viernes, 10 de mayo de 2013

Lo que busca la oposición en Venezuela

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

Es indudable que los sectores de la oposición buscan generar las condiciones que propicien el intervencionismo de poderes extranjeros en los asuntos internos de Venezuela, aduciendo que el gobierno presidido por Nicolás Maduro es ilegítimo y que en nuestro país se estarían cercenando las libertades públicas. Con estas intenciones, sus representantes iniciaron una gira por algunos países con la finalidad de obtener apoyo internacional y así acusar al gobierno nacional de estar transgrediendo la carta democrática interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), con lo cual se abrirían las puertas para que el imperialismo yanqui, el cual no reconoce al Presidente Nicolás Maduro, despliegue sus tropas y someta a nuestro país a un control directo, del mismo modo que el logrado en varias naciones del Medio Oriente, luego de haber desarrollado una permanente campaña mediática que condicionó la opinión pública internacional.

Frente a este hecho que atenta abiertamente contra la soberanía nacional y pretende imponer el total desconocimiento de todos los poderes públicos por parte de los gobiernos de otras naciones, el pueblo venezolano y los sectores revolucionarios estamos obligados a activar de inmediato un plan de contingencia conjunto que minimice y neutralice de manera efectiva el plan desestabilizador montado por la oposición desde el año pasado, el cual se ha manifestado a través del desabastecimiento de varios productos, sobre todo alimenticios, y el desencadenamiento de acciones violentas que, hasta la fecha, han causado once muertes de ciudadanos a manos de los opositores, instigados por Henrique Capriles Radonski, manteniéndose impunes. Este plan incluiría, de ser posible, la activación de un boicot en contra de aquellas empresas que estarían propiciando dicho desabastecimiento, así como el control, seguimiento y decomiso de los productos de consumo masivo que estarían siendo acaparados por comerciantes inescrupulosos, incorporados al plan desestabilizador de la oposición, incluyendo a los minoristas que incurran en este tipo de delito.

Esta situación, por otra parte, nos obliga a revisar también la gestión cumplida en algunas instituciones del Estado venezolano, puesto que la negligencia y la falta de compromiso revolucionario de quienes se hallan al frente de las mismas los convierte en cómplices de los planes de la oposición, como se ha evidenciado en el caso del servicio eléctrico, lo cual debe poner en práctica la contraloría social de parte de toda la ciudadanía, de los consejos comunales y otras formas organizativas revolucionarias del poder popular. A ello deben sumarse la militancia de todas las organizaciones partidistas que respaldan el proceso revolucionario bolivariano socialista, conformando un Estado Mayor revolucionario que sea capaz de advertir la naturaleza de la presente coyuntura política y de orientar adecuadamente a los sectores populares en la defensa de la constitucionalidad y de la seguridad alimentaria, actualmente vulneradas por los grupos políticos y empresariales de la oposición que con esto reeditan la estrategia aplicada en 2002 que culminó en el derrocamiento del Presidente Hugo Chávez, contando para ello con la complicidad de los mismos poderes extranjeros que ahora invocan para legitimar su malsana ambición de poder, sin importarles en modo alguno los intereses ni la voluntad soberana del pueblo venezolano.

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Noticias censuradas: Alemania rechaza semillas chilenas de maíz contaminadas por transgénicos

Lucía Sepúlveda Ruiz (especial para ARGENPRESS.info)

Un lote de semillas de maíz importadas como convencionales por Alemania desde Chile fue rechazado cuando los reguladores germanos le detectaron el 2 de mayo trazas de maíz transgénico NK603 y Mon 803 de Monsanto. El prestigio que tenía Chile como exportador de semillas convencionales de calidad sufrió con esto un serio revés.

La alarma fue propagada por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente del estado federado de Schleswig - Holstein y publicada en los medios de esa entidad federal germana. Los productores de semillas transgénicas Monsanto, Pioneer/Dupont, entre otros, deberán dar explicaciones a sus propios colegas exportadores de germoplasma.

En la Unión Europea (UE) existe tolerancia cero para la presencia de transgénicos en semillas, a diferencia de los rasgos de transgénicos presentes en los alimentos procesados, en los que el umbral es de 0,9%. Esto se explica porque en la inmensa mayoría de los países europeos no están permitidos los cultivos de maíz transgénico.

El maíz NK 603 de Monsanto, que contaminó el maíz convencional exportado a Alemania, fue protagonista de un estudio dado a conocer en septiembre 2012 por el equipo encabezado por el científico francés Gilles Eric Seralini (CRIIGEN) sobre los dañinos efectos de la alimentación durante dos años de ratas con maíz transgénico y agua contaminada con Roundup, nombre comercial del herbicida total producido por Monsanto, cuya patente expiró en 2000.

Causas posibles de la contaminación

Es posible que la contaminación detectada en Alemania se deba al uso de las mismas máquinas procesadoras para ambos tipos de semillas, ya que los miembros de la Asociación Nacional de Exportadores de Semillas (ANPROS) exportan semillas transgénicas y convencionales. Las cifras de exportación de maíz que figuran en el sitio web de ANPROS no diferencian las exportaciones de semillas convencionales de las transgénicas, aunque sabemos que la balanza se inclina de manera creciente hacia los transgénicos. Otra posibilidad es la contaminación cruzada en las líneas de producción.

En agosto 2012, María Elena Rozas, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas Chile, organización miembro de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, solicitó información al estatal Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) –amparada en la Ley de Transparencia–, sobre los resultados de las fiscalizaciones realizadas por ese servicio público sobre contaminación en los cultivos convencionales u orgánicos por cultivos transgénicos, entre otros temas.

La respuesta mencionó que la Food Veterinary Office (FVO), de la Unión Europea, auditó y aprobó sus procedimientos. Pero cuando la Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile) –integrada por las organizaciones Anamuri, Cial y Olca– examinó la auditoria fue posible observar que FVO le recomendó al SAG que modifique su forma de trabajo. La FVO dejó en evidencia que el SAG no realiza pruebas para detectar contaminación entre unas y otras semillas y no vigila el cumplimiento del protocolo de uso en las máquinas procesadoras, dejando todo a merced de las empresas. Tampoco exige que se etiquete el cargamento exportado como transgénico. Los auditores recomendaron a la entidad chilena subsanar las deficiencias señaladas.

Según el SAG, en la temporada 2010/2011 las exportaciones totales de semillas convencionales representaron un 34% del total, y las de semillas transgénicas alcanzaron al 66%. Según la misma fuente, en la temporada 2011-2012 se certificaron en total 25.191 hectáreas de maíz, y en las tablas publicadas, se observa que los semilleros transgénicos de maíz en esas fechas ocuparon 21.398 hectáreas. Esto permite deducir que las semillas convencionales de maíz exportadas se cultivaron en las 3.793 hectáreas restantes, 15% de la superficie certificada total.

Alemania rechazó también la miel

La contaminación del maíz exportado a Alemania se suma a otros problemas, como la contaminación de la miel chilena por polen transgénico, que ocasionó la pérdida de la mayor parte del mercado en la Unión Europea a partir de 2011, con grave daño económico para los apicultores. Alemania era el principal mercado de la miel chilena, que ahora se exporta a otras latitudes, pero a precios muy inferiores a los que pagaba la Unión Europea.

El incidente demuestra que la expansión de los semilleros transgénicos no sólo afecta a la apicultura y la pequeña agricultura familiar campesina, sino también a la exportación de semillas convencionales, un negocio que mueve millones de dólares cada año.

El gerente de ANPROS, Mario Schindler, sostuvo en el congreso de apicultura, realizado en agosto de 2012 en Rengo, que las medidas de aislación georeferenciada que aplican los productores aseguran la coexistencia exitosa entre ambos tipos de cultivos.

En Rengo, Schindler debió enfrentar el malestar de los apicultores y sus organizaciones por la contaminación de la miel con polen transgénico proveniente de semilleros de exportación de maíz o semillas de raps transgénico. Hasta el año 2012 las empresas y el SAG se negaban a dar la ubicación exacta de los semilleros, pero el fallo definitivo del Consejo para la Transparencia ordenó poner fin al secreto. Schindler aseguró en Rengo que las empresas entendían ahora la importancia de la transparencia y estaban abiertos a entregar toda la información requerida.

