viernes, 19 de abril de 2013

Cuando la injusticia es negocio: Cómo las firmas de abogados, árbitros y financiadores alimentan el auge del arbitraje de inversiones

Las últimas dos décadas han sido testigo del sigiloso ascenso de un poderoso régimen internacional de inversiones en que se encuentran atrapados cientos de países y que pone los beneficios corporativos por encima de los derechos humanos.
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Las últimas dos décadas han sido testigo del sigiloso ascenso de un poderoso régimen internacional de inversiones en que se encuentran atrapados cientos de países y que pone los beneficios corporativos por encima de los derechos humanos.

Los tratados internacionales de inversiones son acuerdos entre Estados y determinan los derechos de los inversores en los territorios de cada uno. Son, en gran medida, usados por poderosas corporaciones para demandar a los Gobiernos cuando estas consideran que un cambio en las políticas del Estado -aun cuando el cambio busque proteger a la salud pública o el medio ambiente- afecta sus ganancias. Hasta fines de 2011, se habían firmado más de 3.000 tratados internacionales de inversión, generando un gran aumento de las demandas presentadas por inversores ante los tribunales de arbitraje internacional. Los costos de estas demandas pesan sobre los Gobiernos en forma de grandes facturas legales, el debilitamiento de la regulación social y ambiental y un peso en las cargas fiscales de las personas, a menudo en países con importantes necesidades sociales y económicas.

Sin embargo, aunque estos costos financieros y sociales son cada vez más visibles, hay un sector que se ha mantenido prácticamente al margen del escrutinio público: la industria jurídica que se está beneficiando con el auge de las disputas inversor-Estado. El presente informe trata de abordar este tema analizando, por primera vez, quiénes son los principales actores de la industria del arbitraje de inversiones. El objetivo es arrojar luz sobre las firmas de abogados, los árbitros y las compañías financiadoras que se están beneficiando ampliamente de las demandas contra los Gobiernos.

El informe demuestra que la industria del arbitraje está lejos de ser una beneficiaria pasiva de la legislación internacional en materia de inversiones. Por el contrario, los integrantes de esta industria desempeñan un papel activo. Muchos de los abogados especializados en inversiones mantienen fuertes vínculos personales y comerciales con compañías multinacionales y ostentan cargos destacados en instituciones académicas, desde donde defienden enérgicamente el régimen internacional de inversiones. Así, no solo buscan las oportunidades para demandar a los Gobiernos, sino que también desarrollan una fuerte y exitosa campaña contra toda posible reforma de dicho régimen.

El sistema de arbitraje internacional de inversiones fue establecido por varios Gobiernos occidentales, que justificaron su instauración alegando que se necesitaba un mecanismo de solución de diferencias que fuera justo y neutral a la hora de proteger las inversiones de sus corporaciones frente a las supuestas situaciones de favoritismo y corrupción que se daban en los tribunales nacionales. En principio, los árbitros internacionales serían garantes y custodios de este régimen.

Sin embargo, se ha hecho evidente que, en lugar de actuar como intermediarios justos y neutrales, los árbitros internacionales tienen un enorme interés en salvaguardar un régimen de inversiones que prioriza los derechos de los inversores en detrimento de las decisiones de los Gobiernos. De este modo, han construido una industria multimillonaria que se autoalimenta, dominada por un selecto grupo de firmas y abogados cuyas interconexiones y numerosos intereses financieros plantean serias dudas sobre su compromiso de dictar sentencias justas e independientes.

En consecuencia, la industria del arbitraje es también responsable de un régimen internacional de inversiones que no es justo ni independiente, sino por el contrario es deficiente y es estructuralmente favorable a los inversores.

Principales conclusiones:

El número de casos de arbitraje en materia de inversiones, así como las sumas implicadas, se han disparado en las últimas dos décadas, pasando de 38 casos en 1996 (registrados en el CIADI, el organismo del Banco Mundial que administra estas disputas) a 450 casos inversor-Estado conocidos en 2011. Las cantidades de dinero implicadas también se han incrementado de forma espectacular. En el 2009/2010, se tuvo constancia de 151 casos de arbitraje de inversiones, por los que las compañías reclamaban al menos 100 millones de dólares estadounidenses (USD) de los Estados.

El auge de la industria del arbitraje está generando unos beneficios astronómicos para une élite de abogados especializados en inversiones; el dinero sale de los impuestos de los ciudadanos. Los costos legales y arbitrales de una disputa inversor-Estado se sitúan, como promedio, en más de 8 millones de USD, aunque en algunos casos superan los 30 millones de USD. Las firmas de élite que llevan los casos cobran hasta 1.000 USD por hora y abogado, y en muchos casos se necesita de todo un equipo. Los árbitros también reciben salarios cuantiosos; en un caso concreto este llegó hasta casi un millón de USD. Todos estos costos son financiados con los impuestos de los contribuyentes, incluso en países donde hay personas sin acceso a servicios básicos. Por ejemplo, con los 58 millones de USD que el Gobierno filipino gastó en defenderse de dos demandas presentadas en su contra por el operador aeroportuario alemán Fraport, se podrían haber pagado los salarios de 12.500 profesores durante todo un año o vacunado a 3,8 millones de niños y niñas contra enfermedades como la tuberculosis, la difteria, el tétanos y la polio.

La industria del arbitraje internacional de inversiones está dominada por un reducido y compacto grupo de firmas de abogados y árbitros de países del Norte. a) Tres grandes firmas de abogados -Freshfields (Reino Unido), White & Case (Estados Unidos) y King & Spalding (Estados Unidos)- afirman haber participado en 130 casos de tratados de inversión solo en 2011. b) Solo 15 árbitros, casi todos ellos procedentes de Europa, los Estados Unidos o Canadá, han resuelto el 55% de todas las disputas conocidas en base a tratados de inversión. Los abogados de este pequeño grupo, que algunos denominan ‘la mafia interna’, se encuentran regularmente en los mismos paneles arbitrales, ejercen como árbitros y como representantes de las partes (o consejeros), e incluso se citan entre sí para actuar como testigos en los casos de arbitraje. Esto genera una creciente preocupación por cuestiones como los conflictos de interés, incluso entre el resto de la comunidad jurídica.

La mayoría de estos árbitros de élite tienden a defender los derechos de inversores privados por encima del interés público, lo cual pone de manifiesto un sesgo inherente a favor de las corporaciones. Son varios los árbitros de renombre que han sido miembros de la junta de grandes multinacionales, entre las que se cuentan aquellas que han presentado demandas contra países en desarrollo. Casi todos ellos comparten la firme convicción de que proteger los beneficios privados es de suma importancia. En la mayoría de casos relacionados con decisiones que afectaban al interés público, como las medidas tomadas por Argentina en el contexto de su crisis económica, a la hora de emitir sus sentencias los árbitros no han tenido en cuenta otro factor que no fuera la supuesta pérdida de beneficios por parte de las corporaciones. Muchos árbitros han manifestado su profundo rechazo a una propuesta de Bruno Simma, magistrado de la Corte Internacional de Justicia, para que los arbitrajes de inversiones concedan mayor atención a la legislación internacional en materia de derechos humanos y medio ambiente.

En muchos casos, las firmas de abogados con departamentos especializados en arbitraje internacional buscan activamente oportunidades para demandar a los países, promoviendo pleitos contra Gobiernos en crisis -entre los casos más recientes, estarían Grecia y Libia- y fomentando el uso de varios tratados de inversión para garantizar que las corporaciones disfruten de las mejores ventajas. Estas firmas animan a las corporaciones a usar la amenaza de la demanda procesal como un arma política para impedir que se adopten leyes sobre salud pública y protección ambiental, o para que estas leyes sean más laxas. Los abogados especializados en inversiones se han convertido en los nuevos ‘cazadores de ambulancias’ internacionales, siguiendo el modelo de aquellos abogados que van a buscar a posibles clientes en las unidades de urgencias de los hospitales.

Los abogados especializados en inversiones, incluidos los árbitros de élite, promueven enérgicamente el arbitraje de inversiones como si este fuera una condición necesaria para atraer inversiones extranjeras, a pesar de que no haya pruebas que lo demuestren. Los riesgos que corren los países al acceder a los mecanismos de arbitraje inversor-Estado se minimizan o se obvian.

Los abogados especializados en inversiones animan a los Gobiernos a firmar tratados de inversión redactados en unos términos que maximizan las posibilidades de interponer demandas. Posteriormente, usan estas disposiciones, formuladas en términos poco precisos, para incrementar el número de casos.Según un estudio estadístico basado en 140 casos de tratados de inversiones, los árbitros adoptan de forma sistemática una interpretación amplia, proclive al demandante, de diversas cláusulas, como las relativas al concepto de inversión. Mientras tanto, los abogados que se dedican al arbitraje adoptan un enfoque restrictivo frente a los derechos humanos y sociales recogidos por la legislación internacional.

Los despachos de abogados que se dedican al arbitraje y los árbitros de élite utilizan sus posiciones de influencia para cabildear activamente en contra de toda reforma del régimen internacional de inversiones, especialmente en los Estados Unidos y la Unión Europea. Sus acciones, respaldadas por corporaciones, lograron impedir varios cambios en los tratados de inversión estadounidenses que había propuesto el presidente del país, Barack Obama, al llegar al poder. Estos cambios hubieran dado al Gobierno mayor espacio normativo para regular, sin el riesgo de ser demandado. Varios árbitros también han denunciado abiertamente a los países que han cuestionado el régimen internacional de inversiones.

Existe una ‘puerta giratoria’ entre los abogados especializados en inversiones y los responsables de políticas gubernamentales, que refuerza un régimen de inversiones injusto. Algunos destacados abogados especializados en inversiones han actuado como jefes negociadores en tratados de inversión (o en tratados de libre comercio con capítulos sobre protección de inversiones) y han defendido a sus Gobiernos en disputas entre inversores y Estados. Otros son activamente buscados como asesores y creadores de opinión por los Gobiernos, e influyen en la adopción de leyes.

Los abogados especializados en inversiones mantienen un firme control del discurso académico sobre legislación en materia de inversiones y arbitraje, dado que generan una gran parte de los escritos académicos sobre este tema, ocupan en promedio el 74% de las juntas editoriales de las principales revistas especializadas en derecho de inversiones y normalmente no revelan la forma en que se benefician personalmente del sistema. Esto genera inquietud por cuestiones como el equilibrio y la independencia en la academia.

El sistema de arbitraje de inversiones está cada vez más interconectado con el mundo de las finanzas especulativas, puesto que hay fondos de inversión que están ayudando a financiar los costos de las disputas inversor-Estado a cambio de un porcentaje de la indemnización o laudo final. Es probable que este mecanismo alimente aún más el auge de los arbitrajes e incremente los costos para los Gobiernos con escasos fondos, además de suscitar preocupación por los posibles conflictos de interés que se derivan de la densa red de relaciones personales que une a financiadores con árbitros, abogados e inversores. Compañías como Juridica (Reino Unido), Burford (Estados Unidos) y Omni Bridgeway (Países Bajos) ya se han convertido en una parte establecida del arbitraje internacional de inversiones y sus actividades no están sometidas a ningún tipo de regulación. Esta financiarización del arbitraje de inversiones llega incluso a propuestas como la posibilidad de que se puedan vender paquetes de demandas a terceras partes, siguiendo la línea de los desastrosos swaps de impago que se hallan tras la crisis financiera mundial.

