miércoles, 24 de abril de 2013

Los vulnerables passwords

Adán Salgado Andrade (especial para ARGENPRESS.info)

Hace unos días se publicó una nota que causó revuelo. Se daba a conocer que supuestos hackers habían logrado penetrar, en Estados Unidos, los datos personales, tales como cuentas bancarias, estados financieros, números de seguridad social… y muchos más datos confidenciales de gente tan importante como la mismísima esposa de Barack Obama, Michelle, del jefe del FBI, Robert Mueller (¡háganme favor, del jefe de la oficina policiaca más importante de Estados Unidos y del mundo!), del vicepresidente Joe Biden, de la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, del magnate Donald Trump, de la ex gobernadora de Alaska, Sara Palin, del ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, de estrellas de la farándula como Kim Kardashian, Paris Hilton, Britney Spears… y algunas otros sobresalientes personajes.

Esto es importante, no sólo porque se trata de personas muy influyentes e importantes, sino porque deja al descubierto la vulnerabilidad a la que cada vez estamos más y más expuestos todos los que, de alguna manera, almacenamos datos e información personal en la, así llamada, red.

Como digo, es inaudito que personajes famosos estén tan expuestos a los robos de información como lo puede estar un ciudadano común, como ustedes o quien esto escribe.

Eso es una muestra de que los sistemas de seguridad en el Internet no son todo lo seguro que presumen. No parece que las maneras de encriptación sean infalibles. Hoy, ya no es garantía contar con una clave, un password de acceso, pues un hacker con medianos conocimientos y algunos programas - que pueden hallarse fácilmente en el propio internet -, podrá averiguar tal o cual clave de entrada y, con ella, tener la información del desafortunado usuario penetrado de tal o cual sitio, para hacer con ella lo que al atacante se le antoje.

Recientemente, el periodista Mat Honan, colaborador de la publicación tecnológica Wired, publicó un artículo en el que expone la inseguridad a la que todos estamos expuestos, de seguir empecinados en que la seguridad en el Internet de nuestros datos, dependa exclusivamente de los, en proceso de obsolescencia, passwords.

Honan escribió el artículo a partir de su propia, desagradable experiencia, debido a la cual perdió vital información de varios sitios que empleaba desde hacía años, como veremos.

Normalmente un password, se forma de una combinación de letras, números o símbolos, como todos sabemos, de entre seis y dieciséis, dependiendo de la habilidad y, sobre todo, de la memoria de quien lo crea. Y en un principio, cuando comenzaron a usarse los correos electrónicos, por ejemplo, realmente eran una segura manera de acceder y proteger la cuenta de correo, pero ahora, con tanto hacker, es poco seguro, como protección, crear un password, por muy intrincado que éste sea.

En el caso de Honan, el año pasado, en el curso de una hora, piratas informáticos destruyeron toda su vida digital, a pesar de que contaba con muy seguros passwords, de entre 10 y 19 caracteres. Contenían no sólo letras y números, sino también símbolos. Aún así, sus cuentas de Twitter, de Apple y de Gmail fueron intervenidas y desaparecidas para siempre. Esas cuentas estaban ligadas entre sí, pues ahora, empresas como Google estilan eso, ligar con el correo, por ejemplo, cuestiones como el blog o la cuenta de Youtube. Los hackers destruyeron todo, de tal modo que ni por iPad, ni por iPhone, ni por su laptop, el desesperado Honan pudo acceder más a sus cuentas, pues éstas ¡dejaron de existir!

Y es de comprenderse tan lamentable pérdida, pues, imaginemos que se pierda la cuenta de Facebook o de Hotmail o de Youtube o de Twitter o de Blogger… años, quizá, de estarlos empleando, guardando allí archivos importantes, pues el usuario piensa que allí están muy seguros. En muchos casos, todo se guarda allí, directamente, sin hacer respaldos. Y, de hecho, es como ya se acostumbra, subir de inmediato todo a la red.

Como señala Honan, en muchos casos, basta hackear el correo del usuario a quien se pretende dañar, lo que se hace normalmente con una pregunta no muy complicada (de hecho, se van dando varias “oportunidades”, y las preguntas van bajando de dificultad, de tal manera que al final, basta, muchas veces, con ingresar la ciudad en donde nació el usuario y listo).

Y todos sabemos que al ingresar a nuestro correo, muchos de los sitios que empleamos nos envían allí información importante de muchas de nuestras actividades, como pagos bancarios, telefónicos, estados de cuenta, passwords… de hecho, todo va ligado ya con la cuenta de correo que se tenga. Es, digamos, imprescindible tener correo electrónico en esta interconectada época.

Y es una primera vulnerabilidad. De allí, el hacker puede penetrar todas nuestras cuentas. Lo único que se le pide, fingiendo ser el supuesto “usuario”, para que recupere un password es ingresar al sitio requerido, el que, debajo del cuadro de diálogo de entrada, muestra la pregunta “¿Olvidó su contraseña?”. Al teclear allí, se envía de inmediato la clave al correo del tal “usuario”, el que previamente ya se penetró… y, con toda esa información, el hacker puede tanto destruir, por puro gusto, todas las cuentas de sitios del usuario, así como, incluso, robarle de sus depósitos bancarios.

A partir de su muy amarga y lamentable experiencia, Honan, se ha dedicado a comprobar la vulnerabilidad de los passwords. Con tan sólo cuatro dólares y dos minutos de tiempo, Honan pudo ingresar a un sito medio clandestino, gracias al cual, señala, “puedo acceder a su tarjeta de crédito, su número telefónico y su número del seguro social. Deme otros cinco minutos y podría ingresar sus cuentas de, digamos, Amazon, Best Buy, Hulu, Microsoft y Netflix. Con otros diez, podría apoderarme de su cuenta en AT&T, Comcast y Verizon. Y con otros cinco minutos, en total veinte, me puedo apoderar de su cuenta en Paypal. Algunas de tales fallas en la seguridad están arregladas, pero nuevas maneras de penetrar cuentas ajenas se descubren todos los días”.

Y en todos los casos son los passwords la vulnerabilidad común los que, en efecto, se envían a la cuenta de correo del “usuario”.

Como bien señala Honan, los passwords tienen dos vulnerabilidades. La primera es que, con tal de hacerlos fácil de recordar, se han ido simplificando, pues de nada valdría tener una súper clave de entrada, de 256 caracteres, digamos, si el usuario no la pudiera recordar fácilmente. La segunda vulnerabilidad es la supuesta privacidad del usuario. Eso ocasiona que cualquiera pueda ingresar a la cuenta, pues basta, en efecto, con “recordar” el password y eso es todo.

Pero por la facilidad con que actualmente se hackean los passwords, la “seguridad” en el Internet tiende a decrecer. Tan sólo en Estados Unidos, en el año 2011, la inseguridad en la red creció 67% y cada año se vuelve más vulnerable.

Y es algo que no se toma en cuenta, pues, por ejemplo, en México y en casi todas partes, se obliga a la población a realizar muchos trámites por la red, importantes varios de ellos, como el pago de impuestos o servicios, lo que da lugar al uso de tarjetas de crédito o de débito, las favoritas para hackearse.

Honan describe los métodos para hacerse de un password. El primero es la simple adivinación, la que se facilita porque muchos usuarios emplean claves tan obvias como, ¡increíble!, la propia palabra password, o los números 12345678. Además, existen sitios en donde se publican los passwords que los hackers vulneran, con la finalidad de que la gente ya no los emplee, pero, señala Honan, aún así, la gente, por comodidad, prefiere usar esas claves. Y eso facilita mucho las cosas (de hecho, se emplean cientos de passwords similares, los que sólo cambian por el número, como, por ejemplo, prettygirl102 o prettygirl103, digamos).

Otra forma de penetrar un password es instalando un programa espía, malware, como se les llama. Estos se instalan cuando se abre un archivo adjunto de algún correo que pase por una inocente foto (no sólo se instalan programas espías así, sino que algunos que convierten a la computadora de la víctima en un generador de spam, por ejemplo, inutilizando la cuenta de correo infectada). El más usado es uno llamado ZeuS, el cual, una vez instalado, espera a que el usuario ingrese a una cuenta bancaria, detectando el password por medio de las teclas. En el 2010, por ejemplo, el FBI (para variar), ayudó a detectar a una banda de hackers que actuaban desde Ucrania, los que usando dicho malware, lograron hacerse de $70 millones de dólares de 390 víctimas, que, principalmente, eran pequeños negocios en Estados Unidos.

Una forma más es la suplantación de la personalidad, el llamado phishing. En este caso, el hacker se hace pasar por el usuario real, penetrando su información hasta el más mínimo detalle, enfocándose, sobre todo, en las cuentas bancarias. De esa forma, miles de víctimas han perdido parte o la totalidad de sus ahorros bancarios, pues los ladrones digitales, suplantándolos, ordenan a los bancos hacer transferencias a otros bancos, los de los hackers, claro.

Como señalé antes, son dos las razones para que un hacker intervenga un password. Una es por mero gusto, penetrar información valiosa de personalidades famosas, sólo por mostrar cuán vulnerables son, a pesar de estar tan supuestamente “protegidos”, como hicieron los hackers en los casos que menciono al inicio del artículo. Lo peor es que destruyan toda la información, como le sucedió a Honan. Otra razón, ya la más común, es para robar, justo a través de las mencionadas cuentas bancarias. Quienes más le sacan provecho al robo en línea son las mafias rusas, las que, tan sólo en el 2011 se hicieron de $4500 millones de dólares. Es tan lucrativo este “negocio”, que asciende casi a niveles industriales y llega a ser, incluso, violento. Esas mafias atacan ya no solamente a empresas o instituciones, sino personas comunes (esto es ya muy frecuente. Conozco muy de cerca el caso de una amiga que el año pasado viajó a Estados Unidos y comenzó haciendo sus pagos con su tarjeta de crédito. Sin embargo, a los pocos días, y
a no la pudo empelar más, pues el propio banco emisor la había cancelado debido a que se había realizado un pago desde un país europeo, unas pocas horas después de que mi amiga hiciera una compra en Estados Unidos. Por fortuna, el banco anuló dicha compra).

En el caso de los hackers que desaparecieron la información de Honan, fueron simples adolescentes, quienes actúan por mero gusto. El que le destruyó la información responde al apodo de Dictate, quien, cínico, declara que eso lo hace para ver la reacción de la gente, además de que les adjudica comentarios vulgares que los verdaderos usuarios no se atreverían a hacer.

La mayoría son muy jóvenes, como el que se hace llamar “Cosmo”, quien es líder del grupo UGNazi. Cosmo es un adolescente de sólo 15 años. Él y su grupo lograron penetrar sitios como Nasdaq, la CIA (¡háganme favor!), 4chan, entre otros. Lograron averiguar datos confidenciales de Barack Obama, de Michael Bloomberg, multimillonario y actual gobernador de Nueva York, y de la showwoman Oprah Winfrey, entre muchos otros. Cuando, finalmente, el FBI logró dar con los cibercriminales, no supieron qué pena aplicar a Cosmos, al ver que era aún menor de edad.