En todo caso, para ANPROS "coexistencia" es el cuidado referido a la producción de sus asociados. No le preocupa la coexistencia de sus cultivos con el de pequeños agricultores campesinos. Sus normas de aislamiento estàn referidas a sus asociados que exportan semillas, tanto convencionales como transgénicas. Schindler no se refirió a la contaminación de razas nativas de maíz por maíz transgénico en la VI Región, denunciada en estudios realizados por María Isabel Manzur, de la Fundación Chile Sustentable y Desarrollo Rural Colchagua (2008), ni tampoco a los casos investigados anteriormente por Greenpeace (2006).

Ésta fue la noticia textual publicada en la prensa alemana:

Kiel, Alemania, 2 de mayo.- Semilla de maíz importado dio positivo en contaminación por transgénicos

"El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente encontró pequeñas trazas de maíz transgénico en (el estado federado de) Schleswig – Holstein, en uno de siete lotes de ese tipo de semillas. El proveedor retiró el lote afectado del mercado. MELUR supervisa el retiro de las semillas.

“Por el control temprano se pudo evitar que los agricultores sembraran, sin saberlo, semillas manipuladas genéticamente”, dijo hoy (2 de mayo 2013) el secretario de estado del medio ambiente, Ulf Kämpfer. “Esto demuestra la importancia de los controles. Estos aportan a una protección efectiva de una agricultura libre de transgénicos en Schleswig Holstein.”

Las semillas de maíz con trazas de transgénicos tienen como origen Chile. El contenido de los organismos modificados genéticamente en este lote probablemente es menor que 0,1 %. La Comisión Europea no cuenta con valores de tolerancias permitidas. Vale la tolerancia cero, que significa que no están permitidas trazas de organismos modificados genéticamente. Cualquier comprobación de ellos en semillas conduce a un bloqueo y a una prohibición de comercialización.

Se controlan principalmente semillas importadas de aquellos países en los cuales existen extensos cultivos transgénicos y las cuales han llamado la atención antes.

Lucía Sepúlveda Ruiz es periodista y escritora chilena.

(Traducción de Birgit Steinmeyer, Organización de Mujeres AMAPACH Lampa y Hugo Montesinos, ambos de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile)
Fuente: http://www.proplanta.de/Agrar-Nachrichten/Pflanze/Maissaatgut-positiv-auf-gentechnische-Verunreinigungen-getestet_article1367519997.html
Página del Gobierno Federal, donde aparece el mismo artículo más la información especifica:
http://www.schleswig-holstein.de/MELUR/DE/Service/Presse/PI/2013/0513/MELUR_130502_Saatgut.html

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Lorenzino, Kicillof y devaluación, ¿desfachatez o ignorancia?

Rolando Astarita

En su presentación del día de ayer ante en Senado, el equipo económico -Hernán Lorenzino, ministro de Economía, Axel Kicillof, viceministro, Guillermo Moreno, secretario de Comercio Exterior, Mercedes Marcó del Pont, presidenta del Banco Central y Ricardo Echegaray, jefe de la AFIP- dejaron en claro, una y otra vez, que el Gobierno K es enemigo de las devaluaciones. “No hay razones para que el Gobierno piense en devaluar”, dijo Lorenzino. Y el doctor Kicillof se explayó largamente sobre el tema. Durante más de 40 minutos disertó acerca de los males que históricamente provocaron las devaluaciones. Así, explicó que generan inflación y recesión, aumentan el desempleo, disminuyen el poder adquisitivo de los argentinos, para concluir que actualmente, devaluar “sería la salida para un problema que no existe”. Todo esto condimentado con las condenas a la macroeconomía de los manuales, que ya son un “clásico” en “heterodoxia” (acerca lo que pienso de esta “heterodoxia”. (1)

Pues bien, el argumento de Kicillof invisibiliza las cuestiones fundamentales implicadas en las devaluaciones. Es que la devaluación ha sido siempre un medio para bajar salarios (esto es, para provocar una redistribución regresiva del ingreso). Por eso, ha sido empleada por gobiernos capitalistas de diferentes orientaciones. Esto es, no sólo por la “ortodoxia neoliberal” (digamos, al estilo Frondizi o Krieger Vasena, bajo Onganía), sino también por el “movimiento nacional y popular”. En particular, la devaluación de 2001-2 ocurrió bajo el gobierno de Duhalde, y fue apoyada por casi todo el espectro político, incluyendo a los Kirchner y a muchos otros funcionarios del actual gobierno, y destacados representantes del “pensamiento nacional”. Y esa devaluación fue clave para la recuperación del ciclo de negocios en Argentina (esto es, la salida de la crisis no se produjo por vía “progresista”, sino vía aumento de la explotación del trabajo). Por supuesto, prudente para con sus mandantes, el doctor Kicillof pasó por alto esta pequeña circunstancia.

Pero además, en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, el banco central intervenía en el mercado para evitar la apreciación del peso. De nuevo, el doctor Kicillof se “olvidó” de aquellos años de alabanzas al peso depreciado. Por entonces el discurso dominante elogiaba el “modelo de crecimiento basado en el tipo de cambio alto” (esto es, en la moneda devaluada en términos reales), al que se concebía como la antítesis del “modelo neoliberal de los 90”, de moneda apreciada en términos reales. Por entonces parece que la receta del “manual de macro ortodoxa” era la apreciación del peso, y la “heterodoxia” era moneda devaluada. Con moneda devaluada, más superávit fiscal, se nos decía, se superarían el atraso y la dependencia del capitalismo argentino. En otras notas he discutido las debilidades y contradicciones que encerraba esto, y no tengo que volver a esto aquí. Lo que destaco ahora es que el cuento que cuenta Kicillof se cae por los cuatro costados.

¿Quién devalúa?

Según Moreno, Kicillof, Marcó del Pont y Lorenzino, la inflación en Argentina es la que dice el Indec. También dicen que el Gobierno no devalúa. Entonces, vamos a los números para ver qué hay de cierto.

La realidad es que entre diciembre de 2007 y marzo de 2013 la inflación, fue del 59% (Indec). En ese lapso la devaluación fue del 64,5%. Entre enero de 2012 y enero de 2013 la inflación fue del 11% (Indec); en mismo período el tipo de cambio oficial aumentó 13%. En los tres primeros meses de 2013 la suba acumulada de precios fue del 2,4% (Indec), en tanto la devaluación del peso fue del 3,8%. Esto significa que el ritmo de devaluación, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, se ubicó por encima de la tasa de inflación (calculada según el Indec, que los funcionarios dicen que es la única válida). Hubo entonces, según los datos proporcionados por el equipo económico, una depreciación real de la moneda (y esto sin tomar en cuenta la inflación externa), impulsada por el mismo equipo económico que está diciendo que no impulsa la devaluación porque genera bajas de salarios e inflación.

Además, el ritmo de inflación se está acelerando, ya que se ubica en el 16% anual (tomando como referencia el primer trimestre). Esto cuando la inflación proyectada por el Gobierno (en el cálculo del presupuesto) es del 10,8%. ¿Cómo están diciendo entonces que no devalúan? Además, si no hay que devaluar para solucionar un problema “que no existe”, ¿por qué se devalúa? Y si no devalúan, ¿por qué el tipo de cambio manejado por el Central pasó de menos de $2,90 en enero de 2005 a $5,23 en la actualidad? (casi 80% de devaluación). La conclusión: o están mintiendo desfachatadamente, o no saben hacer las cuentas.

Nota:
1) http://rolandoastarita.wordpress.com/2012/04/04/yo-no-soy-heterodoxo

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“Blanqueo”: devaluación, dolarización y narcolavado

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

Luego de que el dólar se disparara a más de diez pesos, el gobierno salió a proponer un menú de títulos y certificados en dólares, para los que quieran blanquear divisas no declaradas y de dudoso origen. De la pesificación volvemos a la dolarización; del desendeudamiento, que no fue tal, a un nuevo endeudamiento en dólares. El blanqueo beneficia a evasores y narcotraficantes, lo que convierte a Argentina en paraíso fiscal y lavadero de dinero malhabido. Asistimos a un reforzamiento político de la burguesía vinculada con los negocios sucios -desde la efedrina a los casinos-.

