lunes, 15 de abril de 2013

Venezuela: El “inesperado” capricho de la oposición

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

El capricho de la oposición en rechazar los resultados de la reciente elección presidencial efectuada en Venezuela demuestra que toda su intención en participar en la misma estaba orientada a crear condiciones que pusieran en duda el triunfo de Nicolás Maduro, avivando el clima de violencia política que caracterizó su lenguaje en los días finales de la campaña electoral. Esto da cuenta del talante fascista de los grupos opositores, quienes ahora pretenden presentarse ante el mundo como víctimas de un fraude planificado desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuestión que desde un principio dejaron establecida a través de los diferentes medios de comunicación. Esta nueva situación no puede ser tolerada por el pueblo venezolano, ya que se evidencia que el único interés de la oposición está centrado en controlar el poder, al margen de cualquier consideración legal y/o democrática, tal como ya lo hicieran en el pasado, durante el 11 de abril de 2002, al derrocar y secuestrar al Presidente Hugo Chávez Frías.

De ahí que sea una total irresponsabilidad de los grupos opositores empeñarse en argüir que la victoria de Nicolás Maduro es producto de una serie de irregularidades que supondrían la consumación de un fraude electoral, más aún si tomamos en cuenta que sus representantes ante el CNE avalaron cada uno de los procedimientos implementados para cumplir adecuadamente con los comicios programados para el 14 de abril, con presencia de varios observadores internacionales. Quizás no entiendan, o no quieran entender, que a pesar de la mínima diferencia de porcentaje de votos obtenida entre su candidato presidencial y Nicolás Maduro, éste es el nuevo Presidente constitucional de la República, lo cual les obliga a acatar la voluntad mayoritaria de los electores venezolanos. Esto les serviría para demostrar ante el país su apego a las llamadas reglas del juego, como también su vocación democrática.

Frente a tal capricho opositor, los revolucionarios no podemos cruzarnos de brazos y dejar que la oposición fanatizada continúe con sus pretensiones de incendiar el país al no ver cumplidos sus deseos de ganar las elecciones y poder acabar con las conquistas populares impulsadas bajo el liderazgo del Presidente Chávez. Para ello es fundamental la movilización y la organización de los sectores populares en cada rincón de Venezuela, de modo que los grupos opositores más radicalizados desistan de su soberbia y terminen por aceptar el mandato legítimo de Nicolás Maduro. Sin embargo, dicha movilización no puede realizarse sin la debida comprensión de lo que implica la acción macabra de la oposición y de la necesidad de trabajar mancomunadamente por alcanzar una unidad revolucionaria efectiva mediante la cual se asegure la continuidad del proceso revolucionario bolivariano. Ambas cosas tienen que lograrse a través de una formación teórica sostenida, crítica y autocrítica, que nos permita avanzar -de una vez por todas- en la construcción de la nueva sociedad democrática, participativa y protagónica en la cual nos hemos visto empeñados desde hace catorce años.

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Venezuela, Maduro y después

Guillermo Almeyra (SIMPERMISO)

Nicolás Maduro muy probablemente será elegido el domingo presidente de la República Bolivariana de Venezuela porque la oposición de derecha y ultraderecha, que jamás le ganó a Hugo Chávez, no está en condiciones de ganarle a su fantasma que está apoyando a su heredero.

Pero si de algo se puede estar seguro es de que Washington y esa oposición no aceptarán el resultado de las urnas, como no aceptaron el crecimiento de la influencia política de Jorge Eliécer Gaitán en Colombia, ni el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, ni la mayoría peronista en los 50 y en los 70, ni la revolución cubana, ni el gobierno de João Goulart en Brasil, ni a Salvador Allende en Chile. Donde no pueden ganar en las urnas esas fuerzas buscan siempre la salida anticonstitucional y no vacilan ante los golpes militares, los genocidios y las invasiones abiertas o disfrazadas, como la de Castillo Armas, desde Honduras, en Guatemala o la de Bahía de los Cochinos, en Cuba, desde Honduras, Nicaragua y Estados Unidos.

Ante la revolución bolivariana, en este período postchavista surge pues la alternativa: o profundizar política y socialmente el proceso y las movilizaciones para afirmarse y enfrentar los intentos reaccionarios que vendrán o, en cambio, institucionalizar el chavismo que Chávez se encargaba a cada rato de modificar y hasta subvertir, lo cual implica tender lazos a sectores de la oposición y a Washington y mantener controlados los movimientos sociales. En cierta medida, se reproduce la discusión en la Unidad Popular chilena entre el "avanzar para consolidar" y el "consolidar para avanzar",negociando con la democracia cristiana, frenando las iniciativas de los trabajadores y reforzando las instituciones política que, como se sabe, favoreció el tancazo y después el golpe de Pinochet.

Maduro, que es un revolucionario pero no un socialista pues espera todo del Estado, no tiene ni el prestigio ni la capacidad ni el olfato político de Chávez, quien quería construir un Estado moderno y a la vez combatir al Estado capitalista. Además, en el aparato estatal y en las fuerzas armadas, hay posiciones bolivarianas y chavistas pero conservadoras y hay fuerzas que buscan disminuir la tensión tomando contacto con el enemigo y hasta haciéndole concesiones en el marco del capitalismo de Estado venezolano. El Partido Socialista Unificado de Venezuela no es, además, un partido socialista sino un aparato electoral, entiende por socialismo una serie de medidas democráticas y distribucionistas que dejan intacto al sistema y no intenta construir el socialismo siguiendo un programa de transformaciones decididas por los trabajadores y logradas gracias a la participación decisiva y al poder de los mismos en las empresas y en el territorio. En la dirección del aparato estatal chavista, por último, abundan los que quieren subordinar los gérmenes de poder popular, como las comunas o las misiones, a los gobernadores o a las fuerzas armadas (y cortan así el aflujo de savia popular al aparato de la revolución bolivariana, dejando de paso a "las bases" en un pasivo papel de manifestantes o votantes.

Esas son las grietas que intentarán utilizar los "escuálidos" dentro de sus planes golpistas y como parte de la preparación de los mismos: buscarán entrar en los sectores "blandos", establecer lazos con la boliburguesía y con los conservadores y burócratas, tal como advirtió Hugo Chávez, que los veía como trabas al avance del proceso y como minas potenciales en el camino de éste. El golpe que ellos preparan no consistirá sólo en una conspiración cívico-militar preparada por una campaña de prensa a nivel nacional y mundial ni en la compra de algún sector reaccionario de las fuerzas armadas. Será antes que nada una acción política, una campaña de inteligencia y desestabilización económica, de división del aparato chavista, de inducción a una parte del mismo a congelar su fuerza real, que es la conciencia y la participación de las masas.

En lo inmediato, la economía de Venezuela, que depende por completo de la renta petrolera, no presenta problemas graves y la fuga de capitales podrá ser en buena medida controlada ya que la inmensa mayoría de las divisas provienen de PDVSA, que es estatal. Un sector conservador del gobierno se hará eco de la campaña chovinista de la derecha y pensará que le conviene reforzarse reduciendo los aportes venezolanos a Cuba y el ALBA y los esfuerzos en pro de la integración latinoamericana para distribuir creyendo que "hay que poder orden" antes que nada mediante el aparato estatal. Eso podría llevarlo a ver la delincuencia como un problema puramente policial y represivo y a considerar las huelgas y reivindicaciones obreras y los gérmenes de poder popular desorden y despilfarro. Otro, por el contrario, más chavista y más radical, insistirá en los planes del Comandante desaparecido. La lucha entre ellos será sorda y estará cubierta por declaraciones chavistas. Lo determinante para dividir las aguas, sin embargo, no será la retórica chavista (la burocracia y Stalin declamaban su fidelidad al leninismo mientras lo enterraban) sino las medidas que propongan y, fundamentalmente, su apoyo en la juventud, las mujeres, la autoorganización de los trabajadores, el control de éstos sobre el territorio, la delincuencia local y sus cómplices burocráticos, los aparatos estatales represivos o corrompibles.

La juventud, las mujeres, el pueblo que habrán votado por Maduro no pueden delegar el poder en éste, cualquiera sea su lealtad a Chávez y su sinceridad. Cuando los obreros tomaron por asalto las armerías de Buenos Aires y aplastaron un golpe sangriento, Perón salió al balcón del palacio y rogó " ¡muchachos, dejen que este partido lo juego yo!". Meses después huía antes otro golpe. Moraleja: Si no se quiere perder no hay que dejar que el Director Técnico juegue solo.

Es muy poco el tiempo transcurrido desde la muerte de Hugo Chávez como para saber qué puede ir sucediendo ahora con la Revolución Bolivariana. Las nuevas elecciones ya están a la vuelta de la esquina, el 14 de abril. Hacer hipótesis sobre qué pueda suceder allí no es el objetivo principal de este escrito. En todo caso, lo que nos interesa fundamentalmente es ver qué pasa a mediano plazo, qué escenarios pueden irse dibujando para más allá de esa fecha puntual. En otros términos, independientemente de los resultados de la próxima justa electoral, la cuestión básica estriba en ver para dónde se dirigirá todo el proceso en curso: ¿sigue la revolución? ¿En qué términos sigue? ¿Se viene abajo? ¿Todo depende sólo de una elección?

Si se dijera tajantemente que, de no ganar el movimiento bolivariano con Nicolás Maduro como candidato este 14 de abril, la revolución termina, eso ya indicaría un terrible peligro: no sólo por la presunta derrota en las urnas y lo que ello traería aparejado, sino porque se estaría reduciendo la revolución a un mero proceso electoral. Y, por supuesto, es de esperarse que la revolución sea infinitamente más que eso.

En relación a estas próximas elecciones, todo indica que el movimiento bolivariano seguramente volverá a ganar. La presencia de Chávez aún es enorme en el panorama venezolano, para bien de unos y para mal de otros. Su figura, sin dudas, ya pasó al lugar de mito legendario. Como todo mito, por tanto, es intocable. Quizá eso debiera considerarse desde la perspectiva del socialismo, para revisar la construcción de lo que efectivamente está teniendo lugar en Venezuela. "Si continuamos personalizando el proceso revolucionario bolivariano nada más que en la singularidad extraordinaria de Hugo Chávez, no estaremos contribuyendo a que éste se mantenga en el tiempo y en el espacio, puesto que la prédica constante de nuestro Comandante estuvo siempre relacionada con la construcción y fortalecimiento del

Poder Popular como único medio para hacer la revolución bolivariana socialista en Venezuela", afirmó correctamente Homar Garcés.

Es decir, el culto a la personalidad -cosa que se criticó profundamente en relación a muchas de las pasadas experiencias socialistas del siglo XX- no pareciera dar muestras de terminar. Por el contrario, casi se evidencia como garantía de la sobrevivencia de la revolución. Incluso, más allá que no se lo haya implementado finalmente, hasta se llegó a pensar en su embalsamamiento.

Como mito que ya es, igual que cualquier nueva "deidad" de las que se fueron construyendo durante el siglo XX (Mahatma Ghandi, Juan Domingo Perón, el Che Guevara, John Lennon, Diego Maradona), la figura de Chávez definitivamente ayudará a ganar procesos electorales a quien se presente en su nombre. "Aquí vengo a cumplir su orden (...) No soy Chávez, pero soy su hijo y todos juntos el pueblo somos Chávez", dijo Nicolás Maduro al momento de firmar su inscripción como candidato presidencial del PSUV, llamando a votar por él como lo hizo el propio Hugo Chávez el 8 de diciembre pasado en Caracas antes de partir a Cuba para un nuevo tratamiento de su dolencia, nombrándolo de esa manera su virtual "heredero". ¿Puede el socialismo permitirse "herederos"? ¿No era eso patrimonio de las monarquías?