Y el problema de la vulneración de los passwords seguirá, sostiene Honan, mientras ese anticuado sistema continúe y no se busquen formas alternativas de proteger la identidad de un usuario. Dice, por ejemplo, que podría agregarse la biometría, tal como ya se hace con las huellas digitales o el iris de los ojos (aún así, hay errores, pues en el 2004, cuando en marzo, en el metro de España, estalló una bomba en uno de los convoyes, dejando decenas de muertos, a un estadounidense, Brandon Mayfield, que era un simple doctor, se le atrapó y se le encerró varios meses, pues los supuestos investigadores españoles, incluso ayudados por el FBI y la policía inglesa, habían “identificado” las huellas digitales halladas en el sitio, como las del estadounidense y lo habían culpado, a pesar de que él les había asegurado que en muchos años no había salido de Estados Unidos, ni había estado en España, lo cual comprobó fehacientemente, pero no lo soltaban hasta que, una nueva revisión de “sus” huellas dactilares demostró que
eran de otra persona, no de él, sino de un argelino, que era el que realmente había cometido el atentado).

Y algo que no menciona Honan, pero debe de considerarse, sin duda alguna, es que el gobierno estadounidense es el mayor de los hackers existentes en el mundo, ya que poniendo de pretexto el supuesto “combate al terrorismo”, penetra todos los días los datos de millones de personas en el mundo, sean o no “sospechosos”. Se entera de lo que suben a sus redes sociales, a sus correos, sus datos personales, sus cuentas bancarias… ¡todo!, con tal de, dicen las “agencias de seguridad” estadounidenses, como la CIA o el FBI, “prevenir” cualquier nuevo “atentado terrorista”. Y para cumplir mejor tan “noble tarea”, está construyendo la supuestamente mayor agencia de espionaje estadounidense, la NSA (National Security Agency) en medio del desierto de Utah un súper edificio que será considerado como el futuro centro de ultraespionaje, el que analizará, o sea, hackeará, diariamente millones de correos, de páginas de redes sociales, de datos personales…en fin, con los cientos de terabytes de “información” que se recaben a dia
rio, se pretenderá que todo el internet sea filtrado y analizado por ese sitio, para que Estados Unidos sea “más seguro”.

En fin, lo preocupante, como señala Honan, es que, a pesar de la vulnerabilidad del Internet, y con Estados Unidos a la cabeza de la penetración de datos confidenciales y muchas más delicadas cuestiones, aún se nos siga obligando a realizar en la red casi toda nuestra tramitología legal, financiera, laboral… de todo tipo, sin que realmente se esté a la par en medidas de seguridad digital. Seguirán los hackeos de información vital de personas como ustedes o como quien esto escribe, sin que la seguridad mejore y nuestras vidas estarán en manos de un desconocido, dañino, criminal Big Brother.

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Deuda para todos: La deuda pública nacional

Héctor Giuliano

El propósito de este trabajo es trazar un cuadro de situación del endeudamiento público argentino a nivel nacional, es decir, un panorama abarcativo de los distintos rubros de deuda que existen y potencian - en forma directa e indirecta - el sistema generalizado de deuda perpetua hoy vigente.

Dada la falta y/o desactualización de las informaciones oficiales en esta materia gran parte de los datos que se muestran aquí son forzosamente incompletos pero ello no quita validez al enfoque de base.

Para dar una idea de la orfandad de noticias que hay en este campo baste decir que a los fines de computar el stock de deuda pública (que, por otra parte, no se exhibe en valores absolutos sino a través de un engañoso índice Deuda/PBI) las autoridades muestran sólo el ítem a) de la larga lista de componentes reales de endeudamiento que se expone a continuación.

a) Deuda del Estado central

La deuda pública informada por el Ministerio de Economía (MECON) es de unos 194.000 MD(1): 182.700 por deuda performing o regularizada(2) y 11.200 por deuda en manos de bonistas que no entraron en el Megacanje 2005 (holdouts).(3)

Este dato corresponde a la última información oficial disponible, que es al 30.6.2012, esto es, de hace 10 meses atrás.

Las previsiones presupuestarias de aumento de deuda para el 2012 eran de 11.700 MD - diferencia entre 40.100 de Amortizaciones de Deuda y toma de nuevo Endeudamiento Público por 51.800 - a lo que habría que sumarle ahora deuda adicional para cubrir el déficit fiscal del año pasado, que fue de 55.600 M$ (≡ 11.300 MD).(4)

b) Deuda no registrada

El gobierno no computa dentro del stock y proyecciones de deuda de los 194.000 MD citados tres rubros que son de incidencia cierta: la capitalización de intereses de algunos bonos (anatocismo), el ajuste por inflación de la base de capital de los bonos en pesos ajustados por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) - que replica el Índice de Precios al Consumidor (IPC) - y los pagos por Valores ligados al Producto (VLPBI).

- Por anatocismo la administración Kirchner ha venido capitalizando unos 10.000 MD durante el decenio 2005-2014. Quedarían unos 1.300 MD/año para el corriente ejercicio y probablemente otro tanto para el que viene.

- La deuda en pesos ajustada por CER equivale a unos 36.500 MD que, indexados por la Inflación Oficial del INDEC, que es del orden del 10 % - 10.8 para el 2012 - implica un aumento promedio de casi 4.000 MD por año.(5)

- Los cupones PBI (VLPBI) son obligaciones adicionales de pago que se disparan cuando el índice de crecimiento es superior a un 3 % anual. El mecanismo de cálculo es acumulativo partiendo del 2005 como año base y nuestro país habría pagado ya una cifra cercana a los 15.000 MD, sobre un total de casi 40.000.(6)

Estos tres conceptos de deuda no provienen de herencia de administraciones anteriores sino que son producto del Megacanje 2005, suscripto por la administración Kirchner.

c) Perfil de vencimientos

La vida media de la deuda pública - siempre según datos del MECON al 30.6.2012 - es de 10.2 años.

Esto daría un promedio de unos 18.000 MD anuales (182.700/10.2) pero el verdadero cuadro de vencimientos es mucho más grave:

- Por un lado, las cifras de la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) de la Secretará de Finanzas (SF) del MECON no coinciden con las consignadas en el Presupuesto aprobado por el Congreso, que son muy superiores a esos números también oficiales.

- Por otro lado, el cuadro real de los servicios de deuda (por Capital e Intereses y Cupones PBI) presenta una fuerte concentración de vencimientos en los próximos años.

La inconsistencia de importes entre la ONCP y el Presupuesto 2013 es relevante: según los datos de la página web del MECON los vencimientos por Capital e Intereses de los ejercicios 2013 al 2015 inclusive son respectivamente de 17.200/6.000 MD para 2013, 10.800/5.700 MD para 2014 y 11.000/5.200 MD para 2015; mientras que los números consignados en el Mensaje de Presupuesto para los mismos años son de 36.500/10.800 MD (2013), 42.100/15.500 MD (2014) y 49.100/18.600 MD (2015).

En el caso de los intereses, una parte de las diferencias se explica por la omisión de los VLPBI, aunque no cubrirían la totalidad de las mismas.

En cuanto a la explicación de los desvíos por capital algunos números son notables: por ejemplo, para los ejercicios 2013-2015 el Presupuesto prevé Cancelación de Adelantos Transitorios del BCRA (que viven siendo continuamente refinanciados) por el equivalente a 17.200, 20.400 y 24.400 MD mientras que la ONCP consigna para los mismos períodos 6.200 MD en 2013 y cero para 2014 y 2015.

Otros ítems de acreedores también presentan diferencias significativas, como el caso de Títulos Públicos, Organismos Internacionales y varios sin identificación cruzada.

Cabe recordar, por último, que no existen pagos netos de Capital: la totalidad de vencimientos por este concepto se cubre con emisión de nueva deuda (en su mayoría, Deuda Intra-Estado que no tiene capacidad de pago demostrada).(7)

Los Intereses sí se pagan, como parte del Gasto Público Corriente, aunque aquí no figuran los VLPBI, que se consideran Deuda Contingente (lo que no es cierto porque las obligaciones son en firme y lo contingente es la fecha de efectivización de los pagos).

d) Intereses a pagar

Cuando se habla de Deuda Pública normalmente siempre se menciona la deuda por capital - los casi 200.000 MD citados en el punto a) - pero se omite considerar el peso de los intereses a pagar por dicha deuda que, según los números oficiales sería de 72.300 MD hasta el año 2045 (en que se produciría el fin de los vencimientos hoy registrados).(8)

El pago de Intereses de la deuda pública en el corriente año 2013 está presupuestado en 10.800 MD.

Esto significa que, en promedio, al Estado Central le caen unos 30 MD por día: 1.2 MD por hora.

Como se consignó en el punto anterior, las proyecciones de servicios de intereses son fuertemente crecientes en el trienio 2013-2015.

e) Deuda pública indirecta

La Deuda Pública Directa es la que corresponde al Estado Central y la Deuda Indirecta es la que corresponde a Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios, que en su conjunto forman parte integrante de las obligaciones fiscales porque el Poder Ejecutivo Nacional es el responsable de pago de última instancia de las mismas.

El gobierno no informa cuánto es el monto de esta deuda pública indirecta ni se tiene idea de ello porque se trata de una información insondable.

Los avales autorizados del Estado Nacional - por 26.800 MD en 2012 y por 33.600 MD en 2013 - pueden dar una pista primaria pero sin saber en qué proporción tales avales han sido efectivamente instrumentados y de cuántos pueda haberse hecho ya cargo el Fisco.

Es evidente que las Empresas y Organismos Públicos - como en el caso de represas, rutas, central nuclear y otros proyectos - están requiriendo créditos (internos y externos) con avales del Tesoro pero no se dispone de cifras directas y acumuladas.

El caso de YPF es paradigmático al respecto: la empresa ha pasado bajo control directo del Estado a raíz de la expropiación de la mayoría accionaria de Repsol y con ello el Estado Central carga ahora con una triple responsabilidad financiera, que antes no tenía, por valor de más de 50.000 MD: 1. El Pasivo por la deuda heredada de la empresa, que suma unos 9.000 MD(9), 2. El financiamiento de los costos de exploración, que suman 37.200 MD en el quinquenio 2003-2007, y 3. Las indemnizaciones eventuales reclamadas por Repsol ante el CIADI, que son por 10.500 MD.

f) Banco Central (BCRA)

El endeudamiento del Tesoro con el BCRA y la deuda cuasi-fiscal o propia del banco muestran un cuadro de situación muy grave:

- Al 31.3.2013 el gobierno le debe al BCRA unos 64.000 MD por dos grandes conceptos: 1) 39.100 MD en divisas, correspondientes a los préstamos de reservas para pago de deuda externa contra entrega de Letras intransferibles a 10 años de plazo, y 2) 127.700 M$ (≡ 24.900, casi 25.000 MD) por Adelantos Transitorios.

- El gobierno no tiene capacidad de repago demostrada para poder devolver en tiempo y forma estos fondos prestados.

- Tampoco tiene Reservas Netas suficientes para atender los vencimientos de la Deuda Externa: si al stock de reservas de 40.500 MD (a esa fecha, porque hoy son inferiores a los 40.000 MD) se le restan los 7.600 MD por encajes en moneda extranjera depositados en el BCRA y préstamos de otros bancos centrales, por unos 4.000 MD más, esto da un subtotal de unos 29.000 MD. Pero si a ello se le restan además las deudas propias del banco por Lebac/Nobac - 109.700 M$, equivalentes a 21.200 MD(10) - el saldo de Reservas Netas quedaría reducido a 7.700 MD. Y todo esto, en función que las Reservas Internacionales ya no son respaldo de la Base Monetaria (que al 31.3.2013 equivalía a 59.000, casi 60.000 MD).