En el anuncio del blanqueo, el gobierno aseguró que quedarían excluidos los imputados o procesados por lavado de dinero, como el caso reciente de Báez-K. Pero las empresas de esos imputados -o sus testaferros- bien podrían acceder a los beneficios del blanqueo.

Es altamente improbable, sin embargo, que éstos y otros evasores decidan entregar sus dólares a un Banco Central con patrimonio negativo y sin reservas suficientes para enfrentar la actual corrida cambiaria. Los anuncios, en definitiva, podrían tener el mismo destino que la Supercard o el congelamiento fallido, y marcar otro episodio en la desintegración del programa oficial.

La emisión de títulos para financiar a YPF o para comprar inmuebles significa, de todos modos, que se oficializan dos mercados de cambios. También introduce un sistema bimonetario, esto porque al lado del peso circulará un certificado inmobiliario, con convertiblidad inmediata al dólar. Los K aplican, en forma parcial, la receta de Alemania frente a la hiper de los años 20. De la ‘soberanía monetaria’ retornamos al colonialismo.

El desdoblamiento cambiario -que, al lado del oficial, rige para el mercado de capitales y, ahora, oficializan para el inmobiliario- convalida la fenomenal devaluación del peso de los últimos meses. No fue necesario que CFK se fuera, como prometió, para que ello ocurriera. Podría contener la disparada del dólar, si ingresan los dólares ilegales y los pesos en negro no van a la compra de dólares para entrar en el blanqueo, pero establece un premio para los devaluadores, aunque esta contención sea por poco tiempo. El reconocimiento de la devaluación del mercado financiero impulsará la suba de precios corrientes y afectará al comercio exterior.

Una ‘salida monetaria’ al desbarajuste de la política K, como sería una devaluación completa del peso o subas confiscatorias de la tasa de interés, significará que el derrumbe lo pagarán los trabajadores con mayor inflación y despidos. Entrarán también ganancias especulativas fabulosas para los capitalistas, quienes han continuado, en la época K, sin pagar impuestos a estas rentas financieras. La salida positiva solamente puede ser social y política, y debe tener como sujeto (ejecutor) a la clase obrera.

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Escarcha de primavera

Alfredo Grande (APE)
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“El que apuesta al dólar va a perder…va a perder la oportunidad de blanquearlos”

“La degradación es darse cuenta que antes BB era Brigitte Bardot y ahora es Báez y Balbuena” (aforismos implicados. A.G.)

“Sí, la derecha hoy usa la causa Qom después de haber apoyado genocidios, dictaduras y usurpaciones y matanzas en los pueblos originarios”. (Gabriela Cerruti. Leído en Twitter)

“Este sábado el qarashe qom Félix Díaz deja en manos de su comunidad Potae Napocna Navogoh la representatividad otorgada el 25 de junio de 2011, durante un proceso electoral interno. La determinación la tomó luego que su hijo Abelardo y un amigo recibieron una brutal golpiza por parte de una patota, el viernes pasado” (Agencia Rodolfo Walsh)

Cuando la vida deja de darte sorpresas, también deja de darte alegrías. La crónica de una reforma anunciada constata que se ha borrado con las manos lo que se había escrito con el codo. Los únicos partidos que podrán presentar candidatos al Consejo de la Magistratura son el Justicialista y el Radical, porque 18 distritos no son para todos ni todas. Pacto de Olivos y Pacto de Olivo para las minipymes partidarias.

Ya habían quedado varios afuera por las internas abiertas. No habrá milagros esta vez, a menos que contraten a Harry Potter. Es necesario una actualización de “1984” el ensayo político novelado de George Orwell. Obviamente, serán necesarios algunos cambios.

Foto 1

El “Gran Hermano” deberá dar paso a la “Gran Hermana”, cada vez más grande y hermosa. La visita de Maduro demuestra que lo que vale para afuera no es vinculante para el adentro. Un Oficialismo omnipresente en los tres Poderes de la República es un bocato di cardinale para un Capriles, no para alguien que sostenga que la voluntad y el poder popular no son meras representaciones, meras delegaciones, meras restituciones.

Al Congreso rogando y con el mazo dando. Infiltrar buchones en una agencia de prensa es cualquier cosa, menos una: respeto y cuidado a la militancia real. Los hijos legítimos y bastardos del Poder (el primero sería un Luis D Elía, el segundo un Amado Boudou) gozan no de las sobras del banquete, como en el menemismo, sino de todo tipo de banquetes. Algunos llaman a esto pauta oficial. La publicidad para todas y todos que consumimos mientras intentamos ver un partido de fútbol, es un botón de muestra pero de un chaleco que tiene muchos botones. La forma de contestar las acusaciones sobre corrupción de algunos funcionarios, es decir, que no son los únicos corruptos, no que no lo son.

Buscan y consiguen, reforma judicial mediante, mucho más que cien años de perdón. Impunidad legal, masacote jurídico por el cual muchos van a putear, pero no creo que nadie llegue a suicidarse. Perdónanos Lisandro de la Torre: ya no sabemos lo que hacemos. Incluso estoy seguro que vendrán caras nada extrañas a tratar de sacar réditos del engendro jurídico. Una ley ilegítima es una cáscara de huevo sin yema ni clara. No sirve ni para romperla. Oponer Democracia y República, como la diputada Diana Conti hace con la misma sutileza de una vuvucela en un concierto de cámara, es sembrar odios en la casa de muchos hermanos. Es transformar a la mayoría simple en absoluta, y a la mayoría absoluta en despótica, y al despotismo en Razón de Estado.

Si bien es una política pública la lucha contra toda forma de discriminación si sos feo, sucio, malo, gordo, petiso, zurdo, jubilado, monotributista, peatón, y además sos opositor, nada ni nadie te sacará el San Benito de Gorila. Como no hay Gorilo (al menos eso creo) Gorila no tiene lectura de género. Significante apto para meter a todas y todos los opositores, desde el fascismo asesino hasta la izquierda clasista y combativa en un mismo bolsón de gatos, perros y monos. El problema es que el ejercicio del Poder, en estructuras altamente burocratizadas, siempre es de derecha.

Si bien existe un “chavismo off shore”, suponer que De Vido, Jaime, los Cirigliano, el ya mencionado Boudou, Baez, Balbuena, etc, tienen algo que ver con la revolución bonita de Venezuela, es un sketch de Miguel del Sel. Prefiero ponerlo a Franchella, acusado por aquellos que no entienden que el arte imita a la vida, pero no la actúa ni la repite. Por supuesto que el martilleo medíatico y twittero es que “enfrente no hay nada”. Es cierto. No hay nada, o sea, hay algo. Difuso, contradictorio, quizá por momentos paradojal. Donde une más el espanto que el amor y ni siquiera llegan a quererse tanto. Importa, pero no paraliza. Solamente tendremos dejar que el relato no petrifique el alma. Mirar, escuchar, ponerse en el lugar, tolerar nuestro dolor, nuestra tristeza, mirarnos a los ojos y sostener nuestras manos y aprender de qarashe qom que a un año de haber sido elegido por su Nación, decide alejarse porque teme por la vida de los suyos. Pobre de toda pobreza, rodeado de hermanos que sufren tanto o más que él, demolido en su dignidad, orgullo y autoestima, otra conquista del desierto se ha consumado. ¿Habrá billetes de 200 pesos con el rostro altivo de Félix Díaz? Cuando los impriman, quizá podamos pensar en una patria liberada.

Lamentablemente para todos nosotros, Cristina que pudo ser la presidenta más cerca de Eva Perón, va en camino a ser una remake de Isabelita. Concedo: esta segunda parte es mejor. No hay triple A, pero la judicialización y criminalización de la protesta social, ley antiterrorista y plan X mediante, existe. La Correpi no me dejará mentir. Hoy la comunidad La Primavera tiene escarcha. El filoso frío que corta la piel y desgarra el alma. Mientras yo escribo en el medido y austero confort de la cooperativa ATICO, ellos, los originarios, los primeros de estas tierras, ven como se va apagando el fuego que los abrigaba. Y yo siento, en verdad lo siento, que entonces mi fuego se va con ellos. Festejamos con bombos, platillos y LCD los 200 años de una revolución. Los originarios nos dicen, mejor dicho, nos muestran, nos enseñan que la de Mayo ha sido otra revolución congelada. Pero Félix Diaz es el rostro humano de una masacre crónica contra la humanidad.

