viernes, 26 de abril de 2013

Impunidad para siempre: La Corte Suprema de los EEUU protege a las multinacionales de la responsabilidad civil por violaciones de los DDHH

Gaby Weber (especial para ARGENPRESS.info)

El 17 de Abril, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha tomado una decisión trascendental que tendrá como resultado que en el futuro va a ser imposible responsabilizar a las empresas multinacionales por sus crímenes.

Ese día, los jueces superiores emitieron en Washington DC una sentencia sobre la pregunta de si el Alien Tort Statute (ATS) es aplicable a las empresas o sólo a individuos. El ATS fue aprobada en el 1789 por el Congreso de los Estados Unidos y está en vigencia. Ofrece a los extranjeros el derecho de recurrir a los tribunales de Estados Unidos cuando se viola el derecho internacional. Era necesario en aquella época porque casos como el de la piratería no podían ser procesados en los países de origen de los delincuentes, ya que estos “estados fallidos” los protegían, Bahamas, Cuba, Islas Caimán etc. En los siglos siguientes, hicieron acuerdos internacionales y el ATS quedó olvidado hasta que fue descubierto nuevamente por el movimiento de derechos humanos en contra de los torturadores sudamericanos quienes, después de las leyes de amnistía, quedaron sin castigo en sus países de origen. Hubo varias sentencias en los Estados Unidos contra torturadores y este procedimiento basado en el ATS no es el objeto del debate actual.

En Abril, en la Corte Suprema de Justicia se discutía si el ATS se aplicaría a las empresas multinacionales con sede en el extranjero, porque las empresas estadounidenses (al menos por ahora) siempre podían ser procesadas en los tribunales de Estados Unidos. Aunque esto en la realidad significa una clara desventaja competitiva para la industria de Estados Unidos, la solidaridad de la clase era más fuerte.

De acuerdo con la opinión de la mayoría de los 9 jueces de la Corte Suprema, el ATS no se debe aplicar a las multinacionales, a fin de no obstaculizar el comercio internacional. Esto es para prevenir que cualquier juez provincial tome un caso por demandas millonarias contra una empresa extranjera que tendría que ser juzgado en el país de origen, donde la empresa tiene la sede o donde los hechos ocurrieron. De esa manera, un juez podría apropiarse derechos ejecutivos que no le corresponden y crear un conflicto entre los dos gobiernos. Dicen que con la palanca de un juicio contra una multinacional no se debe hacer política exterior. Además, el ATS se hizo hace más de 200 años atrás para combatir la piratería. Según los jueces, la piratería pasó en alta mar, en un lugar internacional en un vacío legal y juzgando a los piratas no dará lugar a conflictos bilaterales porque no habrá interferencia con los derechos soberanos de otro Estado (“and therefore carries less direct foreign policy consequences”).

En el caso concreto, unos demandantes, entre ellos la viuda Kiobel, de Nigeria habían abierto una causa en contra la Shell Royal Dutch Petroleum Company por haber participado en escuadrones de la muerte y la tortura en el país africano. La corte de apelaciones en Nueva York había negado la apertura del procedimiento. Por eso, los demandantes apelaron ante la Corte Suprema. Allá, se llevó a cabo una verdadera “batalla amicus”, grupos de los derechos humanos, ecologistas, colegios de abogados y universidades de todo el mundo escribieron cartas de apoyo con su visión, las llamadas “amicus curiae”, en los cuales señalaban la necesidad de abrir este tipo de juicios en los tribunales de Estados Unidos. Los tribunales de los países donde estos crímenes tuvieron lugar fueron no están en condiciones de confrontar un pleito semejante, sus gobiernos nacionales están chantajeados o comprados. El gobierno federal alemán había amenazado con un escrito amicus en febrero de 2012 con el deterioro de las relaciones diplomáticas si los tribunales estadounidenses siguen ampliando su jurisdicción a empresas extranjeras: “La República Federal de Alemania considera qué ejercer jurisdicción en Estados Unidos contra empresas alemana sería contraria al derecho internacional y crearía un riesgo sustancial de los conflictos de competencia con otros países (“The Federal Republic of Germany believes that overbroad exercises of jurisdiction are contrary to international law and create a substantial risk of jurisdictional conflicts with other countries.”). Con eso, Angela Merkel dejó claro otra vez que los derechos humanos no tienen ninguna importancia frente al afán de maximizar las ganancias corporativas.

Como el gobierno alemán, también el Instituto CATO, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Consejo Nacional de Comercio Exterior y de una serie de bancos y compañías mineras ejercieron presión a través de sus escritos amicus ante el tribunal.

Algunos magistrados de la Suprema Corte, la minoría, tenían una opinión diferente. Escriben en la sentencia que la piratería del siglo 18 no tuvo lugar en un vacío legal, ya que los piratas habían navegado bajo bandera de un Estado; y el juzgamiento de estos piratas extranjeros también en aquella época cuando se hizo la ley trajo conflictos diplomáticos con otros gobiernos que protegían los piratas. Pero, la persecución de estos delitos era en aquel entonces como también hoy más importante que evitar conflictos diplomáticos con los Estados que no ponen los derechos humanos en primer lugar. “¿Quiénes son los piratas de hoy en día?” -preguntaron los jueces de minoría-.

Para el movimiento internacional de derechos humanos, la sentencia del Tribunal Supremo es un golpe duro, porque en los últimos años, los tribunales de Estados Unidos eran la última esperanza para las victimas de investigar y juzgar a las violaciones de los derechos fundamentales, por lo menos a través de un juicio civil. Hoy en día, no se sabe como estos juicios van a seguir o terminan ahí. La sentencia del 17 de Abril deja alguna interpretación en algunos puntos. Por ejemplo, parece que la sentencia en la causa Kiobel dejó una puerta trasera abierta. Se dice en la página 4: “Los tribunales federales podrán reconocer las reclamaciones privadas en virtud del derecho común federal.” (“Federal Courts may recognize private claims under federal common law”.)

El abogado Terry Collingsworth en Washington se va a basar en estas palabras para seguir el juicio en la causa Mercedes-Benz Argentina (MBA). Representa a los sobrevivientes y a los familiares de MBA. Durante la dictadura militar desaparecieron 14 obreros en Mercedes-Benz Argentina, tres sobrevivieron a las torturas. Collingsworth presentó un juicio civil en 2004 en San Francisco contra la Daimler AG, basándose en el ATS, la Convención contra la Tortura y la ley federal de California. Y finalmente, en noviembre de 2011, la Corte de Apelaciones de California del Norte ha afirmado la competencia geográfica. Si una empresa hace tan grandes ganancias en California, entonces tendría que responder ante los tribunales del estado. Y los jueces de California se interesan por sus propias leyes (“Ley Federal”) si la empresa en cuestión había denunciado a la dictadura a sus obreros como terroristas y si colaboraron en la apropiación de los bebes de los campos de tortura. En el 2011, Daimler había presentado un recurso de apelación contra dicha sentencia y solicitó una “en banc” audiencia. Del total de 12 jueces solo uno dijo que se puede escuchar a la empresa otra vez. Su solicitud fue rechazada con palabras duras.

Si la Corte de Apelaciones en California se deja sacar su competencia geográfica por la última sentencia del Tribunal Supremo - hay que ver. No va a ser fácil-. Pero, por las dudas, el Tribunal Supremo en Washington, anunció el lunes de esta semana, a petición de la Daimler AG, de examinar el caso de los desaparecidos sindicalistas argentinos en un juicio separado. En octubre, la primera audiencia se llevará a cabo. La prensa va a estar presente y este caso se va a conocer en todo el mundo.

En la causa Kiobel/ Nigeria, el gobierno argentino había presentado con un propio amicus para destacar la importancia de la apertura del juicio para los derechos humanos. Después de las dictaduras en América Latina, el procedimiento en los Estados Unidos ha sido muy útil, escribió. Es decir, el gobierno de Kirchner asumió por tanto claramente que la compañía petrolera británica Royal Dutch Shell en Nigeria difícilmente sería juzgada por sus crímenes. Ahora, el gobierno argentino vuelve a tener la oportunidad de escribir una carta amicus, esta vez para el juicio de la alemana Daimler AG -cuya complicidad con los militares argentinos todavía no se ha condenado por un tribunal argentino, a pesar de una serie de denuncias pendientes desde el año 2002-.

Pero recientemente, la Daimler ha anunciado junto con Cristina Kirchner el lanzamiento de una nueva inversión en la localidad de González Catán (provincia de Buenos Aires) por un monto de 800 millones de pesos. Las familias de los desaparecidos de Mercedes-Benz quieren preguntar a la presidenta por qué no se cumplieron las promesas de Néstor Kirchner. En 2005, él había recibido a los familiares y anunciado una investigación exhaustiva. Cristina ha rechazado una conversación con los familiares.

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¿Qué reforma, qué Justicia?

Gustavo Robles (especial para ARGENPRESS.info)

El oficialismo avanza en su reforma estructural del Poder Judicial (que no es lo mismo que "Justicia"). Más allá de las peleas tipo barra-brava de los representantes de la burguesía (patrones) y de los escandaletes a los que estos nefastos personajes nos tienen acostumbrados, que hay que cambiar ese antro de corrupción no es novedad. Pero claro, la cuestión es "qué" se cambia, y cuáles son las razones e intenciones que mueven, en este caso, al kirchnerismo.

Empezando por esto último, es evidente que las motivaciones que movilizan al oficialismo tienen dos aristas claras: una, en su pelea con el Grupo Clarín, terminar en tiempo perentorio con los continuos amparos que éste interpone para evitar la aplicación en su caso de la nueva Ley de Medios Audiovisuales (que ya tiene tres años de aprobada). La otra, asegurarse una Justicia adicta para mantener la impunidad que hoy esgrimen ante los hechos de corrupción que varios funcionarios protagonizan. Esto mismo ya lo hicieron en la provincia de Santa Cruz, la que gobernaron por más de diez años, y sirve como antecedente incontrastable

Es tan mezquina la acción del gobierno, tan rastrera, que con tal de asegurarse un futuro lejos de las rejas a pesar de sus latrocinios, genera y fuerza una ley que cambia estructuralmente uno de los poderes de la República, dejándola formalmente en manos del poder político de turno

No nos vamos a hacer los tontos, sabemos que actualmente no existe independencia política entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Entre los dos primeros es evidente, hay una estrecha relación entre funcionarios y legisladores que pertenecen a un mismo espacio político, que se eligen en una misma lista en elecciones y que tienen una línea que los agrupa y dirige. En el caso de los jueces, siempre fueron y son presionados por el oficialismo de turno (además de comprados por el poder económico). Lo que el kirchnerismo quiere es “blanquear” lo que hoy es informal, en vez de solucionar el problema de fondo. Como siempre, cambian algo para no cambiar nada en la esencia del poder de la burguesía.

Lo que surge de esta nueva ley, es que a partir de ahora, todos los oficialismos (sean peronistas, radicales, macristas, duhaldistas o quien venga), que se constituyen con mayorías (o primeras minorías) circunstanciales, tengan FORMALMENTE el Poder Judicial a su favor ¿Cómo defenderse ahora ante los embates del Estado?

El problema, entonces, no son tanto las “cautelares”, que podrán ejercerse (no como dice la “Corpo”) pero cuyos efectos serán limitados a seis meses. Lo realmente grave es lo arriba mencionado.

Con el cuentito de la “participación popular”, zanahoria que utilizan magistralmente estos canallas, encubren las verdaderas intenciones de estas reformas. Y la trampa, como siempre, está en la REPRESENTATIVIDAD, que será canalizada por los partidos políticos. Si querían “democratizar” la justicia, ¿por qué no votar DIRECTAMENTE A LOS JUECES, en elecciones populares SEPARADAS de las de los otros dos poderes, sin la participación de los partidos políticos? Por ejemplo, que sea el pueblo el que decida si un juez como.... Oyharbide, puede seguir en su cargo, exponiendo su currículum y sometiéndolo a la voluntad popular. Claro, eso ni locos lo proponen, porque ahí sí que estarían todos, jueces, legisladores y funcionarios en serios problemas...

