lunes, 29 de abril de 2013

Uruguay y los “cursos” de Estados Unidos

Juan Luis Berterretche (especial para ARGENPRESS.info)

En medio de una huelga de hambre de los detenidos que hace más de una década son brutalizados, sin juicio ni proceso, en Guantánamo, el gobierno del Frente Amplio acoge un curso sobre “manejo carcelario”, del Departamento de Estado de Estados Unidos, país que acumula la mayoría de las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos que se cometen en el planeta. Y que se destaca mundialmente por su crueldad penitenciaria y su justicia intolerante con los pobres.

Con la duplicidad “objetiva” que la caracteriza cuando informa sobre acontecimientos que impliquen al imperialismo, la prensa uruguaya notificó que: “El Ministerio del Interior, con el apoyo de la embajada de Estados Unidos, dictó un curso de formación en seguridad interna para el sistema penitenciario que tuvo una duración de dos semanas. En la actividad de cierre de los cursos estuvo presente el ministro del Interior, Eduardo Bonomi y la embajadora de Estados Unidos, Julissa Reynoso. La capacitación fue impartida por los expertos Mitch Sutton, asesor de la Unidad de Capacitación y Entrenamiento Móvil de Academias Correccionales Federales de Xalapa (Veracruz, México), y por Antonio Maestas, consejero de Formación y Enlace del Departamento de Estado de los Estados Unidos.” (Montevideo, 12 de abril 2013, UPI)

Buscamos en los grandes medios uruguayos algún comentario sobre el “entrenamiento” y no encontramos nada. A ningún periodista le sorprendió que Uruguay aceptara cursos de “manejo carcelario”, del país que más atrocidades comete en ese rubro. La prensa también transcribió las hipócritas declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, Julissa Reynoso, sin ninguna acotación. Ella “explicó que el trabajo de capacitación del personal del sistema penitenciario es de gran ayuda para la comunidad. Apoyar a todas las instituciones básicas para la democracia y el Estado de Derecho es uno de los objetivos de la política exterior de Estados Unidos.” Si, efectivamente, América Latina lo ha comprobado durante décadas de dictaduras militares auspiciadas por Estados Unidos. También con el golpe en Haití (2004) y en el apoyo del gobierno Obama a los golpes en Honduras (2009), Paraguay (2012) y los intentos desestabilizadores en Venezuela, Ecuador y Bolivia, durante los últimos años. Y en todo el planeta la población mundial agradece las intervenciones militares estadounidenses y de la OTAN y los bombardeos con drones a la población civil en Afganistán, Pakistán, Yemen, etc. La embajadora estadounidense puede hacer esas infames declaraciones con total desparpajo porque el gobierno uruguayo le ha estado estimulando sus ínfulas de virrey imperial.

Guantánamo: ¿un modelo a copiar?

Estados Unidos mantiene 166 personas encerradas en el penal de Guantánamo hace más de una década bajo “sospecha de terrorismo” sin enfrentar juicios ni cargos concretos. Según un informe publicado por el New York Times en este mes de abril 2013 “la CIA no sólo sometió a los presos en Guantánamo a torturas por ahogamiento simulado, sino que los lanzó contra las paredes, los encadenó por muchas horas en posiciones incómodas, los recluyó en celdas de aislamiento, los desnudó y mantuvo despiertos durante varios días” /1.

Los supuestos “juicios” realizados en Guantánamo dentro de un sistema de “comisiones militares”, no brindaron ninguna clase de garantías y presentaron en todos los casos injusticias sustanciales /2.

En Guantánamo “al-Qahtani fue sometido a extremo frío hasta el punto que su corazón se desaceleró y fue hospitalizado. Lo calentaron y volvieron a someterlo a extremo frío, le inyectaron varias bolsas de solución salina mientras estaba atado a una mesa hasta que orinó sobre sí mismo. (...) Necesitó control cardíaco después de 60 días en una celda inundada de luz artificial, de interrogatorios durante 48 días de 54, por 20 horas seguidas cada vez. Lo hospitalizaron brevemente y de inmediato lo devolvieron para seguir con los interrogatorios.” Este fue el maltrato más común en los interrogatorios a los detenidos donde participaban psicólogos de los Equipos de Consulta en Ciencia Conductual (BSCT por sus iniciales en inglés) aconsejando y sugiriendo nuevos métodos “innovadores” de interrogatorio.

El gobierno de Estados Unidos insiste en que al-Qahtani fue tratado “de modo humano,” como todos los detenidos en Guantánamo. Y la dirección de la Asociación Sicológica [US] Americana (APA) /3 ha afirmado repetidamente que los sicólogos de los BSCT participan en interrogatorios para prevenir abusos y para asegurar “que esos procesos sean seguros y éticos para todos los participantes.” Como si se tratara de un evento social donde todos participan en igualdad de condiciones. La APA, en 2005, aprobó algunas “directivas” que dicen esencialmente que un sicólogo puede participar y ayudar en un interrogatorio militar.

En la actualidad frente a la huelga de hambre de los reclusos y su resistencia a ser forzados a alimentarse los guardias les han disparado balas de goma y encerrado en jaulas individuales incomunicados. Pero, al parecer, lo más doloroso son los agresivos métodos de alimentación forzosa con que los torturan. El yemení Samir Naji Al hasan Moqbel, hizo llegar a través de su abogado una carta publicada en The New York Times.

“He estado en huelga de hambre desde el 10 de febrero y he perdido más de 15 kilos. No volveré a comer hasta que me devuelvan mi dignidad”... “Llevo detenido en Guantánamo 11 años y tres meses. Nunca he sido acusado de ningún crimen ni he tenido un juicio”... “Nunca olvidaré la primera vez que me metieron el tubo por la nariz. No puedo describir lo doloroso que es que te alimenten así”, cuenta Al Hasan Moqbel. “Según lo introducían, sentía la necesidad de vomitar pero no podía. Sentía la muerte en mi pecho, mi garganta y mi estómago. Nunca había experimentado un dolor semejante. No le deseo a nadie tan cruel castigo”...“Negarnos a comer a riesgo de perder nuestra vida es la decisión que hemos tomado”, afirma. “Solo espero que debido al dolor que estamos sufriendo, los ojos del mundo miren de nuevo a Guantánamo antes de que sea demasiado tarde” /4.

Amnistía Internacional: “Estados Unidos viola los estándares internacionales para el tratamiento de prisioneros"

Amnistía Internacional (AI) denunció en un informe del año pasado, la situación de "cruel aislamiento" en módulos penitenciarios en el estado de Arizona. El informe relata las condiciones en las que están internados unos 2.900 presos en módulos de máxima seguridad o de castigo, donde pasan cerca de 24 horas al día recluidos en pequeñas celdas sin ventanas, diseñadas para producir la sensación de aislamiento. AI indica que la situación es especialmente preocupante en la cárcel de máxima seguridad de Eyman, que cuenta con dos unidades especiales de reclusión conocidas como SMU y en la que están internados más de 1.800 personas, entre ellas 124 condenados a muerte. La situación de la población carcelaria en Arizona incumple los compromisos de Estados Unidos con el Convenio sobre Derechos Civiles y Políticos. Pese a este ambiente de ausencia de contactos con otras personas los presos son esposados por las muñecas y tobillos cuando son conducidos fuera de su celda. Además, los datos indican que hay centros correccionales de menores en los que viven en condiciones similares 74 jóvenes de entre 14 y 17 años. Asimismo, AI alertó del alto índice de suicidios en estas unidades especiales, superior al de la media en otros centros carcelarios de Arizona, donde hay recluidas unas 40.000 personas /5.

“Las condiciones y la duración del encarcelamiento en módulos de aislamiento en California son simplemente terribles”, ha manifestado Angela Wright, investigadora de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos que ha visitado varias cárceles en el estado californiano este año (2013). “Privar de luz natural, ejercicio físico adecuado y contacto humano significativo a los internos recluidos en módulos de aislamiento es un castigo innecesario e injustificable en cualquier caso. La luz natural y el ejercicio son necesidades básicas fundamentales para la salud mental y física” /6. En julio de 2011, aproximadamente 12 000 prisioneros a lo largo y ancho de las cárceles de los Estados Unidos se lanzaron en huelgas de hambre y trabajo. Esta huelga fue encabezada por los prisioneros de Pelican Bay (unidad de detención de máxima seguridad en California). Se estima que sea la huelga de detenidos más grande en la historia de los Estados Unidos.

En marzo de 2013 los internos de Pelican Bay encarcelados en módulos de aislamiento (o castigo) han denunciado una serie de dolencias físicas derivadas de las condiciones de reclusión de este tipo de celdas o agravadas por ellas. Los graves trastornos psicológicos provocados por el régimen de aislamiento aparecen reflejados en los datos de varias jurisdicciones, que muestran que el número de suicidios es más elevado entre los presos en celdas de aislamiento que entre los reclusos en régimen general. En California, durante el periodo de cinco años de 2006 a 2010, la cifra de suicidios carcelarios se situó de media en 34 al año, de los cuales el 42 por ciento tuvo lugar en unidades de segregación administrativa o en módulos de aislamiento. Los estudios demuestran que los efectos negativos derivados de periodos prolongados en régimen de aislamiento pueden continuar mucho tiempo después de la puesta en libertad de los internos.

“La investigación está basada en la información recopilada por Amnistía Internacional gracias a su acceso exclusivo a los módulos de aislamiento en California y describe las condiciones de reclusión que sufren más de 3.000 presos en el estado, entre ellos 78 internos que han permanecido más de veinte años en régimen de aislamiento. Los presos en régimen de aislamiento no pueden trabajar ni participar en programas de rehabilitación u otro tipo de actividades en grupo. También se evita cualquier tipo de contacto con el mundo exterior, las consultas médicas tienen lugar con una valla de por medio y un cristal los separa durante las visitas de familiares o representación letrada. Los internos en régimen de aislamiento no pueden hacer llamadas de teléfono de forma habitual a sus familias.” Esta forma de encarcelamiento es más que todo un sistema de tortura al detenido quitándole toda esperanza en una rehabilitación.

Se recuerda además que el 35 % de los encarcelados en módulos de máxima seguridad son personas sin delitos de sangre, como hurto o menudeo en la venta de drogas, que en gran parte han sido recluidos en esas instalaciones por su mal comportamiento debido a problemas mentales.

Explosivo aumento de la población carcelaria

El crecimiento de la población penitenciaria en Estados Unidos hasta los 2 millones 300 mil presos actuales es consecuencia de la demente e hipócrita “guerra contra la droga” desatada por Estados Unidos, acatando esa visión sesgada del Imperio que protege y defiende sus corporaciones de las drogas “legales” (alcohol, tabaco, psicofármacos y todo tipo de medicamentos que transforman las enfermedades en crónicas y producen adicción) mientras presiona al mundo para “combatir” las drogas “ilegales” que le justifican en su propio país el racismo, la penalización de la pobreza y el despliegue de un estado policíaco-penal para dominar los desórdenes engendrados por la desocupación masiva, la imposición del trabajo asalariado precario y el achicamiento de la protección social. En realidad ese combate a las “drogas ilegales” es también una farsa, la DEA y demás Agencias por medio de esa supuesta “guerra” mantienen bajo su control el suministro de las diferentes drogas a los 7 millones de adictos estadounidenses. A la vez que impulsan el tráfico ilícito de armas y el narco-paramilitarismo en países como Colombia y México.