"Desgraciado de nosotros si no cumplimos con los postulados del mejor hombre que hemos tenido..., Hugo Rafael Chávez Frías", afirmó categórico el jefe de Estado Mayor Presidencial, mayor general Jacinto Pérez Arcay, quien fuera maestro del ahora desaparecido presidente Chávez en la Academia Militar, y uno de sus personajes más cercanos.

Alguien escribió por allí: "Para quienes vamos a votar por Maduro: El 14 de abril es un día simbólico, cae domingo, igual que el 14 de abril de 2002. En la madrugada de ese día, Chávez volvía a Miraflores, luego del Golpe de Estado del 11 de abril. Acuérdense que nos dijo: "Váyanse a sus casas a dormir, yo he vuelto". Con el triunfo de Maduro, ese 14 de abril, Chávez volvería a este mundo para continuar su revolución". No cabe ninguna duda que la apelación a la presencia espiritual del comandante abarca buena parte -por no decir casi toda- de la escena electoral venezolana. Competir contra eso, al menos ahora a un mes de su desaparición física, es virtualmente imposible. Ello puede ser una cierta cuota de seguridad para el proceso bolivariano, porque es muy probable que el candidato dejado por el comandante no tenga mayores problemas en imponerse. Incluso no sería nada improbable que gane con una diferencia grande, mayor incluso a la que en vida sacara Chávez. La lealtad al líder ("Chávez, te lo juro, mi voto es por Maduro", "Con Chávez y Maduro el pueblo está seguro" son las consignas) en principio augura un triunfo cómodo. En estos momentos la diferencia porcentual con el candidato opositor, Henrique Capriles, es de 14 puntos.

El respeto casi reverencial y, a su modo, el amor que la figura del ilustre desaparecido evocan, tienen un valor incalculable, realmente difícil de valorar en perspectiva aún. "Elijan a Nicolás Maduro como Presidente de la República. Yo se los pido de corazón", dijo Chávez ya moribundo. Esa invocación tiene una valía casi mágica. Si ha habido disputas en lo interno del PSUV para decidir los pasos a seguir ya sin la presencia del comandante, es evidente que se consensuó y se llegó a acuerdos que permitieron cumplir con lo dicho por el líder. De momento, al menos para estas elecciones, la figura de Chávez sigue siendo la de gran aglutinador. Por ahora, su imagen sigue siendo el principal sostén de la revolución. En otros términos: funciona como ídolo cohesionador. Sólo para mostrarlo con un ejemplo desde la Psicología Social: en Argentina, luego de dos presidencias igualmente populares como la de Chávez, el general Juan Domingo Perón fue quitado de escena con un sangriento golpe de Estado. Luego de eso, por años fue factor clave de la política argentina, aún en el exilio. Cuando décadas después estaba por regresar a su país al levantársele su proscripción, quien funcionaba como su "delegado" o "representante" político -de hecho: candidato a las elecciones presidenciales que posteriormente ganaría- era llamado "el tío". Expresión popular, espontánea, de lo más auténtica, que sin mayores tapujos dejaba ver la dinámica en juego: si Héctor Cámpora era el "tío", los "sobrinos", ¿qué padre tenían? Algo similar sucede en Venezuela.

II

No se puede explicar la marcha de los movimientos políticos por puras razones subjetivas, psicológicas. Desde luego que no; pero tampoco puede decirse que ellas no existan. ¿Por qué el culto a la personalidad que vemos repetirse tan a menudo, y curiosamente, en las experiencias socialistas que, se suponen, deberían superar esas "lacras"? -Venezuela no es la excepción- ¿Será que la magnitud del cambio en juego es tan fenomenalmente grande que para ello se hace necesaria la presencia de estos "grandes hombres", los "mejores", según decía el maestro de Chávez, para poder movilizar esas transformaciones? ¿Pero no era el socialismo una búsqueda de construir una sociedad de iguales, de conferir poder al pueblo, a la gran masa siempre postergada? Evidentemente, los "tíos", pero más aún: los "¿padres?", no dejan de ser necesarios para motorizar a las grandes mayorías. Al menos aún hoy. Si en un futuro eso será innecesario, lejos estamos ahora de poder decirlo.

Definitivamente Hugo Chávez no "está de moda": ¡es ya una huella indeleble en la humanidad! Es natural que en nuestra cultura latinoamericana nadie hable mal del muerto ("era tan bueno el pobrecito"); de todos modos, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, tenía razón cuando anticipó que solo la historia podrá decir cuán indeleble o cuán superficial es la huella de Chávez (y no la historia de un par de semanas). Pero no cabe la menor duda que Venezuela, y en buena medida Latinoamérica, o incluso el movimiento popular del mundo, tiene una historia antes de Chávez, y tendrá una historia después de su desaparición. Hubo ya quien lo erigió casi como santo: "San Hugo de América, Patrono de nuestra Patria Grande, latinoamericana-caribeña", se permitió nombrarlo un grupo de importantes intelectuales y activistas políticos de Nicaragua.

La pregunta fundamental en juego es, sin la presencia física de Chávez: ¿cómo seguirá esta historia? Las mejoras conseguidas ¿se mantendrán?, ¿se profundizarán? ¿O la reacción de derecha hará lo imposible por eliminarlas?

Que con los casi 15 años de su presidencia Venezuela cambió, y mucho, está absolutamente fuera de discusión. De hecho el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, Niky Fabiancic, informó recientemente que la república caribeña se encuentra hoy ubicada entre los primeros países del mundo con mayor índice de desarrollo humano, incluso superando a Brasil, Colombia y Ecuador en la región latinoamericana. Desde fines de 2003 hasta mediados de 2008, Venezuela logró 23 períodos trimestrales de crecimiento consecutivo. El record se rompió por el impacto de la crisis mundial, pero la economía retomó la senda a partir del segundo trimestre de 2010. En 2011 ya obtuvo un crecimiento de 4,2 % y en 2012 de 5,5 %. Contrariamente a lo que pasa en otros país del área, guiados por las recetas neoliberales, el desempleo bajó a menos de la mitad (del 15 al 7 %) en una década y media, y la pobreza extrema a casi una cuarta parte (del 26 al 7 %). La informalidad laboral descendió del 54 al 43 % (con leyes de protección laboral para los trabajadores formales que antes no existían), y la tasa de desempleo pasó de un 15,2 % en 1998 a un 6,4 % en 2012, con la creación de más de 4 millones de empleos. El salario mínimo fue teniendo sucesivos aumentos, para ser en este momento uno de los más elevados de toda Latinoamérica. En este período el PIB por habitante pasó de 4.100 dólares en 1999 a 10.810 dólares en 2011. Las mejoras en las condiciones de vida de la población son indiscutibles; durante todo el período presidencial de Chávez los gastos sociales aumentaron en un 60,6 %.

Es por todo esto, y por muchas más mejoras en los niveles de vida de la gran masa de venezolanos, que Chávez ganó 15 de las 16 elecciones en que se presentó en estos años, y siempre inobjetablemente, con diferencias por arriba del 10 % en relación a sus contrincantes. Sólo para enumerar algunos de los numerosos logros de su gestión, podría mencionarse que aproximadamente un millón y medio de personas aprendieron a leer y escribir gracias a la campaña de alfabetización denominada Misión Robinson I; la tasa de escolarización en la enseñanza secundaria pasó de un 53,6 % en 2000 a un 73,3 % en 2011; las Misiones Ribas y Sucre permitieron a decenas de miles de jóvenes adultos emprender estudios universitarios, pasando el número de estudiantes de 895.000 en 2000 a 2,3 millones en 2011, con la creación de nuevas universidades. Igualmente la tasa de mortalidad infantil pasó de un 19,1 por mil en 1999 a un 10 por mil en 2012, o sea una reducción de un 49 %. Un logro particularmente destacado fue que de 1999 a 2011, la tasa de pobreza pasó de un 42,8 % a un 26,5 % y la tasa de extrema pobreza de un 16,6 % en 1999 a un 7 % en 2011. Junto a ello, es de destacar que la tasa de desnutrición infantil se redujo en un 40 % desde 1999. También es de destacar que desde 1999 el gobierno entregó más de un millón de hectáreas de tierras a los pueblos aborígenes del país. Desde 1999 la tasa de calorías que consumen los venezolanos aumentó en un 50 % gracias a la Misión Alimentación que creó una cadena de distribución de 22.000 almacenes de alimentos con precios populares (MERCAL, Casas de Alimentación, Red PDVAL), donde se subvencionan los productos a la altura de un 30 %. El consumo de carne aumentó en un 75 % desde 1999; es por todo ello que la tasa de desnutrición pasó de un 21 % en 1998 a menos del 3 % en 2012. Según la FAO, Venezuela es el país de América Latina y del Caribe más avanzado en la erradicación del hambre.

Los efectos positivos de la Revolución Bolivariana también se sienten fuera de Venezuela. Más allá de la interesada crítica que la derecha pueda abrir al respecto indicando que "Chávez dilapidaba la entrada de petrodólares", no caben dudas que la solidaridad internacional como norma fue parte de la presencia venezolana en estos años. La empresa Petrocaribe, por ejemplo, permite a 18 países de América Latina y del Caribe, o sea 90 millones de personas, adquirir petróleo subvencionado a la altura del 40 % al 60 %, asegurando de ese modo su abastecimiento energético. Y la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América -el ALBA- entre Cuba y Venezuela, a la que posteriormente se fueron sumando otros países con gobiernos progresistas en la región, asentó las bases de una alianza integradora basada en la cooperación y la solidaridad, rechazando la injerencia de Washington y promoviendo una actitud de hermandad interregional. Fue por eso que ante la muerte de Chávez, Fidel Castro manifestó apesadumbrado: "Perdimos nuestro mejor amigo". De hecho Venezuela ofrece un apoyo directo al continente americano más importante que Estados Unidos. En 2007, el gobierno de la Revolución dedicó más de 8.800 millones de dólares a donaciones, financiamientos y ayuda energética contra sólo 3.000 millones otorgados por la Casa Blanca. Y más aún: brinda también ayuda a las comunidades desfavorecidas de Estados Unidos, proporcionándoles combustible con tarifas subvencionadas.

Fuera de las críticas que se puedan -y deban- hacer al nunca definido Socialismo del siglo XXI (más una consigna que una realidad concreta), sin dudas estos años dieron muestra de una definida vocación popular con el proceso que abrió Chávez. Quizá no fue la revolución socialista que se soñaba décadas atrás, en el marco de la Guerra Fría, cuando eran otras las esperanzas. Ahora, quizá, esas esperanzas siguen siendo las mismas, pero las formas han cambiado. Ante el retroceso fenomenal del campo popular a partir del triunfo omnímodo del gran capital que tuvo como símbolo la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, los discursos contestatarios salieron de escena. Por eso la llegada de un personaje como Hugo Chávez -un militar nacionalista- produjo tantas expectativas. Quizá años atrás, cuando tal como él mismo lo dijo en más de una oportunidad: "se dedicaba a perseguir guerrilleros en el monte", su figura no hubiera concitado la atención de la izquierda. Pero sin dudas su estilo y su proyecto ganaron amplias masas de población en Venezuela, y pasó a ser el personaje que fue.

III

Que fue polémico y contradictorio, no caben dudas. "Chávez, católico convencido, atribuye sus hados benéficos al escapulario de más de cien años que lleva desde niño, heredado de un bisabuelo materno, el coronel Pedro Pérez Delgado, que es uno de sus héroes tutelares", lo describió alguna vez Gabriel García Márquez. De todos modos para la derecha, tanto la de su país natal como para la internacional, su figura pasó a ser mala palabra, demonizada, aborrecida. Si es verdad que la CIA terminó inoculándole un cáncer, no es el punto (podría ser, ¿por qué no?); lo cierto es que representó el regreso de las ideas de socialismo que por años habían sido anatematizadas.