- El BCRA compra reservas con deuda - Lebac/Nobac - por las que paga intereses del orden del 15 % anual, a través de colocaciones que renueva permanentemente todas las semanas.

De hecho, el BCRA ha transformado así su Política de Acumulación de Reservas en una Política de Reposición de Reservas, que compra divisas con deuda - vía letras y notas - para prestarle al Tesoro para que éste, a su vez, pague deuda externa con Acreedores Privados y Organismos Financieros Internacionales.

Considerando el reducido nivel de reservas netas, la baja calidad de los activos por títulos públicos en cartera y la elevada proporción de su deuda cuasi-fiscal por Lebac/Nobac la situación patrimonial y financiera del BCRA - desde el punto de vista técnico - se encuentra muy gravemente comprometida.

g) FGS del ANSES

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Previsional - que está a cargo de la ANSES - no es dinero del Estado sino dinero administrado por el Estado.

Al 30.9.2012 el 60 % de dicho fondo - que totalizaba entonces 227.200 M$ - está prestado al Estado para sostener el sistema de la Deuda Pública.

El gobierno va licuando en gran medida el valor de esta deuda porque se encuentra pactada a tasas de interés negativas (tasas nominales inferiores a la inflación real) y porque una gran parte de la misma está constituida por deudas en pesos que se ajustan por CER (un CER que replica un índice oficial de precios minoristas justificadamente imputado de expresar menos de la mitad de la inflación real).

Mientras privilegia la adscripción de la ANSES al pago de la deuda pública, el organismo demora paralelamente las actualizaciones legales de jubilados y pensionados así como el pago de los juicios perdidos en los reclamos de ajuste contra el Estado.

Estas demoras del gobierno le permiten ganar tiempo a favor del Fisco por medio de una suerte de parcial “solución biológica”: con el paso del tiempo los jubilados más viejos - que son los que acumularían más retroactivos - se van muriendo y la mayor parte de los que no reclaman (sólo uno de cada 10 hacen juicio contra la ANSES) también.

h) Agencias del Estado

El problema de la Deuda intra-Estado (al que ya nos hemos referido en numerosas oportunidades) incluye, además del problema de descapitalización del BCRA y el desfinanciamiento de la ANSES, una serie de virtuales desvíos de fondos de sus destinos específicos por parte de otros organismos del Sector Público.

Actualmente le prestan al Tesoro la AFIP, el Fondo de Reconstrucción Empresaria (FFRE), Lotería Nacional y Casinos, el PAMI, etc.

Es también muy importante el aporte en este sentido del Banco Nación (BNA), que tendría prestado al gobierno un 40 % de su cartera de créditos.

En total, hoy más de la mitad de la deuda pública oficial del Estado Central corresponde a Deuda intra-Estado.

Como esta deuda no tiene capacidad demostrada de pago, en los hechos configura una forma de sostenimiento institucional del sistema de la deuda pública a costa de otros gastos fiscales destinados a cubrir las necesidades del pueblo y del desarrollo argentino.

i) Provincias y municipios

Según la última información oficial disponible del MECON - que data de un año atrás, al 31.3.2012 - el stock de deuda consolidada de las provincias era entonces de 127.300 M$ (≡ 26.000 MD), sin contar Deuda Flotante ni Contingente.

Más de la mitad de esta deuda está contraída con el Estado Nacional, que abona los servicios de capital e intereses y luego se los descuenta a las provincias de la coparticipación federal de impuestos.

La cifra del total de deudas provinciales está sentiblemente desactualizada y su composición se encuentra en varias jurisdicciones en proceso de franco crecimiento no sólo por deuda interna sino también por deuda externa (caso de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Mendoza, Tucumán y otras).

Las nuevas deudas se colocan en pesos, en moneda extranjera y en pesos indexados por tipo de cambio (dólar linked) y pagan una tasa de interés del orden del 10 % anual o más.

Como un caso de referencia indicativo del ritmo de aumento de las deudas provinciales puede citarse la provincia de Buenos Aires - que concentra un 50 % de la deuda pública del conjunto de las jurisdicciones - que figuraba con un stock de deuda de 60.600 M$ al 31.3.2012 y había pasado a 66.400 M$ según sus cifras oficiales al 30.9 del mismo año, sin que se computara todavía el fuerte déficit fiscal al fin del ejercicio.

Para la deuda de los municipios del país no existen datos oficiales - ni del MECON ni de la Federación Argentina de Municipios (FAM) ni de ninguna otra entidad - por lo que no se tiene idea del monto

j) Avales de la tesorería

A los avales del Estado ya nos hemos referido en el punto e), sobre Deuda Pública Indirecta pero los volvemos a destacar aquí por la importancia de la condición de garante de última instancia de toda la deuda pública por parte del Estado.

No se trata de un tema menor, ya que todos estos pasivos contingentes pueden devenir en cualquier momento obligaciones en firme a cargo de la Tesorería si los entes públicos que han contraído y/o siguen contrayendo estas deudas no tienen - lo mismo que el Estado Central - la debida capacidad de repago demostrada.

Complementando lo dicho en el citado punto e), la experiencia argentina - desde la época del Proceso Militar hasta nuestros días - exhibe toda una larga serie de deudas que terminaron traspasadas al Fisco.

La falta de informaciones oficiales sobre el monto de la Deuda Pública Indirecta es uno de los problemas de fondo del endeudamiento público argentino.(11)

k) Juicios contra el Estado

Este último es uno de los acápites más problemático dentro del endeudamiento nacional argentino ya que involucra fondos extraordinariamente elevados y de respuesta financiera imposible por parte del Estado.

Dentro de la lista de acciones judiciales - tanto las demandas iniciadas como las que tienen sentencia en firme - los rubros más graves son los siguientes:

- Los juicios por los bonos en default que se sustancian en el exterior por reclamos de los tenedores de bonos que no entraron en el Megacanje 2005-2010 (holdouts) y que involucran más de 11.000 MD; sin contar las consecuencias financieras que pudieran extenderse a bonistas ya entrados en el canje de títulos si se aplicara la Cláusula del Acreedor más favorecido.

- Las demandas hechas por empresas (y también por holdouts) ante el CIADI - el tribunal de arbitraje del Banco Mundial - donde ya existen también fallos en contra de la Argentina. No se tiene una estimación actualizada de los reclamos en este rubro, que originariamente abarcaba denuncias por unos 20.000 MD pero ahora se habría reducido a menos de la mitad de esa cifra (quizás entre 7 y 8.000 MD).

- La masa de juicios locales contra la ANSES por parte de jubilados y pensionados que reclaman la actualización legal de sus haberes, siendo que hay actualmente más de 450.000 juicios abiertos y que el promedio de los reclamos estaría en unos 140.000 $ por damnificado.

Aunque no revisten carácter de reclamos judiciales generalizados - al menos, por ahora - en este capítulo pudiera incluirse también el problema de la deuda externa a renegociar con los países del Club de París, cuyo monto sería del orden de los 9.000 MD, si bien el MECON consigna sólo 6.100.

El tema de los juicios contra el Estado - al que ya nos hemos referido en varias notas anteriores (relativas al pedido de embargo de la fragata Libertad y a los fallos de Nueva York a favor de los llamados fondos-buitre) - constituye indudablemente uno de los condicionantes más serios de la deuda pública argentina dado sus efectos directos y su implicancia sobre los bonistas que ya ingresaron en los canjes de deuda 2005 y 2010.

Hasta aquí el panorama primario o inventario básico del cuadro de endeudamiento público de la Argentina actual, con las insuficiencias forzosas del caso dada la falta de informaciones oficiales.

En conclusión:

Conforme la advertencia hecha al inicio de esta nota, cuando el gobierno Kirchner habla de la Deuda Pública se refiere sólo al primer rubro - el ítem a) - de este largo listado de áreas, niveles y ámbitos de endeudamiento; esto es, considera solamente el peso de la deuda performing y registrada del Estado Central.

Del sintético enunciado de cada uno de los rubros restantes - que son todos menos el primero - surgen entonces algunas conclusiones importantes:

a) El monto verdadero de la Deuda Pública Nacional excede con mucho el stock de deuda declarada por el MECON, que acota los datos sólo a una parte de las obligaciones del gobierno central.

b) No es cierto que el país se está desendeudando: tan sólo la deuda pública de la Administración Central crece a un ritmo de más de 10.000 MD por año; y el engañoso ratio Deuda/Producto no invalida esta realidad.

c) El gobierno Kirchner sostiene un nivel de deuda impagable a costa de una deuda intra-Estado que descapitaliza el BCRA, desfinancia el sistema previsional y desvía en la práctica grandes fondos públicos de sus destinos específicos.

Así como la inflación real es mucho mayor que la inflación oficial del INDEC, así también la deuda real de la Nación Argentina es mucho mayor a la deuda declarada oficialmente.

La crisis del Modelo K por falta de superávits gemelos - fiscal y externos - para poder soportar el pago de los servicios de la deuda por capital, intereses y cupones PBI hace que la administración Kirchner aguante hoy un mecanismo de máximos pagos posibles a costa de empapelar a las entidades del Estado con títulos sin solvencia fiscal.

El objetivo gubernamental en curso es así abonar servicios de deuda a ultranza, demostrar vocación pagadora a rajatabla y retomar las negociaciones en diversos ámbitos para reinsertarse, una vez más, bajo condiciones “normales” en el sistema de la deuda.

La Deuda intra-Estado funciona, en la práctica, como un proceso transitorio o “préstamo-puente” interno hasta que pueda cumplimentarse la Hoja de Ruta planteada por el ex ministro de economía y hoy vicepresidente Boudou: 1. Solución del problema de los Holdouts, 2. Arreglo de la Deuda Externa con el Club de París, y 3. Regreso del país al Mercado Internacional de Capitales, para volver a endeudarse.

De las posibilidades de mantener su adscripción a este sistema de deuda pública perpetua depende no solo el sostenimiento del Modelo K sino también la estabilidad política del gobierno Kirchner.