En el Congreso contra la Trata de Personas realizado en Villa María Córdoba el año pasado y que presidió Alicia Peresutti, hubo una Mesa que aclara sin que oscurezca. “Trata y pueblos originarios”. Esta mesa, conformada por tres representantes del Consejo de Amautas Indígenas del Tawantinsuyu, (dos de de Bolivia y una de Entre Ríos) y Paxita Quillán - representante de Comunidades Qom de El Impenetrable - abordó la complicidad política, judicial y de tratantes de personas; subrayando que los primeros desaparecidos fueron los ancestros de los pueblos originarios quienes eran trasladados privándolos de su identidad. Las representantes del Consejo de Amautas Indígenas de Bolivia relataron que en su país desaparecen entre 5 y 10 personas diariamente. “El tráfico de personas es el cantar y el cuento de todos los días”, dijeron. También es una problemática importante el tráfico de órganos. Quienes son más propensos a ser víctimas de estos delitos son las familias de bajos recursos y los niños, niñas y adolescentes. (publicado por La Retaguardia sábado, 8 de septiembre de 2012)

Hablamos entonces de la crónica de un genocidio largamente sostenido. Podemos seguir creciendo a tasas chinas, mientras decrecemos a tasas originarias. Y decrecer cuando se está por debajo de los límites de la miseria, es desaparecer. Pero a estos desaparecidos les estamos mirando el rostro. Cerrar los ojos y taparnos los oídos. Seguir silbando en la claridad de una democratización de la justicia, mientras los cantos de sirenas y tiburones en realidad nos muestran la aristocratización de la injusticia. Por eso no habrá más primaveras en La Primavera. Por eso Félix Diaz, Paxita Quillán y aquellas y aquellos que están y sufren sin nombre, al menos nos piden que no dejemos de saber que tenemos escarchada el alma.

Qarashe Qom: no nos perdones aunque no sepamos y mucho menos queramos lo que hacemos y todavía no odiemos todo lo que dejamos de hacer.

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La educación pública en la Argentina y sus conflictos

Eduardo Lucita (LA ARENA)

Privatización, financiamiento y condiciones laborales abonan todos los ciclos escolares el conflicto en la educación pública. Un mismo hilo conductor y una historia repetida.

Cada año el conflicto en, y por, la educación pública tiende a repetirse. El enfrentamiento de los educadores con los funcionarios del área, nacionales o provinciales, puede tener distintas formas de expresión y de resolución momentánea, pero reconoce una misma matriz, cuyos principales componentes no son otros que privatización, financiamiento y condiciones laborales.

Siempre lo mismo

Con el inicio de cada ciclo escolar los problemas salariales del sector, el déficit de la infraestructura edilicia, y las desigualdades interprovinciales vuelven a ocupar el centro de la escena. No es igual en todas las provincias, pero el hilo conductor que recorre los conflictos es el mismo.

Más allá de que muchos de los problemas de la educación remiten a varias décadas atrás, no es menos cierto que se acrecentaron en los años 90 cuando desde el gobierno de turno buscaron sepultar los contenidos más progresistas de la Ley 1420, sancionada en 1884 y reconocida como fundamental en la construcción de nuestro Estado y en la integración social. Dicha ley establecía que las escuelas públicas eran responsabilidad del Estado y que podían acceder todos. El concepto era una matrícula abierta y gratuita, por eso la ley se denominaba de Educación Común.

El tiempo neoliberal

Los años 90 fueron los del reino del mercado, de las desregulaciones, de la reconversión productiva y de la reforma del Estado. Es este nuevo modelo de acumulación y reproducción de los negocios bajo la hegemonía del capital financiero el que abrió el espacio para una reforma estructural de la educación en el país, compatible con las tendencias mundiales del neoliberalismo.

El eje fue la Ley Federal de Educación (24195/93) que reemplazó a la 1420, precedida por la de Transferencia de los Servicios Educativos a las Provincias (24049/92), finalmente complementada por la de Educación Superior (24591/95).

En poco más de tres años, por medio de este corpus legal, se descentralizó y transfirió a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires la prestación educativa y se impusieron los lineamientos básicos para la transformación del sistema en todos sus niveles (primario, secundario y terciario).

El gobierno nacional se desentendió así de la prestación del servicio educativo. La reforma puso en un mismo nivel a la educación estatal y a la privada, ambas fueron consideradas públicas pero se diferenciaron en la gestión. Sin embargo, subsidió a esta última en tanto la descentralización cargó sobre las arcas de las provincias el sostenimiento financiero, aumentando la fragmentación del sistema y generando enormes desigualdades entre las jurisdicciones.

Una educación más clasista

El neoliberalismo no es más que una etapa del capitalismo, como antes hubo otras, que mercantilizó todos los espacios que pudo e hizo a las sociedades más clasistas de lo que ya eran. Esto se reprodujo en la educación.

La reforma del sistema tuvo como objetivo no explícito imponer una política educativa acorde con esa mayor polarización social. Por un lado, porque convalidó la existencia de escuelas públicas pobres de baja calidad y con escasos fondos, y escuelas privadas pagas con mayores recursos. Por el otro, porque cristalizó las desigualdades sociales, ya que en general son distintas las clases que se matriculan en uno u otro sector educativo. Debe distinguirse aquí que, por insuficiencias del sector público, una parte del pueblo pobre envía a sus hijos a escuelas confesionales cuya cuota suele ser de bajo monto. Por último, porque agudiza las desigualdades regionales ya que no todas las provincias tienen la misma capacidad financiera, ni el mismo desarrollo cultural.

En los años de hegemonía neoliberal proliferaron también las ideas de "la educación de mercado", las llamadas escuelas "voucher", las "charter" y las de "gestión social". Modelos, que inspirados en la experiencia de los EEUU, resultaban financiados por el erario público pero administrados como instituciones privadas. El individualismo y la autonomía en las que se afirmaban les permitiría moverse al margen de la mayoría de las reglamentaciones vigentes en el sistema público. En realidad estos modelos constituyen una etapa superior de la privatización, que crece sobre la degradación de la escuela pública, incluida la flexibilización de los docentes, y tienden a romper los contenidos socializantes de esta.

El pos-neoliberalismo

Con el estallido de la convertibilidad el proceso de acumulación y reproducción de capitales pasó a ser comandado por el capital productivo. Se inició así un período que denominamos neo-desarrollismo y que tiene también su correlato en la educación. Esto se expresa en la Ley de Educación Nacional (26206/06) y en la de Financiamiento Educativo (26075/05), ambas contienen elementos de ruptura y también continuidades con el pasado inmediato.

Por la primera se implementó una sola estructura educativa en reemplazo de las 54 existentes en el país. Se elevó a 13 años la escolaridad obligatoria y se obligó al Estado a ofrecer salas de 4 años. Se estableció la jornada extendida o completa en la escuela primaria y se impusieron contenidos obligatorios. Sin embargo, se sigue considerando como educación pública tanto a la estatal como a la privada, se mantiene la política de subsidios y la descentralización provincial de los servicios educativos y no se ha revertido el deterioro del trabajo docente. Por lo demás, la doble escolaridad es muy limitada y en el sector estatal no hay apertura de nuevas salas de 4 años, aunque sí en el sector privado. Se elevan los años de escolaridad pero la ley da la posibilidad de que las provincias opten por una primaria de seis y secundaria de seis o de siete y cino años, con lo cual hoy tenemos once provincias con la última opción y trece con la primera.

La segunda fija el objetivo, ya enunciado en los 90, de llevar la inversión educativa al 6 por ciento del PBI. De ese total, el Estado Nacional debe aportar el 40 por ciento y las provincias el 60 por ciento restante.

La matrícula privada

Lo que dejó la reforma de los 90 es un Ministerio de Educación nacional sin escuelas, que solo destina fondos para las universidades, para el incentivo docente y para las políticas educativas centralizadas. Esto fue acompañado de un fuerte ascenso de la privatización y el deterioro de las condiciones laborales de los docentes.