Esto, por supuesto, debe ser matizado. En el medio de la marea neoliberal y privatizadora que cruzó el globo en estos últimos años, volver a hablar de socialismo tuvo una importancia decisiva. En Venezuela no se está construyendo un modelo socialista, pero ante el triunfo tan virulento del capitalismo salvaje a escala planetaria, el proceso bolivariano (ante todo nacionalista, antiimperialista y con pretensiones de capitalismo con rostro humano, aunque no socialista) fue una bocanada de aire fresco, de esperanza. De todos modos, las injusticias estructurales permanecen. Permanecieron en los años de gobierno de Hugo Chávez, manteniendo el rentismo petrolero y la economía de mercado. "Cada devaluación nos echa en cara la gran dependencia estructural de nuestra economía de la renta del petróleo, pues nuestro aparato industrial, productivo, que está en manos de la burguesía, nunca ha podido convertirse en una verdadera fuente de riqueza. Si nuestra economía capitalista tuviera una seria y verdadera burguesía que se esmerara en ingeniarse la más eficiente combinación de los factores productivos para producir riqueza, entonces tendríamos una economía que, por un lado, no necesitaría importar la ingente cantidad de productos que requiere nuestra sociedad para cubrir sus necesidades y, por otro, tendríamos un aparato industrial que al generar cuantiosas riquezas le reportaría una importante porción de ingresos al Estado por concepto de pago de impuestos que irían a financiar el gasto público, como ocurre en la mayoría de las economías capitalistas que, a diferencia de la venezolana, no dependen de la renta internacional que genera un medio de producción no producido como lo es el petróleo. (...) Pero las preguntas que ahora debemos hacernos en nuestro proceso revolucionario hacia el socialismo, son más difíciles y complejas que antes: ¿seguiremos repitiendo la misma historia en el tratamiento paliativo de la enfermedad rentista de nuestra economía, de nuestra sociedad y de nuestra cultura? ¿Qué debemos hacer de forma distinta para enfrentar el rentismo petrolero ahora bajo las banderas del socialismo bolivariano? ¿Acaso seguirá intacto ese arremetimiento contra los más desposeídos que conlleva toda devaluación en Venezuela? ¿Frente a qué estamos?

¿Se trata de la transición de un capitalismo rentista a un socialismo rentístico? ¿Se puede hablar de socialismo rentista o es eso una gran contradicción?, se preguntaba Heiber Barreto Sánchez, preguntas que hacemos nuestras también. ¿Hacia un socialismo petrolero?

Que la Revolución Bolivariana es socialista y se plantea la expropiación de los medios de producción desde una plataforma revolucionaria con control obrero de la producción y milicias populares como garantía de la construcción del poder popular, tal vez no. En ese sentido está más cerca de lo que fue el movimiento peronista en Argentina que de la revolución cubana. La lucha de clases fue algo casi abominado en el discurso de Chávez y de la gran mayoría de funcionarios del proceso bolivariano. Desde la izquierda crítica, ello se indicó en infinidad de oportunidades: "Que la "Revolución Bolivariana" de socialista solo tiene el adjetivo puede decirlo, con conocimiento de causa, el acaudalado Wilmer Ruperti, capitán de la marina mercante hace apenas veinte años, convertido en el principal transportista naviero de Venezuela. O el teniente Arne Chacón, hermano de Jesse Chacón, ex ministro de relaciones interiores y ahora de telecomunicaciones. El teniente Chacón compró a crédito la mitad del Banco Baninvest, con su sueldo de oficial como único patrimonio. Y a propósito de bancos privados, éstos experimentan un crecimiento del 43 %, mientras el techo del sector industrial está por debajo del 10 %, según el Ministerio de Finanzas. Un reciente negocio muy lucrativo: los bonos de la deuda argentina, comprados por el gobierno de Chávez, fueron de inmediato puestos en mano de los bancos privados que percibieron ganancias máximas en el mercado internacional en un tiempo record", escribió un informado periodista que me pidió expresamente el anonimato. Es decir: el proceso que inauguró Hugo Chávez definitivamente abrió puertas, despertó esperanzas. Sin repetir los modelos del socialismo marxista clásico, levantó grandes expectativas para el campo popular; de hecho, a su modo populista y contradictorio (citando al mismo tiempo la Biblia y al Che Guevara) repartió la renta petrolera de su país de un modo muchísimo más equitativo a lo que nunca antes se había hecho en Venezuela. Las grandes mayorías, por siempre olvidadas y excluidas, comenzaron a sentirse partícipes de su destino, comenzaron a contar en la política de su país, fueron reconocidas como personas, pudieron entrar -esto vale como símbolo- por vez primera al Teatro Teresa Carreño (símbolo histórico del "buen gusto" de la aristocracia vernácula, donde jamás llegaba ningún "pobre").

Ahora bien: el proceso bolivariano empezó con Chávez, y en muy buena medida se mantuvo gracias a él. Retomamos entonces la pregunta que nos hacíamos más arriba: sin Chávez, ¿qué pasará ahora?

IV

Como mínimo podrían apuntarse tres escenarios.

Por un lado, la derecha política nacional -asesorada, financiada, adoctrinada y en muy buena parta dirigida por la Casa Blanca-, con el beneplácito de todas las fuerzas de derecha del mundo, ven ahora la posibilidad de golpear, dado que no está la figura aglutinadora de Chávez. Probablemente, más allá de la declaración formal, no estén esperando ganar las elecciones el 14 de abril. Rivalizar en las urnas hoy, a un mes de fallecido el comandante y con todo el peso espiritual que eso pueda significar, posiblemente no haga esperar a las fuerzas del MUD (Mesa de Unidad Democrática) un cómodo triunfo. O ni siquiera un triunfo. La posibilidad de planes desestabilizadores por parte de la CIA no hay que descartarlos. En círculos bolivarianos se llegó a hablar, por ejemplo, de un atentado del gobierno estadounidense (como operación secreta de inteligencia, obviamente) contra el candidato Capriles Radonski, para convertirlo en un mártir de la lucha antichavista y crear un clima de inestabilidad, de ingobernabilidad, en el entendido que "a río revuelto ganancia de pescadores". Más allá de lo cuestionable de este tipo de ideas, más cercanas a la ciencia-ficción y a visiones conspirativas/confabulacionistas, no son de descartar maniobras violentas promovidas desde los sectores más reaccionarios. De todos modos, el análisis de situación lleva a pensar que en esta justa electoral volverá a ganar el chavismo (ganará la imagen de Chávez, dicho en otros términos).

Si eventualmente ganara Capriles, es más que cantado el proceso de reversión de los logros obtenidos por la revolución. Es difícil precisar si, en tal caso, se desataría una cacería de brujas. Por supuesto que hay sectores en la derecha venezolana así como en Washington que alentarían políticas revanchistas. Esto es: un descabezamiento masivo de los avances del movimiento bolivariano. De momento puede decirse que eso no sería nada fácil para estos sectores conservadores y reaccionarios, porque existe un pueblo organizado y fervoroso defensor de lo que ya se incorporó como derechos propios, como batallas ganadas, y que no estaría dispuesto a perder. Además, hoy por hoy las Fuerzas Armadas juegan un papel de cierta garantía del proceso bolivariano. La imagen de Chávez es, sin dudas, un elemento que cohesiona a los militares venezolanos, y ya han dado muestra de su voluntad constitucionalista y, de algún modo, popular. Se podría decir que son Fuerzas Armadas al servicio de un proyecto antiimperialista y popular, ya no formadas en la lógica de la contrainsurgencia y la Doctrina de Seguridad Nacional como sucedió años atrás con todos los militares latinoamericanos, en el medio de la Guerra Fría.

Ahora bien: si se considera que perdiendo Maduro y el PSUV las próximas elecciones la revolución podría revertirse, eso deja ver una debilidad estructural altamente preocupante: un proceso revolucionario que intenta transformar de raíz una sociedad no puede asentarse solamente en este mecanismo de las democracias formales. ¿Puede hacerse realmente un cambio con los mismos instrumentos que se denuncian, a los que se combate? La revolución socialista está llamada a superar la estrechez de las democracias representativas del libre mercado. ¿Qué hay, si no, "con la construcción y fortalecimiento del Poder Popular como único medio para hacer la revolución bolivariana socialista en Venezuela" que se proclamaba más arriba? De todos modos, sabiendo de lo limitado de esta forma, es imprescindible para mantener lo avanzado en estos años lograr el triunfo de Nicolás Maduro en las urnas este 14 de abril. Si no, el proceso en curso muy probablemente pueda venirse abajo. Si gana el candidato de la derecha, ¿quién garantizaría la continuidad de la revolución: el chavismo como oposición parlamentaria en la Asamblea Nacional, las Fuerzas Armadas, el pueblo organizado en el PSUV? Este partido, fuera de sus rimbombantes cartas de presentación, no constituye en modo alguno una vanguardia, no es una herramienta revolucionaria realmente reconocida por las masas. Más allá de las encendidas declaraciones (que tienen más de pirotecnia verbal que de hechos sociales concretos) que "todos somos Chávez", ¿está realmente el pueblo organizado para defender -armas en la mano quizá- la revolución?

Como se decía más arriba, la derecha política sabe que es muy difícil un triunfo en estas elecciones. Para su visión, retratada en lo que un economista como Ángel García Banchs puede expresar, en buena medida se espera un derrumbe del proceso. Su pronóstico post elecciones es "Una devaluación (oficial o ingeniada) del bolívar, no menor a un 40-50%; mayor escasez de divisas y bienes; mayor inflación, sobre todo por la devaluación y los ajustes de precios rezagados; recortes del gasto público y, en particular, del "gasto social" y la Misión Vivienda, la cual poco a poco desaparecería, al ser fiscalmente insostenible; una caída del poder de compra del salario respecto a la canasta de bienes nacionales y la de bienes importados; contracción del consumo, en la inversión pública y privada y, por tanto, también, del producto y el empleo nacional; incremento de la morosidad de la banca, y una contracción real del crédito bancario, y de las ganancias del sector; un mayor malestar social; un alza del endeudamiento en bolívares y divisas y un incremento considerable de los desembolsos para el pago de deuda vieja; una enorme conflictividad económica, política y social; protestas frecuentes contra el gobierno, sobre todo del sector del chavismo chantajeado por promesas incumplidas, viviendas no construidas, asignaciones/misiones disminuidas, la inflación, la escasez, el desempleo y menores ingresos reales; un empeoramiento de la crisis de bienes públicos (la inseguridad, salud, educación, crisis eléctrica, etc.)". Más allá de la saña visceral ("odio de clase", se podría decir) con que algunos esperan este agorero panorama, es real que la economía presenta problemas estructurales que, sea quien fuere el ganador este 14 de abril, habrá que considerar seriamente. Las devaluaciones nunca son buena noticia para los bolsillos populares.

En la eventualidad de una derrota electoral del movimiento bolivariano en estas elecciones, es más probable que se marche hacia una sociedad polarizada, divida tajantemente entre "chavistas" y "antichavistas" (¿no hace recordar eso a la división "peronistas" y "antiperonistas" de la Argentina?), donde difícilmente se puedan profundizar los logros del gobierno de Chávez, creándose un dinámica de fuerte conflictividad. Si eso lleva a una guerra civil es imposible predecirlo ahora; pero no es descartable.

