miércoles, 8 de mayo de 2013

Blanqueo o exteriorización de dólares

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Finalmente el gobierno habló de aquello que se ninguneaba, el dólar paralelo o blue. Lo hizo con el anuncio de colocación de un bono de deuda para el desarrollo energético, el BAADE o Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico, y un certificado para inversiones inmobiliarias, el CEDIN o Certificado de Depósito para el Sector Inmobiliario.

Son instrumentos para captar los billetes en poder de particulares, en el país o en el exterior, incluso en paraísos fiscales. Según los organizadores de la medida, en la Argentina existirían unos 40.000 millones de dólares en billetes y en el exterior unos 120.000 millones, con lo cual el universo a capturar son 160.000 millones, aunque nadie arriesga monto concreto a conseguir en los tres meses en que esté abierto el blanqueo, si es que así lo aprueba el Parlamento.

El país no produce dólares, o divisas, si no es por vía del superávit comercial, las inversiones externas o el endeudamiento. Esas tres fuentes aparecen con dificultades, por eso se restringió la compra de dólares desde fines del 2011, se restringen las importaciones y se estimulan las exportaciones, al tiempo que se festejan las inversiones externas y se lamentan retiros como los de Vale do Río Doce, o la eventual retirada de la Barrick ante las restricciones chilenas. El gobierno está a la caza de las divisas, en primer lugar para continuar con la política de cancelación de la deuda pública, el “desendeudamiento” y al mismo tiempo conseguir fondos para la política de hidrocarburos y reactivar el mercado inmobiliario. También se busca ofrecer mecanismos de inversión alternativos a la compra de divisas en el mercado paralelo, y así intentar bajar esa elevada cotización que superó los $10 y casi duplica la cotización oficial. Solo basta ahora que se reconozca un virtual desdoblamiento del mercado cambiario.

Con esos anuncios se otorga carta de ciudadanía a la negociación de billetes estadounidenses, hasta ahora restringida con acciones compartidas por la AFIP y el BCRA, y el objetivo parece apuntar a disminuir la cotización y acercarla al tipo de cambio oficial. De hecho, las correcciones cambiarias oficiales son mayores en el 2013 que en los años anteriores. Entre 2002 y 2005 el dólar osciló entre 2,85 y 3 pesos; entre 2006 y 2010 creció anualmente desde 3,10 a 3,90, para saltar por encima de los 4 pesos durante el 2011 y 2012 donde rozó los 5 pesos y escalar hasta los 5,20 actuales y una previsión de 6 pesos hacia diciembre del 2013. Es el trayecto de una devaluación progresiva y no brusca, pero devaluación al fin. Es una incógnita saber cómo evolucionarán en el corto plazo las diferentes cotizaciones, cómo saber a cuánto alcanzará la brecha entre el oficial y el ilegal blue.

El BAADE

Es un nuevo instrumento de deuda pública. El Estado capta dólares y se compromete a cancelar en tres años (2016) con billetes “DÓLAR” y con una tasa del 4%, lo que puede considerarse una tasa razonable en las condiciones de crédito mundial. Lo primero es que se trata de nuevo endeudamiento dolarizado, y mientras más exitoso sea el blanqueo o exteriorización, mayor deuda dolarizada asume el Estado. Todo el esfuerzo hasta ahora, se decía, estuvo en la pesificación de la deuda externa. Con esta medida se retoma el camino de la deuda dolarizada.

Los fondos de este endeudamiento se destinarán al plan energético liderado por YPF. Ahonda el camino del ofrecimiento de bonos que realizó YPF, con tasas del 19% a ahorristas, y otros instrumentos en el mercado institucional de capitales. La gestión estatal de YPF anunció la necesidad de inversión por 35.000 millones de dólares en el mediano plazo para atender la premisa de la expropiación parcial de asumir el autoabastecimiento de hidrocarburos. Por ello salió a captar inversores, a tasas elevadas y a conseguir socios globales, tal el caso de la CHEVRON, especialmente por la tecnología de explotación de los hidrocarburos no convencionales, el fracking o fractura hidráulica con los efectos devastadores sobre la naturaleza.

El CEDIN

Estos certificados apuntan a relanzar el disminuido mercado inmobiliario, en la senda especulativa y de resguardo de valor en que se desarrolló en la última década.

La Presidente del BCRA señaló que tendrán efecto neutro en la Reservas Internacionales, ya que los dólares canjeados por los certificados deben mantenerse en un encaje del 100% ya que pueden ser reclamados en cualquier momento por los tenedores de esos títulos luego de alguna operación inmobiliaria. De ese modo, lo que hay es un reconocimiento a la operatoria inmobiliaria en divisas, más que a reponer reservas por este medio.

El discurso oficial se orientaba en el último tiempo, vía Plan ProCreAr, a la promoción de la vivienda familiar. Ahora, ante la caída de las operaciones inmobiliarias tradicionales, o sea en divisas, se retoma el mecanismo legitimando valores dolarizados con operaciones en billetes, o símil billete tal como supone ser el CEDIN.

En síntesis

Se reconocen problemas en la economía local y se apunta a retomar el nivel de actividad económica desacelerado desde el año pasado, especialmente en la producción de hidrocarburos y en el sector inmobiliario tradicional. Se pretende limitar la escapada del paralelo o blue, interviniendo con otras opciones de inversión, las que si son exitosas incrementarán la deuda pública dolarizada con incidencia en el presupuesto vía intereses a pagar. El objetivo es la captura de dólares que circulan por afuera del circuito formal con el consiguiente perdón fiscal. No se asume explícitamente el problema inflacionario y se insiste en las manipuladas mediciones del INDEC.

La imagen que se pretende mostrar es la de un equipo económico integrado que ratifica un modelo productivo de autoabastecimiento petrolero para el agro-negocio, la mega-minería, la industria ensambladora y el negocio inmobiliario. Queda afuera la discusión de fondo sobre el modelo productivo y de desarrollo necesario para satisfacer las necesidades de la mayoría de la población. El anuncio apunta a contener las presiones de gran devaluación y a blanquear la fuga de capitales. Resulta prematuro anticipar la evolución de las medidas financieras anunciadas, las que deben pasar por el Parlamento y recién con la apertura de la operatoria podrán conocerse sus resultados, que desde ya supone el reconocimiento de operaciones con moneda externa.

¿Podría hacerse algo distinto? Sí, claro, cambiar el modelo productivo y de desarrollo, de privilegio a la concentración y extranjerización de la economía por otro rumbo en la perspectiva de la soberanía alimentaria, energética, financiera, a desarrollar en conjunto con otros países en Nuestramérica. Ello requiere construir el sujeto dispuesto a confrontar con las clases dominantes, que hoy empujan la devaluación como mecanismo de apropiación de la riqueza social. El Estado decide legalizar operatoria en divisas como forma de sostener el funcionamiento del capitalismo en la Argentina. Pensar en algo diferente es ir más allá y contra el régimen del capital.

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La infiltración del agente de la Policía Federal Américo Alejandro Balbuena: Conferencia de prensa por espionaje a las organizaciones populares

RNMA - INDYMEDIA

Se realizó este martes 7 de mayo, en la sede de CORREPI -Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional- la Conferencia de Prensa a raíz de la comprobada infiltración del oficial de inteligencia de la policía federal, Américo Alejandro Balbuena, en la Agencia Walsh y en un sinnúmero de organizaciones populares. “No es un infiltrado en la Agencia Walsh particularmente, sino un infiltrado que se ha metido en todo el movimiento popular. La Agencia Walsh ha sido solamente el medio del que se valió para entrar en el resto de las organizaciones populares”, se afirmó durante la conferencia.

Los integrantes de la Agencia Walsh explicaron que hace veinte días, aproximadamente, les llegó a través de una fuente propia esta información, en una lista de nombres vieron el de este agente de la policía, Américo Alejandro Balbuena, como oficial de inteligencia de la sección Reunión de Datos, división Análisis. Les informaron que estaba trabajando en la Policía Federal desde épocas de la dictadura. Corroboraron este dato a través de distintos contactos y personas. Finalmente su abogado, Eduardo Soares, reconocido militante de derechos humanos y abogado de presos políticos, pudo corroborar esta información, de una fuente indirecta del Ministerio de Seguridad.

A partir de eso se hizo pública esta situación en horas del mediodía del pasado domingo 5 de Mayo. Inmediatamente, apareció un comunicado oficial donde dice que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, pasó a disponibilidad a esta persona el viernes a partir de la denuncia de la Agencia Walsh. “Nosotros no habíamos hecho ninguna denuncia ni en el Ministerio, ni en los tribunales, hasta el domingo que hacemos la denuncia pública”.

“Llama la atención el pase a disponibilidad con tanta celeridad. Américo Balbuena estuvo operando y haciendo inteligencia a partir de participar de nuestra agencia más de diez años”.

“A partir de 2001 empezó a participar de la red de Corresponsales Populares de La Tribu, no sé por qué motivo se aleja y a partir de la relación personal que tenía conmigo, fuimos compañeros de escuela primaria, vecinos y nos reencontramos estudiando peronismo, se suma a la Agencia Walsh”, relató Rodolfo, integrante de la Agencia Walsh.

“No hicimos denuncia porque consideramos que de ninguna manera es un ataque a nosotros como agencia, como en realidad es un ataque a todas las organizaciones del campo popular, todas las decisiones las íbamos a tomar en conjunto. Esta conferencia no es nuestra, es de todas las organizaciones que se ven afectadas por el espionaje del Estado. Acusamos al gobierno nacional de Cristina Fernández porque no entendemos cómo puede estar un servicio trabajando diez años dentro de la Policía Federal y que nadie se dé cuenta. Si bien él entró a la Agencia Walsh en época de Duhalde la responsabilidad hoy es del gobierno nacional. Los estados son represivos porque es algo inherente a su esencia de clase, tanto los gobiernos provinciales como el gobierno de Macri. No es un ataque al kirchnerismo en sí, en este caso nuestra denuncia es al Estado nacional y sabemos que los estados provinciales también son responsables”, afirmaron además desde la Agencia Walsh.

Durante la conferencia hicieron uso de la palabra representantes de distintas organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos.

Carlos Lordkipanidse, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, agradeció a la Agencia por permitirles ser partícipes de la denuncia y la investigación: “Venimos a denunciar una vez más un caso de espionaje interno. Esto sumado al Proyecto X, al infiltrado que tuvimos en el Encuentro de Memoria Verdad y Justicia, Alberto Amarilla, durante muchos años también, si lo tomamos, no como un hecho aislado, sino como una constante, nos damos cuenta que esto obedece a una política”, afirmó.

