martes, 16 de abril de 2013

Venezuela-14 de abril: una reflexión necesaria

Narciso Isa Conde

Cómo reflexionar, qué pensar y qué decir en lo inmediato de los reñidos resultados electorales en Venezuela, a título de avance.

Aun limitada a una ventaja de pocos votos, con toda los problemas que encierran esos resultados y esa tendencia, esta victoria de Nicolás Maduro, del PSUV y el Polo Patriótico debe ser defendida con firmeza y determinación; sobre todo después que Capriles y las fuerzas contra-revolucionaria que él representa hayan desconocido los resultados oficiales, enseñando las garras del denunciado plan de desestabilización a ser desplegado de ahora en lo adelante.

A pesar de mis conocidas consideraciones sobre el desgaste que genera el estancamiento del proceso bolivariano, sus deformaciones burocráticas, la expansión de la corrupción estatal, la preeminencia de la lógica capitalista y la consiguiente lentitud de la dinámica hacia la socialización… pensé que los sentimientos expresados a raíz del doloroso fallecimiento de Chávez, el inmenso reconocimiento a su legado y el estado de ánimo presente en gran parte de la sociedad venezolana, daban para alcanzar una victoria electoral holgada de Nicolás Maduro, candidato pre-seleccionado por el propio líder del proceso bolivariano.

Y me equivoqué de medio a medio junto a mis mejores amigos/as venezolanos/as, que apreciaban las perspectivas electorales de igual manera.

• Causas de fondo del bajón.

Esta es una evidencia de que no era posible en las condiciones de ese país hermano, en medio de los problemas acumulados, de los cuestionamientos a una parte de la dirección del proceso y de una fuerte inflación, contener el desgaste de popularidad y traducir en grandes volúmenes de votos esos sentimientos desatados en los memoriales del líder fallecido; más aun sin contar con la presencia directa del liderazgo carismático, el talento, la historia, la capacidad de trabajo y el impacto discursivo del Comandante Chávez, y sin asumir con fuerza su recomendaciones a favor de las rectificaciones de los errores cometidos y la radicalización del proceso transformador.

Es, además, a mi modo de ver, una confirmación de que la erosión del respaldo popular tiene causas que determinen, aun con altas y bajas, su carácter progresivo; y que esa dinámica erosiva, sin el escudo de contención de Chávez, le ha permitido esta vez a las nefastas fuerzas opositoras alcanzar un 49 por ciento de la votación.

El voto emocional, la carga espiritual, no dio para alcanzar los niveles y ventajas logrados Chávez, menos para sobrepasarlos.

Por el contrario, la reducción fue drástica, próxima un millón de votos, con el agravante de que en gran medida se traspasó a Capriles, que ya venía creciendo. Ni siquiera se quedó en abstención.

Esto podría caracterizarse como un fuerte, aunque no definitivo, castigo electoral soterrado a la candidatura y a la continuidad del proceso bolivariano post- Chávez. Un castigo político que su liderazgo en vida lograba amortiguar, contener y lentificar.

Y, sobre todo, significa una clara advertencia y una fuerte señal de la imperiosa necesidad de potenciar la dirección colectiva y poner en marcha el viraje, el “golpe de timón”, hacia la socialización que en grande, que el propio Chávez anunció para este periodo; lo que implica reducir sensiblemente las bases económicas y las súper-estructuras capitalistas de las derechas venezolanas y las fuentes de las diversas distorsiones económicas y culturales: especulación, inflación, desabastecimiento, dispendio, consumismo dependencia alimentaria, alienación y freno al desarrollo.

No se trata de un castigo personal, ni tampoco de una responsabilidad individual.

El problema es más grave, más de fondo, más estructural, y se relaciona con un prolongado y relativo estancamiento y muchas deformaciones y reproducciones de lo viejo, de lo burocrático y clientelista de ambos signos (“IV República” y "socialismo real").

La auto-censura en el campo revolucionario y popular facilitó la acumulación de factores desgastante y le quitó presión a Chávez para rectificar, algo que anunció varias veces y nunca cumplió. Que volvió a retomar un su última campaña victoriosa, en términos más crítico y auto-crítico que antes, y que lamentablemente no fue debidamente destacado, relanzado y enriquecido en esta ocasión.

• Continuidad y profundización.

La continuidad tiene mucho más sentido, y generaría mucho más apoyo, si se radicaliza el proceso y se le libera de trabas externas, bloqueos internos deformaciones. Porque proceso hacia la revolución que no se profundiza y renueva constantemente, mata parcialmente el entusiasmo masivo en pro y poco a poco languidece.

 Además, si dejan intactas las fuertes bases económicas, el poder mediático y las súper-estructuras capitalistas que todavía perduran en Venezuela, ellas seguirán sirviendo a la reproducción de las derechas políticas y de la Contra imperialista.

Si no se opta con fuerza por la socialización de la economía y el poder (lo que no equivale ni a un capitalismo de estado, ni un híbrido socialdemócrata entre él y el capitalismo, ni un Estado burocrático), se le seguirá facilitando su rehabilitación y crecimiento electoral, que es lo que ha estado pasando en el contexto de las amplias libertades existentes en tierra venezolana.

En la campaña roja-rojita hubo mucha exaltación del pasado, de las lealtades a líder del proceso y a sus factores emblemáticos, y poco del proyecto inmediato y futuro, y los grandes capos de las derechas, con los gringos detrás, se colaron oportunistamente en el pasado vía simbologías patrióticas, léxico centro-progresista, crítica simuladoras de algunos de los males acumulados y ciertas expresiones peliagudas de la crisis económica.

• Alerta y respuestas necesarias.

Ahora vienen “con duro” con su plan desestabilizador oculto, no simplemente con la espera del próximo chance electoral.

 Han comenzado con la impugnación...a ver hasta donde llegan en este primer round de ese pérfido plan. Y a ver como se le responde a su contra-ofensiva post-electoral y desde cuales instancias se le contrarresta con energía y pueblo

Ojala sea recurriendo al pueblo chavista y a sus anhelos de radicalización del proceso; y no a los acuerdos entre las “dos partes polarizadas y enfrentadas de la sociedad”, ni tampoco a las concesiones en aras de una supuesta reconciliación con las derechas, lo que además de mortal para el proceso bolivariano, sería contrario a seguir hablando revolución y de tránsito al socialismo y Patria Grande.

La clave está en quitarle los sectores populares y parte de las capas medias que la derecha ha vuelto a enrolar a su favor, atrayéndolas hacíale socialismo.

La clave, más allá de sus propias fronteras, es darle más fuerza al internacionalismo revolucionario, ampliar los vínculos con los movimientos políticos y sociales transformadores de nuestra América y el mundo. Por todo aquello de que la revolución necesita ser continentalizada para ser fuerte.

En ese plano procede también no limitar el latino-americanismo a las relaciones de Estado, diferenciar por la naturaleza y posicionamientos cada Estado o grupo de Estados los niveles y calidades de la cooperación y solidaridad, favorecer sobre todo a los que ejercen soberanía y alternativas al neo-liberalismo, aislar a los que practican el entreguismo y responden a las derechas pro-neoliberales, y dejar atrás, por ejemplo, situaciones tan cuestionadas como la relaciones solidarias con Leonel Fernández y su gobierno, símbolo de corruptela y recolonización, recientemente distinguido como acompañante especial de gobierno del presidente Maduro y el PSUV, junto a otros malandrines del PLD y sus aliados.

A los/as dominicanos/as sensibles, revolucionarios/as, duartianos/as, caamañistas, honestos/as, patriotas, nos parte el alma que después de todo lo denunciado y de lo que ha pasado con el manejo doloso de PETROCARIBE en nuestro país, se le sigue dando ese tratamiento a esa mafia política.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Venezuela: El desafío

Guillermo Almeyra

El peligro inmediato reside en la derecha chavista que interpretará el escaso margen de votos que permite seguir gobernando, como una señal de que hay que parar el ritmo del proceso y negociar con la oposición haciéndole concesiones.

Nicolás Maduro se daba como objetivo recoger los votos de Hugo Chávez e incluso superarlos llegando a 10 millones pero obtuvo solamente 7.505.338, perdiendo 600 mil sufragios con respecto a la votación última por Chávez y ganó por apenas 300 mil votos con un 50.6 por ciento contra 49.07 de Henrique Capriles. La abstención creció muy poco pues pasó del 20 al 22 lo cual demuestra que la mayoría de los 600 mil votos que Maduro perdió fueron directamente a la oposición que, imitando a Chávez y disputando su legado, logró arrastrar un sector de clase media antes chavista e incluso a sectores obreros.

La campaña oficialista fue muy pobre: gran despliegue de retórica nacionalista que Capriles contrarrestaba cubriéndose con la figura de Bolívar y con la bandera, ninguna ideas sobre la profundización del proceso social y, menos aún, sobre el socialismo, llamados repetidos a la lealtad (dirigido en parte a la lucha interna en el aparato estatal) y no a la iniciativa y autoorganización populares, silencio sobre los organismos de poder popular y una mezcla de religiosidad con misticismo (el famoso pajarito). La de Capriles, mentirosa e insidiosa, fue más hábil porque insistió en diferenciar a Chávez de sus sucesores y en atacar a éstos mencionando continuamente los privilegios, la corrupción y los negocios de la boliburguesía y callando sobre sus planes y sus contactos con el imperialismo. Los votos chavistas que ganó y los que fueron a la abstención no fueron sin embargo votos de esperanza sino una expresión de protesta ante la inflación del 20 por ciento, que devora los salarios y los efectos negativos de la devaluación sobre los sectores populares, la delincuencia, la violencia, la corrupción y, tal como se vio en el entierro de Chávez cuando quienes iban a la capilla ardiente obligaron a ministros a bajarse de sus lujosos autos y a caminar con ellos, también los privilegios de muchos funcionarios.

Capriles insiste ahora en un recuento de los votos, a pesar de que el robo de boletas es imposible en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos, que calló ante el cochinero electoral en 1988 y en el 2006, secunda a Capriles y prepara el golpe de Estado disfrazado de campaña democratizadora y moralizante. Washington y la derecha antichavista construyen ahora sus lazos con la derecha del chavismo y con el sector más conservador de las fuerzas armadas y después van a impulsar una campaña que combinará sabotajes, fugas de capitales, campaña de prensa destituyente, lock outs patronales, manifestaciones estudiantiles buscando víctimas y soborno a personalidades civiles y militares en los medios oficiales.

El peligro inmediato reside por consiguiente en la derecha chavista que interpretará el escaso margen de votos que permitió que el chavismo siga gobernando como una señal de que hay que parar el ritmo del proceso y negociar con la oposición haciéndole concesiones.