Notas:
1) Las abreviaturas MD/M$ significan Millones de Dólares/Pesos respectivamente y están expresadas siempre con redondeo, de modo que pueden existir mínimas diferencias entre sumatoria de términos y totales.
Por metodología internacional el MECON lleva las estadísticas de deuda en dólares, si bien no todas las obligaciones están en moneda extranjera: del total, algo más del 60 % de la deuda está en divisas.
2) Es importante observar que, a los fines de todas las informaciones y ratios oficiales, el MECON toma como referencia sólo este subtotal de deuda regularizada de 182.700 MD y no el total de 194.000 (más precisamente, 193.400).
3) La denominación Megacanje 2005 corresponde a la reestructuración de deuda realizada durante la gestión Kirchner-Lavagna, que fue complementada luego con la reapertura del 2010.
No confundir este Megacanje - que involucra bonos elegibles por un total de 82.000 MD - con el Megacanje De la Rúa-Cavallo de 2001, que fue por algo menos de 30.000 MD y que se encuentra todavía bajo investigación de la justicia pese a que la mayoría de esos títulos fueron aceptados para el canje 2005-2010.
4) El símbolo ≡ significa “equivalente a”.
5) La consideración de un ajuste por CER oficial que es mucho más bajo que la Inflación real implica una licuación de deuda para los tenedores de este tipo de títulos en moneda local.
Como la gran mayoría de tales bonos están en poder del Fondo de Sustentabilidad de la ANSES, esto significa que los perjudicados finales de esta disminución del valor de la deuda por capital son los jubilados argentinos.
6) Las cifras restantes de pago son difíciles de determinar porque una parte de estos VLPBI se habría rescatado anticipadamente vía ANSES.
Quien mejor ha venido estudiando este tema es Javier Llorens, que estima que el saldo a pagar podría ser ahora - después del rescate de cupones PBI en poder de la ANSES - del orden de los 25.000 MD, con fuertes vencimientos en los próximos años.
No está contemplada aquí la incidencia de las operaciones de recompra o rescate anticipado de deuda soberana por otro 5 % del excedente sobre el crecimiento anual del PBI (que se habrían comprometido hasta el 2009).
7) Todo el perfil de vencimientos que muestra la información oficial del MECON (SF-ONCP) - por Capital y por Intereses - en realidad está viciado de nulidad porque se parte del falso supuesto que las deudas que vencen anualmente se cancelan y extinguen, pero en la práctica eso no es cierto porque la totalidad de las obligaciones se refinancian y además se toman nuevas deudas, de modo que las cifras de vencimientos por ambos conceptos de servicios no bajan y, por el contrario, serían lógicamente crecientes.
8) De esta manera, el monto oficial del MECON - capital más intereses - da casi 250.000 MD (unos 248.600 MD), aunque esta cifra está parcialmente disminuida ya que el capital total según la ONCP sería aquí de 176.300 MD y no de los 194.000 MD de deuda total oficial o ni siquiera de su propia deuda performing de 182.700 MD.
9) Paradójicamente, cuando en la década menemista del ´90 se privatizara YPF, el Estado la vendió sin pasivos, que absorbió en consecuencia y que en ese momento llegaban a unos 8.500 MD.
El Fisco carga así dos veces el endeudamiento de la empresa: primero por la deuda heredada del Proceso y ahora por la deuda heredada de la administración Repsol-Eskenazi.
10) La toma en cuenta de esta deuda por letras y notas del BCRA se funda en que tales operaciones estarían calzadas con compras de dólar en el mercado de futuros por parte de los bancos suscriptores.
11) Aparte del negociado del grupo Goldman Sachs en la crisis de deuda de Grecia también habría gravitado en el falseamiento de las estadísticas de obligaciones y vencimientos la omisión de la Deuda Pública Indirecta, es decir, que a las autoridades de contralor de la Unión Europea se les informaba sólo la deuda en cabeza del Estado Central.

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El Estado es un patrón grande y poderoso

Julio Fuentes (ACTA)

Los recursos de medidas cautelares son una herramienta más para defender a los más débiles. Nosotros creemos que no debe haber Reforma Judicial, y este proyecto debe ser rechazado en términos generales. Ya en el artículo primero no hace ni siquiera diferencia en el Estado.

Y el Estado no es una sola cosa, el Estado para nosotros es nuestro patrón y estas leyes a lo que apuntan es a darle más poder y debilitarnos a nosotros como empleados.

El Estado es un patrón grande y poderoso, y con estas leyes de pretendida democratización de la Justicia lo que se otorga es más poder y capacidad de condicionar nuestras vidas. Hay un tema que lo planteamos cuando fue la reforma del Código Civil y que tenemos que tener en cuenta nuevamente: El Estado es empleador y tiene trabajadores, no sólo mantiene relaciones comerciales y de orden, sino que también es patrón.

El Estado tiene a más de 3 millones de trabajadores en su órbita, lo que lo convierte en el más grande de los empleadores. Y en todos los casos, entre el patrón y los trabajadores, el Estado debe favorecer al trabajador.

Construimos el pensamiento de que la democracia debe servir a los más débiles, y el más débil es el trabajador. Una cosa es si el Gobierno debe enfrentar a una multinacional y para ello toma una medida excepcional, pero con esta medida (que no es excepcional) va a enfrentar a las enfermeras, a las mucamas de hospitales, trabajadores de los servicios públicos, etc.

Para citar algunos ejemplo de la cautelar como medida de defensa de los trabajadores, enumeremos: Con medidas cautelares enfrentamos los 2400 despidos con que nos sorprendió el ingeniero Macri apenas asumió. Y fue con esta herramienta que logramos sortear dicha situación. Estamos peleando, con una medida cautelar, por rechazar la pérdida de un área importantísima para los argentinos y porteños, que es la Isla Demarchi.

Hace poco asistimos a la absolución de los delegados del Hospital Garrahan, y en aquel caso también fue con una medida cautelar -acompañada de movilización- que pudimos defender el trabajo de nuestros compañeros.

En lo últimos años nos tocó enfrentar cuestiones políticas que se lanzan con títulos positivos. Por detrás de estos títulos, que pueden sonar positivos, se encierran retrocesos que nos vuelven a poner las cosas más difíciles a los ciudadanos y trabajadores de nuestro país.

Según el sentido común reformar algo era para mejorarlo, sin embargo tuvimos que estar en contra de la modernización y parecía una cosa rara, en contra de la autogestión o la descentralización del Estado.

Todos términos que parecen positivos. Y ahora nos toca estar en contra de lo que quieran llamar "democratización de la Justicia".

Julio Fuentes es Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA). Secretario General de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE).

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Un grito de democratización con poco aire en el pecho

Suyai Lutz (ANRED)

Los seis proyectos de ley elaborados por el Gobierno nacional implican distintas formas de lo que el kirchnerismo llama “democratizar la Justicia”, y enfrentan diversos cuestionamientos sobre su constitucionalidad y sus objetivos políticos. Las propuestas avanzan en su tratamiento en el Congreso de la Nación, aunque ninguna pone el foco en un mayor acceso a la Justicia para los trabajadores de menores recursos, que hoy se ven privados de ella por el dinero que requieren los litigios y los tiempos que demoran las resoluciones.

En las últimas semanas, el Gobierno nacional puso en la agenda la reforma del Poder Judicial y desde distintos sectores salieron a criticar y debatir el proyecto, tanto el contenido como la forma de presentación. Ahora bien, ¿de qué se trata la reforma impulsada por el Ejecutivo?

La iniciativa consiste en varios proyectos de ley que se discutieron entre el martes y jueves pasados en el Congreso. Tres de las propuestas, relacionadas con la transparencia del Poder Judicial, consiguieron el pasado miércoles la media sanción en Diputados –donde el kirchnerismo no cuenta con mayoría propia–, sin demasiadas polémicas. Estos son los proyectos de publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios (aprobado con 140 votos positivos y 101 negativos), la creación de un registro público de causas (que obtuvo 136 votos a favor y 106 en contra) y el de acceso igualitario al Poder Judicial (aprobado por 133 votos a 109), que dispone la realización de exámenes y sorteos públicos para ocupar los distintos puestos, y al cual se había opuesto el sindicato de Judiciales, dirigido por Julio Piumato, con un paro de 72 horas desde el miércoles 17 de abril.

Por otro lado, el plan de reforma judicial también implica tres proyectos de ley que sí han desencadenado un debate mayor. Uno de ellos es el que propone la creación de tres cámaras de casación: una en lo Contencioso Administrativo Federal –a la cual llegarían las causas donde el Estado nacional o sus organismos fueran parte–, una para el Trabajo y la Seguridad Social –que entendería en los reclamos de trabajadores y jubilados–, y una en lo Civil y Comercial. Esto implicaría añadir una instancia de revisión más (la tercera) de las sentencias, antes de que llegaran a la Corte Suprema. En su defensa se sostiene que esto descomprimiría de trabajo a la Corte, pero varios juristas afirman que esta reforma agravaría tanto la demora en llegar a una decisión final como los costos de los juicios. Tal es el caso del abogado constitucionalista Roberto Gargarella, quien señalo en FM La Tribu que “Si, por un lado, no se hace nada para que litigar sea menos oneroso, para que sea obligatorio tener un abogado para darle ayuda especial a los pobres y garantizar su acceso a la Justicia y, al mismo tiempo, se prologan los juicios cinco o 10 años más, ninguna persona sin recursos va a estar dispuesta a empezar siquiera un juicio con esas perspectivas”.

Otro de los proyectos que generó polémicas con varios sectores de la oposición es el que establece la modificación del Consejo de la Magistratura. Este es el órgano encargado de elegir a los jueces de los tribunales inferiores y de la administración del Poder Judicial. Actualmente está compuesto por 13 miembros: tres jueces, dos abogados, seis legisladores, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico y científico. La propuesta del Gobierno ampliaría a 19 la cantidad de integrantes del Consejo de la Magistratura, con la incorporación de un abogado y cinco representantes del ámbito académico. A su vez, los jueces, abogados y académicos que integrarían el Consejo pasarían a ser elegidos a través del voto popular, en el mismo proceso en que elegimos legisladores y Presidente. Esto implica que los precandidatos se postularán en las listas de los partidos políticos, mientras que ahora los jueces y abogados son elegidos por el voto de sus pares, y el académico por el Consejo Interuniversitario Nacional.

El principal argumento de la oposición es que este cambio implica una “partidización de la Justicia” y una avanzada en contra de la independencia que debe tener el sistema judicial para ser imparcial. El kirchnerismo, por su parte, esgrime que el proyecto es un camino para que el Consejo se oxigene, y plantea que la ley argentina ya establece que toda representación política se realiza a través de los partidos. En este sentido, sostienen los defensores del proyecto, se clarificarían las posturas y propuestas de quienes luego decidirán los reglamentos judiciales y los jurados para los concursos de cargos, algo que permitiría a todos los ciudadanos un mayor control, a través del voto, de las acciones de los Consejeros de la Magistratura.

Por último, el tercer proyecto que generó discusión es el de las medidas cautelares dictadas contra el Estado. Las medidas cautelares son acciones rápidas que tienen el objetivo de proteger un derecho que corre peligro de ser vulnerado mientras es debatido judicialmente, por ende, deben durar el tiempo que dure el proceso, de lo contrario carecerían de sentido. El Ejecutivo argumenta el caso de la Ley de medios (la cual no puede implementarse porque el Grupo Clarín consigue prorrogar su aplicación a través de este recurso) y propone que las medidas cautelares contra el Estado tengan un limite de vigencia de hasta seis meses.

Esto ha despertado mucha polémica, inclusive en sectores afines al kirchnerismo, que entienden que las medidas cautelares son una herramienta para proteger los derechos de los sectores populares y en situación de vulnerabilidad. El proyecto del Ejecutivo establece la excepción para el plazo de seis meses cuando el derecho que se pretende proteger es la vida, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. Sin embargo, el titular del CELS, Horacio Verbitsky, manifestó que era dudosa la constitucionalidad del proyecto, al contraponerse al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Verbitsky propuso ampliar las excepciones al plazo de seis meses a “la protección del ambiente o [de los] derechos fundamentales de aquellos sobre quienes existe un fuerte interés en su protección, como los grupos en situación de vulnerabilidad, los trabajadores, los usuarios de servicios públicos”. El bloque oficialista en el Senado aceptó incluir un cambio en este sentido, aunque distinto en su redacción al que proponía el CELS: finalmente, solo se contemplarían como excepciones el concepto de “vida digna” y los derechos ambientales.

Las últimas tres propuestas consiguieron, el jueves pasado, la media sanción en el Senado, donde el oficialismo cuenta con la mayoría.

En su conjunto, este proyecto de reforma del Poder Judicial ha iniciado un debate en algunos sectores, pero uno que parece reducirse a la posición del Gobierno (que afirma que esto constituye una “democratización de la Justicia”) y a la de la oposición, que, en su defensa feroz del republicanismo y la independencia de la Justicia, presenta la reforma como un “embate del Gobierno contra la Justicia”.