La solución real para las mayorías populares nunca va a encontrarse dentro del sistema capitalista, donde la cuestión de fondo será siempre que los que tengan acceso a la justicia plena serán los que tengan la plata suficiente para comprar las voluntades de quienes dictan sentencia. Y esos serán obviamente los patrones y sus representantes políticos, quienes integran los partidos tradicionales del sistema burgués (capitalismo). Por algo las cárceles están llenas de pobres, y los grandes corruptos que viven robando las riquezas que son patrimonio del pueblo, andan libremente ostentando su opulencia y su impunidad.

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Legislo para la corona

Alfredo Grande (APE)
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“Para amar al socialismo, primero tenés que odiar al capitalismo. Si no podés odiar al capitalismo, conformate con odiar a Clarín.” (aforismo implicado)

"Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar. Tiene fuentes, pero no amigos. Lo que los periodistas pueden ejercer, y a través de ellos la sociedad, es el mero derecho al pataleo, lo más equitativo y documentado posible. Criticar todo y a todos. Echar sal en la herida y guijarros en el zapato. Ver y decir el lado malo de cada cosa, que del lado bueno se encarga la oficina de prensa; de la neutralidad, los suizos; del justo medio, los filósofos, y de la justicia, los jueces. Y si no se encargan, ¿qué culpa tiene el periodismo?" (Horacio Verbistky)

Hubiera querido terminar de escribir este trabajo al finalizar el debate en el Congreso y conocido el resultado de la votación. Pero no estoy para correr ninguna maratón, ni siquiera la del debate legislativo. Ni padezco insomnio democrático. Siempre he tratado, y pocas veces conseguido, diferenciar entre los tres niveles de la realidad: convencional encubridor, convencional descubridor y nivel fundante. Lo aprendí de León Rozitchner y le agregué matices personales. Justamente el que denomino “nivel convencional descubridor”. La realidad, tal como se presenta, la realidad a primera vista, incluso el amor a primera vista, es siempre encubridor. Y la cultura que sostiene ese nivel encubridor es lo que denomino cultura represora. Como tal sostiene la hegemonía del mandato. Esto puede llamarse Presidencialismo. Gobernabilidad. El primero es la hegemonía de un Poder, el Ejecutivo, sobre los demás Poderes.

La gobernabilidad es reinar con la apariencia de gobernar. Menem, el más perfecto de todos, dijo que si decía lo que iba a hacer, nadie lo votaba. Ni siquiera fue un sincericidio, porque volvieron a votarlo. El presidencialismo es que los legisladores acepten que no son “libre pensadores”. Apenas disciplinados, sumisos y obedientes a la voluntad suprema del Poder Ejecutivo. Alguna vez, el vice gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo algo similar: “los peronistas no somos librepensadores”. Siempre me pareció un insulto para un John William Cooke, por ejemplo. Pero bueno: si los representantes tienen obediencia debida y sentida al Poder Ejecutivo: ¿cómo podrán tener obediencia sentida y debida a la voluntad popular? Si y solo si la voluntad popular y la voluntad del Ejecutivo son una cosa y la misma cosa. O sea: ritornello que la voluntad popular sólo se expresa en el ritual de votar. Por eso la voluntad popular solo se contabiliza cada 4 años. Durante esos 4 años, apenas cabe esperar, rezar, patalear, y casi nada más.

La democracia pasa de ser representativa para ser restitutiva. La forma, la pura forma, la obscena forma, se impone a la esencia. Por lo tanto el nivel convencional encubridor (el voto cuatrianual) aplasta el nivel fundante: la voluntad popular. Sólo podemos rescatarlo si sostenemos el nivel convencional descubridor: el plebiscito vinculante y la revocación de mandatos. Eso no sucederá. Entonces queda algo muy diferente a la voluntad popular por votación: la pueblada. Pero para eso espera la ley antiterrorista y el proyecto X. Por eso la derecha grita en público y se ríe en privado. Las empresas líderes levantan la plata con grúa, porque no hay pala que alcance. Los bancos, los malditos del 2001, se dan hasta el lujo de armar culebrones psicotizantes como la parejita alienada del comercial del Galicia. Si un gobierno de derecha hubiera propuesto estas modificaciones a la Justicia, más que carpa blanca se hubieran armado carpas rojas y negras. Con ápside y todo.

En el nivel convencional encubridor se hace mucho surf, se nada poco y no se bucea nada. Todo es en la superficie. Si el Gobierno se define como “nacional y popular” todo lo que haga es popular y nacional. “Mi mamá me ama” y entonces descubro con años de análisis que era una bruja maltratadora. “Papá trabaja”. Y entonces descubro, quizá sin análisis, que era chorro y borracho. Como pasa en las mejores familias, ni que hablar de las peores… A veces, es demasiado tarde. ¿Cuántos miles de millones de dólares se fugaron en plena democracia representativa, con voto popular y medidas anti populares? La sangre derramada ha sido demasiado negociada y la lección del 2001 no fue aprendida. Lo mejor que tenemos es el pueblo pero sólo votando cada 4 años. La juventud es maravillosa si está en La Cámpora.

La Justicia Social es apenas una Asignación Resignación por hijo. La soberanía política se reduce a pelear con fondos buitres y seguir pagando una deuda carancha. La Independencia Económica se entrega a la megaminería a cielo abierto y a tierra fracturada. Por eso el nivel fundante de esta democracia seguirá oculto. ¿Cómo puede estar en la superficie si una diputada oficialista afirma que representante y representado están unidos? Son lo mismo. No hay diferencia. A estas afirmaciones las ubico en lo que llamo el “alucinatorio social”. El nivel convencional encubridor, la representación, se lo hace aparecer en lugar de lo fundante, el representado. Gato por liebre. Si la única forma de soberanía popular es el voto, no estamos bien y vamos peor. La democracia directa, que no significa asamblearia, es otra cosa. Los dispositivos autogestionarios son posibles y necesarios.

En las comunas de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, son sistemáticamente anulados. Y ojalá solo fuera por la desmesura macrista. La desmesura es de la clase política ya cómodamente instituída como casta. Un Ministro dijo que la Presidenta es la única garante del Modelo. Lo curioso es que dijo eso y no se suicidó. “El Estado soy YO” dicen que dijo Luis XIV, el Rey Sol. No sería raro que en un momento de exaltación alguien dijera: “El Estado es Ella”, aunque no esté ni ebrio ni dormido. Lo que mas me enoja es que el kirchnerismo sea acorralado por derecha. Pero se lo merece, porque ha hecho del ataque y denigración de la izquierda su deporte mas practicado.

Si la izquierda es siniestra, como dijo un Ministro ahora senador, ¿Qué calificativo le cabe a la derecha: diestra? La prueba final de que la soberanía popular apenas es una gota que se derrama cada cuatro años, es la rotación de cargos que hay en las altas esferas. No creo que haya que democratizar la justicia para que Grassi vaya preso y Jaime sea juzgado. Lo que falta democratizar es la política. Y eso es un fundante que el kirchnerismo jamás podrá aceptar. No lo necesita. Tiene suficientes que están más que di$puestos a legislar para la corona.

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Argentina: Ni pobres ni indigentes

Fabiana Arencibia (RED ECO)

El INDEC difundió el valor que en marzo alcanzaron las canastas de alimentos y servicios, con las cuales el gobierno mide la pobreza y la indigencia. Según sus cálculos, una persona puede alimentarse con 7, 56 pesos diarios cumpliendo con “los requerimientos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para una actividad moderada” y por lo tanto, no ser indigente.

Los insumos básicos que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para determinar el monto de ambas canastas están íntimamente relacionados con el índice de inflación que elabora el organismo (IPC).

La manipulación de los datos - denunciada por los trabajadores del INDEC desde que el gobierno nacional intervino al organismo estadístico - falsea el IPC, el monto de las canastas y finalmente la cantidad de pobres y de indigentes.

Vayamos a las cifras.

Para el INDEC una familia tipo (padre y madre de entre 30 y 35 años, un hijo de 5 años y una hija de 8) que resuelve la alimentación con 725 pesos por mes – 7,56 pesos por día por persona - no es considerada indigente. Ese es el valor que dio a la canasta básica mensual de alimentos (CBA).

Por otra parte, una familia tipo que además de alimentarse, cubre los gastos de transporte, ropa, educación, salud y demás servicios esenciales con 1.650 pesos por mes, lo que sería 17,20 pesos por día por persona, deja de ser pobre. Este es el monto que definió para la canasta básica total (CBT) que incluye alimentos, bienes y servicios.

Aclaramos que en ambos casos, el INDEC pondera a los dos menores dentro del núcleo familiar, con lo cual sus cálculos los efectúan con 3,09 personas por familia tipo (lo que llama “unidades consumidoras” o “adultos equivalentes”). Si tomáramos los cuatro integrantes, cubrir la alimentación básica le demandaría a cada persona 5,84 pesos diarios y 13,30 para hacer frente a otras necesidades básicas además de los alimentos.

Al publicar la Canasta Básica de Alimentos (CBA), el organismo explicó que la misma “se ha determinado en función de los hábitos de consumo de la población”. Y agregó: “previamente se tomaron en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un hombre adulto, entre 30 y 59 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades”.

La CBA se compone con los valores de: pan, galletitas saladas y dulces, arroz, harina de trigo, otras harinas (maíz), fideos, papa, batata, azúcar, dulces, legumbres secas, hortalizas, frutas, carnes, huevos, leche, queso, aceite, bebidas edulcoradas, bebidas gaseosas sin edulcorar, sal fina y gruesa, vinagre, café, té y yerba mate.

Veamos qué alimentos se pueden comprar con 7,56 pesos diarios. Para que este análisis sea aún mas favorable a las estadísticas oficiales, tomaremos los últimos precios publicados por el INDEC (abril 2008) y le agregaremos la inflación acumulada del INDEC hasta la fecha (abril 2008-marzo 2013)

A pesar de lo irrealmente bajo que resultan los precios con este cálculo, los $ 7,56 solo alcanzarían para un kilo de pan ($ 4,05) y un litro de agua mineral sin gas ($ 3,08). Pero si en lugar de pasar el día a pan y agua, optamos por algunas proteínas más y comemos un churrasco de paleta ($ 13,25 el kilo… $ 3 un churrasco), un huevo ($ 5,80 la docena… $ 0,50 un huevo), un plato de arroz ($ 2 el medio kilo… $ 1 para un plato generoso), un pan ($ 0,50) y un litro de leche para aportar calcio a nuestra dieta ($ 2,69) llegaremos a gastar un centavo más que $ 7,56 diarios.

Podríamos seguir agregando combinaciones con estos valores que, repetimos, son imposibles de encontrar más allá del microclima del gobierno, aún luego de varios acuerdos de congelamiento de precios que viene realizando el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, con las cadenas de supermercados.

Ni aún con estos importes, que son irreales a la hora de salir de compras, puede garantizar una persona ni una familia cubrir los “requerimientos kilocalóricos y proteicos” de ningún ser humano.

Usando estas canastas como parámetros de medición, el gobierno acaba de publicar los datos de pobreza (5,4%) e indigencia (1,5%) con los cuales cerró sus estadísticas de 2012. Según estos datos 440 mil personas dejaron de ser pobres en un año y 80 mil dejaron de ser indigentes. Hoy son pobres, según el gobierno, 2,2 millones de personas e indigentes 600 mil.

El médico sanitarista Hugo Arce explica que no es lo mismo estar bajo la línea de pobreza que tener las necesidades básicas insatisfechas. La medición en el primer caso (LP) está vinculada íntimamente a datos como la inflación y el poder adquisitivo del salario, mientras que para el segundo (NBI) se tiene en cuenta la vivienda y el entorno cultural de la persona.

Según un informe del Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT opositora, la pobreza alcanza hoy a 27,2% de la población, lo que equivale a 10.950.000 habitantes, similar a la calculada por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que es 26,9 %. Por su parte el centro de investigaciones de la CTA oficialista (CIFRA), a mediados de 2012, estableció que una de cada cinco personas (19,9%) estaba en esta situación.