Pero si las 1.600 empresas expropiadas funcionan mal, no hay que privatizarlas nuevamente sino, por el contrario, administrarlas bien y bajo control de sus trabajadores. Si los organismos de poder popular funcionan a media máquina, no hay que eliminarlos: por el contrario, hay que dejar de controlarlos desde el aparato estatal y de asfixiarlos y darles más responsabilidad. Si hay una gran delincuencia, que el control y la organización en los barrios la combata con todos los medios necesarios y no una policía corrupta y corrompible. Los derechos democráticos están asegurados por el referendum revocatorio pero para dar una salida política positiva al descontento y quitarle base al golpìsmo con careta “democrática” la revocación de los mandatos debe extenderse a todos los cargos públicos. En vez de prohibir las huelgas y reprimir a los sindicatos y a los trabajadores, hay que discutir con ellos en plena igualdad. En vez de transformar el socialismo en una palabra propagandística vacía hay que discutir públicamente, sin ninguna cortapisa y con todos, cuáles deben ser las medidas que ayuden a prepararlo, cómo evitar la burocracia y la corrupción con la participación consciente y organizada de obreros, estudiantes, intelectuales. En vez de embellecer la realidad, hay que mostrar a tiempo las dificultades para corregirlas. En vez del paternalismo y de la lealtad al mando hay que desarrollar la iniciativa, la creatividad, la innovación, la crítica, la construcción de ciudadanía.

Maduro prometió aumentos de salarios masivos e inmediatos que no podrá dejar de cumplir sin pagar un costo político. Pero con una inflación muy fuerte, carencias de alimentos e insumos, mercado negro, reducción de los ingresos reales, esos aumentos cuando mucho compensarán en parte la pérdida del poder adquisitivo. Venezuela no puede depender sólo del precio del petróleo: debe producir y elevar su productividad. Hay que aplicar las medidas que permitan terminar con la ineptitud o la corrupción en los aparatos administrativos y que favorecen a los grandes importadores y hay que formar a toda prisa jóvenes administradores y técnicos eficientes e innovadores. Es necesario igualmente aprender del pasado y, en vez de guiarse por una imagen deformada y mítica de la experiencia peronista, aprender en serio de por qué Perón llevó en los cincuenta a la economía argentina a un callejón sin salida y fue derrocado y por qué, en los setenta, volvió a repetir esa política nefasta y abrió el camino a una dictadura derechista feroz. Que la historia latinoamericana y la del socialismo se discuta sin trabas ni límites es fundamental porque, sin aprender del pasado, no se puede preparar el futuro. Frente a la prensa golpista hay que estimular la creación de una prensa de izquierda, de sindicatos, grupos, organizaciones: si ella critica algunas medidas del gobierno, eso permitirá corregirlas si es necesario o, por el contrario, convencer a los críticos de que están equivocados. En una palabra, para reducir el alcance del golpismo en marcha y derrotarlo, no hay otra vía que apelar a los trabajadores y profundizar el proceso.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Nicolás Maduro ganó con lo justo, pero ganó y eso es lo importante

Emilio Marín (LA ARENA)

Los medios de la derecha argentina pusieron en tapa que Maduro había ganado por "sólo" 1,6 puntos. Eso es contrabando ideológico. Lo más importante es que el chavista ganó y el candidato de derecha perdió. Obvio: en los ganadores habrá autocrítica por la exigua diferencia.

El enfoque de Clarín y La Nación fue que el vaso de la izquierda chavista estuvo el domingo "casi vacío" y que el de la derecha "casi lleno". Si no fuera por el "casi", esa presentación de los resultados de las elecciones venezolanas habría sido exacta. Pero como hubo 263.000 votos a favor de Nicolás Maduro, sucesor del fallecido Hugo Chávez, por sobre Henrique Capriles, quien expresaba a la derechista Mesa de Unidad Democrática, aquella manera de informar de los medios monopólicos resultó falsa.

La titular del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó de los resultados una vez que el organismo los consideró irreversible. El ganador fue Maduro, con el 50,66 por ciento de los votos, sobre Capriles, quien hizo una excelente elección y llegó segundo con el 49,07. El lunes hubo una pequeña ampliación de los resultados a favor del chavista, pues llegó al 50,75 por ciento (7.559.000 votos), contra el 48,98 de su rival (7.296.000).

Esos números corresponden al 98,15 por ciento de los votos. Cuando se complete el 100 por ciento podría haber alguna leve modificación en un sentido u otro, sin alterar el resultado final. El CNE siempre ha actuado con mucha limpieza y responsabilidad y, como recordó Lucena, sólo da información oficial cuando el resultado no tiene vuelta atrás.

Ese sistema electoral ha sido elogiado por diversas instituciones y personalidades del mundo, pues impide cualquier intento de adulteración. Se vota con máquinas que comienzan por identificar al elector por su huella dactilar y éste recibe una constancia en papel de su sufragio, que luego introduce en una urna. Hay doble constancia del sufragio.

Por eso en colonias norteamericanas, como Afganistán, las elecciones contienen tantas irregularidades que se demora meses la formación del gobierno. En Venezuela, libre de analfabetismo y del control estadounidense, en pocas horas se tiene un resultado técnicamente incuestionable. En política los perdedores suelen hacer reproches, pero esa es harina de otro costal.

Derecha descontrolada

Maduro recibió la victoria con una alegría medida y la valoró como "triunfo justo y legítimo". Ayer se concentraron miles de sus partidarios a las puertas del CNE para proclamarlo presidente electo, pues reviste como presidente encargado.

El problema es que Capriles y los más recalcitrantes de la MUD, caso del secretario general Ramón Aveledo, no han digerido la derrota. El presidenciable dijo que no reconocería el resultado informado por el CNE hasta que no hubiera una recuento del cien por ciento de las mesas.

Según las denuncias asentadas por los fiscales de la oposición, habría habido 3.200 supuestas incidencias a lo largo de la jornada. Si los perdedores mantienen dudas sobre el resultado final, deberían haber pedido puntualmente la revisión de esas denuncias de sus fiscales y no una auditoría sobre la totalidad del escrutinio. Aquello habría sido relativamente más simple y rápido, con mejores posibilidades de demostrar algún error de las autoridades electorales. Lo otro, denunciar la globalidad, parece ser "embarrar la cancha" y demorar el dictamen de las urnas, con la consiguiente inestabilidad institucional. Es obvio quien sería el perjudicado por ello: en primer lugar el gobierno pero en última instancia el propio pueblo porque podría degradarse la situación económica y política, con mayor polarización entre gobierno y oposición.

Capriles está buscando pudrir la política venezolana. Quizás crea que en ese marco de inestabilidad y cierta violencia, mediando la ausencia física de Chávez, se acortaría el camino para llegar al Palacio de Miraflores. Su reacción del domingo a la noche, no reconociendo su derrota, demuestra que no está dispuesto a aguardar otros seis años, hasta 2019, cuando vence el mandato de Maduro, para asaltar la sede presidencial.

Recuento

De los cinco rectores del máximo órgano electoral, sólo el representante de la oposición, Vicente Díaz, pidió el recuento de la totalidad de los sufragios. De todos modos aclaró que hacía esa solicitud "sin poner en duda en este momento los resultados que estamos ofreciendo como CNE". O sea que no impugnaba el resultado oficializado por el prestigioso organismo que integra.

El desconocimiento de la victoria chavista tomó una forma más concreta ayer, cuando el derrotado convocó a un cacerolazo masivo en Caracas, para repudiar a la proclamación que el lunes hizo el CNE del jefe de Estado. El lo juzga "ilegítimo".

La mesa de la violencia podría estar servida. Es que los seguidores del gobierno bolivariano podrían repudiar ese caceroleo de la Caracas del Este, la más ricachona y acomodada. Y de allí a los golpes y graves incidentes podría mediar una corta distancia.Washington atiza esa mayor polarización. El vocero de la Casa Blanca dijo en conferencia de prensa que coincide con el candidato opositor para que haya "una auditoría del 100 por ciento del resultado". "Esto sería un paso importante, prudente y necesario para asegurar que todos los venezolanos tengan confianza en estos resultados", puntualizó Jay Carney.

Estados Unidos también se mueve

No hay que ser hipócrita. En las 18 elecciones habidas desde 1998, cuando ganó Chávez y comenzó la Quinta República, el imperio ha apostado por quienes lo enfrentaban, desde Henrique Salas Romer hasta este último Henrique, que es Capriles.

Todos los embajadores de Estados Unidos en Caracas se involucraron en querer derrotar del chavismo a como diera lugar, incluso con el golpe de Estado de abril de 2002 y luego con el lock out petrolero en PDVSA, en diciembre de ese año. Esos diplomáticos fueron Donna Hrinak, Charles Shapiro, William R. Brownfield y Patrick Duddy. Ellos, desde 1998 hasta 2010, apostaron al fracaso bolivariano y perdieron. Hace más de 3 años y medio que no hay embajador, porque en agosto de 2010 Chávez vetó al designado Larry Palmer, quien había declarado al Senado que las Fuerzas Armadas bolivarianas tenían baja moral y era grande la "infiltración" cubana.

"Lo mejor que puede hacer Obama es buscar otro candidato" dijo el mandatario en su programa 'Aló Presidente'. No le hicieron caso...".

Bastante votos menos

El 11 de marzo pasado, cuando Maduro inscribió su candidatura ante el CNE, hubo un acto público y allí pidió reunir 10 millones de votos, en homenaje al fallecido comandante.

Esa meta quedó demasiado alto y lejos. La votación de este domingo resultó menor a la de Chávez el 7 de octubre pasado: hubo 600.000 votos menos. Para complicar aún más el balance oficialista, el derrotado opositor obtuvo ahora 700.000 votos más.

Es pronto para hilar fino y dar con la respuesta completa al interrogante de por qué hubo menos votos de Maduro. Aún con la aclaración de que es un debate que recién comienza y donde la palabra más autorizada es la del presidente y su comando de campaña "Hugo Chávez" presidido por Jorge Rodríguez, el cronista se siente en la obligación dar una primera impresión.

Hay cosas que no funcionan bien en el proceso bolivariano, que tiene una buena nota en general y los aspectos troncales (de allí el sufragio mayoritario). Por ejemplo, en su comparecencia ante el XII Congreso del Partido Comunista de Venezuela, el 10 de marzo, Maduro dio cuenta del grave problema de inseguridad y exclamó: "qué felicidad es que la gente pueda vivir tranquila en sus barrios y urbanizaciones, eso lo vamos a lograr, pero necesitamos de todos". Hoy muchas personas no viven tranquilas. Hay 16.000 muertes violentas al año, de los peores registros de Latinoamérica.

Al día siguiente, en el mitín ante la sede del CNE, prometió combatir "la irresponsabilidad, la indolencia y el burocratismo". Su rotunda expresión fue: "Corrupto traidor, ¡vamos por ti!".

Avances

Lo reiteró el 8 de abril en la concentración de la ciudad de Maturín: "Voy a perseguir la corrupción esté donde esté, voy a combatir la corrupción con mi vida misma si es necesario. Aquí no hay intocables". Y abundó: "Tenemos grandes retos contra el burocratismo, la corrupción y la indolencia de algunos funcionarios que se hacen de la vista gorda con los problemas del pueblo".

De esas declaraciones surge que la dirigencia era consciente que en medio de los avances indudables en soberanía, salud, educación, empleo y vivienda, había problemas graves no resueltos. No puede aducir desconocimiento ni falta de tiempo, pues hace 14 años que llegó a Miraflores.