La abogada Myriam Bregman saludó la iniciativa de poder realizar una denuncia en forma colectiva porque también entiende que se trata de un ataque al conjunto de las organizaciones populares. “Nosotros queremos ratificar algo que venimos denunciando hace tiempo cuando informamos sobre la existencia del Proyecto X de Gendarmería Nacional, el kirchnerismo se caracteriza por tener un espionaje direccionado hacia las organizaciones políticas, sociales y gremiales. Todos los últimos casos que hemos podido comprobar se tratan específicamente de una infiltración política, no es que averiguan cualquier cosa y persiguen a cualquiera, hay una direccionalidad hacia lo que se persigue e intenta investigar. Todo aquel que haya protestado, se haya manifestado y organizado alguna vez en los últimos años está incluido en el Proyecto X. Ahora tenemos que ver cómo se llama este nuevo proyecto en el que estaba incluido el agente Balbuena, pero lo que sí sabemos y podemos asegurar es que la Policía Federal tiene una división específica que proviene de la dictadura, que tiene mil agentes, y ningún gobierno de 1983 a esta parte se ha atrevido a tocar. Está regida por legislación secreta, dictada por la Libertadora y que se amplió en las distintas dictaduras y sigue rigiendo. Esto lo sabemos todos, cómo no lo va a saber Garré y quienes están dirigiendo el Ministerio de Seguridad”, manifestó Bregman.

Néstor Pitrola, del Partido Obrero, reclamó el desmantelamiento del proyecto X pero además, la investigación en todas las fuerzas, porque “es evidente que es un modus operandi de todas las fuerzas del Estado” y agregó: “Si vemos el artículo 17 de la reforma judicial que se acaba de votar, que ataca el derecho a la protesta, el derecho a huelga, la Ley Antiterrorista, estos casos de espionaje absolutamente institucional, están configurando un Estado de excepción contra la lucha de la clase obrera y toda la lucha popular”.

Cristian Castillo, del Partido de los Trabajadores Socialistas, afirmó que toda la información recolectada por estos buchones es después utilizada frecuentemente en juicio contra los luchadores, tal como se vio a través del Proyecto X y ahora a partir del caso Balbuena: “En ciertas causas, como en la justicia contravencional, hemos encontrado que utilizaban datos provistos por este hombre Balbuena. Cierra el círculo. Nos espían ilegalmente y luego lo blanquean vía la justicia procesando a los compañeros. No hay excusa, me parece, de parte del gobierno. Acá hay personal policial pagado por el Estado haciendo espionaje, utilizando como medio a la Agencia Walsh pero para espiar a todas las organizaciones. Está claro que es una política de Estado, lo nuevo es que los estamos poniendo de manifiesto”.

Audio completo de la conferencia de prensa



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Dudosa campaña contra la violencia institucional

AGENCIA WALSH

Familiares de víctimas de la política represiva del Estado, difundieron un comunicado en el que ponen en duda los objetivos proclamados en la llamada Campaña Contra la Violencia Institucional. Afirman los firmantes: "el Estado necesita de las fuerzas policiales -ya sea metropolitana, bonaerense, la gendarmería-, para poder establecer las políticas de desigualdad que sostienen, propias del modelo explotador, que protege a las redes criminales. La única razón por la que existen policías es el control que necesitan mantener sobre los laburantes para seguir con este modelo económico y social que solo beneficia a unos pocos y castiga siempre a los mismos." Más abajo la adhesión de la Gremial de Abogados.

Esta es la pregunta que nos surge instantáneamente al ver la dudosa Campaña Contra la Violencia Institucional que impulsan organismos estatales y que este 3 de mayo tiene la gran puesta en escena en la Plaza de Los Dos Congresos en la Ciudad Buenos Aires.

Nosotrxs, familiares de víctimas de la política represiva del Estado, sabemos bien qué es la violencia institucional. Concreta y sencillamente, el Estado necesita de las fuerzas policiales -ya sea metropolitana, bonaerense, la gendarmería-, para poder establecer las políticas de desigualdad que sostienen, propias del modelo explotador, que protege a las redes criminales. La única razón por la que existen policías es el control que necesitan mantener sobre los laburantes para seguir con este modelo económico y social que solo beneficia a unos pocos y castiga siempre a los mismos.

Violencia institucional son las leyes antiterroristas que persiguen a los que se organizan y luchan.
Violencia institucional es que la policía fusile un pibe cada 28hs.
Violencia institucional son 70 asesinados por luchar.
Violencia institucional es la desaparición forzada de jóvenes en todo el país.
Violencia institucional son las cárceles hacinadas de jóvenes humildes sin futuro.
Violencia institucional son los sueldos por debajo de la canasta familiar de la mayoría de los trabajadores y los desorbitantes sueldos de los funcionarios públicos.
Violencia institucional es no habilitar los recursos necesarios para el esclarecimiento de casos impunes.
Violencia institucional es el cierre de causas de crímenes aún sin resolver.
Violencia institucional es el traslado de una ciudad a otra de policías denunciados, ya sea por casos de abuso sexual, narcotráfico, gatillo fácil, etc.
Violencia institucional es intentar cooptar desde el gobierno a todo espacio u organización popular que resiste al sistema.
Violencia institucional es incluir nombres de personas sin haberlas consultado en los paneles de las jornadas que organiza el gobierno.
Violencia institucional es discursear sin hacer.
Violencia institucional es aparatear desde el estado negando autonomía a la lucha por los derechos humanos...

Podrían agregarse más ejemplos, ¿no? Infinitos ejemplos.
Por otra parte, los que están en el poder -y justamente también es una de las consignas de esta "campaña contra la violencia institucional"-, intentan culpar a su aparato represivo de las muertes de miles de pibes y pibas a lo largo del país, diciendo que la policía se autogobierna. La formación" policial represiva está a cargo de las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo. La gran mentira se cae una vez más cuando vemos las feroces represiones que se suceden a lo largo del territorio a las personas que se manifiestan contra los gobiernos que entregan los recursos naturales.
La represión es política de Estado junto al saqueo ambiental, cultural y social al que nos están sometiendo.
Hoy nosotrxs, que luchamos todos los días contra la represión policial e institucional, hemos venido transitando un camino durante el cual convertimos nuestro dolor en lucha, conscientemente, para que lo que nos pasó a nosotros no vuelva a pasar. Y estamos convencidos de que seguirá pasando mientras no haya un cambio social de conciencia y un cambio estructural en cuanto a lo económico.

No basta con que la policía reprima sin matar.
No debería haber policías, tampoco represión.
Debemos respetar la vida y la dignidad.
Cuando decimos no a la megaminería, es No.
Cuando decimos no a la explotación sexual, es No.
Cuando decimos no al desalojo, es No.
Cuando decimos no a los negocios corporativos del poder, es No.
Porque cuando decimos NO estamos diciendo: el pueblo es el que debe decidir sobre el pueblo.

Agrupación Otoño (Otoño Uriarte) (16 años) desaparecida el 23/10/2006 en Fernándes Oro - Río Negro- y encontrada muerta 6 meses después
- Asterisco y Guillermina Guevara, familiares de Franco Ortega (19 años) - asesinado el 24/06/2011 en Comodoro Rivadavia - Chubut
- César Antillanca - padre de Julián Antillanca (19 años) asesinado por personal policial de la Provincia del Chubut, en Trelew el 5/09/2010
- Elizabeth Hernández - madre de Brian Hernández (14 años) asesinado por personal policial de la Provincia de Neuquén el 19/12/2012
- Liliana del Carmen Silva - madre de Matías Casas (19 años) asesinado por personal policial de la Provincia de Neuquén, en Cuenca XV, el 22/07/2012
- María Leontina Millacura Llaipén - madre de Iván Eladio Torres Millacura (24 años) detenido ilegalmente, torturado y desaparecido forzadamente por personal de la Policia de la Provincia del Chubut, en Comodoro Rivadavia, desde el 3/10/2003
- Marina Schifrin - primera condena por corte de ruta por reclamar en su condición de docente en la Provincia de Río Negro
- Vanesa Orieta - hermana de Luciano Arruga (16 años) desaparecido forzadamente por personal policial de la Provincia de Buenos Aires, en Lomas del Mirador, desde el 31/01/2009
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La GREMIAL DE ABOGADOS adhiere a la iniciativa y al comunicado que nos envían familiares de muertos o desaparecidos durante los últimos años a los que se pretendió incluirlos en la actividad sobre "Violencia Institucional" organizada por el Gobierno Nacional.-
Se trata en su mayoría de víctimas o familiares directos de víctimas de acciones u omisiones del Estado en cualquiera de sus variantes.-
Todos han sido mencionados por el Gobierno Nacional como participantes del Congreso sobre "Violencia Institucional" producida el 3 de mayo.-
Esta actitud constituyó una maniobra para incluirlos falsamente sin su acuerdo, consentimiento y en muchos casos, sin siquiera consultarlos.-
El comunicado al que adherimos da cuenta de la violencia institucional con directa responsabilidad gubernamental en todo el País.- Violencia que va desde desapariciones forzadas hasta hechos como los producidos en Cromagnón y Once.-
Hacemos nuestras sus palabras.-
Gremial de Abogados
Mayo 2013

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Postura de organizaciones internacionales de Derechos Humanos: Preocupa la creciente criminalización de la protesta social

ACTA

La organización internacional Profesionales Latinoamericanos Contra el Abuso de Poder dio a conocer un comunicado en el que advierte "un peligroso recrudecimiento de la violencia social-institucional que se manifiesta en diversas situaciones de actos intimidatorios, represión de protestas populares, ataques a familiares de militantes y actos de espionaje”. En tanto Amnistía Internacional pidió el cese de la persecución contra los Qom.

En la nota se enumeran varios incidentes como:

• La intervención arbitraria de la Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba, testigos fundamentales en la denominada megacausa Córdoba, por parte del gobernador José Manuel De La Sota, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.

• El ataque a dos integrantes de la Comunidad Qom, Potae Napocna Navogoh, de Formosa, Abelardo Díaz y Carlos Sosa, el primero de ellos hijo del Cacique Félix Díaz, que ya había sido agredido anteriormente, lo cual aumenta la persecución constante a este y otros pueblos originarios.

• La represión ejercida en el Hospital Borda para lograr la demolición de Talleres Protegidos.

• La detención de trabajadores del Ingenio La Esperanza y de las cooperativas de la CCC de San Pedro, Jujuy. Uno de ellos, Dante Monzón, hijo de la dirigente Elsa Colqu y militante de la CCC y del PCR.

• La represión contra manifestantes en Neuquén, que marchaban en defensa de la Cooperativa Zanón, para que se cumpla la ley de entrega a los trabajadores y trabajadoras.

• La infiltración de un Oficial de Inteligencia, durante más de diez años, para espiar en la redacción de la Agencia Walsh, el Proyecto X, las filmaciones en el Borda a quienes resistían.

Todo esto, y podría agregarse más, nos hace pensar que es imprescindible una reflexión de las autoridades y de la población sobre los métodos que se están naturalizando en el accionar supuestamente destinado al control democrático de la "ley y el orden".