“Más allá del nivel de ingresos circunstancial, una parte de la población continúa funcionando en la economía informal, con viviendas precarias (inquilinatos y villas), bajo nivel educativo y laboral. Si realmente hubiera un 5% bajo la línea de pobreza, no veríamos pobres por las calles, muchas de las villas se hubieran reconvertido en barrios privados y la economía informal estaría en franco retroceso”, afirma Arce.

A comienzos de febrero, el directorio del Fondo Monetario Internacional emitió una moción de censura contra el gobierno argentino en rechazo a las estadísticas oficiales y le dio un plazo de ocho meses para alinear la metodología del INDEC, en especial los datos sobre precios y crecimiento.

Para fines de setiembre o principios de octubre estará listo, según se informa desde el INDEC, un nuevo índice de precios que reemplazará al IPC, que solo refleja la inflación de Capital y Buenos Aires. El IPC Nacional Urbano (IPCNu), dice el organismo, dará cuenta de la inflación en los distintos sectores sociales de las diferentes provincias y será el punto de partida (mes base) sobre el cual luego se van a comparar los precios posteriores.

Norberto Itzcovich, director técnico del INDEC, manifestó que para su confección “se ha preguntado a 40 mil hogares de todo el país, qué consumen, cuándo y cómo”. Y que el organismo “está cumpliendo las recomendaciones del FMI y todos los parámetros de calidad internacionales” (¿será que hasta ahora no lo cumplían?)

Como insumo fundamental de este nuevo índice, la semana pasada se presentó la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012. El Ministerio de Economía manifestó en un comunicado que esta encuesta actualiza los datos sobre “las condiciones de vida de la población en general, desde el punto de vista de su participación en la distribución y en la adquisición de bienes y servicios (...) además brinda información acerca de la estructura de consumo e ingreso de los habitantes del país”.

Compartimos la duda que los trabajadores estatales nucleados en ATE-INDEC tienen cuando se preguntan: “¿Qué puede hacernos pensar que las mismas personas que encabezan la mentira desde 2007, Ana Edwin y Norberto Itzcovich, van a cambiar su política y van a dejar de manipular la información que se utilice para confeccionar este nuevo índice?”.

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Frente al debilitamiento fiscal, buscar los recursos donde están

Eduardo Lucita (LA ARENA)

El déficit fiscal ha entrado nuevamente a escena en el país, lo que ha dado nuevos aires al neoliberalismo que responsabiliza a la emisión monetaria por la inflación. El gobierno nacional en tanto parece no registrar que tiene a mano recursos más que suficientes como para poner "en caja" las cuentas públicas.

Los pronósticos dicen que este año la economía mejorará un poco, sin embargo el carácter estructural de la inflación, la restricción externa y el déficit fiscal están presentes y operan como límites al modelo de acumulación en curso.

Los tres factores señalados conforman un combo, que se realimenta sinérgicamente. El gobierno no acierta con las respuestas porque se niega a ver las causas reales, mientras se va produciendo un lento pero persistente ajuste de hecho.

Es inocultable que el alza de los costos internos provoca el retraso relativo del tipo de cambio. En líneas generales incide en la competitividad de las economías regionales y recorta una porción de la tasa de ganancia de los sectores exportadores más concentrados.

Visiones contrapuestas

Para el conjunto de analistas y economistas del establishment, que la economía esté totalmente concentrada y extranjerizada y que el capital disfrute de altas ganancias no tiene ninguna incidencia en el alza del costo de vida. Por el contrario, para ellos la inflación, a la que no le reconocen un carácter estructural, es resultante directo de la emisión monetaria por parte del Banco Central. Traducido: aumento en la cantidad de dinero en circulación

Por su parte, el gobierno y sus principales voceros hacen eje en la puja distributiva y promueven llamados a la responsabilidad. Sin embargo en la práctica se pone el acento en uno de los componentes de la ecuación: el salario de los trabajadores, al intentarse poner tope a los acuerdos paritarios. En tanto que deja librado a las fuerzas del mercado el otro componente: la tasa de ganancia de los capitalistas. No obstante haber reconocido más de una vez que estos últimos "se la llevan en pala".

Hemos sostenido otras veces que la inflación en nuestro país remite a un fenómeno complejo, que tiene como una de sus principales fuentes a la concentración y a las altas tasas de ganancia. También en la insuficiencia de oferta, ya que los capitalistas invierten poco en ampliar la capacidad productiva y siempre están por detrás de la demanda. Por último, exportamos bienes-salario, básicamente alimentos, por lo que cuando mayor es el precio mundial, más tira para arriba los precios internos.

También hemos planteado el control de los costos de producción y de distribución de las formadoras de precios, que hay que fijar razonabilidad a las tasas de ganancias, y buscar la forma de lograr mayor inversión reproductiva. Sin embargo esto no significa desconocer la importancia que la cantidad de dinero en circulación, combinada con otros factores, puede tener en el alza de los precios.

Debilitamiento fiscal

Que por primera vez en una década y media larga se haya registrado déficit primario, ha pesar de que el gobierno nacional recurrió a formas de financiamiento no ortodoxas -BCRA, Anses, PAMI, Lotería Nacional-, ha dado nuevos aires a los cultores de la economía neoclásica. Estos enfatizan que el gasto crece más que los recursos y que esto impulsa la demanda más allá de las posibilidades de la oferta. Por lo tanto hay que contener los componentes de la demanda: menor gasto público, reducción de salarios reales, menor nivel de inversión. Una película ya vista.

Sin embargo, si se revisan los números finales del ejercicio 2012 se comprueba que el déficit primario ha sido de solo 4.300 millones de pesos en el año, cifra que trepa a los 55.500 si se le suman los pagos de los servicios de la deuda. Lo que pone en evidencia una vez más el peso de la deuda sobre la economía.

En valores absolutos la suma resulta importante, pero en relación al PBI es de solo el 2,5 por ciento. Un porcentual escaso frente a lo registrado en otras épocas del país y comparativamente menor que la de los países europeos y de los Estados Unidos, donde su déficit trepa al 10 por ciento del producto. Conviene recordar que a pesar de la tremenda emisión monetaria de estos años, ni EEUU ni la UE tienen inflación.

El gobierno trata de morigerar el déficit reduciendo las partidas que debe enviar a las provincias o retrasando los envíos, poniendo un techo a los aumentos salariales de los trabajadores estatales, no actualizando los mínimos no imponibles...mientras ha lanzado una moratoria fiscal amplia -alcanza a las deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social- que ha sido presentada como política anticíclica bajo el argumento de que los bancos no prestan para pagar deudas con el fisco. Puede que sea así, pero no es menos real que constituye apenas un paliativo para mejorar la recaudación.

Mientras tanto crecen las presiones, aún desde las propias filas del kirchnerismo, para volver al endeudamiento. El razonamiento es simple: se financiaría el déficit sin emitir y entrarían dólares frescos. Una política que de concretarse no haría más que abrir las puertas a un nuevo ciclo de endeudamiento como en los 90. Sin embargo el gobierno tiene recursos a mano para poner en caja las cuentas públicas.

Subsidios y exenciones

Por un lado se impone un análisis exhaustivo de la política de subsidios, que en general se otorgan sobre la base de declaraciones juradas, sin mayor control, sin saber cuáles son necesarios y cuáles forman parte de la "generosidad" habitual de nuestra economía. Por el otro, revisar una a una las exenciones impositivas vigentes.

Solo a título de ejemplo. Según el mensaje que acompañó la presentación al Congreso nacional del presupuesto 2013, el costo fiscal de las exenciones a las rentas de capital alcanzan a 5.271 millones de pesos -2.819 por intereses depósitos a plazo fijo y 2.452 por intereses de bonos del Estado-. Según la misma fuente la exención del pago de ganancias a los jueces alcanza a los 1.144 millones de pesos.

A las exportaciones mineras se les aplica una retención de solo el 10 por ciento. Si se llevara ese porcentual a un razonable 30 por ciento se recaudarían no menos de 5.000 millones de pesos adicionales.

¿Cuánto más se podría recaudar reponiendo el impuesto a la herencia que eliminó Martínez de Hoz? ¿Cuánto si en las provincias se hiciera el revalúo de tierras para el pago del inmobiliario rural? ¿Qué pasaría si el Estado se hiciera cargo de la comercialización de los granos, hoy en manos de un puñado de grandes exportadoras que se quedan con la parte del león del negocio agrario?

Contribuciones patronales

Cuando el dúo Menem-Cavallo impuso la privatización del sistema jubilatorio resolvió también una reducción de las contribuciones patronales, que en promedio alcanzó los 6,5 puntos porcentuales. Para compensar el desfinanciamiento del sistema derivó a la Anses fondos recaudados por impuestos coparticipables, deducidos a las provincias.

Cualesquiera fueran los argumentos para aquel cambio, la situación ya es otra. La convertibilidad estalló, las AFJP fueron estatizadas, la economía se ha duplicado en los últimos diez años. Es hora de reponer esos puntos de las contribuciones patronales.

Un análisis del Instituto de Política Públicas que orienta el diputado nacional Claudio Lozano estimó que a valores de 2012 restituir esas contribuciones a los niveles de 1993 significaría un ingreso adicional del orden de los 100.000 millones de pesos al año. Aún cuando este cálculo estuviera sobreestimado y fuera solo la mitad sería del orden del déficit fiscal total del año pasado.

Buscar recursos donde están

En síntesis: si el gobierno revisara la política de subsidios haciéndola más transparente y efectiva; si eliminara exenciones impositivas injustificables, si repusiera contribuciones patronales cuya reducción solo sirvió para incrementar las ganancias empresarias; si se decidiera a tomar el control de la exportación de granos, estaría en condiciones de reducir la emisión monetaria, segmentar las retenciones, aumentar las jubilaciones mínimas, reponer fondos coparticipables a las provincias, mejorar las asignaciones familiares, actualizar los mínimos no imponibles, promover sectores industriales. Y un largo etcétera.

Sería interesante que lo haga antes que el recurso del endeudamiento externo se imponga por su propio peso.

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda.

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Sin presupuesto no hay salud

FM LA TRIBU - RED ECO

La crítica situación que atraviesan los hospitales públicos es el fiel reflejo de las políticas presupuestarias destinadas a la salud, que hacen oídos sordos a los reclamos de los trabajadores y se encaminan hacia el clientelismo, y el favorecimiento del sector privado y principalmente la industria farmacéutica.

La escasez de personal por falta de nombramientos, el estancamiento salarial, los problemas edilicios, entre otros, son los reclamos que llevaron adelante con un paro de 24 horas los trabajadores del Hospital Rivadavia, nucleados en ATE.

El objetivo de la medida de fuerza fue denunciar, una vez más, los problemas que acarrea el sistema de salud.

Gabriel Ibarra, delegado de los trabajadores del Rivadavia, en diálogo con el programa de radio “Los locos de Buenos Aires” de FM La Tribu, dijo: “el reclamo es por el nombramiento del personal administrativo motivo que afecta la atención al público. (…) estamos reclamando 50 nombramientos nuevos para que sea óptima la atención, 100 a 150 vacantes se perdieron ya que hace más de 4 años que no han sido nombrados nuevamente”.

Por otra parte, Ibarra denunció los problemas edilicios que padece el hospital ya que “hay lugares en los cuales sigue cayendo agua, en terapia intensiva siguen las filtraciones que tienen que ver con el material cloacal, es mínimo el dinero que pusieron para el Hospital Rivadavia”. “Seguimos en la lucha de la reparación histórica”, agregó.

Sin embargo, la situación que está viviendo este nosocomio, es igual a la del resto de los hospitales de la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) retomó las medidas de fuerza y hoy cumplió con la segunda jornada de paro y movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires para reclamar la reapertura de la paritaria; además, pidieron que se invierta en el presupuesto para la salud que permita una mejora de las condiciones en las que se trabaja.

