miércoles, 17 de abril de 2013

Contrato de lectura

Ernesto Martinchuk (especial para ARGENPRESS.info)

A largo plazo siempre ganará la verdad. Tal vez el periodista pueda pensar en que su trabajo ha fracasado al suministrar material para la historia. Pero la historia no fracasara mientras él esté con la verdad. La Ética es la moral de la conciencia y lo hará intentar entender las motivaciones de todos los implicados en una situación.

La idea del “periodismo independiente” parecería ser una bandera de libertad en el oficio de escribir o presentar los hechos en sociedad y se entroniza la figura del periodista como la del defensor de un noble interés ciudadano por sobre otras determinaciones.

En general, las fuentes presionan la tarea del periodista en un juego perverso. Quienes suministran información suelen ser fuentes interesadas de las que los periodistas dependemos para obtener datos y a su vez corroborarlos, en esa rutina diaria que en el circuito que puede finalizar con una primicia.

Además de las fuentes existen otros factores que determinan la independencia periodística: la empresa, y los anunciantes. La empresa pone en la calle o en el aire un estilo de producto periodístico que sale a competir con otros proyectos. Frente a esta realidad, el periodista produce su material, que también debe complementarse con la planificación que realiza la “empresa periodística”. La tendencia se disputa, muchas veces, en la mesa de redacción, sobre el alcance político, económico (los anunciantes) y social.

Cada empresa –gráfica, tv o digital- crea un modo de acercamiento hacia su público que reúne una visión del mundo que comparte con sus lectores. Es allí donde el periodista debe ensamblar su trabajo con el “contrato de lectura” establecido entre el medio y su público.

La sociedad se desdibuja en el recuerdo y el mañana se vislumbra desde lo noticioso. El presente se relata como una manera de afianzar lo que se es y la historia se vuelve una puesta en escena ante la lente de una cámara, unas líneas bien redactadas frente a un micrófono, o la nota complaciente.

Existen “periodistas” sin sentido del contenido social del oficio, y del quehacer profesional. El buen periodismo es aquel que es útil a los intereses de quien juzga o califica. Hoy los grandes medios son cada vez más funcionales a las corporaciones que a defender los intereses de la comunidad.

La verdad ha dejado de tener algo que ver con la honestidad y se acomoda a la necesidad para aparentar lo que no se piensa y decir lo que el poder quiere oír, para contribuir al engaño masivo. Entonces el periodista se convierte en corporativo o subversivo, aliado o adversario, tiñendo con aspectos ideológicos la información y callando las injusticias en beneficio de su bolsillo.

Las “empresas periodísticas” están matando el capital social del periodismo como institución. Es función del periodista replantearse una noción de que es la verdad, la honestidad intelectual y reconociendo los intereses reales dentro de los cuales la práctica periodística debe ser ejercida.

Ética es la moral de la conciencia. La conciencia es la verdad. Sabe que está bien y que está mal. Hoy el lenguaje es panfletario. Creíble para los adeptos y odioso para los antónimos. La demonización del otro cierra filas en torno a las ideas, dejando de lado la reflexión. La verdad para algunos, es subversiva, mientras que la mentira, para otros actúa como tranquilizante.

El periodismo es la primera versión de la historia y los vencedores son quienes cuentan la historia y si la historia no existe, hay que inventarla o moldearla según los intereses de quien gana. Hoy buena parte de contar la historia la asumen los medios a través de sus periodistas.

Los intereses de las corporaciones, los condicionamientos laborales y en muchos casos la falta de oficio, están ahogando el pensamiento de la práctica periodística, que está perdiendo su esencia y su credibilidad.-

Ernesto Martinchuk es periodista.

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Maristella Svampa desnuda los mitos del extractivismo: “Este tipo de minería es insustentable por definición”

Inés Hayes (ACTA)

Un dibujo animado de un minerito en La Rioja despide a los niños a la hora de dormir, de espaldas a las poblaciones que vienen resistiendo con alma y vida a la megaminería, el Gobierno Nacional conformó la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros).

Y por si todo esto fuera poco, como el gas y el petróleo convencional se están agotando, para extraer lo que queda de ellos se utiliza el llamado fracking que radica en introducir innumerables litros de agua, sustancias químicas altamente tóxicas y arena para romper la roca que atesora los hidrocarburos. De todos estos temas habló la socióloga y escritora Maristella Svampa en diálogo con el periódico de la CTA.

-En 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina, guía para desmontar el imaginario prominero, ustedes hablan de las mentiras sobre las que está construido el discurso que sostiene el extractivismo a gran escala, ¿cuáles son los ejemplos más paradigmáticos?

Conviene aclarar que se trata de un libro colectivo, producto de nuestra intervención en el debate legislativo para aprobar la Ley Nacional de Glaciares, en septiembre de 2010. Cuando el tratamiento pasó de la Cámara de Diputados al Senado, nos encontramos con que no sólo había mucho desconocimiento sobre el tema, sino también una fuerte embestida de los voceros de la minería, desde gobernadores hasta la cámara empresarial minera. Estos señores utilizaban su poder de lobby en los medios para hablar de las bondades de la megaminería, incurriendo en todo tipo de falsedades y terrorismo estadístico. Fue por eso que, con varios colegas, entre ellos Enrique Viale (abogado ambientalista), Marcelo Giraud (géografo) y Horacio Machado (politólogo), decidimos contestar esas mentiras punto por punto, buscando datos y desarrollando argumentos. Así nació el libro, inspirado en un texto corto de la periodista canadiense Jeniffer Moore, sobre los mitos de la minería. El libro tuvo mucha repercusión; tal es así que va por su tercera reedición, fue publicado en Uruguay y Ecuador y ahora está por tener su versión peruana. En Ecuador también se hizo una obra de radioteatro popular inspirada en el mismo (Killaricocha) y, en nuestro país, un documental, el de Germán Ciari, “Desiertos de Piedra”, estrenado este año.

Entre los mitos que buscan sostener la minería a gran escala, los económicos son los más paradigmáticos. Por ejemplo, la asociación entre minería y puestos de trabajo. En realidad, la minería a gran escala es una actividad económica capital-intensiva, pero no trabajo-intensiva. Así, por cada millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos. En Argentina, la minería representa menos del 0,7% del total de los asalariados registrados. Sin embargo, en 2011, la Secretaría de Minería, en su página web, publicaba que la actividad ya generaba 517.500 empleos, lo cual es falso. Según los últimos datos elaborados por mi equipo de investigación, tomando como base el Boletín Anual de Empleo y Empresas 2011, elaborado por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, la actividad minera, para ese año, totalizaba unos 28.743 puestos de trabajo directo. Estamos muy lejos de las cifras difundidas oficialmente. Así, una de las estrategias es inflar las estadísticas para tratar de crear en la población la ilusión de que la minería vendría a resolver los problemas de empleo.

Otro de los mitos consiste en asociar minería y motor de desarrollo. Sin embargo, la megaminería está lejos de promover el desarrollo regional. Más bien, compite por agua y recursos con la agricultura, la ganadería y el turismo, y produce fuertes procesos de reconfiguración territorial, que llevan a la consolidación de enclaves de exportación, que no generan encadenamientos endógenos, dependientes del mercado internacional. Vean el caso de Bajo La Alumbrera, la principal exportadora en Catamarca desde 1997. Pese a ello, esta provincia sigue siendo una de las más pobres del país, con altísimos niveles de empleo público y personas asistidas con planes sociales.

Esto sucede también en Santa Cruz, provincia de enclaves, donde la minería está lejos de ser motor de desarrollo. Por ejemplo, el año pasado el gobierno provincial reclamó a las corporaciones mineras que “invirtieran más dinero” en un fondo de Responsabilidad Social Empresarial. Les pedía 14 millones de pesos por mes para financiar los 14 hospitales de la provincia, poniendo en evidencia la profunda crisis del Estado provincial, en medio de huelgas y reclamos de empleados públicos. Las empresas rechazaron el pedido y eso llevó a una situación de máxima tensión con el gobernador, luego abandonado por el poder ejecutivo nacional.

La expansión de la megaminería confirma la ecuación “exiguos ingresos fiscales versus enormes ganancias empresariales”. No por casualidad, en 2011 Catamarca continuaba recibiendo del Estado Nacional, es decir del conjunto de los argentinos, el triple de fondos que Mendoza, y San Juan, el símbolo de la megaminería, el doble.

-Ustedes también hablan de la colonización que los grandes poderes económicos producen en las universidades, sistemas científicos y en la educación pública en general, ¿cómo se plasma esa colonización en lo concreto?

Las grandes empresas buscan en las universidades socios estratégicos, en algunos casos, como el de aquellas ligadas al modelo minero, para obtener la legitimación que la propia población les niega. Por ejemplo, Bajo La Alumbrera, pionera en esto, firmó varios convenios con universidades públicas, que incluyen cláusulas de confidencialidad. Hoy, la empresa Apache, que explota gas no convencional en Neuquén, y tiene conflicto con comunidades mapuches por haber ingresado a sus territorios sin autorización ni consulta previa, firmó un convenio con la Universidad Nacional del Comahue, donde donó una biblioteca. Se configuran así unidades de negocios entre ambas, bajo el paraguas no sólo de una concepción lineal y productivista del desarrollo, sino también de un discurso asociado a la responsabilidad social de las empresas (RSE).

También hay que decir que esta estrategia de mercantilización del saber encontró obstáculos, ya que las universidades y el propio sistema científico están lejos de ser homogéneos. Por ejemplo, en 2009, se abrió el debate en relación a los fondos de La Alumbrera, el emprendimiento minero más cuestionado del país, y la gente en las universidades se enteró que la Universidad Nacional de Tucumán era socia del mismo, a través del YMAD (Yacimiento Aguas del Dionisio), y que las Universidades Públicas recibían parte de esos beneficios, desde 2007. Ese debate posibilitó la socialización de saber y obligó al conjunto de las universidades a posicionarse en relación a esta actividad. Algunas, como la Universidad Nacional de Córdoba, fueron ejemplares en esto, fundamentando el rechazo de los fondos mineros luego de un debate amplio e interdisciplinario. Pero en muchas universidades, hubo y sigue habiendo un doble discurso. El llamado progresismo académico evita discutir cuestiones que ponen en el tapete el rol de la universidad pública y problematizan su vínculo con los movimientos sociales. Queda claro, son temas en los que el oficialismo no tiene un discurso nacional y popular que ofrecer.

-¿Qué se sabe de la nueva relación entre Chevron e YPF en función de la explotación del yacimiento Vaca Muerta?

Vaca Muerta es uno de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales, que está en la cuenca del Neuquén. Pero bueno es decir que es una buena parte del territorio nacional que estaría comprometido por este tipo de explotación. Para el caso de Vaca Muerta sabemos que, por el momento, la asociación con Chevron no fue posible, ya que esta última fue embargada por 19.000 millones de dólares, debido a una sentencia que tiene en Ecuador (cuando era Texaco), por el delito de contaminación y de violación de derechos indígenas. Gracias a los tratados de reciprocidad que la Argentina tiene con Ecuador, la justicia de este país dio curso al embargo y puso en duda el acuerdo de inversión conjunta por 1.000 millones de dólares entre Chevron e YPF para avanzar en 100 perforaciones de shale gas en Vaca Muerta. Así, YPF tendría que buscar nuevos socios.

En un momento se hablaba de PDVESA. Conviene aclarar que los costos operativos de una explotación de gas no convencional, mediante fractura hidráulica o fracking, superan largamente los de un pozo convencional; con lo cual estos exigen enormes subsidios del Estado (como sucede en Estados Unidos), o asociación con grandes empresas del sector. Hay expertos que sostienen que para que el fracking sea rentable para dichas empresas, habría que modificar el marco regulatorio de la actividad, tal como sucedió en Ucrania y otros países, de la mano de la USAID. Y esto también sería difícil de justificar en clave nacional y popular.

-¿Cómo se puede explicar lo que es el fracking y qué consecuencias tiene para el medio ambiente y las economías regionales?

El gas y petróleo convencional se han ido agotando y lo que queda hoy es el llamado “no convencional” (esquisto o pizarra, shale, arenas compactas, tight), el cual puede extraerse mediante el uso de la controvertida metodología de la fractura hidráulica o fracking que consiste en inyectar grandes cantidades de agua, sustancias químicas tóxicas y arena, a elevada presión, a fin de producir micro-fracturas en la roca madre que almacena los hidrocarburos.