Sabemos –señalan- lamentablemente, lo que encierra el discurso del Orden, asociado al Control. Lo contrario al ejercicio de la Ley. Hacemos un llamado a la sociedad en general, y a quienes ejercen el Poder en especial, sea cual sea su origen, para impedir que el poder de la Democracia se trasforme en Abuso de Poder

La nota esta firmada entre otros por Alberto Mendes- Buenos Aires; Pilar Vendrell- Buenos Aires; Santiago Tricánico- Montevideo; Carlos Roberto Zelaya- Tegucigalpa y Sonia Vaccaro- Madrid.

Amnistia Internacional pide por los Qom

Amnistía Internacional solicitó a las autoridades nacionales y de la provincia de Formosa que investiguen de manera urgente y pongan a disposición de la Justicia a los responsables de los nuevos ataques sufridos por integrantes de la comunidad indígena Qom.

En sendas cartas dirigidas al gobernador provincial, Gildo Insfrán, y al Ministerio de Justicia de la Nación la organización pidió que se adopten las medidas necesarias para investigar los ataques sufridos el último viernes por Abelardo Díaz, hijo del líder indígena Félix Díaz, y Carlos Sosa, integrantes de la comunidad Qom "La Primavera".

La organización advirtió que "las reiteradas situaciones de violencia de los últimos años exigen la urgente intervención del Gobierno nacional para arbitrar las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos humanos de los miembros de esta comunidad".

Además, recordó que "el incumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos asumidos por la Nación en torno a las comunidades indígenas genera responsabilidad internacional del Estado Argentino".

Amnistía Internacional señaló a las autoridades que varios órganos internacionales de derechos humanos se han pronunciado sobre la situación de la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh - La Primavera- y los pueblos originarios en la Argentina.

En abril de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió un conjunto de medidas cautelares y exigió al Estado argentino que "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física" de los indígenas Qom.

En 2012 el relator de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas recomendó a los Estados nacional y provincial adoptar políticas claras para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, las amenazas e intimidaciones contra los miembros de pueblos indígenas, tanto por parte de funcionarios públicos como de particulares.

Ese mismo año, en ocasión del Examen Periódico Universal, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomendó a la Argentina mejorar la situación de las minorías indígenas, especialmente en relación al derecho a la propiedad y al acceso a la vivienda digna, y, en este sentido, señaló la necesidad de expedir los correspondientes títulos de propiedad sobre las tierras ancestrales.

Esta no es la primera vez que Amnistía Internacional se dirige a las autoridades argentinas por hechos de violencia y discriminación que afectan a la comunidad Qom.

En noviembre de 2010, unos 400 policías armados dispersaron violentamente a los miembros de la comunidad que habían bloqueado una ruta en la provincia de Formosa para protestar por los planes de construcción en sus tierras ancestrales.

Félix Díaz recibió entonces amenazas directas de los policías, que lo calificaron de "agitador".

Algunos miembros de la comunidad recibieron posteriormente amenazas de muerte de miembros de una familia que reclamaba su derecho sobre las mismas tierras.

En noviembre de 2011 el hijo y el nieto de Félix Díaz fueron agredidos con armas de fuego por personal del empresario Alberto Celía, quien viene ocupando las tierras de los Qom.

El propio Félix Díaz fue atropellado el 9 de agosto de 2012 por un vehículo propiedad de la familia en conflicto con su comunidad.

En 2013, Daniel Asijak, sobrino del líder, murió en circunstancias dudosas mientras circulaba por la ruta en su moto.

Todos estos hechos de violencia sucedieron a pesar de que, en abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a las autoridades argentinas a tomar medidas para garantizar la seguridad de Félix Díaz y su familia y en mayo de ese mismo año el gobierno se había comprometido a garantizar la seguridad de la comunidad.

Amnistía Internacional reitera la necesidad de que las autoridades argentinas pongan fin a la discriminación y a las persistentes violaciones de los derechos humanos contra las comunidades indígenas, como la comunidad La Primavera, y garanticen que puedan vivir en sus tierras ancestrales sin temor a sufrir ataques o intimidaciones.

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Repudian a la agresión al hijo de Félix Díaz

Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora condenamos la feroz brutalidad de la que fue víctima Abelardo Díaz, junto a un compañero, Carlos Soria.
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El joven Abelardo, hijo de Félix Díaz quien es el líder Qom, cacique de la Comunidad La Primavera, recibió una fuerte golpiza a manos de una patota que, sin motivo alguno, descargó toda su violencia sobre ambos jóvenes.

Nos solidarizamos, no sólo con las víctimas de este hecho aberrante, sino con sus familias así como con toda la Comunidad Qom que, en la provincia de Formosa, son perseguidos y hostigados en forma permanente.

MADRES DE PLAZA DE MAYO LINEA FUNDADORA

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Foro de Pensamiento y Construcción Social: Frente al abuso de que son víctimas los pueblos originarios en la provincia de Formosa

EL reciente atropello a miembros de la Comunidad Qom, unido a la gravedad, reiteración y alarmante frecuencia con que se vienen registrando hechos similares nos lleva como simples ciudadanos y miembros de este FORO a denunciar al Gobernador de Formosa, señor GILDO INSFRAN, como corresposable por acción u omisión de lo que constituye una virtual campaña de exterminio.
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Como Argentinos nos causa pudor comprobar la impunidad con se producen en Formosa estos delitos contra el derecho de los pueblos originarios, a los cuales lejos de proteger y promover como correspondería hacerlo respecto de todo sector vulnerable de la sociedad, se hace victima sistemática y preferencial de toda clase de abusos en lo relativo a la integridad física de las personas, el habitat, la cultura y sus escasos bienes materiales.

Así mismo y ante la sospecha de que el lamentable panorama de Formosa pudiera ser consecuencia de actos mucho más graves que la negligencia o falta extrema de idoneidad demostrada para impedirlos y hacer justicia, sino que respondieran a intereses directamente beneficiados con los mismos y a un deliberado plan de aniquilación, llamamos a todas las organizaciones de la comunidad y personas de bien a estrechar filas en repudio y denuncia de los mismos.

Apoyamos la lucha de nuestros hermanos de los pueblos originarios, especialmente hoy de la Comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), en defensa de sus territorios tradicionales y reclamando justicia y respeto por sus derechos por siglos vulnerados.

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013

Por el Foro de Pensamiento y Construcción Social – Liliana Marzano – Eleonora Baffigi – Jorge Torreiro – Luis Brunati.

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Argentina. Por condiciones infrahumanas: Clausuras en una cárcel mendocina

OTROS CIRCULOS

El juez de garantías Aníbal Crivelli dispuso el traslado de todos los detenidos hacia otras dependencias penitenciarias y estableció un plazo de 90 días para que esas áreas queden inhabilitadas como lugares de alojamiento. Además, el magistrado concedió un plazo de 6 meses para que se reparen y remodelen instalaciones sanitarias, eléctricas y de calefacción del pabellón 5 de dicha cárcel de la provincia de Mendoza.

Y ordenó que se optimice “el servicio de atención médica y provisión de medicamentos” en el penal, especificando los casos de dos (de los siete) internos por los cuales el fiscal general federal de esa provincia, Dante Vega, y el titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba, presentaron un recurso de habeas corpus el pasado 17 de abril. Esta es la primera intervención de Córdoba en una cárcel de estas características, tras asumir en el cargo. Se trata del complejo penitenciario Boulogne Sur Mer, donde se aloja a detenidos provinciales y también adisposición de la Justicia Federal.

Crivelli también le requirió al gobierno mendocino que le presente cada dos meses un informe sobre las obras ordenadas y anticipó que el tribunal podrá dirigirse a la cárcel para comprobar el avance de las tareas.

El juez, además , le indicó al Director de Penitenciaría Provincial que revierta la situación de personas detenidas que conviven en condiciones de hacinamiento y les provea “lo indispensable a las necesidades de higiene”. También ordenó que amplíe los horarios de recreo y realice “las reparaciones edilicias urgentes.”

No es la primera vez. El sistema penitenciario mendocino ha sido objeto de numerosas sanciones, medidas provisionales y llamados de atención por parte de organismos que conforman el sistema interamericano de control de políticas públicas en la materia. “La cuestión –remarcó Crivelli- merece un tratamiento prioritario, en la medida en que permita evitar nuevas sanciones internacionales al país por incumplimiento de los estándares establecidos en los tratados de derechos humanos en el que la Argentina es signataria lo que, lógicamente, justifica el carácter perentorio del emplazamiento a efectuar”.

En las consideraciones de su resolución, el juez sostuvo que las pruebas reunidas dan cuenta de que los lugares inspeccionados “no cumplen con los estándares mínimos y lineamientos necesarios para el alojamiento de personas privadas de libertad”. Y, particularmente, reconoció que el agravamiento de la pena en las cárceles mendocinas “se ha transformado en un tema emblemático y recurrente que demuestra la naturaleza endémica de la problemática en cuestión”.

No obstante, el magistrado indicó: “Es necesario reconocer la actividad que el Estado provincial viene desarrollado hasta el momento en materia penitenciaria, especialmente a partir de las recomendaciones efectuadas por los organismos internacionales de derechos humanos”.

El juez en la cárcel

En el trámite del habeas corpus, el juez requirió informes al Servicio Penitenciario, citó a las personas por las cuales se había requerido la acción y luego visitó el penal. Se entrevistó con las autoridades y recorrió con ellas las instalaciones.

Durante las entrevistas con el magistrado, cinco de los detenidos por los que se interpuso el habeas corpus manifestaron la falta de atención médica -uno de ellos, enfermo de HIV-; la falta de agua caliente y de camas; el hacinamiento; el hecho de que se alimentan en el piso, sobre una frazada, en un lugar “lleno de cucarachas”; y la falta de sanitarios que hace que deban orinar en botellas, en una bolsa o “contra la pared”.

Ante ese cuadro, Crivelli indicó que “constituye conceptualmente un agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención aquella situación originada por actos u omisiones de funcionarios del Estado que recaen sobre personas privadas de su libertad conforme a derecho, cuando son sometidas a una situación agravada respecto de aquella otra en que tendría que encontrarse de acuerdo a las disposiciones legales vigentes tanto sea a nivel provincial como nacional e internacional”.

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Argentina, Provincia de Buenos Aires: Otro juicio por un crimen en la comisaría donde mataron a Miguel Bru

Laureano Barrera - Catalina Dowbley (COSECHA ROJA)

Daniel Oscar Migone, según todas las pruebas, fue asesinado hace ocho años por la policía bonaerense. Los efectivos quisieron hacerlo pasar por un suicidio. Hoy se comenzó a juzgar a cinco ex policías de la comisaría 9na. de La Plata por saber qué versión es cierta. En las sillas, siguiendo el debate, estaban los dos hijos de Daniel Migone. Sin embargo, hubo ausencias en la sala: Teresa y Marita Migone, su madre y su hermana. Luego de la lectura de la acusación fiscal, desfilaron ante el Tribunal Oral N° 4, con lagunas y contradicciones, los primeros cinco de los cien testigos previstos.