La legislación contra la droga en Estados Unidos tiene una innegable connotación racista: la ley federal estipula cinco años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por posesión de 5 gramos de crack o 3.5 onzas de heroína y 10 años por posesión de menos de 2 onzas de piedra de cocaína o crack. Una pena de 5 años para la cocaína en polvo requiere la posesión de 500 gramos -100 veces más que la cantidad de cocaína en piedra por la misma condena. Esto es así porque la mayoría de los que usan cocaína en polvo son de color blanco, de clase media o ricos; la mayoría de negros y latinos usan cocaína en piedra o crack.

Michelle Alexander /7 denunció en su libro The New Jim Crow la encarcelación masiva de una generación de jóvenes negros bajo la justificación de “la lucha contra la droga”. Una década antes que ella, Loïc Wacquant /8 -fundador del grupo de activistas académicos franceses “Raisons d’agir”- escribió Les prisons de la Misère donde relaciona la “guerra contra la droga” y la perversa “tolerancia cero” de William Bratton /9 con un plan de represión institucional violenta contra la miseria que la propia crisis estructural crónica del Capital, provoca. “El concepto de “tolerancia cero” es una designación errónea. No implica la rigurosa aplicación de todas las leyes, que sería imposible -por no decir intolerable-, sino más bien una imposición extremadamente discriminatoria contra determinados grupos de personas en ciertas zonas simbólicas.” ¿Dónde está la “tolerancia cero” para el lavado de dinero de las drogas por parte de la mayoría de los bancos estadounidenses? /10, o para los delitos de contaminación de aire, tierra y agua por las multinacionales mineras y de agro-negocios? En realidad se trata de “intolerancia selectiva”…”la penalidad punitiva made in USA es menos combatir el delito que librar una guerra sin cuartel contra los pobres y los marginales del nuevo orden económico neoliberal…”.

En su informe de 2013, Human Rights Watch lo reafirma: en Estados Unidos “son los sectores más vulnerables de la sociedad –las minorías raciales y étnicas, los grupos con ingresos bajos, los inmigrantes, los niños y los ancianos –quienes están más expuestos a sufrir injusticias en el sistema de justicia penal” /11.

Es bueno recordar que Estados Unidos con un 5% de la población mundial detenta el 25% de los presos del planeta y presenta la proporción de encarcelamiento per cápita más elevada a escala mundial. Ninguna otra sociedad en la historia de la humanidad ha encarcelado una proporción tan grande de sus pobladores. Y suman más de 7 millones las personas con libertad provisional o bajo palabra. Este porcentaje excesivo de personas en prisión incluye a una cantidad cada vez mayor de ancianos en instituciones carcelarias que no tienen los recursos adecuados para alojarlos, además de aproximadamente 93.000 jóvenes menores de 18 años en centros de detención para adultos y otros 2.200 en prisiones para adultos. Cientos de menores son confinados en celdas de aislamiento. El porcentaje de minorías raciales y étnicas entre la población carcelaria, es desproporcionado en relación a su cuantía total.

Medio millón de personas cumplen condenas por una violación no violenta de las leyes sobre drogas. Más de la mitad de los centenares de miles de presos municipales o de los condados son inocentes de los crímenes que se dice cometieron. El 16% del total de presos sufre alguna enfermedad mental.

Este explosivo y enfermizo crecimiento de la población carcelaria estadounidense no se desató bajo gobierno republicano. Fue el presidente demócrata de la sonrisa, el saxofón y los habanos depravados -Bill Clinton- quién bajo sus gobiernos (1993-1997 y 1997-2001) duplicó la población carcelaria que pasó de 1 millón a 2 millones. Este crecimiento de los prisioneros se logró a través de la aprobación de una legislación ultra punitiva como la promulgación de las 'tres strikes' (aprobada en 13 estados) que impone prisión perpetua al ser convicto de tres delitos, no importando la gravedad de estos. Uno de los casos más emblemáticos fue la de un preso que por robar un coche y dos bicicletas recibió tres sentencias de 25 años.

Privatización de las cárceles y trabajo esclavo

Esta asombrosa expansión penitenciaria promovió el surgimiento de un complejo-industrial-carcelario-privado que cuenta ahora con las mayores operadoras de cárceles privadas del mundo. En primer lugar se destaca la Corrections Corporation of America (CCA) /12 seguida por otras como el GEO Group /13.

El complejo-industrial-carcelario-privado actúa como fuerte grupo de presión en el Congreso para que no se suavicen las leyes que condenan a los consumidores o a los vendedores al menudeo de drogas. Son contrarios también a los cambios en la legislación respecto a la inmigración ilegal. CCA ha advertido a sus inversionistas sobre los peligros que presenta “cualquier cambio respecto a la inmigración ilegal y las drogas ya que puede afectar el número de personas arrestadas, convictas y sentenciadas, reduciendo potencialmente la demanda de instalaciones correccionales para albergarlas”.

El senador por Arizona John McCain -candidato del Partido Republicano de Estados Unidos para la elección presidencial de 2008- es el principal portavoz y lobbysta del complejo-industrial-carcelario- privado. Ha aceptado una “reforma” inmigratoria siempre y cuando incluya medidas como el encarcelamiento por seis meses de los indocumentados atrapados en su primer intento de entrar a USA y una condena por más de 20 años en el caso de un segundo intento. McCain es el mayor beneficiario de las contribuciones de campaña, de la CCA /14. No olvidar que las cárceles privadas en Estados Unidos “hospedan” a casi la mitad de los inmigrantes indocumentados detenidos. Y que “en el ejercicio económico 2012, la Oficina de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) de Estados Unidos deportó a 396.906 extranjeros, una cantidad récord hasta el momento. El drástico incremento en la cantidad de procesos federales por infracciones migratorias, y en el número de inmigrantes que están detenidos, ha propiciado un sistema nacional de detención que cuenta con más de 250 establecimientos” /15.

El negocio de las cárceles privadas no se reduce a cobrar al estado por albergar los presos. Las cárceles privadas que alojan indocumentados imponen a los prisioneros el trabajo obligatorio. La contratación privada de prisioneros para trabajar es un negocio insuperable. De acuerdo a Centre for Research on Globalization /16 “la Industria Federal de Prisiones produce el 100 por ciento de todos los cascos militares, porta municiones, chalecos blindados, tarjetas de identificación, camisas y pantalones de uniformes, carpas y fundas de cantimploras. Además del material de guerra, los trabajadores de las prisiones producen el 98% del mercado integro para servicios de ensamblaje de equipos, el 93% de las pintura y pinceles de los pintores, el 92% de todos los servicios de armar cocinas, 36% de todos los utensilios caseros, 30% de los audífonos micro-altoparlantes, 21% de todos los muebles para oficina. Partes de aviones, material médico, y hasta cría de perros guías para ciegos están produciendo en las cárceles.”

Para los explotadores que han invertido en las industrias de las cárceles, el hallazgo parece un sueño: “allí no hay huelgas, no tienen que pagar ningún seguro de desempleo, vacaciones, ni trabajo compensatorio. Los prisioneros están full time, no tienen problemas de llegar tarde o faltar por algún problema de familia; es más, si la paga de 17 a 25 centavos por hora no les conviene y se niegan a trabajar, son encerrados en celdas de aislamiento. Este tipo de explotación económica de los reclusos como mano de obra esclava tiene un antecedente: los campos de concentración nazis.

Por lo menos 37 estados han legitimado la contratación del trabajo de presos para corporaciones privadas que montan sus operaciones dentro de las prisiones estatales. En la lista de las empresas que utilizan trabajo-esclavo-penitenciario están: IBM, Boeing, Motorola, Microsoft, AT&T, Wireless, Texas Instrument, Dell, Compaq, Honeywell, Hewlett-Packard, Nortel, Lucent Technologies, 3Com, Intel, Northerm Telecom, TWA, Nordstrom, Revon, Macy's, Pierre Cardin, Target Stores, y muchas otras.


Estados Unidos: mayor transgresor de la Convención de Ginebra y del derecho internacional

El cercenamiento de derechos civiles y democráticos en Estados Unidos, tiene una amplia contrapartida de violaciones de derechos aprobados en convenciones internacionales tanto en el plano interno como internacional.

Estados Unidos viola sistemáticamente las disposiciones de la Convención de Ginebra con relación al trato que se debe otorgar a los prisioneros de guerra. Quien dice esto no es ningún dictador de los países del “eje del mal”, es el ex-presidente Jimmy Carter. Estados Unidos no cumple los siguientes artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de ONU, vigente desde el 23 de marzo de 1976:

Artículo 1: Derecho de libre determinación de los pueblos, violado en Afganistán, en Irak y en los más de 50 países donde intervino para cambiar gobiernos o instalar dictaduras en el siglo XX y XXI.

Artículo 6 y Protocolo segundo: Derecho a la vida y limitaciones a la pena de muerte. No lo cumple ni en el país ni en el exterior. Un estudio sobre la pena de muerte pesquisando 4.578 casos en un período de 23 años (1973-1995) encontró errores serios y reversibles en siete de cada diez sentencias revisadas por los tribunales. También descubrió que las condenas capitales eran revertidas en dos de cada tres apelaciones. La tasa total de errores judiciales quedó en 68%. Junto con Irán, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita y Yemen, Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo que ejecutan tanto a los deficientes mentales como a los jóvenes menores. Los condenados a muerte con enfermedades mentales son entre el 5 y el 10% de los que están en el corredor de la muerte. Alrededor de 3.400 personas. En los corredores de la muerte también hay 70 menores de edad.

Pero la más pavorosa violación del derecho a la vida es el resultado de las dos principales guerras lanzadas en el comienzo de milenio. Entre setecientas mil y un millón doscientos mil muertes en Irak y quizá más de un centenar de miles en Afganistán y millones de desplazados y refugiados de ambos países. Mientras, implacable, el reloj de arena nos indica la guadaña de la guerra cercenando la vida de un niño/niña en esos países, cada cinco minutos.

Artículo 7: Prohibición de la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las fotos de soldados de Estados Unidos de ambos sexos, sonriendo con picardía para la cámara mientras torturan iraquíes en Abu Ghraib comprobaron fehacientemente esta práctica. Sobre el tema, el notable colombiano Fernando Botero realizó una serie de telas, que cumplirán en el siglo XXI la función acusatoria del Guernica de Picasso en el siglo pasado. Las pruebas impactaron, porque demostraban que era un procedimiento común del ejército estadounidense y porque obligaron a quienes las habían autorizado en secreto, a realizar una defensa pública de ellas. Aunque la denominen “métodos innovadores de interrogación” se propagó, entonces, que Estados Unidos utiliza, promueve y defiende la tortura. El propio ex presidente Carter lo afirma. Y esto no aconteció únicamente bajo el gobierno de George Bush Jr. Se sigue torturando en Guantánamo bajo el gobierno Barack Obama, que nombró a John Brennan como director de la CIA, un abierto defensor de la tortura en su trayectoria como funcionario de la Agencia Central de Inteligencia.

Asimismo, el derecho a la libertad y la seguridad y garantías para detenidos y presos estipulados por los artículos 9 y 10, son violados por Estados Unidos. La prisión de Guantánamo, las de Afganistán e Irak y la red de cámaras de tortura que Estados Unidos instaló y supervisó en más de 54 países subcontratados para torturar y encarcelar, lo demuestran. Los secuestros internacionales de la CIA (denominados rendiciones extraordinarias en el lenguaje de la Agencia), continuaron durante los gobiernos de Obama. El informe de Open Society Foundations /17, reporta de manera contundente que Obama no revertió ese camino iniciado por George Bush Jr. El informe exige por tanto "repudiar la práctica de la CIA de rendición extraordinaria" y continúa con una lista de demandas de transparencia pública que el gobierno de Obama ha bloqueado. "Más aún, el informe de las fuerzas intergubernamentales, emitido en el 2009, sigue siendo inaccesible al público. El gobierno (Obama) también continúa ocultando documentos relacionados con las investigaciones de la Oficina de Inspección General de la CIA sobre rendición extraordinaria y detenciones secretas."