“El gobierno transmitió a nuestros delegados paritarios una oferta salarial insuficiente en el monto e inadmisible por su fraccionamiento en cuotas. (…) Nos movilizamos por el aumento de salarios para planta, guardia y residentes. Por el aumento del monto y el fondo de reemplazantes. A la vez que no dejamos de plantear que hace falta un presupuesto de emergencia para la crisis social y sanitaria que viven los inundados pero además para enfrentar el aumento de demanda que surgirá no solo de las inundaciones sino también de las consultas estacionales que normalmente se incrementan en esta época. Reclamamos 500 cargos adicionales para los hospitales de manera inmediata y la apertura de la discusión de los planteles necesarios”, manifestaron los trabajadores.

Tanto los trabajadores nucleados en la CICOP como los del Hospital Rivadavia anunciaron que continuarán con las medidas de fuerza si no aparecen respuestas inmediatas a sus reclamos.

Presupuesto Nacional en Salud

El análisis del presupuesto destinado a la salud, realizada por el médico y docente de la UBA Mario Borini, permite entender el escenario en el que se encuentran actualmente los hospitales públicos.

El año pasado, en el momento en que se conocía el presupuesto, los profesionales de la salud ya reclamaban que se incorpore el nombramiento de 2 mil nuevos cargos para el normal funcionamiento del sistema público de salud y que no colapsen los hospitales, sin embargo los reclamos continúan.

El Presupuesto total en salud es de $11.181 millones para el año 2013, es decir, representa menos del 5% del total del gasto en salud del país. Tendencia que se instala desde hace cinco décadas, cuando el Estado comenzó a reducir sus servicios de salud al mismo tiempo que aumentó su financiación directa, o indirecta a través de la Seguridad Social, al Subsector Privado.

“Los gastos de capital del Ministerio de Salud representan solamente el 5%. El 95% restante son para gastos corrientes, o sea para bienes perecederos o haberes. Quiere decir que la Administración Nacional no incluye un programa de inversión que supere la desinversión producida en instalaciones y en tecnología.

¿Qué personal se paga con esos gastos corrientes? El personal que se paga es, en 1/3 de los casos, contratados. Con lo cual, de alguna manera, se puede pensar que el Ministerio de Salud, un organismo del Estado que se ocupa específicamente de la salud, tendría 1/3 de su personal en situación precaria”, sostiene Borini.

En diálogo con el programa de FM La Tribu “Los locos de Buenos Aires”, Borini explicó que el presupuesto nacional presenta algunas modificaciones que analizadas desde diferentes ángulos se puede vislumbrar que sigue subsidiando al comercio de la salud “Los diferentes programas que incluye el presupuesto como ser el que ha creado un Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que trata de equilibrar con fondos de redistribución a algunas obras sociales de menos tamaño o a las que poseen menor ingreso por afiliado. Así que son subsidios para equilibrar obras sociales. Este subsidio junto con otros programas que se han creado como las 10 vacunas que se agregaron al calendario, el tren sanitario, que se re impuso porque se había sacado, el Sistema Único de Reintegro (SUR), entre otros, suman un 12% del presupuesto nacional en salud, ahora ese 12% no es un agregado al presupuesto anterior sino que le sacan a las anteriores partidas un pedacito a cada una para armar ese porcentaje, de tal manera que el presupuesto nacional en salud no crece”.

Por otra parte, cuestionó a 2 de las 10 vacunas que se incorporaron al presupuesto manifestando que el gobierno nacional da su apoyo al negocio de las industrias farmacéuticas “la vacuna contra el virus del papiloma humano y de la vacuna antigripal H1NI, que es la vacuna contra el virus de la llamada “gripe porcina”, yo no las aconsejo, si bien se están incorporando vacunas al Calendario como si fueran un gran avance, lo cierto es que hay mucha preocupación, porque últimamente se ha visto como se aprueban con mucha facilidad los productos de la industria farmacéutica sin los controles que aparentemente serían necesarios y que se hacían hasta un pasado reciente. De manera que se vería desbordada la capacidad para controlar los supuestos avances de la industria farmacéutica ‘sobre’ la salud. La industria está desesperada por crear nuevas enfermedades y fármacos e imponerlos de una manera desquiciada y se hace eco de esto los gobiernos y muchos profesionales y finalmente se medicaliza y se pierde el control sobre los efectos secundarios”.

Por último, enfatizó la falta de voluntad política para lograr mejoras estructurales en el presupuesto. “Con respecto del PBI, el Presupuesto Nacional se expandió cerca de un 80% en la década, pero el Ministerio de Salud aumentó sus fondos en apenas un poco más del 50% en el mismo lapso, corroborando su atraso relativo en relación con otros Ministerios y Poderes del Estado. O sea, el Estado Nacional aumentó considerablemente su participación en la economía, pero esta expansión no alcanzó proporcionalmente al financiamiento público nacional de la salud. El Ministerio de Salud crece desde 10.137 millones en 2012 a 12.637 millones en 2013, o sea, un 25,6%, algo equivalente a la inflación. Quiere decir que el Presupuesto del Ministerio acompaña a la inflación, sin un crecimiento en términos reales. No hay voluntad de aumentar el presupuesto nacional”, finalizó Borini.

Tal como pronosticaban los profesionales, la participación relativa de Salud en el gasto total disminuyó y el presupuesto, haciendo oídos sordos a los reclamos de los trabajadores, se encaminó al clientelismo, a favorecer al sector privado y a hacerle el juego a la industria farmacéutica.

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Argentina: Sobre la justicia de los que mandan, Mariano Ferreyra, la reforma judicial. Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info) “-Todos se esfuerzan por llegar a la Ley -dice el hombre-; ¿cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora: -Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla.” Franz Kafka Luchadora expuesta en la primera línea frente a los que mandan. Abogada. Fundadora de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (http://www.correpi.lahaine.org/), y acostumbrada a las amenazas, María del Carmen Verdú, con la franqueza y nitidez que sólo la dignidad y poliética de los oprimidos pueden ofrecer, fue entrevistada por el programa Canto Libre de Radio Sur (http://www.radiosur.org.ar/) sobre las pobres condenas contra los asesinos del joven Mariano Ferreyra (http://www.deigualaigual.net/pt/actualidad/argentina/5373-aqui-esta-para-siempre-se-llama-mariano-ferreyra), el contenido de clase de la Justicia argentina y la llamada ‘Reforma Judicial’ impulsada por el gobierno nacional y actualmente en debate. Foto 1 -¿Cuál es la perspectiva de CORREPI ante los resultados del emblemático juicio contra el crimen de Mariano? “La sentencia que hemos escuchado la resuminos como ‘una condena a los individuos para salvar al sistema’. En forma absolutamente transparente, el tribunal se dedicó a refutar las dos ideas centrales que definen lo que ocurrió el 20 de octubre de 2010 en el barrio de Barracas, en Buenos Aires. Allí una ‘patota’, un grupo de choque integrado por parte de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria (UF), por ‘barras bravas’ por ella convocados y armados en al menos un caso, y con la participación activa y presente –porque no fue una simple liberación de zona- de la Policía Federal, atacaron a un conjunto de trabajadores tercerizados y de militantes de izquierda que los acompañaban como consecuencia de una larga lucha por su pase a planta permanente. El fin de los trabajadores y militantes era terminar con esa situación de hiper explotación, del simulacro de relación de dependencia mediante falsas cooperativas dirigidas por la propia UF y compartidos con los intereses de la empresa Ugofe S.A. que gestiona la línea Roca del ferrocarril.” -¿Cuál fue la tesis de fondo de CORREPI ante el asesinato? “Desde un principio nosotros probamos la existencia de un plan criminal que denominamos como ‘coordinado, gestionado, organizado y ejecutado por la Triple Alianza Anti-obrera’; esa conjunción de sectores de la burguesía, el Estado y la burocracia sindical, aliados históricos contra los intereses de los trabajadores. Así como se complotan para garantizar su tasa de ganancia cotidianamente sobre la sangre de los trabajadores, esas fuerzas también se complotaron ese día con el objetivo de dar un ‘aleccionamiento final’ a los asalariados que se animaban a organizarse por sus demandas, ahora por fuera del cepo impuesto por la burocracia.” -Los argumentos que mencionas fueron refutados por el tribunal… “Efectivamente. Y de manera muy personalizada y directa. El presidente del tribunal no solamente se refirió a la idea, sino que además le puso nombre y apellido, señalando cuando CORREPI, a través mío, hablaba del Plan Criminal y fundamentábamos el mecanismo de la ‘tercerización de la represión’ mediante grupos de choque y patotas, disimulando la responsabilidad política de la administración de turno del Estado y su condición de represor para así sostener el discurso propagandístico de que ella no castiga la protesta. De este modo, cuando las cosas salen mal, siempre la Presidenta puede sacarse una foto con la madre de la víctima, clamar por justicia, y el ministro Aníbal Fernández puede decir que el criminal fue un loco que andaba armado, y lavarse las manos. Esas son las dos ideas que el presidente del tribunal intentó refutar con falacias y mentiras. Como torcer el sentido de las llamadas telefónicas realizadas tres meses después de los hechos entre el jefe de la UF, José Pedraza, y el ministro del Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, donde este último ¡le da consejos de cómo encarar la defensa en la causa, cuando todavía no era detenido Pedraza! Asimismo, le recomienda cómo manejar la situación frente a la consecuencia no deseada de este ataque, para ‘aplacar las aguas’. Tomada recomienda a Pedraza que a los trabajadores que luchan ‘hay que hacerles la cabeza, hay que ganárselos políticamente, no todos son zurdos, hay que pasar a planta a los tercerizados, tienes que armar talleres de formación y así no te van a traer ningún problema’.” -Pero las pruebas que acabas de describir fortalecen la tesis de CORREPI… “Sí. Sin embargo, el juez interpretó los llamados telefónicos como una forma del ministro de sacarse de encima a Pedraza (!). Bien extraña la forma de ‘sacárselo de encima’, con un titular del Ejecutivo ofreciendo consejos y poniéndose a su entera disposición.” -¡La connivencia entre el gobierno de turno y la burocracia es puesta en vitrina!

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)

“-Todos se esfuerzan por llegar a la Ley -dice el hombre-; ¿cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar?.

El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora:

-Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla.”
Franz Kafka

Luchadora expuesta en la primera línea frente a los que mandan. Abogada. Fundadora de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (http://www.correpi.lahaine.org/), y acostumbrada a las amenazas, María del Carmen Verdú, con la franqueza y nitidez que sólo la dignidad y poliética de los oprimidos pueden ofrecer, fue entrevistada por el programa Canto Libre de Radio Sur (http://www.radiosur.org.ar/) sobre las pobres condenas contra los asesinos del joven Mariano Ferreyra (http://www.deigualaigual.net/pt/actualidad/argentina/5373-aqui-esta-para-siempre-se-llama-mariano-ferreyra), el contenido de clase de la Justicia argentina y la llamada ‘Reforma Judicial’ impulsada por el gobierno nacional y actualmente en debate.



-¿Cuál es la perspectiva de CORREPI ante los resultados del emblemático juicio contra el crimen de Mariano?

“La sentencia que hemos escuchado la resuminos como ‘una condena a los individuos para salvar al sistema’. En forma absolutamente transparente, el tribunal se dedicó a refutar las dos ideas centrales que definen lo que ocurrió el 20 de octubre de 2010 en el barrio de Barracas, en Buenos Aires. Allí una ‘patota’, un grupo de choque integrado por parte de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria (UF), por ‘barras bravas’ por ella convocados y armados en al menos un caso, y con la participación activa y presente –porque no fue una simple liberación de zona- de la Policía Federal, atacaron a un conjunto de trabajadores tercerizados y de militantes de izquierda que los acompañaban como consecuencia de una larga lucha por su pase a planta permanente. El fin de los trabajadores y militantes era terminar con esa situación de hiper explotación, del simulacro de relación de dependencia mediante falsas cooperativas dirigidas por la propia UF y compartidos con los intereses de la empresa Ugofe S.A. que gestiona la línea Roca del ferrocarril.”