El 9 de noviembre de 2005, un rato antes de la medianoche, Migone entró en la comisaría 9º de La Plata acusado de robar de tres autos los pasacasetes. Unas dos horas después lo llevaron al Hospital San Martín porque supuestamente “agonizaba” tras intentar matarse. En este juicio se intentará probar que no hubo un suicidio, sino torturas seguidas de muerte.

“Es imposible que se haya querido suicidar”, dijo con contundencia Luciano Maidana, cuestionando la frágil versión policial del suicidio con una manga de una campera de jean. “No hay ni un clavo para colgarse. Ni siquiera entraba la manga por el enrejado de la ventana”, dijo Maidana, que antes de ser encerrado en la celda de contraventores –desde donde se comunicaba con Migone a través de una ventana- había estado allí.

Los otros cuatro testimonios de la primera jornada fueron contradictorios u opacos. “No recuerdo, ya pasaron ocho años”, fue la frase más repetida ante el tribunal. Ese fue el tiempo que tardaron en elevar a juicio una causa plagada de obstáculos tres fiscales de primera instancia y dos jueces de garantías.

Fabiana Spósito es policía. Dijo no recordar absolutamente nada por un problema psiquiátrico de 2008. Los abogados querellantes pidieron al tribunal que se le realice una pericia psiquiátrica oficial. Para determinar si está en condiciones de reconocer su firma en el acta firmada en la fiscalía por todos los policías que estaban esa noche en la seccional.

Después fue el turno de Rodolfo Mesa y Romina Cora: los dos policías que manejaban el móvil que fue en apoyo del que detuvo a Daniel. Mesa dijo que lo vio bajar del patrullero y entrar a la 9na. esposado, pero en buen estado de salud. “Podía caminar”, dijo. Pero no recordaba si el llamado para acudir allí lo recibió por teléfono, línea privada o por la radio policial. Ni siquiera recordó si vio a Daniel de día o de noche. Cora, por su parte, dijo hoy que cuando llegó de su turno en la calle, a las 8 de la mañana, no preguntó por qué la fiscalía la citaba a declarar por el caso, porque era nueva. En su testimonio anterior había dicho lo contrario: el ambiente en la comisaría estaba tan caldeado que preguntó que pasaba. Luis Díaz Zapata –uno de los imputados- le contestó que a quien habían detenido por una contravención, estaba muerto.

El testimonio más polémico fue el de Juan Ramón Reinaldi: estaba en un calabozo al lado de Migone. Dijo no acordarse de nada por su estado anímico de entonces: estaba preso por un homicidio que había cometido su hermano. En su declaración anterior –la leyeron y quedaron en evidencia sus contradicciones-, Reinaldi había dicho que escuchó gritar a Migone. Hoy, que estaba tranquilo. En la sala se especulaba en voz alta que Reinaldi había sido presionado o amenazado.

Para la querella, patrocinada por la Asociación Miguel Bru, eso resulta vital: que los testigos puedan ratificar los testimonios que dieron durante la instrucción de la causa. El asesinato, el montaje policial, quienes estuvieron en la dependencia aquella madrugada de muerte, ya fue bien probado en esa instancia.

“Es posible que el juicio se estire una semana más por los alegatos”, dijo el fiscal Martín Chiaravelli a Cosecha Roja. En principio, seis de los testigos que estaban citados para hoy fueron pospuestos por falta de tiempo. Mañana, además, el Tribunal Oral N° 4 decidirá si acepta que se incorporen al debate los testimonios de testigos que murieron.

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Argentina, Santa Cruz, Río Turbio: Una usina mal concebida

Juan Carlos Villalonga (PLAZA DE MAYO)

El polémico emprendimiento energético en Santa Cruz. Despilfarro de recursos, negocios poco claros y anuncios demagógicos.

El 13 de junio de 2004 se produjo una tragedia, un tanto olvidada, que terminó con la vida de 14 mineros en la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz. Este episodio es el inicio de una historia que da cuenta de la irracional política energética nacional y del intento constante de supeditar la realidad al relato ficcional. Eran los inicios de la era K a nivel nacional.

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) es la empresa que explota la antigua mina de carbón en esa localidad santacruceña, ubicada a 300 km de Río Gallegos, en el extremo sudoeste de la provincia. Esa noche del 13 de junio los operarios estaban realizando el cambio de turno y quedaron atrapados por el derrumbe generado tras un incendio en una de las galerías de la Mina 5, a unos 600 metros de profundidad y a varios kilómetros de la salida. Las condiciones de funcionamiento anticipaban la tragedia. Los alertas fueron ignorados por autoridades provinciales y nacionales. A pocos días del desastre el diario Página/12 publicó un informe de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) que aseguraba que el yacimiento tenía un índice de siniestralidad que duplicaba el promedio.

La historia reciente de la YCRT se remonta a los años noventa. Dentro del proceso de transformación del Estado, en 1993, la YCRT y el servicio ferrovial entre las terminales del puerto de Punta Loyola y Río Gallegos habían sido concesionados de manera integral a los hermanos Sergio y Alberto Taselli. La concesión fue acordada por el Gobierno Nacional, a cargo de Carlos Menem, y del Gobierno provincial, en manos de Néstor Kirchner. Esta etapa en la historia de Río Turbio volvió al tapete en el mes de marzo pasado, cuando la justicia procesó al actual Secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Cameron, integrante de la Comisión Fiscalizadora de la empresa YCRT durante el período concesionado, fue señalado por la justicia como partícipe del desvío de fondos públicos recibidos por la empresa en forma de subsidios entre 1993 y 2002 (unos 16 millones de dólares anuales).

Luego de casi 10 años de esa concesión, con denuncias por corrupción y un enorme incumplimiento de las obligaciones contraídas por la empresa, en el año 2002, mediante el Decreto 1034/02, del entonces presidente Eduardo Duhalde, se rescindió la concesión a los hermanos Taselli.

La situación de la YCRT era desastrosa.

Ese mismo año, por otro decreto nacional, el 1052/02, se dejó en claro que la mina no seguiría siendo explotada dadas las pésimas condiciones en que se encontraban las instalaciones. Sin embargo, esa decisión fue resistida. Por iniciativa de legisladores nacionales por Santa Cruz, autoridades provinciales, los gremios y el entonces interventor de YCRT, Eduardo Arnold (ex vicegobernador de Néstor Kirchner entre 1991 y 1999 y hoy kirchnerista arrepentido), hacia finales de ese año, la mina comenzó nuevamente con las actividades sin mediar ningún tipo de mejora. Menos de dos años después, en junio de 2004, Río Turbio sufrió el peor accidente de su historia.

Lejos de imponer mesura en los anuncios respecto de la viabilidad de la producción de carbón en Río Turbio, el accidente hizo que diversos funcionarios provinciales y nacionales, junto al entonces Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, promovieran una nueva e improvisada política: la inmediata construcción de una usina a carbón, la central termoeléctrica en Río Turbio (CTRT).

Si la viabilidad del yacimiento ya era incierta, la CTRT era una completa irracionalidad.

Mucho antes de su “privatización”, YCRT mostraba un declive sostenido en su producción y su viabilidad económica era improbable. En su mejor momento, durante los años 70, Río Turbio alcanzó una producción oscilante entre 700 mil a un millón de toneladas por año. Los últimos años la extracción llegó apenas a unas 200.000 toneladas anuales. Las características geológicas del mineral y sus costos hicieron muy poco atractiva la explotación de ese mineral y, lejos de pensar en una alternativa realista y colocar a la mina en un nivel de producción acorde a sus reales posibilidades, se optó por construir una epopeya sobre la tragedia de los mineros.

En el mes de noviembre de 2004, Kirchner formalizó el anuncio de la construcción de la usina de Río Turbio y ante los familiares de las víctimas. Había llegado a la ciudad acompañado por el ministro de Planificación, Julio De Vido, Héctor Icazuriaga (SIDE), la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y otros miembros del Gobierno Nacional. También estuvieron el entonces interventor de YCRT, Daniel Peralta, hoy gobernador de Santa Cruz y el entonces Gobernador provincial Sergio Acevedo.

Los funcionarios anunciaron también la firma del acuerdo binacional con la República Checa para el financiamiento y suministro de una primera central termoeléctrica de 80 MW, que luego se rompería para dar paso a una licitación por una usina de mayor potencia, de 240 MW y un valor muy superior al inicial. El proyecto ahora había escalado tres veces en potencia y se anunciaba como el inicio de un proyecto de explotación intensiva del yacimiento para producir electricidad. El ministro De Vido anunció también que, para conectar la usina de Río Turbio con el sistema eléctrico nacional, se realizaría la ampliación del tendido de alta tensión hacia el extremo sur de la Provincia, alcanzando a Río Turbio, Río Gallegos y El Calafate.

La obra de la usina fue asignada en 2007 a la empresa española Isolux Corsán. Estimada en un plazo de 42 meses, el costo de la central termoeléctrica sería cubierto por el Estado Nacional y también con la venta del carbón de Río Turbio que no fuera utilizado por la usina. El presupuesto inicial de la obra era de 1.506 millones.

Apenas conocidos los detalles del proyecto de la CTRT comenzaron a llover las denuncias: la primera de ellas puso el ojo sobre el proceso licitatorio ya que la obra terminó adjudicándose en 2.680 millones, casi el triple de lo que cuesta una usina similar en cualquier lugar del mundo.

Las denuncias incluían también los impactos ambientales de la explotación del carbón y su quema en la central y los impactos en la salud humana asociados a las emisiones de la quema del carbón en la usina (1).

La ampliación del sistema eléctrico hacia Río Turbio tampoco estuvo excenta de escándalos. Una segunda denuncia, en marzo de 2009, realizada por Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, se basó en las irregularidades en la ejecución de las obras de extensión de las líneas de alta tensión hasta Pico Truncado. La más llamativa, una diferencia del 45% sin justificación alguna entre los costos de la realización del tendido del tramo Choele Choel – Puerto Madryn (Chubut) y aquel que unió esta ciudad con Pico Truncado.

Unos meses más tarde, Greenpeace denunció que la empresa Isolux Corsán había recibido en 2007 pagos por 142 millones de dólares antes de que la empresa presentara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la usina
. Es decir, la obra estaba aprobada más allá de lo que arrojase dicho estudio. (Además, una vez presentado el EIA recibió 50 observaciones por parte de un cuerpo técnico que jamás fueron respondidas).

La central térmica de Río Turbio debería estar finalizada para mediados de este año. Las líneas del interconectado nacional están llegando a la zona más tarde de lo previsto. Pero hay un dato que es crucial y que tiene que ver con la raíz de toda esta historia: la usina utilizará unas 3.720 toneladas de carbón por día, eso es 1.200.000 toneladas anuales. Esto implica una necesidad de inversión de enorme envergadura para poner al yacimiento a producir a esa escala. Recordemos que sólo en su momento de mayor producción alcanzó el millón de toneladas, y los últimos datos disponibles hablan de una producción actual de 200 mil toneladas anuales, es decir menos del 20% de lo necesario. Lo más probable es que la usina termine utilizando carbón importado.