Amnistía Internacional también ha denunciado la sistemática detención de personas al pedir asilo en Estados Unidos. A los asilados se los trata como malhechores. Para Amnistía Internacional todo el sistema carcelario de Estados Unidos “viola los estándares internacionales para el tratamiento de prisioneros"

Aquí es necesario agregar las deplorables condiciones con que se encarcelan a los inmigrantes indocumentados y la reclusión de ellos en cárceles-fábrica donde se practica el trabajo esclavo obligatorio.

Artículos 12, 13, 14 y 15: Libertad de circulación. Garantías en la expulsión de extranjeros. Garantías judiciales. Con la Ley US-PATRIOT y leyes complementarias se violan estos artículos y en especial el 15 que garantiza la irretroactividad de las normas.

Artículo 18 y 19: Libertad de pensamiento, conciencia y religión y Libertad de expresión. En estos años con la US-PATRIOT Act han pisoteado su Carta Magna, han perdido el hábeas corpus, sus derechos a la inviolabilidad del hogar, la privacidad de su correspondencia, de sus transacciones. Y por último con la Ley para la Prevención del Radicalismo Violento y el Terrorismo Autóctono de 2007 que termina con la libertad de pensamiento y expresión, han entrado sin barquinazos en una nueva nación de legislación policíaco-militar. Aprobando además disposiciones que permiten al presidente determinar la ejecución extrajudicial de estadounidenses o extranjeros por razones que no se hacen públicas.

Artículo 20: Prohibición de la propaganda a favor de la guerra. Desde la Alemania nazista ningún gobierno del mundo ha hecho tanta propaganda a favor de la guerra como el estadounidense. Barack Obama transformó la entrega del grotesco premio Nobel de la Paz que le fue adjudicado, en una alabanza pública de la “guerra preventiva”. También viola los artículos 21 a 27 que incluyen derechos políticos, de las minorías y contra la discriminación que son pisoteados por ellos tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

Se necesitarían varios tomos para enumerar todas las violaciones que Estados Unidos ha acumulado contra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de ONU.

En febrero de 2004, Estados Unidos anunció que abandonó cualquier idea de unirse al Tratado de Prohibición de Minas Terrestres, conocido también como la Convención de Ottawa aprobado a principios de los 90. “Estados Unidos no se unirá a la Convención de Ottawa porque sus condiciones nos habrían exigido que abandonáramos una capacidad militar necesitada”, anunció la Oficina de Política Militar del Departamento de Estado, “Estados Unidos continuará desarrollando minas anti-personal y minas terrestres antitanque”.

La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 13 septiembre del 2007, con 143 votos a favor, once abstenciones y cuatro votos en contra: Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá y Australia.

El 14 de noviembre del 2007 se aprobó en la Asamblea General de la ONU una Moratoria Internacional en la aplicación de la Pena de Muerte. Estados Unidos lideró la oposición a esta moratoria junto con los 25 países que realizaron ejecuciones en el 2006 y votó contra ella. El 91 % de estas penas capitales se aplicaron en China, Irán, Irak, Pakistán, Sudán y Estados Unidos. El Estados Unidos de Obama es el único país que ejecuta en varios países extranjeros al mismo tiempo y en todos los casos sin ningún juicio previo.

Estados Unidos y Somalia son los dos únicos países en el mundo que no han adherido a la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. La razón: la Convención prohíbe la ejecución de menores.

Con todos estos antecedentes deplorables, y sin ninguna clase de autoridad en el tema, El Departamento de Estado de Estados Unidos se arroga el derecho de presentar año a año un informe por países sobre Prácticas de Derechos Humanos. El de 2012 fue emitido el viernes 19 de abril 2013. En realidad se trata de un listado de apoyos a los países subordinados a su política y de crítica a los díscolos que rechazan su abyecta dominación.

Emulando a los “maestros”: Frente Amplio duplica la población carcelaria.

Cuando Tabaré Vásquez asumió la presidencia de la República (marzo de 2005) había en el país 5.000 presos, mientras que en 2013 hay 10.000. No obstante, estos datos que indican que las personas en prisión aumentaron el 100% con los gobiernos “progresistas”, hay que descifrarlos en clave social. Porque el blanco de la ‘política de seguridad’ no son los clasificados genéricamente como ‘delincuentes’, sino aquellos que provienen de los sectores ‘más vulnerables’ de la sociedad: los trabajadores empobrecidos, los precarizados, los desempleados, los niños y jóvenes hijos de la extrema miseria /18.

En marzo de 2009, después de más de 4 años de gobierno frenteamplista una visita del relator ONU, Manfred Nowak dejó en evidencia la inhumana situación en las prisiones uruguayas /19.

Las cárceles de Uruguay presentan violaciones a los derechos humanos “a gran escala”, con condiciones "infrahumanas" de alojamiento que "son un insulto a la dignidad de los reclusos", afirmó el relator de la ONU Nowak. El enviado especial de Naciones Unidas, sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes se expresó así durante la presentación a la prensa de los resultados de la visita de cinco días que realizó a varios penales, psiquiátricos y correccionales juveniles de Uruguay. Según explicó Nowak, la situación de los presos en las cárceles se encuentra "entre las peores" de todo el mundo. "La prisión de Libertad, que fue un símbolo de la tortura durante la dictadura militar (1973-1985), aún existe y ahora es un símbolo de condiciones infrahumanas", apuntó Nowak, profesor de derecho en Viena.

En marzo de 2013 el austríaco Manfred Nowak retornó a Uruguay para participar de una Conferencia sobre Derechos Humanos en la mesa redonda sobre “Detención preventiva, situación actual y propuestas de cambio”. El experto en derechos humanos y ex relator de la ONU, dijo que desde su visita de 2009 no hubo avances en las condiciones del sistema carcelario uruguayo y detalló:

1.- Uruguay es el país con la tasa de delincuencia más baja del hemisferio y la más alta de presos. Las condiciones carcelarias solo son "comparables a países con las peores dictaduras". Siete de cada diez liberados "reincide". La “rehabilitación” de presos en el país, es un cuento.

2.- La administración de la justicia penal expresa aún la "filosofía de la dictadura". En el parlamento hay un proyecto (elaborado por una comisión creada en 2009), para reformar el código procesal. Desde esa fecha nada se avanzó. Es evidente la mala voluntad política sobre una mejora de la justicia penal.

3.- Se utiliza el mecanismo de la "prisión preventiva" como castigo en lugar de medidas cautelares (derecho a permanecer en libertad hasta que haya sentencia). Esta lógica de "pena anticipada" (donde no existe la "presunción de inocencia"), viola los tratados internacionales firmados por el país, contraviene la Convención Americana y el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la propia Constitución del país.” Dijo que de esta manera “Se está violando el derecho a la presunción de inocencia; la prisión preventiva debería ser la excepción y no la regla”

 4.- Esta "prisión preventiva" es la responsable del hacinamiento carcelario. 40% de los detenidos no tiene sentencia y muchos no saben el delito que se les tipifica. Los jueces y fiscales responden a un "populismo penal" que busca satisfacer la demanda de “mano dura” de una gran parte de la sociedad, de los medios y del poder político.

5.- No hay garantías para el acusado, ni para las víctimas. En las primeras 48 horas, los jueces y fiscales deciden, sobre la base del informe policial que, por lo general, no tiene testigos ni pruebas que avalen las acusaciones.

En la mesa redonda, la integrante del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Dra. Ariela Peralta, afirmó que “la mayoría de las prisiones preventivas son ilegales”. Y que todo el engranaje procesal funciona basado "en el secreto" y la falta de control democrático de la "sociedad civil".

A esta mesa redonda concurrió: la gran “prensa” (que luego dio poco o ningún destaque al evento), los integrantes de la Suprema Corte de Justicia (vapuleados a escala internacional por su defensa de la impunidad para los delitos de lesa humanidad), algunos fiscales y abogados, un par de deslucidos burócratas gubernamentales y alguna ONG. No asistió: ningún senador o diputado, ni ningún dirigente del Frente Amplio. /20.

Cárceles privadas

Los ministros Bonomi (Interior) y Lorenzo (Economía) anunciaron en marzo de 2013, la construcción en Punta de Rieles de una cárcel para 2000 detenidos (aproximadamente la quinta parte del total de presos actuales) por el nuevo Régimen de Contratos de Participación Público-Privada. El proyecto prevé que un consorcio privado realice el diseño, la construcción y el financiamiento del futuro establecimiento. La concesión al “consorcio” de la gestión de los “servicios” de la cárcel se otorgará por 22 años.

Al consorcio también se le otorgarán exoneraciones sobre los derechos de importación y otros beneficios fiscales e impositivos adicionales. La exoneración de gravámenes a las importaciones tiene el objetivo de reducir los costos de todo el material especial que utilizan los carceleros desde uniformes hasta instrumentos para castigos crueles y arbitrarios, como aparatos de inmovilización por largos períodos, armas paralizantes de electrochoque; cinturones de electrochoque para los traslados y pistolas de perdigones, etc. /21.

En enero de 2013 visitó Uruguay María Otero, subsecretaria de seguridad ciudadana, democracia y derechos humanos de Estados Unidos. En su reunión con el presidente Mujica y otros funcionarios, Otero anunció que el Departamento de Estado suministraría fondos para un programa de capacitación de funcionarios del sistema carcelario. Se trataba del curso que mencionamos al comienzo de esta nota. También habló sobre la existencia de programas de cooperación en curso en el área de seguridad ciudadana, con Uruguay. Quizá se refiriera a la intervención de agentes y vehículos de la embajada en “pinzas” o redadas barriales como la que denunció en Carrasco el despistado representante de la Juventud del Partido Blanco. O la intervención de los Agentes de la DEA que en la actualidad dirigen la supuesta “guerra contra la droga” en el país.

Con los antecedentes deplorables de manejo carcelario, de gestión de derechos civiles y democráticos, y de derechos humanos que tiene Estados Unidos, la autoridad moral y política para que sus agentes dicten cursos que impliquen esos temas, es nula. Es degradante para el país aceptar que Estados Unidos venga a dar cátedra sobre temas en los que ellos sólo han acumulado una experiencia sistemática negativa en perjuicio de la humanidad. No se necesita mucha sagacidad para deducir que los “cursos” no son más que una coartada para que tanto la subsecretaria Otero como la embajadora Julissa Reynoso actúen como lobbystas de las corporaciones de cárceles privadas de Estados Unidos en la perspectiva de adjudicarse el primer establecimiento carcelario público-privado en el país.

Uruguay ya cuenta, con las masivas “prisiones preventivas”, que es un mecanismo efectivo de penalización de la pobreza y la exclusión social. Lo demostró la duplicación de la población carcelaria durante los gobiernos del FA. Ahora es el momento de armar el negocio de las cárceles privadas. Quizá llegue el tiempo de introducir el sistema del trabajo-esclavo-penitenciario, que en Estados Unidos ya compite eficientemente con las maquilas mexicanas.