Las consecuencias ambientales son de corto plazo: la experiencia en Estados Unidos, por ejemplo, muestra la contaminación de aguas subterráneas y superficiales con gas metano; la activación de fallas geológicas que originan movimientos sísmicos, el impacto sobre la salud de las personas y los animales, entre otros. Por otro lado, hay una reconfiguración del territorio y una devaluación de las economías regionales: un caso concreto es el Alto Valle de Río Negro, donde quiere explotarse el gas no convencional, entre perales y manzanas.

Allí empresas como Apache apuntan al eslabón más débil, los chacareros pequeños, a quienes rentan o compran parte de sus tierras para hacer perforaciones. El caso es que estas zonas no solo conocen la contaminación, sino el ingreso masivo de una actividad extractiva que golpea a la economía frutícola, basada en la exportación, debido a que en poco tiempo los productores no podrán cumplimentar las rigurosas exigencias sanitarias del mercado internacional.

-¿Existen experiencias de explotación minera ’sustentable’? Y en ese sentido, ¿qué opinión tiene de la economía verde, es decir, es posible construir un equilibrio entre capitalismo y vida?

No hay una única forma de explotación minera, ni las resistencias sociales se oponen a “todo tipo de minería”. Los conflictos y las resistencias se centran sobre un tipo específico de explotación: la minería transnacional a gran escala, mayormente practicada “a cielo abierto”. Y este tipo de minería es insustentable por definición.

La megaminería es un “modelo” que hay que mirar en su integralidad, lo cual implica incorporar en su valoración diferentes aspectos –sociales, económicos, sanitarios, ambientales, culturales y políticos-. En términos ambientales, la utilización de sustancias químicas, de toneladas de explosivos, la gran cantidad de agua y electricidad que requiere, la hacen insustentable. Respecto de la dimensión socioeconómica, las empresas tributan muy poco, pero además tienen un impacto destructivo sobre otras actividades económicas (con las cuales compite por agua y tierras), y van generando enclaves de exportación.

Hay una dimensión cultural ligada a los procesos de “contaminación” social y cultural que se producen, visibles en la división de la comunidad, en el clientelismo empresarial, en la explosión de conflictos sociales, entre otros. Hay, por último, una dimensión política del modelo, en la medida en que nos encontramos con emprendimientos que avanzan de arriba hacia abajo, que ocupan y reconfiguran territorios enteros, sin consenso de las poblaciones, y en no pocos casos, violentando procesos de decisión ciudadana.

Todo esto hace difícil hablar de “correcciones”, a menos que pensemos desde un escenario de transición de salida del extractivismo. Pues si pensáramos en correcciones como, por ejemplo, la aplicación de gran parte de la normativa ambiental existente (que incluye el principio precautorio), este tipo de minería no sería posible. Por otro lado, si pensáramos en una reforma del marco regulatorio de la minería, si se hiciera pagar a las empresas por el agua y la energía que consumen, si se aplicara un impuesto a las sobreganancias, muy probablemente este tipo de megaminería dejaría de ser rentable para dichas empresas.

-¿Cómo sigue la resistencia de las Asambleas Ciudadanas que han logrado frenar proyectos megamineros como en el Cerro Famatina? ¿Qué otras experiencias de resistencia hay en el país?

El panorama es muy cambiante y complejo. En realidad, desde la pueblada de Famatina, en enero de 2012, y luego de un período de exposición mediática nacional, hubo un nuevo realineamiento entre poder económico, político y mediático en favor de la megaminería. El gobierno nacional se expresó abiertamente a favor; de espalda a las poblaciones y los gobernadores conformaron OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros). Todo apuntó a cerrar el debate a nivel nacional, con lo cual las luchas quedaron nuevamente encapsuladas en la escala local y regional. Recordemos que hay siete leyes provinciales que prohíben la megaminería, con algún tipo de sustancia química. A fines de 2011, en Río Negro se derogó la “ley anticianuro”, como la llamaban y se avanzó en la explotación minera en la zona de la meseta. En Chubut también buscó derogarse la ley 5001, que fue la primera en prohibir la megaminería (justo ahora se van a cumplir 10 años), pero ahí la resistencia de la población fue tal, que finalmente el gobernador Buzzi no pudo imponer la reforma del marco regulatorio.

En La Rioja, la megaminería, pese a que está detenida en Famatina, es política del Estado provincial: Si ustedes encienden la televisión, verán que el dibujito que da las buenas noches a los niños riojanos es un minerito… En Catamarca se avanza con otros proyectos, más allá del fracaso de Bajo La Alumbrera y la fuerte oposición que hay en Andalgalá. En Tinogasta me han dicho que las empresas están realizando una campaña de cooptación increíble, cuando gran parte de la población hasta hace poco tiempo se oponía.

En fin, hay numerosas resistencias en el país, son más de cien las asambleas contra la megaminería, y a nivel regional, sigue habiendo muchas acciones conjuntas. Esa acumulación de luchas socio-ambientales se hace visible en el nuevo capítulo de conflictos que se abre con la explotación de los hidrocarburos no convencionales, mediante el fracking. Así, hay asambleas en Entre Ríos y en toda la Patagonia, donde se presentaron acciones de amparo y proyectos de ordenanza para prohibir el fracking.

La CTA hacia una Consulta Popular sobre los Bienes Comunes

La idea de lanzar una consulta popular sobre los bienes comunes nació en Mar del Plata a fines de 2012 en una reunión de conducción nacional. Lo que se busca, así como lo fue con el Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo) hace 20 años, es que el pueblo argentino responda a una pregunta clara y concisa pero contundente sobre su posición en torno al modelo extractivista.

“El objetivo es que el pueblo pueda expresar con total claridad el rechazo del pueblo que hemos visto en la diversidad de luchas que hubo en todo el país y que descontamos que se va a dar en caso de una consulta. Pero también queremos responsabilizar al poder político institucional de este país que habla de democracia, que habla de progresismo, que habla de participación popular pero que le tiene miedo al pueblo al momento de la toma de decisiones en cuanto a los recursos naturales”, dijo Normando “Piojo” Ocampo, secretario general de la CTA de La Rioja y uno de los encargados de organizar la consulta.

Hace unos días, representantes de las distintas provincias del país se reunieron en la sede de la CTA Nacional para unificar criterios sobre la campaña para la consulta en la que “se pone en cuestionamiento el modelo productivo de país que queremos respecto a las políticas extractivitas que hay actualmente: el saqueo, la contaminación de la mega minería, las fumigaciones y las consecuencias que genera el monocultivo sojero, el petróleo con el sistema del fracking, entre otros”, agregó Fernando “Nando” Acosta, secretario de Interior de la CTA y otro de los responsables de llevar adelante el plebiscito.

“Hay que ver si queremos una política extractiva de saqueo y contaminación o una política de soberanía de los recursos naturales o bienes comunes”, agregó Acosta. “Unos tienen problemas con la mega minería, otros tienen problemas con el fracking, el vaciamiento de las comunidades originarias, la contaminación que genera el monocultivo de la soja, etcétera. Encontrarnos y profundizar en cada una de ellas implica poder pensar el conflicto de manera integral y avanzar conjuntamente en una Campaña por una consulta popular en defensa de nuestros bienes comunes” concluyó el secretario del Interior de la Central.

Artículo publicado en el Periódico de la CTA Nº 93, edición correspondiente al mes de abril de 2013.

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Voces días después del naufragio (Parte II)

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

Entrevista a Mario Diamonte, Asamblea de Saavedra. Los subsidios no cubren las pérdidas de las familias.

Con el agua hasta el cuello y más arriba
con la muerte en el pecho y más abajo
la rabia estrujada entre las tripas
viendo flotar el pasado
viendo el presente ahogado
en la foto sepia el guardapolvo blanco
el primer beso
los abuelos y los viejos
junto a un Neruda, un Hernández , un Vallejo,
una flor, una botella, un pan viejo
junto al vientre hinchado de un perro
y un zapato sin pie sin dueño.

Los ojos secos de ver que no vean
los oídos silbando ante la sordera
los labios sangrando de morder la bronca
ante tanta burla y mueca obscena.

Esa rabia de tripas se subirá al pecho
y expulsará un soplido huracanado
maremoto de bronca incontenible
arrasará con fuerza tempestuosa
tanta infamia
tanto engaño
tanta mierda.

MH: Leía un poema, “Los sumergidos”, de Pablo Marrero, a quien Uds. conocen porque solíamos hacer un espacio cultural los primeros martes de cada mes en “¿Sin salida?”. Pablo es escritor, poeta y durante 10 años responsable de la sección cultural de la Red Eco. Me hizo llegar este hermoso poema y quería compartirlo con Uds.
Me está esperando en el teléfono Mario Diamonte de la Asamblea de Saavedra.
Ayer me tocó estar en la Legislatura porque se le entregó un reconocimiento a la revista Topía por su contribución a la salud mental de los porteños. Uno de los presentadores que se demoró un poco era el legislador Jorge Selser, de Proyecto Sur, que estaba en la sesión extraordinaria donde se aprobaron los subsidios para los damnificados por las inundaciones.
Finalmente se modificó el Decreto firmado por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que creaba un régimen especial de subsidios y se establecieron $ 20.000 para los vecinos que sufrieron daños en sus casas y $ 8.000 para bienes como autos, por ejemplo, y la eximición del pago de la tasa de ABL por 6 meses a los afectados.
¿Esta resolución satisface las demandas de los vecinos afectados por las inundaciones y en particular a los del barrio de Saavedra?

Mario Diamonte (MD): Es una pregunta compleja. En la propia noticia que aparece publicada en Clarín consigna que estuvimos en la sesión extraordinaria convocada por la Legislatura porteña. Vas a ver en la crónica periodística que hicimos un reclamo en medio de la sesión por un plan de obras inmediato y manifestamos nuestra disconformidad con lo que se estaba tratando.
Respecto de los montos indemnizatorios se modifican los anteriores, no solo la cantidad de dinero sino los plazos para la presentación de los reclamos, pero no cubren ni de lejos lo que han perdido las familias y volvemos a lo que ya dijimos de la responsabilidad de los funcionarios por no haber realizado las obras necesarias.
En la sesión vimos un espectáculo casi obsceno. Ahí se reivindicaba este Decreto con las modificaciones que introdujeron los presidentes de los distintos bloques y se plantearon críticas por lo que no se había hecho, pero fue una especie de borrón y cuenta nueva y ahora vamos para adelante, es más, hubo reivindicaciones como la de la diputada Alegre a los militantes sociales, que emocionaba la solidaridad de la gente, etc. Realmente un bochorno porque ninguno asumió la responsabilidad de esta tragedia, a pesar que en el plenario de la Legislatura se notó que muchos diputados sufrieron el shock de la realidad porque estuvieron recorriendo las zonas inundadas.

MH: El sábado se desarrolló una importante asamblea en el Parque Saavedra con la participación de una gran cantidad de vecinos. Vos lo habías anticipado en FM La Boca el viernes pasado. Me gustaría conocer qué pasó allí, cuáles fueron las resoluciones.

MD: Fue una asamblea muy importante, con muchas discusiones, la gente estaba muy ofuscada pero aun así fue un ejemplo de funcionamiento democrático. Fundamentalmente, se resolvió movilizarnos el lunes a las 17:00 a la Jefatura de Gobierno para obtener una reunión con funcionarios del Gobierno de la Ciudad con los siguientes reclamos:
Inmediata limpieza del entubamiento del arroyo Medrano.
Dragado de la desembocadura del arroyo en el Río de la Plata.
Inmediato plan de obras que tiene que estar integrado en toda la cuenca del Medrano.
Como todavía no conocíamos qué iba a resolver la Legislatura estábamos planteando el aumento del monto de las indemnizaciones, la ampliación de los plazos de entrega de los reclamos, la eximición del pago del ABL y la ampliación de los plazos de asistencia de todo tipo a los damnificados. Incorporar una asistencia psicológica, de contención, porque hay cuadros ahora que ha pasado el primer impacto. Los cuadros de depresión son muy altos.

MH: Yo comentaba este tema que vos anticipabas el viernes pasado, es decir, cómo se vivía desde el punto de vista mental la situación, no solo en el momento de la inundación sino antes y después.

MD: Nosotros estamos notando entre nuestros vecinos muchos casos que no quieren ir a trabajar, no saben cómo estar en sus casas, angustiados porque pasa una nube. Me imagino que será igual en La Plata y todas las zonas inundadas.

MH: Me imagino la situación hoy a la noche y mañana que están pronosticadas lluvias.