Otro escenario, quizá el que buena parte de la izquierda desearía, es la profundización de la organización popular de base, con una radicalización socialista de las medidas iniciadas por Chávez en sus años de gobierno, poniendo al rojo vivo la lucha de clases y logrando finalmente el nacimiento de un proyecto socialista más claro. Esto implicaría el retroceso de la así llamada boliburguesía dentro del aparato chavista, con el triunfo de los sectores populares más a la izquierda y el alejamiento de todos los cuadros con pensamiento y actitudes capitalistas, disfrazados de izquierda con una fachada populista, que son en realidad quienes hace tiempo vienen gestionando el proceso a la sombra de Chávez. Esto implicaría quizá dejar de ser la "revolución bonita", pacífica y sin enfrentamientos, para abrir un proceso de aceleración de marcha hacia el socialismo. Este, de todos modos, es el escenario menos posible. La revolución hace buen tiempo ha perdido el empuje de los primeros años. Llenar plazas con miles y miles de simpatizantes con franelas rojas no es, necesariamente, la revolución. Son actos masivos, sin dudas, multitudinarios, de gente que agradece a su líder -y por quien lloró desconsoladamente su muerte- pero que no significan aún la nueva sociedad. El verdadero Poder Popular, con una dirigencia colectiva ya no centrada en la figura omnímoda de una sola persona, sería lo único que puede afianzar la Revolución Bolivariana, aunque este es el escenario menos posible. Ya en vida de Chávez ese viraje y profundización parece haber quedado descartado. Con Maduro en la presidencia se abre el interrogante de cómo evolucionará el proceso.

El tercer escenario, y que lamentablemente se ve como más posible, es el del avance de la que se dio en llamar la "derecha endógena". Es difícil saber con exactitud el grado de confrontación en la interna del movimiento bolivariano. Por supuesto, ello no se hace evidente ahora, o no de un modo escandaloso al menos. Está claro que los sectores más a la izquierda han ido perdiendo presencia en la estructura gubernamental, y por cómo se ve el panorama, difícilmente puedan recuperar terreno, y mucho menos imponerse, tanto en la dirección del Estado como del PSUV. En este momento está clara la jugada con el actual presidente encargado, pues aparece como candidato de unidad que representa a todas las fuerzas chavistas. Maduro, seguramente habiéndose negociado cuotas de poder entre bambalinas en las filas de la dirección del PSUV y a quien se va a apoyar masivamente ahora, pues así lo decidió Chávez en vida y por lo tanto es la mejor garantía de triunfo en las urnas, no es el comandante. Ello significa que, de ganar y quedar como presidente constitucional, deberá seguir defendiéndose de los ataques de la derecha tradicional y de Washington; pero también está en el medio del estamento de "nuevos ricos" que fueron secuestrando el proceso (¿Chávez no lo sabía? Eso es difícil de creer...) Esos sectores de "empresarios bolivarianos", de burócratas de profesión, el "partido militar" y todo lo que representa este movimiento nacionalista de socialismo petrolero llamado Revolución Bolivariana, parece el sector más preparado para tomar la estafeta.

Es más fácil creer que el proceso pueda encaminarse en lo político hacia una Argentina peronista (más populista que popular, sin tocar los resortes básicos de la propiedad, y con interminables pugnas internas dentro del movimiento peronista), o una Nicaragua danielista (es decir: con un sector de empresarios sandinistas que mantienen un discurso presuntamente confrontativo con el imperio en términos políticos, pero cobrando los beneficios económicos de la tristemente célebre "piñata" post derrota electoral en 1990), que hacia un proyecto de transformación revolucionaria, de profundización de las expropiaciones y de construcción de alternativas reales de democracia de base.

Por supuesto que ahora la mejor noticia sería el triunfo de Nicolás Maduro, con el más amplio margen sobre su contrincante Henrique Capriles. De ganar, la tendencia que ha llevado el proceso bolivariano hace pensar como más posible un capitalismo con bastantes beneficios a través de programas sociales (más cercanos al asistencialismo que a la opción socialista de poder popular) que a una depuración de cuadros "boliburgueses" y una radicalización hacia la izquierda.

De todos modos, alienta saber que el pueblo venezolano ya despertó y abrió los ojos. Fue ese pueblo el primero en reaccionar a los planes de capitalismo salvaje que tejieron los organismos financieros internacionales, cuando aquella histórica reacción de 1989 llamada Caracazo. Fue ese mismo pueblo el que se movilizó en forma espontánea para rescatar a su líder cuando la intentona de golpe de Estado contra Chávez en abril de 1992; y fue también ese mismo pueblo el que superó dos paros petroleros impuestos por la derecha internacional, evitando el colapso del país. La derecha que maneja el Partido Socialista Unido de Venezuela, más allá de un discurso de compromiso y un disfraz de presunto revolucionarismo, no pareciera tener ideales socialistas. ¿Los tendrá el pueblo, ese que se sintió conmovido por la partida de su adorado conductor? Esperemos que sí. Ahí está la única garantía de poder seguir dándole vida a un proyecto de transformación real Desde Latinoamérica confiamos que así sea, y en lo que se pueda, daremos nuestro granito de arena.

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Venezuela. Para avanzar en Revolución: Votar y luchar

Edwin Sambrano Vidal (especial para ARGENPRESS.info)

En este día electoral llamamos a votar y prepararnos para luchar, para seguir luchando. Sólo los sectarios y fanáticos, enceguecidos por la prédica de la idolatría y la obediencia, los cómodos y flojos, individualistas redomados, y los que tienen en la corrupción una veta para la vida fácil o el enriquecimiento a costa de las calamidades sociales, no ven la realidad socio-económica y política de la Venezuela actual.

Ven, oyen y sienten sólo lo que quieren.

No ven, no oyen, no sienten; o no quieren ver, oír o sentir; los inmensos y graves problemas ni sus profundas raíces. Las soluciones intentadas se han basado, más o menos en superficialidades, sin mayor esfuerzo de transformación y de construcción social. La distribución de la renta petrolera sin desarrollo de capacidades productivas nacionales ha hecho más dependiente a la economía venezolana y, a la vez, ha deformado la cultura social y laboral. Sacar el petróleo, envasarlo, transportarlo y entregarlo a las grandes potencias a cambio de la moneda convertible más conveniente es una tarea bastante primitiva, minera, que no requiere desarrollo industrial ni el empleo de mucha gente. En consecuencia se genera la ficción de un país rico, capaz de producir lo que necesitan sus habitantes para vivir. Bastaría con distribuir mejor esa renta para que seamos felices todos. Este ha sido el erróneo axioma que los gobernantes han puesto en práctica, unos más otros menos, durante casi un siglo.

La publicidad instrumento de falsificación de la conciencia.

La publicidad incesante y falsificadora cumple la función de ocultar los graves e inmensos problemas y de promover mágicas soluciones que sólo dependen de la voluntad y esa voluntad se resume en el voto (la voluntad popular y la soberanía del pueblo) que se pide y se induce para alcanzar con él la potestad de administrar la riqueza y de allí a la riqueza personal de los administradores, socios y cómplices sólo hay un paso. Es una operación de alienación política, de despojo de la voluntad y de falsificación de la conciencia. Es una falsa conciencia la que se tiene y ella conduce a la mayor parte de la colectividad a creer que sólo con el voto se solucionan los problemas, olvidando que ha sido una sucesión engañosa.

Riqueza y Poder a la vera del Gobierno

La madeja de intereses envueltos en la administración de la renta petrolera de los bienes y empresas públicas es verdaderamente compleja. Está llena de codicia e intereses particulares, comenzando por los gobernantes, sus familiares y amigos. Sus aduladores y compañeritos (as) de partido. Todos ellos constituyen una especie de clan, grupo o séquito que está en la primera fila para satisfacer sus particulares y singulares intereses, necesidades y deseos. El primero de ellos es acomodarse (enriquecerse a costilla del trabajo y generalmente, de las privaciones de los demás) y tener poder (decidir con autonomía sobre la su propia conducta y la de los demás) que concentre en su propia voluntad la voluntad de los demás, sin los desagradables controles y exigencias del resto de la población. En esta perspectiva truculenta poco importan las capacidades y el conocimiento, sólo valen la obediencia, la incondicionalidad y la complicidad.

Debemos acompañar nuestro voto con la participación y la lucha.

Somos una REPUBLICA, no un reino, ni una iglesia o un clan. Eso implica, entre otras cosas, la participación efectiva de los ciudadanos en la vida pública, en las decisiones, en la elección de los gobernantes y representantes populares, sin ventajismo ni fraudes; en el factible control de la conducta de tales gobernantes y representantes con opción a una asequible revocación de su mandato, en la existencia de derechos y garantías que deben ser respetado y cumplidos. Es común el incumplimiento de las promesas electorales representado en la frase “más falso que candidato en campaña”. Debemos prepararnos para afrontar la realidad y luchar. Los gobernantes han sido incapaces de dar solución a los problemas económicos y sociales, sin que haya cambiado s u s t a n c i a l m e n t e, la manera de ejercer el poder. El poder sigue concentrado, y ahora más, en la presidencia de la República y en el Ejecutivo. Los trabajadores, campesinos y los sectores medios siguen padeciendo condiciones de vida que no se corresponden con las fabulosas sumas de divisas ingresadas al país

Obligaciones urgentes del nuevo gobierno.

El Gobierno que surja de estas elecciones, entre otras cosas, debe: 1) Transferir poder hacia la colectividad reconociendo y dialogando con las distintas organizaciones de la colectividad, 2) Promover la proporcionalidad electoral para que haya una mejor y mayor representatividad, 3) Desterrar el ventajismo y el uso de los recursos públicos al servicio de una parcialidad, que es la expresión más brutal de la injusticia, 4) Respetar y fortalecer los derechos de los trabajadores comenzando con la libertad sindical y el derecho de huelga, que se encuentran cercenados, 5) Respetar todos los derechos de los ciudadanos, garantizando de inicio la seguridad personal y jurídica, 6) Proteger la estabilidad de los funcionarios públicos y regularizar los empleados en las misiones, 7) Abrir los medios de comunicación en poder del Estado a todos los sectores de la comunidad y especialmente a los trabajadores, 8) Suprimir el intervencionismo en el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General, 9) Facilitar el proceso de revocación del mandato, 10) Castigar e impedir la corrupción, comenzando por los que saquearon las divisas.

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Argentina: El derecho a la energía y a los bienes comunes

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Es increíble lo que ocurre. El gobierno anuncia el congelamiento de precios de los combustibles por 6 meses, desde abril a octubre y en el mismo día YPF “adecua” sus precios a los máximos permitidos. De hecho un incremento del 7% promedio en el país, que en algunos casos alcanza al 10%. Lo real es que el gobierno legitima a la transnacional Shell que aumentó previamente los precios y resuelve un colchón de ganancias ante el anuncio actual de la Secretaría de Comercio. Es evidente que la estatización parcial de YPF no alcanza para manejar el mercado, ya que la gestión estatal apenas alcanza a un tercio del negocio petrolero, que sigue en manos de transnacionales.