Los proyectos que apuntan a la transparencia del Poder Judicial (publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios, acceso igualitario al Poder Judicial y creación del registro público de causas) son medidas progresivas; sin embargo, lejos están de abarcar en su totalidad la cuestión de la “democratización de la Justicia”. Por su parte, el proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura, si bien no apunta a un control efectivo de la ciudadanía de las decisiones de este organismo, tiene puntos positivos, como la elección a través del voto de quienes lo componen y la incorporación de profesionales de otras áreas, lo cual otorgará una visión interdisciplinaria al Consejo. El argumento de la “independencia de la Justicia”, en tanto, resulta algo endeble: la influencia política en la Justicia se ve claramente en casos como el de Marita Verón o el reciente fallo por la causa de Mariano Ferreyra.

Los otros dos proyectos de ley implican, sí, un retroceso para los sectores populares: la creación de las Cámaras de Casación no hace más que fomentar la duración de los juicios y, en consecuencia, sus costos económicos. Por su parte, el proyecto sobre las medidas cautelares contra el Estado es regresivo, no solo porque las excepciones dejan a muchos sectores sociales sin la protección garantizada por la Constitución Nacional (como los usuarios de servicios o los trabajadores estatales, entre otros), sino además porque la posibilidad de rechazar una medida cautelar porque la misma va en contra del “interés publico” habilita un alto nivel de discrecionalidad del juez, maleable a los distintos intereses políticos de los gobiernos.

En síntesis, la reforma en tratamiento se aleja de los verdaderos problemas que los sectores populares tienen respecto a la Justicia: que es costosa en términos de tiempo y dinero, de difícil acceso y compresión, poco eficaz, etc. Una verdadera democratización implicaría un proyecto integral, cuya prioridad fuera realmente el acceso de los sectores populares a la Justicia.

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El crimen cometido por la historia

Claudia Rafael – Silvana Melo (APE)

El pecho rojo de Mariano Ferreyra. La garganta sin voz y las piernas muertas de Elsa Rodríguez. Los dedos en V de José Pedraza. Una locomotora oxidada y fatigosa. Una hilera infinita de vagones vacíos que se detienen en ninguna parte. Sindicatos ricos, holdings gremioempresariales, ex trabajadores cesanteados, humillados, con la dignidad arrancada de cuajo. Megaempresas con ferrocarril propio, funcionarios enriquecidos, un Estado transatlántico en hundimiento, otro Estado delgado, abyecto y policial. Miles de tercerizados (precarizados) en estado de mendicidad laboral, satélites del ferrocarril que ya no es. Sindicalistas empresariados, gordos, burócratas, socios de la cara más despiadada del poder.

El 19 de abril las imágenes rodaron como una ruleta enloquecida por el recinto. Dos años y seis meses antes una bala de la barrabrava de la Unión Ferroviaria había hecho estallar el corazón de un chico de 23 años. Un pibe que, en las vías de un mundo de hostilidad manifiesta amasaba su revolución diaria. Había elegido militar en el Partido Obrero. A pocos metros caía Elsa Rodríguez, semiviva hasta hoy, veinticuatro años mayor, desarticulada por su propia y dura historia y por el ataque artero de los comandos de Pedraza, con el sendero amablemente abierto por la policía federal.

“Eran una horda de encapuchados y violentos”, recriminaron los abogados de Fernández y Uño. La “horda”, eran los tercerizados. Fernández, el segundo de Pedraza en la Unión Ferroviaria, condenado a 15 años como “partícipe necesario”. Guillermo Uño, el picaboletos acusado de retirar las armas de la escena de la muerte, absuelto.

La “horda” era Mariano. Eran Nelson Aguirre y Ariel Pintos. Era Elsa Rodriguez, esa mujer que saltó las aguas y dejó atrás su Montevideo de candombes y negritudes cuando Argentina saboreaba las esperanzas de dejar atrás la muerte planificada de los uniformes. Huía de pobrezas viejas. Con un marido que cerraría todas las puertas en un adiós definitivo y siete hijos por abrazar. “No teníamos para comer, no teníamos zapatillas, no teníamos nada. Todos los días hacíamos fuego. Pedíamos azúcar a los vecinos. Lo que vivió mi mamá no se lo deseo a nadie. Siempre luchando, limpiando casas por dos pesos con cincuenta”, contó alguna vez una de sus hijas.

El Estado

El 19 de abril el Tribunal Oral Criminal 21 condenó a un ápice del poder. En una tierra donde el poder es históricamente impune. Y donde de los asesinos sólo se condena a la mano de obra. Para Maximiliano Medina, uno de los abogados del CELS que patrocinó a la familia de Mariano Ferreyra, “la responsabilidad del estado está probada con la condena de los funcionarios policiales, considerados por la Justicia cómplices o partícipes necesarios del homicidio”, dijo a APe. El juicio demostró que “todo el entramado económico en el que se fundó el motivo del crimen, que es un crimen político, involucraba a la Unión Ferroviaria, a las empresas concesionarias, parte de Ugofe, y a la connivencia por acción u omisión de la secretaría de Transporte a cargo de Schiavi y Antonio Luna. En ese entramado el Estado tuvo su participación”. Pero: “distinto es atribuirle responsabilidad penal a alguno de esos funcionarios públicos”. Para el CELS “la cadena de responsabilidad penal (no política) finaliza en Pedraza”.

Premeditaciones

Se planta desde esa voz con resonancia de corazón y ovarios. “Condenaron individuos para salvar al sistema”, tituló en entrevista con APe. Para María del Carmen Verdú, el rostro ineludible de la Correpi, se concentra tumultuoso el hueso profundo del fallo.

Sintió la mirada acusatoria del juez Horacio Dias cuando dijo “Verdú muestra, pero no demuestra. Es la diferencia entre una prueba y una manifestación de principios, entre una demostración científica y un truco de magia”. Y ella responde: “Era hora de que los jueces se avivaran de que cuando Correpi litiga, lo hace para hacer una manifestación de principios y no para quedar atrapada en una legalidad que no es nuestra. Hay proposiciones que no necesitan prueba porque son evidentes. Para decirte que es de día no necesito hacer un test químico. Me basta con mirar por la ventana y ver que hay luz. Ese tipo de proposiciones que no necesitan prueba, porque son evidentes, se llaman axiomas. Frente a un axioma que pone en riesgo los intereses de la burguesía obviamente sus intelectuales van a utilizar falacias y mentiras para tratar de ponerse a salvo. La falacia es plantear que lo que pasó en Barracas no es la consecuencia de un plan criminal común sino de que las fuerzas de seguridad no comprenden las políticas de no criminalización de la protesta”.

No había, para el tribunal, premeditación ni planificación alguna. Era un ataque como tantos para los jueces y lejos estaba de buscar sangre y aniquilación. “La muerte no es para nada garantía de perpetuarse en el poder. Es el final del juego”, leyó Horacio Dias. Y devino el listado ejemplificador: el asesinato de Omar Carrasco, en 1994 fue el final del servicio militar obligatorio; los de Kosteki y Santillán, en 2002, el QEPD del gobierno duhaldista y, mucho antes aún, en 1991, el crimen de Walter Bulacio, el final de las razzias policiales. Verdú lo percibió como advertencia. Ese mismo día se cumplían 22 años de la detención del chico que amaba a los Redondos. Aquel que con otros diez pibes como él escribió en una pared de calabozo “caímos por estar parados” y que moriría por tortura policial siete días más tarde.

El Tribunal no vio ni “participación premeditada de dos o más personas” ni “convergencia intencional para matar”. Para el Tribunal –dijo Verdú- “estas 10 personas que condenaron por homicidio en realidad cometieron un homicidio individual, simple y entonces uno tiene que concluir que dio la casualidad, por un alineamiento de los planetas, por un episodio extraordinario, que todos, al mismo tiempo y en el mismo lugar, hicieron lo que tenían que hacer pero no estaban de acuerdo”.

Charlas en confianza

Para Medina (CELS) la conversación campechana y confianzuda entre el ministro de Trabajo Carlos Tomada y Pedraza, tres meses después del asesinato de Mariano, “es bastante desagradable. Se sabe que Tomada fue abogado de la UF. Pero no podemos simplificar y decir que por esa conversación Tomada tuvo responsabilidad en el asesinato”, dijo el abogado a APe. “Demuestra –sostuvo- que tenía una relación de confianza y que hablaba de cuestiones políticas que hacían al mismo funcionamiento del sindicato”. Para Verdú (Correpi), “eran socios discutiendo sobre un problema común que tienen que resolver en común porque afecta sus intereses comunes”. En cambio el Tribunal decidió interpretar que la conversación por parte del Ministro tenía el tono de quien quería sacarse de encima un lastre que pesaba cada vez más.

Historia de la caída

El 20 de octubre de 2010 Mariano dejó parte de su corazón en las vías del Roca. Donde con el PO acompañaba la resistencia de los tercerizados, esclavitud maquillada del siglo XXI. Nacida del ferrocidio planificado, extendido en más de 40 años y consumado en los 90, con tormentos incluidos.

El Plan Larkin de Arturo Frondizi (con elucubración clarísima de Alvaro Alsogaray, que volverá en los 90 a depositar la cereza en su postre) comienza el sendero de caída de los ferrocarriles. Para 1976 ya había 3 mil kilómetros menos de vías. La dictadura clausuró 10 mil kilómetros más y redujo el personal en un 40%.

En 1990 Carlos Menem nombra a José Pedraza –un sindicalista de pasado marxista convertido al peronismo pragmático- en una gerencia de Ferrocarriles Argentinos. A la hora de la privatización, el hombre dejó amigos clave en directorios de las concesionarias. Fue él quien firmó con el Banco Mundial la financiación de los retiros voluntarios que sellaron el desempleo de cien mil ferroviarios. En su voracidad, buscó que la Unión Ferroviaria se quedara con un servicio rentable. “Si hay que clausurar ramales se los debe clausurar, si hay que despedir a la mitad, hay que hacerlo también. Los talleres tienen que ser competitivos porque si no les van a comprar a otros”, dijo en el Congreso. Entre 1997 y 1999 se cocinó la adjudicación del Belgrano Cargas (decreto 685/97) con un subsidio de 45 millones de pesos / dólares durante cinco años. Diez mil kilómetros de vías que comunicaban 13 provincias y abrían el acceso a tres países. Un negocio impecable. Hace poco menos de un año el presidente de la Comisión Nacional Salvemos al Tren dijo que “de los 10 mil vagones que le entregaron a Pedraza ahora no quedan ni mil”.

La repartija del servicio de cargas fue equilibrada y justa: a cada megaempresa le tocó un tren para su propio usufructo. Ferrosur (ex General Roca), para Loma Negra, hoy Camargo Correa. Nuevo Central Argentino (ex General Mitre), para la Aceitera General Deheza. Ferroexpreso Pampeano (ex Sarmiento), para Techint. Ferrocarril Central (ex General San Martín), originalmente para la metalúrgica Pescarmona, luego para la brasileña América Latina Logística (ALL). Ferrocarril Mesopotámico (ex General Urquiza), también para la brasileña ALL. Belgrano Cargas, para la Unión Ferroviaria. En 2006 fue declarado en estado de emergencia a partir de la espectacular gestión de Pedraza y asumieron los concesionarios Franco Macri, los chinos Hopefull Grain, Aldo Roggio, Hugo Moyano (no voy en tren, voy en camión), José Pedraza (como si nada hubiera sucedido) y Omar Maturano.