MD: Por eso lo señalo. Volviendo a la convocatoria del lunes: llamamos a participar a todos los barrios inundados porque no es un problema exclusivo de Saavedra y el arroyo Medrano, esto ha afectado a sectores amplísimos de la Ciudad y el conurbano. Estamos llamando a todas las organizaciones vecinales, sociales, estudiantiles, la FUBA ya anticipó su adhesión, sindicales, partidos políticos, organizaciones religiosas, convocamos absolutamente a todas las organizaciones que consideren que el reclamo que se está formulando es justo.

MH: Estaba leyendo que hay una convocatoria similar para mañana en La Plata frente al Palacio Municipal donde exigirán el juicio político al intendente Pablo Bruera y su inmediata destitución según manifestaban miembros de diversos grupos vecinales que ratificaron ayer la resolución adoptada por una asamblea reunida la noche del lunes en 19 y 49 en donde expusieron sus reiteradas quejas y disconformidad por la política llevada adelante por el gobierno municipal y yo agregaría también por el gobierno provincial porque hay una manifiesta actitud de ocultar la cantidad de víctimas e inclusive ayer, en comunicación con Julio Gambina, comentábamos la situación de la destilería de YPF. También su presidente, Galuccio, le resta importancia a esta situación que plantea una nueva necesidad de importar combustibles por U$S 3.000 millones.

MD: Más la reparación de la destilería valuada en otros U$S 800 millones.

MH: Incluso hay denuncias que sacamos al aire ayer en “Metrópolis” sobre vecinos reprimidos por la policía provincial en barrios de La Plata. Están muy bien los reclamos contra Bruera pero el espectro de responsabilidades es más amplio.
El lunes no voy a estar en Buenos Aires sino los hubiera acompañado. Me comprometo al día siguiente para que tengamos una nueva comunicación para ir siguiendo de cerca lo que esté pasando con las inundaciones en nuestra Ciudad y en particular en el barrio de Saavedra.

MD: Te agradezco mucho. Un último y breve comentario. Nosotros también consideramos que las responsabilidades son compartidas entre el gobierno de la Ciudad, el provincial y el nacional. Ninguno puede eludir su responsabilidad en esta tragedia. En la Asamblea también se está estudiando el tema de iniciar juicios penales a los funcionarios responsables por esta situación, incluido el Jefe de Gobierno. Son temas que estamos debatiendo.


Entrevista a Víctor del Vento, director de Noticiario Sur
Nuestro equipo de crisis es la gente, el pueblo

MH: Estamos en comunicación con Víctor del Vento, director de Noticiario Sur, que edita 40.000 ejemplares mensuales en 2 ediciones para los barrios de Villa Lugano, Villa Soldati y Pompeya.
Me gustaría que nos hicieras un reporte del estado de situación en esos 3 barrios después de las inundaciones.

Víctor del Vento (VV): La zona más afectada fue Villa Lugano. En Villa Soldati las aguas bajaron bastante rápido y no hubo tanto desastre como en una parte de Lugano, sobre todo en los costados de la Av. Ricchieri, el barrio Samoré, estamos hablando de la Av. Escalada que fue un verdadero desastre. Muchos vecinos decían que nunca había sucedido algo así.
El viernes pasado estuve con el decano de la Universidad Tecnológica, ya que tenemos una sede al costado del Parque Indoamericano, y un subsuelo con más de 40 aulas quedó todo bajo el agua. Si bien he visto otras imágenes, las computadoras, la biblioteca, todo estaba flotando en el agua, era dantesco.
En cuanto a las partes inundadas está un costado de la Villa 20 que los vecinos le venían pidiendo al gobierno de la Ciudad que les solucionara un trabajo que se había hecho y dejó todas las cloacas y desagües tapados en un sector de seis cuadras. ¿Qué hizo el gobierno de la Ciudad? Vinieron un día descendiendo de los cielos un grupo de paracaidistas y pintaron las casas de la Villa con cantidades de colores, parecía un pelotero.

MH: Como Caminito en el barrio de La Boca.

VV: Sí, caminito al desastre.

MH: No me quiero imaginar la próxima tapa de Noticiario Sur.

VV: Yo uso el cinismo pero te puedo asegurar que ya no me quedan ganas. Lo que le han hecho a esa gente, lo que han perdido, es terrorífico. Quiero reconocer ahora que se puso de moda hablar de La Cámpora y las pecheras, de la asistencia en Escalada al 2500 porque sirvió como sede para juntar víveres. La gente de La Cámpora evitó que hubiera un desastre entre los vecinos de la Villa y un grupo de gente que fue a joder, no a donar. La gente de las casas bajas de la Villa, porque en los segundos y terceros pisos el agua no llegó por la altura, perdió todo. No tanto por la lluvia, sino porque hace más de un año que se le viene pidiendo al gobierno de la Ciudad que remueva los resabios de una obra y no lo hizo.

MH: O sea que se podría haber evitado.

VV: Exacto. Hicieron un sótano para una esclusa y dejaron abandonadas, un metro por debajo del nivel del piso, 20 bolsas de cemento. Las cazó el agua y se formaron 8 paredes. Todo este desastre era absolutamente evitable.
En la UTN el decano es un ingeniero civil y me dijo que todavía no quería asegurarlo pero desde que empezó a haber problemas con la obra abandonada empezaron a tener problemas todos. De hecho en la facultad, más allá de la cantidad de lluvia que cayó, nunca habían tenido este problema.
En esa zona la situación es muy seria. En la Av. Escalada comercios que tenían 30, 40 años nunca habían tenido agua. Nosotros estuvimos ayer y anteayer en el lugar junto a un grupo de vecinos de la Cámara de Comercio porque las autoridades no aparecen, como corresponde. La cosa es dantesca.

MH: Sin embargo, van a los medios como TN a decir que fueron los únicos gobernantes que hicieron algo, como lo afirmó Santilli.

VV: Hablemos de los medios vecinales porque los masivos ocultan información. Yo vivo en el límite de la Gral. Paz y en Matanza es un desastre.

MH: Y Villa Maipú en el partido de San Martín ni te cuento. También es gravísimo lo que está pasando en La Plata, incluso con hechos de represión policial contra los inundados.

VV: Algo parecido casi pasa acá con un grupete tipo Ku Klux Klan que nadie pudo identificar. Hay que reconocer que los muchachos de La Cámpora que ya venían trabajando en el barrio en otras cosas, lograron calmar a los vecinos. En un momento se vivió mucha tensión. Me pareció bien que haya intervenido La Cámpora porque en el barrio tienen trabajo social y los conocen. Hace poco estuvieron ayudando con los talleres del Anses, llevando a la gente para que conozca cual es el menú y no que venga un tipo y agarre a tu vieja o a tu abuela y le saque tres años de jubilación por hacerle los trámites. Me pareció piola. Uno ya los conoce, los ve que están siempre y el domingo evitaron que las cosas pasen a mayores. Tampoco sabés de donde sale gente interesada solo en ir a causar problemas. Fueron a la sede de Escalada a decir que tenían que derivar las donaciones a otro lugar, que no se podía repartir desde la iglesia como se había pautado con Juan Carr y la Red, causando problemas con las personas que se acercaban por necesidad. Luego los chicos de La Cámpora se comprometieron a llevarles todo lo necesario y así lo hicieron. Creo que cumplieron el rol que debió cumplir el gobierno de la Ciudad.

MH: ¿Ninguna de las 600 personas especializadas, preparadas para actuar en emergencias que mencionó el Jefe de Gobierno, se hizo presente en Villa Lugano?

VV: Acá no. También dijo que tenemos el mejor equipo de emergencia y Comité de crisis.

MH: Pero no se sabe donde estuvieron. Estoy comunicado con vos, vengo siguiendo la situación del barrio de Saavedra con Mario Diamonte de la Asamblea desde el viernes pasado y esos señores no aparecen por ningún lado. ¿Existen?

VV: Yo creo que no. Tuve un cruce en otra radio con un funcionario del gobierno de la Ciudad y le dije que la última vez que asistieron a los vecinos en Villa Lugano fue cuando se comprometieron a charlar por la traza del Metrobus Sur que viene por Av. Roca. Entonces, unos barras brava que venían con los funcionarios en un micro, golpearon a los vecinos. Subimos el video en la página web de Noticiario Sur. Fueron los vecinos a hablar con los funcionarios en una cita previamente acordada y los golpearon.
En 2012 a raíz de la tormenta de abril se hizo una demanda judicial, que el gobierno de la Ciudad jamás contestó, como es habitual, porque a la madrugada de ese día los vecinos pensaban que venían a ayudarlos cuando apareció un convoy con 12 camionetas del gobierno, pero ¿adónde iban? Al Parque Roca, a poner en condiciones los destrozos que había hecho la tormenta en el estadio de tenis porque se jugaba la Copa Davies. Entonces, los vecinos se atrincheraron en la puerta del estadio para impedir que salieran. Lo que fastidió enormemente fue que ni siquiera fueron a reparar el estadio sino a rearmar el paseo de compras privado de las marcas de zapatillas, raquetas, etc. La tormenta se llevó las carpas y el personal del gobierno de la Ciudad fue a trabajar para las empresas privadas.

MH: Yo lo veo coherente.

VV: Acá hay mucha bronca porque no se hizo presente absolutamente nadie.

MH: Me llamó la atención lo que vi el miércoles por la tarde en la sede central de Defensa Civil en EE. UU. y Loria, mejor dicho, lo que no vi. No había ningún tipo de actividad pasadas las primeras 24 horas de la inundación. Pensé que no se iba a poder pasar por la puerta, que iba a estar bloqueada la calle y no pasaba absolutamente nada.

VV: ¿Vos sabés cuál es el equipo de crisis nuestro? La gente, el pueblo. El otro día lo veía en la Catedral. Por lo menos que sirvieran café a los voluntarios que estaban trabajando. Ni eso.

MH: Fue una vergüenza, con la sede del gobierno de la Ciudad enfrente y cerrada. Habilitá la planta baja del edificio de La Prensa que tiene espacio. Careteala. Ni eso. Es un bochorno.

VV: Tienen pasividad genética.

MH: Para ir cerrando. Me decía la gente de la Asamblea de Saavedra que el lunes 15 a las 17:00 se movilizan a la Jefatura de Gobierno y hacen extensiva la invitación a todos los barrios afectados por las inundaciones, de acuerdo a la resolución de la asamblea de vecinos que se realizó el sábado pasado en Parque Saavedra.

VV: Ayer me llegó la crítica del legislador Alejandro Bodart a la política de subsidios. Me pareció interesante para que la gente entienda que Macri no les está haciendo ningún favor. Lamentablemente este es el destino de los pueblos que votan a un gobernante como Macri.


Entrevista a Gustavo Desplats de la Protocomuna de Caballito
Buenos Aires se inunda principalmente por la impermeabilización del suelo de la Ciudad

MH: Voy a empezar esta nueva entrevista sin anestesia. ¿Por qué se inunda Buenos Aires?