En el período 2004-2010 la matrícula escolar se incrementó en 452.000 alumnos, de estos el 83 por ciento se inscribió en escuelas de gestión privada. En la actualidad el 29 por ciento de los alumnos del país asiste a escuelas privadas, el 65 por ciento de estas recibe subsidios del Estado nacional, lo que representa algo así como el 13 por ciento del gasto educativo total. En la provincia de Buenos Aires, escenario de grandes conflictos docentes, el 35 por ciento de los alumnos está matriculado en el sector privado, el 73 por ciento de esas escuelas recibe subsidios por un monto cercano al 20 por ciento del presupuesto provincial.

Presupuesto

Según el ejecutado del presupuesto nacional de 2012 la inversión educativa consolidada (Nación más las provincias) alcanzó al 6,47 por ciento del PBI, superando lo previsto en la ley. Sin embargo, lo aportado por Nación solo fue del 2,2 por ciento (1,45 por ciento al sistema educativo formal más 0,75 por ciento en programas focalizados). Así el Estado nacional no alcanzó a aportar el 40 por ciento como fija la ley. Pero lo sustantivo es que el 30 por ciento de esa inversión fue derivado al sostenimiento de la escuela privada en detrimento de la pública.

Para la docente e investigadora Laura Marrone "es necesario reabrir el debate sobre la cuestión del presupuesto de la educación. Se necesita derogar el actual sistema de financiación. El Estado nacional debe volver a hacerse cargo de la educación en todos sus niveles y llevar al 10 por ciento del PBI la inversión educativa, que debe ser aportada en partes iguales por Nación y provincias".

Enfrentar el problema presupuestario es un primer paso para abordar el conflicto educativo en su integralidad. Mientras persista esta política de subsidiar a la escuela privada no habrá mejoras duraderas para la escuela pública. Y los conflictos se reiteraran una y otra vez.

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda.

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Mi colega era un espía de la Federal

OJOS VENDADOS

En medio de escándalos de secretarias y valijas que remiten a otras épocas, esta noticia pegó en las tripas de miles de militantes y periodistas que cubrieron las actividades de los movimientos sociales en la Argentina desde hace más de una década. Porque al pelado Balbuena --ex estudiante de radio y periodismo, ex movilero y hasta la semana pasada miembro de la agencia de noticias Rodolfo Walsh-- lo conocían todos. No hay dirigente social que no haya sido su entrevistado. Y resultó ser oficial de Inteligencia de la Federal. Apenas trascendió el dato la ministra de Seguridad lo pasó a disponibilidad, mientras que más de un centenar de organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y de medios de prensa alternativos repudiaron el "espionaje sistemático al movimiento popular" y exigieron el desmantelamiento de toda estructura destinada a este tipo de actividades. Según pudimos establecer, el dato habría sido filtrado en medio de una interna de la Federal.

El caso lejos de ser una golondrina perdida, se suma a otros episodios similares ocurridos a partir de 1983. Reiteramos la breve reseña de antecedentes de esa mala costumbre de hacer inteligencia interior, prohibida por varias leyes.



Balbuena era ese "pesado" que siempre insistía en grabar unas palabras para su programa de radio. Era el que llegaba primero y se iba último de cada manifestación y corte callejero. No se le conocía pensamiento propio pero parecía inocuo, era dedicado y persistente. Hace pocos días descubrieron que es otro tipo de "pesado".

En el caliente diciembre de 2001 comenzó a ser parte de la red de corresponsales populares de FM La Tribu y al año siguiente entró en la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Había sido vecino y compañero de la escuela primaria de uno de los fundadores de ese pionero medio alternativo, Roberto Grinberg, con quien se reencontró mientras estudiaban periodismo. "A partir de la relación personal que tenía conmigo se sumó a la agencia en 2002", dijo Grinberg en la conferencia de prensa del martes 7 en la sede de Correpi, de la que participaron 124 organizaciones (ver listado al final de la nota).

"No es un infiltrado en la agencia Walsh particularmente, se ha metido en todo el movimiento popular, la agencia fue el medio del que se valió para entrar en el resto de las organizaciones", dijeron los integrantes de la redacción. Durante la conferencia explicaron que hace veinte días les llegó el dato de una fuente propia, que les acercó una lista de nombres entre los que figuraba Américo Alejandro Balbuena como oficial de inteligencia de la sección Reunión de Datos, división Análisis. En la redacción se quedaron azorados, no lo podían creer. Finalmente, el abogado Eduardo Soares confirmó que eran cierto con una fuente vinculada al ministerio de Seguridad de la Nación.

El domingo 5 la agencia había difundido que "Américo Alejandro Balbuena, oficial de inteligencia de la Policía Federal, había ingresado en 2002 y se mantuvo hasta hace pocos días espiando a sus integrantes". Luego de detallar que "tenía a su cargo la agenda de actividades políticas, lo que le permitió tener un mapa del movimiento popular", responsabilizaron al gobierno nacional. "Nosotros no habíamos hecho ninguna denuncia en el ministerio ni en Tribunales porque consideramos que no es un ataque a nosotros como agencia sino a todas las organizaciones que se ven afectadas por el espionaje del Estado, y por eso las decisiones las tomaríamos en conjunto. Pero nos llamó la atención tanta celeridad en pasarlo a disponibilidad", dijo en la conferencia otro de los miembros de la Walsh.

Según informó Página12, la ministra de Seguridad Nilda Garré dispuso que se investigue a todos los jefes de la sección Reunión de Información de la División Análisis de la Policía Federal. "Según Garré es claramente incompatible ser PCI (Personal Civil de Inteligencia) y trabajar en una agencia de noticias monitoreando a las organizaciones sociales", dice el artículo. De modo que eso era Balbuena, un PCI que durante once años "estableció vínculos de confianza y amistad con luchadores y luchadoras sociales para socavar a sus organizaciones", tal como decía la Walsh en su primer comunicado. Por ejemplo, sus vínculos eran con los familiares de las víctimas de Cromagnon, del desaparecido Luciano Arruga, de la masacre de Avellaneda y de otras víctimas de la represión estatal, como así también con un amplio espectro de integrantes de organizaciones que va desde la Federación Universitaria de Buenos Aires hasta el colectivo La Alameda, pasando por los trabajadores del Subte y los pueblos originarios.

"Era casi más antiguo que nosotros en la agencia. Parecía tan bobo, a veces decía boludeces, a mí me sacaba de quicio, pero ya era medio personaje entonces todos decían 'no te enojes, es Américo'", relató a este sitio Oscar Castelnovo, de la Walsh. Al principio fue un golpe duro para todos pero en particular para Grinberg, hubo días de mucho "bajón", luego pudieron reaccionar y se hicieron fuertes. "En este lugar hay mucha solidaridad, y con el acompañamiento de todas las organizaciones decidimos enfrentar esto todos juntos", dijo el periodista, quien enmarca este episodio dentro de una política represiva que, a su criterio, es superior en todos los rubros a los demás gobiernos. "Acusamos al gobierno porque no entendemos cómo puede estar un servicio trabajando diez años en la policía y que nadie se dé cuenta, y si bien entró a la agencia en la época de Eduardo Duhalde hoy es responsabilidad de esta administración. Sabemos que los estados son represivos porque es su esencia de clase, no es un ataque al kirchnerismo en sí, es una denuncia al Estado nacional, a los estados provinciales y también al de la Ciudad", concluyeron en la conferencia de prensa.

Entre los dirigentes hubo coincidencia en señalar que este no es un caso aislado sino una práctica generalizada en varias fuerzas de seguridad. Correpi incluso elaboró una cronología de los hechos de infiltración que llegaron a detectar, y otras organizaciones mencionaron sus propios casos, como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, con el espía Alberto Amarilla. También recordaron al espía militar Raúl Tarifeño, que llegó a ser candidato en las elecciones de 2007 por el MST en Neuquén.

Para la abogada Myriam Bregman, del Ceprodh, el caso de Balbuena evidencia que "el espionaje está direccionado hacia organizaciones políticas, sociales y gremiales", y que "la Federal también tiene su Proyecto X como denunciamos en el caso de la Gendarmería". En tal sentido exigió "el listado completo de todos los infiltrados en las organizaciones populares y el desmantelamiento de todos los programas y organismos destinados a estas tareas". Bregman afirmó que la Federal "tiene una división específica que proviene de la dictadura, con mil agentes, que se rige por legislación secreta de la época de la Libertadora y que ningún gobierno desde 1983 hasta ahora se ha atrevido a tocar".