En desencanto

De más de 200 mil ferroviarios de punta a rabo del país quedaron 12 mil. Los 45 mil kilómetros de vías gloriosas de los años 40 eran 34 mil a fines de 1989: la ley de Reforma del Estado ya tenía los colmillos sobre la yugular del patrimonio del país. A fines del 2009 25 mil kilómetros estaban inutilizables. Con 800 pueblos muertos o afantasmados. Esqueletos de estaciones perdidas en el medio de la nada.

Cien mil ferroviarios cesanteados implican medio millón de personas afectadas en forma directa. Medio millón de desesperanzas, de desilusiones, de desesperaciones, de días vacíos, de futuro desbarrancado. Los trabajadores que las concesionarias fueron empleando eran montoncitos de cooperativas, contratistas ad hoc: los tercerizados. La concesionaria del servicio del Roca, la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) emplea a 1.500 trabajadores tercerizados a través de 15 empresas diferentes. Vías, obras, limpieza, seguridad, son todas tareas encuadradas en el convenio ferroviario. Pero están inscriptos en UOCRA o Comercio y no llegan a cobrar la mitad de los salarios de los efectivos.

En esas vías, en las del Roca, se paró Mariano Ferreyra el 20 de octubre de 2010. En esas vías le estallaron el pecho no por Mariano sino por indomable. No por Ferreyra sino por cuerpo joven en una resistencia colectiva. Su crimen es el crimen de un barrabrava, del sindicalismo empresario, de la policía cómplice, del Estado pensado para el privilegio, de los funcionarios secuaces. El crimen de la historia misma de un país en desencanto.

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Marcelo Valko: "Nada es más peligroso que una estatua"

Andrés M. Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Marcelo Valko nos narra las ideas principales de su nuevo libro "Desmonumentar a Roca". Más de 130 páginas de verdades para otra patria, lejos de las crueldades y la infamia de la oligarquía que triunfó (por ahora) sobre los ideales de "Mayo y San Martín".



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Entrevista a Francisco Torres de la Federación Nacional Docente: “El gobierno no puede ser juez y parte”

ACTA

La Federación Nacional Docente (FND-CTA) rechazó la conciliación obligatoria dictada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se convoca a todos los docentes a movilizar este jueves 25 a las 11 desde el Congreso de la Nación.

¿Cuáles son los pasos a seguir de la Federación ante el pedido de conciliación obligatoria?

Nosotros rechazamos la conciliación, lo hemos declarado públicamente. Hay mucha bronca en las escuelas y por eso convocamos en el marco de la CTA Provincia de Buenos Aires a una movilización para el jueves 25 desde las 11 en el Congreso.

Con los compañeros de ATE, CICOP y Judiciales hemos consensuado la posibilidad de hacer un pequeño acto en la Casa de la Provincia de Chaco, luego de la movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. La idea es solidarizarnos con los compañeros docentes de Chaco que están luchando y han sido reprimidos duramente. Además hay reclamos docentes en Neuquén, Tierra del fuego, Catamarca y Corriente. Son muchas las provincias que están afectadas y no puede haber educación de calidad si no hay un salario digno para que el docente pueda pensar en como se capacita y no en como llega a fin de mes.

Nosotros entendemos que este pedido de conciliación es incoherente. Justamente la resolución del Ministro de Trabajo declara “instar a las partes a encontrar la vía de consenso”, una de las partes es ese propio ministro de trabajo, que en lugar de hacer ofertas o abrir la paritaria nacional, está diciendo que es improcedente la convocatoria a paro porque el reclamo salarial ya está cerrado y agotado según su entendimiento.

La ministra Nora De Lucía dice que se tiene que declarar la conciliación y que hay que negociar cualquier cosa menos salario, porque ella señala que el punto de conflicto no es el salarial, que hay muchas otras cosas para hablar, cuando el principal reclamo es justamente el salarial. Hemos tenido un aumento que es prácticamente insignificante, el básico de los docentes se incrementó en 80 pesos y a nivel máximo no supera los 300 pesos. Son 10 pesos por día que no alcanzan prácticamente para nada hoy en día, de hecho estuvimos en Mar del Plata por el Congreso Provincial de la CTA, y un alfajor Havanna sale 7,50. Eso es lo que nos está dando el gobierno de aumento, un alfajor por día.

¿Qué opinás de la decisión del Frente Gremial Docente de acatar la conciliación obligatoria?

Estamos comunicándonos con las escuelas y la verdad es que la noticia genera mucha indignación entre los docentes, mucha bronca porque había una disposición muy grande de los docentes a participar. La convocatoria de las 48 horas las había hecho justamente el Frente Gremial Docente Bonaerense, desde la Federación Docente en la CTA habíamos resuelto una movilización provincial para el día 25, pero nos pareció conveniente y correcto unificar con este llamado de las 48 horas. Lamentablemente con esta declaración de conciliación obligatoria de este gobierno que es juez y parte, por primera vez en mucho tiempo, el Frente decide a espalda de los docentes y sin consultar a nadie, acatar la conciliación con argumentos que son escandalosos.

Creemos que el único modo de sentarnos a negociar con el gobierno es estando en la calle, en la lucha cotidiana. Como resolvimos desde la CTA bonaerense, con ATE, con CICOP, con los Judiciales, organizaciones sociales como el Movimiento Teresa Vive, la Corriente Clasista Combativa, que vamos a salir a la calle este jueves 25 a las 11 que vamos a movilizar a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y por eso llamamos a todos los colegas a mantenerse firmes y acompañar esta medida.

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Informe Especial: La Plata, ciudad inundable

TINTA VERDE - ANRED

A tres semanas de las inundaciones en La Plata y Ciudad de Buenos Aires, compartimos un informe especial en el que opinan especialistas sobre las causas de la tragedia, las posibilidades de haberla evitado y la necesidad urgente de repensar la planificación estratégica de la ciudad de La Plata. Además compartimos un relevamiento confeccionado con la colaboración de ComAmbiental, con las zonas más afectadas. En el mapa se puede ver barrio por barrio hasta qué altura llegó el agua, cuáles fueron las consecuencias del temporal y cuál es la situación sanitaria.

Cuando las aguas llegaron

Las inundaciones del 2 de abril en La Plata dejaron secuelas que tardarán en cicatrizar. Numerosas víctimas fatales. Cuantiosas pérdidas materiales. Después de tres semanas en que la ciudad de a poco parece recuperarse, se reabren los debates sobre las causas de la tragedia, las posibilidades de haberla evitado y la necesidad urgente de repensar la planificación estratégica de la ciudad.

Producción: Daiana Melón, Josefina Garzillo, Sabrina Carnéz, Florencia Ruiz, María Paz Rodríguez Srtiebeck, Luciana Franco.

Textos: Florencia Yanniello

Pasaron veinte días desde la inundación, una catástrofe que puso en evidencia la necesidad de implementar estrategias de planeamiento urbano e infraestructura. Los barrios platenses aún se están recuperando del temporal: los vecinos se organizaron en asambleas para reclamar al municipio planes de contingencia y subsidios para los afectados, las facultades hacen relevamientos y todavía hay muchas dudas sobre las cifras oficiales de víctimas fatales.

Desde aquel día se buscan explicaciones. Numerosos especialistas manifestaron sus opiniones sobre las posibles causas de la tragedia. La mayoría coincide en que se trata de un cúmulo de varios factores, asociados a dos ejes: el cambio climático, por un lado y la urbanización indiscriminada y el crecimiento de la ciudad sin planificación, por el otro.

El futuro ya llegó

Estamos acostumbrados a oír hablar del cambio climático como algo que afectará solamente a las generaciones futuras; hasta ahora parecía intangible, ajeno a la cotidianidad, incluso desde las agendas de las políticas públicas, ya que no se lo tomaba como una prioridad. Sin embargo, son muchos los especialistas que asocian los “eventos extremos” que vienen sucediendo en la región con este fenómeno. Es claro que estamos ante signos concretos del cambio climático, de hecho, desde el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU advierten que nuestra región está convirtiéndose en una zona de clima tropical y por eso debemos tener políticas y trabajos para la adaptación.

En este sentido, Roque Pedace, Magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología e investigador en política climática y energética de la Universidad de Buenos Aires (UBA), señala que “en los últimos 30 años han ocurrido lluvias excepcionales que son coherentes con la mayor cantidad de energía disponible debido al calentamiento global, al igual que vientos huracanados como los del 4 abril del 2012”.

Pedace, agrega que “los estudios realizados en la Cuenca del Plata indican una mayor frecuencia de precipitaciones de mas de 100 milímetros en el día, lo cual implica usualmente inundación, hasta siete veces mas en algunas ciudades”.

A nivel internacional existe una estrategia para enfrentar el cambio climático; en 1992 se acordó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) con el objetivo de que todos los países del mundo se comprometan a llevar adelante acciones que contribuyan a revertir los efectos del calentamiento global.

El principal compromiso adquirido por los países que forman parte de la Convención Marco es el de formular y aplicar programas nacionales orientados a mitigar y facilitar la adaptación. Argentina, ratificó en 1993 la Convención y comenzó a instrumentar políticas y acciones con el objetivo de hacer frente de manera coordinada y eficiente a los desafíos que implica la problemática, tales como la Estrategia Nacional en Cambio Climático, cuya autoridad de aplicación es la Dirección de Cambio Climático, bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (VER: La crisis del clima y las políticas de Estado).

Sin embargo, una materia pendiente es el seguimiento y monitoreo de los planes, estrategias y grado de ejecución de los presupuestos previstos, ya que estas medidas en la región metropolitana parecen no ser suficientes o por lo menos no han logrado evitar los desastres sucedidos en el oeste del Gran Buenos Aires en abril de 2012 ni las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en La Plata en abril de 2013.

Monocultivo de cemento

“La ciudad de La Plata fue fundada bajo el máximo exponente de la generación de ´80, una ciudad masónica, de fácil transporte, con una circunvalación y en la cual el ferrocarril tiene un eje importante. Claramente es una ciudad en la que se intentó hacer olvidar a la naturaleza; el hombre pensó que podía dominarla”, expresa Gustavo Desplats, especialista en planeamiento urbano y miembro de la ONG Protocomuna Caballito.

“La Plata fue el sueño de la ofuscada elite porteña por la pérdida del control territorial de la provincia. Pero con la diferencia de que La Plata no desemboca directamente al río y tiene arroyos meandrazos que buscan valles de inundación en esas vueltas”, agrega Desplats.

He aquí otro de los puntos que aparecen como causantes del desastre: el crecimiento no planificado de la ciudad y la impermeabilización del suelo por la construcción indiscriminada, sin la necesaria infraestructura para afrontar este tipo de lluvias.

Desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) elaboraron un informe en que sostienen que una de las causas del desastre fue la falta de obras de infraestructura, que en la última década no se concluyeron o quedaron sólo en anuncios. Indican que “se construye sin planificación en una ciudad bajo crecimiento poblacional, siguiendo lógicas de maximización de la rentabilidad del suelo, expulsando a los pobres a localizarse en las áreas más vulnerables y avanzando sobre cuencas y arroyos, espacios verdes y humedales, alterando la regulación hídrica natural del territorio”.

En la misma línea, desde el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, Alicia Ronco manifiesta: “La ciudad está tapizada por cemento y baldosas, hay un porcentaje elevadísimo, yo diría que hasta más del 50% de la superficie del casco urbano y los alrededores, que está tapizado por cemento y eso no deja superficies absorbentes, entonces las calles se transforman en aludes de agua”.