Gustavo Desplats (GD): Por un cúmulo de diferentes cuestiones, pero lo primero que hay que entender es que principalmente no se inunda por la cantidad de lluvia, por un problema climático, sino por la impermeabilización del suelo de nuestra ciudad, o sea, un problema de la tierra. Esto es claro porque en las últimas lluvias de 160 mm y 320 mm en La Plata, que provocaron los desastres que todos conocemos, fueron acompañadas por lluvias de más de 300 mm en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires y no ocasionaron ningún problema porque la absorción de la tierra permite aguantar lluvias de estas características. Esto no ocurre si gran cantidad de los terrenos de las ciudades se encuentran impermeabilizados.
Hay que pensar que 40 años atrás el límite de escurrencia, o sea la cantidad de agua que va a parar a los pluviales, era del 50% en la ciudad. La mitad del agua era absorbida por la tierra, retenida por los árboles, etc., y la otra mitad iba a los pluviales. Hoy por hoy, el 80% del agua que cae va a parar a los pluviales y menos del 20% es absorbida por la tierra. Esto implica que los pluviales tienen una carga de más del 50% superior de la que tenían hace 40 años atrás siendo los mismos. Ante una lluvia de iguales características el sistema pluvial de la Ciudad de Buenos Aires tiene un 50% más de carga.
Otro punto muy importante es la falta de políticas coordinadas entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad. El área metropolitana tiene una división política en Capital y Provincia, pero no es así en la realidad hídrica. Cuando se encaran obras hídricas en uno u otro lugar sin que haya un correlato del otro lado, solo se generan inconvenientes. Un ejemplo claro fue el caso de la Unidad Bicentenario que realizó un entubamiento de 800 m del arroyo Medrano en los terrenos de Tecnópolis con un caño que tiene mayor diámetro y capacidad de traslado de agua que el que está del lado de la Ciudad. El terreno de Tecnópolis fue histórica y físicamente el lugar de inundación del arroyo Medrano antes de llegar a la Ciudad. Cerca de 30 manzanas de lo que hoy es Tecnópolis, cuando llovía mucho, se inundaban y formaban una especie de lago del arroyo Medrano. Al haberse entubado, el agua que llegaba a la Ciudad se encuentra con un caño más pequeño y el agua entra a presión, por eso los vecinos del barrio de Saavedra denunciaron que los sumideros, lejos de recibir el agua la expulsaban, porque entraba con más presión y entonces los sumideros en lugar de servir como lugares de entrada de agua hacían de salida.
Este es un ejemplo claro de la falta de coordinación entre Capital y provincia que causa problemas graves a la calidad de vida de los vecinos.
Desde un punto de vista más amplio hay que cambiar el modelo constructivo, obligar nuevamente a que los centros de manzana sean absorbentes, a que se mantengan los árboles, cada árbol cumple una doble función: su follaje retiene una cantidad de agua que hace caer al piso luego del pico de la tormenta y, por otro lado, sus raíces succionan agua.
Hay que dejar de cementar los espacios verdes de la Ciudad. Hay que acabar con toda la política que implique limitar la cantidad de espacios verdes. En diciembre del año pasado se entregaron 37 manzanas del Parque Roca en Villa Lugano para construir un centro de transferencias de carga que será en un 80% cementado. Se entregaron 80 manzanas de las 5 playas de carga ferroviaria de Palermo, Liniers y Caballito para realizar construcciones suntuarias, de lujo.

MH: La Protocomuna hizo una denuncia por la calle Hidalgo.

GD: Es una especie de botón de muestra porque estamos recibiendo correos electrónicos de vecinos que nos informan que lo mismo está ocurriendo por lo menos en otras 8 calles de Buenos Aires de manera simultánea.

MH: ¿Cuál es el problema?

GD: Otra de las cosas que no hay que hacer es retirar los adoquines porque permiten que el 20% del agua que llega vaya hacia el piso. Primero se retira un metro de ambos lados de la calle para hacer el cordón cuneta y luego se prepara toda la calle para ser asfaltada.
El retiro de los adoquines no fue pedido por los vecinos ni por las organizaciones barriales, el asfalto tampoco, nos oponemos a ambas cosas. Primero por las inundaciones. La calle Hidalgo no tiene pluviales, ni alcantarillado de ningún tipo. Si se impermeabiliza, indudablemente, va a provocar inundaciones y, por otro lado, porque es una obra pensada para favorecer a los automovilistas. Los vecinos no queremos que los coches vayan a mayor velocidad y el asfalto la fomenta.
La administración del ingeniero Macri desde que asumió, está haciendo esta tarea de quitar adoquines y asfaltar que fomenta las inundaciones y va en contra del pedido de los vecinos que quieren mantener la calidad de vida. Que el gobierno piense en metodologías y trabaje para los vecinos que caminan día a día por las veredas destruidas que en el mejor de los casos el gobierno macrista cementa en lugar de poner baldosas como siempre tuvo la Ciudad que permiten que fluya el agua. El cemento es un impedimento total.
Nosotros planteamos que muchas de las políticas impulsadas por el macrismo son de impermeabilización del suelo, que van a favor de la especulación inmobiliaria y en contra de los pocos espacios verdes que tiene la Ciudad. Instamos al gobierno de la CABA a que dé por terminada la obra de la calle Hidalgo y dejen de retirar los adoquines en la Comuna 6 (Caballito) y den también por terminado de manera definitiva el retiro de adoquines en toda la Ciudad.

MH: ¿Van a acompañar a los vecinos de Saavedra el próximo lunes?

GD: Sí, creemos que es una obligación después del desastre de las inundaciones que sufrieron. Lo haremos a través de la Red Verde Ciudadana, una organización de 2º grado que reúne organizaciones y vecinos de toda el Area Metropolitana.

MH: A las 17:00 es la cita en las puertas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad.

GD: Allí estaremos.

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Inundados: Asambleístas platenses tomaron el Concejo Deliberante

ANRED

Al grito del “que se vayan todos” más de 300 vecinos irrumpieron ayer en el Concejo Deliberante platense. Minutos antes los concejales del Frente para la Victoria, junto al bloque “Nacional y Popular” (La Cámpora y alakistas) se habían negado a aprobar una interpelación para que el Intendente Pablo Bruera se presentara en el Cuerpo Deliberativo para dar las explicaciones correspondientes sobre las responsabilidades políticas de la inundación. Por otra parte, la Justicia confirmó que hubo adulteración de actas de defunción.

Ayer alrededor de las 19:30 mientras el Concejo Deliberante platense celebraba su primera sesión del año, alrededor de 300 vecinos y vecinas irrumpieron en el recinto tras haberse movilizado previamente a la Municipalidad para exigir respuestas ante el temporal que azotó la ciudad el pasado 2 de abril.

Los manifestantes forman parte de algunas de las asambleas que se conformaron en la región tras la inundación y habían resuelto realizar una protesta colocando velas alrededor de la sede municipal.

El primer planteo que realizaron ni bien interrumpieron la sesión fue el pedido de renuncia del intendente Pablo Bruera, y además reclamaron que se esclarezca la cantidad de fallecidos, ya que las cifras oficiales sólo muestran 52, pero hay datos –varios ya judicializados– que permiten afirmar que hubo alrededor de 100 muertos.

Minutos antes de la intervención de los vecinos, los concejales del Frente para la Victoria, junto al bloque “Nacional y Popular” (La Cámpora y Alakistas) se habían negado a aprobar una propuesta de interpelación para que el Intendente Bruera se presentara en el Cuerpo Deliberativo para dar las explicaciones correspondientes sobre las responsabilidades políticas de la inundación.

Las asambleas vecinales vienen reclamando además del esclarecimiento de la cantidad de víctimas, subsidios para los damnificados, asistencia en mercadería y medicamentos para los barrios afectados, la realización de las obras postergadas de infraestructura hidráulica, entre otras demandas.

Patotas y amenazas

“Hay asambleas infiltradas, nos atacaron en la asamblea de Tolosa. Vos sabes como se maneja Control Urbano, nos mandan patotas. Vos sos responsable de lo que nos pase”, le recriminaron los vecinos al Presidente del Concejo Deliberante, Javier Pacharotti.

Por su parte, el titular del cuerpo legislativo aseguró “no saber” quien estaba a cargo de la Comuna en momentos de la inundación, cuando el Jefe Comunal se encontraba de vacaciones en Brasil, respuesta que enardeció mucho más a los vecinos.

A su vez, los asambleístas denunciaron que los punteros en los barrios los amenazaban y que no distribuyeron la mercadería que llegaba de Nación. “No existió ni un sólo plan. No sabían donde iban las cosas que llevaban a la Facultad de Periodismo. La Presidenta habla de coordinación y no hay una mierda de coordinación. Se pelean entre ustedes y se están cagando para ver quien queda mejor parado para octubre y todo el pueblo está sufriendo las penurias”, aseguró uno de los miembros de la asamblea de Tolosa.

Golpes de los concejales

Mientras se desarrollaba de la protesta, el Concejal del Frente para la Victoria Juan Pedro Chaves increpó y golpeó a algunos de los asambleístas que ingresaron al recinto. El legislador, que desde el año pasado se agrupó dentro de las filas del bruerismo viene del armado del exgobernador de la Provincia, Felipe Solá.

Tanto los legisladores oficialistas como el presidente del cuerpo Javier Pacharotti, tuvieron que salir escoltados por la policía y patovicas que aparecieron para frenar a los manifestantes, que se terminaron retirando cerca de las 22.

El domingo se volverá a realizar en Plaza Moreno una nueva reunión entre las asambleas que se siguen desarrollando en distintos barrios de la ciudad.

Confirman adulteración de actas de defunción

Por otra parte, ayer el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, que conduce Luís Arias, identificó irregularidades en certificados de defunción, lo cual confirmaría la existencia de más víctimas de las que reconocieron los Gobiernos municipal, provincial y nacional. Reproducimos el comunicado del Juzgado:

Comunicamos que en el día de la fecha la causa N° 27.057 caratulada “Defensoría Oficial de Responsabilidad Juvenil s/ Habeas Data”, ha sido sorteada por la Suprema Corte en éste Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1.

Que en función de lo peticionado por el Dr. Julián Axat (actor en la causa) en el día de la fecha se ha secuestrado en el Registro de las Personas la documentación correspondiente a los decesos acaecidos entre el día 2 y el día 10 de abril del corriente año a fin de cotejar los datos de las víctimas del temporal ocurrido en La Plata.

Que del análisis de la documentación secuestrada se observa, en principio, lo siguiente:

1) En diversos casos no ha tomado intervención la autoridad judicial competente, y los cuerpos fueron entregados mediante acta policial a sus familiares sin orden judicial, conforme lo exige el art. 97 de la Ley 14.078, la cual –en algunos casos - fue suplida con un sello del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia.

2) En otros, el Fiscal en Turno ha dispuesto la entrega de los cuerpos sin haber ordenado las correspondientes autopsias de las víctimas, conforme lo exigen las normas vigentes.

3) En otros, se han certificado defunciones por causas no traumáticas, cuando en realidad existen elementos de prueba colectados que demuestran en principio, la falsedad de la causa, puesto que el deceso ocurrió de un modo traumático, por inmersión y en la vía pública.

4) Existen casos que no han sido incorporados al listado oficial y que, de la documentación secuestrada surge, en principio, que los mismos se produjeron como consecuencia del temporal (Reyes, y Fernández). Con lo cual, el listado de víctimas computadas hasta el presente con la información oficial del Poder Ejecutivo, la relevada por éste Juzgado, y la que surge del Registro de las Personas, hasta el momento, asciende al número de cincuenta y siete (57).

5) Se han depurado –suprimiendo los errores- y unificado los listados respectivos, conforme a lo señalado en el punto anterior, en un único registro de víctimas provisorias que se adjunta al presente.

En lo sucesivo, y en la medida que la causa permanezca radicada en éste Juzgado, se analizará la restante documentación con las pruebas requeridas por el Dr. Axat y se brindará la información correspondiente.

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Jorge Cardelli: “Deben explicar la subejecución del programa de Recursos Hídricos”

INFOSUR

Se presentó un proyecto para que el gobierno informe sobre la subejecución presupuestaria que sufrió durante el 2012 y el primer trimestre de este año el programa de Recursos Hídricos.

El diputado nacional por Proyecto Sur Jorge Cardelli presentó esta tarde un proyecto de resolución para que el gobierno informe sobre la subejecución presupuestaria que sufrió durante el 2012 y el primer trimestre de este año el programa de Recursos Hídricos, que depende del Ministerio Nacional de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

En el escrito, reclama las razones que expliquen dicha subejecución y la reducción en un 36% de la partida presupuestaria en relación con el año anterior.

“Los números nos muestran un desentendimiento por parte del Ejecutivo en una cuestión tan sensible como es la hidrológica cuando padecemos un cambio climático con su consecuente modificación del régimen pluvial” sostuvo Cardelli al remarcar que “al cabo del primer trimestre del año en curso, el Programa sólo ha ejecutado el 2.7% del presupuesto anual consignado”.

En ese sentido, el diputado por Proyecto Sur aseguró: “Con la evidencia de las muertes y las pérdidas materiales de miles de familias no podemos más que preguntarnos si estas circunstancias influyeron en el la magnitud de la catástrofe hídrica ocurrida el 2 de abril en las áreas metropolitanas de Buenos Aires y La Plata, si las subejecuciones impidieron el cumplimiento de tareas que hubieran prevenido la tragedia”.

“Entendemos que de haberse realizado las obras previstas, éstas podrían haber mitigado las consecuencias del desastre hidrológico, por eso deben informar las causas de la subejecución”, argumentó el legislador.

Más información

Según informa la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación en su “Sitio del Ciudadano”, el Programa 19 (Recursos Hídricos) a cargo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS) ejecutó apenas el 14.8% de los 387 millones de pesos que se le asignaron a través del Presupuesto para la Administración Pública Nacional de 2012.