Algunos países han empezado a tomar conciencia de las injusticias y las incoherencias del arbitraje internacional de inversiones y han empezado a retirarse del sistema. En la primavera de 2011, el Gobierno australiano anunció que dejaría de incluir disposiciones sobre la resolución de diferencias inversor-Estado en sus tratados comerciales. Bolivia, Ecuador y Venezuela han puesto fin a varios tratados de inversión y se han retirado del CIADI. Argentina, que ha recibido un alud de demandas inversor-Estado por las leyes de excepción que adoptó en el contexto de la crisis económica de 2001-2002, se niega a pagar los laudos arbitrales. Sudáfrica está realizando una exhaustiva revisión de su política de inversiones para alinearla mejor con sus prioridades de desarrollo y acaba de anunciar que no firmará nuevos acuerdos de inversión ni renovará los vigentes cuando estos venzan.

Estas iniciativas no han pasado desapercibidas entre los actores que integran la industria del arbitraje internacional. Algunos de ellos están dispuestos a afrontar estos desafíos proponiendo que se adopten reformas moderadas, como una mayor transparencia. Pero esas propuestas no abordan los fallos de base ni los sesgos corporativos inherentes del sistema de arbitraje de inversiones. Creemos que solo una reforma sistémica, basada en principios que consideren que los derechos humanos son más importantes que los beneficios de las corporaciones, puede brindar el cambio necesario. Esto debe empezar por la derogación de todos los tratados de inversión vigentes y por una moratoria sobre la firma de nuevos acuerdos.

Sin embargo, incluso dentro del sistema existente, se pueden dar algunos pasos para ayudar a limitar el poder de la industria del arbitraje. Este informe insta a que se utilicen órganos arbitrales independientes y transparentes, en los que se garantice la independencia e imparcialidad de los árbitros, la introducción de regulaciones estrictas para evitar los conflictos de interés, la imposición de un límite sobre los costos procesales, y una mayor transparencia con respecto al cabildeo de la industria del arbitraje en los círculos gubernamentales.

Estos pasos no transformarán, de por sí, el sistema de arbitraje inversor-Estado. Si los Gobiernos no dan la espalda a los procesos de arbitraje de inversiones, el sistema seguirá inclinándose a favor de las grandes compañías y de la lucrativa industria del arbitraje.

Documento completo: http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/cuando_la_injusticia_es_negocio-web.pdf

Autoras: Pia Eberhardt y Cecilia Olivet,
con aportaciones de Tyler Amos y Nick Buxton
Editora: Helen Burley
Diseño e ilustraciones: Ricardo Santos
Traducción al español: Beatriz Martínez
Bruselas / Amsterdam, noviembre de 2012
Publicado por Corporate Europe Observatory y Transnational Institute

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Francia: Hecha la (frágil) ley, hecha la trampa

OPSUR (especial para ARGENPRESS.info)

La industria petrolera y parte del gobierno galo buscan sortear la ley que prohíbe la fractura hidráulica en el país, el primero del mundo en prohibir la técnica. Con nuevas estrategias de comunicación y un aceitado proceso de lobby el objetivo es comenzar a fracturar mediante la inyección de propano. ¿Con experimentación en Argelia? El OPSur entrevistó a miembros de los colectivos franceses e indagó sobre las disputas que se abrieron en 2011 tras la aprobación de la ley, norma que definen como ‘frágil’. Técnicas alternativas, supuestamente menos lesivas para el ambiente, no esquivan el problema central: la expansión de la frontera extractiva por combustibles fósiles.

Francia fue el primer país que prohibió la técnica experimental de extracción de hidrocarburos denominada fractura hidráulica. Mientras otros países avanzaron con moratorias nacionales, regionales y locales, Bulgaria elevó nuevamente el piso al convertirse en el segundo país que prohibió la técnica, en 2012. En Argentina, estos ejemplos fueron tomados en cuenta el año pasado para la prohibición en Cinco Saltos, Río Negro, y la presentación de proyectos en varias instancias municipales, provinciales y nacionales. En 2011, a meses de aprobarse la ley en Francia, el OPSur entrevistó a integrantes del colectivo Île-de-France, en aquella oportunidad se detalló el proceso de génesis y articulación de numerosas organizaciones que resistieron la campaña exploratoria. La alta movilización popular lograda fue clave para poner freno a las apetencias de las empresas y el gobierno. Aún así, la falta de claridad y alcance de la norma, que ya exponían los entrevistados, son las grietas que hoy encuentran los sectores petroleros y parte del gobierno para una nueva ofensiva.

Contexto oportunista

Sin vueltas, Isabelle Lévy, del Colectivo de Pays Fertois, dispara directamente contra el gobierno nacional: “La situación es frágil, la gente que votó la ley no buscó realmente prohibir la exploración y explotación de la roca madre”. Es central para ella comprender el particular contexto en el que emergió el tema: la movilización popular de los colectivos logró generar no sólo un rechazo mayoritario de la población sino que también caló en plena campaña electoral. Obligados a posicionarse, los diversos partidos buscaron impulsar (y capitalizar) proyectos para prohibir el fracking. Rápido de reflejos, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), con Nicolás Sarkozy a la cabeza, rubricó una ley a su gusto, al hacer uso de la mayoría parlamentaria. Valga la paradoja, el proyecto lo presentó el mismo ministro que había impulsado la concesiones.

Pero como detallaba Lévy, el problema principal de la ley es que no prohíbe la perforación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales. La UMP logró sortear esta discusión de fondo al no definir exhaustivamente la fractura hidráulica y permitir la perforación con fines científicos. En ese momento opositor, el Partido Socialista (PS) tomó estos puntos para criticarla duramente y justificar su abstención. Lévy aporta otros elementos para entender el oportunismo político de la UMP: la ley nunca fue publicada en el Boletín Oficial y, por lo tanto, no fue reglamentada. A pesar de todo, y con bombos y platillos, se logró el objetivo de calmar las aguas y desmovilizar a miles de personas. Francia se convirtió en el primer país en el mundo prohibir el fracking. ¿Fin de la discusión?

Ambigüedades oficialistas

En 2012 François Hollande (PS) ganó las elecciones nacionales y logró un hecho histórico para su partido: obtener la mayoría en ambas cámaras del Parlamento. ¿Tiempos de cambio? Hasta ahora y a pesar de la nueva coyuntura, (en su momento) los fieros críticos de la vigente ley se han mostrado más bien refractarios en impulsar cambios e, incluso, abren la posibilidad a futuros proyectos hidrocarburíferos. Las personas entrevistadas arguyen que la falta de decisión por parte del gobierno francés es un reflejo de la disputa que se viene sosteniendo hacia adentro entre corrientes ‘desarrollistas’ y ‘ecologistas’. Estos últimos están representados en el Partido Verde -que forma parte de la coalición de gobierno y detenta dos ministerios- y cuenta con aliados en el PS.

En enero de este año el diputado verde François-Michel Lambert presentó un proyecto de ley que justamente busca la prohibición definitiva de toda intervención en hidrocarburos no convencionales. El parlamentario, además de suscribir a las críticas ambientales y el principio precautorio, sostiene que es poco estratégico para un país volcar cantidades sustanciales de fondos públicos en una actividad que tiene un horizonte de veinte años. Esta iniciativa, hasta el momento, no ha tenido ningún avance y no parece encontrar eco en sus aliados de gobierno.

Por otro lado, la corriente ‘desarrollista’ eleva las banderas de la seguridad energética y la capacidad dinamizadora que tendrían los hidrocarburos no convencionales en la economía nacional. Anna Bednik, del colectivo de Île-de-France, afirma que el representante más claro es Arnaud Montebourg, Ministro de Reordenamiento Productivo. De acuerdo a este sector, en un contexto de crisis internacional, precios record de los combustibles fósiles y estancamiento de la economía francesa, la propuesta podría aportar más de 6.000 empleos y reducir considerablemente las importaciones de hidrocarburos.

Pero las internas gubernamentales no parecen ser una cuestión que se soluciona únicamente puertas adentro. Además de una esperable presión empresaria, los movimientos y fuerzas que se oponen al fracking tienen que lidiar con la misma planta técnica del Estado. Lévy explica que la postura de Arnaud “no es sólo por su posición de gestión, sino por su carácter de representante de los colegios de Minas y Politécnico”. Estas escuelas de formación de la burocracia francesa integran el aparato del Estado y juegan un rol propio dentro del poder político. “La clase política cambia pero la línea estatal continúa. Son ellos los que han impulsado las centrales nucleares y en este momento promueven la explotación de esquisto.” Bednik sostiene que esto se vio muy claro en las limitaciones que se han impuesto a la ley vigente.

Ruido por arriba, cerrando filas por debajo

“Hay una ofensiva diferente de los grupos corporativos. Para habituar a la gente a la idea [del esquisto] se inició una fuerte campaña mediática. Los periodistas, del diario Le Monde, por ejemplo, son invitados a recorrer EE.UU. y conocer el milagro de los no convencionales”, detalla Lévy. Las buenas noticias y las apetencias de emirato se combinan con monstruos del lenguaje. Lévy cuenta que “el vocabulario es también una estrategia política y, por eso, hemos visto un cambio semántico en los últimos tiempos. Hoy en día [a la fractura hidráulica] se la empieza a nombrar como estimulación por micro-fracturación o incluso como ‘masajes a la roca’”.

Pero otro hecho que ha concentrado las miradas y donde se vislumbra la ofensiva es la reforma del Código de Minería. Si bien es vetusto, y según las entrevistadas la reforma no sería una muy profunda, por qué modificar el Código, en un país con escasa producción y reservas de hidrocarburos convencionales. Lévy explica que “la mayor modificación sería sobre las regalías, se está buscando que estén distribuidas entre el Estado nacional y la localidad, la comuna. Es una manera de contener y mantener a todos contentos, todavía no están definidos los porcentajes”. Otras modificaciones apuntarían a centralizar y facilitar el proceso licitatorio. Una reforma que encaja perfectamente con los lineamientos propuestos por EE.UU. cuando en un proceso similar asesoró a las autoridades de Ucrania, un caso de por sí paradigmático, y que en nuestro país encuentra su correlato en la flamante ley de hidrocarburos sancionada por la legislatura chubutense a fines de 2012.

Estas dos acciones –los cambios en el lenguaje corporativo y en el Código de Minería- se montaron en paralelo a sigilosas movidas institucionales, que incluyen al PS en conjunto a otros partidos y actores empresarios. Como se detallaba, modificar la ley vigente que prohíbe el fracking atraería demasiada atención y revuelo, incluso esta establece que el gobierno debería convocar a una Comisión para que evalúe caso por caso las perforaciones científicas. Lévy afirma que una convocatoria abierta sería una provocación directa al movimiento de los colectivos y llamaría nuevamente a las calles. La clave, entonces, se encuentra en otro lado: la Oficina Parlamentaria para las Cuestiones Científicas y Técnicas.