Ronco plantea que se trató de una lluvia extraordinaria que magnificó el desastre por las modificaciones que se le hacen al paisaje urbano al cual “no le estamos ofreciendo alternativas de absorción”.

“Nosotros tenemos debajo de la ciudad numerosos de cauces sepultados, los cursos de agua no son cañerías, tienen su planicie de inundación. Los arroyos tienen sus sectores inundables y si los encerramos, no tienen por donde nivelar. En los últimos 50 o 60 años todo fue canalizado, la demostración es que el entubado genera este tipo de conflictos”, expresa Alicia Ronco y agrega: “Hay perturbaciones infinitas por todos lados, la autopista es una, incluso las propias construcciones que funcionan como diques, entonces ¿qué es lo que está libre? la calle, que es donde se arma el río”.

Las trampas del COU

“Pensamos que la magnitud de la inundación está íntimamente ligada al avance del Código de Ordenamiento Urbano (COU), toda vez que no se hicieron las obras que correspondían y se dio vía libre a la construcción de edificios sin ningún tipo de plan director, como por ejemplo hidráulico. En simultáneo a estas, las obras de saneamiento deberían haber acompañado al crecimiento de la ciudad y no lo hicieron”, manifiesta el arquitecto Oscar Álvarez, integrante de la Asamblea DefendamosLa Plata.

Desde este espacio sostienen que a partir de la sanción de COU en el 2010 se profundizó el avance de grupos financieros que no se corresponden con la inversión en servicios públicos, y se permitió que en la ciudad se construyeran emprendimientos de departamentos unifamiliares y comercios, en desmedro de otros. “Es una demanda del mercado capitalista, ya que deja más dinero a corto plazo. Los vecinos alertamos que cuando prevalece el negocio se pone en riesgo al ciudadano”, denuncia Álvarez.

En la misma línea, Gustavo Desplats manifiesta que “la planificación de la ciudad de La Plata, sufrió un gran cambio con el nuevo COU, primeramente impedido por la acción de asociaciones como Defendamos La Plata, que presentaron un recurso de amparo, aunque no pudieron evitar su implementación. La aprobación del COU, hizo que en los últimos dos años se construyeran en el centro histórico de la plata, dos millones de metros cuadrados de construcciones, una cantidad absolutamente desmedida, que además va expulsando a la gente de menos recursos a las zonas que son inundables”.

Ya en el año 2010, Defendamos La Plata se había anticipado: en un documento presentado el 27 de septiembre de ese año al Defensor del Pueblo, en relación a la implementación del Código de Ordenamiento Urbano, se plantea que “los desbordes cloacales e inundaciones representan un problema no menor en la saturación de las cloacas, las obturaciones de las mismas y las inundaciones que provocan el aumento constante, por un lado de efluentes y la falta de absorción provocada por el exceso de cemento”.

En el documento se advierte además que “se ha podido constatar que en ciertos barrios los caños colectores que pasan por debajo de la vía pública son del mismo diámetro que el desagüe de los edificios. Está claro que los desagües de nuestra ciudad que fueron diseñados para soportar holgadamente una determinada población (50.000 habitantes), no están preparado para soportar los más de 700 mil habitantes que quieren que habiten en el casco urbano”.

En este sentido, Oscar Álvarez agrega: “La tormenta fue la punta de iceberg de una situación caótica. Esto va a volver a pasar si las autoridades municipales y provinciales no toman recaudo sobre este contexto generado por ellos. El gobierno provincial tampoco invierte en una planificación regional y debiera hacerlo; ¡construyen un estadio único y no mantienen las redes cloacales! ¿Cuántas veces al mes, para qué y para quiénes se usa el estadio? Agua en el barrio necesitamos todos. Usan el dinero público para construir obras para pocos”.

Con respecto a las obras de denaje el especialista en política climática, Roque Pedace manifiesta: “son insuficientes ante lluvias de gran magnitud, por lo cual el terraplén actúa como dique reteniendo aguas. Esto no puede resolverse con bombas cerca del río ya que el cuello de botella son los drenajes, los cuales debieran aumentar en varios segmentos”.

Por su parte, Gustavo Desplats plantea que “la cuestión es volver a cambiar el COU, revisarlo, prohibir que se realicen distintos tipos de edificios en altura en las zonas céntricas, preservar los espacios verdes y los pulmones de manzana, trabajar con materiales que permitan la permeabilidad del suelo, generar la forestación y sobre todo, no creer que todo se va a solucionar con nuevas infraestructuras, sino entender a la naturaleza y prohibir la construcción de viviendas en zonas que son inundables”.

Barajar y dar de nuevo

El escenario futuro debe ser preventivo; es primordial que se implementen sistemas de alarma temprana y de emergencia. Al ser consultado por estas medidas, Roque Pedace señaló: “Las hay estructurales, como la construcción de presas en las cuencas altas y bombeo hacia el río. Pero las más importantes son aquellas que permiten alertar tempranamente para evitar pérdidas humanas. A corto plazo se debe evitar la impermeabilización y a largo plazo aumentar la superficie de absorción. Mientras tanto, todas las construcciones debieran revisar su adaptación a inundaciones mas graves y mas frecuentes”.

En la misma línea, Alicia Ronco del CIMA sostiene: “Tendríamos que tener un mejor registro de los cauces subterráneos, porque tenemos un olvido en la memoria de la topografía. Hay que empezar a ver el estado de los ríos subterráneos, porque pueden estar totalmente taponados, pueden estar llenos de basura. Es una caja negra, no los vemos.”

La investigadora agrega que se deben estudiar estas situaciones y enmarcarlas en un contexto de cambio climático. “¿Qué pasa si esto se da con más frecuencia?, ¿qué medidas estamos tomando por el momento?”, se pregunta Ronco.

En este sentido, Gustavo Desplats indica que “lo que ha quedado en evidencia en estas últimas inundaciones es el fracaso manifiesto del proceso de entubamiento, es un modelo que se basó en tratar de dominar a la naturaleza y después de 100 años ha fracasado”.

Desde Defendamos La Plata, Oscar Álvarez plantea que lo necesario es “un plan estratégico de crecimiento de la ciudad sustentable e inclusiva. Debe haber políticas de crecimiento más equilibrado, que atiendan a la realidad de los trabajadores. Son prioridad las viviendas sociales y obras de infraestructura como red de desagües cloacales e hidráulicas”.

Relevamiento barrial tras la inundación

Compartimos un relevamiento confeccionado con la colaboración de los compañeros de ComAmbiental (http://www.comambiental.com.ar/), en el que se pueden ver cuáles fueron las zonas más afectadas por las inundaciones del 2 de abril en La Plata y el Gran La Plata. En el mapa se puede ver barrio por barrio hasta qué altura llegó el agua, cuáles fueron las consecuencias del temporal y cuál es la situación sanitaria. El relevamiento es parcial y esperamos ir completándolo a medida que tengamos más información precisa sobre los barrios a los que no pudimos acceder aún.



RELEVAMIENTO INUNDACIONES EN LA PLATA

ABRIL DE 2013

1) BARRIO SAN CARLOS – ISLAS MALVINAS – LA GRANJA – LA LOMA

REFERENCIA: Comunidad Qom – Calle 140 y 256

INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO: Casas de chapa y madera, piso de tierra. Calles de tierra. No hay cloacas.

ALTURA DEL AGUA:1.30 m. en algunas casas y en otras 1.50 m.

OTROS DATOS: Las familias afectadas fueron 52. El Arroyo El gato está a media cuadra de la comunidad y desborda seguido. No es la primera inundación, pero sí la peor. No contaron con ayuda inmediata del municipio.

REFERENCIA: Centro Vecinal El Triunfo – Calle 134 y 525

INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO: Calles de tierra, casas de material y otras de madera y chapa.

ALTURA DEL AGUA: Llegó a 1.50 m.

OTROS DATOS: No se destaparon las cloacas, situación sanitaria complicada, la salita del barrio no da a basto. Basura en las calles durante más de una semana. No había acceso a agua potable. El centro vecinal centralizó donaciones. Aún hace falta ayuda.

REFERENCIA: 139 y 38 – 161 y 37

INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO: Asentamiento, casillas muy precarias.

ALTURA DEL AGUA:1 m.

OTROS DATOS: 50 familias damnificadas. Sólo había llegado ropa y donaciones de vecinos. El barrio se llenó de ratas cuando bajó el agua. Hasta el domingo siguiente a la inundación seguían sin agua y sin luz. Situación sanitaria complicada, riesgo de hantavirus y dengue. Siguen necesitando ayuda.

2) TOLOSA

REFERENCIA: 532 hasta 524 – 13 a 7

INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO: Calles de asfalto, casas de material.

ALTURA DEL AGUA: Llegó a 1.70 m. en algunas casas

OTROS DATOS: El agua era de color negro, parecía contener aceite de autos o carbón. Las pérdidas de algunos vecinos fueron totales. Llegó ayuda municipal a algunos lugares, de organizaciones sociales y Cruz Roja. Se entregaron bidones de agua potable en los días posteriores a la inundación.

3) RINGUELET

REFERENCIA: Hospital Móvil – 5 y 520

INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO: Casas humildes, algunas de material, muchas de madera y chapa.

ALTURA DEL AGUA: Hasta 1.70 en algunas casas.

OTROS DATOS: Las pérdidas fueron totales para muchos vecinos. El Hospital Móvil recibió 200 personas por día con enfermedades eruptivas y respiratorias y diarrea. Situación sanitaria complicada. Las cloacas estuvieron tapadas durante varios días posteriores a la inundación. La ayuda tardó en llegar. Llegaron donaciones de vecinos, de iglesias y organizaciones sociales.

4) BERISSO

REFERENCIA: Barrio Mocoví – 127 y 156

INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO: El barrio está en una zona baja. Son casas precarias, algunas de material.

ALTURA DEL AGUA: 0.50 m. a 0.70 m.

OTROS DATOS: Son 40 familias mocovíes, de las cuales 25 fueron afectadas. Se autoevaluaron cuando el agua empezó a subir. La ayuda llegó dos días después de la inundación desde las facultades, organizaciones y los vecinos. Al agua tardó varios días en drenar. Siguen necesitando ayuda.

5) VILLA ELVIRA

REFERENCIA: Hospital Móvil 8 y 117 – Comunidad Sanitaria 90 y 117

INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO: Asentamientos. Barrio muy cercano al Arroyo Maldonado. Casas de chapa y madera. Calles de tierra.

ALTURA DEL AGUA : 1m. a 2 m. en las viviendas cercanas al arroyo.

OTROS DATOS: El agua tardó un día en bajar. El barrio se inunda frecuentemente. Pasaron cuatro días hasta que llegó ayuda. Estuvieron varios días sin agua potable, las donaciones no alcanzaban a cubrir a la población afectada. Situación sanitaria grave: niños y adultos con diarrea, producto del consumo de agua de pozo; afecciones respiratorias, reagudizaciones de crisis asmáticas, lesiones en la piel. Riesgo de leptospirosis, hantavirus y dengue.

6) BARRIO AEROPUERTO

REFERENCIA: 6 y 92 – Hospital Móvil 7 y 89

INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO: Viviendas precarias, destruidas por el agua, desaparecieron casillas enteras. Calles de tierra

ALTURA DEL AGUA: de 1 m. a 1.50 m.