Varios dirigentes indicaron que información recolectada por Balbuena aparecía en causas de la justicia contravencional por cortes de calles y otras manifestaciones. La abogada María del Carmen Verdú recordó que ya en 2002 cuando hubo una marcha a la casa de Salta tras el asesinato de Aníbal Verón, se abrió un proceso contra los manifestantes con datos aportados por la Federal. Para Verdú "es inverosímil que ahora investiguen qué hizo y dónde estuvo estos diez años, y que no supieran que no le pagaban el sueldo para dirigir el tránsito". Y opinó que esto es un "nombre nuevo para una historia vieja de infiltrados que hemos detectado, desde los burdos buchones que se meten disfrazados en las marchas hasta los servicios de inteligencia del Servicio Penitenciario que luego de nuestras visitas hostigan al preso para que les cuente de qué hablamos". Sin embargo, la letrada de Correpi destacó que tanto Balbuena como varios de los gendarmes denunciados en Proyecto X apelaron al recurso de hacerse pasar por periodistas.

Ahora bien, ¿cómo llegó a la agencia Walsh el dato sobre Balbuena? Según dos fuentes consultadas, un grupo de agentes "pesados que responden más a la dictadura que a Garré" mantiene un disputa adentro de la fuerza y la intención era que "saltaran" los jefes del falso periodista. Por eso les insistían que sacaran la información rápido, pero los miembros de la agencia se tomaron el tiempo de confirmar la versión, en primer lugar, y luego convocar a las organizaciones para hacer la denuncia pública de manera conjunta.

Compañero de banco, de cancha, alumno, el falso notero tipo CQC alternativo fue desenmascarado: era nada menos que un buchón de la Federal disfrazado de periodista "del palo". Una cara conocida por muchos de los que pelean, resisten, paran fábricas, frenan desalojos, reclaman tierras, y por tantos otros que cubren esas luchas. Por eso el estupor primero, la bronca después, el asco de haber formado periodísticamente a un espía de la policía (pudo haber sido alumno de esta periodista) ¿A quién reportaba? ¿Qué decía? ¿Cómo lo hacía? ¿Usaría otra ropa, otro lenguaje cuando volcaba sus informes a sus superiores? ¿Cuánto daño hizo? ¿A dónde fue a parar esa información y para qué la usó la Federal? En el poco probable caso de que hubiera actuado por su cuenta, ¿no sería alarmante semejante actividad autónoma de un agente de una fuerza de seguridad?

Los agentes infiltrados de la Federal no se parecen en nada a los facheros de ficción que produce Hollywood. Son apenas distintos a cualquier colega, sólo dicen boludeces. Castelnovo dice que "siempre hacen lo mismo, lo pasan a disponibilidad cuando el infiltrado nuestro era de ellos, como si fuera uno solo". Y de despide con una inquietante duda. "Lo peor es que no nos dimos cuenta, y entonces no podemos dejar de preguntarnos cuántos más habrá".

Antecedentes de inteligencia interior

ESA MALA COSTUMBRE DE ESPIAR FRONTERAS ADENTRO

El uso de los recursos humanos y materiales del Estado para realizar tareas de inteligencia o espionaje, aunque vedado por la ley, se reitera en las últimas décadas en variados ámbitos, desde la estructura montada por el jefe de Gobierno Mauricio Macri hasta las actividades de los marinos de la base Almirante Zar. Pero los antecedentes se remontan a 1997, cuando el ministro menemista Carlos Corach realizó "espionaje ideológico" a pobladores, organizaciones y dirigentes de las "villas de emergencia".

Dos años más tarde, el también menemista Carlos Alderete usaba los recursos del PAMI para espiar a políticos de la Alianza, periodistas y jubilados. En 2000 el Ejército hizo seguimientos a la justicia federal en Córdoba. Ese mismo año, en marzo, cinco oficiales de la Fuerza Aérea fueron procesados por hacer tareas de inteligencia a una decena de periodistas, a una ONG de mujeres y a agrupaciones estudiantiles y políticas. El caso de los aviadores espías había sido revelado por Página/ 12, y uno de los periodistas espiados llegó a ser indemnizado. Seis meses más tarde, el juez Martín Silva Garretón ordenó a la Policía Federal, al Poder Ejecutivo y al ministerio del Interior que "pongan fin de inmediato a toda actividad de servicios de inteligencia" sobre partidos políticos y organizaciones sociales.

En marzo de 2007 la policía salteña investigó a docentes en huelga. Y en julio del mismo año este diario informó que fiscales y policías federales entregaron informes a la Unidad de Apoyo para la Investigación de Delitos Complejos en Materia de Drogas (UFIDRO) sobre la "presunta amenaza del narcoterrorismo de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)". En esos trabajos pusieron bajo la lupa los "secuestros de la Triple Frontera" y las actividades en el país del vocero de las FARC, Javier Calderón. Entre los "denunciados" de participar en ellas figuraban Luis Farinello, Adolfo Pérez Esquivel, Patricio Echegaray y la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. "Estos informes, en los que se describen actividades políticas y sociales pero no se habla ni de un porro, habilitan a que nos investiguen a todos los militantes sociales que, por ejemplo, participamos de varios foros en la Triple Frontera por el tema del acuífero. Apuntan a deslegitimar a dirigentes populares vinculándolos con las FARC y a insistir con que la Triple Frontera es 'ese sitio oscuro a atacar', como sostiene (George) Bush", había dicho en aquel momento la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

En noviembre del año pasado varias organizaciones, encabezadas por la abogada Myriam Bregman del Ceprodh, denunció a la Gendarmería Nacional por haber realizado tareas de inteligencia interior sobre militantes y delegados de base de la zona norte. Fue primicia de OJOS VENDADOS.

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Argentina. Organismos de derechos humanos reclaman por la comunidad Qom: Que la Presidenta reciba a Félix Díaz

Liliana Giambelluca (AGENCIA WALSH)

En el marco de una conferencia de prensa en el Serpaj, referentes de organismos defensores de derechos humanos y Amanda Asijak, esposa del qarashe Félix Díaz, hablaron de las condiciones de vida en la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, de Formosa. Los oradores coincidieron que los originarios viven "situaciones que ya no se pueden seguir tolerando". Piden la urgente intervención de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Los organismos defensores de derechos humanos que este jueves convocaron a una conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), también son integrantes de la mesa de garantes en el diálogo de la comunidad qom con el gobierno. La mesa se conformó mediante una Carta-Acuerdo firmada el 9 mayo de 2011, con el propósito de "encontrar soluciones a los reclamos planteados por integrantes de la comunidad La Primavera". De los cinco puntos acordados se cumplió integralmente el primero: elecciones para formalizar el liderazgo de Félix Díaz.

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, se refirió al informe del Relator Especial de las Naciones Unidas, James Anaya, quien entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre de 2011 recorrió distintas comunidades de Argentina para tomar conocimiento de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. El informe consignó una significativa brecha entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación real.

El obispo metodista Aldo Etchegoyen, presidente de la mesa nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), dijo que "el problema de la discriminación de los pueblos indígenas está en todas las instancias: gubernamental, judicial, policial y comunitaria". Agregó que en el reclamo principal de los originarios, que es la devolución del territorio ancestral que les quitaron, "está muriendo gente, este tema es de vida y muerte, que un gobierno democrático no puede permitir".

A continuación, Amanda Asijak, esposa de Félix Díaz, manifestó firmeza en sus convicciones pero aún estaba conmovida por la golpiza que el 3 de este mes recibió su hijo Abelardo. "Me siento dolorida por lo que le pasó a mi hijo, no es la primera vez que lo atacan". Y continuó: "Tengo mucho miedo, pero tengo que seguir adelante".

"Anoche hablé con Félix y me dieron tristeza sus palabras porque hace muchos años que estamos luchando por la tierra, por la salud, por el agua, pero no podemos lograr nada concreto", sostuvo.