No solo eso, sino que en aras del autoabastecimiento, YPF avanza en negociaciones con CHEVRON, una empresa monopólica demandada por 30.000 familias de pueblos originarios del Ecuador por depredación de la naturaleza entre 1965 y 1990. La demanda es por 19.000 millones de dólares. El asunto es que YPF necesita la tecnología de Chevron, la fractura hidr.áulica, para extraer gas y petróleo no convencional e intentar resolver el déficit de hidrocarburos de la Argentina, al parecer, a cualquier costo, ya que las denuncias de contaminación por esa tecnología se extiende en todo el mundo, especialmente en EEUU. En Argentina se destaca el movimiento popular en la Provincia de Entre Ríos y la resolución del Concejo Deliberante de Cinco Saltos que insistió ante el veto de la intendente alineada con el ejecutivo nacional, para declarar a la zona libre del fracking (fractura hidráulica). En rigor, Argentina sufre déficit energético, que significa importaciones por 10.000 millones de dólares anuales en estos últimos años, el equivalente del superávit comercial anual de la Argentina. Es una situación agravada con la explosión sufrida en Ensenada el 2 de abril, a propósito de las inundaciones, que afecta la capacidad de auto abastecimiento y hace presumir un crecimiento de la factura de importación de combustibles líquidos para el presente año y los próximos inmediatos.
El problema es la mercantilización de la energía, utilizada como insumo estratégico para un modelo productivo y de desarrollo sustentado en la super explotación de la fuerza de trabajo y la depredación de los recursos naturales. Es la soja, la mega-minería y la industria de ensamble. Es el conjunto de una política que reproduce la extranjerización y transnacionalización de la economía capitalista argentina. Es la exportación de tierra, nutrientes, agua, minerales y recursos de la naturaleza, los bienes comunes de la actual y futura generación de argentinas y argentinos. Es la mercantilización del agua, de la tierra y todos los bienes comunes. Más que nunca necesitamos des-mercantilizar nuestras relaciones sociales de producción. Debemos luchar por el derecho a la producción que satisfaga las necesidades populares, que asocie la producción en la Argentina a la soberanía alimentaria en Nuestramérica y los pueblos del mundo; a la soberanía energética asumiendo el planteo de Petroamérica que oportunamente hiciera
Hugo Chávez a los países de la región; a la soberanía financiera para denunciar el CIADI, como Venezuela, Bolivia o Ecuador, avanzando en un Banco del Sur que utilice las reservas internacionales cuantiososas de nuestros países para un desarrollo alternativo que coloque por delante la satisfacción de las necesidades de nuestros pueblos. La consulta popular por los bienes comunes supone construir el sujeto político necesario para instalar el programa de la des-mercantilización, para recuperar nuestros derechos, a los bienes comunes, al conocimiento, a la educación, a la salud, a la tierra, al agua, al petróleo y al gas, a la energía. Necesitamos ser millones para frenar al capitalismo que en crisis exacerba la ofensiva del capital contra el trabajo y por la desposesión de los pueblos sobre los bienes comunes. Ellos luchan por hacer que todo sea una mercancía. Nosotros luchamos, en sentido integral, por los derechos humanos. Por eso la consulta, para que el nunca más alcance al poder, a las clases dominantes, al capitalismo, y hagamos realidad una sociedad emancipada, anti capitalista y por el socialismo.

Julio C. Gambina es Director del Centro de Estudios de la FJA. Integrante de la Dirección del Instituto de Estudios y Formación de la CTA.

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El debate por la Reforma Judicial: "Es imposible una justicia democrática en medio de la desigualdad social"

Carlos Ordoñez (FJA – ACTA)

"El debate por la necesaria reforma judicial se ha puesto nuevamente en la agenda política y mediática de manos del intento encabezado por el Ejecutivo Nacional y expresado en el discurso presidencial en el inicio de las Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional".

"La Federación Judicial Argentina (FJA-CTA) lleva décadas propugnando el tema y trabajando propuestas para esta esperada reforma que no puede ser fruto de un “manijazo” sino de un proceso político con amplia participación donde el pueblo sea protagonista.

El sistema judicial no es algo que está al margen del resto de la sociedad. El modelo de justicia es inseparable del modelo de sociedad a la que pertenece. No es posible imaginar una justicia democrática en un sistema antidemocrático, como tampoco es factible una justicia democrática en una sociedad marcada por la división de clase, la desigualdad social, económica, cultural y política.

Esas afirmaciones, que para algunos pueden parecer una verdad de Perogrullo, no son sin embargo el sentido común dominante y mucho menos parecen ser el pensamiento oficial ni de la mayoría de los sectores que se dicen opositores. Por el contrario, en algunos planteos actuales acerca de la democratización de la Justicia domina la idea de que puede discutirse esa democratización con independencia de discutir cómo funciona el poder en general en nuestro país. Así que vale la pena dejarlo claro de entrada: justicia democrática sólo en un sistema verdaderamente democrático.

Ese vínculo indisoluble significa que la cuestión de una justicia democrática requiere plantearse simultáneamente las condiciones generales de funcionamiento de la sociedad, tanto en lo político como en lo social, económico y cultural.

Este enfoque global del problema judicial no significa esquivar el análisis de lo específicamente judicial. Podemos y debemos hacer planteos muy concretos en este tema. Y los trabajadores, entre ellos los judiciales, tenemos mucho para decir al respecto. Pero es una trampa enorme creer que se puede avanzar en esa dirección sin plantearnos en qué sociedad estamos y qué sociedad se corresponde con un sistema judicial coherente con los intereses populares.

Un poco de historia

La ahora tan mentada democratización de la Justicia es, en realidad, una vieja bandera de los sectores populares, que se planteó con intensidad al comienzo mismo de la actual etapa constitucional, que pronto cumplirá 30 años. Por aquel entonces, el Poder Judicial apareció en la nueva escena democrática prácticamente intocado. Es decir, se retiraba una dictadura cívico militar, que había instaurado el terrorismo de Estado y para lo cual necesitó indispensablemente de una justicia no solo cómplice sino partícipe necesaria del sistema represivo como garante de la impunidad, y, paradójicamente, casi nada cambiaría en el sistema judicial a partir de ese 10 de diciembre de 1983, cuando asumió la presidencia el doctor Raúl Alfonsín. Con excepción de algunos magistrados del fuero federal criminal, especialmente la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que luego se avocaría al juicio a las juntas, casi nada cambió.

Incluso, un año después del retorno a la Constitución, la Asociación de Abogados de Buenos Aires llamaba la atención sobre esa inmutabilidad del Poder Judicial al señalar que prácticamente el 93 por ciento de los jueces eran los mismos que durante la dictadura.

El tema no es menor por varios motivos. El sistema judicial había sido una pieza esencial del aparato terrorista, en tanto esterilizaba toda tentativa de investigación (cajoneando los habeas corpus, rechazándolos y negándose a investigar, trucando adopciones de hijos de desaparecidos, autorizando entierros clandestinos NN, etc.) y a la vez servía como fachada de legalidad a la dictadura.

Asímismo, el sistema judicial había convalidado todo el plexo jurídico normativo del llamado “Proceso”, desde la superioridad de las actas dictadas por la Junta respecto de la Constitución Nacional, hasta la confirmación de todos y cada uno de los dictados de dicha máxima instancia dictatorial en relación a los más vastos temas concernientes a la economía y la sociedad.

Con los años, aquello cambió poco y nada, más por acción del transcurso del tiempo que promovía jubilaciones y retiros que por una política de depuración y transformación del sistema judicial. Por el contrario, si algo cambiaría iba a ser de la mano de las reformas de tercera y cuarta generación promovidas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco de la ofensiva neoliberal. Los pasos que se iban a dar en ese marco tienen mucho que ver con la cuestión que ahora se pone sobre la mesa. Porque las medidas que se tomaron en ese proceso tuvieron que ver con adecuar el sistema judicial más ajustadamente a las necesidades de un modelo social, político, económico y cultural del capitalismo más salvaje que conoció nuestro país.

Los sistemas de mediación privada, otras formas de tercerización de la justicia, la paulatina destrucción del fuero laboral, la cooptación de magistrados entrenados en los foros de las grandes corporaciones económicas y entidades financieras internacionales, fueron esenciales también para el funcionamiento del modelo que se profundizaría en la etapa menemista.

¿Cómo si no iban a lograr que se aprobaran sentencias que avalaban la precarización del trabajo, la quita de derechos laborales, la libertad de circulación de los capitales especulativos, la destrucción del sistema jubilatorio, las privatizaciones masivas y otras miles de medidas adoptadas por entonces? Fue así que surgió, incluso, una justicia eficiente (al contrario de la eterna idea de que el problema es la ineficiencia) para asegurar juicios rápidos cuando están en juego intereses de las multinacionales, por ejemplo. En todo caso, la “ineficiencia” era para tratar los derechos de los trabajadores, o para analizar las demandas que planteaban la ilegitimidad del pago de la deuda externa, etc. Pero, en realidad, no es ineficiencia sino eficacia funcional en relación con un modelo.

Un sistema judicial funcional al capitalismo salvaje

Aquella funcionalidad del sistema judicial en relación con el modelo capitalista salvaje es lo que quedó al desnudo durante la crisis del 2001. Por primera vez en la historia argentina, el “que se vayan todos” abarcó al propio sistema judicial, en particular a la Corte Suprema de Justicia, que fue señalada por un enorme movimiento popular que impulsó, en las puertas mismas del Palacio de Justicia de la Nación, la remoción total de la Corte menemista.

De algún modo, el Presidente Néstor Kirchner se hizo eco de esa demanda popular cuando, en sus primeros meses de gobierno, amagó con el juicio político, logró con eso renuncias de cortesanos, e impulsó luego su reemplazo con figuras que aparecieron más potables a los ojos de la gente. Asímismo, le dio un marco de transparencia y cierta participación popular a esa sustitución, que iba en paralelo a lo que podría llamarse por entonces un reclamo democratizador del sistema judicial.

Pero la cuestión, en su esencia, se quedó allí. Podría decirse, al principio, que “no era poco para empezar”. En efecto. El problema no fue el comienzo sino todo lo que se hizo en materia de democratización. Y para ser todo es demasiado poco. Y para colmo, como se vio por ejemplo en las manipulaciones oficiales dentro del Consejo de la Magistratura de la Nación, en la política kirchnerista de designación de jueces, etc., lo que se había hecho bien quedó totalmente desmerecido.

La nueva propuesta oficial

¿Esta nueva ofensiva oficial “por la democratización” no es un reconocimiento de que faltaba mucho más? ¿Por qué se detuvo el ímpetu que depuró parcialmente a la Corte Suprema de los elementos más reaccionarios? ¿Por qué se volvió tan rápidamente a la elección de jueces a dedo o a las presiones indirectas sobre los jueces que tienen competencia en temas que preocupaban al gobierno, o, como contrapartida, a la ayuda “solidaria” del juez amigo? ¿Por qué se asegura que ahora sí, y se anuncia el retorno al camino de la democratización que se abandonó tan rápido como había empezado?

Responder a estas preguntas no es sencillo y podría dar para una especulación, quizá demasiado subjetiva para algunos. Sin embargo, es necesario planteárselas, tratando de basarse en los hechos, y extraer conclusiones.

Porque, desde ya que estamos de acuerdo con que hay que contar con una Justicia para la democracia. Pero, ¿es a eso a lo que apunta el gobierno? ¿Las medidas anunciadas por la Presidenta apuntan en esa dirección? ¿Qué nos dice el análisis de esos anuncios más allá de que todavía no conocemos los proyectos de ley que deberán plasmarlos? Y, también, por qué no: ¿qué nos dice lo que la Presidenta no dice, lo que calla, lo que silencia? Lo que no se habla es tan significativo como aquello que se anuncia.

Sin duda, el proceso de elección de los magistrados es una cuestión clave. Diríamos también que los de la evaluación de sus funciones y los de la eventual remoción, también. Eso tiene un aspecto procesal y otro sustancial. El procesal tiene que ver con quiénes eligen a los jueces y cómo. Si a eso se contesta: el pueblo por elección de un Consejo de la Magistratura, estamos de acuerdo, aunque no es la única fórmula y, si nos ponemos en serio a debatir el tema, quizás haya fórmulas mejores.

Hay distintas formas de llevar a la práctica la capacidad de decisión popular en materia de composición del poder judicial. Pero partamos de acordar que todo lo que aumente la participación y la capacidad del pueblo en materia de poder decisorio en relación a la composición del poder judicial es bienvenido. Y cabe recordar que, desde la Federación Judicial Argentina, desde la CTA, es lo que venimos planteando y exigiendo desde hace muchos años.