A principios de año, con la visita de la Subsecretaria Otero, se realizó también el pre-lanzamiento del Foro Joven del Departamento de Estado en Uruguay. Un evento que reúne en la embajada de Estados Unidos, a las juventudes políticas de los partidos, ahora con la participación también de jóvenes del Frente Amplio. Un mecanismo para adoctrinar y revelar posibles secuaces. Con la anuencia cómplice del gobierno Mujica el proconsulado de la embajadora de Estados Unidos Julissa Reynoso, sigue viento en popa.

Notas:
1) Constitution Project (CP) Informe de 577 páginas preparado por un grupo de 11 personalidades, bajo los auspicios de la organización no gubernamental Constitution Project (CP) revelado por el diario The New York Times, 16 04 2013.
2) Human Rights Watch Informe Mundial 2013: Estados Unidos. 14 de enero 2013.
3) Ni la Asociación Médica [US]Americana ni la Asociación Psiquiátrica [US]Americana aceptan que sus asociados tengan cualquier tipo de intervención en interrogatorios. Un número destacado de miembros de la Asociación Sicológica [US]Americana se han opuesto a las “directivas” que permiten la intervención de asociados en interrogatorios militares o policiales. Pero la complicidad en la tortura de la dirección de la Asociación Sicológica [US]Americana demuestra la bancarrota moral en que se sumergen algunas profesiones en medio de una descontrolada campaña militarista que compra conciencias profesionales y que busca amedrentar a la población y obtener de ella una aceptación tácita o implícita de las peores ignominias.
4) Samir Naji Al hasan Moqbel, Guantánamo me está matando, The New York Times, 15 de abril 2013.
5) Amnistía Internacional Aislados y deshumanizados: los reclusos de las unidades de aislamiento de Arizona 03 de abril de 2012
http://www.amnesty.org/es/news/aislados-deshumanizados-reclusos-unidades-aislamiento-arizona-2012-04-03
6) Amnistía Internacional The Edge of Endurance: Conditions in California’s Security Housing Units (Al límite de la resistencia: unidades especiales de seguridad en California Informe publicado el 27 de setiembre de 2012 en el sitio de Amnistía Internacional.
http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/las-autoridades-de-california-deben-poner-fin-a-las-terribles-condiciones-carcelarias-de-los-modulo/
7) Michelle Alexander The New Jim Crow: El encarcelamiento masivo en la era del daltonismo (2010). En él, argumenta que la discriminación racial sistemática en Estados Unidos se ha reanudado tras las conquistas del movimiento de derechos civiles. La reanudación se “justifica” en la guerra contra las drogas y otras políticas gubernamentales y está teniendo devastadoras consecuencias sociales. Ella considera que el alcance y el impacto de esta aplicación de la ley actual, la actividad legal y penal es comparable con las leyes de Jim Crow de los siglos 19 y 20. Su libro se centra en El encarcelamiento en masa de los jóvenes afroamericanos.
8) Loïc Wacquant Les prisons de la misére Éditions Raisons D’Agir, noviembre de 1999. En español, Las cárceles de la miseria. Ediciones Manantial SRL. 2000. Wacquant es investigador del Centre de Sociologie Européenne del Collège de France, profesor asociado en la Universidad de California-Berkeley y profesor invitado en otras varias ciudades del mundo.
9) William Bratton, ex jefe de la policía de Nueva York y progenitor de la “Tolerancia Cero” afirma: “la desocupación no está relacionada con el delito” “la causa del delito es el mal comportamiento de los individuos y no la consecuencia de condiciones sociales”. Este “sociólogo humanista” estadounidense fue uno de los “consultores” invitados por el ministro del interior de Uruguay Eduardo Bonomi para asesorarlo sobre “seguridad ciudadana”.
10) El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló algo que ya todos sabían: los cárteles mexicanos de la droga utilizan bancos con sedes en Estados Unidos para lavar masivamente dinero del narcotráfico. HSBC, JP Morgan, Wells Fargo, Banks of America, el Wachovia Bank, etc. han lavado miles de millones de U$S. Los valores que denunció el Departamento de Justicia no son ni remotamente los reales. De cualquier forma no se procesó a dichos bancos por su asociación al tráfico: se los multó por lo ”incorrecto” de la operación. En realidad es una forma de legalizar el lavado de dinero de la droga: de ahora en adelante se cobra un impuesto a ese tipo de transacción financiera. Y todos contentos.
11) Human Rights Watch Informe Mundial 2013: Estados Unidos, Ibíd.
12) Corrections Corporation of America (CCA) es la mayor corporación de cárceles privadas del mundo. En diciembre de 2011 poseía 60 establecimientos de detención con capacidad para 90.000 reclusos, manejados por más de 17.000 funcionarios. Con un patrimonio superior a los 3.000 millones de U$S e ingresos anuales de más de 1.700 millones.
13) The GEO Group, Inc. (GEO) es una corporación privada, que se ocupa de alojar detenidos. Mantiene instalaciones en América del Norte, Australia, Sudáfrica y el Reino Unido. Las instalaciones del grupo GEO incluyen prisiones de máxima, media y mínima seguridad, centros de detención de inmigrantes e instalaciones de tratamiento y residencias para personas con problemas de salud mental. Tiene 20.000 funcionarios y en 2011 tuvo ingresos por más de U$S 1.600 millones, con un patrimonio superior a los U$S 3.000 millones.
14) Gabriel Moyssen, Las cárceles privadas lucran con la “reforma migratoria” en Estados Unidos El Financiero 12 de marzo de 2013. Nota realizada en base a la investigación de The Nation.
http://www.wlfinanciero.com.mx
15) Human Rights Watch Informe Mundial 2013: Estados Unidos, Ibíd.
16) Centre for Research on Globalization La industria de la prisión en los Estados Unidos: ¿un gran negocio o una nueva forma de esclavitud?
http://www.globalresearch.ca/the-prison-industry-in-the-united-states-big-business-or-a-new-form-of-slavery/8289
17) Open Society Foundations (Fundaciones para una Sociedad Abierta), Globalización de la Tortura: CIA Detenciones Secretas y Rendiciones Extraordinarias. 05 de febrero 2013 El informe comprueba que “Después de los atentados del 11 de septiembre contra los Estados Unidos, la CIA conspiró con decenas de gobiernos (54) para crear un programa de detenciones secretas y entregas extraordinarias de sospechosos de terrorismo. El programa fue diseñado para colocar los interrogatorios de los detenidos fuera del alcance de la ley. Presuntos terroristas fueron capturados y trasladados en vuelos secretos a través de las fronteras nacionales para ser interrogados por gobiernos extranjeros que utilizaron la tortura, o por la propia CIA en clandestinos "sitios negros".
18) Esa es la conclusión a la que llegó el “Censo Nacional de Reclusos” realizado en diciembre 2010, en todo el país por el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales en convenio con el Ministerio del Interior
19) Informe Nowak sobre prisiones en Uruguay Relator Especial de La ONU sobre la Tortura concluye misión a Uruguay.27 03 2009 – Posta Portenia 17 07 2010
http://postaportenia.blogspot.com.br/2010/07/informe-nowak-sobre-prisiones-en.html
20) Agradezco a Ernesto Herrera de Correspondencia de Prensa la información completa que me brindó sobre este evento.
21) Al respecto ver Informe de Amnistía Internacional: Continúan las violaciones de derechos humanos. Trato cruel e inhumano en las prisiones de super-máxima seguridad del estado de Virginia. Mayo 2001, que denuncia los tratos cueles e instrumentos de torturas en la prisión estatal de Wallens Ridge y en centro penitenciario estatal de Red Onion, ambos inaugurados en 1998-99 en el estado de Virginia, como modelos nacionales de máxima seguridad carcelaria.

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Paraguay: Aquí no ganó el peor, sino el parecido

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

Hay desazón en muchísimos paraguayos, hay tristeza honda, amargura y decepción. En muchos ambiente se palpe un sentimiento de traición entre mujeres y hombres que cinco años atrás habían comenzado a convivir con un gobierno democrático y hoy sólo ven oscuras perspectivas en el panorama político, abierto con la elección del empresario multimillonario Horacio Cartes como Presidente.

El mero sentido común convoca, sin embargo, a una profunda reflexión sobre causas y efectos y a un análisis con autocrítica responsable. Ese es el desafío que debe enfrentar la ciudadanía más consciente de los derechos y deberes que tiene en una sociedad democrática.

Es necesario comprender que esta hora paraguaya exige un gran esfuerzo del pensamiento republicano progresista para hallar una salida hacia la justicia y la equidad social, como antídoto a la depresión sicológica colectiva que si no se rectifica, puede caer en el nihilismo alienador.

Cartes se impuso holgadamente porque convirtió la disputa política en una clásica guerra comercial, en la cual se jugó invirtiendo nuevamente mucho capital, buscando el máximo de rentabilidad y, en primera fase la ha conseguido, claro que con trampas de toda laya y comprando insensibilidades, miles de votos, encuestadoras y funcionarios electorales, además de alquilar por 24 horas conciencias débiles que lo hicieron depositario de sus documento de identidad durante las horas del escrutinio.

Desde el punto de vista moral, el comportamiento de Cartes y de las cúpulas colorada y liberal, es una abyección, pero ello no es nuevo en la politiquería de Paraguay y de casi todo el mundo, minimizada o alterada hasta el sumun por la prensa corrupta, eterna enemiga de la decencia humana.

Sin dudas que la inmoralidad del ganador de estas elecciones es consustancial con la prostitución política que, imposible de ocultar, tiene gimnastas en todos los partidos, movimientos y organizaciones, erráticos intérpretes del Príncipe Maquiavelo y cínicamente incoherentes si se dicen de izquierda.

Cartes, por encima de ciertas actividades delictivas que se le imputa desde diferentes sitios, es un pragmático inversor de capitales, sean lícitos o no, y desde hace años parecería que ha triunfado en casi todos sus emprendimientos, seguramente sin el menor decoro o escrúpulo.

La alianza que llevó a Lugo a la Presidencia en agosto del 2008, parecería que terminó por convencerlo de que la política podía ser buen negocio, en la que también podía incursionar, a condición de trabajarla entre capitalistas de grueso calibre, de dentro y fuera del país, mejor si foráneos, es decir, excluyendo la participación del pueblo.

En ese momento, no figuraba en el padrón electoral nacional y su primer voto lo puso recién este domingo 21 de abril, lo cual demuestra su desdén por la política pero, al mes de instalarse el gobierno del cambio, se afilió al Partido Colorado, dos años después invirtió algunos millones de dólares para hacerle ganar varias Intendencias, entre ellas Asunción y, meses después, forzó la modificación de los estatutos, que exigían diez años de afiliación para poder aspirar al primer cargo del Ejecutivo Nacional. El tenía dos.

Un método similar había aplicado años atrás, cuando compró una pequeña fábrica de gaseosas y la convirtió en un emporio. Luego hizo lo mismo con el agónico Club de fútbol Libertad, y lo catapultó a la cima. Para engorde de su egolatría, consiguió abrir una sucursal de sus bebidas en Estados Unidos, en momentos que recorría la región un informe diplomático de ese país, acusándolo de cabeza de una organización delictiva, dedicada al narcotráfico, contrabando de cigarrillos y lavado de dinero.

Con ese exitoso e inescrupuloso patrón, titular de 25 empresas, en algunas hasta podría figurar como prestanombre de capos mafiosos, cuatro años prófugo de la justicia paraguaya, pero sobreseído en el 2000, ignorando una denuncia por fraude al Banco Central por 34 millones de dólares en 1985, y con procesos en Brasil y Argentina, tendrá que verse la ciudadanía honesta de este país en los próximos cinco años, salvo imponderables que aún no aparecen en el horizonte, quizás por oscuro.