Fue bueno que ganara el chavismo, ahora con Maduro ya proclamado presidente. Y ha sido malo que la derecha se le arrimara tanto en los guarismos. Pero lo negativo siempre tiene algo de positivo: la estrechez del resultado demanda una profunda autocrítica del gobierno, tal como prometió el domingo Diosdado Cabello. El titular de la Asamblea Nacional dijo en Twitter que se buscarían los errores hasta abajo de las piedras. No habría que irse tan abajo. Habría que empezar por arriba, por los flagelos de corrupción y burocratismo que afectan a la cadena de funcionarios, civiles y militares, y en la llamada "boli-burguesía", que dice ser amiga pero afecta el avance bolivariano.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Los dueños de la tierra: Cresud, en el campo y la ciudad

Germán Mangione (SURSUELO, especial para ARGENPRESS.info)

Radiografía de uno de los grupos económicos más poderosos, poseedor de cientos de miles de hectáreas en el país y la región, y dueño del imperio inmobiliario más grande de la Argentina. Sus propiedades, historia y vínculos con el poder.

En la estructura agraria argentina parece, desde hace algunos años, estar todo en discusión. Pero entre todos los aspectos que hacen al “campo” argentino hay un tema tabú: la concentración de la tierra. Según datos del Censo Nacional Agropecuario de 2002, de las más de 170 millones de hectáreas agropecuarias de todo el país, 74,3 millones están concentradas en cuatro mil dueños y corresponden a las propiedades con superficies mayores a cinco mil hectáreas. Es decir, el 1,3% de los propietarios hoy posee el 43% de la superficie. Los Censos Nacionales Agropecuarios (CNA) de 1988, 2002 y 2008 demuestran una importante caída en la cantidad de EAPs (explotaciones agropecuarias) que van desde 421.221 en 1988 a 276.581, lo que representa la desaparición de 144.640 EAPs en un período de 20 años.

Como afirmó el investigador y docente de la UBA, Azcuy Ameghino, en el Número 1 de SURsuelo: “El concepto de concentración económica se utiliza para describir el proceso mediante el cual el número de unidades de producción se va reduciendo al mismo tiempo que una parte de las restantes va creciendo en la proporción de los recursos disponibles que dejan quienes son eliminados. En la agricultura esto es particularmente visible dado el papel insustituible de la tierra como condición de la producción. Si algunas empresas aumentan la superficie que cultivan es porque otras la pierden”.

Además explicó que “de esta manera, el gran capital agrario -tanto el terrateniente como el arrendatario- va controlando progresivamente el uso de la tierra útil y, con ello, haciéndose cargo de porciones cada vez mayores de la producción. Este es un proceso que a su vez se autoalimenta, pues con el aumento de las escalas se consiguen mejores condiciones de venta para los granos, menores costos de producción y, por ende, la maximización de la rentabilidad del capital invertido”.

Es por ello que esta nueva sección de SURsuelo, “Los dueños de la tierra”, intentará generar una radiografía de quiénes son los “grandes actores de la tierra” que se han visto beneficiados por el modelo agrario de los últimos 20 años en detrimento de los pequeños y medianos productores.

En esta primera entrega analizaremos a uno de los grupos económicos que más ha crecido durante la última década, llegando en 2012 a declarar un aumento del 85% de sus ganancias. Estamos hablando del grupo Cresud.

La empresa

Cresud es una empresa que además de sus negocios agrícolas, su principal fuente de ingresos, es dueña del 64,2% de IRSA, una de las empresas inmobiliarias más grandes de la Argentina. Se presenta en su perfil corporativo como “la empresa líder agropecuaria del país y la única que cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Nasdaq de Estados Unidos. Desde septiembre de 1994, la compañía encaró una gran transformación realizando una importante inversión en tierras, ganado y tecnología”. Transformación de la que dan cuenta los números de sus balances.

En sus comienzos, en plena década menemista, poseía siete campos propios, llegando a tener 32 a septiembre de 2012, lo que implicó un salto de 20.263 a 473.093 hectáreas. En los últimos años logró traspasar las fronteras para sumar 240 mil hectáreas más entre Brasil, Paraguay y Bolivia.

Según la empresa, poseen 406.572 hectáreas de campos propios explotadas para la producción, aproximadamente 82.955 hectáreas de campos propios se destinan a la explotación ganadera, 100.911 hectáreas se dedican a la explotación de ganado lanar, 2.958 hectáreas se destinan a la producción de leche y aproximadamente 55.101 hectáreas se arriendan a terceras partes para la producción de granos y carne.

Su stock ganadero pasó de 20.177 cabezas en 1994 a las 74.756 actuales, teniendo en su poder también 6.861 cabezas para lechería y una capacidad propia de almacenaje de granos de 98.500 toneladas. La empresa da cuenta también de 539.879 hectáreas de “tierras de reserva”. Según afirma en su web www.cresud.com.ar: “Las reservas de tierras de Cresud están localizadas en su mayoría en áreas marginales donde la producción agropecuaria no está totalmente desarrollada. La compañía cree en el uso de la tecnología y de las buenas prácticas agropecuarias para mejorar la productividad de tales tierras e incrementar su valor de largo plazo”. En su mayoría son montes naturales. Además, tienen el derecho de concesión sobre aproximadamente 132 mil hectáreas de terreno por un período de 35 años, con opción de prórroga por otros 29 años.

¿Quién es Elsztain?

Eduardo Elsztain es presidente del grupo IRSA, de Cresud y, a su vez, Tesorero del Consejo Judío Mundial. Su abuelo fue el fundador de IRSA, en 1943, por entonces una importante inmobiliaria que, con el tiempo, se convirtió en la mayor empresa argentina de inversiones en bienes raíces. Considerado uno de los mayores terratenientes de la Argentina, es dueño de los principales shoppings de Buenos Aires y también el principal accionista del Banco Hipotecario. A su vez, reviste en el Consejo Asesor Global de The Endeavour Foundation de Nueva York entre otros junto a Edward Misrahi (Director de la banca Goldman, Sachs & Co. - Área Latinoamérica -dueños del grupo Clarín-), y Francisco de Narváez (Next International, CEO).

Además, vicepresidente del Banco Hipotecario, controlado por IRSA, el cual fue privatizado con un gran trabajo de lobby del grupo IRSA durante el menemismo. Entre otros bienes de su imperio inmobiliario se encuentran los principales shoppings de Buenos Aires: Abasto Shopping (Buenos Aires), Alto Avellaneda (Avellaneda), Alto NOA (Salta), Alto Palermo (Buenos Aires), Alto Rosario (Rosario), Buenos Aires Design (Buenos Aires), Córdoba Shopping (Córdoba), DOT Baires Shopping (Buenos Aires), Mendoza Plaza (Mendoza), Paseo Alcorta (Buenos Aires), Patio Bullrich (Buenos Aires), Patio Olmos (Córdoba), Soleil Factory (Boulogne). Campos ganaderos y agrícolas en todo el país (agrupados bajo la empresa Cresud), hoteles de lujo (Llao-Llao, Intercontinental y Sheraton Libertador) y varios edificios emblemáticos como el Rulero de Retiro, el Laminar Plaza, de Catalinas, y su última adquisición, la Torre de Microsoft, por la que hace unas semanas pagó 27 millones de dólares, según reseña el diario La Nación en la nota titulada “Eduardo Elsztain: el dueño de la tierra”.

Sus vínculos con el poder

De los 100 mil dólares de capital inicial que detentaba allá por 1994 cuando se hizo con la compañía hasta las ganancias de más de 176,7 millones de pesos registradas en 2012, hubo un camino plagado de alianzas y vínculos con el poder. Su asociación durante los ‘90 con el magnate George Soros le permitieron a este último ganancias por operaciones inmobiliarias superiores a los 500 millones de dólares y al argentino la capitalización necesaria para seguir expandiendo su poderío.

Luego de que Soros decidiera poner la mira en otros horizontes de negocios más promisorios por el 2000 en plena crisis, IRSA fue buscando nuevos socios. Entre ellos tres de los empresarios más ricos del mundo: Sam Zell, uno de los cinco mayores propietarios de inmuebles de los Estados Unidos; Michael Steinhardt, dueño de uno de los principales fondos de inversión; y el propio Bronfman, que hizo su fortuna con la venta de la fabricante de bebidas Seagram y los estudios Universal.

Un amigo de la Kasa

Empresario de perfil bajo, Elsztain comenzó, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, a tomar notoriedad. No sólo por las reiteradas menciones de la mandataria sobre su persona en los discursos, sino también por ser parte importante de varios anuncios de obras gubernamentales como el plan PRO.CRE.AR, financiado por el Banco Hipotecario del que es accionista mayoritario, o el polo audiovisual de la Isla Demarchi, de gran interés inmobiliario para el empresario por la revalorización que se daría en las zonas aledañas, obviamente, de su propiedad.

Según reseña en su libro “La mafia judía” el escritor sanjuanino Fabián Spollansky, Elsztain tuvo gran influencia en las decisiones del gobierno de Cristina Kirchner sobre la crisis agraria del 2008: “En el mes de enero Eduardo Sergio Elsztain se entrevistó lejos de los despachos oficiales con Martín Lousteau, entonces ministro de Economía, y le sugirió elevar ‘nuevamente’ las retenciones. Éstas ya habían sido elevadas dos veces durante el 2007. Más allá de los intereses fiscales en juego, Elsztain necesitaba esta medida para incrementar aún más su ganancia extraordinaria. Sabido es que existe una ganancia extraordinaria básica por el precio internacional y porque la demanda sigue creciendo en el Extremo Oriente. Pero para poder hacer más fáciles los negocios de penetración terrateniente en Brasil, en Paraguay y en el este boliviano, le hace falta a la mafia más y más dinero. Esos recursos deben ser extraídos de la gran masa de productores en negro, que ante el crecimiento de las retenciones habrían de quedar a merced de los acopladores y de los grandes cerealistas exportadores, de los cuales Elsztain y su amigo Marcos Marcelo Mindlin son los primeros”. En aquel momento el magnate sojero declaró: “Nunca se puede decir que una suba de impuestos no afecte a un negocio, pero acá hay que mirar la película y no la foto. Evidentemente el campo sigue siendo un negocio atractivo para los inversores”.

No sólo en las obras y los negocios coincide el magnate con el gobierno nacional, sino también en la visión global del papel que le toca a la Argentina y la región en el concierto económico mundial. “Nuestra visión de una población mundial creciente impulsando fuertemente la demanda de alimentos junto con la escasez de tierra arable en el mundo y las atractivas condiciones de clima, suelo y agua que posee la región nos impulsa a posicionarnos en Latinoamérica como un gran productor y exportador de alimentos para el mundo”, aseguró el presidente de Cresud en la carta de balance a sus accionistas de 2012.

También parecen unir los intereses de Cresud con los esperados por el modelo agropecuario kirchnerista, las expectativas futuras. Mientras el gobierno pone en manos de la soja su gran esperanza de dólares para aceitar la economía en un año electoral, Cresud ve en el mismo sentido una posibilidad de seguir aumentando sus ganancias. “El contexto luce atractivo para el segmento agropecuario en la región. Tras haber experimentado una dura sequía en 2012 que luego se expandió al norte del continente, los precios de los commodities, principalmente la soja, evidenciaron una tendencia alcista ubicándose en valores superiores a los 500. Asimismo, esperamos muy buena producción anual ya que se vislumbra un buen nivel de precipitaciones. El USDA proyecta en Argentina una campaña de 27 millones de toneladas de maíz y 53 millones de toneladas de soja. Nosotros esperamos sembrar aproximadamente 203 mil hectáreas de granos en toda la región”, auguró a sus accionistas el dueño de la tierra en Argentina.