El actual Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, quien fuera en su momento interventor de YCRT, dijo al anunciarse la construcción de la termoeléctrica que “sin mina no habría usina”. Pero por estos días, otro ex interventor de YCRT Eduardo Arnold dijo en el programa de TN, “Otro tema” que la CTRT no podrá ser abastecida por el carbón de YCRT, ya que la mina no produce lo necesario. Este dato no es nuevo ya que es “vox populi” en Santa Cruz. Todos saben lo difícil que es que Río Turbio pueda abastecer a la usina, pero admitirlo ponía en riesgo los abultados subsidios anuales que se recibían.

Las inversiones directas parecen no ser suficientes para reactivar la producción de YCRT a pesar de ser elevadísimas cifras las que anualmente devora el proyecto. En el 2012 la mina, YCRT, recibió 1.300 millones de pesos y en el primer trimestre de 2013, los subsidios otorgados a YCRT aumentaron en un 90 por ciento. Subsidios de esta magnitud vienen repitiéndose desde el 2006, pero de estas cifras sólo el 10%, en promedio, fueron destinadas a la inversión directa para la reactivación de la mina, el resto fue dedicado al pago de salarios (2).

El dinero aportado anualmente a la improductiva mina de carbón de Río Turbio es uno de los subsidios más altos del sector energético y ocupa el cuarto lugar en el ranking de subsidios nacionales del sector energético.

La inviabilidad económica del carbón se manifiesta en el alto costo que tendrá la electricidad que generará la usina de Río Turbio, si alguna vez lo hace, estimada en más de un 50% por encima el valor que hoy paga el gobierno a los generadores eólicos.

En momentos en que la crisis energética y su consecuencia más grosera – la gigantesca importación de combustibles – es hoy un tema crítico para la economía nacional, casos como el de Río Turbio, muestran la impericia con la que se adoptaron decisiones basadas en anuncios demagógicos, negocios poco claros y un despilfarro de recursos que ahora son imprescindibles. Río Turbio fue una mala idea energética, económicamente inviable y sólo posible en una política que supone que el relato puede tapar todas las tragedias y todos los desatinos económicos.

Notas:
1) Presentada el 3 de Marzo del 2009 ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, por el Dr .Carlos Manuel Garrido, justo antes de retirarse del cargo. El expediente es el N° 26. 234 y está en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas N° 7 de la Dra. Susana Pernas.
2) Informe de Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional, Marzo de 2013. ASAP.

Juan Carlos Villalonga es Presidente de la Junta Directiva Los Verdes.

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Argentina: Crónicas violentas de abandono

Silvana Melo (APE)

Tironeada por la frontera con el Paraguay, Clorinda tiene nombre que suena a mujer. Segunda ciudad más importante de Formosa. Provincia pico de la pobreza y el feudalismo en la Argentina. En la oficina del PAMI en Clorinda vienen olvidando hace tres semanas a una docena de viejos. Los traen subrepticios. Fatigosos. Lidiando con bastones y rótulas herrumbradas. Los cruzan del Paraguay y los dejan en la sala. Con un bolsito de ropa y aspirinas. Con una gorra de lana y una chalina verde tejida a mano. Sus hijos, sus nietos, los llevan.

Pesadamente suben el escaloncito del umbral. E irrumpen a la zona sombría del abandono. Si llegan muy temprano y la oficina está cerrada, los dejan en la puerta. Cobran pensión en la Argentina y sus familias “no pueden mantenerlos”. El sol les cae por los huesos pero al alma no llega. A los 90 años, piden ayuda para comer y un lugar para dormir. Y no recuerdan la dirección donde vivieron.

En extinción

José tiene 12. No lee ni escribe de corrido. Y si se lo apura, no lee ni escribe. Lo encontraron en una zona rural de Orán, trabajando en el desmonte. A mano y cuchillo, doce horas por día. Vivía en el monte –o en lo que queda- en una choza armada con retazos de plástico y ramas de árboles. Con el resto del obreraje, dormía en la tierra. La misma tierra que era su mesa y su baño. La comida, escasa, llegaba una vez por mes. Se la descontaban a su padre de un salario que al final no aparecía. José es como un tapir. Esquivo y asustadizo. Un niño. En extinción.

Nochemala

La Navidad suele ser melancólica en los calabozos. Esa noche mala de 2008 en la comisaría 20 de Orán doce muchachos de 17 años estaban solos con la profunda soledad del encierro. El agente y el cabo pasarían su propia noche lo más buena posible en la oficina de calle. Pero comenzaron a beber temprano. Muy temprano. Y se acercaron al calabozo. Alcohol. Cigarrillos. Tos y ojos dilatados. Destino desgraciado, nochebuena de calabozo, maldita policía salteña, el estómago que sube hasta la garganta, el insulto, el golpe, el fuego. Seis chicos murieron calcinados aferrados a la reja, soñando con ser humo y trepar a las nubes y que la noche sea buena una vez, sólo una vez en la vida. (Apenas a cuatro años fueron condenados dos policías en noviembre de 2012. Todos están en libertad)

Castigo

Venía con su madre de Santa Cruz de la Sierra. Tiene diez años y los ojos bolivianos, como dos líneas gruesas y renegridas. Cuando pidió algo para comer lo vieron. En la terminal de General Guemes los niños suelen andar sueltos. Pero él estaba solo en el mundo. Y lloraba.

Dijo que su madre le había dado 20 pesos para un sandwich y se había tomado un colectivo para Río Negro. Juan Cáceres –se llama- dijo no conocer a otros familiares, no saber quién es su padre, no haber ido jamás a la escuela y no saber leer ni escribir.

Se lo llevó la policía de la terminal de Guemes. Y lo dejó a cargo de la Justicia de Menores. Las instituciones lo castigarán por las dudas. Lo encerrarán, le buscarán a su madre, lo darán en adopción, lo devolverán un par de veces. Tan solo como en la terminal de Guemes.

Vivos

“Cuidá a tus hermanitos”, le dijo. Su mamá se llama Mayra, tiene 25 años y tres hijos solita. Como en casa no hay agua, salió a pedir. Agustín tiene apenas 5 y quedó a cargo de Benja, de 3 y Mayra (como mamá) de un año. El fueguito había quedado encendido para cuando llegara la olla con el agua. La casilla es chica y endeble. Armada con maderas. Una chispa que escapó y un fuego famélico empezó a devorárselo todo. Agustín le dijo a Benja que corriera. Y entró a la casita para alzar a Mayra que ya lloraba. Cuando llegó su madre todo era una llamarada. Ella se apretó la cabeza, cerró los ojos y dio un grito.

Sintió el tironeo en los pantalones y se dio vuelta. Agustín venía de la mano de Benja y sostenía a Mayra, que tenía los ojos rojos pero ya sonreía. Se sentó en la tierra seca de San Ramón de la Nueva Orán y la mojó con su lluvia salada. Apretó a sus hijos y se rio fuerte. No tenían nada. Nada. Pero estaban vivos. Y ésa era su revolución.

Hambre

Jorge tenía 23 años y estaba muerto de hambre. Entró en la casa de golosinas donde las fotos provocan anegamientos de deseo en la boca y pidió comida. “Lo de Yesica”, se llama. En Santa Catalina al 9500 de Posadas. No hay, le dijeron. El miró la imagen de un alfajor partido en dos y el dulce de leche, sensualmente, se derramaba. Sacó un cuchillo y pidió una caja de ésos. Se la dieron y se fue. Cuando lo atrapó la policía tenía en un bolsillo el cuchillo y dentro de la campera la caja de alfajores. Lo pusieron “a disposición de la Justicia”. Nunca antes la Justicia lo había mirado, ni siquiera de soslayo.

La cara de Abelardo

La cara de Abelardo parece un mapa de 500 años. Tiene las marcas de la persecución, el morado del saqueo, las cicatrices de los siglos. Es hijo de Félix Díaz, el carashi de la comunidad Potae Napocna Navogoh. Vive en la comunidad qom La Primavera, confinado a un rincón yermo de Formosa. Saqueados por Gildo Insfran como en la invasión española. Abelardo tiene 21 años y fue atacado por una patota. Brutalmente golpeado. Eran treinta contra Abelardo y su amigo Carlos Sosa. “No nos van a quebrar”, dijo Félix Díaz. El feudo formoseño no tolera la resistencia minúscula de los que nunca se dejaron vencer. En 500 años. Habla por su boca y por la boca de todos los medios provinciales que son también su boca. Y dice que fue una pelea de borrachos.

También dijeron que estaba borracho Juan Daniel Díaz Asijak, de 16 años, sobrino de Félix Díaz. Murió después de que lo atropellaran en su moto y lo abandonaran en la tierra.

Nada dijeron cuando en el corte de la ruta 86 mataron a tiros a Roberto López. Al otro día lo atropellaron a Mario López: era un policía que evitó que el pilagá fuera a una marcha en solidaridad con La Primavera.

Hace ocho meses Abelardo sufrió el ataque de una patota. Fue el primero. Dos meses después una camioneta se fue encima del propio Félix Díaz. Las piedras le cortaron la frente y el golpe le dejó flojos los huesos de brazos y piernas. La camioneta se fue.

Lila Coyipé, de 10 meses, y su abuela Celestina Jara, de 49 años, murieron atropelladas por un gendarme. Ricardo Coyipé, único sobreviviente, lo vio venir. “Lo hizo a propósito”. Para el feudo son todos accidentes de tránsito. Por borrachera o insensatez.

En Laguna Blanca, una patota golpeó a Omar Avalos, de la comunidad La Primavera. Avalos dijo que lo acusaban –a él y a su esposa, que miraba aterrada- de ser opositores a Insfran.

Mártires López, dirigente qom de la Unión Campesina de Chaco murió en un accidente que no fue un accidente. Yonatan Medrano de 16 fue apuñalado por tres personas cuando volvía a su casa en El Colchón, Villa Bermejito, Chaco. Alberto Galván, miembro de la comunidad qom de El Colchón fue baleado y tirado al río. Imer Ibercio Flores, de 12 años, fue asesinado a golpes en una fiesta en Villa Bermejito.

Todos son accidentes, borracheras o riñas. Todos son qom, resistentes por siglos. Con el pecho ante la bala de la historia.

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Argentina, Misiones: El paro provincial de CTA forzó una instancia de diálogo con los desalojados de Mondorí

Alicia Rivas Zelaya (ACTA)

Cortes de ruta, movilización en la zona de Mondorí y concentración en la plaza central de Posadas fueron parte de la jornada de protesta convocada por la CTA Misiones, y a la que adhirieron ATE, CCC, Polo Obrero, Partido Obrero, MPL, Compromiso con las Bases, “Marea Blanca, jubilados docentes”, entre otras organizaciones. Hubo un fuerte reclamo para la democratización del acceso a las tierras, un repudio a la política salarial, a la precarización laboral y al avance represivo de gobierno provincial.

Sobre el medio día de ayer el intendente de Bernardo de Irigoyen ofreció una instancia de diálogo con funcionarios provinciales y referentes de las organizaciones para mediar en el conflicto de Mondorí, la que tendrá lugar este miércoles a las 11.