-¿Cuál fue la tesis de fondo de CORREPI ante el asesinato?

“Desde un principio nosotros probamos la existencia de un plan criminal que denominamos como ‘coordinado, gestionado, organizado y ejecutado por la Triple Alianza Anti-obrera’; esa conjunción de sectores de la burguesía, el Estado y la burocracia sindical, aliados históricos contra los intereses de los trabajadores. Así como se complotan para garantizar su tasa de ganancia cotidianamente sobre la sangre de los trabajadores, esas fuerzas también se complotaron ese día con el objetivo de dar un ‘aleccionamiento final’ a los asalariados que se animaban a organizarse por sus demandas, ahora por fuera del cepo impuesto por la burocracia.”

-Los argumentos que mencionas fueron refutados por el tribunal…

“Efectivamente. Y de manera muy personalizada y directa. El presidente del tribunal no solamente se refirió a la idea, sino que además le puso nombre y apellido, señalando cuando CORREPI, a través mío, hablaba del Plan Criminal y fundamentábamos el mecanismo de la ‘tercerización de la represión’ mediante grupos de choque y patotas, disimulando la responsabilidad política de la administración de turno del Estado y su condición de represor para así sostener el discurso propagandístico de que ella no castiga la protesta. De este modo, cuando las cosas salen mal, siempre la Presidenta puede sacarse una foto con la madre de la víctima, clamar por justicia, y el ministro Aníbal Fernández puede decir que el criminal fue un loco que andaba armado, y lavarse las manos.

Esas son las dos ideas que el presidente del tribunal intentó refutar con falacias y mentiras. Como torcer el sentido de las llamadas telefónicas realizadas tres meses después de los hechos entre el jefe de la UF, José Pedraza, y el ministro del Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, donde este último ¡le da consejos de cómo encarar la defensa en la causa, cuando todavía no era detenido Pedraza! Asimismo, le recomienda cómo manejar la situación frente a la consecuencia no deseada de este ataque, para ‘aplacar las aguas’. Tomada recomienda a Pedraza que a los trabajadores que luchan ‘hay que hacerles la cabeza, hay que ganárselos políticamente, no todos son zurdos, hay que pasar a planta a los tercerizados, tienes que armar talleres de formación y así no te van a traer ningún problema’.”

-Pero las pruebas que acabas de describir fortalecen la tesis de CORREPI…

“Sí. Sin embargo, el juez interpretó los llamados telefónicos como una forma del ministro de sacarse de encima a Pedraza (!). Bien extraña la forma de ‘sacárselo de encima’, con un titular del Ejecutivo ofreciendo consejos y poniéndose a su entera disposición.”

-¡La connivencia entre el gobierno de turno y la burocracia es puesta en vitrina!

“No sólo esas fueron las llamadas telefónicas. Hay conversaciones de tenor similar entre el secretario y subsecretario de Transportes Ferroviarios con la viceministra del Trabajo. Por ejemplo, el subsecretario Antonio Luna le dijo al ‘Gallego’ Fernández, mano derecha de Pedraza, que ‘nadie te quiere, pero yo quiero hacerte llegar toda mi solidaridad. Yo a mis amigos los acompaño hasta la puerta del cementerio’.”

-¿Qué pasó con el Plan Criminal que ustedes fundamentaron?

“Se probó, y lo reafirmó un delegado anti-burocrático de otra línea de tren que declaró en el juicio. La Unión Ferroviaria debe ser el único gremio en el mundo que no quiere tener más afiliados. Cualquier organización de los trabajadores pugna por sumar socios, porque eso es lo que le da su mayor o menor capacidad de negociación. En cambio, la UF prefiere tener menos gente y administrarse como patronal, con cooperativas ‘truchas’, falsas, que ofreciendo trabajo a los despedidos y a los cesantes bajo una forma de dependencia encubierta, los hizo inscribirse como monotributistas y vendiendo promesas mentirosas, los hacía trabajar en las mismas tareas ferroviarias por la mitad o un tercio que el personal de planta.”

“LA FUNCIÓN DE LAS LEYES ES PERPETUAR LA EXPLOTACIÓN”

-¿Cuáles son los límites de la justicia burguesa, entonces?

“Desde CORREPI y parafraseando a un grande (Ernesto Guevara), manifestamos que no le tenemos ‘ni un tantico así de confianza’. Ni las leyes están allí para proteger a los trabajadores y el pueblo, ni los jueces son los encargados de velar porque todos disfrutemos de los derechos que nos corresponden. El sistema normativo de un Estado burgués es el corsé que dota de legitimación a su propia estructura social: la basada en la explotación, en la canallada de que una mayoría trabaje para sostener a una minoría de parásitos corruptos. Y esa misma justicia existe para frenar, mediante la criminalización de las luchas sociales al pueblo que va por lo suyo enfrentando el actual estado de cosas. La función de las leyes es perpetuar la explotación y satanizar la pobreza para lograr el control y disciplinamiento social. Para nosotros, la justicia es un escenario más de la lucha que damos en el territorio del enemigo. Nuestro objetivo no es tanto la sentencia como la conciencia.”

REFORMA JUDICIAL: INÚTIL PARA EL PUEBLO

-¿Cuál es tu opinión de la denominada ‘Democratización de la Justicia’ o Reforma Judicial propugnada por el gobierno central?

“La versión peronista del kirchnerismo maneja con mucha eficacia su capacidad para imponer en la agenda de la opinión pública temas que, en rigor, no le interesan a nadie. Pero consigue que mi mamá o la vecina que hace cola con ella en el almacén, en vez de protestar porque cada vez tienen que pagar más cara la docena de huevos o el kilo de pan, estén problematizándose sobre si el Consejo de la Magistratura debe tener 13 o 19 miembros y cuál es la naturaleza, fin y sentido de las medidas cautelares.”

-Pero genéricamente, desde arriba se inyecta la idea de que mejorará la justicia para la gente corriente…

“No tiene nada que ver con ningún problema real de los que enfrentan los trabajadores y el pueblo. No resolverá ningún problema de la clase trabajadora porque, en buena medida, el asunto tiene que ver con una disputa interna del poder. Se trata de las fracciones interburguesas que pelean entre sí para dirimir quién designa más empleados en la parte que maneja el presupuesto, la enorme caja del poder judicial; si la Corte o el Consejo de la Magistratura, cómo se eligen los miembros del C. de la M. O discutir las medidas cautelares que cuando el Estado sea el reclamado multiplicarán las dificultades de quienes tengan que reclamar contra un acto administrativo o un hecho de gobierno que le genere un perjuicio.”

-Allí no termina…

“También plantea la creación de Cámaras de Casación en ámbitos no federales, en el fuero civil y comercial, laboral, previsional, de seguridad, etc., que lo que hace es agregar una instancia más, intermedia entre las cámaras de apelación que ya existen, y la Corte Suprema. De este modo, cualquier trabajador o jubilado, cualquier persona que quiera reclamar porque lo echaron, sufrió un accidente y tiene que demandar a una empresa de transportes o a una compañía de seguros, a una empresa de medicina prepaga, o deba demandar al Estado porque a su hijo lo mataron estando preso, etc., se le sumarán por lo menos dos años más en procesos ya suficientemente eternos.”

-¿Qué otro elemento atenta contra los trabajadores?

“En el medio del proyecto sobre medidas cautelares, el diablo mete la cola y se aprovecha de hacer la trampa. Hay un articulito que habla de los servicios esenciales  para el Estado o los bienes de uso público esenciales para el Estado que no admiten ningún tipo de medida cautelar y que otorga cierto poder omnímodo para protegerlo, con lo que se ataca directamente el derecho de huelga de los trabajadores. ¿Por qué? Porque es el gobierno el que decidirá qué servicios son esenciales y, por lo tanto, frente a qué servicios no puede haber paro”.

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El ruin efecto de la pauta oficial: El mentiroso editorial de un empresario de medios K sobre el caso Mariano Ferreyra

Diego Rojas (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

Una característica recurrente del kirchnerismo -posmoderna en el peor de los sentidos- es su creencia acerca de que el discurso crea realidad. El famoso “relato”, que no es otra cosa que la acción estatal de la propaganda aggiornada por lecturas de Marshall McLuhan y Pierre Bourdieu. El aparato cultural kirchnerista potencia ese relato -emanado de las usinas sitas en Balcarce 50 y alrededores- mediante medios de comunicación adictos, estatales o paraestatizados a través de la pauta oficial y la anuencia de sus dueños (empresarios siempre vendibles al mejor postor). La irrupción del kirchnerismo como el adalid de la lucha por justicia en referencia al caso Mariano Ferreyra -y la propia postulación de un grupo de medios kirchnerista oprobioso como abanderado de tal causa- sólo podría suceder como una consecuencia directa del derrumbe intelectual que, entre otros, es un efecto directo del exceso de pauta oficial.

Esa es la vergonzosa operación que intentó realizar el mandamás de medios K Sergio Szpolski, cara visible del Grupo 23, quien en la editorial del domingo 20 del diario Tiempo Argentino no sólo atribuye exclusivamente al gobierno la responsabilidad por el curso de los acontecimientos que derivaron en el juicio oral que acaba de dictar sentencia, sino que endilga a su propio grupo empresario un papel descollante en la lucha por justicia. Craso error.

El Grupo 23 formó parte del aparato de medios kirchneristas que, no bien sucedido el crimen, se volcó a la realización de operaciones para despegar al gobierno de los evidentes socios que habían sido los culpables de la muerte de Ferreyra.

La revista Veintitrés -cuya edición cerraba aquel mismo miércoles 20 de octubre de 2010- decidió aminorar la importancia del acontecimiento otorgándole un friso de tapa (no la tapa) prometiendo explicar la verdad sobre una supuesta “interna sindical” que se había cobrado una vida. El canal CN23 fue uno de los protagonistas de la operación Trezza, que intentaba atribuir el crimen a las patotas (realmente existentes) del empresario duhaldista, pero que no habían tenido que ver con el homicidio tal como intentaba mostrar la emisora de Szpolski. Sergio Szpolski mismo -durante una reunión sindical realizada el 21 de octubre de 2010, con la presencia de este cronista y su entonces compañero de la comisión interna de la revista Veintitrés- aseguró que el grupo no le daría la palabra a los miembros del Partido Obrero sobre el caso Mariano Ferreyra, ya que quería evitar un uso político del crimen. Los estudiantes de medios pueden comprobar cómo en esas primeras semanas, luego del asesinato del militante del Partido Obrero, nadie del PO opina en los medios del Grupo 23. Una vergüenza viva para el periodismo y la moral.

Una línea de coherencia que se pudo comprobar con la publicación, en ese mismo medio, de una columna escrita por el cura Eduardo de la Serna que, entre otros bajos agravios, especulaba: “Lamento creer que el PO está celebrando y que Ferreyra fue un peón del ajedrez que entregaron (como las tomas en la facultad de Sociales) mientras juegan a la política, antes de tener su próxima tarjeta de American Express y ser gerentes de multinacionales”. Una bajeza infrahumana. O cuando el inefable columnista Demetrio Iramaín calificó al Partido Obrero como “el peón de Duhalde” y planteó que el reclamo de que el gobierno rompiera con Pedraza implicaba una operación golpista, ya que de hacerlo los pedracistas pararían el ferrocarril, provocando el caos y una escalada destituyente. “Que Altamira rompa con Duhalde”, reclamaba el editorialista de Tiempo Argentino. Infame. Cuando Marcelo Ramal escribió contestando el agravio de Iramaín, la dirección del diario decidió que se publique su texto en un recuadro del correo de lectores.

En realidad, una línea de principios. No debe olvidarse que ese mismo diario celebró el encarcelamiento fraudulento de Rubén “El Pollo” Sobrero, cuando falsamente Aníbal Fernández lo acusó por los desmanes en la estación Haedo y tituló en tapa: “Las pruebas del juez para detener a Sobrero”, cuando no existía ninguna prueba de esa opereta del Estado contra los trabajadores.