Si bien se han sancionado algunas leyes referidas a la posesión de la tierra, han tenido más que ver con cuestiones secundarias (aunque relacionadas), como la extranjerización. Mientras tanto, siguen desapareciendo numerosas pequeñas y medianas chacras y avanzando el desierto verde de latifundios y pooles. “Quien busque la razón última por la cual esto ocurre en buenas y malas épocas para el chacarero, asegura el investigador Azcuy Ameghino, no la encontrará sino en la naturaleza del régimen capitalista y la competencia mercantil, donde inevitablemente, desde siempre, y en todas las ramas de la producción, el comercio y los servicios, el pez grande se come al pez chico, o vive a sus expensas”.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Nuevas postales narcos

Carlos Del Frade (APE)

La geografía del Gran Rosario fue llamada, alguna vez, el cordón industrial del Paraná. Eran los años sesenta, setenta y ochenta. Las plumas flamígeras de las fábricas que convocaban al turno noche y las escuelas industriales, comerciales y bachilleres que perdían pocos alumnos porque el futuro existía porque había trabajo. Los años noventa fueron violentos en el saqueo y el espacio social, económico y cultural devino en el presente del cuentapropismo desesperado ante paraísos inmobiliarios que agregaron cierta belleza edilicia de frente al río y muchas necesidades en otras latitudes de la zonaEl viernes 12, un incendio en la mismísima alcaidía de la Jefatura de Policía de Rosario terminó con la vida de dos personas, uno de ellos, Miguel “el Japo” Saboldi. Su viuda, Norma Acosta, acaba de pedir custodia.

-Los Bassi andan dando vueltas por todos lados con una Toyota Hilux, color gris, vidrios polarizados, que es el mismo vehículo que lo mató al Negro Fabio López, que era amigo de mi ex esposo...Pedro González (intendente de Villa Gobernador Gálvez, ciudad pegada a Rosario hacia el sur) dijo con tono mafioso que me iba a llamar a su despacho…- denunció la mujer.

No hace mucho tiempo atrás, el mandatario de la ciudad de los frigoríficos, González, clamaba por matar a veinte para que termine la inseguridad. En el año 2003, cuando el mismo intendente gobernaba la misma localidad, hubo denuncias presentadas en el congreso de la Nación que hablaban de droga repartida desde las ambulancias del hospital lugareño.

Desde entonces hasta el presente, Villa Gobernador Gálvez y el sur rosarino se han convertido en un repetido escenario de muertes adolescentes con el fondo de las historias de bandas de narcotraficantes que se disputan los territorios estragados por la ausencia de aquellas mitológicas industrias y talleres que hoy ya no están. Mientras sí hay presencia del estado de forma corrupta a través de los nichos cómplices de las fuerzas de seguridad.

También en las últimas horas la región fue noticia con otros personajes que hacen negocio con la desesperación de las hijas y los hijos del pueblo.

La llamada policía judicial de Portugal detectó en diciembre de 2012 un cargamento de 1.235 kilogramos de cocaína de máxima pureza escondidos en tambores cargados de pulpa de peras. La carga estaba valuada en más de 56 millones de euros. Había sido enviada desde el puerto de Zárate el 9 de noviembre del año pasado.

El fiscal federal de esa localidad bonaerense, Orlando Bosca, investigó y procesó a Carlos Mulé, un empresario rosarino de 61 años, músico y cantante que tiene alquilado un galpón al que debía llegar la mercadería en Méridda, capital de Extremadura. Enseguida contrató el servicio de un estudio de abogados muy conocido en estas lides.

En menos de 48 horas, una vez más la región del Gran Rosario ha sido atravesada por noticias derivadas de un fenomenal negocio como es el narcotráfico y que muestran el nivel de penetración del circuito de dinero fresco que tiene hoy el capitalismo en los distintos sectores sociales de la Argentina.

Empresarios de distintos rubros, bandas integradas por funcionarios de seguridad, barrabravas que hacen negocios mucho más allá de los paravalanchas de los estadios, abogados prestigiosos que se repiten en estos casos; todos actores de una región y un país que todavía no supo explicar por qué hubo tanta impunidad por el robo de la que fuera una de las banderas existenciales de la Argentina: el trabajo sirve para construir un futuro mejor y lograr la felicidad de las mayorías.

Ausente esa certeza que atravesaba a distintas generaciones de argentinos, la zona sur de la provincia de Santa Fe muestra, entonces, la multiplicación de muertes y hechos relacionados con el narcotráfico.

Desde el mismísimo corazón de la jefatura de la policía rosarina y desde los puertos del norte de la provincia de Buenos Aires, esas señales están marcando la imperiosa necesidad de pensar cuándo será el día en que las dirigencias de los partidos políticos mayoritarios empiecen a hablar del tema saliendo del triste jueguito para la tribuna de echarle siempre la culpa a los otros.

Porque en el fondo del negocio no solamente se mueven millones de euros, sino también decenas y decenas de pibas y pibes que ya no forman parte del presente.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Voces días después del naufragio (Parte I)

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

Las inundaciones son una catástrofe social que quieren mostrar como natural. Entrevista a Julio Gambina, economista.

Mario Hernandez (MH): Estamos escuchando a Charly García en “No bombardeen Buenos Aires” y en comunicación con Julio Gambina. Nos dejaron como si nos hubieran bombardeado.

Julio Gambina (JG): Sí, más o menos, con una cantidad de muertos que va aumentando. Es una catástrofe social que muchos quieren mostrarla como natural. Está bien asociarla al bombardeo porque también éste es social. Hay gente que decide bombardear una ciudad. No es un fenómeno natural, es social. En este caso tiene que ver con la desidia del Estado municipal, provincial y nacional, de los actuales y de los anteriores. Incluso cuando la presidenta visita Tolosa en La Plata y dice hace 50 años nos inundábamos, uno podría decir, a confesión de parte, relevo de prueba. La pregunta sería qué se hizo en 50 años que el arroyo El Gato sigue desbordándose y generando inundaciones con las secuelas económicas, sociales, incluso culturales y también de las positivas, porque lo más positivo que tuvo todo esto fue la solidaridad social. Lo cultural negativo es todo lo demás que puso en evidencia que el Estado argentino está al servicio de ciertos y determinados intereses porque en simultáneo que se están evaluando las consecuencias económicas y sociales del fenómeno de las inundaciones, el Banco Central dispone de U$S 3.300 millones de las reservas internacionales para que el Poder Ejecutivo pueda cancelar deuda externa con organismos financieros internacionales. Esa cifra duplica o triplica, según quien haga la evaluación, el costo económico que han tenido las inundaciones.
Entonces, me pregunto ¿cómo es la historia? Argentina puede disponer de recursos de sus reservas internacionales para pagar a organismos internacionales que son sospechados, criticados e incluso en el discurso oficial, como corresponsables de los problemas que tiene nuestro país y no se utilizan para una política preventiva. Si no se usaron antes, se puede hacer ahora, porque no puede pensarse que estas situaciones no generen un plan integral de prevención. El mejor ejemplo que se puede dar en este sentido es el de Cuba, un país que sufre tifones, huracanes habitualmente, por su localización geográfica, y cada vez que ocurre una de estas situaciones le ocasiona pérdidas de patrimonio, viviendas, etc., muy serias pero no de vidas humanas porque está todo preparado económica, política, social y culturalmente para resguardar la vida de las personas. Eso supone una inversión previa en la formación de la población, en los equipamientos técnicos adecuados, en la formación profesional de los equipos de ayuda, etc.
Fue lamentable escucharlo a Mauricio Macri decir que la CABA tiene un equipo de emergencia de 600 profesionales altamente calificados pero que se vieron desbordados al ser decenas de miles los afectados por las inundaciones. Bueno, ingeniero Macri, hasta profesionalmente Ud. sabe que no alcanza con 600 personas. Se requiere multiplicar por varias veces la dotación de profesionales y personal capacitado para actuar en emergencias, en todos los ámbitos, porque la emergencia no es un tema localizado, hay que prepararse.
Además, estamos en un tiempo histórico mundial, no solo Argentina, donde estos acontecimientos se suceden. Es lo que se discute en la ONU y muchos otros ámbitos sobre el cambio climático que está asociado al trabajo de los hombres, de la sociedad mundial capitalista, de un modelo productivo que es depredador de los recursos naturales y desgasta la naturaleza que no tiene la capacidad de reproducir lo que el hombre depreda por un modelo productivo que es altamente consumidor de agua, tierra y nutrientes. En Argentina esto lo vemos en la sojización, en la megaminería a cielo abierto, en los récords de producción de automotores o en la propia construcción que llena las grandes ciudades de Argentina de pavimento y edificios sin generar las condiciones para servicios que puedan atender este cúmulo de hormigón. No solo la Ciudad, el Gran Buenos Aires y La Plata sino también lo podemos verificar en otras ciudades y no solo en las capitales provinciales sino en el conjunto del interior de nuestro país. Tiene que ver con el efecto de riqueza de este modelo productivo que genera cuantiosos excedentes que se vuelcan a la valorización inmobiliaria.
Si esta es la realidad del capitalismo contemporáneo, no solo de la Argentina, pero incluyéndola, hay que exigir que el Estado tenga en cuenta estos datos de la realidad porque van a haber muchas imprevistos por efectos naturales pero, insistamos, exacerbados por el accionar social de los seres humanos.
No se ha discutido mucho, pero en medio de la inundación, hubo varias explosiones en la planta de YPF en Ensenada.

MH: Hoy hice referencia al tema de la lista de muertos y también a este tema porque están ocultos en la información. Corregime si no es así, pero tengo entendido que los daños en la destilería demandarían una inversión de U$S 3.000 millones adicionales a los previstos en importación de combustibles.