La algarabía que vive el conjunto del Partido Colorado, incluido un nutrido número de invitados de piedra, impide naturalmente el razonamiento en sus propias filas y también entre la gente de la otra vereda, donde hay mucho nerviosismo y la ansiedad que habitualmente impone el cortoplacismo enceguecido ante lo que diversas corrientes militantes y de opinión, consideran una derrota estrepitosa, corriendo el riesgo de equivocarse nuevamente en el estudio de la coyuntura y las posibles salidas.

A simple vista, el candidato colorado sacó una mayoría aplastante, con un millón 100 mil votos, consiguiendo copar la Cámara de Diputados (47 bancas en 80), y 19 Senadores entre el total de 45, guarismos que convierten al Congreso en una herramienta al servicio exclusivo del partido victorioso que, además, se hizo con varias gobernaciones importantes en el interior del país.

Sin embargo, es posible que llegue el momento de hacerse luz sobre la naturaleza de ese electorado y quizás lo que quede flotando sea una gran ensalada, cuya grosera cantidad de elementos le haga perder calidad al degustarla.

Por eso, mirando las cifras solamente, está claro que esta nación ha retrocedido sensiblemente en el proceso de modernización institucional, de relacionamiento internacional y en los cambios políticos, aunque leves, iniciado en agosto del 2008 por el Gobierno de Fernando Lugo, a la cabeza de una coalición heterogénea de partidos y movimientos.

En esa alianza, el mayor peso electoral lo aportó el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), elemento que, por efecto de un mal cálculo táctico y estratégico, hizo que su conducción, presa de viejos complejos plebeyos, se considerara con suficiente derecho para reclamar un tratamiento superior al de las otras fuerzas, pese a ocupar la Vicepresidencia y algunos ministerios, sin siquiera compartir la idea de introducir cambios en las políticas sociales y económicas.

Ese egoísmo, a poco andar, se convirtió en deslealtad, en particular por la persona del segundo del Ejecutivo y, ¡¡AL FIN!!, Presidente del régimen desde el 22 de junio del año pasado, producto de un Golpe de Estado, mediante un obsceno juicio político.

El dirigente disidente y último caudillo liberal, Domingo Laíno, opina que ese quiebre institucional fue planificado con frialdad criminal, porque una semana antes fueron acribillados unos 20 campesinos y siete policías, en un latifundio que, junto a las legales, tiene otras miles de hectáreas fiscales, ocupadas desde hace años por uno de los “osos blancos”, exPresidente y exSenador del coloradismo, Blas Riquelme (+).

Esa emboscada, de alta rentabilidad para la derecha toda, habría sido el pretexto escogido para derrocar a Lugo y, a la vez, otra canallada contra las organizaciones campesinas, victimizadas una vez más, con más de una docena de dirigentes presos desde entonces, sin que el Ministerio Público pueda presentar pruebas concretas contra ellos y unos cincuenta labriegos, declarados prófugos, que viven escondidos como si fueran delincuentes.

Los autores de ese mazazo a la civilidad, que hipócritamente gustan en llamar decisión soberana del parlamento, resultó una teledirigida traición abierta a la apertura democrática del país, en aplicación obediente y venal al diseño imperial y de sus corporaciones financieras enquistadas en el agronegocio y la megaminería, que encuentran en la administración corrupta de Paraguay campo fértil para la evasión impositiva, un territorio muy rico en agua y minerales, y con abundante mano de obra barata.

Paraguay, vecino de tres países con gobiernos demócratas y des-obedientes del imperio, tiene una misión importante en el plan geoestratégico que Estados Unidos aplica desde hace tres años en Honduras, con la sustitución de gobiernos elegidos en las urnas por regímenes lacayunos, vergonzantes ejecutores de la despiadada política que Washington aplica en el subcontinente que, según la confesión pública, poco oportuna pero sincera de su Secretario de Estado John Kerry, continúa siendo su patio trasero que no están dispuestos a perder. El perverso acoso a Venezuela ejemplifica.

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Guatemala: Un juicio revive su historia de sangre y horror

Vicky Peláez (RIA NOVOSTI. especial para ARGENPRESS.info)

Guatemala tiene un río pensativo, y otro que se tiñó de sangre...Tiene un volcán de agua, otro de fuego y una montaña de huesos y cadáveres (Luis Alfredo Arango, escritor y poeta guatemalteco, 1936-2001)

Las páginas de la historia moderna de América Central transmiten, sólo al ojearlas, una sensación de sufrimiento, injusticia, violencia. Huelen a la sangre que derramaron cientos de miles de hombres, mujeres y niños, víctimas inocentes de la Guerra Fría desatada por los ricos y poderosos del planeta bajo el lema de “preservar la democracia y prevenir la diseminación del comunismo en la región”. Guatemala en este contexto había sido uno de los países más sufridos donde el Estado había cometido los crímenes más aberrantes contra los indígenas mayas durante la guerra civil que duró 36 años (1960-1996) y en especial en los años 1980.

Recién 17 años después de la firma de los Acuerdos de Paz, cuando el pasado 19 de marzo el tribunal de Alto Riesgo de Guatemala inició el juicio por genocidio y delitos de lesa humanidad en contra del exdictador general Efraín Ríos Montt y el también general José Mauricio Rodríguez, quien fuera el jefe de inteligencia militar G-2 durante el mandato de Ríos Montt entre 1982 y 1983, el país dio un suspiro de alivio, como si se acabara la pesadilla que ha estado aplastando su alma y su conciencia durante todos estos largos años.

A la vez el inicio de este juicio, llamado por muchos como histórico, ha hecho revivir cierta inquietud en el pueblo guatemalteco al hacer despertar su memoria dormida. Según el estudioso y periodista Andrés Cabanas, la mayoría de la gente que tuvo que convivir durante largo tiempo con la violencia creó su propio mecanismo interno de sobrevivencia: “Las primeras muestras de crueldad conmovieron; las siguientes asustaron; las posteriores paralizaron; a partir de entonces, muchos guatemaltecos impusieron en su subconsciente el olvido como mecanismo de defensa”.

El juicio provocó también una reacción completamente diferente en las elites guatemaltecas y amplios sectores de la población educados en las ideas anticomunistas que percibieron las acusaciones de genocidio contra los dos generales como un “proyecto maquiavélico, progresista globalizado”. Según el periodista guatemalteco Pedro Trujillo, “las falsas historias de genocidio son de fabricación extranjera o de las personas como Rigoberta Menchú quienes buscan una sentencia condenatoria”. En la percepción de las elites una condena por genocidio alertará otros procesamientos cuyos primeros perjudicados serían propietarios de las fincas en las que se cometieron asesinatos masivos de los indígenas y empezaría la lucha por la expoliación de tierras. Todo esto estigmatizaría el país por décadas.

Como por magia, toda la derecha guatemalteca y el mismo presidente Otto Pérez Molina hicieron la causa común con varias organizaciones militares de veteranos cerrando las filas respecto a lo ocurrido en el país durante la guerra. En seguida promovieron manifestaciones frente a la embajada norteamericana con la consigna “Genocidio es Mentira”. Lo curioso es que este sector ultraconservador de la población considera a los Estados Unidos como el promotor del juicio contra los militares y se siente traicionado por su inspirador y el auspiciador de la limpieza étnica en el país durante la guerra civil. El poder y la presión de los oligarcas, del mismo presidente y los militares han sido tan fuertes que la jueza de Mayor Riesgo, Carol Patricia Flores resolvió anular el 18 de abril último todo lo actuado en el proceso contra los militares retirados Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez que llevaba 20 jornadas de su etapa oral.

También la jueza ordenó regresar el proceso hasta la fase en que se encontraba el 23 de noviembre de 2012 y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad prácticamente ampararon a los dos generales acusados de genocidio. Las protestas de las víctimas que llevan más de 30 años esperando justicia, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y las exhortaciones de las Naciones Unidas de proseguir con el juicio no han sido tomados en cuenta por el momento por el poder judicial.

Tal como se están desarrollando los acontecimientos parece que este proceso nunca va a terminar, porque sorpresivamente uno de los testigos del genocidio contra los indios mayas, Hugo Ramiro Leonardo Reyes señaló al actual presidente del país Otto Pérez Molina como coordinador de la “quema y saqueo de la gente indígena para luego ejecutarlos”. Como se supo de las declaraciones del periodista norteamericano del programa de la radio y televisión pública PBS “Democracy Now”, Allan Nairn, quien fue citado a aparecer en este juicio, el entrevistó en 1982 junto con varios de sus colegas extranjeros en destacamento de Quiché a un mayor Otto conocido como comandante “Tito Arias” y anteriormente “Capaitán Fosforito”. En las imágenes divulgadas se ve al mayor contestando las preguntas mientras que a sus pies yacen los cadáveres de varias personas torturadas y ejecutadas. Resultó que aquel “Comandante Tito Arias” es el actual presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina. Entonces, seguir con el juicio significa in
volucrar al presidente quien podría ser el próximo en el banquillo de acusados al terminar su presidencia.

En la misma situación podrían estar muchos de sus miembros del gobierno, partícipes directos e indirectos de las masacres de los años 1980. Para entender la complejidad de este proceso habría que revisar, aunque brevemente, los acontecimientos del aquel período de la guerra civil que durante los 36 años arrojó 200.000 muertos, 50.000 desaparecidos de los cuales el 83 por ciento eran indígenas mayas y el 17 por ciento mestizos. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el 93 por ciento de las violaciones a los derechos humanos fueron cometidos por el Estado, de ellos el 85 por ciento por el Ejército y el 18 por ciento por las Patrullas de Autodefensa Civil (PDC) armadas y entrenadas por los militares. El tres por ciento de las violaciones es atribuido a los guerrilleros de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y la autoría del restante cuatro por ciento no está determinada.

Nadie de los militares, estudiantes y trabajadores que participaron en la Revolución de 1944, que dio lugar a las primeras elecciones libres en Guatemala e inició programas en beneficio de la clase trabajadora, habían imaginado que diez años después de la “Edad de Oro”, el país entrará en una vorágine de muerte y desolación que durará hasta 1996 y cuyos residuos se harán sentir 70 años después. El ciclo de la violencia comenzó con un golpe de Estado que derrocó al presidente legítimamente elegido, Jacobo Árbenz Guzmán que se atrevió a perjudicar a los intereses de la dueña del país, the United Fruit Company (UFCO) que con la participación de las elites, la Iglesia Católica, la Evangélica y la CIA promovió la destitución del presidente en 1954.

Así se inició el proceso de desplazamiento masivo de los indígenas mayas de sus tierras, acompañado por la extrema violencia y el abuso. En respuesta a la injusticia surge en 1960 la guerrilla URNG iniciándose la guerra civil. Su momento más sangriento fue en los años 1980 cuando asumió el poder en los Estados Unidos Ronald Reagan (1981-1989) que lanzó la consigna de “Exterminar” no sólo “la Guerrilla Marxista en América Latina” sino “erradicar todo el apoyo civil” a los subversivos. Su secretario de Estado, general Alexander Haig despachó con este fin a uno de los hombres poco conocidos pero uno de los más siniestros de la CIA, general Vernon Walters a Guatemala. El enviado de Washington instruyó primeramente al presidente Fernando Romeo Lucas García en los secretos de la Guerra Contrainsurgente en términos del Conflicto de Intensidad Baja (LIC) y posteriormente al general Efraín Ríos Montt que en 1982 dio con la bendición de Vernon Walters el golpe de Estado, tomando el poder.