A fines del año pasado los integrantes de la Oficina, dieciocho diputados y dieciocho senadores decidieron que era necesario investigar las técnicas alternativas a la fracturación hidráulica para la extracción de gas de esquisto. Con este fin se encomendó el trabajo a un diputado (PS) y un senador (UMP). Para que no queden dudas del sector que prima en el PS, Lévy aclara que “la gran diferencia con la comisión que se había creado en el momento de tratar la ley actual es, que en este caso, ambos son pro fracturación”. A velocidad record, en enero de 2013, la Oficina publicó un informe donde define primeramente qué es la fracturación hidráulica: la que utiliza agua. Lévy subraya, atinadamente, que toda fracturación que no sea con agua no será hidráulica y, por ende, no está prohibida. El estudio concluye que en vistas de las técnicas en danza existe una, y solo una, que ya se usa en EE.UU., que puede garantizar el doble objetivo de protección ambiental (no utilizaría ni agua ni productos químicos) y efectividad productiva: la fracturación con gas propano.

De acuerdo al plan de trabajo establecido previamente, se anuncia la convocatoria para mediados de abril a una rueda de prensa para detallar la técnica alternativa. Luego se convocarán audiencias con expertos y empresas, viajes a América del Norte y Polonia y, finalmente, se espera el informe definitivo para el segundo semestre de este año. A su vez, se aclara que se amplía el campo de estudio a todos los hidrocarburos no convencionales y no se enfocará únicamente en el gas de esquisto.

Las entrevistadas señalan un punto a destacar sobre el avance sigiloso para la implementación de esta técnica: en la concesión de Mairy –donde ya se ha perforado verticalmente- una de las compañías es Edgon. Ésta es subsidiaria de eCorp, que también administra una empresa especializada en fracturación con propano: eCorpStim. En el portal de esta última, se anuncia que en una flamante encuesta el “80% de los franceses estaría a favor de experimentar con una tecnología alternativa a la fractura hidráulica”.

Lévy es enfática. “[Con las últimas medidas] uno ve la manifestación de poder del Estado porque esto es un oficio parlamentario, y no de un ministerio. Son los ‘representantes del pueblo’. Ellos solos han definido qué es la fracturación hidráulica y ellos solos han definido que no es una técnica experimental, es la alternativa real.” La nueva estrategia es entonces “por la regulación, por el cambio de técnica, con un cambio del nombre que dejará finalmente a la ley intacta, la preservará”. Punto y aparte, fin de la discusión: Francia puede explotar sus hidrocarburos no convencionales.

Pruebas de campo fronteras afuera

Las discusiones internas van por un camino que algunas veces se empantanan, se dilatan. Pero si las empresas francesas encuentran trabas y frenos para operar en su territorio qué mejor que cruzar las fronteras y, si es de la mano del gobierno, mejor. En este punto la mayoría del PS que apoya a la extracción de hidrocarburos se ha movido rápidamente.

La compañía Perenco fue la primera operadora en fracturar en el norte de África. En 2010, asociada a la empresa estatal de Túnez, perforó varios pozos y ya se encuentra en etapa de producción. La trasnacional Total, como informa en su página web, lleva varios años invirtiendo en este tipo de yacimientos y cuenta con inversiones en casi todos los continentes. De este lado del Atlántico, extrae gas de esquisto de EE.UU. junto al mayor productor global Cheasepeke. En Argentina ha sido la primera empresa que ha interconectado sus pozos de esquisto con la red de distribución gasífera y opera en 8 áreas, entre yacimientos tight y shale; sin ningún reparo, al avanzar en la exploración en el área San Roque, fracturó hidráulicamente en la reserva provincial Auca Mahuida. La lista de proyectos de hidrocarburos no convencionales sigue y se extiende por Australia, China y Polonia.

Pero ha sido en el caso de Argelia, la cuarta fuente de abastecimiento de los galos, donde las cartas (coloniales) se han puesto sobre la mesa. Allí Total, en conjunto con la empresa estatal argelina, proyecta iniciar en 2014 la producción de gas de arenas compactas (tight) en el área Timimoun, para su posterior exportación. Hasta el momento no dista de un esquema tradicional de saqueo, pero la nota la ha dado el mismo gobierno francés. Entre diversos acuerdos firmados en diciembre del año pasado con su par su par argelino, uno se dirigía al gas de esquisto. Según declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, al diario Le Point, desde el gobierno galo se apoyaría la experimentación con nuevas técnicas. Amigos de la Tierra-Francia emitió un comunicado donde demanda que “Francia debe dejar de pensar en Argelia y sus antiguas colonias como sus laboratorios experimentales, jugando al aprendiz de brujo en detrimento de las condiciones de vida de la población local y sus entornos. Recordemos que entre 1960 y 1966, Francia ha hecho muchas pruebas nucleares en el desierto argelino y, aún hoy, niega como causa de su responsabilidad el desastre ambiental y de salud.” Un mes antes, Hollande había afirmado que lo que se descartaba era la técnica y no la explotación, por lo que las investigaciones sobre nuevas formas seguían en curso. En ese momento, el olvidadizo mandatario, no mencionó un pequeño tema: dónde se harían. Entonces, ¿cuánta verdad hay en las afirmaciones de la inocuidad de la fracturación con propano?

Si hay ambigüedades dentro del gobierno parece que la corriente que impulsa la explotación de esquisto y, posiblemente, otros yacimientos no convencionales, ha desplegado rápidamente sus cartas sobre la mesa. Que el centro del debate sea la técnica parece obviar las críticas históricas que ya pesan sobre la extracción de fósiles. ¿Es realmente deseable y posible que nuevas técnicas eliminen las consecuencias inherentes a la industria? Y, a su vez, qué lugar tenemos los países del Sur, ¿seremos conejillos de indias de empresas trasnacionales y gobiernos centrales en pos de su abastecimiento energético?.

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¿Quién espía a quien?

Alberto Maldonado (especial para ARGENPRESS.info)

Cuando escuché que “Corea del Norte” era la que había colocado al gran imperio de los Estados Unidos y su eterno aliado, Corea del Sur, en un aprieto, al declarar en estado de guerra al país, por la radio pública (95.3) supuse que yo estaba totalmente equivocado. Fui a un cuaderno, de esos viejos, a ver en los mapas si lindaba el gran imperio del norte (Estados Unidos) con Corea del Norte y me encontré con que los Estados Unidos estaban a miles de kilómetros de Corea del Norte, mejor conocida como la República Democrática de Corea. Suponía que estaba equivocado el señor que dijo, muy suelto de huesos y por la radio pública, que Corea del Norte era un país que causaba preocupación a los Estados Unidos y a Corea del Sur.

En palabras más nuestras, no hay una vecindad entre el gran imperio y Corea del Norte, como para causarle preocupación. Lo que si estoy seguro es que Corea del Sur es una base de los Estados Unidos y que cada año hay unas maniobras conjuntas que ponen en riesgo a Corea del Norte. Desde los años 50 a 53 del siglo pasado, las dos Coreas están divididas por el paralelo 38, una especie de frontera. Y que se dieron y duro, como debe ser, entre las dos Coreas, mejor dicho entre Estados Unidos y Corea del Norte, ya que según se supo, de no ser por los Estados Unidos, Corea del Sur desparecería del mapa.

Cosas de la guerra fría. ¿Pero eso no fue del siglo pasado? (siglo 20) preguntamos, ya que nuestra profesión nos da para ser preguntones, de naturaleza. A lo que nos respondieron (los que saben o dicen que saben) que de no ser por el Japón y por Estados Unidos, no existiría la Corea del Sur. Volvimos a preguntar: ¿no es ese un problema que viene de la segunda guerra mundial? (1940-1945) A lo que volvieron a respondernos, los que se creen sabios: “Cierto es que viene de la segunda guerra mundial; pero el gran imperio del norte ha creído conveniente mantener sus bases en Corea del Sur, no vaya a ser que el liberalismo (mejor dicho, el neoliberalismo) desaparezca del mapa. Entonces si nos jodemos todos”.

El padre de Corea del Norte se llamó Kim Il Sung; y logró, con la ayuda de la China (República Popular de China) el que exista Corea del Norte junto a Corea del Sur. ¿Y no se decían marxistas? preguntamos. Así fue, entonces ¿Cómo es que Kim Il Sung se dedicó al culto a la personalidad? La respuesta es muy fácil: en la República China había aparecido con fuerza, el camarada Mao Thse Thung (Mao Ze Dong, según el chino legítimo) y a él se veneraba, en todas partes, no solo en la China sino en los países colindantes, entre ellos Corea del Norte. El Partido Comunista de Corea del Norte resolvió exagerar la vida de Kim Il Sung, como respuesta a la China de Mao. De esa manera, los coreanos del norte tuvieron su Mao propio, de nombre King. Y eso fue todo.

Sea lo que haya sido, lo cierto es que Kim Il Sung fue el fundador de Corea del Norte, bajo el impulso del comunismo. Y él dejó como su representante a su hijo Kim Song Il quien dirigió a la República, hasta su muerte. Por ese lado viene Kim Song Uno, un joven que dirige actualmente las huestes que dejó su abuelo. Y para quienes no están conformes con ese liderazgo, pensemos que otros países del Medio Oriente y del Asia, que son verdaderas hegemonías políticas. Preguntamos ¿quién los eligió para ser gobiernos a los mandamases y/o monarcas de esos países? Si la crítica fuera contra las familias, con mucha suerte en estos tiempos, preguntamos ¿quién eligió a los soberanos que dominan, por ejemplo, a España? Y ¿quién eligió a los que van a gobernar los Países Bajos? (Holanda) De esta manera, las preguntas sobrarían.

Pongo el caso: que los ecuatorianos hagamos algo contra Colombia. ¿acaso el gobierno de los Estados Unidos se daría por notificado, porque tiene 7 bases aéreas en Colombia, y en Ecuador. apenas una, en Manta, que fue levantada con el beneplácito general? La respuesta (lo digo yo mismo) no; nos dirían que estamos locos de remate. Pregunto: ¿por qué el gran imperio se da por notificado por lo que hace la República Democrática de Corea del Norte? Solo que a estas alturas se acuerden de lo que dijo el Presidente de los Estados Unidos, el señor Adams creo, que “América es de los americanos” o lo que dijo otro Presidente de los Estados Unidos, que América Latina es la trastienda del Continente,

¿Qué tal si invade Venezuela o Brasil, o Bolivia o Nicaragua, a título de que es el gran imperio? Estoy diciendo tonterías. Traigo a colación lo que dice el uruguayo Eduardo Galeano: si nosotros no producíamos sino rábanos, nadie se ocuparía de destruirnos, Y nuestra mala suerte es que producimos petróleo; y el Comandante Hugo Chávez Frías (fallecido el 5 de marzo/2013) descubrió que en el Orinoco, de ese país, estaban las reservas más grandes del mundo. Razón por lo cual es muy posible esa invasión. Para eso tiene a un Henrique Capriles; y al señor Carmona, que logró asilarse en Bogotá. Y ahora, el Papa, que es argentino, que fue el obispo muy amigo del Flaco Videla (sentenciado a cadena perpetua) que en menos de 8 años de dictadura, hizo desaparecer (botándoles al mar) a argentinos y argentinas (más de 30.000) entre ellos, dos curas católicos que trataban de salvar a la gente. Y, el ahora Papa, se hizo el pendejo.

Es decir, no hay que suponer por más que uno sea un dócil instrumento del gran imperio, que está “molesto” por lo de Corea del Norte. Ya Fidel (Castro Ruz) escribió a los tiempos una de sus reflexiones y dice que Corea ni el mundo merecen semejante suerte. No han explicado hasta hoy día porque se ponen tan nerviosos si Corea del Norte, igual que Irán, está en la capacidad de fabricar su propia bomba atómica. ¿Quién les ha dicho que solo ellos lo pueden tener? Es decir nosotros, en América Latina, no podemos correr semejante riesgo, porque saldríamos castigados. Solo se nos permite que pongamos nuestros presidentes, que para eso somos buenos. O éramos buenos.