JG: Es muy probable y te agrego, estamos con una empresa estatizada parcialmente pero que sigue con un criterio de gestión similar al que tenía la empresa privada a punto tal que las inversiones se están buscando en el mercado mundial con las transnacionales petroleras como Chevron, lo que es paradigmático.
La sociedad argentina adhirió mayoritariamente a la estatización aun siendo parcial porque hay un imaginario de independencia nacional en el manejo energético, hidrocarburífero, pero no nos equivoquemos, no nos hagamos los rulos, hoy la intervención del Estado en la economía actual no está vinculada a un proyecto de desarrollo, incluso de un capitalismo nacional, parecido al de los ’40 y ’50. Desde que se instaló la lógica del Rodrigazo, de la dictadura militar, con las privatizaciones y liberalización de la economía, lo que se busca es un capitalismo inserto en la economía mundial y, por lo tanto, se busca petróleo, combustibles para el desarrollo de una sojización que supone exportación del producto, de una megaminería, un desarrollo de la industria automotriz donde más del 70% va a parar al mercado externo. El tema es una producción para colocar en el mercado mundial, lo que supone salarios bajos para poder competir internacionalmente y lo que ha habido es una depredación de los recursos naturales hidrocarburíferos y, Argentina, que en los últimos años fue gran exportadora de combustibles, se ha transformado en una importadora de energía al nivel de U$S 10.000/11.000 millones anuales que es el equivalente al superávit comercial total que tenemos en un año.
Con esta nueva situación de la explosión en la destilería su presidente dice que se va a asegurar el abastecimiento de combustible en todas las estaciones de servicio de YPF, pero se va a lograr con mayor importación de combustible, por lo tanto, hay que prever que en este 2013 y en el horizonte mediano del 2014, las importaciones de combustibles van a ser mayores, con lo cual el tema de las inundaciones es mucho más serio que la cuestión que se muestra como catástrofe natural o como un fenómeno que se puede resolver con algunos subsidios.
Hoy, la Legislatura de la Ciudad ha aprobado un incremento de los subsidios que parecen broma. Van a haber 30 días para presentar los daños, otro tanto por parte del municipio para investigar si son reales, pero acotados a una cifra limitada de $ 25.000 por todo concepto pero sin analizar la cuestión de fondo que, insisto, es el destino del presupuesto y los recursos para una prevención y una planificación de los Estados municipal, del partido que sea, provincial, gobierne quien gobierne y nacional para estar prevenidos ante situaciones como éstas, que no tengamos dudas se van a reiterar en Buenos Aires o cualquier otra ciudad argentina.
Hace poco la inundada fue Santa Fe que está a la vera del río Paraná, lo mismo puede ocurrir en Entre Ríos o Corrientes.

MH: A fin de año pasó en Rosario, en sus barrios marginales.

JG: Normalmente lo que ocurre en Rosario, en Santa Fe, donde sea, es que los más golpeados son los sectores vulnerables, los más empobrecidos. También puede golpear a algunos sectores de altos recursos y se han visto 4x4 inundadas y muchos edificios nuevos tapados por el agua, pero el drama afecta a los sectores de más bajos ingresos. Los sectores de altos ingresos tienen como resolverlos por los seguros, pero aquéllos que tienen su casa o vivienda precaria y restricciones para abastecer las necesidades cotidianas de la familia, tienen serias dificultades porque no pueden resolver el ingreso cotidiano ni el día ni la semana siguiente del acontecimiento y tienen que dedicarse a rescatar lo que sea o ver cómo recupera condiciones de vida para vivir al día, por lo tanto, no es lo mismo cómo afecta a unos y otros.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina, La Plata: el entramado judicial que dejó la inundación

OTROS CIRCULOS

“CUANDO LO INDECIBLE ES ESENCIAL A LOS OJOS” es el título que eligió el colectivo jurídico De Eso No se Habla. Cuando se retiró el agua que convirtió en río las calles de la ciudad, una mirada entrenada hace mella en el debate sobre cómo dar cuenta de las víctimas y los damnificados. Reproducimos la opinión del equipo de jurídico que se desempeña en la Facultad de Ciencia Jurídicas y Sociales de la UNLP.

Luego que la ciudad de La Plata fuera devastada por las inundaciones del último dos de abril, uno de los escenarios que ha concitado la atención de los medios de prensa y la ciudadanía en general, es el que se ha generado en torno al número de personas fallecidas a causa del siniestro. Tal controversia tiene como protagonistas centrales a miembros del poder judicial, tanto del fuero penal, como del contencioso administrativo, así como también al Ministro de Seguridad y Justicia e incluso al propio gobernador bonaerense.

En el origen de esa disputa, se ha omitido atender a otras cuestiones, que podrían sintetizarse en dos preguntas: cómo se cuentan los muertos en un hecho de estas características; cuál es el parámetro que debe utilizarse para computar las muertes en el marco de una inundación como la que aún sufren miles de personas en La Plata, Berisso y Ensenada.

Nos preguntamos entonces, quién dice qué muertes sí deben relevarse, y qué muerte no. Hay algún parámetro para tomar de referencia, algún marco que nos oriente para saber qué información debe ingresar al expediente en curso en el fuero penal y cómo. O es que eso queda librado a lo que digan los funcionarios judiciales, lo define el Ministro de Seguridad y Justicia, o es una potestad del gobernador.

Es obvio que en un Estado Constitucional de Derecho, está cuestión no queda librada a la arbitrariedad mayor o menor de un funcionario judicial, ni lo define el Ministro de Seguridad y Justicia o el gobernador, ya que el parámetro de actuación de los funcionarios lo fija la ley.

Si sólo fueran relevantes las muertes en orden a un mero una cálculo estadístico, no se justifica la intervención de la justicia penal y la investigación en curso; de hecho a eso se dedican diversos organismos administrativos con distintos fines, censales, sanitarios de prevención y contención de pandemias, etc.

Si interviene un agente fiscal del fuero penal, esto solo puede explicarse en la medida que exista la posibilidad de que el evento encuadre en una figura penal, esto es que estemos ante la presunta comisión de un delito. En este último caso, no sólo interviene el agente fiscal, sino que está obligado a intervenir, a punto tal que de no hacerlo alguien idóneo del ministerio público provincial, incluso pondría en riesgo el deber de asegurar la administración de justicia que pesa sobre la provincia, cuya omisión la expondría a la intervención federal(1).

Entonces nos preguntamos, qué se está investigando en el expediente que se desarrolla en el fuero penal: se indaga el posible acaecimiento de un estrago que el código penal describe como uno de los delitos contra la seguridad pública en los artículos 186 y 189 (2).

Se ha puesto atención a qué daños y peligros han recaído sobre bienes y personas y quiénes deberían responder tanto penal como patrimonialmente. O sólo se está cubriendo la formalidad de hacer “como que se está haciendo algo” desde el Estado Provincial, elaborando una lista de decesos mejor o peor confeccionada, con criterios ajenos a los que la ley penal imponen a los funcionarios encargados de investigar los delitos.

Más allá de la discusión originaria, centrada en el deber funcional y el derecho ciudadano de acceso democrático a la información de interés público, que fue impulsada por dos funcionarios judiciales, honrando sus deberes y cumpliendo sus funciones, lo concreto es que un delito de peligro común, como es el estrago por inundación, todas las personas cuyo fallecimiento se acreditó contemporáneamente al siniestro, tienen interés para la investigación criminal: son parte de las muertes sospechosas de criminalidad en un caso de estrago. Esto, en palabras del ministro de seguridad y justicia a través de su gobernador, incluiría a los 88 fallecidos a los que aludiera el 9 de abril pasado , afirmación al menos apresurada desde que el número de víctimas fatales como producto de la inundación, solo puede determinarse con posterioridad a que una investigación penal eficiente, eficaz y sujeta a los parámetros legales, corrobore o descarte la vinculación entre las muertes y el delito investigado.

Siguiendo la letra de la ley, también interesan las personas que no fallecieron pero corrieron peligro cierto de muerte, y en esa inteligencia no debería soslayarse el siniestro que afectó simultáneamente a la destilería local de YPF durante la inundación (repárese que la causa del incendio fue vinculada con la falla de sistemas de emergencia producto de la inundación). Bien podríamos acordar entonces, en término de hipótesis que las víctimas directas serían un colectivo indeterminado de habitantes de la región, muy superior a los números en danza, y todavía no contabilizado.

En ese orden de ideas, también deberían relevarse los bienes, y con ellos los daños patrimoniales producidos respecto de todos aquellos que resultaron damnificados, entre los que cuenta especialmente la destrucción total o parcial de archivos públicos, como el de Chicha Mariani, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco .

Las reflexiones que compartimos nos resultan esenciales, toda vez que desde el gobierno provincial se ha pretendido banalizar la discusión cual si sólo importara imponer una cifra de muertos, y desviar la mirada de que las autoridades municipales contaban con los informes elaborados hace seis años por expertos en hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la ULNP, en el que se le habría presentado un plan de obras para prevenir inundaciones en La Plata. No obstante lo dicho, esas mismas autoridades municipales agravaron la situación hace tres años al habilitar la construcción de torres, sin prever su impacto en los desagües. Esto en su momento habilitó a la Suprema Corte de Justicia bonaerense a advertir en torno a “la relajación de normas destinadas a regular el uso del suelo”, por la sanción del nuevo Código de Ordenamiento Urbano. Bien cabe recordar, que hace dos años el alto tribunal provincial hizo notar a las autoridades municipales, que el nuevo código reemplazaba algunos parámetros estrictos por otras variables que sólo parecen tender a una mayor edificabilidad, pero podrían provocar un potencial riesgo a la estructura general de la ciudad. Punto sobre el cual, supo también expresarse la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP .

Por lo cual entendemos que sería necesario cuanto menos hablar sobre el posible delito de estrago, en los términos que lo fija la ley penal, ya que esto no solo hace a la seguridad ciudadana de los habitantes de la provincia, sino también porque urge exigir que el estado provincial le garantice a todas las víctimas y damnificados por la inundación, el derecho a la tutela judicial efectiva del interés afectado por el delito y al derecho a la verdad, sin dejar por ello de recordar que, como bien decía Edmond Locard, uno de los pioneros de la criminalística “el tiempo que pasa es la verdad que huye”.

Nota al pie:
1) Artículo 5 de la Constitución Nacional: Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.
2) ARTICULO 186. – El que causare incendio, explosión o inundación, será reprimido:
 1º Con reclusión o prisión de tres a diez años, si hubiere peligro común para los bienes;
 2º Con reclusión o prisión de tres a diez años el que causare incendio o destrucción por cualquier otro medio:
 a) De cereales en parva, gavillas o bolsas, o de los mismos todavía no cosechados;
 b) De bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales o cualquiera otra plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados;
 c) De ganado en los campos o de sus productos amontonados en el campo o depositados;
 d) De la leña o carbón de leña, apilados o amontonados en los campos de su explotación y destinados al comercio;
 e) De alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sea en pie o emparvados, engavillados, ensilados o enfardados;
 f) De los mismos productos mencionados en los párrafos anteriores, cargados, parados o en movimiento;
 3º Con reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiere peligro para un archivo público, biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o de pirotecnia militar o parque de artillería;
 4º Con reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiere peligro de muerte para alguna persona;
 5º Con reclusión o prisión de ocho a veinte años, si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de alguna persona.
3) ARTICULO 189. – Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos.
 Si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cinco años.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Violencia en el fútbol: Nada nuevo bajo el sol

EL CAMINANTE - ANRED

Las sanciones a las hinchadas que generen disturbios, con la imposibilidad de concurrir de local la próxima jornada, y la última novedad del sistema AFA PLUS lejos están de solucionar el problema estructural de la violencia. El Caminante analiza la situación actual de un tema por demás complejo que trasciende la esfera del fútbol y se convierte en un flagelo político y social.

Si te portás mal no entrás (o pagando los platos rotos de los violentos)

Parecía ser que la respuesta a la ya urgente demanda de parte de todos los que aman y se apasionan por el fútbol pero no asocian “pasión” con “vandalismo” comenzaría a escucharse. De hecho, desde hace ya un tiempo rige castigo. Es la medida publicada en el Boletín Nº 4746 y aprobada por el Comité Ejecutivo de AFA. Las hinchadas que provoquen disturbios dentro de un estadio serán sancionadas con la imposibilidad de concurrir al próximo partido que disputen de local o visitante, según la condición en la que se efectúen los incidentes. Esto dejó sin apoyo la iniciativa que sugería que no haya público visitante en ninguna cancha, como ya había pasado por largo tiempo en las categorías de ascenso (desde la temporada 2007/2008 hasta la temporada 2011/2012).