La jornada de protesta convocada por la CTA de Misiones tuvo este martes una fuerte presencia de organizaciones sociales y gremiales de toda la provincia quienes exigieron una vez más una efectiva democratización de la tierra, atendiendo con prioridad la situación de los sectores más vulnerables entre ellos los productores desalojados de Puente Alto y Las Coloradas en San Pedro.

Remarcaron que el anuncio del gobernador Maurice Closs, de la compra de 38 mil hectáreas, es un logro de la lucha de las organizaciones tal como lo fue la sanción de la ley de Arraigo y Colonización, pero advirtieron que está lejos de resolver la problemática de tierras en Misiones, mucho más lejos aún de la “Reforma Agraria” que enunció Closs en el discurso del 1 de mayo ante la legislatura provincial.

Tanto en Posadas como el corte de la ruta 17 se escucharon fuertes críticas a la política represiva del gobierno renovador que profundiza la criminalización de la protesta social y ahora también la actividad de periodistas que se atreven a desafiar el discurso de los medios vinculados al oficialismo local.

Se repudió también el “insuficiente” incremento salarial anunciado para los trabajadores estatales y la falta de respuestas a los sectores que demandan fuentes genuinas de trabajo.

“Con el anuncio de un incremento de 23 por ciento en cuotas, está claro que el gobierno provincial no está dispuesto a escuchar el reclamo de los trabajadores. El gobierno renovador reconoce una superávit fiscal superior al el estado nacional y aun así tenemos los salarios básicos más bajos, tenemos trabajadores del Estado que tienen básicos de 300 pesos, sin contar la precarización laboral, la explotación de nuestros compañeros tareferos, la situación sanitaria, entre otros grandes flagelos que padecemos en la provincia” remarcó Jorge "Koki" Duarte, Secretario General de la CTA Misiones.

“Exigimos la tierra para quien la trabaja”

Lo destacó el dirigente del MPL y secretario adjunto de la CTA, Rubén Ortiz, quien remarcó que la cuestión de tierras es central en la provincia y denunció que hay un olvido sistemático de la política por este tema que impacta fuertemente en las zonas urbanas también”.

Desde Pozo Azul Vilmar Vaz integrante de la Coordinadora Central de Tierras de Pozo Azul, actor fundamental en la lucha por la aprobación, en el 2004 de la Ley de Arraigo y Colonización, lamentó que el Estado provincial haya demorado casi 10 años en cumplir esa norma.

“El Estado estaba obligado a comprar esas tierras desde el 2004, la aplicación de la ley de Arraigo y Colonización se demoró demasiado, por eso llegamos a esta situación”.

Para este referente la inacción del Estado durante todos estos años resultó en nuevas ocupaciones lo que ponen al descubierto que en la provincia miles de pequeños productores tienen serios problemas para el acceso y la regularización de las tierras que ocupan y poseen. “Hay gente que siempre estuvo ahí y no está dentro de la ley”, agregó Vaz.

Todas las organizaciones sociales repudiaron el fuerte accionar represivo que mostró el gobierno provincial en el desalojo de las familias de Puente Alto y La Colorada, y la posterior judicialización de los periodistas lo visibilizaron .

“La política del gobierno provincial destinada a silenciar a los denunciantes de los atropellos cometidos contra campesinos de Puente Alto, Mondorí y La Colorada, el procesamiento de los periodistas y el diputado tiene como único objetivo obtener el silencio sobre todo porque son testigos privilegiados de los atropellos sufridos y porque pueden atestiguar sobre las torturas sufridas por los detenidos”, destacó el Partido Obrero a través de un comunicado y su referente provincial, Mario Coutoune destacó que se suman a esta protesta para denunciar estos atropellos y para remarcar que el gobierno provincial está “reculando” ante la firmeza de las medidas de los sectores que reclaman

“Rechazamos estas prácticas represivas, ese es el motivo de la movilización de hoy es en rechazo a la fuerte represión del gobierno provincial. Lo que hicieron en San Pedro no tiene parangón en la provincia de Misiones”, advirtió desde la Corriente Clasista y Combativa, su referente en Misiones Felipe Mazacote.

El petitorio de Mondorí

La jornada de protesta tuvo otro escenario central en Mondorí, junto a las familias desalojadas la madrugada del 8 de abril último.

Hasta allí llegaron las organizaciones de la zona norte y, en medio de un corte de ruta, resolvieron entregar un petitorio al intendente de Bernardo de Irigoyen, Edgardo Aquino, quien comprometió una mesa de dialogo con funcionarios provinciales en su municipio. La reunión tendrá lugar hoy miércoles desde las 11 y se espera la presencia del Subsecretario de Tierras Jaime Ledesma, el Ministro del Agro Nestor Ortega, el de Derechos Humanos Edmundo Soria Vieta además del intendente de San Pedro Miguel Dos Santos. Estarán presentes también representantes de las familias desalojadas y referentes de las organizaciones sociales que apoyan el reclamo.

El petitorio que será discutido en la reunión de hoy incluye la conformación de una mesa de dialogo intersectorial para atender las demandas de tierras. Se reclama la adjudicación de 25 hectáreas como mínimo para cada familia desalojada, un año de asistencia hasta que puedan empezar a producir, la reconstrucción de las viviendas destruidas por la policía provincial, resarcimiento por las pérdidas materiales sufridas como consecuencia del desalojo. Además se exigirá el cese de los desalojos en toda la provincia hasta que no se den las condiciones necesarias para las relocalizaciones.

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Argentina, Salta: “Urtubey montó un espectáculo para seguir manteniendo el trabajo en negro”

COPENOA

Así lo afirmaron Diego López y Juana Tito delegados de ordenanzas salteños que reclaman ser nombrados en planta permanente.

“Con un enorme gasto de trafics y colectivos, los intendentes trajeron a los ordenanzas del interior (las directoras de capital también aportaron lo propio), para sumarle público a un acto de campaña que anunció...un curso”. Afirmaron López y Tito a la prensa en un comunicado

“Es lo mismo que ya había sido anunciado desde el 26 de marzo, fecha de nuestro 1º paro, en que Dib Ashur nos recibió a los delegados. Luego en el 2º paro del 9 y 10 de abril en la reunión con Carrasco y nuevamente el 29 de abril con Gaudelli. En todas estas oportunidades, le respondimos que no necesitamos entrenamiento para ser reinsertados laboralmente, puesto que ya estamos insertos en las escuelas desde hace años, en donde prestamos servicio como maestranzas, preceptores y secretarios, en negro”. Explicó Diego López, delegado de los trabajadores”.

“Esta falacia instalada por el ejecutivo provincial y repetida insistentemente por los diputados tiene el fin de justificar con la necesidad del entrenamiento el aplazamiento del ingreso a planta de estos empleados del estado precarizados”.

“La otra falsedad es que estos trabajadores son una herencia de anteriores gobiernos. El Programa Comunitario de Empleo fue creado por Urtubey y Fortuny en el año 2010, por decreto 1438, y luego descentralizados a los municipios, precarizando desde esa fecha, la relación de dependencia de los viejos porteros y maestranzas de las escuelas”.

“Dentro de los anuncios realizados por el gobernador, nuevamente se les otorga a los intendentes la capacidad para decidir quién realiza el curso y quien cobra el adicional. Rechazamos esta potestad. Es un verdadero retroceso ya que le habíamos dejado claro al gobierno que no aceptamos la tercerización con los municipios. Nosotros somos trabajadores del Ministerio de Educación y dependemos de la Provincia, tal como todos los demás trabajadores de Educación. Por eso mañana vamos a reclamar que se nos provea el convenio firmado con la Nación para poder analizarlo y el sábado vamos a realizar una nueva asamblea provincial en donde determinaremos los pasos a seguir” Concluyeron diciendo López y Tito.

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Trabajo en negro: El “Chaqueño” niega relación laboral con una periodista

Katy Garcia (PRENSA RED)

El popular artista Oscar Palavecino negó que Silvia García, quien realizaba tareas de prensa relativas a su carrera, sea su empleada. Adujo que lo hacía en calidad de “fan”. Nuevo eufemismo para disfrazar el trabajo en negro. Próxima audiencia en tribunales, el 10 de junio.

La periodista que le entabló un juicio laboral afirma que realizaba tareas de prensa y no son pocos los colegas que la reconocen como tal.

El 24 de abril pasado, se llevó a cabo en Tribunales I, una audiencia de Conciliación. En esa oportunidad, el artista negó toda vinculación laboral con la demandante, desconociendo de este modo los derechos laborales que como agente de prensa le corresponden.

García reclama por el reconocimiento a las labores de comunicación que desarrolló para el cantante durante varios años. El juicio continúa su curso y el 10 de junio próximo el folclorista deberá acudir nuevamente ante los tribunales del trabajo.

Cabe destacar que el 14 de marzo de 2012 cuando debía asistir a la primera audiencia de conciliación, no concurrió y envío un certificado médico que le ordenaba mantener reposo por cinco días. Sin embargo, pudo constatarse que por esos días realizó varias actuaciones, incluso, en esta ciudad.

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La ley de matrimonio homosexual regirá en Uruguay a partir de agosto

XINHUA

La ley de matrimonio homosexual que aprobó en abril pasado el parlamento de Uruguay se aplicará a partir de agosto, tras la promulgación del texto por parte del presidente uruguayo José Mujica dado a conocer el lunes.

"Cúmplase, acúsese recibo, (y) comuníquese" la "ley por la que se dictan normas relativas al matrimonio igualitario", señala el texto que promulga la norma y que lleva la firma de Mujica con fecha del 3 de mayo.

Uruguay se convirtió así en el segundo país de América Latina, después de Argentina, en habilitar el casamiento entre personas del mismo sexo, luego de que el proyecto impulsado por el oficialista Frente Amplio (FA) fuera votado en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Desde el Registro Civil se informó que las parejas homosexuales podrán inscribirse para casarse 90 días después de promulgada la ley.

La ley modifica el Código Civil y establece que "el matrimonio civil es la unión permanente, con arreglo a la ley, de dos personas de distinto o igual sexo".

De esa manera se elimina toda referencia a "marido y mujer" en el Código Civil y se habla de "contrayentes" y "cónyuges".

Además, las parejas homosexuales también podrán adoptar hijos.

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Ecuador: Reitera Correa advertencia ante injerencias de Estados Unidos

PL

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, reiteró la advertencia al embajador de Estados Unidos, Adam Namm, de atenerse a su rol diplomático en lugar de estar participando en actividades políticas contra el gobierno.

En conversaciones con la prensa en la ciudad de Guayaquil, el presidente ecuatoriano escartó por el momento la expulsión del embajador norteamericano, pero le recomendó que sí tiene que ser más considerado con el país que lo acoge.

Correa calificó de acto grosero la participación del embajador estadounidense en un acto organuizado pormun gremio de periodistas adversario a su gobierno, al que censuraron por la supuesta falta de libertad de expresión en Ecuador.