Sea lo que sea, lo cierto es que el Gran Imperio del Norte (Estados Unidos) se preocupó por poner fin al litigio Ecuador-Perú. Hicimos las pases; más bien dicho, el señor Jamil Mahuad hizo las pases con el señor Alberto Fujimore, que ya era demasiado lo que estaba pasando entre Perú y Ecuador; y que lo sucedido era suficiente. Lo cierto es que hicieron las pases (y qué pases) y nos olvidamos de los “enemigos del sur” (que eran los peruanos) para dedicar, todo nuestro esfuerzo a la frontera norte. Da la casualidad que ahora el Ministro de Defensa (Santos) es el presidente de Colombia; y que dedicamos 7.000 hombres a cuidar sus bases en la frontera norte. Que no duerman ahí las FARC porque eso es pecado grave y se castiga con la muerte. Si no que lo digan los 4 estudiantes mexicanos que murieron en Angostura y que acaban de lanzar un libro sobre el tema. ¿Será gratis que dedicamos buena parte de nuestro precario presupuesto, que tenemos que cuidarle las espaldas al que nos agredió?. Por ahí anda haciendo las pases con las FARC-ELN y el Gobierno de Colombia, respecto de la paz que es necesaria después de haberse dado 50 años de guerra.

Solo nos falta que nos digan “ilusos” si pensábamos que las pases con el Perú debía darse, ya no les quedaban sino la guerra. Así que, ahí está la frontera con Colombia, que supuestamente no quiere la paz, que discute en La Habana, .Cuba a disgusto del señor Alvaro que no quiere la paz. Mucho mejor le iba con la guerra.

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A la “democratización” judicial le salió un forúnculo

Gabriel Solano (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

El tratamiento de los proyectos de ley que componen la llamada “democratización” de la Justicia ha generado una crisis en uno de los sectores de la camarilla oficial. A los disidentes del espacio Justicia Legítima, quienes expresaron sus cuestionamientos a boca de jarro, se han agregado Página/12, el CELS y Verbitsky. Dicen, nada menos, que los proyectos son inconstitucionales y que afectan las garantías individuales. ¿En qué estaban pensando, entonces, CFK y su asesor Zanini?

Deliberadamente, sin embargo, la crítica oficialista al proyecto oficial se detiene cuando debía llegar al hueso. Omite el artículo 17 del proyecto sobre las medidas cautelares, el que le otorga al Estado la posibilidad de frenar -por vía judicial- cualquier medida que afecte “el interés público”. O sea que se adjudica el derecho de judicializar cualquier medida de lucha popular, desde los trabajadores estatales hasta el subte, petroleros y docentes. El Estado invoca la protección de los ciudadanos cuando se trata de liquidar una lucha popular -incluida la atribución de militarizar los servicios. En la Comisión donde se debatió el tema, el camporista Alvarez, secretario de Justicia, no sólo ratificó este artículo, sino que agregó que el Estado recurrirá a las cautelares contra los sindicatos que no avisen con una debida anticipación sus medidas de lucha y/o no acaten la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Exactamente lo mismo que Macri quiso introducir en la ley del subte en la Ciudad. Se prueba, así, que la juventud militante del kirchnerismo es profundamente antiobrera, algo que ya se había revelado cuando Recalde y Kicillof pidieron el quite de personería a los gremios ‘díscolos’ en Aerolíneas Argentinas. No es casual que estos camporistas realizaran cursos de formación política con Pedraza.

El proyecto limita el alcance de las acciones de amparo contra medidas del Estado, incluso establece que alcanza con la mera apelación del Estado para que el amparo pierda su carácter suspensivo. La Justicia debería rechazar, en tal caso, un amparo de docentes universitarios contra las jubilaciones compulsivas (cesantías de hecho) de la UBA (las limitaciones drásticas del amparo son extensibles a los organismos descentralizados del Estado). Con semejantes prerrogativas en beneficio del Poder Ejecutivo, las leyes dejarán de ser necesarias para la función de gobierno. Quedaría establecida la burocracia -el dominio político de los funcionarios.

De la 125 a esta parte

Para la ‘opo’ patronal, la pelea contra los proyectos K se reduce a lo siguiente: la defensa de los intereses establecidos. Su programa es la defensa del derecho al amparo para Clarín y la Sociedad Rural y, más allá, para todos los accionistas privados en las empresas donde interviene la Anses como socio capitalista. La ‘opo’ no objeta el cercenamiento del derecho de huelga en los servicios: el ‘terco’ Mujica, un centroizquierdista admirado por sus congéneres de este lado, lo aplica en forma sistemática.

Los llamados opositores aseguran que los proyectos, una vez aprobados, serán detenidos cuando lleguen a cualquier sede judicial. Aun así, juran que los K han instalado un régimen totalitario. Ya son numerosísimas las presentaciones de inconstitucionalidad que prometen las asociaciones profesionales. Ante un percance de este tipo, el gobierno -dicen algunos analistas- tiene prevista la supresión de las primarias y el adelantamiento de las generales para agosto.

La clase obrera

A pesar de los derechos fundamentales que están en juego para los trabajadores, no solamente la burocracia sindical de Caló ha mantenido la boca cerrada; tampoco se ha pronunciado la dirección del subte. Los ‘opositores’ van a la cola de los carcamanes de la vieja política, los que defienden los derechos individuales del capital y no los derechos individuales y colectivos del proletariado. Este es el aspecto realmente negativo de la situación presente.

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Santa Trinidad Democrática: Los tres Poderes en Uno

Fabiana Arencibia (RED ECO)

Hace apenas 10 días el Poder Ejecutivo presentó seis proyectos de ley para realizar reformas en el sistema judicial. Bajo el indiscutible objetivo de “Democratizar la Justicia”, lanzó estos proyectos que, al analizarlos en su conjunto, no están tan cerca de alcanzar esta etiqueta mediática con la que el gobierno busca seguir sumando consenso en la opinión pública.

En una semana, pasaron raudamente por las comisiones de ambas Cámaras del Congreso y llegaron a los recintos para finalizar hoy jueves, tres con media sanción en Diputados y tres con media sanción del Senado.

“Una mera parodia de debate (a la que nos tiene habituados el gobierno actual, a través de situaciones en donde la oposición se queja y el oficialismo sólo espera su tiempo para imponer en la votación su voluntad, sin modificaciones), no representa sólo una falta de respeto a los que piensan diferente: representa una violación de la Constitución (arts. 78, 83, 100 inc. 9 o 106), que merece ser reconocida y sancionada como tal, esto es, con la declaración de inconstitucionalidad del acto”, expresa un documento de Plataforma 2012. (1)

Diputados y Senadores (con mayoría oficialista) los aprobaron, casi sin posibilidad de análisis y debate por parte de los parlamentarios que se oponían. Menos aún han podido intervenir, en esta democracia cada vez más representativa, los diversos sectores sociales que se verán involucrados con estas reformas.

“La reforma no viene a favorecer el acceso de los pobres y marginados a los tribunales; no disminuye los costos del litigio ni combate los formalismos que convierten al proceso judicial en territorio reservado para unos pocos. La reforma refuerza claramente la posición de los más poderosos (los funcionarios del Estado) y de los más ricos (...) la burocrática reforma propuesta sobre el Consejo de la Magistratura representa el mejor ejemplo de lo que puede considerarse una reforma destinada a favorece al jugador dominante”, afirma el abogado y sociólogo Roberto Gargarella.

Los proyectos

De los seis proyectos de Ley presentados por el Ejecutivo Nacional, tres han sido iniciados ante la Cámara de Diputados de la Nación y tres presentados ante Senadores.

Los aprobados en primera instancia por la Cámara Baja son:

Ingreso igualitario al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación.
http://www.fja.org.ar/19/IMG/pdf/001-PE-2013_INGRESO_IGUALITARIO.pdf

Declaraciones Juradas Patrimoniales de carácter público y de libre acceso por internet.
http://www.fja.org.ar/19/IMG/pdf/002-PE-2013_DECLARACIONES_JURADAS.pdf

Publicación obligatoria en internet de las decisiones emanadas de la CSJN, de los Tribunales de Segunda Instancia en lo Federal y de las Cámaras Nacionales de Apelaciones.
http://www.fja.org.ar/19/IMG/pdf/003-PE-2013_PUBLICAR_ACCIONES_CSJN.pdf

Los proyectos ingresados por el Senado, con media sanción, que provocaron los mayores cuestionamientos, son:

Creación de nuevas Cámaras de Casación.
http://www.fja.org.ar/19/IMG/pdf/PE-006-2013_CAMARAS_CASACION.pdf

Modificaciones a la Ley del Consejo de la Magistratura.
http://www.fja.org.ar/19/IMG/pdf/PE-005-2013_CONSEJO_DE_LA_MAGISTRATURA.pdf

Medidas cautelares dictadas en procesos en los que el Estado Nacional o sus entes descentralizados sean parte (sin las últimas modificaciones)
http://www.fja.org.ar/19/IMG/pdf/PE-007-2013_MEDIDAS_CAUTELARES.pdf

Analicemos ahora cada uno de ellos.

Los tres proyectos con media sanción de Diputados son los que menos objeciones plantearon. Sin embargo cabe hacer algunas acotaciones que fueron planteadas por la Asociación de Empleados Judiciales de Buenos Aires (AEJBA).

Respecto al Ingreso igualitario al Poder Judicial y al Ministerio Público, la AEJBA cuestiona que “no establece ningún tipo de participación y control de los sindicatos representativos de trabajadores en el mecanismo de ingreso, a través de veedores gremiales”. Además naturaliza la precarización laboral en el Estado al extender este mecanismo de concurso a los trabajadores que sean contratados, en forma precaria, bajo locación de servicios.

Por otra parte, no se inventa nada nuevo ya que un mecanismo similar existe en el Fuero Laboral de la Justicia ordinaria, con lo cual, afirman, “hubiese bastado con extender, y perfeccionar, dicho mecanismo a los demás fueros mediante una resolución del Consejo de la Magistratura de la Nación, encargado de la administración del Poder Judicial”. Sin embargo en la actualidad “cada Cámara de Apelaciones puede disponer su propio, y distinto, mecanismo de ingreso”.

Además diversas provincias (Neuquén, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Santa Cruz, Ciudad de Buenos Aires) tienen mecanismos de ingreso similares - hecho reconocido en el mismo proyecto de Ley- , con examen previo, orden de mérito y control de los sindicatos de trabajadores judiciales.

En cuanto a las Declaraciones Juradas de bienes patrimoniales de los Magistrados y Funcionarios judiciales, representa un avance el hecho de que sean de acceso libre por internet. Sin embargo la obligación de presentarlas ya está contemplada en la Ley de Ética de la Función Pública (Ley 25.188 art.5). Esta norma creó la Comisión Nacional de Ética Pública (art.23) como órgano independiente y de autonomía funcional, en el ámbito del Congreso de la Nación, para controlar el cumplimiento de dicha ley (2). Como esta comisión hace 13 años que no funciona, en lugar de obligar a que lo haga, la nueva ley la disuelve y otorga sus atribuciones a un organismo dependiente del Poder Ejecutivo: la Oficina Anticorrupción, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por lo tanto será el Ejecutivo quien realice este control sobre el Poder Judicial.