Szpolski es el dueño de un grupo de medios que se plegó a la línea oficial sobre el caso, que intentó involucrar a Duhalde con el crimen con el solo fin de despegar a los kirchneristas y sus socios (el caso extremo fue “6,7,8”, que llegó a inventar una reunión entre Pedraza y Duhalde nueve días antes del homicidio de Ferreyra); que quiso desasociar la imagen del militante de su partido (lo que en Radio Nacional se expresó en la orden de no usar la palabra “militante” sino “manifestante” o, como en el Grupo 23, mediante la organización de la cobertura del caso) y que quiso estigmatizar a quienes luchaban en las calles, así como a toda tribuna, quienes lograron que la sociedad no olvidara el crimen y que sostuviera el reclamo de castigo y perpetua.

Szpolski canta loas al gobierno que aconsejaba a Pedraza (a través de los ministros Carlos Tomada y Noemí Rial) cómo conservar su poder meses después del asesinato y acusa a los compañeros de Mariano Ferreyra de que “jugaron a la política partidaria frente a la tragedia e intentaron apropiarse de la muerte de Mariano”.

Hace pocas semanas, las decisiones empresariales sobre la cobertura del caso Ferreyra, defendidas personalmente por Szpolski, fueron objeto de debate entre los trabajadores y el empresario en uno de sus medios. Porque los trabajadores de prensa nada tienen que ver con el derrumbe moral de los mercachifles de los medios de comunicación. La miserabilidad de estos empresarios no tiene límites.

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Argentina, Chaco. Opinión del procurador Abel Córdoba: "En la U7 se violan todos los derechos humanos"

AGENCIA WALSH

"Abel Córdoba titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, junto con representantes de la Fiscalía general realizó recientemente una inspección en la Unidad Penitencial N° 7 de Resistencia, Chaco, para constatar el estado en que se encuentran los detenidos " (fuente: Diario Primera Línea). La afirmación del Procurador sobre la U7 es extensiva a la inmensa mayoría de los sitios de encierro del país.

Las tareas llevadas a cabo en esta evaluación arrojaron una situación "muy grave", según el resultado del recorrido al que acompañaron los fiscales federales: Patricio Sabadini, Diego Vigay y Carlos Amad, junto con organismos de derechos Humanos y también el presidente del Comité Contra la Tortura, Mario Bosch.

Córdoba estuvo hoy presente en el último día del juicio contra el ex capitán Norberto Tozzo, y allí comentó que en la U7 "no hay derecho humano que no se viole".

El referente de la Procuraduría narró que todo comienza desde el gobierno mismo de la institución, con las políticas de la cárcel, pasando por la infraestructura, "obsoleta", que condicionan la permanencia de las personas. Pero también mencionó la desatención médica, y algunos casos referidos a golpes por situaciones violentas dentro de la unidad. Todo relacionado con un mal funcionamiento del sistema judicial, porque "vamos a objetar que a más de mil kilómetros de donde está el juez de ejecución, se tenga a los detenidos, lo que significa en sí mismo un castigo, porque los detenidos no tienen acceso a los familiares, a ser asistido por sus abogados, ni tienen modo de peticionar al juez", explicó en relación a aquellos provenientes de Buenos Aires.

También expresó que hay personas condenadas y otras que están en proceso, pero destacó la gran cantidad de personas del Gran Buenos Aires que están allí.

Ahora "analizamos el material que vimos en el lugar y vamos a hacer el planteo de la vulneración de derecho que implique el riesgo para la salud y la vida y luego, en unos días más, veremos qué medidas tomar. Pero la política del Ministerio Público Fiscal es empezar a inspeccionar las cárceles y gestionar para que la situación se revierta", finalizó.

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“El pueblo Wichi de la Puntana tiene voz y derechos”

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

El gobierno de la provincia de Salta debió reincorporar a dos maestros bilingües, ante el reclamo del pueblo Wichi de La Puntana, que denunció represalia por sus reclamos siendo reprimidos en dos oportunidades, ya que solicitaban que se haga público el destino de los fondos de la cooperadora de la escuela.

El dirigente y vocero de la Comunidad de La Puntana Ervis Díaz, realizo a la Agencia de Noticias Copenoa, una reseña de lo acontecido en la defensa de los derechos de los originarios considerando cómo un “triunfo de la comunidad de La Puntana, la reincorporación de los dos maestros bilingües entre ellos el Cacique Marcos Luca”. Golpeado durante la represión y con orden de detención.

La Represión

El pasado 17 de abril unos 100 efectivos de Infantería dispersaron una protesta que miembros de la comunidad aborigen encabezaron en una escuela en La Puntana, en Santa Victoria Este, a unos 500 kilómetros de la capital provincial. También hubo 7 detenidos entre los manifestantes. Los 15 heridos y los apresados reclamaban la reincorporación de dos maestros bilingües al establecimiento.



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Ciudad de Bueno Aires: La Policía Metropolitana reprime a trabajadores del Hospital Borda

ANRED

Durante la madrugada el cuerpo de infantería de la policía Metropolitana invadió junto con topadoras el Hospital Borda para garantizar el inicio de las obras de demolición del Taller 19, el único taller protegido donde se trata a enfermos neuropsiquiátricos, para llevar adelante el proyecto del gobierno de Mauricio Macri de construir un centro cívico. La fuerza reprimió duramente a los trabajadores del espacio, dejando varios detenidos y heridos con balas de goma. Transmisión en vivo de Radio La Colifata. Actualización-12.50hs: Luego de reprimir toda la mañana, la metropolitana se retira del lugar. Hay 3 trabajadores de la salud, un fotógrafo de Clarín y una comunicadora de En Movimiento TV detenidos. Trabajadores del Borda llamaron a paro y movilización para el martes 30.

Unos 200 efectivos irrumpieron en el hospital alrededor de las 7.30 rodeando el Taller 19 y la mitad del hospital donde está ubicada la Unidad 20, sin dejar entrar a los trabajadores y pacientes que diariamente concurren al lugar. Junto al cuerpo policial entraron equipos de demolición que sacaron los muebles del taller y tiraron abajo las paredes con topadoras.



Los trabajadores se encuentran resistiendo en el lugar, cortando las calles linderas al hospital, y convocaron a "todos los medios periodísticos, y a todas las organizaciones obreras y populares a concurrir al Borda para apoyar a sus trabajadores y pacientes". Denuncian, además que no hay una orden judicial para llevar adelante el desalojo e iniciar la demolición, y que sería una orden directa de Daniel Chaín, Ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires.

Hay al menos 5 detenidos: los médicos Guillermo Puerta y Eduardo Balbik, una enfermera de la cual se desconoce su nombre y paradero, el fotógrafo y delegado de Clarín Pepe Mateos, a quien también le dispararon una bala de goma en la cara, y una integrante del medio comunitario En Movimiento TV. Hay al menos 30 heridos de bala de goma.



Según testigos del lugar también hubo ataques de personal de civil de la metropolitana contra periodistas. En los momentos más álgidos de la mañana, la policía avanzó contra todos los que se encontraban en su paso, reprimiendo a trabajadores, periodistas y legisladores que se encontraban en el lugar.

La vicejefa de gobierno porteño María Eugenia Vidal justificó públicamente la represión de la metropolitana. "Los trabajadores que resisten utilizan a los pacientes", argumentó, y agregó que la actuación de la fuerza "está dentro del marco de la ley".




En conferencia de prensa los trabajadores llamaron a un paro y movilización para el martes 30 de abril a las 11 en 9 de Julio y Avenida de Mayo, para luego marchar a la casa de gobierno porteño.

Transmisión en vivo de Radio La Colifata desde el Borda:


Broadcasting live with Ustream

Comunicados ante la represión a trabajadores del Borda y la demolición del taller protegido 19

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Buenos Aires, viernes 26 de abril de 2013

ATE denuncia nueva irrupción fraudulentamente en el Hospital Borda y violencia contra trabajadores y pacientes

Organizaciones sociales resisten ante la presencia de la Policía Metropolitana y la Infantería

En nombre y representación de la Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Capital Federal, nos dirigimos a los medios de prensa y a la comunidad en general a fines de comunicar lo siguiente:

Hoy, a las 7 de mañana la policía Metropolitana junto a la Infantería intervino en un operativo desmedido con armas largas y volvieron a rodear el Taller 19 y la mitad del Hospital donde esta ubicado la Unidad 20 sin acceso a trabajadores ni a los pacientes que merodeaban el lugar. Luego equipos de demolición se hicieron presentes y comenzaron a sacar los muebles del taller y tiraron abajo las paredes con topadoras.

La información a la que pudieron acceder diferentes dirigentes fue que “la segunda etapa es realizar un perimetraje para comenzar el Centro Cívico y así derrumbar el lugar por completo”. Hasta el momento el Jefe del Operativo no ha presentado la orden judicial que indica las acciones lamentables que ocurren el hospital.

Trabajadores personal del centro de salud y pacientes del lugar junto a otras organizaciones se encuentra cortando la calle Barracas y resistiendo en el lugar donde se encuentra el perimetraje. La policía y la Infantería están disparando balas de goma contra los pacientes y personal medico, hasta el momento hay dos detenidos y

Desde ATE llamamos a la solidaridad de todos los compañeros de organizaciones políticas, sindicales y partidarias para que se hagan presentes en el lugar y podamos resistir con mas fuerza y así defender la salud pública y decirle nuevamente NO al Centro Cívico, basta de negocios inmobiliarios.

Antecedentes del conflicto

Cabe destacar que es un nuevo intento desde el 8 de agosto del 2012 cuando por la madrugada, la policía Metropolitana junto con los obreros de una empresa constructora irrumpieron en los terrenos del neuropsiquiátrico para dar comienzo a la obra que desde hace tiempo venia anunciando el Gobierno porteño: la Construcción de un Centro Cívico. Desde ATE se resistió y realizaron varias jornadas de lucha y movilización en Defensa del Hospital Público y de las áreas de Salud Mental”, las obras hasta el momento están frenadas ante los fallos de la justicia que demuestran diferentes irregularidades del Gobierno porteño.

Para mayor información:

Humberto Rodríguez, Secretario General Adjunto

Alejandro Gianni Pro Secretario Gremial

POR LA ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO

CONSEJO DIRECTIVO CAPITAL FEDERAL

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REPUDIAMOS LA REPRESIÓN EN EL BORDA Y EXIGIMOS LA INMEDIATA RETIRADA DE LA METROPOLITANA, QUE ENTRÓ A LA FUERZA CON EL OBJETIVO DE DESALOJAR EL HOSPITAL PUBLICO

Desde el Frente Popular Darío Santillán repudiamos el accionar de la policía de Mauricio Macri, que con topadoras, personal de infantería, gases lacrimógenos, balas de goma y golpes, intenta sacar a los internados y personal del establecimiento psiquiátrico con el objetivo de construir un Centro Cívico en el predio.

El desalojo, que dejó varios heridos, intenta llevarse a cabo desde la madrugada de hoy en el Taller Protegido 19, un lugar donde los pacientes psiquiátricos realizan tareas de rehabilitación y aprendizaje de oficios.

Reclamamos la inmediata liberación de los 4 detenidos y acompañamos a quienes se encuentran en el lugar. Además convocamos a la puerta del hospital, ubicado en Doctor Ramón Carrillo 375, Barracas, para resistir el desalojo y defender la salud pública.

EN DEFENSA DE LA SALUD PUBLICA

BASTA DE REPRIMIR A LOS TRABAJADORES

Frente Popular Darío Santillán (FPDS).

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Argentina, Córdoba: El TSJ revocó la medida cautelar que frenaba la construcción de planta de Monsanto

CBA24N - ACTA

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba revocó la medida cautelar que paralizaba la construcción de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, aunque reiteró que "debe cumplir con normas ambientales vigentes".

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) hizo lugar a un recurso directo planteado por la Municipalidad de Malvinas Argentinas y revocó una medida cautelar dictada en febrero pasado que había ordenado suspender la obra civil que la empresa Monsanto tiene previsto realizar en ese municipio, donde proyecta instalar una planta secadora de semillas de maíz.