Ríos Mont fue percibido por Ronald Reagan como “hombre de gran integridad personal” y “totalmente dedicado a la democracia”. “Fortalecer democracia” significa en términos de la Doctrina Reagan, eficiencia en la erradicación del marxismo, sus partidarios y simpatizantes en el país. Definitivamente el general Ríos Montt era muy “eficiente” pues en 18 meses de su presidencia fueron arrasados 625 pueblos mayas por los miembros de las fuerzas especiales Kaibiles entrenados por los instructores de la CIA, Sayeret Matkal israelí y la GIGN de Francia. Los Kaibiles son asesinos profesionales cuya consigna es “Si avanzo sígueme, si me detengo aprémiame, si retrocedo mátame”. El mismo general Ríos Montt supervisó personalmente la masacre de 1,771 indígenas mayas Ixil. En los años 1980 también se cometieron actos de genocidio contra los pueblos mayas Achi, ´Qanjobal y Kiche.

En algunos casos los militares no necesitaban el pretexto ideológico para masacrar los pueblos nativos, sino el económico, como sucedió con la hidroeléctrica de Chixoy construida en el territorio de la comunidad maya Achi de Río Negro. Allí el ejército asesinó a 400 miembros de la comunidad entre hombres, mujeres y niños, para “limpiar el terreno” para la construcción de la hidroeléctrica, cuyo proyecto fue diseñado y financiado por el Banco Mundial (WB) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por supuesto los ingenieros alemanes de Lahmeyer International, suizos de Motor Columbus, norteamericanos de International Engineering Co. y los constructores italianos de Gogefar y los suizos de Swissboring no han percibido ningún signo de genocidio y no vieron a ningún muerto. Tampoco los ejecutivos del WB y del BID recibieron algún informe sobre actos de masacre o tuvieron alguna curiosidad sobre el destino de los habitantes Achis de esta zona.

Así ha estado funcionando siempre el mundo neoliberal globalizado cuyos líderes perciben cada ser humano como un número. Uno más o uno menos y en especial si representa a un indígena no tiene mucha importancia en la realización de macro proyectos tanto físicos como ideológicos. El pueblo guatemalteco lo conoce bien, especialmente el 53.7 por ciento de su población que vive en la pobreza cuyo índice en los pueblos maya llega inclusive al 93 por ciento. En pleno Siglo XXI la expectativa de vida del 12 por ciento de hombres y el 6 por ciento de mujeres es apenas de 30 años, según la estadística del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para 2011-2012 (PNUD).

El índice del analfabetismo es del 69.1 por ciento. El 70 por ciento de la población, que son jóvenes, tiene pocas posibilidades para estudiar y encontrar un trabajo adecuado. Por eso no es de extrañar la expansión del narcotráfico. De acuerdo a la DEA, el 75 por ciento de las 400 toneladas de droga que entran cada año a los Estados Unidos pasan por Guatemala. El 70 por ciento del territorio nacional es controlado por el cartel de los ZETAS cuyos, sicarios están entrenados por los Kaibiles. Se calcula que solamente en la capital del país, la Ciudad de Guatemala unos 10,000 adolescentes están involucrados en las pandillas o en grupos relacionados con el narcotráfico.

¿Entonces, qué juicio se puede esperar en el país donde el 30.9 por ciento de la población es analfabeta, tres cuartos de su territorio es controlado por el cartel de Los ZETAS, las elites nacionales siguen con el cuento del “peligro marxista”, el mismo presidente es señalado como uno de los violadores a los derechos humanos y donde la “democracia”, de acuerdo a la periodista Petrona Ixcoy, “está asentada en el silencio y la resignación de las grandes masas populares”?

Dijo alguna vez el educador, poeta y escritor guatemalteco, Luis Alfredo Arango que “en Guatemala cada veinte años retrocedemos veinte”. ¿Será cierto?

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Borda: ¿Cómo llegamos hasta acá?

BARRICADA TV.
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Hoy: Represión de la metropolitana de Macri en el Hospital Borda


Macri ya había intentado ocupar los Talleres Protegidos N°19 en 2012 con la metropolitana


En noviembre de 2012, la Jueza Patricia López Vergara dio a lugar al amparo presentado por los trabajadores del Hospital Borda, cautelar que frena y ordena a Macri a no innovar con respecto a la construcción del centro cívico en espacio perteneciente a dicho hospital.


En 2011 los trabajadores de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires se organizan y denuncian el abandono y las políticas excluyentes del gobierno de Mauricio Macri.


En 2010 los trabajadores de Talleres Protegidos del Borda ya denunciaban la política de falta de recursos, insumos, medicamentos y baja salarial de todo el sistema de salud, a favor del sector privado y atacando sistemáticamente a la salud pública.


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La represión en la ciudad, también es política de Estado

CORREPI

La policía metropolitana emergió, en la madrugada del viernes 26 de abril, alrededor de las 6 de la mañana, para custodiar a trabajadores municipales que tenían la misión de demoler el edificio en donde funcionaba el Taller Protegido 19, donde los pacientes internados en el Hospital Borda realizaban actividades terapéuticas. Este lugar venía siendo protegido por los trabajadores desde hace meses.

La demolición precedería a la construcción de un Centro Cívico tan innecesario como insidioso en su función de “poner en valor” una zona que los cínicos gobernantes de la Ciudad nombran como olvidada o eufemismos emocionales semejantes –el sur de Buenos Aires– como si ellos no tuviesen injerencia en las desigualdades existentes. Se sabe que detrás de esto se agazapa un negocio inmobiliario de Macri y que no es cierta en modo alguno la parodia inmunda de la ayuda al “vecino” de zona sur, negocios análogos –en su naturaleza y en su modo de defenderlo– a los que el oficialismo nacional llevó y lleva adelante en Catamarca (con la gobernadora Corpacci) y en La Rioja (con Beder Herrera). Se sabe, también, que la ideología que profesa el macrismo desprecia a aquellos “elementos sociales” (seres humanos, si traducimos) que sobran o combaten al sistema. Para ellos, los locos pobres, en esta lógica, conforman un grupo a eliminar si es necesario, más allá de cualquier resolución judicial y de todos los requerimientos formales propios de los procesos democráticos para desarrollar un operativo como el realizado.

La represión desatada por los efectivos de la Metropolitana (en un hospital neuropsiquiátrico, adonde no llegó la represión siquiera en tiempos de Videla) apuntó a los trabajadores, que fueron golpeados a mansalva y ocho de ellos fueron detenidos por defender el derecho a la salud pública. Los medios, escandalizados al haber sido sus trabajadores también víctimas de la represión, se dignaron transmitir y difundir crudamente las imágenes que mostraban cómo la policía descargaba toda su violencia contra quienes no se resignan a perder un derecho tan básico como la salud pública y gratuita.

A pesar de la represión, cientos de compañeros ocuparon el predio durante más de diez horas enfrentando la ocupación policial, enfrentado la represión y luego peleando frente a la comisaría por la liberación de todos los detenidos, que fueron arrojados en buzones similares a los que se ven en las prisiones de máxima seguridad estadounidenses.

El accionar de la Metropolitana puso de manifiesto, en primer lugar y una vez más, la respuesta del estado ante la oposición a sus designios espurios y clasistas, ante cualquier lucha o reclamo que entorpezca su desarrollo. CORREPI no considera que esto sea una excepción a la regla que el estado, en todos sus niveles, determina frente a quienes considera, en su esquema Schmitteano, sus enemigos, aunque esta represión en particular ha demostrado, por otra parte, los extremos a los que la derecha política puede llegar, o amenazar con llegar, frente a cualquier resistencia.

La policía Metropolitana representa, desde su propia fundación, un caso único en el mundo si se atiende a que su plana mayor –con el Fino Palacios, Chamorro y Ciro James a la cabeza– debió renunciar en un tiempo récord debido a las imputaciones de espionaje a referentes de movimientos sociales. Este cuerpo, creado bajo el cómico concepto de una fuerza preventiva y de proximidad, repleta en sus filas de militares, gendarmes, policías provinciales y federales, cuestionados precisamente por su corrupción y ferocidad, atacó a los manifestantes con la alevosía y el autoritarismo genéticos de cualquier fuerza de seguridad –aquí no hubo un abuso de autoridad, la autoridad policial en sí es un abuso– y con maneras peculiarmente encarnizadas, con gestos propios de un Grupo de Tareas, sin nombre ni cargo en su vestimenta de ciencia-ficción norteamericana, con armas que apuntaron siempre por sobre la cintura de un ser humano promedio, con la furia que los cobardes saben mostrar cuando superan en número y armamento al otro. Nada muy diferente a los ocurrido en el Parque Indoamericano, en conjunto con la policía federal, o el 12 de marzo en la Sala Alberdi, con decenas de lesionados y tres periodistas de medios alternativos heridos con balas de plomo.

La lucha popular, una vez más, muestra las fisuras de un sistema malvado: fue la lucha de diferentes sectores lo que protegió durante años la función del Taller 19 y también fue la resistencia popular lo que en definitiva pone en cuestión el ilegítimo y perverso accionar del gobierno de la Ciudad y su brazo armado. En este punto, CORREPI desaprueba los dichos de medios de comunicación y los legisladores de la ciudad que señalan la presencia de “profesionales, legisladores, periodistas” en la manifestación, como si el hecho de que los manifestantes fueran únicamente luchadores sociales o gremialistas pudiera ayudar a comprender mejor el grado de represión.

La indignante respuesta del PRO, en su conjunto, a los sucesos, no sólo justificó el proceder de su policía –y por tanto, de ellos mismos– sino que “abrazó” a sus efectivos heridos en un melodrama que enmascara –apenas- la arenga represiva, aludiendo a falacias como la supuesta categoría de “trabajadores” de los policías.

 Y en esa tónica, utilizaron sus voceros las estadísticas de CORREPI para jugar su impúdica lucha política con el gobierno nacional, lucha que es indiferente y ajena a CORREPI, por ser una disputa intestina de la burguesía que apunta a la alternancia de poderes en un estado al que consideramos un instrumento de opresión de la clase dominante hacia los trabajadores y el pueblo.

CORREPI repudia el oportunismo del macrismo al usar datos de nuestro Archivo de Casos para hacer su política, estadísticas que, por cierto, estuvieron mal citadas, considerando que tres de los muertos en la represión a la protesta del período de gobierno kirchnerista, también son de Macri (Parque Indoamericano), y sin olvidar los varios casos de gatillo fácil metropolitano desde que la fuerza existe (Rodrigo Romero, Kevin Marchioni, Matías Guerra y otros).

CORREPI no provincializa ni nacionaliza la represión según las conveniencias de quien las quiera utilizar. Si bien las estadísticas están compuestas por números y porcentajes, también portan el espíritu de quien las realiza. CORREPI no es un organismo oficial -nada más lejos– y tampoco es una palabra “neutra”, por eso no acepta ser utilizada por ninguna fuerza política para defender sus intereses. CORREPI no “juega” para nadie y se rehúsa a ser funcional a cualquiera de los bandos que se disputan el poder del estado burgués, especialmente cuando la manipulación apunta a que los sectores más claramente de derecha se auto-sindiquen como “menos represores” que el sector rival.