Respecto a la publicación en internet de las decisiones de las diferentes instancias de la Justicia, abogados consultados afirman que desde hace años se pueden seguir por las páginas Web del Poder Judicial de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia las causas, las acordadas y/o resoluciones de los diversos fueros. Lo mismo sucede con páginas de varios de los poderes judiciales provinciales y de sitios vinculados al quehacer de la profesión.

La creación de tres nuevas Cámaras de Casación fue presentada como una manera de agilizar el trámite juridicial de las causas y aliviar el trabajo de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esto significa agregar instancias burocráticas y extender los juicios perjudicando a sectores que, en la mayoría de los casos, no están en condiciones de mantener un litigio por mucho tiempo (trabajadores, jubilados, integrantes de comunidades originarias, campesinos y ciudadanos desprotegidos). “Cualquier promesa de tornar el proceso más largo lo único que hace es aumentar, proporcionalmente, el poder de extorsión de las clases dominantes que, por el contrario, sí pueden soportar – cuando no alientan directamente-la extensión de plazos y la no finalización de juicios que puedan perjudicarlos.”, manifiestan los integrantes de Plataforma 2012.

Además la ley establece que para integrar estas Cámaras se puede, en caso de ser necesario, realizar “procedimientos abreviados para la designación de jueces a los efectos de otorgar mayor celeridad al trámite de las causas”. La AEJBA se pregunta: ¿Quién considerara necesario no aplicar el mecanismo habitual de concursos públicos para la designación de Magistrados? ¿En qué casos, por qué y cómo?

El Consejo de la Magistratura, institución creada por la modificación de la Constitución Nacional de 1994, tiene como funciones las de nombrar, supervisar y remover los jueces nacionales y federales. Esto significó un avance a lo existente hasta entonces: el nombramiento de los jueces por propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado que provocó una Justicia adicta al poder político. El Consejo tuvo inicialmente 20 miembros. En el 2006 fue reducido a 13 por el actual gobierno con el argumento de que tantos miembros impedían su buen funcionamiento. El mismo gobierno hoy presenta el proyecto de ley para volver a ampliarlo a 19 con el agravante de que se reduce a mayoría simple el porcentaje para la toma de decisiones (en lugar de dos tercios como hasta ahora). Su integración será de tres jueces, tres abogados, seis académicos de diversas disciplinas, tres diputados, tres senadores y un representante del Ejecutivo.

La forma de elección es lo que ocasionó las mayores oposiciones. El proyecto de ley establece que los abogados, los jueces y los académicos serán elegidos por el voto popular en forma conjunta con las elecciones generales presidenciales y aplicando el sistema de elecciones primarias abiertas para definir los postulantes. Jueces, abogados y académicos irán como candidatos de los partidos sólo de alcance nacional. Esto dará a su composición el tinte que debería evitarse a la hora de constituir un órgano que se supone con independencia partidaria para nombrar o remover jueces.

En este sentido no habría más que mirar las experiencias de Consejos de la Magistratura que ya existen en otras provincias.

Al respecto al AEJBA trae los ejemplos de integración popular que existen en las provincias de Entre Ríos, Chubut y Santa Cruz. “Allí, en esos tres Consejos de la Magistratura participan en sus distintas variantes como Consejeros no abogados: trabajadores judiciales; trabajadores no judiciales; académicos de las Universidades; representantes de las organizaciones sociales vinculadas con la defensa del sistema democrático y de los derechos humanos; ciudadanos. En algunos de esos Consejos, las entrevistas orales en los concursos públicos y abiertos para los Magistrados se hacen como audiencias públicas en lugares de gran capacidad de público donde el pueblo puede acercar preguntas libremente para que se les formulen a los postulantes entrevistados, y dichas audiencias son transmitidas a la comunidad por radio y/o TV”

Estas experiencias garantizan a la ciudadanía una rol realmente protagónico en los procesos de selección, designación y remoción de los magistrados y funcionarios judiciales.

“Los Consejos de la Magistratura aparecieron como una alternativa con las modificaciones Constitucionales de la década del ’90, alternativa al ‘dedismo’ de los ‘jueces de la servilleta’. Y en eso, han sido un avance. Pero si estos organismos son dejados en manos de las corporaciones y los juegos de los sectores políticos hegemónicos seguramente no transformen mucho la realidad”, afirma la AEJBA .

Respecto al proyecto para limitar la vigencia de las Medidas Cautelares (3), el Gobierno aceptó hacer algunos cambios luego de la intervención en un debate del Senado, del integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky. El oficialismo recogió parcialmente estas inquietudes y el proyecto aprobado establece que las regulaciones no se aplicarán “cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria” y también “cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental”.

El agregado que se hizo al artículo 17 (4) es para indicar que la limitación para pedir una medida cautelar "no será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la materia" aplicadas por el Ministerio de Trabajo, con lo que apuntó a dejar a salvo los derechos gremiales

Finalmente el proyecto de ley establece un plazo de seis meses, prorrogables por otros seis, en caso de que el juez lo considere necesario quien además, antes de otorgarla, debe notificar y pedirle al Estado un informe en que sustente el “interés público comprometido”.

Desde Plataforma 2012 se cuestiona el límite de vigencia de estas medidas al afirmar que los abusos de algunos jueces no pueden sustentar esta limitación.

Cuestionan, al igual que AEJBA, la obligación de efectivizar una caución real (dineraria) previa al dictado de la medida. “Parece razonable si el accionante se tratase del ‘pulpo’ multimedio, pero ¿por qué un particular sin muchos recursos económicos no podría ser considerado como un posible demandante contra el Estado en una acción de índole pecuniario como ya lo planteamos en el párrafo precedente? ¿Y por qué a los funcionarios públicos que no cumplan esas mandas judiciales no se los podrá imponer multas en esas cautelares que desoigan?, se pregunta la Asociación de empleados de la Justicia.

La semana próxima los seis proyectos con media sanción se convertirán en leyes. Modificarán el funcionamiento de una justicia que, al decir del psicoanalista Alfredo Grande, “Si hay que democratizarla, muy justa esa Justicia no es. O quizá, no sea democratizarla, sino hacerla absolutamente funcional a la Razón de Estado, aunque sea una Razón Delirante de Estado”.

Tal como dice Grande, no es lo mismo los Poderes del Estado a que el Estado hegemonice los tres Poderes. “Cualquier oficialismo tendrá mayoría partidaria, no sólo política, en los tres Poderes del Estado. Los tres Poderes en Uno. Santa Trinidad Democrática” (…) El proyecto oficialista, de este oficialismo, habilita a cualquier mayoría al ninguneo sistemático de todas las minorías. La parte por el todo, matriz de los vínculos perversos. Como dijeron con la ley anti terrorista: “nosotros no la vamos a usar para la represión política”. Vamos a creer, o vamos a hacer que lo creemos. Entonces el voto está atado y bien atado porque si vienen los malos, con esa ley nos exterminan” (5)

Notas:
1) Una reforma judicial antipopular y antidemocrática
http://plataforma2012.org/2013/04/16/una-reforma-judicial-antipopular-y-antidemocratica/
2) Debía integrarse por 11 miembros: uno por la Corte Suprema de la nación , uno por el Poder Ejecutivo nacional, uno por el Procurador General y ocho ciudadanos designados por resolución conjunta de ambas cámaras del Congreso -adoptada por dos tercios- uno de los cuales será a propuesta del defensor del Pueblo de la Nación, y el otro a propuesta de la Auditoría General de la Nación
3) Las cautelares que se regulan son las medidas judiciales por litigios entre los particulares y el Estado para asegurar la protección de un derecho durante un tiempo hasta que pueda hacerse efectivo en el caso que se reconozca la existencia y legitimidad de tal derecho. Las medidas cautelares a los que mas ayuda es a los sectores desfavorecidos en el reconocimiento inmediato de derecho o reparación de daño o restitución de situaciones a un estado anterior.
4) Este artículo establece que cuando se produzcan hechos u omisiones que amenacen, interrumpan o entorpezcan la continuidad o regularidad de los servicios públicos o las realización de actividades de interés público , el Estado puede interponer una medida cautelar .
5) Demokratizar la (in)justicia
http://www.pelotadetrapo.org.ar/agencia/index.php?option=com_content&view=article&id=7704.

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Una reforma inconstitucional

Julio Raffo (INFOSUR)

El Presidente del Bloque Proyecto Sur en la Legislatura porteña analiza las iniciativas por la “Democratización de la Justicia”.

1.- La creación del recurso y de los tribunales de casación.

1.1 Lo que se subordina y lo que se crea

El verdadero objetivo de este proyecto es subordinar, a los criterios del Ejecutivo, a lo que resuelvan las cámaras:

- en lo Contencioso Administrativo Federal de todo el país,

- a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo,

- a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal,

- a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y

- a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

En efecto, lo que estas cámaras resuelvan se subordina, mediante el recurso de casación que se crea, a las decisiones de los nuevos tribunales que son:

- la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal,

- la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la seguridad Social y

- la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial


1.2 El Proyecto prevé la integración “a dedo” e inconstitucional de esos tribunales

La designación “a dedo” e inconstitucional está prevista en el Art. 7º del Proyecto el cual establece que

“…los miembros de las cámaras creadas por la presente ley… serán designados de conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente en la materia.”

Pero insólita, e inconstitucionalmente, ese artículo agrega:

“En los casos en que se considere necesario se podrán establecer procedimientos abreviados para la designación de los jueces a los efectos de establecer mayor celeridad al trámite de las causa” (¡!).

La norma no dice “quién” es la autoridad que tiene la facultad de “considera necesario” la aplicación del “trámite abreviado” ni dice cuán abreviado podría llegar a ser ese trámite.

Es de recordar que en la designación de los jueces intervienen dos autoridades diferentes: el Consejo de la Magistratura que selecciona una terna vinculante del total de candidatos presentados y el Poder Ejecutivo que realiza, efectivamente, la designación del Juez en cuestión.

Establecer la facultad del Poder Ejecutivo –que es quién designa- o, inclusive del propio Consejo –que es quién selecciona la terna- de alterar –para abreviar con la impronta propia de las intenciones del kirchnerismo- el procedimiento para la designación de magistrados, implica atropellar las previsiones constitucionales y los procedimientos previstos por la ley Nº 24.937 que crea el Consejo de la Magistratura y establece las bases para la realización de los concursos necesarios para la designación de los jueces.

Veamos la “normativa vigente en la materia”: ella es, en primer término la Constitución Nacional que, en su Art. 99, inc. 4º dispone que:

“El Poder Ejecutivo… Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.

Y en su Art. Nº 114 dispone que:

“El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.”

Del juego de ambas disposiciones constitucionales surge que la designación de los magistrados debe hacerse mediante los mecanismos establecidos que la ley 24.937 (Que crea el Consejo de la Magistratura y regula su funcionamiento) la cual es una ley de mayoría absoluta, (Art. 114 de la CN) y por ello sólo puede ser modificada por otra ley de mayoría absoluta.