Sin embargo no se está atacando la raíz estructural de la violencia dentro del fútbol. Este tipo de medidas apuntan a restringir el acceso para todos, sin ningún tipo de discriminación hacia los verdaderos promotores de los hechos delictivos. Lejos de identificar y aplicar el derecho de admisión hacia los violentos, acción que los clubes deberían realizar en lo inmediato, se corta por lo más sano del fútbol, por los verdaderos hinchas. Todo esto se agrava mucho más cuando es de público conocimiento quienes son los que siempre están implicados. Rosario Central es la primera entidad que fue sancionada con esta disposición. Tras los graves incidentes producidos luego de la victoria del elenco rosarino contra Atlético Tucumán por 4 a 3, cuando visite a Independiente Rivadavia en Mendoza los fanáticos del Canalla lo verán por tevé. Sí, todos. Sin excepción.

¿La solución es esta?

En los últimos días las sonrisas y las declaraciones de satisfacción se pusieron en evidencia en muchos dirigentes de AFA y también de los clubes de primera división de nuestro país. Si esta “solución” para socavar de manera definitiva la violencia, que fin de semana tras fin de semana abre nuevos y tristes capítulos, tuviese verdaderamente esa eficacia que se promueve quizás el resto del mundo futbolístico también compartiría semejante satisfacción. Pero es aquí donde todas las artimañas discursivas y los gestos de un optimismo desbordado se empiezan a contrastar con los hechos y con la realidad misma. Y los hinchas genuinos, que van todos los domingos a alentar al club de sus amores de manera desinteresada, sin negocios ni mafias de por medio, nuevamente, se verán poco beneficiados con lo dispuesto desde arriba como “un cambio revolucionario”.

¿Qué es AFA PLUS?

Esta “revolución” se la atribuyen al nuevo Sistema de Administración para el Ingreso Biométrico a los Estadios del Fútbol Argentino. Este consiste, según se muestra en la página web oficial de AFA en “herramientas digitales y biométricas (o sea, se reconocen a los individuos por su anatomía o psiquis o incluso su comportamiento) que apuntan a un mayor control en la organización y comercialización de los eventos deportivos por parte de los clubes”. Se aplicará tanto para socios como para no socios. Ya ha habido una suerte de prueba piloto en el estadio de Colón de Santa Fe, durante la segunda fecha del actual torneo cuando el local se enfrentó contra San Martín de San Juan.

Para ingresar al estadio a partir del Torneo Inicial 2014, a fin de cuentas, habrá que tener la credencial y colocar las huellas dactilares del dedo índice sobre un sensor. La obtención del carnet se producirá luego del empadronamiento de los hinchas en las sedes de los clubes. En los últimos días se ha puesto en la sede del club Lanús el primer Centro de Empadronamiento. Cabe recordar que la mayoría de los clubes de primera división deben acondicionar sus estadios para que allí funcionen no solo los Centros de Empadronamiento sino también las nuevas puertas de acceso inmediato a los estadios, con una altura de 2.10 mts. y donde se colocarán las huellas dactilares (para investigar largamente el negocio que esto implica y en el que está inmerso la empresa Telecom) . En la fase previa del ingreso habrá un cordón policial y lectoras electrónicas para verificar que cada persona tenga en su tarjeta magnética la entrada paga o el carnet actualizado, que vence cada 5 años.

Uno de los objetivos perseguidos con este proyecto radica en solucionar temas que resultan conflictivos en relación a la comercialización y que hacen que conseguir entradas se traduzcan en una verdadera odisea. Las entradas, una vez inscripta la persona al sistema, se conseguirán mediante los cajeros electrónicos, Internet o los teléfonos celulares. Así se la presenta como una solución a la reventa de entradas o las larguísimas colas en los estadios, que en las previas de partidos importantes suelen ser caóticas y en algunas casos hasta dejan saldos de heridos.

No obstante, este proyecto que en su faceta organizativa se presenta como “remedio” anti- violencia se queda en la mitad del camino entre las buenas e inocentes intenciones y la vista gorda de las dirigencias y su connivencia con las barrabravas, eximiéndolos de vínculo alguno con los violentos. Se quiere combatir la violencia sin combatir a los violentos. De hecho Daniel Angelici, presidente de Boca en los últimos días llego a señalar que “la parte de responsabilidad de los dirigentes es menor con respecto a la violencia del fútbol”. En publicaciones anteriores, Gustavo Grabia, periodista del Diario Olé y columnista del programa deportivo Estudio Fútbol, hace mención al avance de este proyecto significa para, aunque sea incipientemente, frenar este flagelo. Pero a su vez recalca que “solo servirá si está acompañada de acción política”. No sería descabellado pensar que, si no hay decisión de intervenir realmente sobre el accionar de las barras, estas salteen estos controles e ingresen a los estadios “por la puerta de atrás”.

Esta parcial suposición no es menor si se piensa que hoy día los barrabravas que van “de la mano” con las Comisiones Directivas de los clubes no integran las listas de derecho de admisión para entrar en los estadios (a pesar que pesen sobre ellos causas judiciales). Esto sí sucede con los violentos que están en contra de la dirigencia. Se pone de relieve así que hay una decisión política de no reprender a barrabravas identificados y con antecedentes violentos que sean oficialistas. Cae así el “mito” que indica que los dirigentes no conocen a los barras de sus clubes o que, citando nuevamente a Angelici, “solo se conocen a las caras visibles, las más mediáticas”.

No menos importante resulta ser la decisión estatal de erradicar las barras y concebir al problema de la violencia en el fútbol como tema de interés social y político. Al igual que en el caso de los dirigentes de los clubes, los políticos no muestran iniciativa y, lo que es más, se puede ver como facciones de barrabravas actúan como fuerzas de choque en conflictos del ámbito sindical, sirviendo a las grandes burocracias de los gremios. También son comunes en los espacios estudiantiles o incluso en barrios humildes con su actividad punteril (ya hasta institucionalizada por el propio Estado) desactivando todos los proyectos de organización independiente de los vecinos.

Además no se puede analizar enteramente el fenómeno de la violencia sin preguntarse qué rol ocupa la policía (ya sea en Capital Federal, Gran Buenos Aires o Santa Fe) y, aunando más en la cuestión, que grado de complicidad les toca. Pero esto tampoco se podrá mejorar si no se piensa en una renovación total de la institución policial, repreguntarse cuál es el rol de la policía en nuestra sociedad, a quien beneficia y a quien castiga, que intereses son transversales a toda la institución en su conjunto, como es que deja pasar cosas que no pueden pasar (barras entrando con armas a la cancha fecha tras fecha, apretadas a dirigentes que se oponen a las barras o a jugadores para que les den plata, etc.).

Todo parece indicar que mientras las herramientas para frenar la violencia del fútbol no ataquen la problemática de raíz (que no solo incluye a quienes ejercen la violencia sino también a todos aquellos que la permiten, por acción u omisión) habrá que hacer más seguido notas como esta.

La pelota sí se mancha. Las 15 tristes del mes de marzo.

Tiros entre las dos facciones de la barrabrava de Estudiantes de La Plata en la sede del Pincha en disputa por el liderazgo de la tribuna. Un detenido.

Cruce a los tiros entre hinchas de Huracán y Deportivo Morón, en San Juan, en la previa a los partidos de estos dos equipos (que ni siquiera jugaban entre sí) por Copa Argentina. Dos hinchas en grave estado.

Piedrazos en el clásico tucumano por la Copa Argentina .Hinchas de San Martín se pelaron contra el cuerpo policial, que reprimió con balazos de goma.

“Problemas” en la barra brava de Boca; por Copa Libertadores, piñas y cuchillazos en el predio de Casa Amarilla y en otro episodio se prendieron fuego tres autos de hombres de La 12.

Ataque en la Avenida Gral. Paz de la barra de Colón hacia hinchas comunes de riverplatenses, que se repitieron en el puente Labruna, lindero al estadio Monumental. Dos heridos de arma blanca.

La suspensión del partido entre San Martín de San Juan y Racing, donde caía el local, por “decisión” del público local.

La agresión del plateista de Independiente que rompió el vidrio de una cabina de transmisión duarnte el partido con Godoy Cruz, disgustado con un fallo del juez de turno, Néstor Pitana.

En una pelea por entradas y cuestiones barriales, un barra de River baleó a otros dos, antes del partido con Vélez, en la estación Scalabrini Ortiz de la línea Belgrano Norte de trenes, justo enfrente del Monumental.

Un hincha de Argentinos Juniors, Martín Alfredo Reimunder, de 25 años, perdió un ojo tras la salvaje represión de la Federal en la desconcentración de los hinchas del Bicho después del empate con Boca en La Bombonera (balazo de goma en el ojo).

En la Primera D hubo enfrentamientos entre las hinchas de Ituzaingó y de San Martin de Burzaco que dejaron como saldo varios heridos, represión policial con balas de goma incluida, incluidos dos jugadores y el presidente del club del sur del Gran Buenos Aires.

Represión policial durante el partido que disputaban Newell´s y Belgrano en Rosario. La policía reprimió a la hinchada visitante y el jugador del Pirata Gastón Turus fue golpeado.

En la previa de River y Tigre, dos facciones de la barra del Matador de Victoria se enfrentaron, dejando un muerto como saldo.

En el partido en Santa Fe entre Unión y Quilmes, los hinchas locales confrontaron con la policía. La parcialidad cervecera fue sacada a las corridas del estadio del tatengue.

Las facciones de las barras de Gimnasia (LP) se enfrentaron entre sí antes del duelo con Nueva Chicago en su estadio. El saldo: un chico de 12 años muerto por un balazo luego de la contienda. En ese mismo partido los hinchas del Torito protagonizaron incidentes con la Policía.

Leo Díaz, arquero de Muñiz, recibió un puntazo en el bíceps por parte de la barra de Alem tras el partido entre ambos por la Primera D.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina, Mendoza: un proyecto pretende subsidiar a víctimas de violación

María Florencia Alcaraz (COSECHA ROJA)

Laura tiene 17 años y vive en la zona rural del gran Mendoza. Tiene un vínculo con un chico que la obliga a mantener relaciones sexuales sin protección. No es su novio. No es su amigo. Es un chico, de su edad, que la acosa y ella no sabe cómo romper con esa relación. Laura quedó embarazada. Ella, que no terminó el colegio, dice: “No quiero criar a un violento como él”. Laura pidió ayuda a una trabajadora social que motoriza en su barrio la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. La adolescente decidió abortar con pastillas usando misoprostol. ¿Qué hubiera pasado si el Estado le hubiera brindado un subsidio de $4.200 para continuar el embarazo? Es que en Mendoza un polémico proyecto de ley pretende subsidiar a las mujeres como Laura, víctimas de violación, para que no interrumpan sus embarazos. Laura dice que de todos modos no habría aceptado.

La iniciativa es del senador mendocino del Partido Justicialista, Matías Stevanato. Pero contradice el fallo de la Corte Suprema, que resolvió que las mujeres violadas podrán practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal. La propuesta, que está siendo debatida en la Comisión de Salud, será tratada en la Comisión de Hacienda y luego en la de Legislación y Asuntos Constitucionales. Si se aprueba en comisión, en mayo será tratada en la Cámara de Diputados provincial.

