncias por acoso y hostilidades que venía recibiendo la comunidad a la que pertenecía por parte del empresario José Ciccioli, la justicia hizo silencio.

Dicha Ley viene cajoneada desde Noviembre de 2011 y ni la muerte de Miguel Galván, en octubre pasado, motivó a los legisladores a darle tratamiento.

*El 13 de Marzo de 2010, en el paraje campesino de San Nicolás, Sandra Juarez de 33 años falleció a causa de paro cardiorrespiratorio, luego de sufrir una crisis de nervios frente una topadora de la empresa agrícola cordobesa Namuncurá S.A, que había comenzado a desmontar sus tierras.

*En diciembre de 2011, en el paraje Villa Matoque al noroeste de Santiago del Estero, el campesino Nestor Palacios fue baleado en el pecho por una banda armada, cuando se resistió al avance de la empresa agropecuaria Servicios y Negocios de Yerba Buena Tucumán. La empresa en cuestión, desde el 2009, buscaba adueñarse de 15 mil hectáreas, situación que afectaba directamente a más de 50 parajes campesinos indígenas. Así también, tenía amparo del Secretario de la comisión municipal de Villa Matoque (Departamento Copo), Alonso “Chillín” Santillán.

*El 14 de Julio de 2012, el campesino Sixto Ruiz fue baleado en el pecho, en el Paraje Vinalito, en territorio salteño, límite con Santiago del Estero. Al servicio del empresario Gustavo Saa, grupos de sicarios habían amedrentado con armas de fuego durante dos semanas a los pobladores de los parajes Choya, Vinal Macho, Dos Naranjos y Vinalito, donde ocurrió el ataque.

*El 30 de enero de éste año, Juan Santillán, miembro de la comunidad vilela “Tres Leones” fue atacado por el empresario terrateniente Alejandro Porta y sus siete sicarios, quienes lo secuestraron y amenazaron de violarlo.

A estos hechos se le suman, ataques al ganado y viviendas de los pobladores, como así también a la radio comunitaria del Movimiento campesino.

“En una nueva ofensiva del capital sobre nuestro continente, se profundizan los intentos de subordinar la agricultura, la tierra y los bienes naturales al capital financiero transnacional, siendo las Comunidades Campesinas Indígenas verdaderos obstáculos para el capital, que en nombre del progreso promueve la violencia para acaparar los territorios”, sostuvo el MoCaSE en enero de éste año.

“El Estado se mete cuando ya el conflicto tomó un nivel importante y lamentablemente uno conoce la mayoría de los conflictos de las comunidades que están medianamente organizadas. Muchos desalojos, muchos conflictos de gente que está en el medio del monte, no vinculada al MoCaSE o a organizaciones campesinas, no conoce las Mesas de tierras ni esos lugares a donde podrían denunciar los atropellos que viven y esa gente está sola, esa gente es la que lamentablemente si no está agrupada sufre las consecuencias de manera directa y no posee las armas para defenderse”, remarca Giardini.

La situación en Formosa -donde oficialmente se reconocieron 129 mil hectáreas desmontadas, tercer provincia en el podio de desmontes- es igual de grave, y la relevancia que han tomado los conflictos por la tierra desde el 2010 delimita una resistencia día a día del Pueblo Qom y Wichi contra los empresarios sojeros y el gobierno de Gildo Insfrán.

De la represión policial en noviembre de 2010, que se cobrara la vida del anciano qom Roberto López, de los constantes ataques al Carashe Félix Díaz y a su familia, del atropello de un Gendarme a Ricardo Coyipé y asesinato de su esposa Lila y su nieta de 3 meses, hasta la reciente muerte de Daniel Asijak, sobrino de Félix Díaz, la comunidad “La Primavera” ha enfocado todos estos ataques en un punto en común: el conflicto por la tierra.

Es así, que también el dirigente Pilagá de Colonia Alberdi, Mario López, y delegado del Movimiento Campesino de Formosa, perdió la vida cuando viajaba hacia la comunidad para solidarizarse por la represión en la que muriera Roberto López, atropellado por un policía en un hecho que su familia catalogó de atentado.

Entre la disposición de crear la Universidad de Formosa sobre territorio comunitario qom y el corrimiento de los emprendimientos sojeros sobre esas tierras, amparados por los horizontes del Plan Agropecuario Formosa 2015, la comunidad ha conseguido que su resistencia tomara relevancia nacional, como así también los ataques a referentes activos de su lucha no se han hecho esperar. Díaz y Coyipé, son un ejemplo de aquellas constantes vejaciones.

Por su parte, las comunidades wichís del oeste de la provincia, han denunciado recientemente las dificultades que acarreó el desmonte intensivo en las condiciones climáticas de la zona que dificultan la tarea de cultivar sus propios alimentos. A ello, se le suma la desidia de no recibir atención médica, agua, ni electricidad por parte del gobierno que no escucha sus reclamos y de los organismos , ausentes, que deberían velar por el cumplimiento de sus derechos.