Por qué no van los otros embajadores, preguntó. Pocas veces se ha visto tanto entreguismo de llamar al Embajador de Estados Unidos, quien va realmente para crear incomodidad, comentó.

Al citar palabras de Namm sobre que Washington está muy preocupado, le respondió que vaya a preocuparse a su casa.

Si va a seguir preocupado, acotó, lo mandamos a Washington para que se preocupe allá y esperar a que venga alguien despreocupado que cumpla con sus funciones diplomáticas.

Por lo pronto este hecho creo que fue un desliz de este señor Embajador, que dice mucho de su visión. Él cree que viene a ponernos condiciones, y quién le ha dicho que ese es su rol?, preguntó.

A juicio de Correa, ese hecho no tiene mayor relevancia, pero si sigue, cuidado, advirtió. No se engañen, dijo, estamos enfrentando poderes inmensos.

Nosotros tenemos a cada rato que enfrentar denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), financiada por Washington, pese a que Estados Unidos no ha firmado el Pacto de San José, declaró el Jefe de Estado ecuatoriano.

A cada rato, agregó, Ecuador es denunciado en la Secretaría para la Libertad de Expresión, financiada por Washington, pese a que Estados Unidos no la reconoce y en función de informes nunca verificados de Fundamedios, también financiado por Washington.

Hasta cuándo vamos a aguantar esas cosas, insistió Correa.

Miren que Evo Morales en Bolivia ya expulsó a la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), advirtió, y aquí la misma Agencia financia a Fundamedios y dicen que no es así porque triangulan ese financiamiento.

La USAID le da la plata a la Fundación FARO y ésta financia a Fundamedios, reveló, y dijo tampoco vamos a aguantar que por medio de supuestas cooperaciones venga dinero de un país extranjero a generar oposición interna.

Hay cosas más profundas, reiteró, la táctica de la derecha norteamericana aquí, en Venezuela y en Bolivia es financiar fundaciones para que hagan oposición a los gobiernos y desestabilicen a los gobiernos progresistas.

Nosotros no nos vamos a prestar a esas payasadas y ese neocolonialismo, enfatizó Correa.

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En dos décadas Cuba será el país más envejecido de América Latina

XINHUA

Cuba será el país más envejecido de América Latina dentro de dos décadas, de acuerdo con un estudio de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de la isla.

La investigación corroboró que en 20 años Cuba tendrá un 31 por ciento de su población con 60 años y más, con lo que pasará a ser el país más envejecido de América Latina y el Caribe, como consecuencia, entre otras causas, del aumento en la esperanza de vida de los cubanos.

Proyecciones elaboradas por Naciones Unidas indican que en 2050 la isla se encontrará entre los 11 países más envejecidos del mundo, con un 38 por ciento de su población en el rango de esas edades.

Para las autoridades, uno de los resultados más preocupantes es que de los 1,9 millones de personas de 60 años y más con que contaba el país en 2010 se arribará a 3,4 millones en 2030, lo que significa una notable sobrecarga para la Seguridad Social, el sistema de salud y la disponibilidad de fuerza de trabajo.

Ello se traduce en que el llamado Coeficiente de Carga o de Dependencia, que expresa como incide la población en edades inactivas, sobre la que está en edad activa, resulta en la actualidad favorable, y así se mantendrá hasta 2020, pero en lo adelante cambiará su tendencia aceleradamente de manera negativa.

De acuerdo con la ONEI, el número de personas en edades activas, entre 15 y 59 años, disminuirá en más de un millón para ese período, una de las causas fundamentales de la reciente aprobación por el Parlamento cubano de una ampliación del rango de la edad laboral que llegó hasta los 65 años para los hombres y a 60 para las mujeres.

Una de las causas del envejecimiento es la reducción sustancial de los niveles de fecundidad pues, de acuerdo con el estudio, Cuba registrará para 2030 un aumento ligero que llevaría a la Tasa Global de Fecundidad (TGF) de 1,50 a 1,62 hijos por mujer en los próximos 20 años.

La dinámica de esta variable en la isla ha seguido una trayectoria peculiar, caracterizada por un descenso pronunciado en la década de los 70 del pasado siglo hasta alcanzar valores por debajo del nivel de reemplazo generacional en 1978, en un proceso asociado a la última fase de la transición demográfica.

Esa tendencia al descenso continuó hasta 1981, cuando se alcanzó su valor más bajo del período, con 1,61 hijos por mujer.

A partir de entonces la situación se revirtió, y se mantuvo oscilante con valores entre 1,72 y 1,93 hasta inicios de la década de los 90, en que se contrae marcadamente a 1,44 y 1,59, como las cifras más elevadas.

El informe indica que aunque el siglo XXI trajo algunas esperanzas en cuanto a la recuperación de este indicador, hasta el presente no hay evidencia de que así sea.

La ONEI significó que los cambios en la estructura por sexo y edad de la población, así como en su tamaño, tendrán una significativa incidencia en los servicios, en la economía, así como en el funcionamiento y composición de la familia.

Con dinámica demográfica tan peculiar, que pudiera definirse como de crecimiento nulo o con población estable (años en que decrece y en que pudiera crecer, pero siempre en cantidades pequeñas) es necesario mantener un constante seguimiento sobre el comportamiento de las variables, con el fin de obtener pronósticos lo más acertados posibles.

Al establecer estas proyecciones se constató un incremento de las defunciones como reflejo del aumento del envejecimiento, a pesar del aumento en la esperanza de vida.

Sobre la mortalidad, las investigaciones muestran un decrecimiento expresado en un aumento de la esperanza de vida, con un valor cercano a los 81 años para el caso de las mujeres, y de 76,6 años para los hombres. Para 2030 se pronostican 82,6 y 78,6 años respectivamente en cada uno de los sexos.

La investigación, que tomó como punto de partida el año 2010, se realizó con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y la participación de especialistas del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En el estudio se aclara que los resultados sustituyen a los obtenidos en la investigación elaborada en octubre de 2006, "Cuba. Proyección de la Población. Cuba y sus Territorios", elaborado para el período 2007-2025.

Según alertan los especialistas, el decrecimiento actual de la población cubana comenzó en el año 2006, y mantendrá esta tendencia con oscilaciones hasta el final del período proyectado (2030).

La proyección confirma las tendencias que le precedieron, con una diferencia: esta vez los cambios se producirán en un período más breve, lo que requerirá de la sociedad cubana esfuerzos para encontrar soluciones a inmediato y largo plazo.

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Cuba - Estados Unidos: ¿Será posible el consenso? (Parte I)

Miguel Lozano (PL)

Atrapados en un contexto de enfrentamiento que caracteriza las relaciones cubano-estadounidenses por más de medio siglo, académicos de ambos países elaboraron una ruta para el acercamiento, cuya primera fase sería la sustitución de la desconfianza por el consenso.

Sin pretensiones de solucionar con un ejercicio intelectual una pugna sumamente compleja, los integrantes de los Talleres Académicos Cuba Estados Unidos (TACE) elaboraron algo más de 20 recomendaciones, resultado del consenso entre 18 estudiosos de diversos signos políticos.

Aunque no es la primera experiencia de su tipo, participantes de TACE explicaron que esperan aportar su grano de arena para la construcción de un puente sobre un mar borrascoso, para lo cual estiman existen hoy mejores condiciones que durante los últimos años.

En encuentros desde 2009 en varios países, incluyendo Cuba y Estados Unidos, fueron buscando, descartando y analizando temas hasta identificar aquellos que cuentan con el consenso de los académicos para ser presentados el 30 de mayo próximo en Washington y luego en Cuba.

La idea es hacer llegar a los dos gobiernos estas recomendaciones para su estudio y la eventual implementación de aquellos que se consideren, si hay voluntad política y las condiciones lo permiten.

A su favor cuentan con la participación entre ellos de personas que fueron allegadas a gobiernos de ambos países, la creciente aspiración regional a ver terminado el conflicto y un clima más favorable que en anteriores administraciones norteamericanas.

Para los doctores Milagros Martínez y Carlos Alzugaray, ambos académicos cubanos, se trata de un esfuerzo por crear espacios de confianza a partir de recomendaciones que pudieran ser implementadas por ambos gobiernos.

Martínez explica que empezaron por una lista de 27 o 28 recomendaciones que quedaron en unas 24 luego del trabajo de los académicos estadounidense y cubanos que viven en Cuba, lo cual en su criterio ayudó a tratar de tener más racionalidad en las propuestas finales.

Otra característica, dice, es que varios de ellos fueron diplomáticos o tuvieron acceso a ambas cancillerías y de alguna forma pudieran interactuar con los gobiernos pues, aunque es un ejercicio académico, no es ocioso decir que interesa llegar a instancias gubernamentales y puedan decidir cuales implementar.

El proyecto comenzó cuando en junio de 2008, el profesor de American University Philip Brenner se acercó a los cubanos en un evento en Montreal. Su propuesta, recuerda Martínez, tuvo un largo camino y finalmente en 2009 empezamos a trabajar en Sao Paulo, reunión seguida por otras siete y dos de coordinación.

"Ya estamos preparando el libro en inglés y español con las recomendaciones. Ha sido un trabajo difícil porque lógicamente ha habido muchas diferencias entre los puntos de vista entre los cubanos, entre los estadounidenses y entre cubanos y estadounidenses", apuntó.

En su opinión, la clave fue tratar de identificar cómo consensuar, dónde están los espacios para trabajar de manera común, de establecer confianza y en los que hay viabilidad y racionalidad para que no sean propuestas a implementar en 10 años. Abordamos el factor tiempo, dice, porque pensamos que tiene un peso importante.

El proyecto es presentar el libro en el XXI Congreso de la Asociación de Estudios latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés) el jueves 30 de mayo y después en La Habana, en junio o julio de este año.

Las recomendaciones, explica, están divididas en áreas temáticas: medio ambiente, intercambios académicos, seguridad y terrorismo, comercio y desarrollo y libertad de viaje.

Interrogada sobre las principales propuestas, Martínez resalta dos, la primera es la coincidencia de que Cuba debe salir de la lista de países que apoyan el terrorismo. TACE identifica eso como una necesidad y es un absurdo tener a Cuba en una lista en la cual nunca tuvo que estar. Ahora justamente mucho menos, afirma.

"Lo otro es que como TACE es un ejercicio académico, y estoy convencida que la diplomacia académica es muy importante cuando hay conflictos tan tensos entre dos países, toda recomendación que implique mayor fluidez entre académicos y estudiantes universitarios puede ayudar mucho porque hay que entenderse y para entenderse hay que conocerse".

Martínez precisa que en TACE participaron tres instituciones: American University, la Universidad de La Habana y como facilitador la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), presidida por el doctor Andrés Servín, conocedor de temas de Estados Unidos y América Latina.

Por su parte, Alzugaray considera que hoy se vive un momento más favorable que durante años anteriores, aunque "no sea perfectamente favorable".