El “Programa de prevención, asistencia y compensacióna”, además del subsidio económico, propone asistencia médica, psicológica, patrocinio jurídico gratuito, medicación gratuita y hasta asistencia habitacional. La iniciativa es cuestionada por otros legisladores, organizaciones sociales y de derechos humanos.

“Es un proyecto mercantilista, discriminador y estigmatizador que reduce la problemática a una cuestión monetaria subestimando a las mujeres. Parece como si fuera un premio. No hay con qué pagar la pérdida y el daño que supone una violación. Se presentó como una respuesta a la intención de protocolizar el aborto no punible”, dijo a Cosecha Roja la diputada mendocina Liliana Vietti (UCR), autora del proyecto de adhesión a la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles.

En diciembre de 2012 el Senado de Mendoza rechazó la adhesión a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles que tenía media sanción en la Cámara de Diputados provincial. El proyecto se archivó y será debatido recién en mayo próximo, con la apertura de las sesiones ordinarias. Así, el proyecto de Stevanato se presenta como una alternativa al protocolo solicitado en un fallo de la Corte Suprema. Mendoza se encuentra entre las diez provincias no presentaron sus propuestas.

Stevanato alega una visión “humanitaria” de la situación social. “Es un deber de la sociedad. Para proteger a la madre hay que salvar a las dos vidas”, dice en el texto. Este enfoque de protección de los derechos de la mujer está presente en la guía de aborto no punible, aclara Vietti: “La atención psicológica y el trato humanizado ya está en la guía que el Senado archivó”.

En el proyecto de ley de Stevanato, la mujer cobraría, desde la concepción del niño y de por vida, el equivalente a un salario y medio mínimo vital y móvil. La mitad sería otorgada a la mujer y el monto completo al niño, que solo recibiría el dinero hasta que alcance la mayoría de edad. Hoy la supuesta beneficiaria recibiría $4.250.

“Se subestima la problemática porque al ofrecer dinero, pareciera que esto pasa por las clases populares. Pero la violencia contra las mujeres no conoce de clases sociales”, dijo la psicóloga Sara Gutiérrez, de la organización no gubernamental “Las juanas y las otras”.

Otro aspecto cuestionado es que el proyecto continúa judicializando la problemática de los embarazos producto de violaciones. Porque plantea que “la asistencia será dispuesta por el juez que entienda en la causa promovida por la comisión del delito”.

Para Gutiérrez, el proyecto de ley “va en contra de lo dictaminado por la Suprema Corte”. “Es subsumir a la mujer en una violencia más profunda. Hay un primer hecho violento extremo en el cuerpo de una mujer que es la violación. Después se sucede un segundo hecho violento, que es que el material genético se enlaza a nuestros óvulos. Las mujeres, en general, no queremos sostener ese enlace violento. De los casos que yo conozco, solo uno decidió continuar con el embarazo”.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina, Chaco. Amparo en protección del bosque nativo: La Justicia advirtió al Gobernador que impiden el cumplimiento del fallo

CHACO DIA POR DIA

La jueza Iride Grillo solicitó al Ejecutivo que designe a un funcionario que lo represente para garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia. Se debe a las trabas impuestas por la Dirección de Bosques del Chaco para avanzar en un informe sobre el impacto de los desmontes en El Impenetrable para dar por cerrada la causa.

La titular del Juzgado Civil y Comercial Nº6 de Resistencia, Iride Isabel Grillo, exhortó al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, a que designe a un funcionario que represente en forma directa al Poder Ejecutivo para garantizar el cumplimiento de la sentencia de un amparo colectivo para la protección de los bosques nativos en El Impenetrable impulsado por distintas asociaciones comunitarias indígenas. Es por las medidas dilatorias interpuestas desde la Dirección de Bosques del Chaco para objetar todas las resoluciones adoptadas por la magistrada para dar cumplimiento al fallo judicial. Por otro lado, la jueza ratificó la intervención de Greenpeace y el Centro de Estudios Nelson Mandela como Amicus Curiae en la audiencia que tendrá lugar en ese tribunal el próximo jueves 18 de abril, a partir de las 9.

Las instancias pendientes

CHACO DIA POR DIA accedió a la página oficial del Poder Judicial del Chaco donde puede consultarse libremente la resolución que la magistrada dictó este lunes 15 de abril, en el marco del Expediente Nº: 1754/04 "Asociación Comunitaria de Nueva Pompeya, Asociación Comunitaria de Comandancia Frías y Asociación Comunitaria Nueva Población C/Pcia. Del Chaco S/Acción de Amparo".

La jueza Grillo subraya que a fin de concluir con la tarea jurisdiccional que le compete como garante de la "tutela judicial efectiva" de la sentencia de amparo debe avanzarse en dos instancias. La primera es la presentación por parte de los profesionales designados -ingeniera agrónoma Ofelia Inés Aguirre, antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo y el biólogo Enrique Alejandro Szelag- de un informe respecto del cumplimiento del punto I del fallo de amparo.

La segunda tiene que ver con el informe sobre los hechos denunciados por la organización ambientalista Greenpeace y el Centro Mandela Chaco, en condición de Amicus Curiae "sólo respecto a este último punto y en razón de haber sido denunciantes los mismos respecto del incumplimiento de la sentencia dictada en la presente causa, sólo sobre esta cuestión y atento a las constancias del expediente, corresponde la intervención de la organización Greenpeace y del Amicus Curiae como se ha venido haciendo" según constancias en el expediente. Además recordó a las partes la "aplicación del principio de preclusión" de aplicación supletoria.

Por la prensa

En la misma resolución, la magistrada da cuenta que se enteró "por medio de la prensa" que "por falta de lugar" no se realizó la reunión de la Mesa de Trabajo que debió concretarse el pasado 8 de abril en la sede de la Gobernación del Chaco. Al respecto, informó a todas las partes intervinientes que, tal como estaba previsto, deberán concurrir al Tribunal a la audiencia fijada para el próximo jueves 18 de abril, a las 9.

"Impiden el avance"

En otro de los tramos contundentes de la resolución, la magistrada da a entender que se introdujeron todo tipo de subterfugios procesales para impedir el avance de la causa -aunque sin nombrar a la Dirección de Bosques del Chaco- y pone en conocimiento del Gobernador sobre "los inconvenientes que ha tenido para dar cumplimiento al fallo". En ese sentido, puntualiza que "a los fines de evitar las responsabilidades jurídicas internas e internacionales de la Provincia del Chaco deberá procederse a la designación de un funcionario en representación directa del poder Ejecutivo del Chaco para que sea quien lo represente y garantice el cumplimiento de la sentencia dictada".

Reconocimientos

No obstante los cuestionamientos por la reticencia de algunas áreas del Ejecutivo a avanzar en el cumplimiento de la sentencia de amparo para la protección de los bosques nativos, Grillo destacó el "desempeño responsable que ha tenido la Fiscalía de Estado". Además, valoró los "grandes avances" producidos en el marco de otra acción de amparo cuyo cumplimiento también monitorea el Juzgado Civil Nº 6, esta vez para garantizar los derechos de los tres pueblos indígenas de la provincia del Chaco, en la que intervienen, además de la Fiscalía de Estado, el ministro de Planificación y Ambiente, Raúl Codutti y el Asesor General de Gobierno, Miguel Armando Garrido, en representación del poder Ejecutivo.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Córdoba. Agronegocios: Violento desalojo y represión policial en Piquillín

PRENSA RED

Fueron detenidos dieciséis personas, entre ellos dos menores, una abogada de derechos humanos y militantes sociales, además de familias del lugar, informó el Movimiento Campesino de Córdoba. Los detenidos están imputado por usurpación de tierras.

En un violento operativo policial realizado en el paraje Tres Esquinas (departamento Río Primero), integrantes de la familia González y Bongi fue desalojada cuando retornaban al lugar con el objetivo de defender pacíficamente la posesión de sus tierras, con el apoyo de vecinos, familiares, organizaciones sociales y miembros del Movimiento Campesino de Córdoba

En el operativo, dieciséis personas fueron detenidas violentamente por los efectivos policiales, mientras que el Juzgado 46 a cargo de la jueza Olariaga de Mazuetti, imputó a los vecinos por usurpación.

Los detenidos son: Roque Ariel Ceballos, Agustin Elena, Nicolas Rabiolo, Eduardo Gonzalez, Jose Gonzalez, Walter Diaz, Eduardo Belelli, Pedro Pantalla, Rolando Gonzalez, Julio Gonzalez, Viviana Diaz, Aldo Diaz, Pablo Gutierrez, Nahuel Medina, Gaston Olivera y Veronica Aparicio, abogada del Movimiento Campesino de Córdoba.

Un megaoperativo dispuesto especialmente por la Gobernación provincial impide que vecinos y amigos se acerquen de manera solidaria al lugar, mientras que se desarrolla una asamblea de pobladores de la zona.

En la zona desalojada varias topadoras y máquinas viales se disponen a borrar todo vestigio de la posesión ancestral de las familias, mientras un fuerte cordón policial aisla a los vecinos reunidos en el lugar. Tanto Nahuel Medina como, Gaston Olivera son menores de edad.

Denunciamos ante la sociedad cordobesa que tome nota de la gravedad de estos hechos:

* La violencia y el trato policial.

* La opción por la destrucción de las posesiones sin que halla derecho a defensa.

* La imputación de las familias que mantienen pacíficamente la posesión, de militantes sociales y abogados de las organizaciones.

* El vaciamiento y la inoperancia del Ministerio de Justicia y específicamente del Registro de Poseedores

Estas acciones representan una claro mensaje de cómo la provincia de Córdoba elige la política de recortar derechos, reprimir las luchas sociales y fortalecer a los agronegocios sojeros y la mafia de compra-venta de campos.

Movimiento Campesino de Córdoba – Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina: Organización social contiene crisis social y económica en el norte argentino

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

La destrucción sistemática del trabajo genuino aumentado con la privatización de las empresas públicas trasferidas al sector privado en la década del 90, realizada por el gobierno peronista del ex presidente Carlos Saúl Menem, propagó la pobreza estructural, en especial en aquellas provincias petroleras. Como aconteció con los gobiernos del salteño peronista Juan Carlos Romero, que aplicó la denominada teoría del derrame.

Ante esta sucesión de marginación, y exclusión social, los desocupados de la teoría del derrame se organizaron para paliar la crisis social y económica creada por políticos corruptos, y vende patria. Tal es el caso de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, organización madre de la lucha popular en la argentina de esa década, que traslado el reclamo a la ruta para ser visibles, destacándose por las propuestas que activarían fuentes laborales intermedias, afianzando el trabajo solidario, ante el abandono de los gobiernos de esos nefastos años.

Rodolfo Peralta trabajó en la ex estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y fue uno de los miles de empleados despedidos en esos años. Peralta junto a otros trabajadores despedidos conformaron la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, hoy “Chiqui” Peralta es el encargado del área administrativa de esta sobresaliente organización salteña.