El espíritu y la letra de la Constitución Nacional respecto de la designación de los jueces ha sido eliminar la arbitrariedad, el proyecto pretende restablecerla bajo el pretexto de “establecer mayor celeridad al trámite de las causa”, pero resulta que los mecanismos de designación de los jueces NADA tienen que ver con la celeridad o la demora de las causas judiciales, puesto que los recursos de casación que la ley prevé sólo podrán ejercerse “…una vez constituidas las Cámaras y Salas…” que mediante el proyecto se pretenden crear (Art. 15), por lo cual es manifiestamente mentiroso el pretender que podría haber demoras en las causas judiciales por la no integración de los tribunales propuestos.

Con el sistema que propone el Proyecto el Ejecutivo podría imponer como “trámite abreviado” un simple dictamen del Ministro de Justicia sobre los méritos de los candidatos y, en base al mismo, hacer la designación.



1.3 Fundamentos mentirosos

En los fundamentos del proyecto se afirma que se propone la creación de los tribunales de casación para disminuir “…el retardo de los procesos judiciales…” cuando el efecto será exactamente el contrario: la creación de una instancia judicial adicional a las existentes tendrá por efecto natural el demorar más el trámite de las causas.

La necesaria “unificación de doctrina” que se invoca en los fundamentos ya existe adecuadamente en los mecanismos de las “decisiones plenarias” y, frente a ellas no hay nada que unificar.



2.- La extinción de las medidas cautelares

Desde siempre la medida cautelar ha sido una medida de protección de urgencia brindada a quién inicia una acción judicial en defensa de un derecho que tiene, al menos la apariencia de verosimilitud. Con ella se trata de evitar que el paso del tiempo que requiere el trámite de la acción interpuesta haga ilusorio o inútil el reconocimiento que, después del proceso, termine reconociéndole la sentencia definitiva.

Esa medida protectora podía requerirse tanto contra un particular como contra el Estado (en cualquiera de sus variantes) aún cuando el Estado ya detenta un privilegio que restringe las medidas cautelares en comparación con la situación de los particulares.

Al respecto el Art.  195, tercer párrafo, del CPCCN establece:

“Los jueces no podrán decretar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias.”

Esta norma pone en evidencia que los fundamentos del proyecto son mentirosos al decir que “…los requisitos de admisibilidad y procedencia de medidas cautelares contra el Estado se encausan por conducto de las mismas normas procesales que rigen el proceso entre particulares ignorándose, de ese modo, la preeminente nota de interés público que gobierna toda la actividad estatal…”.

Como hemos visto la ley procesal, en su Art. 195, ya tiene en cuenta el interés público involucrado en la actividad estatal, pero sucede que al Estado kirchnerista el privilegio que hoy le brinda la ley no le alcanza, y por ello pretende extinguir la posibilidad de que se dicten en su contra todo tipo de medidas cautelares, desamparando así al ciudadano frente a la prepotencia propia de su estilo de gobernar.

Si el proyecto presentado se aprueba se desnaturalizará, casi hasta su real extinción, las medidas cautelares que hoy existen contra la prepotencia o la arbitrariedad de las persona que, por representar al Estado, actúan en su nombre.

Veamos por qué sostenemos esto.



2.1 La importancia de la urgencia frente a la incompetencia del tribunal

Por tratarse de una medida de protección urgente la normativa actual prevé que ella puede ser dictada aún por un juez que resulte ser incompetente para conocer finalmente en la causa. En ese caso el juez debe expedirse sobre la medida cautelar y, después de dictarla o de rechazarla, debe remitir el expediente al tribunal competente. Esto es así porque, frente a la amenaza inminente, la ley privilegió la protección de la persona a las sutilezas de las cuestiones de competencia, y especialmente porque ese tipo de medidas “no causan estado” lo cual en buen romance quiere decir que siempre pueden ser dejadas sin efecto, sustituirse por otras o ampliarse, de acuerdo con la variación de las circunstancias que las partes invoquen y prueben.

Pero el proyecto invierte ese principio. Su Art. 2º establece:

“Inc. 1º: Al momento de resolver sobre la medida cautelar solicitada el juez deberá expedirse sobre su competencia si no lo hubiera hecho antes.”

“Los jueces deberán abstenerse de dictar medidas cautelares cuando el conocimiento de la causa no fuere de su competencia”

Y esta desnaturalización de la medida cautelar sometiéndola a una declaración previa respecto de la competencia del tribunal se ve limitada con una excepción, en el siguiente inciso se establece:

“Inc. 2º.- La providencia cautelar dictada contra el Estado Nacional y sus entes descentralizados por un juez o tribunal incompetente sólo tendrá eficacia cuando se encuentre comprometida directamente la vida o la salud de una persona o un derecho de naturaleza alimentaria”.



2.2.Un trámite procesal desnaturalizado

El proyecto, intencionalmente o por ignorancia de sus autores, generará una muy extraña situación procesal. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en su Art. 195 establece:

Art. 195. – Las providencias cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente.

En el caso de la medida cautelar solicitada después de interpuesta la demanda y de corrido el traslado de la misma, podemos pensar que ya hubo una decisión tácita del juez de considerarse competente, porque en caso contrario no hubiese corrido el traslado de la demanda. En esta situación debe el juez hacer una declaración expresa de que se considera competente para seguir conociendo en una causa que ya empezó a conocer? Ello contradeciría flagrantemente el principio de economía procesal y generaría mayor demora en el trámite. Pero parece ser que eso es lo que se quiere lograr con el proyecto: que las medidas cautelares no se dicten contra el Estado.



2.3 Una intervención del Fiscal para obstaculizar y desnaturalizar

La normativa actual establece :

Art. 198. – Las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento.

Y esto es así porque, dada la naturaleza de urgencia de este tipo de medidas, se trata de impedir que la contraparte las obstaculice o, en conocimiento del pedido de su dictado, se adelante en los hechos y haga imposible o ineficaz el dictado de las mismas (por ejemplo si el Estado ha decidido la demolición de una inmueble y una entidad defensora del patrimonio histórico o cultural solicita una medida cautelar de no innovar mientras se discute si procede o no la demolición, y el funcionario se entera de ese pedido, podría apresurar la destrucción pretendida antes de que el juez a dicte).

Pero el proyecto, para posibilitar que el Estado SIIEMPRE se entere del pedido de una medida cautelar y pueda actuar para obstaculizarla o hacerla ineficaz, prevé:

“Art. 4º. INFORME PREVIO. Solicitada la medida cautelar el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco días, produzca un informe que de cuenta del interés público comprometido por la solicitud… “

De esta manera desaparece, frente al Estado, la posibilidad del dictado y traba de una medida cautelar “inaudita parte”.



2.4 Un plazo que en contra de la protección cautelar.

El proyecto establece:

”Art. 5º.- Al otorgar una medida cautelar el juez deberá fijar, bajo pena de nulidad, un límite razonable para su vigencia, que no podrá ser mayor a seis meses. En los procesos de conocimiento que tramitan por el procedimiento sumarísimo y en los juicios de amparo, el plazo razonable de vigencia no podrá exceder los tres meses”.

Perversamente el proyecto prevé que la prórroga de la medida cautelar dictada sólo se puede solicitar una vez vencido ese plazo y previa valoración adecuada del interés público comprometido. Al impedir que la prórroga se solicita antes del vencimiento del plazo, e imponer una actividad jurisdiccional previa (la valoración adecuada del interés público comprometido” el Estado se asegura que habrá un plazo disponible para su arbitrariedad entre el vencimiento de la medida y su eventual prórroga, plazo que podrá aprovechar para “demoler el inmueble” en el ejemplo dado.



2.5 Extinción de la caución juratoria

El proyecto elimina la posibilidad de dar “caución juratoria” en todas las medidas cautelares, inclusive en os amparos, salvo los casos de medidas cautelares dictadas “…cuando se encuentre comprometida directamente la vida o la salud de una persona o un derecho de naturaleza alimentaria”.



3.- El sometimiento de la Corte al Consejo

El Art. 1º tiene por objetivo central el someter a la Corte Suprema al Consejo de a Magistratura al atribuirle a este las funciones de superintendencia del Poder Judicial así como la facultad de dictar “los reglamentos relacionados con la organización judicial” y al sacándole la administración de sus recursos.

Por su parte el Art. 34 del Proyecto transfiere al Consejo de la Magistratura a “…todas las dependencias técnico administrativas (del Poder Judicial) que no tengan relación directa con la función jurisdiccional de la Corte…” , locual implica sacarle a la Corte la organización de importantes y delicadas áreas, tales como el cuerpo de peritos, y al Poder Judicial la organización y superintendencia sobre la Morgue, entre otras dependencias.

Con esta reforma la Corte se subordinará al Consejo –al cual se lo politiza partidariamente y se lo integra inconstitucionalmente- para todas las decisiones administrativas propias a su funcionamiento cotidiano en el ordenamiento del funcionamiento del conjunto del Poder Judicial. Nótese que de conformidad con la redacción propuesta estos “reglamentos” también les serán aplicables a la propia Corte, por lo cual el Consejo podrá, por sí sólo, determinar la forma operativa o administrativa mediante la cual la Corte y sus funcionarios deberán realizar su tarea.



4.- Una integración inconstitucional y partidaria del Consejo

Respecto de la integración del Consejo de la Magistratura la Constitución Nacional establece:

Artículo 114.- … El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.

El texto constitucional establece que la integración del Consejo se realiza mediante el equilibrio entre “…larepresentación…” de órganos políticos “ resultantes de la elección popular así como “…de los jueces…” y “…de los abogados…”, agregando a las “…otras personas…” que menciona.

No puede haber duda de que, para que exista la representación que la Constitución establece, los miembros “jueces” deben ser elegidos por sus representados, es decir, por otros jueces. Por la misma razón los miembros “abogados” deben ser elegidos por otros abogados.

El texto del proyecto, implícita y maliciosamente, transforma la exigencia de la “representación” los jueces y de los abogados en la exigencia de que el elegido tenga título de abogado y atribuyendo su elección al Pueblo de la Nación. En ambos casos el elegido será representante del Pueblo de la Nación, pero no será representante de los jueces ni de los abogados, tal como lo exige la Constitución.

El absurdo inconstitucional del proyecto es tal que bien podría suceder que los electos pretendidos “representantes” de los jueces no hayan sido votados por ningún juez, y que los electos pretendidos “representantes” de los abogados no hayan sido votados por ningún abogado,(¡!) y, en ese caso ¿dónde estaría la “representación” que la Constitución exige? ¿Con qué argumentos, -y con qué cara- se puede pretender que habría “representación” de los jueces o de los abogados sin el consentimiento de los jueces o de los abogadosrepresentados?

La hipocresía, e inconsistencia del Proyecto en este punto se pone en aún más en evidencia en la siguiente inconsistencia: Si los autores del Proyecto, que lleva la firma del PEN, creyeran e verdad que la forma de elegir a los “representantes” que menciona el Art. 114 de la Constitución se realiza adecuadamente mediante por la consulta político partidaria al Pueblo de la Nación, ¿por qué razón los representantes de los “órganos políticos” no deberían sido elegidos por el mismo sistema? Por qué los representantes de los legisladores son elegidos por legisladores y la representación del Poder Ejecutivo la designa el Poder Ejecutivo, mientras que la representación de los jueces y de los abogados la realiza el Pueblo de la Nación?