Los objetivos que se pretendían alcanzar a través del Programa 19 y las tareas que, a esos efectos, se iban a realizar son: Formulación y ejecución de acciones de gestión y desarrollo de infraestructura básica y de servicios vinculados a los recursos hídricos a nivel internacional, nacional, provincial y municipal; prevención y mitigación de desastres de origen hídrico a través de estudios y evaluaciones de sus causas, caracterizando las crecidas, inundaciones y sequías a partir de las particularidades climáticas, hidrológicas, geológicas y morfológicas; control del accionar de las siguientes coordinaciones y comisiones: Coordinación Interjurisdiccional del Programa Hidrovía Paraguay-Paraná, Comisión Regional del Río Bermejo, Comité Interjurisdiccional del Río Colorado y autoridad interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro; elaboración de propuestas de modificaciones relativas a la gestión integral de los recursos hídricos, en coordinación con las demás jurisdicciones y organismos vinculados con esta temática; ejecución de obras públicas hidráulicas, de abastecimiento, aprovechamiento y saneamiento básico en forma centralizada y a cargo de gobiernos provinciales y municipales. Entre las iniciativas a ejecutar de destacan las obras de índole social y económico en la cuenca Matanza – Riachuelo; ampliación y mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional, la cual constituye la mayor fuente de información hidrológica de nuestro país, permitiendo a través de la misma recabar datos básicos necesarios para la formulación de proyectos y la administración racional de los recursos hídricos.

Otro punto fundamental es que las reducciones presupuestarias no son coyunturales, sino que se mantienen como una constante durante el período comprendido entre 2008 y 2012; tal como lo refleja el siguiente cuadro elaborado a partir de los datos que brinda la Secretaría de Hacienda.

Programa 19

Ejecución presupuestaria durante los ejercicios comprendidos entre 2008/2012

Queda así claro que cada 10 pesos gastados en 2008 en obras hídricas, sólo se invirtieron 2 en el año 2012. Esto sin considerar la disminución del poder adquisitivo de la moneda durante el período consignado.

ACOMPAÑAN EL PROYECTO: Fernando “Pino” Solanas y Alcira Argumedo (Bloque Proyecto Sur) Graciela Iturraspe y Antonio Riestra (Bloque Unidad Popular) y Horacio Piemonte (Coalición Cívica).

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Madres, pequeñas y vulneradas

Silvana Melo (APE)

Entró a la farmacia de la terminal de Retiro y pidió un Evatest. Las sandalias con altísimas plataformas la hacían crecer unos centímetros. Tenía la piel oscura del altiplano. Y unos quince, no más. Afuera esperaba él. Flaco, el pelo modelado con gel en caprichoso flequillo, un piercing en el labio superior y dientes raleados por mala alimentación. ¿Dieciséis tal vez? No más. En algún baño de orín penetrante y puertas con teléfonos que ofrecen sexo ella habrá sabido si estaba sola o alguien más comenzaba a habitarla apretándole las entrañas.

Las chicas llegan al sistema público de salud cuando ya están embarazadas. Y a veces tampoco. En Salta 23 de cada cien bebés hinchan panzas de menos de 19 años. En Mendoza el 22,7 % de las madres tienen entre 15 y 19. Muchas otras son vulneradas por propios y ajenos y se hacen madres cuando sólo pueden ser desesperadamente hijas. Violentamente madres a los 10, a los 11. A los 12.

Solas de soledad inmensa tantas pibas van a buscarse una vida a tientas, deficitarias de amor y de abrigo. Tan chiquitas salen a buscarla, con una madre que las ve irse rodeada de cuatro, cinco, seis más. Y ellas, solas de toda soledad, van a buscar aquello que nunca encontró su madre pero se toparán con un mismo destino de maternidades tempranas, múltiples, de padre ausente o en fuga. En esa búsqueda frenética de no estar solas, tan solas y tan en abandono en un mundo que parece un desierto feroz en constante estado de amenaza.

Entonces serán solas pero de a dos. De a dos abrazados y abandonados los dos. Niños ambos y puestos a fertilizar en suelo árido. A retoñar en la escarcha.

En el mientras, ella se puede morir. El riesgo que corre es dos veces mayor que después de los 19. Y cuatro veces mayor cuando a la hora de parir se ha vivido menos de 15. La mortalidad materna no sólo no baja en la Argentina sino que aumentó en los últimos quince años. Y discute números perversamente, como los discute en el aumento de la leche o en los muertos por la inundación. Mientras el Ministerio de Salud dice que mueren por año 4,4 madres por cada diez mil nacidos vivos, la OMS y otros organismos sanitarios mundiales anotan 7,7.

Las chicas se embarazan de soledad, de olvido, de vulneración, de vejación, de tomar pastillas sin saber cómo se toman, de resistencia de su pareja –ocasional o no- al preservativo, de desinformación, de desgano, de nomeimporta si total la vida no dura (vence ahí no más, a la vuelta de la esquina), de rebeldía, de esperanza, de desesperanza. Y se mueren de pobres, de niñas, de no acceder a la salud pública, de no tener controles, de hambre, de abortos inseguros, de partos donde se den.

Desde 2002 hay una Ley Nacional 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable. Desde 2003 hay un Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Desde 2006 hay un Programa Nacional de Educación Sexual integral. Pero no hay una Ley Nacional contra el Desencanto. No hay un Programa Nacional de Educación para la Felicidad. No hay un Plan Nacional de Reconstrucción de la Esperanza. Decenas de miles de pibes y pibas hijos del derrumbe tienen destino y deciden no combatirlo; viven en márgenes concedidos, donde vivirán para siempre sin muros para derribar; tienen hijos con sus mismos destinos y los dejarán andar por sus mismas veredas sin rebelarse por grandes cosas; se envenenarán con la naturaleza mutante del territorio que les tocó, pero también fumarán y aspirarán venenos otros, para no sentir y pasar por aquí con la conciencia rota mientras dure la vida.

Entre ellos el 70 % de las chicas no usan un método anticonceptivo al momento de quedar embarazadas (Ministerio de Salud de la Nación). Y en plena adolescencia desconcertada paren 15 de cada cien bebés que nacen por año.

En Corrientes el 30% de los embarazos son adolescentes, según la doctora Silvia Lapertosa, directora del Hospital Vidal. La provincia que gobierna Ricardo Colombi supera al Chaco (24,5%), a Formosa (22,6%) y a Misiones (21,6%) en maternidad niña.

En 2012 dos criaturas de diez años aparecieron embarazadas en Corrientes. Y otra de 11, en Entre Ríos. Violentadas en su fragilidad por mayores y brutalmente castigadas por las instituciones. La in-justicia,  la iglesia impiadosa y la conciencia mediática que  martilla en los discursos evitaron la práctica de la interrupción del embarazo en cuerpitos aún no desarrollados en su plenitud, con caderas de cristal, que podían romperse en  mil pedazos a la hora de la luz. Los ministros de Salud de Corrientes y Entre Ríos aportaron su humanidad de sumidero. Si la niña ovula y menstrúa ya está preparada para parir. Aunque tenga diez años. O si la niña se embaraza es para cobrar la Asignación por Hijo. Aunque tenga diez años.

Meses después los diarios de Corrientes y Entre Ríos saludaban los nacimientos. Pero nadie más supo qué heridas cruzaron de punta a punta la vida de  ellas. Laceradas y enmadradas cuando era tiempo de muñecas y rayuela. Cuando era tiempo de escalar al cielo.

En el Hospital materno-neonatal Madariaga de Posadas, Misiones, el año pasado murieron cuatro mamás. Llegadas a duras penas de zonas de arrabal, casi sin controles prenatales. “Sus chiquitos nacen con muy bajo peso. Y hay días en los que dos mamás tienen que compartir una sola cama”, dice la directora del Hospital, Viviana Figueredo.

Cada parto deposita en el mundo un individuo único e irrepetible. Llamado a dejar una huella singular. Puesto para transformar el aire que le tocó respirar. Nada será igual después de su paso por la vereda o por la salita. Cada niño, nacido en una villa, en una casita de lata, en un puesto rural de Formosa, en un barrio del conurbano, en el valle de Famatina, en la orilla de Rosario donde pasa el tren, cada uno está llamado a cambiarlo todo. A veces su llamita se apaga en días.  Otras veces, enciende a las demás. A veces sus madres los paren sin demasiadas razones, a veces son acusadas por los teóricos del desprecio, de parir en serie para cobrar subsidios, a veces los lanzan al  mundo como misiles de ternura, a veces los desquieren, a veces son su arma de rebeldía. Y  a veces, seminiñas  sin amor ni abrigo,  pequeñas diosas en abandono, los paren para no estar tan solas ante la inmensidad que acorrala. Un abrazo calentito ante tanto invierno.

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Pueblos originarios: Declaración del Foro Indígena de Abya Yala

ACTA

Se llevó a cabo en Iximulew, Guatemala, del 11 al 13 de abril el Foro Indígena de Abya Yala (Latinoamérica). Participó la secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA, Verónica Huilipan. A continuación, reproducimos la declaración final del citado encuentro de pueblos originarios.

"En el marco de la Reunión Preparatoria de América Latina y el Caribe para la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas del 2014, desarrollada en Iximulew, Guatemala, del 11 al 13 de abril de 2013, mujeres, juventudes y representantes de las organizaciones de los pueblos indígenas de 17 países de Latinoamérica y el Caribe, se han reunido para analizar la temática y el contenido de la Conferencia Mundial. Se han planteado las preocupaciones, recomendaciones y propuestas, demandando el respeto, reconocimiento y cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas, ante los Estados, entidades financieras, organismos intergubernamentales, entre otros.

Para los Pueblos indígenas nuestras tierras, territorios y recursos, son elementos fundamentales que permiten la continuidad histórica y la plenitud de la vida, espiritualidad, el desarrollo social, cultural, económico, político y humano, vinculado a nuestra cosmovisión que consiste en la relación profunda con la Madre Tierra. La institucionalidad de los Pueblos indígenas, expresada a través de las instituciones, autoridades ancestrales, sistema de participación política y sistema jurídico propio, permiten la convivencia armónica, la gestión y gobernanza territorial.

El actual modelo de desarrollo económico impulsa megaproyectos, infraestructuras, monopolios de comunicación, industrias extractivas, forestales, mecanismos de desarrollo limpio, hidroeléctricas, agro combustibles, energías “limpias” (energía eólica, geotérmica), la minería metálica y las dudosas soluciones basadas en los mecanismos de mercado, REDD, REDD+ (caso de Panamá), bonos de carbono y todas sus variantes, biotecnología y fertilización marina que no respetan los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, principalmente el derecho a la libre determinación y al Consentimiento libre, previo e informado.

Conscientes que la sociedad dominante en América Latina y el Caribe persiste a través de patrones y mecanismos de exclusión, discriminación y racismo que no permite erradicar las brechas de desigualdad; los pueblos indígenas, especialmente aquellos en aislamiento voluntario, la niñez, juventudes y mujeres indígenas son más vulnerables a los impactos negativos de las políticas que se están desarrollando.

Demandamos la real y efectiva descolonización del poder que no dependa de un partido o gobierno de turno, sino de la construcción verdadera de Estados plurinacionales respetando las demandas de los pueblos indígenas y sus planes de vida. Este reconocimiento es un mecanismo efectivo para mejorar la relación entre los Estados y los pueblos indígenas, que permitirá construir y armonizar la convivencia mutua para la paz y democracia inclusiva y participativa, eliminando así las acciones de criminalización que se han dado a los líderes y pueblos indígenas que defienden sus derechos territoriales e integridad cultural y espiritual.

Ante esta situación los Pueblos indígenas de Abya Yala:

• Exigimos la aplicación e implementación efectiva de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, principalmente los artículos 3 y 4 sobre el ejercicio pleno del derecho a la libre determinación y a la autonomía o el autogobierno;

• Demandamos que las acciones y políticas de desarrollo propuestas e impulsadas por los Estados y otros, cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas;

• Demandamos a los Estados garantizar la participación plena y efectiva de la niñez, juventud y mujeres indígenas en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas, en especial para la revitalización y fortalecimiento de la identidad cultural y lingüística, acceso a la educación indígena e intercultural de calidad en sus diferentes niveles.