Así bien, la provincia de Chaco, carga con la muerte Martirés López, referente qom de la Unión Campesina y de la Corriente Clasista y Combativa por los derechos campesinos e indígenas del Chaco, fallecido el 14 de Junio de 2011, luego de un “accidente” cuando circulaba en moto por la localidad de Pampa del Indio. Su familia y compañeros de militancia iniciaron una causa en la que denuncian “homicidio”. Fue reconocido como uno de los dirigentes originarios más duros contra el gobierno de Capitanich, ya que en 2009, encabezó una masiva marcha de 5 días con campesinos, aborígenes y criollos en reclamo de tierras, semillas y vivienda que tomó notoriedad nacional.

Esta sucesión de hechos, si bien puede ser incompleta por los que no salen a la luz o que no toman notoriedad pública, delimita un padecimiento, que en la lógica y profundización del modelo extractivo-agroexportador en el que se ha encaramado como meta el Gobierno Nacional, ha de profundizarse con horizontes agropecuarios que, como demuestran estos hechos, no velan ni respetan los Derechos y legislaciones que protegen la propiedad comunitaria del campesinado y pueblos originarios.

Ver también:
- Argentina. Bosques nativos (I): El PEA y la profundización del modelo de deforestación

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Documento de la Junta Interna de ATE-INDEC: Salario mínimo y canasta familiar

ACTA

Frente a la imperiosa necesidad de contar con una referencia para actualizar diferentes valores, especialmente los salarios, y dada la carencia absoluta de datos fiables por la manipulación estadística denunciada por los trabajadores del INDEC, realizaron un ejercicio de estimación para acercarse a lo que serían actualmente los verdaderos valores de canastas, alternativas a las oficialmente en uso.

El resultado para un hogar constituido por una pareja con dos hijos menores es de 7006,10 pesos a Enero de 2013. Este valor se compone de 2233,40 pesos (Canasta alimentaria mínima) y 4772,70 pesos (Otros bienes y consumos mínimos).

Se debe tener en cuenta que este es un ejercicio de estimación que NO sustituye los datos faltantes a causa del desmantelamiento de las estadísticas públicas, pero trata de nutrirse de las mejores aproximaciones posibles para proveer una referencia válida para la discusión salarial y otras necesidades de la sociedad.

Entre otras cosas las canastas se utilizan para fijar los límites de la Pobreza y la Indigencia, lo cual implica que los trabajadores deberían tener, como mínimo, un salario que le permita, junto con su núcleo familiar, estar fuera de esa condición.

Las canastas así definidas son valores de mínima, ajustadas por los consumos reales de la parte de la población que accede a ellas. NO implica un modelo de lo que sería una canasta óptima, deseable, que no surge de un análisis estadístico sino de una discusión más global acerca de los objetivos y valores a que se tiende.

Pero en cualquier caso, más allá de que se busque un nivel óptimo o deseable de ingresos –que no es lo que aquí se presenta-, ningún trabajador debería ganar – de bolsillo - menos que el valor calculado en este ejercicio.

Desarrollo del ejercicio

Frente a la imperiosa necesidad de contar con una referencia para actualizar diferentes valores, especialmente los salarios, y dada la carencia absoluta de datos fiables por la manipulación estadística denunciada por los trabajadores del INDEC, se realiza un ejercicio de estimación para acercarse a lo que serían actualmente los verdaderos valores de canastas, alternativas a las oficialmente en uso. Este informe es actualización del presentado el 10 de febrero de 2012. Los valores que se presentan son a ENERO DE 2013, con lo cual para su uso deberán ser nuevamente actualizadas a la fecha en que se apliquen.

La metodología propuesta utiliza los siguientes elementos: las canastas del INDEC previas a la intervención, las dos últimas Encuestas de Gasto de los Hogares, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y las Paridades de Poder de Compra del Consumidor (PPCC) realizados también con anterioridad a dicha intervención, la Canasta relevada en el 2008 por la Dirección de Estadística de la Ciudad, la metodología de actualización de la composición de la canasta utilizada y probada por ese equipo técnico, que replicó y desarrolló avances que en INDEC se habían iniciado, la evolución de los IPC de las provincias que siguieron publicando sus propios datos con autonomía del INDEC central y las metodologías de determinación de la Pobreza e Indigencia aplicadas hasta la irrupción de la intervención en el INDEC.

El ejercicio se realizó con el siguiente método:

a) Se considera una canasta básica alimentaria mínima, una canasta de otros bienes y servicios, y una canasta total actualizadas en cuanto a qué productos incluyen. Se trata de consumos mínimos, no de “óptimos” o “deseables”.

b) Se determina el valor del “adulto equivalente”, unidad de medida que permite calcular las canastas para distintos tipos de hogares, teniendo en cuenta la cantidad de miembros, su edad y sexo.

c) Se actualiza a noviembre de 2011 con los datos de la evolución del valor de la propia canasta de Ciudad de Buenos Aires.

d) Se actualiza el período noviembre 2011-agosto 2012 con la evolución de los IPC de las provincias que siguieron publicando sus propios datos con autonomía del INDEC central, y el período agosto 2012-diciembre 2012 con el IPC de la Dirección Provincial de Estadística de San Luis. Enero de 2013, se estimó suponiendo el mismo comportamiento que enero del año anterior, según esa última Dirección de Estadística.

e) Se amplía a las distintas regiones del país con la metodología que tiene en cuenta la diferencia de precios medida entre las regiones.

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