La esposa y compañera de lucha del líder qom manifestaba su dolor pero entendía que debía continuar el camino que eligieron. "Anoche hablé con Félix y me dijo: ‘Amanda, yo tengo ganas de dejar la lucha, pero ya vamos a hablar cuando llegues a casa'. Así me dijo anoche. A veces es muy duro para nosotros, abandonamos nuestra casa y a nuestros hijos, pero para mí tengo que seguir adelante". Hizo una pausa y agregó: "Tengo que decirle a Félix que siga avanzando en nuestra lucha".

Al finalizar su discurso dijo: "Gracias a cada uno de ustedes y a los periodistas que nos apoyan. Nada más que decir. No bajaremos los brazos. Hasta aquí mi palabra. Muchas gracias". (Aplausos)

Luego el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destacó que la persecución a Félix Díaz también es judicial porque contabiliza cinco causas penales en la justicia de la provincia de Formosa. "Llama la atención que habiendo una comunidad que reclama, siempre Félix Díaz es el común denominador", y debe "convivir con esas causas que estamos tratando que lleguen a buen puerto".

Continuó en la palabra Verónica Huilipan, secretaria de Relación de Pueblos Originarios de la CTA Nacional y del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Dijo que "la provincia de Formosa es la que genera las condiciones para que hoy digamos basta, no se puede seguir permitiendo este nivel de avasallamiento contra las comunidades originarias", que las lleva a reclamar sus derechos en la ruta. Ello "pone en evidencia que en ese sector las políticas de derechos humanos no llegan" y son "situaciones que ya no se pueden seguir tolerando".

Por lo tanto, los pueblos originarios del país, "en respuesta a semejante provocación" del gobierno formoseño, realizarán un encuentro nacional en la provincia de Formosa los días 3, 4 y 5 de junio "para abrazar la lucha del pueblo qom y de cada una de las comunidades de esa provincia" porque "cada vez están más perseguidas, más golpeadas y más amenazadas por el poder institucional del gobierno de Gildo Insfrán".

La antropóloga y docente de la Universidad de Buenos Aires, Lorena Cardin, quien trabaja con la comunidad Potae Napocna Navogoh desde hace doce años, denunció "el etnocidio" que se lleva adelante en la provincia de Formosa. "Sin lugar a dudas -dijo- es un etnocidio simulado, maquillado a través de obra pública, pero un hospital o una escuela nueva no garantizan el buen trato hacia los qom. Es una situación muy dramática porque existe una violencia estructural, histórica y cotidiana en la comunidad".

Otra característica que destacó la antropóloga es "el control de la hegemonía provincial" que "abarca absolutamente todas las instituciones". Sin embargo, "ese control no fue totalmente eficiente porque con Félix Díaz no pudo". A partir de esa imposibilidad, es que aparecen "problemas para él, para su familia y la comunidad: el control no pudo con su líder. La comunidad se paró y dijo basta".

Finalmente, resaltó la importancia del acompañamiento de los organismos defensores de los derechos humanos, "pero evidentemente no alcanza porque la violencia sigue".

Nora de Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, manifestó "preocupación" porque "un reclamo territorial cuesta una vida". Agregó que "hemos intentado llegar a la Presidenta de la República, se le han escrito cartas y no hubo respuesta. Este silencio [de la Presidenta] es doloroso, nos ofende y nos humilla porque nadie merece ser tratado como invisible".

"Las comunidades originarias deben ser reconocidas y respetadas por el gobierno nacional y provincial. No se pueden tolerar más ataques y más muertes", que llevan adelante "personajes" que acatan "una orden y un propósito", finalizó.

Por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza habló Pablo Pimentel. Dijo que "el gobernador de Formosa está llevando adelante un genocidio silencioso y lento a las comunidades que reclaman sus derechos" y que "a Félix Díaz le están haciendo pagar un costo con lo más sagrado que tenemos, que son nuestros hijos".

"Lo que está pasando es muy grave -continuó-. Los derechos humanos se defienden o se violan, no hay un término medio, y acá se están violando sistemáticamente. Por eso apelamos a este gobierno, que ha tomado como política de Estado la defensa de los derechos humanos, que lo aplique y que la Presidenta de la Nación reciba a Félix Díaz".

Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, cerró la conferencia y dijo que "se trata de reclamar directamente a la Presidenta para que reciba a Félix. Los otros días miraba televisión y vi que recibía al boxeador Maravilla [Martínez]. Yo pensaba ¿cómo tiene tiempo para recibir a Maravilla y no a Félix Díaz? En las manos de la Presidenta está, pero hasta que no lo considere tenemos que seguir en la calle y reclamando", finalizó.

Al cierre de la Conferencia, la APDH convocó a manifestarse este viernes, a las 13:00, frente a la Casa de la Provincia de Formosa, en la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Hipólito Yrigoyen y Pte. Luis Sáenz Peña, donde las entidades pedirán el cese de la represión contra los originarios y una pronta solución al conflicto territorial.

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Argentina, Misiones: Alma de tarefera

ACTA

"El mismo gobierno que nos niega nuestros derechos y nos mantiene en la miseria toma mate con la yerba que nosotros cosechamos", dice Sandra Vera; delegada tarefera, trabajadora de la yerba mate en Misiones. Ahí, joven, feroz y con una niña a cuestas nos cuenta como se vive y se lucha en los yerbatales.



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Argentina. Solidaridad con Félix Díaz. Verónica Huilipan: “Hay que terminar con el exterminio de la comunidad Qom”.

Melissa Zenobi (ACTA)

La secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA, Verónica Huilipan; el Premio Nobel de la Paz y titular del SERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; el CELS y otros organismos de derechos humanos y sociales se solidarizaron con el líder qom formoseño Félix Díaz mediante una conferencia de prensa.

La dirigente de la CTA subrayó la responsabilidad del gobierno nacional y provincial en el exterminio que se lleva adelante contra la comunidad Qon y su referente. "Al Estado Federal le corresponden Todas las responsabilidades políticas”, afirmó Huilipan.

Estaba presente en la conferencia de prensa el ex secretario del INAI Claudio Morgado, cuya renuncia se atribuyó en algunos medios a que fue el único funcionario que por lo menos acompañó a la comunidad Qom, a la que Cristina Kirchner jamás recibió pese a los sucesivos ataques, amenazas y asesinatos cometidos contra el pueblo originario.

Los qom de La Primavera denunciaron que hace unos días fueron atacados a golpes y heridos con arma blanca los jóvenes Carlos Sosa y Abelardo Díaz, este último hijo de Félix Díaz, el qarashe (cacique o líder) de esa comunidad aborigen formoseña.

Entre innumerables personalidades, estaba presente en la conferencia, Amanda Asijak, de la Comunidad Potae Napocna Navogoh-La Primavera, a la que pertenece Félix Díaz, Aldo Etchegoyen (APDH), Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), Pablo Pimentel (APDH-La Matanza), y la antropóloga Lorena Cardin.

-¿Cómo evaluas la avanzada represiva contra el pueblo Qom pese a la gran solidaridad internacional?

La situación que le toca vivir hoy a la comunidad Qom en la localidad “La Primavera" en Formosa, tiene que ver con un plan de exterminio que puso en marcha el Gobernador Gildo Insfrán para favorecer a la industria sojera que es la que necesita ampliar permanente la frontera en territorio indígena. No es nada más ni nada menos que la institucionalidad del Estado formoseño puesta al servicio del poder económico, con toda la brutalidad que implica poner en marcha un plan de estas características que responde al racismo institucionalizado con que se ha identificado el gobierno de Gildo Insfrán con los pueblos originarios en Formosa.

-¿Qué responsabilidades le corresponden al Estado nacional?

Todas las responsabilidades políticas. En primer lugar porque el pueblo Qom confió en el gobierno nacional cuando sintió la amenaza contra la propia vida de las personas. La comunidad viajó a Buenos Aires y estuvo acampando durante 5 meses en Avenida de Mayo y 9 de Julio, manifestó la voluntad de dialogar con el gobierno. Planteó, demandó, reclamó una mesa de dialogo con el gobierno federal hasta que por fin se generó un conflicto, en mayo del 2011, donde los distintos organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales nos hicimos parte, fuimos testigos de ese proceso en el Ministerio del Interior con Randazo. De hecho nos constituimos como organismos de derechos humanos garantes de Félix Díaz frente a ese dialogo. Un proceso que puso de manifiesto toda la voluntad política de la comunidad de avanzar en un acuerdo que genere condiciones para el acuerdo de la demanda territorial que vienen haciendo desde siempre.