La situación aludida se agrava al atribuirse a los partidos políticos la elección de los precandidatos a los cargos de “representante” de los jueces y de los abogados. Con lo cual obligatoriamente involucra partidariamente a esos integrantes los cuales, en los hechos, serán o no electos en razón de los votos que arrastre la cabeza de la lista que haya presentado cada partido. Cosa que es lo que exactamente quiere el Poder Ejecutivo para poder someter, sin fisuras, al Consejo de la Magistratura a sus intereses y, mediante este órgano, someter al Poder Judicial en su conjunto, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Estado de golpe

Alfredo Grande (APE)
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“Para la derecha, lo legal es lo legítimo. Para la izquierda, la legitimidad es la única verdad, aunque no sea legal” (aforismo implicado)

“La diputada nacional de Libres del Sur Vicky Donda se refirió a los proyecto de ley sobre democratización de la justicia tratados hoy en comisión: “Vamos a rechazar el paquete de leyes que el Gobierno quiere imponer. Sólo buscan someter a la justicia y garantizar su impunidad y la de sus amigos bajo el título 'democratizar la justicia'. Una muestra más del doble discurso de los K” (..) “el Gobierno quiere armar un Consejo de la Magistratura adicto y dependiente del poder político de turno, para que elija y remueve a todos los integrantes del Poder Judicial”. (Libres del Sur)

“Miguel “El Moika” Mansilla comienza a partir del 17/04/13 una huelga de hambre en repudio al castigo que le impuso el Juez Calcagno, al restringirle la visita de sus hijxs en respuesta al reclamo de que los mismos no sean trasladados a la visita en los carros de traslados manchados de sangre. Consideramos que a ningún niño o niña se le debe prohibir que visite a su padre y/o madre encarcelado/a, visitar la cárcel e interactuar con su progenitor(a) encarcelado/a son derechos del niño/a por lo que ello no debe depender del comportamiento del progenitor/a ni ser restringido dependiendo de éste/a, a menos que ello obedezca al interés superior del niño o niña. Por ello DENUNCIAMOS el abuso de autoridad del Juez Calcagno y exortamos a “pechito frío” que se le entibie el corazón. (Prensa Fob Rosario)” 

En la década del 80, me acerqué a Eduardo Pimentel. Me enteré que le había prohibido a su hijo Ignacio presentarse a la revisación médica previa a la incorporación al Servicio Militar Obligatorio. El Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio (FOSMO) fue una experiencia de lucha contra una ley “legal” vaciada de legitimidad. Tuvo que ser asesinado el conscripto Carrasco para que Menem la suspendiera. No está derogada y es una las deudas de esta democracia. En esos tiempos escribí un texto, que nunca podré recuperar, en el cual decía más o menos que “en plena democracia, el Estado entraba de golpe en una familia para hacer el secuestro legal del hijo”. El golpe era la cédula militar donde lo citaban a la revisación médica. “Para hacerse hombres”, según la jerga de la época. Qué clase de hombres, es otro tema. De mis grandes errores, rescato como uno de mis grandes aciertos haber estado junto a Eduardo Pimental en el FOSMO. Junto a Fernando Portillo, Stojan Tercic, Eudoro Palacio, Pablito Pimentel y tantos otros. El mandato de democratizar la justicia exige sostener la idealización del voto. Establecer que es democrático porque se vota, donde sea que se vote, es un reduccionismo peligroso. Letal. Si la minoría está vaciada de poder, eso no implica que la mayoría esté saturada de legitimidad. Hay leyes injustas, y hay justicia sin leyes. Por lo tanto la discusión, a mi criterio, no es si la Justicia debe o no ser “más” democrática. La Justicia debe ser Justa, y aunque parezca una redundancia, no lo es. La Justicia está mediatizada por el Derecho, y por lo tanto, no pocas veces, es injusta.

Romina Tejerina es para mí una prueba inapelable del divorcio terminal entre lo justo, la Justicia y el Derecho. Los niños, esos sabios pequeños, tienen una intuición lúcida de lo que es justo. Y a menos que estén abotagados por algún adulto necio, saben luchar por las causas justas. Los adolescentes que sienten que su adolescencia es potencia y no carencia, también. El ministro de educación de Chile ha sido destituido y eso es Justo por la legitimidad de las protestas estudiantiles, no por dos votos más o menos.

Las leyes se han cambiado después de luchas populares, y las luchas no necesitaron leyes que las legalizaran. Más bien, todo lo contrario: las leyes condenan a las luchas populares. Los obreros de Kraft lo tienen claro. Por eso lo más grave de este debate sobre las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo, a las cuales la mayoría del Legislativo puede aprobar a mano levantada y cabeza rapada, es que vienen a container cerrado. El CELS tuvo mejor suerte que los bloques opositores. Si para el poder absoluto todo fin justifica cualquier medio, la cruzada contra Magnetto, posterior y reactiva a la no sanción de la 125, se puede llevar puesto la legitimidad de la medida cautelar, que es justamente la protección real contra los abusos del Poder. Que en este momento histórico coincide con el Gobierno. Para no confundirme: este Gobierno tiene Poder. Como lo tuvo Menem y no lo tuvo Alfonsín. Si no tuviera Poder, el Amado no hubiera podido desplazar a Righi para frenar la investigación sobre…¿qué era? Ah si..Ciccone. Boudou presidiendo un debate sobre la democratización de la Justicia, recuerda la ironía de sugerir al Bambino Veira en la Secretaría de Protección de la Infancia. Eso fue antes de Grassi, y ahora esa ironía es apenas una macabra anticipación. Lo brutalmente injusto es que luego de denigrar al poder mediático, las denuncias de Jorge Lanata son tratadas y maltratadas en programas farandulescos. Como estrategia de Gobierno. Quizá eso sea un potente analizador de la calidad democrática que tenemos. La cantidad, me queda claro, son los votos. Pero la calidad no se puede medir por twitter, ni por los ratings de audiencia.

El horror de las inundaciones ha sido inundado por los arrepentidos de haberse sincerado, o por los sinceros de haberse arrepentido. Si a los desaparecidos los desaparecieron varias veces, a los inundados los siguen inundando. Por supuesto, el Gobierno Poder ya tiene su spot expropiando lo solidario como su fuera la propia Gestión. La ausencia de los estados (nacional, provincial y de las ciudades de la plata y buenos aires) merecen pedidos de Juicio Político. Pésimo desempeño de las funciones públicas. Un ejemplo: el Hospital de Día de La Plata “Ser Si Mismo” ha sido arrasado. No hay ninguna ayuda real, más que el delirio de pedir créditos o tramitar subsidios que poco ayudan. La devastación subjetiva, grupal, institucional, no es sólo por lo turbio que bajaron tantas aguas. Es un vacío existencial, vital, porque no hay reparación posible. ¿Cómo pedirle ayuda a los que fueron parte del desastre? ¿Qué camiseta hay que ponerse para recibir ayuda real y completa? Pero ahora la inundación es de los debates por las reformas para asegurar la mayor concentración de poder de cualquier oficialismo, solo superado por las dictaduras, lo que obviamente, no es mérito alguno. Incluso puede llegar a judicializarse aún más la protesta popular, ya bastante castigada por la ley antiterrorista. Sin paréntesis, otro ejemplo de legalidad sin legitimidad. El derecho de huelga: ¿será anulado también?

Todo es posible en esta dimensión desconocida en la que la política puede desaparecer en su forma más caricaturesca: la democracia de la representación y la votación precoz. El fetiche del 54% permite todo. Al 46%: ni justicia. En los integrantes del futuro Consejo de la Magistratura, llave maestra para sostener impunidades varias, con un solo voto más te llevás todo. No hay proporcionalidad. O sea: la legitimidad es asesinada por la legalidad. No será, al menos el Consejo, para todas y todos. Apenas para una mitad mas uno que se quedará con todo. Ya no seremos un país presindencialista. Los Reinados de cualquier oficialismo están prestos a debutar. Si además se logra la re re, el Poder Ejecutivo Nacional tendrá los mismos privilegios que los Señores Feudales de las Provincias más o menos Unidas. Por democratizar la Justicia, dejamos de democratizar todo lo demás.

El anatema que toda oposición, toda crítica, todo cuestionamiento, es siempre de derecha, intenta bloquear, y lo peor es que me parece que lo consigue, los intentos desde las izquierdas de discutir la sintonía fina, la gruesa, y el fundamente de este Modelo que ya empieza a ser un mal ejemplo. Mal que le pese a la la liturgia oficialista, la “oposición” no existe. Es una abstracción, una entelequia creada por los sectores mas reaccionarios del partido de gobierno (¿Cuál es el partido de Gobierno?) Lo que hay son opositores y meterlos a todos en el mismo container derechoso, es una manipulación discriminatoria del Gobierno Poder, mucho peor que los cantos de algunas hinchadas del fútbol, por los cuales es obligación del árbitro suspender el partido. El “partido democrático” no se va a suspender. Pero llegó la hora de pensar una nueva manera de defenderse y una nueva manera de atacar. El Estado de Golpe no es un Golpe de Estado. Pero de todas maneras hay que contestar golpe por golpe. A los tibios no sólo los vomita Dios. Los vomita el pueblo.

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Argentina.Comunidad Qom de Formosa: Procesado por "usurpar" su propia tierra

AGENCIA WALSH

Reproducimos a continuación una carta escrita por Félix Díaz qarashe de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh ante su procesamiento por parte de la justicia de Formosa, feudo del ultrakirchnerista criminal Gildo Insfrán, por ¡usurpación de su propio territorio! Basta de violación a los derechos indígenas, no más criminalización de todos los luchadores sociales.

Mi nombre es Félix Diaz, qarashe de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh.

Estoy muy preocupado por la agilidad de las causas penales cuando se trata de nosotros los indígenas.

Cuando se trata de pedir investigación o procesamiento en cualquier delito contra un indígena nunca se investiga. Por ejemplo en casos de muertes en accidentes, enfermedades, homicidios a indígenas.

Esto es lo que a nosotros nos preocupa, se trata de silenciar el reclamo de todos lo pueblos indígenas y sobre todo de nosotros como intengrantes de Potae Napocna Navogoh.

Este es un mes en que los gobiernos latinoamericanos reconocen la existencia de los pueblos indigenas de este continente.

Es un mes de reflexion y de exigencia al estado por el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas que tiene que ver con los territorios que los pueblos han ocupado históricamente.

Nos siguen despojando de nuestros territorios usando el codigo civil que nada tiene que ver con los derechos especiales reconocidos por leyes internacionles, gobiernos nacionales y provinciales.

Un juez de Formosa me acaba de procesar por una causa de usurpación que nunca aceptaré porque no es una causa penal.

Pertenezco a aun pueblo preexistente al estado y exigimos el respeto de esos derechos consagrados en la constitución nacional, en el Convenio 169 de la OIT y en otras herramientas jurídicas que protegen y amparan a los pueblos indígenas.

Nadie puede acusar a un indígena por vivir en su territorio tradicional, se trata de una grave falta a la normativa indigenista, a la justicia. Se intenta favorecer a una familia criolla y a la Universidad de Formosa por sobre nuestros derechos.

No descansaremos hasta que nuestros derechos se cumplan.

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Entrevista a Verónica Huilipan: Violencia y judicialización de la protesta se ensañan con los pueblos originarios

Carlos Saglul (ACTA)

Una nueva agresión contra los pueblos originarios. Como en plena dictadura un grupo de encapuchados rodeó y amenazó de muerte a hombres, mujeres y niños de la comunidad mapuche, esta vez en Neuquén. En dialogo con ACTA Verónica Huilipan, secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA se refirió al incidente, junto a la creciente criminalización de la protesta que aflige a los pueblos originarios.