En una entrevista realizada por Marco Díaz Muñoz, Director de la Agencia de Noticias Copenoa, el dirigente Rodolfo “Chiqui” Peralta narra el trabajo que realiza la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, y la Fundación FUNDATRAD, que preside el dirigente popular y ambientalista José “Pepino” Fernández.



Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Jujuy: Pueblos originarios marchan el 22 de abril por tierra y territorios

COPENOA

Las comunidades originarias y organizaciones del pueblo Kolla y Quechua nos movilizaremos el próximo lunes 22 de abril por la ciudad de San Salvador de Jujuy,hasta la Casa de Gobierno y la Secretaría de Derechos Humanos, para exigir la entrega inmediata de los títulos comunitarios de nuestras tierras. Nos quedaremos frente a la casa de gobierno hasta que el Gobernador nos reciba.

16 de abril| Comunidades del Pueblo Kolla y Quechua de los departamentos de Santa Catalina, Yavi, Cochinoca, Rinconada, Tumbaya y Tilcara. |

En el marco de la semana de los pueblos indígenas, las comunidades marcharemos por las calles de Jujuy, para exigir el cumplimiento del petitorio presentado al gobierno provincial, elaborado por la asamblea de los pueblos originarios unidos por nuestros territorios. El petitorio exige la urgente entrega de los títulos comunitarios de las tierras, la entrega de los remanentes de tierras a las comunidades, la reglamentación inmediata de la ley de eximición de impuesto inmobiliario para tierras indígenas, la condonación de las deudas que puedan existir sobre los títulos comunitarios, y la prórroga de la ley 26.160 que suspende los desalojos de comunidades indígenas. Realizaremos un acto frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, exponiendo los incumplimientos del Gobierno en la entrega de tierras y territorios a las comunidades aborígenes, y repudiando todos los acuerdos no cumplidos en el 2006, 2007, 2011, y el incumplimiento de la sentencia judicial del año 2006, que exigía la entrega de los mismos en un plazo de 15 meses.

Pasaron más de 17 años desde que el gobierno provincial lanzó el primer programa de entrega de tierras, llamado PRATPAJ, y luego el denominado PRIPCI, todos con el fin de entregar las tierras y territorios que pertenecen a nuestras comunidades aborígenes, y así cumplir con el artículo 75, inciso 17 de nuestra Constitución Nacional. Los resultados de estos programas se resumen en las frases mas escuchadas en nuestras comunidades: “Al día de hoy son muy pocas las comunidades con títulos comunitarios…no hay voluntad política del gobierno provincial de entregar las tierras”.

La lucha por los territorios, tiene su historia. Las batallas de Quera y Abra de la Cruz, el primer Malón de la Paz que hicieron nuestros abuelos, el segundo Malón del año 2006 en Purmamarca y otros cortes de ruta. Una de las últimas acciones fue el corte de ruta en Purmamarca, que se realizó durante 3 días, en octubre del 2011, y terminó con un acuerdo con el Gobierno Provincial, que comprometía la entrega de los títulos comunitarios a nuestras comunidades aborígenes en plazos de 30, 60 y 90 días hábiles, y la entrega de los títulos remanentes de tierras a las comunidades que recibieron títulos incompletos, y la reducción de los radios urbanos según lo establezca cada comunidad. En todos los casos los plazos fijados eran de 30 a 90 días. Ninguno se cumplió. No entregaron un solo título.

“Da mucha bronca. Hicimos una marcha, acordamos, hay un acta, y ahora no quieren cumplir. Nosotros vamos a hacernos respetar y hacer respetar el corte y el acta. No vamos a dar el brazo a torcer. Por eso haremos esta marcha y si es necesario otro corte, otro Malón de la Paz”, fue la expresión de nuestros hermanos en la ultima Asamblea.

En todos estos años hubo numerosas reuniones con los funcionarios, mesas de diálogo, y siempre lo mismo, todas excusas. No hubo voluntad política del Gobierno Provincial. Un año después no han entregado un solo título comunitario de nuestras tierras. Hasta cuando tendremos que esperar. Basta. La Tierra y los Territorios son nuestros.!!!

Audiencia con el Gobernador

El pasado 18 de marzo, las Comunidades del Pueblo Kolla y Quechua presentamos una solicitud urgente de audiencia con el Gobernador Fellner, para tratar los puntos que se exigen en el petitorio. Hasta ahora no hemos tenido respuesta. Esperamos que el día 22 de abril, que marcharemos por la ciudad de Jujuy, seamos recibidos. “Sino nos da la audiencia, nos vamos quedar frente a la casa de gobierno, hasta que nos reciba”.

El petotorio al gobernador Fellner

Los puntos que exige el petitorio presentado por las Comunidades de los Departamentos de Cochinoca, Rinconada, Yavi, Santa Catalina, Tilcara y Tumbaya son:

1) La entrega inmediata de los títulos comunitarios de las tierras. 2) La regularización de todos los remanentes pendientes de titularizar. 3)Se formalice una mesa Institucional con plazos y compromisos concretos con participación de las comunidades, para la inmediata entrega de los títulos comunitarios, con los organismos competentes como: Dirección General de Inmuebles, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Fiscalía de Estado, Escribanía de Gobierno, Secretaria de Derechos Humanos, Secretaria de la Gobernación. 4) Se acuerde con el Gobierno Nacional la agilización de los trámites referidos a la zona de seguridad, en las comunidades que así lo requieran, pautando una reunión con el Ministro de Defensa de la Nación, con participación de referentes de las Comunidades. 5) La afectación de presupuesto provincial y personal suficiente para los trámites de regularización de todos y cada uno de nuestros territorios, haciendo efectiva la expropiación realizada por el General Perón en el año 1949 y el mandato Constitucional. 6) Reglamentación inmediata de la ley de eximición de impuesto inmobiliario para tierras indígenas, y condonación de las deudas. 7) Solicite al Congreso Nacional una prorroga de la ley 26.160, de suspensión de desalojos de comunidades indígenas, y de relevamiento territorial indígena. 8) Se complete las carpetas relevadas en el marco del RETECI, y la incorporación de las comunidades pendientes de relevar en el mismo.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Reclamo de los directores de ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?

RED ECO

Julián Morcillo y Alejandro Rath, realizaron un pedido al INCAA respecto a la programación de, al menos una función, en 11 de las 42 salas que Espacios INCAA posee en todo el país, durante la semana próxima. El pedido responde al interés recibido desde todo el país por ver la película antes del 19 de abril, cuando se conozca la sentencia del juicio que se lleva adelante contra Pedraza y el resto de los imputados por el crimen de Mariano. Pero como respuesta recibieron un rechazo sin más explicaciones, en línea con la actitud del Instituto frente al lanzamiento de la película.

"Ya nos habían negado la posibilidad de hacer la premier en el Monumental cuando no había ningún estreno nacional más en la semana y nos habían bajado la programación de dos salas INCAA que estaban programadas desde el 22 de marzo sin dar explicaciones", dijo Morcillo.

Esta actitud está en consonancia con la firma de una reciente resolución (982/13) de Liliana Mazure, que disuelve la vía de subsidios y el Comité de Evaluación que aprobó la realización de este proyecto. Dicha resolución tiene por objeto ajustar la cantidad de proyectos documentales a realizar, pero por sobretodo digitar un nuevo comité de evaluación que reemplace al existente elegido democráticamente por seis asociaciones de directores. A la creación del nuevo comité de evaluación puesto a dedo, le agrega la de un comité de visualización que compare la obra terminada con el proyecto aprobado como condición para la entrega de la última cuota del subsidio. Y penaliza con la devolución de la totalidad del subsidio a la obra que no adecue sus contenidos.

"Esta resolución es un atropello a la independencia de la creación cinematográfica y augura un triste futuro a los proyectos críticos del poder, por eso nos vamos a movilizar al INCAA junto a DOCA y las demás asociaciones de documentalistas el próximo martes", concluyó Morcillo.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Entrevista a la Secretaria de DDHH de la CTA Córdoba: “Estamos construyendo otro modelo sindical”

Melissa Zenobi (ACTA)

Eugenia Aravena, Secretaria General de AMMAR Córdoba y Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Córdoba, en diálogo con ACTA se refirió a las principales luchas que llevan adelante desde su sector. También destacó la importancia que implica para su sector de ser parte de la Central: “Es revolucionario estar en una central de trabajadores”.

-¿Cuáles son las principales luchas que lleva adelante AMMAR en Córdoba?

Actualmente nuestra lucha tiene que ver con esclarecer la confusión que genera la trata de personas respecto del trabajo sexual autónomo. Esta mezcla lleva a impulsar políticas prohibicionistas en la Argentina y nos están impulsando a mayor clandestinidad a miles y miles de personas, no solo mujeres, que ejercemos el trabajo sexual.

Nuestra actividad no está penada ni prohibida, sino que es completamente lícita en Argentina y, en este contexto, estamos siendo perseguidas. Creemos que las campañas de lucha contra la trata de personas son marketineras, porque no se lucha verdaderamente contra la trata, sino contra el trabajo sexual. Se está impulsando mucho el prohibicionismo desde los despachos y desde la teoría, y no escuchando, caminando la calle y viendo cuales son las realidades de un sector que históricamente ha sido vulnerado en sus derechos.

Hay muchísima represión en las provincias, todavía las compañeras siguen sufriendo tortura en los calabozos, asesinatos impunes, violaciones de la policía, coimas. Esta clandestinidad favorece a los proxenetas que no es a quienes están persiguiendo. Es muy fuerte todo lo que está pasando, y además sentimos que hay una invisibilización de nuestras voces por parte quienes gobiernan.

Buscamos generar una discusión en Argentina que no sea tan desigual porque hay una línea abolicionista muy fuerte. Queremos impulsar una campaña de derechos laborales para las trabajadoras sexuales, poder denunciar todos estos atropellos. Venimos reuniéndonos con distintos diputados sobre los proyectos que buscan penar a los clientes. Nadie piensa en los cientos y cientos de familias, de hijos, de hijas que tienen a su mamá trabajadora sexual.

Luchamos por mejorar la calidad de vida del sector, separar lo que es la trata de personas de lo que es una actividad totalmente legal, y poder generar políticas públicas para las compañeras.

-¿Qué importancia tiene para su AMMAR la participación en el Congreso de la CTA?

Para nosotras es muy importante poder estar en el congreso de la CTA, nos sentimos parte de la Central y orgullosas de los compañeros que tenemos, más allá de las diferencias. Traemos nuestros documentos políticos, nuestros folletos, nuestros materiales, nuestras banderas. Hay que trabajar mucho entre nuestros propios compañeros, porque no es un sector fácil el trabajo sexual: tenemos que luchar contra los tabues y prejuicios que sufrimos como sociedad porque son culturales.

Sin embargo nos parece muy importante esta visivilización que estamos teniendo, en la cual sabemos que nuestros compañeros nos bancan y están con nosotras. Es muy importante contar con un espacio donde se nos escucha desde hace muchos años. Es revolucionario estar en una central de trabajadores. Yo tuve la oportunidad de exponer en el Foro Social Mundial y había gente de Brasil que nos decía que lo de la CTA es revolucionario. Porque somos parte de un sector altamente castigado y discriminado, y poder pararse desde otro lugar, vernos como compañeras y darnos el lugar que tenemos, significa que estamos construyendo otro modelo sindical y que apostamos a esa lucha.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.