• Exigimos a los Estados, la adecuación de su ordenamiento legal interno acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, en base a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que permiten la democratización y el estado de derecho;

• Instamos a los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, entidades financieras y otras organizaciones intergubernamentales a la implementación efectiva de las disposiciones de la Declaración de la ONU en la ejecución de las iniciativas en los países, en coordinación con los gobiernos y los pueblos indígenas, incluyendo mujeres y juventudes;

• Exigimos a los Estados asegurar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la evaluación de la agenda post 2015, basado en la libre determinación, autonomía y territorialidad, consentimiento libre, previo e informado, espiritualidad, la interculturalidad, mujeres y juventud, reciprocidad y solidaridad. Eliminando las prácticas que atentan contra la Madre Tierra y la misma sociedad por el bien común y la vida plena;

• Exigimos a los Estados que la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas;

• Exigimos a los estados garantizar a los pueblos indígenas el derecho a la comunicación e información a través de legislaciones y fondos específicos como está consagrado en el artículo 16 de la Declaración de la ONU;

• Instamos a los Estados a apoyar política, técnica y financieramente el proceso de preparación, asegurar la participación de los pueblos indígenas en la Conferencia Mundial y en la elaboración de los documentos finales de la Conferencia;

• Urgimos a los Estados establecer mecanismos o leyes que aseguren el derecho al agua.

• Instamos a los Estados, en el marco de un diálogo interactivo con los pueblos indígenas, a desarrollar procesos para evaluar la implementación y aplicación efectiva de los derechos de los pueblos indígenas, consagrados en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros".

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Está previsto que este viernes se conozca la sentencia en el juicio oral por el homicidio de Mariano Ferreyra

CIJ

Previo a ello, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 de la Capital brindará a los imputados la posibilidad de decir sus últimas palabras antes de la lectura del veredicto. Entre los acusados está José Ángel Pedraza. CIJ TV transmitirá en vivo.

Está previsto que este viernes, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 de la Capital dé a conocer la sentencia en el juicio oral por el homicidio del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010.

Previo a ello, los jueces Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi, que integran el tribunal, ofrecerán a los imputados la posibilidad de expresar sus últimas palabras antes de la sentencia. CIJ TV transmitirá en vivo.

Cabe recordar que la Fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua para José Pedraza, titular de la Unión Ferroviaria, y Juán Carlos Fernández, acusándolos de ser instigadores del homicidio del joven militante del Partido Obrero y de la tentativa de homicidio de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.

En tanto que requirió la misma pena para Cristian Daniel Favale, Gabriel Fernando Sánchez, Pablo Marcelo Díaz, como coautores de esos mismo delitos.

Además, pidió 10 años de prisión para Gustavo Alcorcel y 9 años para Daniel González y Salvador Pipitó.

Con respecto al personal policial, solicitó las siguientes penas: 10 años para Hugo Lompizano y Luis Mansilla, 9 años para Jorge Ferreyra, 8 años para Luis Echavarría, 7 años para Rolando Garay y Gastón Conti. En todos los casos se les imputó el abandono de persona. En tanto que pidió la absolución de David Villalaba.

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Argentina: ¿Qué pasa con el dólar?

Cynthia Recchi - Martín Kalos (ANRED)

Desde que en octubre de 2012 comenzaron las restricciones a la compra de dólares para el ahorro, el mercado ilegal (“dólar blue”) ganó cada vez más fuerza. En efecto, los trabajadores argentinos con capacidad de ahorro ven en este mercado una de las pocas posibilidades de mantener el valor de su dinero ante una eventual crisis o devaluación abrupta. Mientras tanto, la rápida suba del dólar paralelo tiene su causa en el hecho de que pocas personas quieran desprenderse de los dólares que han atesorado y en un componente especulativo respecto del precio futuro que pueda tener. Esto ha permitido tener grandes ganancias en pesos en muy cortos plazos a todos aquellos que lo habían comprado antes de la suba.

El inicio de las restricciones a la compra de divisas

El 28 de octubre de 2012, el Gobierno nacional dispuso que la venta de dólares para ahorro quedara limitada al 40% de los ingresos declarados. El ministro de Economía de ese momento, y actual Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, señalaba en su cuenta de Twitter: “No ha cambiado nada de nada respecto a la posibilidad de comprar dólares. Todo aquel que pueda demostrar sus ingresos puede adquirirlos”.

Reservas Internacionales del Banco Central de la República Argentina, en millones de dólares.


Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Central de la República Argentina.

En pocos meses, el porcentaje de los ingresos que podía usarse para comprar dólares primero se redujo al 25%, y luego directamente desaparecería de la página de AFIP la opción de compra de dólares para el ahorro, restringiéndose al turismo – opción que, al día de hoy, ha quedado sumamente limitada -.La medida en sí ha probado ser ineficiente: no sólo se mantuvo el exceso de demanda de divisas, sino que fue interpretada como una señal negativa que impactó en los mercados. Sin ir más lejos, al 8 de marzo de 2013 el stock de reservas internacionales era de 41.528 millones de dólares, un 12% más bajo que el mismo día del año anterior y 22% menos que el record de Reservas alcanzado a comienzos de 2011. Ya desde julio de ese año, el Banco Central estaba perdiendo reservas dramáticamente y era necesario colocar un freno a esa sangría. El Banco Central de la República Argentina tiene facultad para imprimir pesos, no dólares. La fuga de divisas implica quedarse sin moneda de respaldo, que necesita para realizar transacciones con organismos extranjeros, para concretar operaciones de comercio internacional (tanto pagar importaciones como financiar exportaciones), para el pago de deuda, etc.

Una forma de evitar la salida es reducir el precio relativo de una moneda frente a la otra (que los dólares cuesten más pesos). Es decir, devaluar. Existen distintas razones por las cuales el Gobierno puede no querer hacerlo: implica una transferencia de ingresos a los sectores exportadores, encarece la compra de maquinaria por parte de la industria, y encarece la compra de energía por parte del Gobierno nacional (Argentina se encuentra hoy, nuevamente, en déficit energético). El mayor precio de los insumos importados por la industria y de los alimentos producidos por el sector agropecuario tiene un impacto negativo sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, ya que los salarios reaccionan con demora o en menor magnitud que la suba de precios. Por ende, una devaluación en estas condiciones afectaría la calidad de vida de la población, la distribución del ingreso y la capacidad productiva del país. Esta capacidad productiva se ve afectada por la devaluación de dos formas: por un lado, los productos de exportación ganan competitividad, y se incentiva la sustitución de bienes importados; por el otro, los insumos de importación se encarecen, al tiempo en que se desacelera la demanda interna. De momento, el Banco Central está avalando tasas de devaluación mes a mes, rondando hoy en día el 17% de devaluación interanual.

La segunda salida posible es la que se implementó: restringir el volumen de divisas en oferta.

¿Por qué se compran los dólares?

Una parte de la población argentina con capacidad de ahorro ha tenido un romance histórico con el dólar. Lejos de confiar por completo en la moneda nacional, lo que ha subsistido desde siempre es un sistema bimonetario, donde las grandes transacciones se realizan en dólares como forma de preservar el valor de la mercancía adquirida. Preservar el valor de sus ahorros ha constituido la mayor ambición de los argentinos, que demasiado bien recuerdan los períodos hiperinflacionarios de los 80 y la confiscación de sus depósitos en el año 2001. Es por eso que, a la menor señal de alarma, las casas de cambio pululan de pequeños y medianos ahorristas. Solo en 2011, las personas físicas o jurídicas con compras mensuales por el equivalente de hasta 10.000 dólares representaron el 45% del total; es decir, existe un amplio volumen de compra que no responde a grandes contribuyentes.

Compras mensuales de dólares por persona o empresa en 2011.


Fuente: informe del mercado único libre de cambios del Banco Central de la República Argentina.

Este comportamiento es lógico, ante tasas de inflación superiores al 20% anual. El alza en los precios de la mayor parte de los bienes de consumo implica que, con los mismos pesos (y el mismo salario), se puede comprar cada vez menos. Mis pesos pierden valor; pero si los convierto a dólares, una eventual devaluación podría devolverme el poder adquisitivo perdido, al permitirme comprar una cantidad mayor de pesos con los dólares que obtuve anteriormente.

Esto pone a cualquier persona que disponga de un excedente mensual por sobre su sueldo en una disyuntiva. No conviene ahorrar en pesos, porque mes a mes se pierde poder adquisitivo frente al avance de la inflación (un plazo fijo paga una tasa efectiva de hasta el 15% anual, con lo que se sigue perdiendo dinero; incluso el bono de YPF, reducido en volumen, tiene uno de los mejores rendimientos del mercado y paga “apenas” 19% anual, por debajo de la suba de precios). Pero a la vez comprar divisas extranjeras para ahorrar está restringido – razón por la cual también se ha paralizado el mercado inmobiliario, que se ha valuado históricamente en dólares y ha sido siempre un refugio para los ahorros de los argentinos -. Incursionar en el mercado de capitales en general requiere tener conocimientos previos sobre cómo funciona, contratar un agente de bolsa como intermediario, etcétera; todo lo cual conlleva tiempo, esfuerzo, gastos monetarios y riesgo, quedando fuera del alcance de la mayoría de la población.

La suba del dólar blue y su impacto

Ante este escenario, no resulta sorprendente la apertura de un mercado de cambios ilegal. El precio del intercambio en este sistema informal (de compra y venta de dólares en negro) es lo que se conoce como cotización de peso/dólar “blue”.

La brecha con el dólar oficial ocurre por dos motivos. El primero es que la demanda de dólares es alta en relación a una oferta muy reducida (ya que pocas personas se desprenden de los dólares que han acumulado) y esta demanda relativamente elevada no puede canalizarse por vías legales. Esto implica que los pocos vendedores de dólares pueden fijar un valor alto, y es probable que consigan compradores –incluso si el precio de venta de esos dólares estuviera “inflado”-. El segundo motivo es precisamente que, mientras se espere que el valor del dólar blue continúe subiendo, comprarlo seguirá siendo negocio. Por ejemplo, para quienes lo compraron a $7,80 a comienzos de marzo, venderlo apenas diez días después a $8,50 hubiera significado una ganancia del 9% en apenas diez días. Comparado con las tasas de interés (de a lo sumo 19% en un año) que se obtienen en el sistema financiero legal, esta ganancia es exageradamente alta. Es por este motivo que el proceso se retroalimenta; las personas esperan que el dólar suba, aumentan su demanda y esa demanda causa finalmente que el aumento del dólar se concrete.

Es imposible hablar de un “valor real” del dólar, ya que no existe un fundamento económico que diga cuál debe ser su precio en el corto plazo. Para cada persona, el valor real será aquel al que pueda conseguir los dólares –con un precio para la compra legal para turismo en el exterior, otro para la importación de bienes extranjeros, otro para la compra en el mercado ilegal, etc.-. Pero prolongar la existencia de un dólar blue informal implica un fuerte incentivo a que los exportadores evadan los controles de la AFIP y vendan sus divisas en el mercado ilegal (donde obtienen más pesos que al vendérselos al Banco Central), generando por ende una mayor ilegalidad en toda la economía argentina.

Para el Estado es sumamente difícil (aunque puede intentarlo) perseguir a quienes venden dólares ilegalmente (las "cuevas" y "arbolitos"); su mayor dilema radica en si aumentar la oferta de dólares, lo cual podría drenar las Reservas del Banco Central, o si permite que la cotización del dólar blue siga dando señales de riesgo en la economía y fomentando la ilegalidad en las transacciones.

No surge hoy ningún sector que cuestione quién genera o se apropia de esas divisas y en qué sentido esos hechos nos afectan como trabajadores. Ni los trabajadores ni ningún partido político está poniendo en discusión una salida propia a este problema, incluyendo por ejemplo la posibilidad de reeditar medidas que ya se han tomado en el pasado (como la nacionalización del comercio exterior o del sistema bancario). Quienes ahorramos un poco del sueldo cada mes seguimos viendo cómo otros toman estas medidas que nos afectan en nuestra calidad de vida actual y futura, mientras buscamos alternativas legales para mantener el poder adquisitivo de nuestro salario y nuestros ahorros.

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Argentina, Jujuy. “El escenario del menemismo continúa”: La pobreza llega al 56% de la población. Un 15% es indigente

JUJUY AL DIA - ACTA

El reconocido economista jujeño, Carlos Aramayo, informó sobre los resultados de una investigación desarrollada por la Cátedra de Economía que encabeza en relación a la realidad socioeconómica de la provincia y a los índices de indigencia y pobreza de Jujuy. Según se desprende del estudio la pobreza llega al 56 por ciento de la población. Un 15 por ciento es indigente.

"El escenario que inauguró el menemismo continúa", señalo el catedrático. En tanto, ATE y el Frente de Gremios Estatales presentó una propuesta para mejorar el salario familiar.