De todos modos, el máximo tribunal de la provincia ratificó que la compañía dispone de una autorización “restrictiva”, circunscripta a “la realización de la primera etapa del proyecto, ya que no está incluida la puesta en marcha o funcionamiento o etapa operativa”, para lo cual deberá cumplir con las normas ambientales vigentes.

El tribunal dejó sin efecto así la resolución dictada por la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba, que había ordenado la suspensión de los efectos de la ordenanza que daba a la empresa permiso de obra para la primera etapa del proyecto.

Asimismo, los vocales del TSJ consideraron que no se advertía que concurrieran los requisitos exigidos para el dictado de una medida cautelar como la demanda por la Fundación Club de Derecho Argentina y vecinos de Malvinas Argentinas; entre ellos, la verosimilitud del derecho invocado por los demandantes y el peligro que significaría no dictar una medida cautelar protectoria.

“En este caso, se trata de una verosimilitud aparente, que se encuentra construida o apoyada más sobre un imaginario colectivo de amenaza que sobre indicios concretos que permitan colegir dicho riesgo”, afirmaron los vocales.

Los magistrados señalaron que “no se puede perder de vista que la autorización otorgada a la empresa Monsanto Argentina S.A.I.C. lo ha sido específicamente para la primera etapa de la obra de construcción de una planta de acondicionamiento de semillas sin que incluya la fase operativa, es decir, una obra civil de cuya ejecución no es dable predicar un hipotético daño ambiental que justifique la provisión de la cautelar solicitada”.

Además recalcaron que, para la eventual puesta en funcionamiento de la planta, Monsanto “necesitará de una autorización especial y distinta después de realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que le ordena la Ley Provincial de Ambiente n° 7343 y su Decreto Reglamentario n° 2131, y de un modo especial el primer punto de la Resolución n° 595 de la Secretaría de Ambiente, órgano que velará por su debido cumplimiento en tiempo y forma”.

En síntesis, el TSJ -al revocar la resolución de la Cámara del Trabajo- dejó en pie la decisión de la jueza Claudia Zalazar, durante la feria de enero, que había prohibido cualquier obra vinculada con el funcionamiento de la “etapa operativa del proyecto”, aunque permitió la realización de la obra civil por parte de Monsanto.

Rechazo de los Vecinos. El abogado Federico Maciocchi -representante de los vecinos de Malvinas Argentinas que se oponen al desembarco de Monsanto- señaló a Radio Universidad que "procesalmente sorprende este fallo del TSJ".

En diálogo con Nada del Otro Mundo, el letrado manifestó que "a grandes rasgos sorprende porque cualquier persona te dice que es una cuestión básica, no están cumpliendo la ley general del ambiente". "Se tiene que paralizar hasta que se cumpla lo que se está pidiendo. No se está en contra de la instalación de la planta, se está en contra de que se instale violando las normas que establecen que debe haber un estudio de impacto ambiental previo", explicó.

Los vecinos de la localidad de Malvinas Argentinas denunciaron penalmente y pidieron el jury de la jueza Graciela Escudero de Fernández, a cargo del Juzgado de Conciliación de 4ª Nominación, que no había resuelto la acción de amparo presentada el año pasado por los vecinos de Malvinas Argentinas.

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Causa Margarita Belén II: Gustavo Piérola, hermano de una de las víctimas, revivió el horror que sembró Tozzo

CHACO DIA POR DIA

Gustavo Piérola revivió el horror que padeció su hermano Fernando y otros militantes políticos antes de ser fusilados en Margarita Belén y confirmó el papel que jugó en esos crímenes el represor Norberto Raúl Tozzo, único imputado en la causa Margarita Belén II, que es juzgado por el Tribunal Oral Federal.

En declaraciones a Radio Libertad, Gustavo Piérola, describió al ex capitán de Inteligencia del Ejército como “un gran alumno de la Escuela Francesa y de la Escuela de las Américas”.

“Tozzo fue el segundo en Inteligencia, detrás de Hornos, y participó de la mayoría de los operativos represivos en el nordeste”, señaló Piérola.

“Siguió a nuestro hermano Fernando desde el año 75 para poder detenerlo. Lo detiene en Misiones en el año 76 junto a su esposa María Julia Morresi. Lo torturan mucho en un lugar conocido como la casita de los Mártires, en Posadas, y después lo trasladan al Batallón 9 de Misiones, donde lo tienen tres días colgado de los pies, con alambres, quemado y picaneado. En todo esto estuvo presente Tozzo y varios testigos así lo afirman”, explicó Piérola.

“Después siguió el calvario en la Brigada y después en la alcaidía antes de los fusilamientos en Margarita Belén. Tozzo estuvo en todos estos operativos, incluso participó en el operativo que tuvo como víctima a Romaniuk, un chico asesinado en San Bernardo”, aseguró.

“Decimos que es un cobarde, porque estuvo prófugo cinco años y estudió todo para decir que no estuvo en estos operativos”, sostuvo Piérola. “Ahora quiere cubrirse diciendo que le hicieron firmar lo que no quería firmar, y que para él los chicos asesinados eran unos compañeros”, agregó.

“Nos preocupa porque el Tribunal citó a declarar a María Julia Morresi a puertas cerradas, y el defensor no nombra el testimonio de ella. Esto es una cobertura de este Tribunal para que la gente no escuche el testimonio de ella. En estas últimas declaraciones de Tozzo ni siquiera la menciona, y no tiene la valentía de decir lo que le hizo a ella, ni lo que le hizo a Fernando y a los demás”, señaló Piérola.

Cuestionó, además, la actitud del presidente del Tribunal que juzga a Tozzo, Alfredo García Wenk, y recordó que también participó en la causa Caballero, donde el juez Alonso era el presidente del Tribunal. “En ese juicio, lo veía a Weng que se dormía mientras las víctimas hablaban de las violaciones y torturas que habían sufrido. Y lo mismo hizo en este juicio con Tozzo”, señaló Piérola.

Este viernes se conocerá el fallo del Tribunal Oral Federal, donde se investiga la participación del represor Tozzo en la desaparición de Fernando Gabriel Piérola, Roberto Horacio Yedro, Reinaldo Amalio Zapata Zoñez, y Julio Andrés Pereira.

“Si Tozzo es condenado a 24 años, tiene hasta la posibilidad de quedar libre si dice donde están los restos de por lo menos estos cuatro militantes que están desaparecidos, incluido nuestro hermano”, dijo Gustavo Piérola.

“Hablé con él para que nos diga dónde están los restos, que no tenemos ninguna intención de venganza. Y nos dice que a Fernando lo tiraron al río, y en otra oportunidad dijo que lo habían cortado en pedacitos”, recordó.

“El juez Giménez, que fue el juez que le permitió quedar libre a Tozzo, vino a saludarnos a los familiares, y nos dijo que tuvo dos grandes errores en su desempeño como magistrado: uno haber permitido con una decisión que Tozzo quedara libre y que escape, y haber ordenado que se borre el cura del Mural que está en el Aula Magna de la UNNE”, reveló Piérola.  

“Mi madre, Amanda, antes de morir nos pidió que halláramos los restos de mi hermano”, recordó y explicó que “varios compañeros fueron asesinados en Margarita Belén y las familias creen que desaparecieron en Rosario o Buenos Aires, pero fueron llevados allá y fusilados para dar un mensaje de terror.”

“El día que encontremos esas fosas que estamos buscando y que estos cobardes no son capaces de decir dónde está, muchas familias van a cerrar su historia, porque muchos no saben que fueron asesinados en Margarita Belén”, concluyó.

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Argentina. Manipulación de estadísticas: También en Neuquén se podrá comer con 6 pesos

ACTA

Neuquén era una de las pocas provincias del país que entregaban, tan sólo días después de finalizado el mes, los datos con la evolución de precios registrada en su distrito.

Durante mucho tiempo logró sortear las presiones del secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, que exigía que se dejaran de publicar indicadores regionales que hasta triplicaban los del Indec. Desde el gobierno nacional encontraron la forma de acallar el trabajo provincial. Poco queda por agregar. El tratamiento de las estadísticas que tendrá esta región del país seguramente será el mismo que refleja hoy, en lo referente a precios, el intervenido Indec.

El índice de precios al consumidor del primer trimestre de este año en Neuquén fue del 3,5%, porcentaje que varía del índice nacional fijado en el 2,4% para el mismo período y el que elaboran los parlamentarios opositores que se situó a nivel país en el 5,4%.

El índice de precios al consumidor lo elabora la Dirección de Estadística y Censos desde el año 1980 con un mecanismo que no ha variado y que mide los valores de un grupo de 100 productos, entre bienes y servicios, que se ponderan en función de la estacionalidad.

Esta medición se continuará realizando aunque no se publicará con la periodicidad que se realizaba antes de los cambios que se produjeron en el organismo nacional, el Indec.

La Dirección de Estadística neuquina informó que la semana pasada se realizó en la sede del Indec en la ciudad de Buenos Aires una reunión donde fueron convocadas todas las direcciones de estadísticas provinciales, a fin de exponer los lineamientos técnicos sobre los cuales el organismo nacional está avanzando para la conformación del nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (Ipcnu).

"Se realizó una explicación de cómo se llevaría adelante el operativo de relevamiento de precios en todo el país, para lo cual se solicita la colaboración técnica de los organismos de estadística de las provincias", se indicó a la vez que se informó que se expuso que la metodología de trabajo requiere de la participación de las direcciones de estadísticas provinciales respecto del relevamiento de precios para los bienes y servicios que va a establecer el propio Indec sobre la base a los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engho) 2012.

Se ratificó que la provincia del Neuquén a través de la Dirección Provincial de Estadística y Censos, "prestará toda la colaboración técnica para la realización del relevamiento de precios de los bienes y servicios definidos por el Indec, bajo los lineamientos técnicos definidos por dicho organismo que se formalicen en el respectivo convenio a suscribir".

Se aclaró que las Direcciones Provinciales de Estadísticas no calcularán el nuevo índice, ni un componente propio del mismo, sino que aportarán al Indec la información base para que este organismo nacional procese y calcule un nuevo Índice de Precios al Consumidor (Ipcnu) que será representativo de los precios en el conjunto de los aglomerados urbanos del país que tienen más de 5.000 habitantes, sin aperturas regionales..

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Estatales de la CTA y la CGT reclaman 30% de aumento salarial y estabilidad laboral

ACTA

La Coordinación Nacional de Gremios Estatales (CONAGRES) pertenecientes a la CTA y a la CGT anunciaron ayer, en conferencia de prensa, el estado de alerta y movilización de todos los trabajadores de los Estados nacional, provincial y municipal ante la falta de repuestas al pedido de aumento salarial del 30 por ciento para los próximos 12 meses, así como la estabilidad laboral en el empleo público.

Junto con los dirigentes de los 19 gremios que integran este espacio, el Secretario General de ATE (CTA), Julio Fuentes, relató: “Luego del plenario el 26 de marzo de la Coordinación Nacional de Gremios Estatales, se solicitaron entrevistas al Ministerio de Trabajo de la Nación y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. La primera se concretó, y en ella pudimos desarrollar ante la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, nuestros puntos de vista sobre la situación de los estatales, y logramos además establecer una serie de temas que necesitamos debatir. Rial ha demostrado su acuerdo con las negociaciones colectivas, que desde hace dos años, verdaderamente, sólo es formal.

"En realidad es como si no hubiera negociaciones colectivas, porque sólo hay anuncios oficiales. En el caso del Poder Ejecutivo Nacional, en la cabeza del Jefe de Gabinete, la cosa se torna complicada porque no hemos tenido una audiencia después de un mes de haberla solicitado”.

El encuentro se llevó adelante en el Hotel 27 de Junio de la Ciudad de Buenos Aires, hasta donde llegaron, entre otros, representantes de ATE, APOPS, UTERA, SOEME, FESPROSA, AEFIP, AMRA, FJA, ABC, Dragado y Balizamiento, APPAMIA, AGOEC, UDOCBA, COEMA, SADEM, SAL, SUTEP, UEJN y la FND.