-¿Qué paso en este ataque contra las comunidades Felipin, Cayupan y Paineo?

Esta agresión se enmarca en un conflicto con tierras con el empresario Pedro Chaparro que ya antes había amenazado a las comunidades, incluso con ostentación de armas. Estas vez, como en plena dictadura militar, cuando las familias se disponían a realizar una ceremonia espiritual se encontraron en el camino con una barricada que les impedía el paso. Además alrededor de diez encapuchados portando armas blancas, palos, rodearon y amenazaron de muerte a los habitantes de la casa comunitaria del Lof Felipin. Atacaron los automóviles estacionados en el lugar.

Hasta este momento no intervino la Policía, ni los fiscales. Los abogados están realizando la denuncia en Zapala contra el empresario Chaparro para tratar de evitar males mayores, como ha sucedido tantas veces.

-De norte a sur, las agresiones continúan, a veces con heridos, muertos…

Todo esto no se condice con un régimen democrático. Estas prácticas no debieran ser toleradas. Resulta evidente que estamos ante una política de ignorar las permanentes agresiones a los pueblos originarios a quienes se intenta desposeer de sus tierras.

En el caso que mencionamos los abogados denunciaron un complot para proteger al empresario Chaparro, al que se le secuestraron armas de guerra, tanto a él como a sus peones.

-Si bien la Ley Antiterrorista no se está aplicando como en Chile…

Es relativo, sólo en Neuquén tenemos 347 mapuches imputados. Se trata de hermanos perseguidos por el solo hecho de defender su tierra que en este caso es sinónimo de vida, su única posibilidad de sustento tanto para ellos como para sus familias.

El camino para salir de esta situación no es otro que organizarnos, combatir el ocultamiento informativo, tratar de lograr canales de diálogo con las autoridades.

-Por tu experiencia como comunicadora, debes coincidir en que la defensa de la vida digna de los pueblos originarios es inseparable del derecho a acceder a la información, manejar medios.

Sí, por eso hemos respaldado la Ley de Medios. Hay por lo menos una docena de FM manejadas por comunicadores jóvenes que van realizando su experiencia. Esto es central no sólo desde lo cultural, sino también para interrelacionarnos, organizarnos, romper con la invisibilidad y el acorralamiento que sufrimos.

Para nosotros ha sido muy importante acceder a medios técnicos. La deuda pendiente tiene que ver con la formación. No basta que nos den medios, es importante lograr que los hermanos no reproduzcan el discurso de los monopolios informativos. Entiendo que en esto la formación es central si pretendemos acceder a una comunicación realmente democrática.

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Argentina, Salta: Represión sobre pueblo Wichi deja 15 heridos

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

La cruel represión realizada por infantería de la provincia de Salta, en el pueblo de La Puntana ubicado en el Municipio de Santa Victoria Este dejo el saldo de 15 aborígenes heridos con perdigones de goma disparados por los efectivos policiales.

Emitimos la cobertura periodística realizada en el pueblo indígena de la Puntana por el periodista Rafael Bruno.



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Argentina, Santa Cruz. Avanza la judicialización de los luchadores: Piden perpetua para petroleros de Las Heras

AGENCIA WALSH

Seis trabajadores, son acusados de la muerte del policía Sayago, en base a declaraciones bajo tortura, luego de la pueblada del año 2006, en Santa Cruz, en medio de una gran lucha unitaria en la que participo todo el pueblo de Las Heras, poniendo en jaque el impuesto a las ganancias sobre el salario y la precarización laboral de las petroleras.

Una gran lucha de los obreros del petróleo en Santa Cruz, a principios del 2006, ponía en evidencia para todo el país, el reclamo por el impuesto a las ganancias sobre el salario y la precarización laboral de los trabajadores de las petroleras.

Corporaciones internacionales, burocracia sindical y poder político en total unidad para aplastar las luchas y castigar la organización y los reclamos de todo un pueblo.

El 7 de febrero del 2006, una pueblada en Las Heras marchaba exigiendo la liberación de un dirigente petrolero, Mario Navarro, la manifestación fue reprimida a balazos y muere el policía Sayago.

A partir de esto, se despliega todo el aparato represivo, discípulo directo de la dictadura. Caza de brujas, militarización de la ciudad, detenciones arbitrarias, golpes y torturas a niños y ancianos, absoluto terrorismo de estado.

6 compañeros son encarcelados durante 3 años, Catrihuala, Bilbao, Cortez, Pérez, González y Rosales. Se les toma declaración bajo tortura y son acusados de la muerte de Sayago.

Dentro de 2 meses, será el juicio oral y público, la fiscalía pide cadena perpetua para los 6 luchadores, sabemos que detrás de esta aberrante petición, están encolumandas no solo las petroleras que necesitan disciplinar las luchas y reclamos de los trabajadores, sino todo el aparato estatal y patronal, que avanza judicializando y reprimiendo todas las luchas sociales que lo desbordan.

No permitamos que esta bajeza se consume.

Exijamos la absolución de los 6 compañeros de Las Heras.

Basta de torturas, muerte, judicialización y cárcel para los que luchan.

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Micheli: "Yasky resolvió ser representante del gobierno"

MUNDO GREMIAL - ACTA

Pablo Micheli recibe a Mundo Gremial en la sede principal de la Central de Trabajadores de la Argentina en la calle Lima al 600 de la Ciudad de Buenos Aires, a metros de la 9 de Julio y con profunda indignación de lo que ve a través de los ventanales de su oficina, “te matan acá en la puerta, el Metro Bus es un robo a mano armada, mira como Macri destruye todo”. Habla de la posibilidad de ser Diputado Nacional por el FAP, o Proyecto Sur, "pero nunca con el radicalismo o el PJ” y avisa que el próximo Paro que realizarán con Moyano será más grande que el pasado 20-N.

-¿Qué análisis haces del Congreso de la CTA?

Fue el Congreso de la consolidación de nuestra política después de la ruptura grotesca que tuvimos con Yasky, y lo digo así porque embarraron la cancha y desprestigiaron la elección de autoridades. Este Congreso muestra que se viene consolidando la Unidad de Acción, esa que se vio el 20 de noviembre del año pasado en la movilización que hicimos con Moyano cuando se paralizó el país. Afirmó el crecimiento de la CTA, esto no fue a la defensiva sino por el contrario, a la ofensiva. Resolvimos dos cuestiones centrales, una fue la creación de una consulta popular por los bienes comunes y el otro tema es el Paro.

-¿Qué expectativas tenés sobre eso?

Lo que sabemos es que va a ser un Paro Nacional, casi con seguridad. No está confirmado que vaya a realizarse una movilización aunque el hecho en sí lo va a ser. Seguramente será más fuerte que el 20 Noviembre porque la gente está con mucha bronca, aunque la de mañana (18-A, en contra de la reforma judicial) va a ser muy grande, de todas formas hay mucha gorilada ahí, ¡ojo! Convocatorias agresivas por Twitter, las cuales no comparto. Y que Macri esté convocando a la movilización ya me parece el colmo.

-¿Por qué te seduce juntarte con Moyano?

En primer lugar porque tenemos cosas en común. Enfrentó al Neoliberalismo, no quiso comprar acciones de las empresas privatizadas y prefirió luchar contra ese sistema. Y fundamentalmente porque Moyano eligió, en su momento, ser Secretario General de la CGT a convertirse en presidente del Partido Justicialista, optó representar a sus compañeros y ese no es un detalle menor. Nos separan profundas diferencias ideológicas y por eso esto se llama diversidad, lo cual esta mujer no entiende (por Cristina Kirchner). La CTA no se junta con Moyano, se junta con la CGT por un fin común y la Unidad de Acción. Es una demostración de madurez política y civil.

-¿Creés que en algún momento te podes juntar con Hugo Yasky?

¡¿Con Yasky?! No!, con Yasky no hay vuelta atrás, él resolvió cambiar de ser representante de los trabajadores frente al gobierno a ser representante del gobierno frente a los trabajadores. Eso no tiene retorno, creo que cuando cambiás el rol ya no hay vuelta atrás. Yo creo que con los trabajadores que representa, que ya son muy pocos, estamos muy cerca de unirnos.

-¿Qué pensás de la Reforma Judicial?

Que es una estafa. Este gobierno ha interpretado mal el hecho de gobernar, cree que gobernar es dominar a todos los poderes y eso no es democracia, parecen el Partido Comunista de la Unión Soviética. Cooptan todo. Pero esto es aún más grave, van por el derecho a huelga, que ni Menem pudo, sólo la dictadura militar lo hizo; van por eliminar las cautelares, que es la única herramienta que tienen los trabajadores; y van por eliminar los juicios de los jubilados a la ANSES por el 82% móvil, entre otras cosas. Yo creo que no la van a poder reformar.

-¿Cómo te ves en el 2015?

(Sonrisa) Cálculo que en el Congreso de la Nación como Diputado. Me lo han ofrecido y lo estoy evaluando.

-¿...Y por qué no?

Porque me encanta ser Secretario General de la CTA, y no puedo hacer las dos cosas, desde mi concepción, aunque sé que no se pone en riesgo la autonomía. Salvo que abrieran las listas y me ofrecieran ser candidato a diputado por la CTA, sí; pero para ir sólo tengo que tener un Partido y yo jamás haría un partido político de la CTA. La Central no es mi vida, sí lo es esta causa.

-¿..Y por qué sí?

Porque ser Secretario General de la CTA y Diputado Nacional te da un peso importante. También puedo serlo y no estar más al frente de la Central porque no debería estar un mandato más, creo que hay que dejar paso a los demás, hay gente capaz. Haría política para transformar la realidad, si no pensara que puedo cambiar algo me quedo en mi casa con mi hijo de 8 años que lo extraño un montón.

-¿Qué dejó políticamente el desastre climático de La Plata y Capital?

Ocurrió en dos de las ciudades más modernas de la República Argentina, eso demuestra la precariedad de nuestro sistema. Me dan vergüenza los gobernantes que tenemos. Acá quebró el trabajador, el vecino del barrio, el hombre común. También me da vergüenza mi actitud como ciudadano, porque si tenemos estos gobiernos, algo tengo que ver.

-¿Cuáles fueron las diferencias entre el accionar sindical y el político en la Tragedia?

Desde lo sindical, nosotros, y hablo por todos, no solo la CTA, lo vivimos desde una posición expectante; en ningún momento quisimos reemplazar al Estado, quien es el que realmente debe encargarse de ayudar a los damnificados. Sin embargo, aportamos nuestros militantes, los compañeros y compañeras, juntamos cosas, lo que hizo todo el pueblo. ¿La diferencia? Nosotros no tenemos el gobierno para resolver, ellos tienen todo, la plata, los recursos. Macri, por ejemplo, tenía todo para actuar y puso 600 agentes para enfrentar una tragedia de este estilo en una ciudad de 3 millones de habitantes, están desorientados, no tienen idea.

- ¿Es posible ese cambio cultural que menciona en un corto o mediano plazo?

Debería, lo necesitamos urgente, pero no sé si va a ser así, imaginate que tenemos el 50% de los chicos de 16 años en nuestro país que no estudia ni trabaja, el cambio se va a hacer difícil. Acá se preocupan porque los chicos voten, yo no estoy en contra de eso, pero primero que le garanticen el estudio.

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