En el mismo sentido, debemos también remarcar el oportunismo del gobierno nacional, que, ante el salvajismo ostentado por el PRO, reafirma su discurso basado en los derechos humanos, sin responsabilizarse de los muertos, heridos y represaliados que carga en su período “dorado” desde 2003: persecución judicial de referentes sociales con más de 4.000 compañeros criminalizados; represión contra obreros y manifestaciones sociales (Zanón, la protesta por la tortura y asesinato de Cristian Ibañez en Jujuy, los Qom, los docentes de ADOSAC con justificación de Filmus incluida, entre muchísimos otros); tercerización de la represión mediante las patotas (no hace falta dar ejemplos ¿verdad?); militarización territorial; uso cotidiano del gatillo fácil y la tortura en cárceles y comisarías (es interminable la lista que podríamos citar en este punto).

CORREPI rechaza, de este modo, también la posición oficial del gobierno nacional, que se adjudica banderas que no son las suyas a un nivel meramente discursivo, mientras emplea todos los modos repasados de represión de cualquier disidencia. Prueba fresca de esto son los dichos virtuales de Cristina Fernández, quien dijo textualmente, aunque suene increíble a nuestros oídos: “Le sigo explicando. No queremos reprimir. Preferimos pagar todos los costos. Es la política que llevamos adelante estos 10 años”.

Insistimos: CORREPI no acepta ser funcional a ningún partido ni fuerza política burguesa. Y eso es posible porque no le debe favores a ningún poderoso y porque el único compromiso que sostiene es con las masas de oprimidos y desangelados de este sistema que siguen siendo asesinados, torturados y reprimidos por los verdugos azules (y de otros colores) del estado burgués, mucho más allá de los gobernantes de turno.

Fueron los trabajadores quienes defendieron hasta las últimas consecuencias los talleres y fue la lucha popular la que enfrentó a la represión con absoluto coraje. Fue el pueblo organizado el que auxilió a los heridos y arrancó de la comisaría a los presos.

Las internas que hoy se juegan entre el macrismo y el kirchnerismo, tirándose represaliados y muertos por la cabeza, sólo muestra lo poco que les importa la vida del pueblo que trabaja y lucha por vivir dignamente.

No esperamos nada de ninguno de estos sectores ni de los que comparten proyectos similares de cómo administrar este estado represor.

Por eso repetiremos siempre, en las calles, que el camino es la organización y la lucha, y así enfrentaremos la represión para avanzar en nuestras conquistas.

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La derecha y los neuropsiquiátricos

Carlos Ferreres (ACTA)

La semana pasada la Secretaría de Discapacidad de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Córdoba denunciaba la situación de abandono, abuso y violencia sobre los internados en el neuropsiquátrico Colonia La Alborada de Bell Ville. Las escandalosas imágenes ponían al desnudo la “política” del gobierno de De la Sota en materia de Salud Mental y el total desapego al cumplimiento de la Ley 26657.

Allí se apreciaba el hacinamiento, la suciedad, la inexistencia de moviliario y sanitarios.

Las denuncias de los trabajadores, personal médico y miembros de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), terminaron con la carrera de Director de Salud Mental y del Director del Nosocomio.

Así se deciden traslados que, por intespestivos, violentan gravemente a los internados generando un problema adicional porque no existe la voluntad política de hacer las inversiones necesarias en infraestructura y personal que garanticen los derechos humanos de esta población.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Macri tiene una política idéntica en la materia aunque hay que sumarle los negocios inmobiliarios y las complicidades. Esta última cuestión demuestra de modo indubitable la inexistencia de límites cuando los negociados del capital se encuentran con obstáculos y resistencias.

En este caso fueron los trabajadores. Trataban de evitar la destrucción (en términos de demolición) de los talleres donde los pacientes del Borda realizaban tareas de rehabilitación y donde se desarrollaba el área de deportes y recreación. Era, además, el único espacio intrahospitalario con fines de reinserción social y laboral. Del taller participan pacientes a los que se les enseñaban oficios de carpintería y herrería.

Y el empresario Macri no dudó: Desató una represión feroz con balas de goma y plomo; palos, gases y patadas sobre los trabajadores (enfermeras, médicos) que defendían la salud pública; sobre los propios pacientes, periodistas y legisladores. Había que demoler.

No se puede soslayar que en la destrucción del hospital público Macri contó con los votos en la legislatura del Frente para la Victoria (FpV). La represión brutal la ejerció la Metropolitana para beneficio del los negocios del Gobierno Nacional y de Macri. Es imperativo para muchos compañeros kirchneristas reflexionar sobre las consecuencias de las “negociaciones” que “exige” la política.

La Secretaria de Discapacidad de la CTA nacional repudia la brutal represión a los trabajadores del Borda, su situación de abandono y demolición, como asimismo la del centro psiquiátrico de Bell Ville.

Exigimos al los gobiernos nacionales y provinciales que se aplique efectivamente la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 que en su Capítulo I, Derechos y garantías, establece:

Artículo 1º.- "La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Carlos Ferreres es Secretario de Discapacidad de la CTA.

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Talleres Desprotegidos del Borda: represión y demolición

LA RETAGUARDIA

A primera hora de la mañana del viernes, la Policía Metropolitana avanzó contra los Talleres Protegidos 19 del Hospital Borda. A pesar de la resistencia de trabajadores, pacientes y organizaciones sociales, el espacio fue demolido gracias a una brutal represión que se llevó adelante a lo largo de todo el día, dejando a más de ciencuenta personas heridas y al menos ocho detenidas. Detrás de esto se encuentra la intención del gobierno de la Ciudad de construir en esta zona de Barracas el nuevo centro cívico, proyecto que fue aprobado el año pasado en la Legislatura con los votos también del Frente para la Victoria. En agosto del año pasado, ya se había intentado avanzar sobre el espacio, que distaba de ser un "lugar en desuso", como dijeron los funcionarios. Los talleres del Borda cumplen una misión importante en la reconstrucción de la subjetividad de los internos.

Durante todo el día, realizamos una transmisión especial, en la que se pudo escuchar las voces de quienes estaban en el Borda resistiendo, como Matías del FOL, Flor de la Agrupación Kiki Lezcano, el legislador de Buenos Aires para Todos Fabio Basteiro -que recibió dos balas de goma-, como así también la de los internos a través de su Radio La Colifata. A su vez, dialogamos con Antonella Álvarez de FM La Caterva y Alejandra de Argentina Arde que se encontraban en la puerta de la Comisaría de la Comuna 4, al igual que el abogado Eduardo Soares que se había acercado junto a otros quince abogados para representar a los detenidos, y con Belén, fotógrafa de En Movimiento TV, detenida durante la mañana, a quien entrevistamos apenas fue liberada. Finalmente charlamos con Alfredo Grande sobre la Salud Mental y el gobierno de Mauricio Macri, y escuchamos las reflexiones desde Francia de Alfredo Olivera, creador de La Colifata.

Alrededor de las seis de la mañana, ingresaron efectivos de infantería y Policía Metropolitana a la zona de los talleres protegidos que están en el Hospital Borda con el objetivo de custodiar y permitir que las máquinas llevaran adelante la demolición. “Supuestamente tenían una orden judicial que hasta ahora, a la una y media de la tarde, no llegó, y supuestamente iban con la decisión de sacar los talleres y demolerlos para construir el centro cívico con el que se inició el conflicto que atraviesa hoy el hospital”, contó Flor de la Agrupación Kiki Lezcano. “Los trabajadores empezaron a resistir y hubo una primera oleada de represión – continuó su relato – y volvió a haber otra represión a las ocho de la mañana donde se generan los detenidos. Nosotros llegamos alrededor de las once y media y había todo un cordón de la Infantería y la Metropolitana, que habían puesto como un vallado de chapas, igual que hicieron en el Parque Centenario, para tapar la demolición del espacio protegido. Se juntó muchísima gente, organizaciones sociales, movimientos políticos, organizaciones de derechos humanos, Correpi”.

“Los talleres fueron demolidos durante toda la mañana”, confirmó en tanto Matías del Frente de Organizaciones en Lucha: “la gente quería evitar la demolición, pero ahora no podemos acceder a estos terrenos. Y el gobierno de la ciudad consiguió su objetivo”, agregó. Esto es, sacar a las personas del medio a través de la represión y poder hacer la demolición de los talleres: “éramos muchos los que estábamos y era mucho el sentimiento de bronca que teníamos de ver cómo se estaba avanzando sobre este sector del parque del Borda, entonces cuando la policía empezó a retroceder toda la gente quería evitar el objetivo último que tienen, porque en ese momento las máquinas seguían trabajando”, expresó Matías.

Pasadas las once de la mañana se produjo un nuevo momento de represión. Ya se encontraban en el lugar una importante cantidad de legisladores y medios tradicionales. Hubo decenas de heridos con balas de goma y golpes, pacientes, familiares, trabajadores del hospital, manifestantes, periodistas, camarógrafos, fotógrafos. También ocho personas fueron detenidas.

Entre los heridos, se encontraba el legislador de Buenos Aires para Todos, Fabio Basteiro, quien recibió un balazo de goma en la pierna derecha y otro en la espalda, además de tener los ojos irritados por el gas pimienta. Dialogamos con él sobre lo que estaba sucediendo en el Borda: “nosotros fuimos a tratar de generar un ámbito para discutir y analizar en forma pacífica esta situación de desarrollo represivo, y la policía de una manera irresponsable, indiscriminada, con una saña muy grande, empezó a tirar balas de goma, perdigones, balazos, todo lo que estaba a su alcance, tenían ganas de usar todo lo que gastan en armar a la policía. Realmente fue algo muy peligroso, porque es algo que se sabe cómo empieza pero no cómo termina. Esta es una situación de conflictividad que se podría haber canalizado en forma pacífica, se podrían haber tomado los recaudos legales, se podría haber esperado que la cámara se expida y se hizo todo lo contrario, se armó todo este aparato represivo a efectos de hacer una maniobra distractiva y avanzar con la obra inmobiliaria que es el negocio que quieren llevar adelante”.

Efectivamente, la demolición de los talleres protegidos estaba judicializada, el edificio estaba protegido a partir de una medida cautelar, por lo que al avanzar con las obras el gobierno porteño violó este proceso judicial. De hecho, Gustavo Moreno, asesor tutelar ante la Sala II en lo Contencioso Administrativo Tributario denunció a Mauricio Macri y al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, por actividad ilícita.

Para Basteiro lo que ocurrió en el Borda surge a partir de una sumatoria de hechos: “esto se lleva adelante también porque hubo una votación en la legislatura que lo ratificó, se votó la construcción de este centro cívico, esto también es responsabilidad política, uno no puede no ser conciente de lo que se vota porque después trae aparejada esta situación. Son muchos factores que concurren a un escenario donde me parece que se secundarizan los intereses de lo colectivo, del espacio público”.

Respecto al accionar de la fuerza de seguridad, Basteiro aseguró: “la de la Metropolitana es una mecánica que se va naturalizando, que se utiliza a efectos de contener el conflicto social. También hay cinco mil procesados en Argentina, mueren los qom en Formosa y Chaco y tampoco nos enteramos. No es solamente un lado, hay muchas partes en nuestro país en los que se están ocultando y silenciando asesinatos”.

A primera hora de la tarde se produjeron nuevas agresiones de parte de la Policía Metropolitana, debido a que se abrieron parte de las chapas que se habían colocado para separar a los efectivos y por ende a las máquinas que seguían trabajando de quienes defendían la integridad de los talleres. “En el Hospital Borda los pacientes andan completamente libres, transitando por el espacio y en un momento se abrió una chapa, un paciente la había abierto pero no había ningún tipo de intención de generar ningún conflicto o provocación – explicó Flor de la Agrupación Kiki Lezcano, mientras que ellos, la Metropolitana, sí estaban provocando apuntándonos con las armas en posición de atacar en cualquier momento, y cuando pasó eso de la chapa empezaron a reprimir. Según contabilizamos dejó un saldo de treinta heridos, todos por ahora con balas de goma, dos de ellos pacientes que están ahora en la guardia del hospital, que se abrió específicamente para atender a los heridos. Después se retiraron definitivamente pero no se fueron del predio, estaban detrás de otro vallado, desde donde me dijeron que siguieron tirando balas de goma”.