Ahora bien, si queremos tomar el toro por las astas, como quien dice, hay que plantearse también un problema tanto o más complejo que el de la votación popular. Así como se plantea quién elige, también hay que plantearse a quién se elige: ¿quiénes pueden y deben ser jueces? ¿Qué tipo de juez se corresponde con la democracia? De esto no habló la presidenta, y sin embargo, nos parece un tema fundamental.

Así como hay un tipo de profesional agrónomo para un tipo de producción agrícola, así como hay un médico que se corresponde con los problemas de salud de una determinada población en un punto geográfico preciso, y todo ello tiene que ver con un determinado modelo de país, también hay un tipo de juez, que debe ser formado para un modelo de país democrático. La hegemonía tradicional que ejercen sectores conservadores, reaccionarios y liberales en las facultades de derecho es un tema que tiene que ver con la democratización de la justicia. Es un tema ideológico y cultural. ¿O creemos que es casualidad que durante los golpes de Estado el poder que menos necesitan cambiar los dictadores es el Judicial? Aquí hay un asunto que va a las raíces de una verdadera democratización.

En consecuencia, correlativamente con esa posibilidad de decidir del pueblo, es necesario plantearse una ofensiva todavía más profunda que tiene que ver con lo sustancial, con la subjetividad, con la currícula de las facultades de Derecho, con los contenidos de la formación judicial en general, con las incompatibilidades indispensables a tener en cuenta (¿no está en nuestra normativa la idea de que los funcionarios de la dictadura no pueden serlo de un gobierno constitucional? ¿Y qué hay de los jueces? ¿Qué hay del doctor Eugenio Zaffaroni, por ejemplo, que integró el poder judicial durante el terrorismo de Estado?

Pérdidas y ganancias

Sigamos. Sin duda que avalamos el planteo de que los jueces paguen impuestos como todos los demás. ¿Criticamos que ellos no se excusen al momento de decidir sobre ellos mismos y se transformen en juez y parte? Ahora, otra cuestión muy distinta es la discusión sobre este nefasto impuesto a las ganancias, que se impone a todos los trabajadores, que no es un impuesto a las ganancias, sino al salario (y el salario no es ganancia), y que si no aclaramos esto, terminamos por confundirlo todo. Que los jueces, entonces, paguen impuestos, pero que se elimine el llamado impuesto a las ganancias que afecta a los trabajadores y que se sustituya por impuesto a los altos ingresos, y que en ese marco paguen los magistrados, los legisladores, los jerarcas de la administración pública y los ejecutivos de las empresas.

Porque en este planteo de que los jueces paguen ganancias, se deja en el camino la discusión más importante que debería ser la configuración de un sistema impositivo equitativo. Ya que tenemos uno de los sistemas impositivos más inequitativos del planeta. Empezando por este impuesto a las ganancias. Digámoslo de entrada: es un impuesto antidemocrático y antipopular. Entonces: ¿cómo se democratiza la Justicia con leyes impositivas antidemocráticas? ¿Realmente puede pensarse que estos temas no tienen relación alguna?

Lo que queremos decir es que con un análisis más fino podemos llegar a ver cuál es la direccionalidad real, las verdaderas intenciones democráticas del oficialismo, o descubrir que sólo se trata de un planteo oportunista, que se queda en las puertas del problema, que se utiliza como bandera circunstancial para enemigos circunstanciales, pero que no llevan a ninguna democracia real.

Circunstancial, sí. O si no veamos: ¿nos quieren decir que este sistema judicial que lleva 30 años siendo el Poder Judicial de la “democracia” no tiene nada que ver con el sistema político en general, que esta Justicia nació de un repollo, que se autoincubó, que lo heredamos de la dictadura? Treinta años es mucho como para hablar de que el problema judicial se debe solamente a la corporación judicial. Y también diez años de gobiernos kirchneristas es mucho como para hacer hoy un discurso de recién llegados a la política. Todos los gobiernos que tuvimos desde hace treinta años tienen responsabilidad directa; es más: son los principales responsables de la Justicia que tenemos.

Lo que tampoco dice el discurso oficial

Además, el sistema judicial no es todo el problema de una justicia democrática. Los mejores jueces que dictan sentencias favorables a los jubilados que el Poder Ejecutivo no cumple, los mejores jueces de un fuero laboral que se ve atacado con políticas oficiales que llevan a su destrucción, los mejores jueces que dictan sentencia para recuperación de los que delinquen pero que los encierran en cárceles que los Ejecutivos nacionales y provinciales mantienen en pésimas condiciones condenándolos a su exterminio, demuestran que el problema de una justicia democrática no tiene que ver solamente con el Poder Judicial sino con todo el poder. ¿Por qué hay justicia más antidemocrática que aquella que dicta fallos justos que no se pueden cumplir porque el Ejecutivo simplemente dice que no quiere?

Lo que no dijo la Presidenta, entonces, completa (aunque no totalmente) la materia a analizar. Que la Presidenta no haya dicho que cumplirá las sentencias que garantizan la movilidad de las jubilaciones, que garantizan niveles remuneratorios adecuados, un índice de inflación real que ponga en evidencia la desactualización monetaria de los presupuestos judiciales como así también de los salarios de sus trabajadores, entre una lista innumerable de cuestiones, revela, a juzgar por el pasado, que la mentada democratización oficial puede ser solo un slogan. Una bandera más que se le pretende arrancar al pueblo para ensuciarla.

Pero, démosle una oportunidad la cuestión. Ahora que desde la máxima instancia se da permiso para hablar de la democratización de la que nosotros hablamos siempre, no nos vamos a poner en pesados.

Esperemos que a los proyectos anunciados se sumen medidas que acaben con la tercerización de los servicios de justicia, como la mediación, que encarecen el acceso popular a la Justicia. Que se vuelva a fortalecer el fuero laboral, que se revean los programas de estudio en las facultades de derechos y en las academias jurídicas de grado, post grado, que se amplíe la participación popular y la capacidad de decisión popular en materia judicial, que se garantice a los trabajadores judiciales el derecho a la negociación colectiva, que hasta ahora le es negado por los Magistrados y por el Poder Ejecutivo y Legislativo de la Nación y de la mayoría de las provincias (¿o se imaginan una justicia democrática que garantice ese derecho para todos los trabajadores menos los propios del Poder Judicial?). En fin, el menú es extenso. Porque el problema de la democratización no es cuestión de tres leyes. Lo que está en cuestión es un sistema.

No hay un sistema judicial que garantice la igualdad de derechos cuando el sistema social se basa en la desigualdad, en las diferencias de clase, en la explotación. ¿O alguien imagina un juez que condene la desigualdad económica fundada en la apropiación capitalista del valor creado por el trabajo? La Justicia no es una isla.

Democratizar, entonces, es una cuestión que concierne a todo el sistema político argentino.

Menú democrático

La lista de medidas para la democratización que se anhela de algún modo puede deducirse de lo que ya expusimos. Pero hagamos un punteo de algunas cuestiones clave:

* Garantizar una efectiva independencia de la justicia de los poderes políticos, de los partidos políticos y, también, especialmente, de los lobbies y corporaciones que representan al poder económico;

* Incrementar sustancialmente todos los mecanismos de participación popular, tanto en los procesos de selección y remoción de los jueces cuanto en las decisiones que se adoptan. A nadie escapa que la Justicia cumple un papel fundamental en la determinación de la verdad dentro de una sociedad;

* Esa verdad no es una competencia solo de eruditos en derecho y jurisprudencia sino que se vincula con perspectivas de clase y de intereses de muy diversa índole: la participación popular en la determinación de la verdad (veredictos) y sentencias es entonces una cuestión esencial para la democratización, en tanto democracia implica gobierno y justicia del pueblo;

* Integrar los consejos de la magistratura con participación popular y de los trabajadores, los juicios por jurados, y todos aquellos mecanismos que implique garantizar la participación del pueblo en la elección y remoción de los magistrados como el directo involucramiento de los vecinos y ciudadanos en los procedimientos, excluyendo definitivamente trenzas corporativas y contubernios políticos;

* Impulsar una profunda reforma judicial que establezca un modelo de Justicia sobre la base de la decisión soberana de los ciudadanos, eliminando las huellas y continuidades de los ‘90, verificadas en las tercerizaciones, el trabajo flexible, etc. Reforma que sin lugar a dudas debe estar en contraposición con los dictamen del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos financieros, responsables de las modificaciones neoliberales;

* Asegurar la transparencia de los procesos judiciales, otorgando a los mismos la mayor publicidad posible, no sólo en relación a las sentencias sino también en relación con los procesos de formación de la decisión judicial;

* Establecer la caducidad de los cargos de la magistratura por el transcurso de un plazo prudencial;

* Asegurar el derecho a la negociación colectiva y las convenciones paritarias entre los trabajadores judiciales y las patronales, como forma de democratizar las relaciones laborales en el interior del Poder Judicial.

* Garantizar el efectivo acceso a la Justicia por parte de todos los ciudadanos y habitantes del territorio de la Nación; en este sentido, la total gratuidad del procedimiento, la proximidad de los tribunales de todos los ciudadanos, el asesoramiento gratuito, son algunas de las garantías de una justicia democrática.

* Efectuar un arduo trabajo en relación a la formación y selección de los magistrados y trabajadores judiciales en general sobre la base de principios democráticos. Por ejemplo, los contenidos en la formación de los jueces, los programas de estudio de las facultades de derechos, los criterios académicos y profesionales en la valorización del currículum de los futuros magistrados (introduciendo, por ejemplo, exclusiones respecto de quienes hayan defendido intereses económicos multinacionales o extranjeros y destacando aquellos que hayan estado en la defensa de los derechos de los trabajadores y los derechos humanos)".

Carlos Ordoñez es Secretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA).

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La lucha por un Estado laico

OTRAS VOCES - LA RETAGUARDIA

La doctora Analía Mas, abogada de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) y de la Mesa Nacional Por La Igualdad, se refirió a la lucha judicial entablada en la Ciudad de Buenos Aires para frenar la presencia obligatoria de capellanes en los hospitales, entre otras circunstancias donde la religión católica se hace presente, sin respetar otros cultos o a quienes no creen en la figura absoluta de un Dios.

En declaraciones realizada al programa radial Oíd Mortales! que se emite los lunes a las 20hs. por La Retaguardia, con la conducción de Cristina Varela y Luis Angió, la letrada habló acerca del curso favorable que tomó la medida cautelar presentada en el mes de enero por la Mesa Nacional por La igualdad debido a la existencia de la ordenanza 38397, vigente en la Ciudad de Buenos Aires desde 1982. La norma establece que la Ciudad tiene la obligación de tener capellanes en todos los hospitales públicos, mientras que el Estado, a través de sus impuestos, sustenta sus gastos cotidianos.

Mas explicó el campo de acción que tienen los ministros religiosos dentro de hospitales públicos citando un caso de aborto no punible (ANP) en la Ciudad de Buenos Aires: en el marco de la reglamentación del ANP en la Ciudad, y antes del veto de Mauricio Macri, el mismo jefe de gobierno había anunciado que en el Hospital Ramos Mejía se realizaría una interrupción de un embarazo a una mujer rescatada de una red de trata que la explotaba sexualmente.

El capellán del hospital, Fernando Llambías, accedió a los datos de la mujer y fue a su casa para convencerla de no interrumpir su embarazo, producto de una violación sufrida siendo esclava de las mencionadas redes. Al no lograr que la víctima revocara su decisión, el religioso difundió sus datos a grupos autodenominados “pro vida” que realizaron un escrache en las puertas de la casa de la mujer e interpusieron una medida cautelar para que no interrumpa su embarazo. “Lo que le pasó a esta mujer le puede suceder a cualquier mujer: los derechos sexuales, reproductivos de las mujeres y lo que tiene que ver con la diversidad sexual están en riesgo porque sabemos cuál es el pensamiento de la Iglesia Católica”, manifestó Analía Mas.