En relación a las bases utilizadas para el desarrollo de la investigación, Carlos Aramayo explicó que “desde la Cátedra de Economía nos encargamos de estudiar sobre la base de estadísticas serias que no sólo produce el INDEC o la DIPEC en Jujuy, sino también distintas Cámaras Empresariales. Con ellos analizamos la realidad económica y social de Jujuy en los últimos 30 años y sobre esa base vemos la actualidad de la producción y actividad social para opinar sobre cómo se tiene que medir técnica y científicamente la pobreza e indigencia de la provincia de Jujuy”.

Señaló que “la pobreza e indigencia se miden según criterios que tiene que ver con la canasta básica alimentaria, la que se publicaba en la provincia, hasta el año pasado, por la DIPEC, la cual daba una canasta básica de aproximadamente 540 pesos para que se alimente un adulto en edad activa en materia laboral y que le permite reponer diariamente 2.700 calorías para poder volver a su trabajo al otro día”.

Continuó explicando que “este criterio se aplica luego al grupo familiar sobre cuánto es el consumo de calorías de cada miembro ya sea que se trate de 4, 6 u 8. Nosotros tomamos un promedio de 6 miembros, madre, padre, 4 hijos desde los 5 hasta a los 19 años y sobre esa base medimos las unidades calóricas que necesita la familia”.

Al referirse a los resultados de la investigación, Carlos Aramayo afirmó que “luego de estos cálculos se puede medir la indigencia. Lo vital que se debe hacer es alimentarse. Si uno no cubre la canasta básica alimentaria, es indigente. En Jujuy, hechas las mediciones, se necesita 3 mil pesos para que un grupo familiar de 6 miembros supere la indigencia”. Explicó que después se aplica un criterio técnico conocido universalmente como de la inversa del coeficiente de Engel, que es 2,3 y se multiplica con lo que es la canasta de indigencia para llegar a la de la pobreza, en Jujuy, para no ser pobres, un grupo familiar de seis personas debe tener 7.070 pesos mensuales.

“Sobre esa base y conociendo el ingreso promedio de las familias en Jujuy, medidos en este caso por la comisión interna del INDEC que responde a ATE como gremio, en Jujuy andamos en promedio de ingresos familiares de 5.200 pesos. Si uno aplica este nivel de ingreso al conjunto de la población, el 56% de los jujeños es pobres, es decir no llega a los 7.070 pesos por mes en su grupo familiar y un 15% son indigentes, que representa aproximadamente entre 120 a 130 mil personas”, aseguró el economista.

Aramayo señaló que “este escenario en la provincia se inauguró con el menemismo y las privatizaciones en los ‘90 y continúa. Ya llevamos 20 años y las cosas no se han modificado, y si no se producen cambios estructurales en la economía de Jujuy, lo que significa un uso pleno de las tierras que están ociosas, de todos los bosques que se pueden implantar con especies forestales, si no hay políticas de promoción de 2 mil o 3 mil PYMES que modifiquen la estructura del empleo privado, va a ser muy difícil cambiar esta estructura y esta realidad social en la provincia”.

Propuesta de ATE y el Frente de Gremios Estatales

Se reunieron representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) junto a gremios de la Multisectorioal con representantes del gobierno provincial para tratar puntualmente el tema de las asignaciones familiares.

La reunión contó con la presencia de varios gremios, entre ellos SITRAVIP (Vialidad), Judiciales, APUAP (Profesionales de la Administración Pública) el Frente de Gremios Estatales, ATE Jujuy y SEOM (Municipales). Los sindicalistas hicieron entrega de un estudio referido a la aplicación puntual del salario familiar.

La propuesta plantea una diferenciación con los tramos y modo de aplicación de las asignaciones a nivel nacional, haciendo hincapié en la situación específica de los trabajadores de la provincia y conlleva una mejoría de la situación salarial para los estatales. Los dirigentes aclararon que no quieren dilatar más las definiciones sobre el tema ya que quedan otros puntos para tratar, entre ellos el blanqueo de las sumas “en gris y negro” y una la recomposición salarial acorde con la inflación.

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Declaración de judiciales porteños: ¿Y si democratizamos en serio a la Justicia?

AEJBA - ACTA

La Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (AEJBA-CTA) emitió un pronunciamiento a propósito del proyecto de Reforma Judicial que impulsa el Gobierno en el Congreso de la Nación. Pase, lea y saque conclusiones.

"Finalmente, el debate sobre la Democratización de la Justicia que los trabajadores judiciales nucleados en la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (AEJBA-CTA) venimos proponiendo desde la existencia misma de nuestra organización, ha comenzado a instalarse con fuerza en los últimos meses a raíz de polémicas decisiones y declaraciones emanadas por distintos tribunales judiciales del país, organizaciones corporativas de magistrados, discursos presidenciales y, claro está, por los proyectos de Ley presentados por el Poder Ejecutivo el pasado lunes 8 de abril. Enhorabuena que ese debate se instale también en la agenda política y en la sociedad.

Sin embargo, creemos que el mismo debe ser abordado seriamente, sin oportunismos, demagogia ni posiciones corporativistas, y, desde ya, teniendo en cuenta la mirada de los trabajadores judiciales y la ciudadanía. En ese camino, es imperioso detenerse a analizar las reformas en el funcionamiento del Poder Judicial que pretende introducir el Gobierno Nacional, y, a su vez, reiterar nuevamente las propuestas que los trabajadores judiciales venimos sosteniendo desde hace al menos veinte años en todo el país a través de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA).

Respecto a los proyectos de Ley presentados por el Ejecutivo Nacional, tres han sido iniciados ante la Cámara de Diputados de la Nación por un lado, y tres presentados ante Senadores por el otro. Seguramente que los tres primeros aparecen como proyectos menos polémicos y que merecieran un acompañamiento más amplio que el del oficialismo. En efecto, ¿quién podría oponerse a una mayor transparencia en el seguimiento de las causas y actos del Poder Judicial? ¿O a un ingreso democrático e igualitario a la carrera judicial? ¿O a qué los magistrados y funcionarios judiciales hagan públicas sus declaraciones juradas de bienes patrimoniales? No obstante, es necesario señalar algunas cuestiones al respecto que no aparecen tan claras como se intentan presentar.

Ingreso igualitario al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación

Por supuesto que el planteo de un ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial, debiera merecer todo nuestro respaldo y acompañamiento. Y que el mismo sea, como debe ser, por el cargo más bajo del escalafón respetando la carrera judicial. Sin embargo, es preciso señalar que dicho proyecto de Ley no establece ningún tipo de participación y control de los sindicatos representativos de trabajadores en el mecanismo de ingreso, a través de veedores gremiales.

También es justo indicar que, por ejemplo, en el Fuero Laboral de la Justicia ordinaria ya existe un sistema de ingreso y promoción similar. Hubiese bastado con extender, y perfeccionar, dicho mecanismo a los demás Fueros mediante una resolución del Consejo de la Magistratura de la Nación, ya que no se entiende por qué a 19 años de la modificación de la Constitución Nacional y la incorporación de dicho ente para que sea el encargado de la administración del Poder Judicial, cada Cámara de Apelaciones puede disponer su propio, y distinto, mecanismo de ingreso. Lo que es más, dicha materia reglamentaria de ingreso y promoción en realidad debiera ser resorte del Consejo de la Magistratura estableciendo el mismo en el marco de una negociación colectiva con los sindicatos de trabajadores.

En este punto, también hay que agregar que desde el año 2005, en el Poder Judicial de la Cdad. de Bs. As., se encuentra vigente la Resolución Nro. 34/CM/2005 que reglamenta el ingreso y promoción, pero que, sin embargo, salvo honrosas excepciones, la misma ha sido sistemáticamente violentada. Esa resolución fue discutida de manera paritaria entre los sindicatos de trabajadores, las organizaciones de magistrados y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

Hay que agregar también, y no es menor, que en las provincias de Neuquén, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Santa Cruz, por mencionar algunas, ya existen mecanismos de ingreso (cuestión que reconoce el mismo proyecto de Ley) con examen previo, orden de mérito y control de los sindicatos de trabajadores judiciales. En la provincia de Buenos Aires se realiza cada dos años el examen de ingreso y en el último que se llevó a cabo participaron alrededor de 18.000 inscriptos.

Otra cuestión que aparece en este proyecto de Ley es que, de acuerdo al 2do. párrafo del art. 2º, para ser contratado bajo locación de servicio también habría que someterse a este concurso. Es decir, ¿también habrá que concursar para ser un trabajador precarizado? ¿O será una forma de naturalizar la precarización laboral en el Estado? Siempre hemos sostenido desde nuestra organización que hay que terminar con los contratos basura.

Declaraciones Juradas Patrimoniales de carácter público y de libre acceso por internet

En cuanto a la presentación de las declaraciones juradas de bienes patrimoniales de los Magistrados y Funcionarios judiciales, claro que es un avance que la consulta de las mismas pueda hacerse, cuando se promulgue la respectiva Ley, de manera libre y gratuita desde Internet por cualquier ciudadano sin mayores trámites. Lo que no se entiende es el por qué de la disolución de la Comisión Nacional de Ética Pública, que es la que debiera haberse encargado, no sólo de la exhibición de la información patrimonial de los funcionarios públicos, sino también de controlar la validez y consistencia, o no, de las mismas.

Se disuelve sin que la misma jamás entrase en funciones durante los últimos trece años. De hecho, en la Ley de Ética de la Función Pública (Ley 25.188) ya se encuentra establecida la obligación de los Magistrados y Funcionarios judiciales de presentar sus declaraciones juradas ante dicho organismo. Tal vez hubiese alcanzado con la observancia firme y pública a los Magistrados y Funcionarios judiciales que ellos también están alcanzados por los deberes y obligaciones establecidos por la Ley, y que dichas informaciones eran de carácter público y libre acceso.

Publicación obligatoria en internet de las decisiones emanadas por el Poder Judicial

Desde hace años que desde las páginas Web del Poder Judicial de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia se pueden seguir el trámite online de las causas interpuestas ante cada uno de sus fueros, como así también las acordadas y/o resoluciones emanadas de los mismos. También se lo puede hacer en muchas páginas Web de varios de los poderes judiciales provinciales, incluyendo el nuestro. Cuestiones que el mismo proyecto de Ley pertinente también reconoce. Sin embargo se presenta casi como paradigma de la transparencia.

Creación de nuevas Cámaras de Casación

Por el lado de los proyectos de Ley ingresados ante la Cámara de Senadores de la Nación y que aparecen como más polémicos, podríamos señalar, y tratando de evitar hacer un análisis jurídico, legal y constitucional de los mismos, que en el caso de la creación de nuevas Cámaras de Casación en los Fueros Federales y de la Justicia Ordinaria, dicho proyecto está basado en un escalafón de cargos de empleados que ya no existe más en esa jurisdicción judicial.

Resulta innecesaria, a su vez, la inclusión del 2do. párrafo del art. 7º de este proyecto de Ley, en cuanto deja establecida la posibilidad de implementar, en los casos que se considere necesario para conformar la integración de las Cámaras de Casación, “procedimientos abreviados para la designación de jueces a los efectos de otorgar mayor celeridad al trámite de las causas”. ¿Quién considerará necesario no aplicar el mecanismo habitual para la designación de Magistrados? ¿Y en qué casos? ¿Y por qué? ¿Cómo serían esos trámites abreviados para designar jueces que no se tratarían de concursos públicos tal como establece el art. 114.1 de la Constitución Nacional?

A este proyecto se lo ha presentado como una forma de agilizar el trámite judicial de las causas y de alivianar el trabajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). En la medida que no se modifique el carácter de nuestra CSJN mutando a una Corte Constitucional, dónde el control difuso de legalidad no sea sólo para hechos concretos, específicos y particulares, sólo de alcance para el demandante, nada indica que vaya a mermar la cantidad de causas que lleguen a conocimiento de la CSJN –serían 9.400 expedientes de acuerdo a lo que se dijo– a menos que lo que se pretenda con la creación de nuevas Cámara de Casación sea que operen como filtro para que esa cantidad de causas no alcancen la mayor instancia judicial de nuestro país.

Es decir, si con el conocido fallo ‘Badaro’ que emanó la CSJN no bastó para que el Estado cumpliera con dicha manda judicial y se aplicara de manera general para todos los afectados, debiendo cada uno de los particulares –un sinnúmero de particulares¬¬–, que así lo entendiesen, iniciar su propia causa judicial para ver reconocido un derecho –ya reconocido judicialmente–. ¿Qué es lo que podría variar para esos jubilados la existencia de una instancia judicial más que aletargar el dictado de la sentencia definitiva en su reclamo?