Por su parte, Leonardo Fabre, Secretario General de APOPS (CGT), anticipó: “Ante la falta de respuesta del Gobierno hasta el momento, la Coordinación Nacional de Gremios Estatales declara el estado de alerta y movilización en todo el país, que como todos saben es el paso previo a una medida de acción directa que, aunque esperamos no tener que llevar a cabo, a esta organización no le costará tomar”.

En este sentido, Julio Fuentes explicó que el estado de alerta y movilización no sólo es testimonial, sino que implica la convocatoria a asambleas en los lugares de trabajo y a la preparación de los trabajadores para unirse en la lucha si no median novedades oficiales.

Por último, concluyó: “Los compañeros más complicados son los municipales. En sus localidades, por cada peso que recauda el Estado, sólo cuatro centavos van al municipio, 21 centavos a las provincias y el 75% restante se lo queda el Estado nacional. Vale aclarar, que el grueso de los trabajadores estatales se compone de municipales y provinciales. Otra de las reivindicaciones que sostenemos es la estabilidad en el empleo público, algo que no se cumple, porque la precariedad laboral existe en sus diferentes formas”.

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Caso Ríos Montt, ¿anulada la Justicia en Guatemala?

Randy Saborit Mora (PL)

Cuando el juicio contra los exgenerales guatemaltecos Efraín Ríos Montt y José Rodríguez -acusados de genocidio y delitos de lesa humanidad- estaba a punto de concluir, la jueza Carol Flores resolvió anularlo, decisión rechazada por organismos internacionales.

La Corte de Constitucionalidad (CC) avaló el fallo de Flores, pese a que el Ministerio Público y el Tribunal A de Mayor Riesgo A (juzgado que llevaba el caso) calificaron de ilegal la resolución emitida por Flores el pasado 18 de abril.

Antes de conocerse lo dictado por la CC, Naciones Unidas había reclamado la conclusión de la causa contra el expresidente de facto Ríos Montt (1982-1983) y Rodríguez, su antiguo jefe de inteligencia.

La demanda fue hecha por Adama Dieng, asesor especial del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre la Prevención del Genocidio, en una declaración distribuida en la sede del organismo mundial en Nueva York.

Mientras tanto, el director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, Ramón Cadena, declaró que Flores no tenía facultades para anular el debate oral y público, iniciado el pasado 19 de marzo en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia.

En opinión de la autoridad jurídica, la magistrada evidenció con su resolución que responde a los intereses de los exmilitares acusados.

Manifestó que detrás de Flores hay grupos ilegales, aparatos clandestinos de seguridad y crimen organizado.

Como una vergüenza calificó el Frente Nacional de Lucha (FNL) la orden de anulación de las audiencias del mencionado caso.

Al pronunciar su veredicto, a Flores no le importó el rango internacional que tomaba la medida, ni el impacto que el juicio causaba en los medios nacionales, refiere el comunicado del FNL, agrupación integrada por organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles.

Se trata de un claro acto político más que jurídico, en el cual se violan los preceptos constitucionales y se hace a un lado la objetividad que debiera caracterizar a los magistrados de este alto tribunal, quienes han resuelto favorecer la impunidad, indica un comunicado del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una fuente humanitaria.

Ambos exmilitares son señalados por el Ministerio Público de ser los autores intelectuales del asesinato de mil 771 ixiles en el noroccidental departamento de El Quiché durante el gobierno de facto encabezado por aquel de marzo de 1982 a agosto de 1983.

La CC favorece con su fallo a quienes violaron los Derechos Humanos y eran procesados por el delito de genocidio: Ríos Montt y Rodríguez, se demanda en la nota del GAM, integrado por sobrevivientes y familiares de víctimas del conflicto armado interno (1960-1996).

"Es evidente que el Ejército continúa siendo un poder con capacidad de influir en todos los poderes del Estado", denuncia el GAM, al recordar que no es la primera vez que la CC falla a favor de quienes han estado al margen de la ley y de la moral.

Postura de indígenas

Casi mil indígenas de diversas comunidades de Guatemala rubricaron un manifiesto público, en el cual, entre otros puntos, se reprocha el genocidio cometido contra los pueblos originarios.

"Esta Asamblea condena todos y cada uno de los hechos históricos de genocidio cometidos contra todos nuestros pueblos con el fin de usurpar nuestras tierras y bienes y de someter a servidumbre a nuestras poblaciones", se expresa en el documento leído y firmado durante una reunión de pueblos originarios del norte de El Quiché.

"Decimos que haya justicia porque sí hubo genocidio. La memoria de los pueblos no la borrarán con amenazas y asesinatos", subrayó la vocera del Consejo de los Pueblos Quiché, Lolita Chávez, en el encuentro del pasado 20 de abril, efectuado en el noroccidental municipio de Nebaj.

Por su parte, Angélica Choc, delegada de la localidad del Estor, en el nororiental departamento de Izabal, pidió justicia por los mártires de la guerra civil de 36 años.

En Nebaj, Prensa Latina tuvo la oportunidad de entrevistar a otros testigos que dieron fe de asesinatos y violaciones cometidas por la institución castrense durante el régimen encabezado por Ríos Montt.

Francisco González, habitante de Nebaj, afirmó que él y su familia fueron víctimas de la política de tierra arrasada aplicada durante el mandato de Ríos Montt contra el pueblo ixil (asentado en El Quiché). González evocó que cuando estaban refugiados en las montañas, los militares masacraron a 25 personas, entre los cuales recordó los nombres de Gaspar Velazco y María Marroquín.

"Yo me escapé de que me mataran en ese tiempo, estuve cerca, como a 100 metros de los soldados, cuando empezaron con la balacera, yo escapé con mi familia", sostuvo, al atestiguar que asesinaron a niños y a padres.

Respecto a las violaciones de mujeres, afirmó que ese tema está escondido porque muchas no se animan a decir todos los maltratos sufridos por vergüenza.

Aludió a una niña de ocho años, de la cual preservó su identidad, a quien capturaron y le quemaron su cuerpo para que dijera donde estaba la guerrilla.

"Hasta la fecha yo no sabía nada, y ella tampoco ha hablado, pero las señales de la tortura las tiene en el cuerpo", aseveró.

Por su parte, Juan López aseguró que en 1982 tuvo que huir con padre, hermano, tres hijos y toda la familia a una loma de Cotzal, municipio que junto a Nebaj y Chajul, conforman el denominado triángulo ixil en El Quiché.

"Luego de estar escondidos se nos agotó la comida, ya nos habían quemado nuestras pertenencias. Mataron a la gente, a nuestros animales. Quemaron la casa, las mazorcas de milpa (maíz)", dijo.

El Ejército nos perseguía, precisó, "comimos algunos pedazos de caña que encontramos en el camino cuando íbamos rumbo a Nebaj".

"En 1982 y 1983 los helicópteros sobrevolaban las montañas y bombardeaban. Así mataron a varias personas que allí estaban refugiadas. Había mujeres embarazadas y niños", rememoró López, quien en la actualidad tiene 58 años.

Asimismo, Gabriel de Paz, Indicalamaj, denunció que en una ocasión los militares "nos patearon, nos dieron culatazos con las armas".

"Me salió sangre por mi boca y oídos, pero por la gracia de Dios sobreviví", confesó en su peculiar español. Relató que mataron a 20 personas, mujeres embarazadas y niños en 1982.

Interrogado sobre la decisión de la magistrada Flores de anular el juicio, este hombre de 65 años respondió con una pregunta: ¿hay ley o no hay ley?.

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Reforma migratoria, otra vez un rehén político en Estados Unidos

Luis Beatón (PL)

La reforma migratoria en Estados Unidos fue rehén durante mucho tiempo de intereses políticos y años tras año resultó usada en carreras presidenciales para atraer el importante voto de los latinos.

Luego de la derrota en los comicios presidenciales de 2012, el Comité Nacional Republicano anunció públicamente su apoyo a una reforma integral de las leyes migratorias, lógicamente con el interés de atraer el voto de la más grande minoría del país (más de 50 millones de personas).

En esos comicios, el 71 por ciento de los hispanos se movieron hacia el lado de los demócratas pese al incumplimiento de la promesa del presidente Barack Obama de reformar la ley migratoria en su primer mandato, algo que anunció haría en su segundo gobierno y colocó como una de las prioridades.

A esos anuncios siguió la creación de un panel bipartidista, cuatro demócratas y cuatro republicanos, que durante semanas elaboraron un plan para arreglar lo que la mayoría califica como un sistema defectuoso y quebrado.

El proyecto ahora pasa por el Comité Judicial del Senado y despierta pasiones entre detractores y quienes lo apoyan, en especial en aspectos como el otorgamiento de la residencia y la ciudadanía, y la seguridad de la frontera.

Pero hay algo que preocupa a los críticos republicanos y tal vez anime a muchos demócratas a trabajar por lograr el cambio: el impacto en la vida política de un voto que entraría a jugar en el escenario político estadounidense en los próximos años.

Según el diario digital Politico, la propuesta de inmigración en debate en el Congreso transformará el panorama de la nación por una generación o más, al entrar en juego cerca 11 millones de nuevos votantes hispanos en el plazo de una década y más.

Si las tendencias actuales se mantienen, se producirá una bonanza electoral para los demócratas y paralizará las perspectivas republicanas en muchos estados que ahora ganan fácilmente y los esfuerzos de esa agrupación para atraer ese voto.

Aparte de los debates sobre si se concede una amnistía o se refuerzan los controles en la frontera, los partidos también analizan si la propuesta en curso ofrece una vía a la ciudadanía, por ende el derecho al voto, para millones de residentes sin papeles.

El análisis de Politico sostiene que si estas personas hubieran votado en 2012 de la misma forma que la hicieron sus compatriotas residentes en Estados Unidos de forma legal, el triunfo del presidente

Barack Obama hubiera sido amplio sobre su rival republicano Mitt Romney.

Durante meses el actual mandatario luchó a brazo partido en estados claves como Florida, Colorado y Nevada para obtener una estrecha victoria e incluso en Arizona pudo ganar si hubiera tenido de su lado el voto de los inmigrantes.

Con el posible voto de los que entrarían en la lisa, apunta Politico, el candidato republicano Mitt Romney habría perdido el voto popular nacional con una diferencia de siete puntos porcentuales, 53 por ciento a 46 por ciento, en lugar del margen de cuatro puntos que lo separó de Obama.

Teniendo en cuenta las actuales propuestas y considerando el resultado de 2012, para el 2028 millones de inmigrantes podrán votar para favorecer a un candidato demócrata, de ahí que muchos analistas ven una espada de Damocles pesando sobre los republicanos por el hecho que ciudadanía implica derecho al voto.

Sin embargo, algunos sectores republicanos menos conservadores apoyan la reforma porque eso les permitiría un acercamiento a un voto que durante años les fue esquivo y que en las próximas décadas aumentará su importancia hasta el punto de poder inclinar la balanza por cualquiera de los candidatos.

El republicano George W. Bush obtuvo el 44 por ciento del voto de los latinos cuando ganó la presidencia, mientras el ahora perdedor Mitt Romney solo logró el 27 por ciento, un margen que pudiera revertirse y favorecer al bando rojo en su afán de recuperar la Casa Blanca.

Según estudios del grupo Latino Decisions, si los republicanos hubieran apoyado el proceso de reforma migratoria como lo hacen ahora, muchos miembros de la comunidad latina hubieran votado por ellos, lo que al parecer es tomado en cuenta por algunos sectores de esa agrupación para favorecer el cambio aunque con medidas más severas.

Encuestas señalan que de los electores latinos registrados actualmente que votaron por Obama en 2012, casi la mitad, 43 por ciento, se moverían al bando republicano si ese partido asume un "papel de liderazgo" en la aprobación de la reforma de inmigración.

La situación es ahora motivo de análisis en ambos partidos estadounidenses que sopesan los pro y los contras para apoyar el cambio, y aunque parece evidente una ventaja para los demócratas, es real que los rejuegos políticos mantienen el tema migratorio como un rehén de sus intereses políticos.

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