La abogada agregó que, gracias a la ordenanza 38397, los capellanes pueden celebrar misas dentro de los hospitales y si hay pacientes de otras religiones en el nosocomio, los sacerdotes de otros cultos deben pedir permiso al capellán católico para ver a los internados con los que comparten credo. Mas calificó estas situaciones como “violatorias del estado laico y la libertad de culto.”

Sin embargo, el amparo presentado por la mesa nacional por la Igualdad también contempla que los capellanes deben abstenerse de visitar a los pacientes salvo que ellos decidan verlos, así como los ministros religiosos de otros credos no deben pedir permiso al representante católico para visitar internados con los que comparten credo. En este sentido, la jueza que hizo lugar al recurso le pidió a Mauricio Macri que acredite que ha notificado la resolución a todos los hospitales públicos.

Cabe destacar que si bien la Constitución Nacional establece en el artículo nº 2 que el Estado sostiene el culto católico, la de la Ciudad de Buenos Aires no hace ninguna mención a este aspecto, por ende no tiene obligación de sostener económicamente ni al catolicismo ni a otras religiones. “Esto es puramente ideología” sostuvo Analía Mas.

Finalmente, la abogada comentó una experiencia vivida en el exterior ante la elección del cardenal Jorge Bergoglio como Papa: “la gente me decía que no podía creer que fuera feriado por la pascua católica. Me preguntaban qué pasa con la gente que cree en otra cosa o no cree en nada.” Y puntualizó: “hay imágenes religiosas en juzgados, hospitales, comisarías, sin pensar en quienes no creen o tienen otra religión. Los edificios públicos son de todos y todas. Queda una gran batalla por separar a las religiones del estado”.

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Examen de ingreso

Angel Fichera (APE)

Saquen una hoja y escriban...

Los pobres no viajan sobre alfombras persas. Los pobres no escalan andamios para arrojarse a las piscinas de cabeza. Los pobres no flotan, sin embargo, no remojan sus extremidades en todas las fuentes que encuentran. A su paso no maúllan los gatos, no cantan las ballenas. Los pobres no balan, no mugen, no pían, no ladran si muerden y definitivamente no mastican cristal de Murano ni mármol de Carrara.

Pregunta:

¿Se nace pobre o la pobreza se conquista quemándose las pestañas tras duros años de metódico estudio y un riguroso examen de ingreso?

Anoten...

Los pobres no provienen de cigüeñas raquíticas ni migran a Europa cuando el invierno arrecia. No andan en bandadas. Ni devoran a sus crías. Los pobres no sudan sustancias prohibidas, no cagan guirnaldas, no empollan luciérnagas.

Pregunta:

¿Se puede crear un pobre mediante manipulación genética, partiendo de una base neutra o alcalina o sometiendo a presiones isobáricas extremas a individuos de clase media, en condiciones controladas de humedad y temperatura? ¿O sólo la economía es la madre de todas las ciencias, capaz de parir huérfanos de toda fortuna, desamparados de la tierra?

Trascriban sobre el margen derecho...

No existe un sistema duodecimal que explique su multiplicación exponencial, ya sea mediante números primos o por docenas de individuos pobres de la misma especie, ni un teorema o fórmula algebraica que los contenga, a no ser como dato demográfico a incluir en las encuestas cuando se tornan mayoría.

Pregunta:

¿Puede uno ser pobre de golpe, por generación espontánea, de manera imprevisible, como la caída de un rayo o la abrupta irrupción de actividad sísmica o volcánica?

Dejen un renglón en blanco y escriban...

Los pobres no son una masa informe y aunque no adoptan la forma de paralelepípedos ni guardan ocultas simetrías, tampoco pueden considerarse ectoplasmas propiamente dichos, ni fluidos etéricos semimateriales o una nube de electrones girando en torno a un núcleo, en cuyo ánimo influyen directamente las mareas.

Pregunta:

¿Puede un pobre obtener la medalla olímpica al cruzar la línea de pobreza? ¿Existen los pobres de espíritu o es un invento metafísico de los ricos para que los pobres piensen que los ricos también pueden ser pobres?

Completen las respuestas con letra de imprenta y dejen su hoja sobre el escritorio.

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Argentina, Salta: Desocupados terminan escuela abandonada por Ministerio de Educación

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

La obra de ampliación de la Escuela Nº 4826. Misión Villa Sagrada a la que concurren en su mayoría niños indígenas está ubicada en el pueblo de Coronel Cornejo, y fue abandonada por Obras públicas de esta provincia por falta de presupuesto.

La conclusión de la escuela, que incluye el techo, el piso y el mobiliario está siendo ejecutada por obreros agrupados en la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi.

Esta obra que concluirán desocupados de la U.T.D., en breve, se suma a las 14 casas no terminadas por el Instituto Provincial de la Vivienda de Salta, en el pueblo de Coronel Cornejo, al norte de la capital de esta provincia.

José “Pepino” Fernández dirigente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, y Presidente de la Fundación FUNDATRAD, junto con el Director de la Escuela N° 4826 Walter Saúl Ibarra explicaron en una entrevista realizada por el periodista Marco Díaz Muñoz, como los desocupados ejecutan obras abandonadas por el gobierno de Salta.



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Cecilia Parrile: "hacer una semblanza de mi hermana frente a sus asesinos fue reparador"

Silvana Parrile (LA RETAGUARDIA)

Cecilia Parrile declaró el pasado 4 de abril en la Megacausa Tucumán como querellante y testigo de contexto por la desaparición de su hermana Silvana y su cuñado Ricardo Salinas. La entrevistamos unos días después y conversamos sobre las sensaciones y reflexiones que le dejó aquella jornada. En este marco compartió parte de su testimonio en el que relató cómo era y por qué luchaba su hermana. También hubo tiempo para que nos contara los reclamos por mejores condiciones de detención efectuada por un represor y hasta un festejo de cumpleaños de un imputado realizado en el propio tribunal.

El mega-juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán comenzó en noviembre del año pasado, con más de cuarenta represores imputados, entre policías, representantes del clero, civiles y militares, acusados por los secuestros, torturas y desapariciones de 235 personas en los centros clandestinos de Jefatura de la Policía y el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. A lo largo de estos primeros meses se han ido escuchando los testimonios de varios testigos y sobrevivientes. El jueves 4 de abril fue el turno de Cecilia Parrile, que es querellante por las desapariciones de su hermana y su cuñado, ocurridas en enero de 1977. Su declaración se dio en el marco de lo que se conoce técnicamente como “testigo de contexto”: “yo no fui testigo presencial del secuestro de Silvana y Ricardo, entonces mi testimonio sirve para contextualizar una búsqueda y en términos más que jurídico-políticos, podríamos decir, para hacer de alguna manera una semblanza, un relato que encarne a las personas a las que uno estuvo buscando durante estos 36 años, entonces lo que a mí me tocó de alguna manera es responder la pregunta de la abogada de cómo era Silvana”, explicó en diálogo con Oral y Público.

Para declarar, Parrile debió viajar desde Buenos Aires donde vive hasta Tucumán: “en mi caso particular es como compleja la situación, porque mi sensación en términos más emocionales tiene que ver con que yo me traslado a un lugar donde soy extranjera de alguna manera, y todos mis afectos y el acompañamiento más fuerte de mi familia, mis amigos, mis compañeros queda en Buenos Aires. Me los llevo simbólicamente, pero cuando llego allá siento que lo más cercano a mi historia queda en Buenos Aires. Sin embargo, tengo que reconocer que al llegar allá, a mí me habían ofrecido el acompañamiento del equipo de apoyo a testigos, que es un equipo de psicólogos que trabaja con el tribunal, que me recibió desde que llegué hasta la puerta del tribunal, una psicóloga en particular estuvo conmigo hasta el momento mismo de la declaración. La verdad que eso es importante, yo lo valoro y lo rescato, me parece que es un apoyo muy enriquecedor”.

Poco después de comenzado el juicio, se conocieron los pedidos de familiares y sobrevivientes, y hasta del músico Juan Falú, de acompañamiento a los testigos y querellantes durante las audiencias, ya que era más fuerte la presencia de allegados a los imputados. Ante la consulta acerca de si esta situación se había modificado y cómo era el acompañamiento efectuado desde la sociedad tucumana, Parrile manifestó que continúa habiendo poca asistencia a los tribunales: “en lo que respecta a la sociedad tucumana en su conjunto yo no creo que haya habido modificaciones respecto a lo que nosotros planteamos en noviembre pasado cuando se inicia este juicio. Sigue habiendo poca asistencia a las sesiones del tribunal, sigue habiendo como un grupo de apoyo permanente a los represores que los recibe y los despide cuando llegan y se van, que no es tan numeroso como al principio por supuesto, pero que siguen estando. En particular el día que a mí me toca declarar, casualmente el tribunal estuvo más concurrido porque ese día, antes que a mí, le tocó declarar al viceministro de Defensa de la Nación, Alfredo Forti, por la desaparición de su mamá, entonces al haber una persona con cierta inserción en la gestión actual hizo que hubiera más presencia, más acompañamiento, y hasta desde el punto de vista de la prensa una cobertura más amplia que no está habiendo en los otros días”.

Además de la experiencia de testimoniar en el juicio, a tan solo pocos metros de los represores, Parrile presenció el reclamo efectuado a través de videoconferencia (ya que no puede asistir a las audiencias por problemas de salud) de uno de los imputados por las condiciones en que se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza: “tuve la oportunidad de escuchar a un represor que pedía mejoramiento de estas condiciones de detención al tribunal, y pedía también que lo trasladaran nuevamente a Tucumán porque estaba sufriendo un fuerte desarraigo por esta distancia que tenía respecto de su familia, que él no podía recibir visitas y que estaba teniendo un fuerte padecimiento psíquico por esto. Yo por lo menos tuve que hacer un ejercicio de tolerancia y paciencia para poder escuchar a este señor reclamar, durante unos quince minutos, por el mejoramiento de sus condiciones carcelarias, cuando todos sabemos que fue una de las personas que mató, torturó, robó, lo que sabemos que han hecho cada uno de estos represores que están siendo juzgados en esta megacausa y en tantas otras”.

Durante su presencia en Tucumán, los compañeros de Parrile le contaron que unos días antes de su declaración hubo un festejo dentro del propio Tribunal. Así lo relató a Oral y Público: “los represores ingresan por una calle lateral del tribunal donde llegan algunos en celular y otros en un colectivo, popularmente llamado el ‘reprebus’. Unos compañeros me comentaron que hace unos días cuando estaban ingresando al tribunal, vieron que había globos de colores, se escuchaban cantos y una mujer se aproximaba a la puerta de entrada con una torta, y lo que supieron después es que era el cumpleaños de uno de los represores y que sus amigos, familiares y adeptos lo esperaban con globos y una torta al ingreso del tribunal”.

¿Cómo era Silvana?