El exdiplomático cubano recuerda que estos ejercicios comenzaron en la década del 70 y acompañaron un intento de normalización por ambos gobiernos durante la administración de James Carter, pero después lamentablemente perdió vigencia porque los gobiernos posteriores, incluso el de William Clinton, no ofrecían un clima favorable.

"Creo que las condiciones son favorables, al menos durante los próximos cuatro años de Barack Obama, porque hay una cosa que debemos reconocer, aún cuando el presidente no ha hecho todo lo que podría hacer en el tema cubano, hay una actitud distinta".

Alzugaray estima que ello se reflejó en la última campaña electoral, cuando el presidente Obama no adoptó una posición dura contra Cuba, más bien ignoró el tema o adoptó una posición más constructiva.

Precisa que además dijo en 2008 que no hay problemas en negociar con adversarios de Estados Unidos y en la Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago habló de un "nuevo comienzo".

Aunque algunos puedan pensar que eso ha quedado como mera retórica, considera el académico cubano, no es menos cierto que en algunos temas se ha avanzado, como el de los viajes de cubano-americanos a Cuba, que es una situación nueva y se han ampliado los viajes de estadounidenses con las regulaciones establecidas por Obama, si bien sigue siendo una cifra pequeña.

Por otra parte, añade, hay un creciente ambiente político interno de las fuerzas que están a favor de la normalización de las relaciones. Tienen mejores posiciones. Si uno analiza lo que los "tanques pensantes" norteamericanos han venido diciendo sobre Cuba, verá que son más constructivos.

Otro elemento considerado positivo por el estudioso cubano es el escenario internacional, marcado por la posición de América Latina y el Caribe que exige y demanda levantar el bloqueo y normalizar las relaciones Cuba-Estados Unidos.

Esos son, agrega, los que llamaría elementos de contexto que nos permiten abrir un espacio a un ejercicio como este, sin hacernos falsas ilusiones, porque están también los adversarios de la normalización y el peso histórico de los problemas entre ambos países.

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Guatemala: Empleados de la Mina San Rafael implicados en muerte de agente de la PNC

CERIGUA

Las investigaciones sindican a dos trabajadores de la Mina San Rafael y a uno de sus asesores, en la muerte de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) durante la manifestación registrada en Sabana Redonda, en San Rafael las Flores, Santa Rosa, el 29 de abril del 2013, relacionados con el establecimiento de la empresa que extraerá metales durante los próximos 25 años en la zona.

Rony López, Fiscal contra el Crimen Organizado, del Ministerio Público (MP), indicó que Cláver Alarcón Lemus, de 49 años, es un supuesto trabajador de la mina San Rafael, capturado el pasado lunes acusado de asesinar al agente Eduardo Camacho, durante la jornada de resistencia comunitaria.

Las investigaciones apuntan a que Alarcón habría tenido instrucciones de atacar a los pobladores que manifestaban contra la empresa minera y durante los enfrentamientos disparó y ocasionó la muerte del policía, quien llegó para resguardar las seguridad de los pobladores, aseguró el operador de justicia.

Otro de los acusados fue aprehendido el pasado sábado; se trata de Pablo Oliva Trejo, supuesto asesor de la mina San Rafael, por encubrir a los miembros de seguridad durante los ataques contra la población; el encargado de comunicación de la empresa ha negado los extremos, destaca una nota del diario Siglo.21.

En conferencia de prensa conjunta, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, así como el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguraron que desde noviembre de 2012, cuando iniciaron los enfrentamientos entre la población y el personal de la minera, se han registrado cuatro revueltas.

En noviembre del año pasado, los pobladores robaron un cargamento de explosivos y desde entonces se han llevado a cabo 95 allanamientos en Santa Rosa y en Jalapa, hay 19 personas detenidas por sicariato, secuestro, asesinato, asociación ilícita y extorsión, entre otros delitos, expresó Paz y Paz.

En un boletín de prensa, la Coordinadora Waqib’ Quej, destacó que las autoridades no debieron relacionar los temas de crimen organizado y resistencia ciudadana, declaraciones que fueron realizadas luego de los incidentes.

Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), enfatizó que los resultados de las investigaciones confirman que la lucha y la resistencia de las comunidades son legítimas; las autoridades actuaron de forma irresponsable al ligar la temática con el crimen organizado, por lo que deberán disculparse, concluyó.

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El Salvador: Analizan demandar al Estado salvadoreño por “omisión” en caso de Beatriz

Beatriz Castillo (COLATINO)

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y otras organizaciones podría demandar al Estado salvadoreño por “omisión” en el caso de Beatriz, por no acatar las medidas cautelares que emitió hace una semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH ordenó al Estado salvadoreño “interrumpir el embarazo” de Beatriz a fin de salvaguardar su vida.

Beatriz es una joven de 22 años que ha solicitado se le practique un aborto terapéutico ante la Sala de lo Constitucional, por las complicaciones de salud que padece y porque el feto presenta anencefalia, que es la carencia de la corteza cerebral funcional.

Sin embargo, a pesar de la solicitud de Beatriz y las medidas dispuestas por la CIDH, que debía cumplirse en menos de 72 horas, la joven no ha sido intervenida.

Marcia Aguiluz, directora regional de la CEJIL, dijo esta mañana que la prioridad es qué Beatriz reciba el tratamiento.

“No quisiéramos recurrir a otras instancias. Nuestro llamado en este momento es para las autoridades, que paren el sufrimiento que tiene Beatriz en este momento y que le apliquen el tratamiento y que se logre salvar su vida”, explicó Aguiluz.

Beatriz tiene un cuadro complejo de salud por los padecimientos de lupus e insuficiencia renal, que se agrava por su estado de embarazo.

Los médicos del hospital de Maternidad recomendaron practicar un aborto a la joven, cuando tenía 19 semanas de gestación, a fin de no poner más en riesgo su vida. Se presentó en ese lapso de tiempo una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque fue aceptada, no hay una sentencia.

La CEJIL en conjunto con la Colectiva Feminista y la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, instaron a la Sala y a las autoridades a cumplir con lo solicitado.

Las organizaciones criticaron que han pasado 54 días, desde que el caso de Beatriz se presentó y hasta la fecha no se ha hecho nada.

Ante la pasividad, las organizaciones y la CEJIL han tomado la iniciativa de impulsar una campaña de presión a las autoridades para que respondan.

Aguiluz reveló que si en un lapso de dos semanas no se avanza, se presentará la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado salvadoreño debe de cumplir con las sentencias de estos organismo internacionales, al ser parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, explicó que no es válido que se piense que al cumplir 22 semanas de gestación a Beatriz se le puede inducir el parto, porque esa es una disposición clínica y no legal.

“La legislación salvadoreña no establece de cuantas semanas es un aborto, y de hecho, lo consideran hasta cuando una mujer tiene ocho semanas y media de embarazo, y en otros menos. Esa diferencia es clínica”, dijo Herrera.

Según los médicos, Beatriz cumplió 22 semanas ya, pero en su condición de salud tampoco sería prudente inducirle el parto, sino hacerle una cesárea con el agravante que el “riesgo es mayor”.

Las organizaciones piden que se agilice tanto la resolución que pueda emitir la Sala de lo Constitucional o el Estado salvadoreño acatando la solicitud de la CIDH.

Beatriz pide ayuda Presidente Funes

“Soy Beatriz. Tengo 22 años y soy de Usulután y le pido al Presidente Mauricio Funes, que me ayude…. a que la Sala acepte interrumpir mi embarazo”, dice Beatriz en un breve video casero realizado el pasado cinco de mayo.

Las manos de Beatriz, que son la única parte que se muestran en el video, visibilizan su padecimiento. Las manchas propias del Lupus han cubierto buena parte de ellas. Sus uñas también están descalcificadas.

“Yo no me siento mal. Porque no quieren hacerlo (inducción) sabiendo que no va a vivir el niño al nacer, yo creo que sería lo mejor que lo hicieran, por salvar mi vida, pues”, dice con voz suave la joven, en el video, que dura cerca de dos minutos y en el que la joven repite su deseo de “vivir”, por lo que pide a la Sala resolver.

Además pide que no “metan presos a los médicos, por hacer lo que van hacer...”

Margarita Posada, del Foro Nacional de Salud, aseguró antes de ver el video de Beatriz, que lo que se está haciendo con la joven es “una tortura”.

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Juristas abogarán en Estados Unidos a favor de antiterroristas cubanos

PL

Juristas de diferentes países participarán en las jornadas que del 30 de mayo al 5 de junio pedirán en esta capital el regreso a su patria de los antiterroristas cubanos arrestados en Estados Unidos desde 1998.

En el evento, al que acudirán también reconocidos intelectuales, escritores, artistas, sindicalistas y líderes religiosos, se abogará de igual forma por el camino del diálogo entre Washington y La Habana.

Según confirmó hoy un comunicado del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, entre las actividades está previsto un debate de juristas, convocado por Martin Garbus, integrante del equipo legal de estos luchadores isleños.

En el encuentro se espera la presencia de Ramsey Clark, ex fiscal General de Estados Unidos; y Peter Schey, director del Centro por los Derechos Humanos y Constitucionales de Los Ángeles, California, destacó el comunicado.

Además, el argentino Beinusz Szmukler, presidente del Consejo Consultivo Continental de la Asociación Americana de Juristas (2003-2010) y consejero de la Mesa Consultiva del Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la Comisión Internacional de Juristas, así como Graciela Rosemblum, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, amplió la nota.

Se incluyen Rafael Anglada, de Puerto Rico; Fabio Marcelli y Tecla Faranda, de Italia; y el abogado cubanoamericano José Pertierra, quien representa a Venezuela en el caso de extradición del terrorista internacional Luis Posada Carriles, precisó el texto.

La Segunda Jornada 5 días por los 5 Cubanos en Washington DC incorpora igualmente una reunión de sindicalistas, un evento ecuménico, presentaciones de libros, videoconferencias y una concentración frente a la Casa Blanca, el 1 de junio con la concurrencia de activistas que llegarán desde Quebec, Canadá, y diferentes ciudades del país.

Según el propio Comité acaba de confirmar su asistencia Mighty Gabby, embajador cultural de la isla de Barbados, galardonado con el título de rey del Calipso en 1969, 1976, 1985, 1999, 2000 y 2010, y compositor de unas 700 canciones.

Gabby escribió un tema dedicado a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, señaló el comunicado.

Los Cinco, como los identifican en las diferentes latitudes, monitorearon los movimientos y planes de grupos e individuos violentos de origen cubano radicados en el sur de Florida dedicados a organizar, financiar y ejecutar acciones terroristas contra la nación antillana, que han causado alrededor de tres mil 400 muertes en más de medio siglo.

Desde 2005 un panel de expertos de Naciones Unidas concluyó que era ilegal y arbitraria la detención de esos hombres y pidió que fueran liberados de inmediato, pero el pedido al igual que el de 10 premios Nobel, parlamentos enteros, políticos, artistas y millones de amigos de esta causa ha sido ignorado hasta el momento por la Casa Blanca.

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