OTROS DATOS: Los hospitales móviles con médicos residentes aparecieron luego de las manifestaciones barriales transmitidas por televisión. Llegaron donaciones de vecinos de Almirante Brown, que se organizaron y llegaron hasta el lugar para entregar en mano ropa, agua y lavandina.

7) ALTOS DE SAN LORENZO – PLAZA CASTELLI

REFERENCIA: 15 entre 80 y 81

INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO: viviendas precarias, muchas casillas, algunas habitaciones de concreto pero con cerramientos precarios en puertas y ventanas.

ALTURA DEL AGUA:1 m. hasta 1.50 m.

OTROS DATOS: 80 grupos familiares afectados. Cuatro días después de la inundación no había llegado ayuda y se relevaron entre los vecinos. Para 80 familias tenían 15 colchones y alrededor de 20 bidones de agua en los días siguientes a la inundación.

REFERENCIA: 58 y 28 – 66 y 25

INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO: calles asfaltadas, casas de material

ALTURA DEL AGUA: 1m. a 1.50 m.

OTROS DATOS: El agua empezó a bajar al día siguiente de la inundación. Llego poca ayuda: lavandina y bolsas de residuos. Los daños fueron parciales. Las cloacas estuvieron tapadas varios días posteriores a la inundación. Algunos vecinos descompuestos, aunque la situación sanitaria no fue alarmante.

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Argentina, Misiones: Establecen que es insalubre trabajar en la planta celulósica de Alto Paraná

MISIONES ON LINE

El ministerio de Trabajo de la Provincia dictaminó la “insalubridad laboral” en áreas de producción de la fábrica de la empresa chilena, ubicada en Puerto Esperanza. Lo hizo en el marco de la ley 4.438. Un trabajo de dianóstico realizado por técnicos de la UNaM respalda la media.

El Ministerio de Trabajo de la Provincia notificó al Sindicato de Obreros y Empleados de Celulosa, Papel y Cartón (SOEP) los resultados del diagnostico realizado por profesionales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) que determina la existencia de ambientes insalubres de áreas de la planta de celulosa de Alto Paraná SA. A su vez, notificó de la resolución que dictamina la “Insalubridad Laboral” en la planta de celulosa de APSA, en el marco de la Ley 4.438 (hoy Ley IX N°7 del Digesto Jurídico Misiones) sancionada en 2008 declaró la insalubridad laboral de la industria productora de pasta celulosa, papel y cartón en todo el territorio Misiones

Desde el Sindicato explicaron que el expediente técnico elaborado indica “que se registra un ambiente insalubre para trabajar en áreas de producción de la planta de celulosa de Alto Paraná SA en el marco de la ley”, pero aseguran que el informe no menciona índices de contaminación. “Por resolución, el Ministerio de Trabajo declaró la insalubridad laboral en la planta de Alto Paraná y nos notificó también del expediente, así que esperamos poder sentarnos con la empresa a dialogar y acordar el cumplimiento de la normativa”, dijo Mario Muller, primer vocal titular y miembro de partidarias en representación del SOEP.

“El expediente no menciona los índices de contaminación pero declara insalubridad laboral en áreas de la planta de celulosa en el marco de la Ley “, remarcó

En adelante, la clave será el diálogo entre las partes. El SOEP tiene unos 200 trabajadores bajo convenio colectivo de Trabajo en Alto Paraná, entre otros afiliados. “Nuestra expectativa es que se aplique la reglamentación que marca la Ley, fundamentalmente la jubilación que se reduce a 55 años de edad, 25 años de aporte y determina jornadas laborales de 6 horas”, adelantó.

También la ley establece que quedará prohibido superar la duración máxima de la jornada laboral, y sólo se podrán realizar horas extras en casos de emergencias, siniestros o causas extraordinarias.

El consenso será necesario para avanzar en el cumplimiento de la ley, ya que desde el gremio entienden que “no hay gente preparada para cubrir determinadas áreas, habrá que capacitar personal, ya que en la zona hoy no hay mano de obra especializada, por lo tanto, ahora esperamos poder sentarnos a dialogar y cerrar acuerdos para avanzar en el cumplimiento de la ley”.

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Previsión Social: Las 1100 marchas de los jubilados se harán oír en el Congreso

ACTA

Los jubilados de nuestro país siguen de pie buscando justicia, y al cumplirse las mil cien marchas realizarán un Encuentro Previsional que se desarrollará el próximo 2 de mayo a las 15 en la sala 7 del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación.

“Las estadísticas indican que 7 de cada 10 jubilados siguen siendo pobres en la Argentina, y ese es el eje de la protesta que realizan desde hace mil cien miércoles, exigiendo por lo que trabajaron durante toda la vida. Es necesario avanzar en el diseño de políticas públicas, universales, consensuadas y de alta calidad, que devuelvan, como lo ha planteado la Corte Suprema en su actual composición, la necesaria proporcionalidad entre los haberes jubilatorios y los haberes que dichos trabajadores, hoy jubilados, percibían cuando estaban en actividad”, señaló la diputada Graciela Iturraspe (UP), secretaria de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

El pasado viernes 1 de marzo se había realizado una reunión de centros, federaciones y comisiones sindicales de jubilados junto con la Defensoría del Pueblo de la Tercer Edad de la Ciudad de Buenos Aires.

En la oportunidad se consensuó un temario de cinco puntos como marco reivindicativo mínimo para extender progresivamente a otras organizaciones y centros. Y ellos serán llevados al encuentro del próximo 2 de mayo en el Congreso.

“Los jubilados han resuelto impulsar, y nosotros acompañaremos, una jornada nacional de lucha prevista para el 8 de mayo coincidiendo con la marcha 1100, y continuar con la campaña nacional de firmas para el debate y sanción de una nueva ley previsional”, indicó Iturraspe.

El detalle de los 5 puntos:

* Una Jubilación Mínima no inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil.

* Implementación en los haberes previsionales del 82% móvil sobre el salario del trabajador activo en su mismo cargo, oficio o función.

* Creación del Instituto Nacional de Previsión Social, dirigido y administrado como establece la Constitución Nacional, por representantes de los jubilados, trabajadores activos y la participación del Estado.

* Normalización del INSSJP (PAMI).

* Asignación de un cupo de viviendas en comodato para jubilados y pensionados no inferior al 10 (diez) por ciento de las construídas con fondos del Estado Nacional.

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Bolivia juega su futuro marítimo con demanda contra Chile en La Haya

René Quenallata Paredes (XINHUA)

La demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, para exigir una salida soberana al Océano Pacífico, es el desafío más complejo de la historia de Bolivia, porque de este proceso dependerá su futuro marítimo por el norte chileno, afirmó hoy el ex canciller boliviano Armando Loaiza.

Los intentos por convencer a los gobiernos chilenos por décadas han sido infructuosos por la radicalidad de su política de no dialogar para el acceso boliviano al mar, lo que hizo imposible avanzar con Chile en la demanda marítima y, por consiguiente, llevó a Bolivia a iniciar un proceso internacional en La Haya.

"Tengo muchas consideraciones, porque llevar a una tercera instancia un tema como es la demanda marítima boliviana es una apuesta y posición de alta responsabilidad nacional, que está asumiendo el país en su historia", declaró Loaiza.

La ex autoridad participó en la reunión con ex presidentes y ex cancilleres con el mandatario Evo Morales, para analizar la demanda marítima ante la CIJ.

Para el ex canciller, este emprendimiento internacional se ha constituido en "vital" para el Estado boliviano, porque en el supuesto caso de no tener respuestas positivas a la postulación boliviana en La Haya, el tema marítimo puede quedar "enterrado" por varias décadas, y se constituiría en una "gran derrota" para el Estado.

El equipo jurídico de Bolivia ya se encuentra en La Haya ultimando detalles para la presentación oficial de la demanda contra Chile para una salida al mar, prevista para mañana miércoles.

El ex ministro de Relaciones Exteriores analizó y reflexionó sobre los alcances posibles de la demanda, las posibilidades de una resolución de la CIJ, lo que representa para Bolivia este hecho, lo que debe asumir el gobierno de Evo Morales una vez iniciado proceso, y recomendó algunas consideraciones a fin de evitar éxitos banales.

Según Loayza, la presentación de la causa ante este tribunal internacional no es una cuestión menor, es un tema de diplomacia multilateral "muy grande y delicada", por lo que requiere de todo el apoyo presupuestario estatal y el respaldo moral de los bolivianos.

Bolivia tardó dos años en preparar la demanda, desde que el presidente Evo Morales anunció el 23 de marzo de 2011 que se había decidido recurrir a tribunales internacionales para recuperar el derecho de retornar a costas del Océano Pacífico de manera soberana.

Según el gobierno de Evo Morales, Chile invadió Bolivia en 1879, cuando el país perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de terreno, extensión territorial que reclama a Chile desde el siglo XIX. Desde entonces, el país andino amazónico quedó enclaustrado.

En 1904, ambos países firmaron un tratado que fijó la frontera y, en 1978, Bolivia y Chile rompieron relaciones diplomáticas. A la fecha se mantienen relaciones comerciales, en tanto que contactos bilaterales se realizan a nivel consular.

El ex canciller boliviano consideró que el hecho de efectuar la demanda en La Haya no implica el cerrar el diálogo, y apeló al ejemplo de Chile y Perú que han asimilado un diferendo marítimo, al separar ese conflicto judicial para encarar una agenda bilateral importante, con inversiones que superan los 15.000 millones de dólares.

"Debemos ser capaces de superar este momento de tensión que estamos viviendo desde hace dos años entre ambos países", afirmó.

Límites y tratado

Según el análisis de Loaiza, parece claro que Bolivia dejará de lado la hipótesis de proponer ante la instancia internacional la revisión del Tratado de Paz y Amistad suscrito con Chile en 1904, porque cree que es una posición que no tendría asidero ni posibilidad de ser considerada en una instancia como en la Corte.

Cree que Bolivia tampoco va a demandar la hipótesis de la revisión de límites.

"No podemos esperar que la Corte de La Haya diga o falle desde mañana que Bolivia adquiere una costa soberana en el Pacífico; por eso creo que no se va a demandar la revisión de límites, pues lo contrario significaría echar por tierra nuestro derecho soberano de retornar al mar desde la parte jurídica", afirmó.

El experto en política internacional manifestó que la CIJ, en caso de asumir el proceso, puede optar por una exigencia a Chile a encontrar una solución negociada.

"Lo que podría ocurrir es que si Bolivia considera la sucesión de actas internacionales en las cuales Chile se comprometió a buscar conjuntamente con el país, mediante una negociación, una salida útil y soberana, la Corte de La Haya puede requerir y obligar a Chile a desarrollar una negociación para una solución pacífica, que es muy distinta a revisar un Tratado o los límites", señaló.

Además, dijo que este proceso puede demorar muchos años, y que dependerá del trabajo que realice el equipo jurídico de expertos nacionales e internacionales contratados por el país.

Reflexionó que si bien comienza una gestión complicada para la política internacional de Bolivia, contrariamente observa que en el país hay algunos sectores algo "exitistas" por una victoria anticipada, lo que considera como un hecho muy "peligroso".

Chile va a librar una batalla jurídica muy fuerte, incluso hasta puede cuestionar la jurisdicción y competencia de la CIJ para abordar la demanda marítima boliviana, "entonces tenemos que prepararnos para una contienda judicial muy difícil de varios años", agregó el ex canciller.

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