En el marco de la entrevista en Oral y Público, le trasladamos a Cecilia Parrile el mismo interrogante que le hizo el tribunal durante su declaración. Una pregunta que en palabras de Cecilia es una de las más complejas de responder pero que a la vez hacerlo le produce un efecto reparador: “Silvana era una joven vital, entusiasta, que tenía muchos proyectos, que era representante de una generación que no eludía el compromiso sino más bien que le ponía el cuerpo a la lucha y que no declamaba sus ideales sino que los encarnaba y tomaba partido a favor de los explotados y se enfrentaba con los dueños de la tierra. Silvana era solidaria, estaba dispuesta a luchar por la justicia, por la libertad, y fundamentalmente sentía como propio el sufrimiento de los otros. Yo siempre digo que Silvana no entregó la vida por su lucha sino que se la arrancaron, porque Silvana quería seguir viviendo para transformar esta sociedad, porque estaba enamorada de su compañero, porque quería ser mamá. Silvana tenía apenas 22 años, quería ser maestra y es una de las personas que más amé en mi vida. Silvana luchaba por transformar una sociedad y creía que la educación era una herramienta fundamental a la hora de hacerlo. Tuve la oportunidad en el momento de declarar de cerrar mi testimonio con una frase breve de Paulo Freire que era uno de los teóricos favoritos de mi hermana y que encontré de causalidad en los días previos a mi declaración revisando papeles y preparando lo que iba a decir, y encontré uno de los libros que eran de Silvana que era ‘Pedagogía del Oprimido’, subrayado por ella, una frase muy cortita que fue la que yo seleccioné para cerrar mi declaración. La frase que elegí para contar quién era mi hermana dice: ‘La práctica de la libertad sólo encontrará adecuada expresión en una pedagogía en que el oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse reflexivamente como un sujeto de su propio destino ideológico histórico’, y dije ‘por esto luchaba Silvana’”.

Cecilia Parrile contó además que responder cómo era Silvana frente a los asesinos de su hermana fue difícil y duro, pero que hacerlo le generó una sensación de fortaleza y reparación interna, y que pasado el momento sintió mucha alegría. Una experiencia que explica por sí sola la importancia del desarrollo de estos juicios.

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Nadia Schujman: “juzgar un solo caso no da cuenta de lo sistemático de la represión”

LA RETAGUARDIA

La Fiscalía y la querella del juicio por delitos de lesa humanidad por el caso de Manuel Ricardo Casado, ocurrido en la localidad santafesina de San Lorenzo, pidieron al Tribunal Oral Federal 1 de Rosario la suspensión del proceso hasta que otras causas, actualmente en instrucción, sean elevadas a juicio y puedan acumularse. La solicitud, rechazada por las defensas de los tres imputados, dos militares retirados y un civil, fue finalmente desestimada por los jueces del tribunal. Dialogamos con Nadia Schujman, subsecretaria de Derechos Humanos de la zona sur de Santa Fe, sobre la importancia de unificar varias causas en un solo juicio para poder dar cuenta de los distintos circuitos represivos llevados adelante durante la última dictadura cívico militar.

En diálogo con Oral y Público, Nadia Schujman explicó los motivos del pedido efectuado por la querella y la fiscal Mabel Colalongo: “se planteó que el juicio se paralice y se acumule a las causas que están en instrucción y que son conexas con este caso. Que se paralice hasta que estas causas lleguen al tribunal, porque si no se desvirtúa el circuito represivo en la ciudad de San Lorenzo, que es justamente el cordón industrial que tiene que ver con la persecución a los obreros. Si no se juzgan todos los casos juntos, no se puede dar cuenta del mecanismo del Terrorismo de Estado respecto de esa zona”.

El juicio oral comenzó el 22 de marzo pasado y en él se juzga la privación ilegítima de la libertad, tormentos, violencia y amenazas contra Manuel Casado, ex secretario general del Sindicato de Municipales de la ciudad de San Lorenzo, secuestrado el 25 de marzo de 1976. Los acusados son el teniente coronel retirado Rubén Osvaldo Cervera, el capitán retirado Horacio Hugo Maderna, ambos jefe y subjefe del Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán en 1976, y el abogado Pedro Alberto Rodríguez, ex asesor del municipio de San Lorenzo durante la intervención militar.

La subsecretaria de Derechos Humanos de la zona sur provincial consideró que la realización de un proceso por un único caso beneficia a los imputados, ya que es más sencillo defenderse de un solo hecho que de un accionar sistemático: “por eso es un reclamo que se hace en este juicio concreto pero que lo excede, y es lo que reclamamos siempre los abogados que fuimos querellantes en las causas, y lo que viene sosteniendo la Procuración General en cuanto a que las causas se tienen que juzgar por circuitos represivos, acumulándose la mayor cantidad de casos posibles porque es imposible juzgar los casos individuales en los tiempos reales que tenemos. Son muchos los factores a tener en cuenta a la hora de evaluar; esto no es solo una cuestión procesal, sino también una cuestión no menor que tiene que ver con las víctimas. Juzgar tan fragmentadamente las causas hace que las víctimas, los testigos, los sobrevivientes, los familiares tengan que declarar una y otra vez, revictimizándolos permanentemente y sometiéndolos a un padecimiento innecesario”, agregó.

Schujman consideró, además, que en caso de darse la acumulación de causas, se daría la oportunidad de ventilar cómo funcionó la represión en el cordón industrial santafesino, cómo la dictadura persiguió también a obreros y cómo funcionaba ese circuito.

Pero finalmente el pedido de la querella y la fiscalía fue rechazado este viernes por los integrantes del Tribunal. En su resolución, manifestaron que "los elementos son inciertos para otorgar lo solicitado" y que "no existe vinculación con el objeto procesal ni con las personas involucradas en esta causa". A su vez, afirmaron que "no se vislumbran próximas elevaciones a juicio vinculadas con la presente (causa)". Evidentemente, los jueces no quisieron tomarse el trabajo de escuchar las argumentaciones de la solicitud realizada y prefirieron seguir adelante con un proceso que juzga un solo caso y deja de lado el plan sistemático de represión bajo el que se llevó a cabo. El sentido común, parece, no se lleva bien con la justicia procesal.

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Criminalización de la protesta: Absolvieron a los cuatro trabajadores del Hospital Garrahan

ACTA

El juicio era llevado adelante cuando la inspectora del Ministerio de Trabajo que denunció supuesta “coacción agravada” en su contra durante la huelga de 2005 quien reconoció que la viceministra del área, Noemí Rial, fue quien le “ordenó hacer esa denuncia en contra de los trabajadores”.

El pasado 8 de abril comenzó el juicio oral a los integrantes de la Junta Interna de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) del Garrahan por aquella huelga de 2005. A fuerza presión oficial para juzgarlos, llevaron a proceso a Gustavo Lerer (bioquímico, delegado general ATE Garrahan), Adriana Agüero (enfermera), Eduardo Luis García (enfermero) y Marcelo Mansilla (técnico de laboratorio). El Tribunal Oral en lo Criminal n° 29 de Capital es el que está reeditando aquella historia. El ministro de por esos años era Salud Ginés González García.

Mansilla estaba acusado de sacarles fotos a los inspectores, lo que no es un delito. A Eduardo García le incriminan haber “pechado” a la inspectora Moyano, “cosa que nunca ocurrió”. Y a Gustavo Lerer y Adriana Acuña los imputan por acudir a la puerta dela Dirección, tras la actuación de los inspectores, a cantar el repertorio musical habitual por esas fechas. La inspectora Moyano hizo la denuncia por una “coacción agravada” que nunca existió.

El por entonces formuló que se trataba de un “grupo salvaje de delincuentes sanitarios que hacen terrorismo tomando como rehenes a los chicos”.

Judicialización de la protesta

A 8 años del conflicto gremial, el fiscal que interviene en el proceso, Horacio Fornaciari, fue quien pidió la absolución de los trabajadores por tratarse de “criminalización de la protesta social” y hizo responsable a Noemi Rial y a todo el cuerpo administrativo que hizo posible que esta causa “sea armada y con una clara intencionalidad política”.

José Luis Matassa, Secretario General de ATE Capital, planteó varias características de este juicio. “En primer lugar desde el Consejo Directivo recalcamos que, más allá del excelente cuerpo de abogados de nuestra organización, no hubiera sido posible si no se salía a la calle”.

“Con la sola racionalidad del fiscal, este resultado, no hubiera sido posible. Esto es parte de la criminalización de la protesta social y la Ley antiterrorista que desde el Gobierno Nacional se quiere imponer ante los derechos de los trabajadores”, continuó Matassa.

“Este fallo es un ejemplo para las organizaciones sociales, sindicales y políticas para ir por la derogación de esa ley perversa en tiempos de democracia”, culminó el dirigente.

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Declaración de los colaboradores de Página/12: Hora de profundizar la lucha

ACTA

"Desde el Colectivo de Trabajadores Precarizados de Página 12 acompañamos el inicio del proceso paritario 2013 y expresamos nuestro apoyo al temario de reclamos consensuado por los delegados paritarios, que incluye como punto principal el pedido de aumento salarial del 35 por ciento".

"Celebramos también que la realidad de los colaboradores de medios gráficos sea parte del plan de lucha y que los delegados/as hayan incorporado algunos de los reclamos impulsados desde este espacio.

Nos parece un gran avance que se pelee para que en todos los medios se aplique la cláusula de enganche, la que permitirá que se actualice el monto de pago por colaboraciones a la par de los incrementos salariales en planta permanente. Es un derecho que tenemos garantizado en Página/12 desde hace algunos años, producto de la lucha de los trabajadores/as y la comisión interna, y que creemos que es necesario que sea un derecho de todos los trabajadores precarizados.

También celebramos que se intente llevar a 1000 pesos el monto mínimo por colaboración. Según datos de la encuesta elaborada por el Colectivo de Trabajadores de Prensa en mayo de 2012, la mitad de las colaboraciones se pagan entre 200 y 400 pesos, un 27 por ciento se pagan más de 400 pesos y un 23 pesos menos de 200.

También saludamos que la UTPBA, tras años de no reconocer una problemática que afecta a cientos/miles de periodistas, finalmente reconozca la precarización laboral que existe en el sector y que niega los derechos laborales más básicos a cientos de compañeros y compañeras. Que se haya sumado a nuestros reclamos incorporándolos a su agenda merece nuestro reconocimiento.

Esperamos que pronto podamos aunar esfuerzos y seguir luchando por otros puntos pendientes, como la necesidad de terminar con la tergiversación de la figura del colaborador, que permite a las empresas tratar como “proveedores externos” a periodistas que realizan las mismas tareas que compañeros/as bajo relación de dependencia; solicitar el cumplimiento del artículo 64 del Estatuto que indica que los medios de comunicación con trabajadores precarizados no deben recibir publicidad estatal; además de garantizar el pago en término de los artículos, entre otras demandas.

También creemos que es necesario comenzar a discutir una posible reforma del Estatuto del Periodista, que hoy no considera al colaborador no permanente como trabajador, sino como el prestador de un servicio, y que no garantiza derechos básicos como licencia por enfermedad o por embarazo a los colaboradores permanentes. Ambas figuras están reguladas en forma defectuosa.

Un repaso rápido por los datos de la encuesta citada anteriormente da cuenta de ello:

— El 47 por ciento de los encuestados publica como colaborador porque no consigue trabajo como periodista en relación de dependencia.

— El 42 por ciento hace más de 5 años que trabaja como colaborador o contratado.

— Tres de cada cuatro facturan como monotributistas.

— El 76 por ciento cobra por nota publicada, y sobre ese universo sólo a un 12 por ciento sus editores les garantizan un mínimo de artículos.

— El 15 por ciento cobra por sus notas “a veces”.

— Al 41 por ciento dejan de aceptarles sumarios cuando se acerca a la colaboración anual 24, para evitar que puedan exigir el blanqueo.

— Casi el 50 por ciento cobra sus notas entre 30 y 60 días después de la publicación.

— En el 80 por ciento de los casos el monto lo fija unilateralmente la empresa.

Por todo ello, nos parece que es el momento para profundizar la lucha y acompañar este proceso paritario, que incluye demandas históricas para todos y todas los trabajadores/as precarizados/as de los medios gráficos, tanto en su carácter de permanentes como eventuales".

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