Cerca de las tres de la tarde, dialogamos con el abogado Eduardo Soares, quien acababa de ver a los detenidos en la Comisaría de la Comuna 4, ubicada en ubicada en Zavaleta y Pedro Chutro, en el barrio de Parque Patricios, en el límite con Pompeya.

Soares confirmó que eran ocho, pero que en ese momento había ingresado otro grupo de personas, del que no tenía el número exacto, que estaba siendo fichado tras la segunda etapa de la represión.

El letrado pudo comprobar que las ocho personas privadas de su libertad estaban muy golpeadas. Mencionó a una enfermera discapacitada a quien habían golpeado con su propio bastón (ver nota anterior), un joven con un balazo de goma en la cabeza, un familiar de un chico internado en el hospital que había ido a visitarlo y lo agarraron, golpearon y detuvieron. También estaba Carina Maloberti, miembro de ATE, y Guillermo Puerta, un médico del Borda que además es testigo protegido en causas contra represores de Córdoba quien, según corroboró el abogado, tenía un golpe en la cara, otro en la pierna y algunas contusiones en el cuerpo.

“Estamos muy enojados, -afirmó Soares- la calificación que les hacen es atentado y resistencia a la autoridad, con lo cual están en todo su derecho de calificar la causa como quieran, pero nosotros estamos en permanente contacto con el juzgado que en ningún momento dio orden de incomunicación y sin embargo estuvimos desde las diez de la mañana hasta hace un minuto para poder ver a los detenidos, la Policía Metropolitana no nos dejaba entrar. Cuando pudimos entrar verificamos que el estado físico es malo. Y ahora el problema que tenemos es que tratándose de un delito excarcelable que en cualquier caso hubieran estado en libertad hace dos o tres horas, nos están poniendo excusas como que faltan los informes de reincidencia, que es algo que se obtiene con una simple llamada telefónica. Somos muchos los abogados que hemos venido acá, más de quince, de distintas organizaciones de derechos humanos y de abogados. Ya hemos dicho que esperamos que esto se resuelva rápidamente para evitar nuevos conflictos”.

En la puerta de la Comisaría se encontraba un importante grupo de organizaciones sociales. Dialogamos con Antonella de FM La Caterva, quien nos relató que estaban haciendo un corte pacífico esperando que salieran los detenidos y para evitar a su vez que trajeran más personas: “desplegaron un montón de policías medio al pedo porque nosotros estamos tranquilos cortando, ellos están bastante más provocativos”, describió.

En ese lugar también estaba Alejandra de Argentina Arde, quien había recibido un llamado de Belén, fotógrafa de En Movimiento TV, en el momento en que era detenida: “Belén fue detenida a las 11.40, durante la segunda etapa de la represión. Cuando aún no habían llegado los legisladores y empezaban a llegar los medios y las organizaciones. A esa hora justamente, recibí un llamado de ella. Me suena el teléfono, atiendo, era ella pero no se escuchaba nada. Me preocupo y le devuelvo el llamado. Y ahí nomás me atiende otra chica que me dice que Belén estaba esposada y se la estaban llevando en el celular a la Comisaría de la Comuna 4”.

Belén Rebollo fue finalmente liberada horas más tarde. Ya en la calle, pudimos hablar con ella: “estoy contenta de estar afuera, pero muy enojada por los compañeros que fueron apresados y golpeados durante esta jornada. Fue increíble el desmadre de la Metropolitana, que reprimió una y otra vez sin ningún sentido. Golpeó a personas que estaban trabajando en el lugar, a pacientes. Yo acababa de llegar a cubrir lo que estaba sucediendo, y en un momento vi cómo los más armados de la Metropolitana rodeaban a un periodista entonces instintivamente fui a hacer fotos y ahí fue cuando me agarraron a mí sin mediar palabras. Me identifiqué como prensa y de repente tenía diez policías encima que me arrastraron hasta los furgones que estaban atrás del Borda. Apenas me agarraron adentro del Borda yo agarré el teléfono para llamar, y me lo cortaron y sacaron con la cámara. Recién en el furgón me lo devolvieron y como podíamos tratábamos de llamar; esposados uno agarraba el teléfono, el otro hablaba agachado para poder comunicarnos”.

Belén denunció que dentro de la comisaría les negaron la llamada que tienen permitida hacer por derecho: “si el resto de los compañeros no se daba cuenta de que nos estaban llevando detenidos nadie se enteraba de nada”.

Dentro de la Comisaría, Belén vio a dos de las personas que Soares mencionó y agregó datos sobre el momento de sus detenciones: “las enfermeras fueron muy golpeadas, una de ellas es discapacitada y como no podía caminar la llevaron arrastrada por el parque. Un señor que iba a ver a su hijo, me vio cuando me llevaban a mí, vio que me iban a pegar y se tiró para defenderme, por eso no me golpearon a mí pero a él sí, y fue detenido”.

Durante la transmisión también nos hicimos un tiempo para reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo. Para ello dialogamos con el psiquiatra psicoanalista Alfredo Grande, que realiza su programa “Sueños Posibles” todas las semanas en nuestra emisora.

Para Grande, el accionar de la Metropolitana fue, de alguna manera, una forma de acelerar algo que estaba latente desde hacía prácticamente dos años y que no se había podido desactivar: “la estrategia fascista para desterritorializar el Borda, que no es lo mismo que desmanicomializarlo. Esta patoteada miserable con Metropolitana y todo es fascismo, no sé si puro, pero bastante más contundente que hablar de derecha o centro derecha. En ese sentido, creo que lo que podemos llamar el arco progresista revolucionario de izquierda, como de costumbre, ha estado muy lento o por ahí tiene una impotencia real que a nosotros mismos nos cuesta aceptar, entonces se ha llegado a esto de una manera muy anunciada pero con una posibilidad de resistir muy apaciguada”, aseveró.

Al ser consultado sobre si la responsabilidad política de lo sucedido le cabe solo al macrismo, teniendo en cuenta la aprobación en la Legislatura, con ayuda del Frente para la Victoria, a fines del año pasado, de un paquete de leyes que incluía el pase del Centro Cívico de la Ciudad de Buenos Aires a un espacio de la zona sur, que aunque especificaba cuál era ya se presumía que podía ser el Borda, el psicoanalista consideró que el macrismo es justamente un efecto del kirchnerismo: “esto se aprobó en la Legislatura, ahora todos se van a correr, a Macri le va a soltar la mano hasta el primo, nadie va a quedar pegado. Las responsabilidades políticas son absolutamente compartidas, la Ciudad de Buenos Aires tiene una autonomía muy relativa, hasta con los subtes se vio esto. Evidentemente se pasan la pelota todo el tiempo. Son pequeños actos mafiosos que llevan a esto, a que las víctimas estén cada vez más indefensas. Yo espero que los sindicatos, que creo que en el Borda son cinco o seis además, que la Asociación de Médicos Municipales que ha sido un apoyo del macrismo muy fuerte, reaccionen. Si el movimiento sindical no reacciona fuertemente, esto no va a tener la respuesta necesaria”.

En este sentido, el gremio ATE convocó a un paro para este martes 30 de abril con una movilización a la Jefatura de Gobierno que comenzará a las once de la mañana.

Durante la transmisión también replicamos lo que sucedía por La Colifata, la radio de los internos del Borda, quienes relataban a sus oyentes lo que estaba pasando en el lugar. En este marco, mantuvieron una charla telefónica con Alfredo Olivera, el hacedor e impulsor de la radio, quien actualmente trabaja en Francia.

“De manera muy hipócrita el gobierno de la Ciudad dijo en 2008 que en nombre de los derechos humanos iba a crear todo un sistema de salud descentralizado, pero desde un principio quedaba claro que lo que se quería era construir un centro cívico desde una lógica que tiene que ver con la exclusión y no con la inclusión. Esto quedó en evidencia esta mañana por si quedaba algún tipo de duda. Tenemos la ley nacional de salud mental, y en la ciudad la ley 448 (que aún no fue reglamentada), que hablan de los derechos de los pacientes, bueno, hay que implementar el desarrollo de dispositivos que ayuden a que las personas vivan mejor. Esto que pareciera ser dicho por alguien desde algún lugar teórico no es así, yo estoy hablando desde la experiencia real y concreta”, afirmó Olivera en relación al trabajo que lleva adelante actualmente en Francia. Se trata del Servicio de Acompañamiento a la Vida Social: “vienen cerca de sesenta personas por día –describió–, todos ellos estuvieron internados alguna vez en sus vidas, pero el Estado francés pone dinero para que profesionales se ocupen de acompañar a estas personas a que sostengan sus vidas, afuera en comunidad y con un poco de comodidad. Me encuentro todos los días con muchachos que son como ustedes, pero que tienen la suerte no solo de vivir en un país rico porque no se trata solamente de riqueza y pobreza, sino que tienen la suerte de acceder a dispositivos que son espacios concretos de ayuda, atención, acompañamiento, para que puedan sostener una vida con proyectos. Eso es lo que no ocurre (en Argentina), lo que ocurre es un hospital abandonado y el traslado a clínicas privadas, que siguen siendo subsidiadas por el Estado. Entonces lo que hay es un vaciamiento, un achicamiento y una tercerización de la salud”.

Durante la charla, Olivera les habló directamente a los colifatos: “acá hay que tratar de desarrollar espacios en lo público que ayuden a la salud mental, que den posibilidad de desarrollo a cada uno. Gente tan perversa como la que está activando este tipo de cosas no puede tener el poder de desestabilizarnos como sociedad, como grupo y como personas, como sujetos. Colifatos, les quiero decir que no estamos solos, somos muchos, muchos, muchos los que acompañamos, sentimos, tenemos una ética, basta ver las manifestaciones de solidaridad que llegan por todas partes”.

En respuesta, Hugo “Viruta”, uno de los internos del Borda, preocupado porque se habían llevado detenido a su médico Puerta, reflexionó: “creo que le va ser muy difícil seguir avanzando en este desastre y creo que están en un estado de perversidad tan grande y de codicia que es necesario que un equipo de psicólogos atienda a estos funcionarios porque otra cosa no se puede decir. No vamos a decir que son malos, vamos a decir que están muy, muy enfermos. Así que vamos a ver si los podemos ayudar”.

Esto queda aún más en evidencia, al escuchar las excusas de distintos integrantes del gabinete porteño, como el ministro de Seguridad a cargo de la Metropolitana, Guillermo Montenegro que dijo que se actuó en defensa de la legalidad; o del mismo jefe de gobierno, Mauricio Macri, quien en conferencia de prensa se preguntó: “¿Como sociedad eternamente vamos a pensar que es normal, que corresponde que a la policía se la trate mal? Ellos también son trabajadores, tienen familia. No podemos caer en estos niveles de violencia. No podemos caer en la extorsión de los violentos".

El mismo discurso que desde el PRO se dio hace apenas poco más de un mes, luego de la represión y desalojo del acampe cultural en defensa de la toma de la Sala Alberdi, en el que la Metropolitana utilizó balas de plomo.



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