Ello sin mencionar que estas nuevas Cámaras de Casación, no sólo serían alzada de los Tribunales Federales sino también de las Cámaras de Apelaciones de la Justicia Ordinaria de Capital Federal, es decir, de los Juzgados y Cámaras que debieran haber sido transferidos a la órbita del Poder Judicial de la Ciudad de Bs. As. de acuerdo a la Constitución Nacional de 1994, frenado, hasta el momento, por la denominada ‘Ley Cafiero’.

Medidas cautelares dictadas en procesos en los que el Estado Nacional sea parte

No quisiéramos adentrarnos demasiado en el proyecto de Ley que pretende reglamentar y limitar las Medidas Cautelares interpuestas contra el Estado Nacional, ya que ante una pretensión similar como lo fue el intento de regularlas por parte del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. hemos emitido oportunamente el correspondiente comunicado de fecha 28/09/2009 titulado ”Un atropello a la razón y a la justicia”, donde nos explayamos largamente al respecto.

Sin embargo, debiéramos señalar que intentar suprimir el carácter de inaudita parte que revisten este tipo de procesos excepcionales en el caso de las acciones cautelares pecuniarias (económicas) contra el Estado, altera sustancialmente su esencia y sus efectos. Es decir, el sentido de una medida cautelar es que se repare o restituya inmediatamente una situación determinada sin vista previa a la otra parte hasta después del dictado de esa medida propiamente dicha, ya que de seguir el procedimiento habitual de una demanda ordinaria podría verse entorpecida esa restitución o reparación por parte del demandado.

Entonces, el objeto de este proyecto, a través de la vista previa al Gobierno, ¿es entorpecer y dilatar el reconocimiento de un derecho, reparación o restitución de una determinada situación sólo por tratarse un planteo de tipo económico? Claro, seguramente que a más de uno de nosotros mismos nos resultaría simpática esa cuestión si los únicos actores que inician cautelares de carácter económico contra el Estado fuesen el multimedio Clarín y la Sociedad Rural Argentina. Pero, ¿es esto así? ¿Sólo ellos inician medidas cautelares? Pensemos un instante nada más sobre la gran cantidad de amparos con medidas cautelares que se inician en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Cdad. de Bs. As. contra el GCBA para que se vean reconocidos derechos, también económicos, de los más diversos particulares, sobre todo, de los sectores más vulnerables y desposeídos.

A su vez, la exigencia de una caución real (dineraria) parece razonable si el accionante se tratase del ‘pulpo’ multimedio, pero ¿por qué un particular sin muchos recursos económicos no podría ser considerado como un posible demandante contra el Estado en una acción de índole pecuniario como ya lo planteamos en el párrafo precedente? ¿Y por qué a los funcionarios públicos que no cumplan esas mandas judiciales no se los podrá imponer multas en esas cautelares que desoigan?

Como interrogante, y al solo caso de citarlo como ejemplo ¿la cautelar dictada por la Justicia de la Ciudad contra el exorbitante aumento de la tarifa del subte como pretendía a principio de año el GCBA, habría sido posible si en nuestra jurisdicción se aplicase una regulación y limitación de las cautelares como ahora se pretende a nivel nacional? Gracias a la articulación de diversos sectores políticos, sindicales, judiciales, etc. se evitó en el año 2009 que eso sucediese.

Nos parece razonable, si, establecer un período perentorio de vigencia de las cautelares que se dicten para que las mismas no operen indefinidamente prolongándose desmesuradamente y, de esta manera, se inste al dictado de la sentencia de fondo. Lo mismo en cuanto a intentar circunscribir el pronunciamiento cautelar a los jueces naturales y competentes, para disuadir que lo hagan los de extraña jurisdicción, por ejemplo, en casos en los que no esté en juego la vida o la salud, entre otras cosas.

Pero detengámonos una vez más en este proyecto de Ley en un aspecto en el que pocos han reparado hasta el momento. De acuerdo el art. 17 de dicho proyecto, el propio Gobierno Nacional podría solicitar una medida cautelar a su favor para impedir medidas de acción directa como un paro total de actividades de los trabajadores de cualquiera de los tres poderes del Estado. Es decir, el derecho a la huelga consagrado por el art. 14bis de nuestra Constitución Nacional pretende ser suprimido, o al menos impedido, a través de una Ley que regula el dictado de medidas cautelares. Algunos, en algún momento, han pretendido querer reglamentarnos el derecho constitucional a la huelga, los Judiciales de AEJBA nos hemos opuesto firmemente frenando que avanzaran con ese atropello. Querer suprimirnos ese derecho ya nos parece demasiado.

¿Y las propuestas de los trabajadores judiciales? ¿Y la Democratización del Consejo de la Magistratura?

Respecto al proyecto de Ley de reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación, creemos que lo mejor por decir sobre el mismo son las propuestas que, se ha dicho, venimos sosteniendo desde la propia fundación de nuestra organización sindical, la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (AEJBA), banderas que no son otras que las que viene sosteniendo a la vez la Federación Judicial Argentina (FJA) desde hace veinte años y que las ha hecho propias nuestra Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

En ese sentido, sabido es que el Poder Judicial, por su composición y, en buena medida, por la injerencia de los distintos gobiernos y presiones de los grupos de poder, se trata del más conservador y elitista de los tres poderes que componen nuestro Estado. Difícilmente han logrado penetrar en el mismo los tiempos políticos que se viven en nuestro país y la región luego de la crisis del neoliberalismo desde el 2001 a esta parte. El ‘que se vayan todos’, las demandas de mayor democratización y participación, el no delegar más para ser verdaderos protagonistas de la política, parecieran haber quedado, en lo que a la Justicia refiere, en la remoción de la Corte adicta del menemismo y no mucho más.

Sin embargo, creemos que ejemplos, seguramente perfectibles, pero reales y en funcionamiento, como lo son las experiencias de los Consejos de la Magistratura con integración popular que existen en las provincias de Entre Ríos, Chubut y Santa Cruz, deben ser observados con detenimiento y tenidos en cuenta a la hora de las propuestas por una mayor democratización del Poder Judicial.

Allí, en esos tres Consejos de la Magistratura participan en sus distintas variantes como Consejeros no abogados: trabajadores judiciales; trabajadores no judiciales; académicos de las Universidades; representantes de las organizaciones sociales vinculadas con la defensa del sistema democrático y de los derechos humanos; ciudadanos. En algunos de esos Consejos, las entrevistas orales en los concursos públicos y abiertos para los Magistrados se hacen como audiencias públicas en lugares de gran capacidad de público donde el pueblo puede acercar preguntas libremente para que se les formulen a los postulantes entrevistados, y dichas audiencias son transmitidas a la comunidad por radio y/o TV.

Estas experiencias deben ser resignificadas por la ciudadanía para tener una participación protagónica en los procesos de selección, designación, e incluso, remoción de los magistrados y funcionarios judiciales, como así también, intervenir en los modos organizacionales de la Justicia, para que no sigan operando e interviniendo sobre ella los mismos de siempre.

Sólo incluir un mayor control republicano a partir de incorporar más Diputados y Senadores en la composición del Consejo de la Magistratura Nacional, no ha de ser el camino. Menos aún, una inclusión numérica mayor de jueces y abogados. Mientras se consoliden las hegemonías de las corporaciones o de un sector político sobre otro, no es más que hacer que se cambia algo para no cambiar nada. Estos desbalances o falta de equilibrio, muchas veces utilizados para presionar o hasta incluso tener amenazados a jueces con posibles procesos de remoción en el intento de disciplinarlos y obtener posibles fallos afines, deben ser evitados. Asimismo, debe ser garantizada la independencia del Poder Judicial, tanto de los poderes económicos como políticos. La no injerencia de grupos concentrados de poder debe ser fundamental.

Los Consejos de la Magistratura aparecieron como una alternativa con las modificaciones Constitucionales de la década del ’90, alternativa al ‘dedismo’ de los ‘jueces de la servilleta’. Y en eso, han sido un avance. Pero si estos organismos son dejados en manos de las corporaciones y los juegos de los sectores políticos hegemónicos seguramente no transformen mucho la realidad. En cambio, si en los mismos contemplamos una activa participación de los trabajadores, los ciudadanos, los organismos de Derechos Humanos y Sociales, los jubilados, pueblos originarios, etc., seguramente podamos empezar a construir la Justicia que necesitamos como Pueblo. Y para ello, hoy no sería necesaria una modificación de nuestra Constitución Nacional.

En este debate también debe plantearse la necesidad de encarar un proceso de renovación de los magistrados designados por la última dictadura militar que, aún hoy, actúan en algunos poderes judiciales del país, como viejos resabios de tiempos que no queremos que vuelvan Nunca Más. Fallos que nos indignan, como lo fuera el del caso Marita Verón, nos hacen pensar si no es hora de que aquellos jueces que fueron designados a dedo por los distintos gobiernos y por presión de grupos de poder, se aggiornen a los nuevos procesos de designación por concursos abiertos y públicos donde intervengan estos Consejos de la Magistratura con integración popular que proponemos.

Quizás también sean tiempos de profundizar los debates en medidas más polémicas como lo puedan ser la reválida periódica de los cargos a través de exámenes, que no pongan en juego el derecho a la inamovilidad constitucional que revisten los Magistrados pero que esta tampoco sea una garantía de perpetuidad para los malos jueces. Una experiencia similar a esta propuesta existe en la provincia de Chubut.

Asimismo, en el debate por la integración de jurados populares no debieran faltar tener debidamente en cuenta ciertas garantías para que los grandes estudios jurídicos y grupos de poder no tengan injerencia superlativa en su conformación, ya que una experiencia democratizante como esta, que además está contemplada en nuestra Constitución Nacional, podría ser devuelta como un boomerang a nuestro pueblo, consolidando la impunidad de los poderosos y la criminalización de la pobreza.

Por último, desde La Asociación (AEJBA), creemos que este debate que debe plantearse seriamente por una verdadera Democratización de la Justicia, no debe limitarse solamente, en este punto, a proponer una elección de los Consejeros de la Magistratura por el voto directo, ni siquiera aún de los Magistrados, como una solución en si misma a esta Justicia conservadora que tenemos, ya que si esta elección fuese encarada sólo en los términos de comicios electorales tradicionales serviría nada más que para blanquear a qué partido o grupo de poder responde cada Consejero o cada Juez; y eso lejos estaría de resolver lo que demandamos de la Justicia como Pueblo que somos.

En el tintero del debate por la Democratización de la Justicia

Muchas cosas quedarán en el tintero de este debate, como por ejemplo Democratizar las Relaciones Laborales en el Poder Judicial mediante la discusión de Convenciones Colectivas de Trabajo, ya que los judiciales somos los únicos trabajadores excluidos en la práctica de dicho derecho constitucional, pese a la normativa vigente, los reiterados reclamos e incluso el reciente Fallo de la OIT al respecto. También otras discusiones que tienen que ver hacia el interior del Poder Judicial como las tercerizaciones o la precariedad laboral. U otras que tienen que ver con reformas promovidas también por el Ejecutivo Nacional pero que se han presentado por separado a este paquete de Leyes como lo puede ser la modificación y unificación de los Códigos Civil y Comercial donde se consolidaría una pérdida los tratados de soberanía a través de introducir los tratados del CIADI. La reforma del Código Procesal Penal en el sentido de proyectos que han impulsado tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, hasta incluso la Embajada de EE.UU. El acotamiento de la Justicia Laboral a través de la nueva Ley de Riesgos de Trabajo. O que se siga sosteniendo la injusticia y discriminación en cuanto que los Jueces y Funcionarios se puedan jubilar con el 82% Móvil pero no los trabajadores. Y todo ello, sin mencionar el intento de que a los trabajadores nos reduzcan el salario con el Impuesto a las Ganancias. Discutir todos estos temas también tiene que ver con debatir seriamente sobre la Democratización de la Justicia.

Los caminos a encarar deben ser con mayor transparencia, debate, democratización y protagonismo de nuestro Pueblo. La Justicia es un tema demasiado importante para dejarlo sólo en manos de las corporaciones que la integran y de los mismos de siempre, o de sólo determinado color político. Desde la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (AEJBA) creemos que es tiempo de dar en serio este debate y tener en cuenta estas propuestas democratizadoras si verdaderamente se pretende tener una justicia legítima", concluye la declaración firmada por Gustavo Sacco y Matías Fachal, secretario General y Adjunto de AEJBA-CTA, respectivamente.

Equipo de Comunicaciónd e la Asociación Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AEJBA-CTA).

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