A tal nivel que cuando se puso en duda el liderazgo de Félix Díaz frente a su comunidad, se aceptó que se realicen elecciones en el Territorio indígena con el sistema eleccionario que se usa en el país. No es un dato menor que la comunidad haya accedido a dejar de lado su propia práctica cultural para elegir a su líder como gesto político al gobierno federal. Alli quedó demostrado el liderazgo natural de Feliz Díaz que ganó por más de 800 votos. Félix es la persona que lleva adelante la política que su pueblo demanda. Aún así el gobierno federal ha tenido una actitud dudosa frente al gobierno indígena.

El doctor Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación, cuando se involucra en este proceso, generó una confianza sustancial con la comunidad y con los propios organismos de la comunidad que estuvimos acompañando este proceso. Porque vimos como se fue comprometiendo, se hizo parte, se generaron nuevas condiciones de diálogo entre la comunidad, el gobierno provincial y el federal. Allí se estableció la protección de Felix Díaz y su familia. En ese ámbito se acordó un protocolo de actuación de las fuerzas armadas, la fuerza policial y la gendarmería para proteger a la comunidad y que fuera parte de ese protocolo.

Cuando aparece esta nueva masacre entre los jóvenes de la comunidad, es una clara desidia del gobierno provincial que pretende negar estos pequeños avances que veníamos consiguiendo en este proceso. Por otro lado hay un obstáculo muy fuerte que ha generado una torpeza muy grande de parte del gobierno federal frente a este conflicto que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Al Instituto le interesa y prefiere promover permanentemente un doble comando, un supuesto doble liderazgo dentro de la comunidad para no terminar de reconocer que Felix Díaz es el representante interlocutor con el que hay que dialogar para canalizar las demandas sociales de la comunidad como falta de agua, de alimentos, de educación, falta de atención sanitaria. En este sentido el INAI está jugando en el conflicto más como un cajero de la industria sojera que como una institución del gobierno federal al servicio de los pueblos indígenas.

-Según trascendidos, Félix Díaz renunciaría este sábado ¡¿Qué opinión te merece esto?

Eso es un trascendido que se sacó para enturbiar el proceso que se viene dando. Este sábado lo que hay es una asamblea de las que se hacen en momentos críticos. Entonces se va a evaluar el proceso, se van a poner en la mesa los avances que se han tendido en el diálogo con el gobierno federal, cómo el gobierno provincial ha profundizado la política de exterminio contra ellos y definir como seguir avanzando en esta clara decisión de lucha de la comunidad de que hhay que terminar con el exterminio.

Hoy mismo Félix Díaz junto a otros lideres originarios, están convocando a un Encuentro de pueblos originarios del país para los días 3, 4 y 5 de junio en la provincia de Formosa. Como un gesto de solidaridad de los pueblos originarios de abrazar la lucha de la comunidad Qom y de ir a decirle a Insfrán que el pueblo Qom no está solo. Si pretendió silenciar las lucha, con esta nueva masacre lo único que generó es movilización indígena. Levantó al pueblo que estaba cada uno en su territorio tratando de administrar sus propios problemas. Ahora nos vamos todos a Formosa a abrazar la lucha de los pueblos de allá.

¿Cómo apoya la CTA este proceso?

Una de las cosas que se están planteando es la de acompañar al parlamento indígena desde distintos lugares: por un lado desde el punto de vista político el día 5 de junio, que es el día de las conclusiones del evento, que pueden asistir todos los organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales que venimos acompañando este proceso. Ahí la CTA estará presente porque desde la Secretaría de Relaciones con los Pueblos Originarios venimos acompañando la preparación de este Encuentro Nacional a partir del acuerdo político que generó el consejo plurinacional indígena con ATE y CTA a fin del año pasado cuando se resolvió fortalecer la lucha del pueblo indígena.

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Boletín Informativo de CORREPI

CORREPI

A 22 años de impunidad: las razzias no terminaron / Perpetua al policía asesino del “Pata” Díaz. La lucha continúa / Desalojo y represión en Córdoba / Justicia para Walter y Lean / Campaña Nacional para la Cooptación Institucional / El espía de Nilda Garré.

A 22 años de impunidad: Las razzias no terminaron
El juez Horacio Días, en su introducción a la lectura del veredicto contra los asesinos de Mariano Ferreyra, dijo que, con la muerte de Walter Bulacio, se acabaron las razzias en los ‘90. Y es inevitable preguntarse ¿qué piensan de esa afirmación los millares que, como Walter en 1991, hoy viven a diario la represión del estado? ¿Qué le responderían los que saben que vivimos todos los días a la sombra del gatillo fácil, al frío de la tortura en comisarías y cárceles y conviviendo con las detenciones arbitrarias, la averiguación de antecedentes, las faltas y contravenciones, las razzias? Probablemente la respuesta no sería una caricia.
Invitamos al señor juez a que salga a caminar por las calles, para constatar por sí mismo la falsedad de su afirmación y a resignificar su concepto de “razzia”, para comprender un poco más la época en que vive.
Walter Bulacio tenía 17 años, pertenecía a la clase trabajadora y había acudido al estadio Obras a ver a un grupo de rock –Los Redondos– cuyo público mayoritario pertenecía a esa clase. Lo cazó una razzia de la policía federal que, aún siendo Walter menor de edad y, además, sin ninguna razón para ser detenido, lo arrastró hasta la comisaría 35ª junto a un centenar de jóvenes, en un operativo tan escandalosamente ilegítimo como cotidiano, durante el cual fue apaleado, en nombre del control social, lo que causaría su muerte una semana después.
En el marco de uno de los procesos más oscuros de la historia jurídica de este país, increíblemente viciado en todos sus aspectos por obra y gracia de los poderes e instituciones del estado – policía, dirigentes, jueces, fiscales -, siempre coincidentes a la hora de defender los privilegios que los fundan, el comisario Miguel Ángel Espósito fue sobreseído en 1992, y, lo que es más grave, se legitimó judicialmente el “Memo 40”, una Orden del Día secreta de la policía federal que, básicamente habilitaba las detenciones arbitrarias e ilegales de menores de edad.
La movilización popular, que instaló el nombre de Walter como símbolo y bandera de lucha de generaciones condenadas a la exclusión social y apaleadas criminalmente por el verdugo azul del sistema, y la militancia de CORREPI, lograron que la Corte Suprema revocara esa decisión, y el comisario fuera nuevamente procesado. Siguieron las dilaciones, por lo que llevamos el caso a la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH). En 2003, la causa llegó a la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH), que, después del juicio oral que la justicia argentina no quiso hacer, condenó al estado argentino por violar el derecho a la libertad, a la integridad física y a la vida de Walter.
El gobierno argentino nunca cumplió esa condena, que le exige terminar con todas las normas y prácticas que habilitan (también hoy, Dr. Días) a las fuerzas de seguridad a detener a cualquiera, en cualquier lugar, porque sí. Ese sistemático incumplimiento de la sentencia del tribunal internacional muestra que, más allá del gobierno de turno, es el estado burgués el que no quiere que sus herramientas para ejercer el control y disciplinamiento social sean cuestionadas
En este año 2013, cuando ya se han cumplido 22 años de la detención y muerte de Walter, parece que, finalmente, el comisario Espósito será juzgado en Argentina. Claro que no, como correspondería, por las torturas y la muerte de Walter, sino sólo por el delito de privación ilegítima de la libertad agravado. Como lo hemos dicho muchas veces, un juicio que llega tarde, y mal, pero que hemos arrancado con la lucha sostenida.
Las manos de Nazareno, compañero de colegio de Walter, detenido junto a él en la puerta de Obras, inmortalizaron un mensaje en la pared del calabozo. El mensaje decía: “Jorge, Walter, Kiko, Erik, Leo, Nico, Nazareno, Betu y Héctor. CAIMOS POR ESTAR PARADOS. 19/04/91”.
Cayeron por estar parados, por hacer nada, por estar esperando entrar a ver su banda. Por estar parados, (como ayer, como hoy) como cuando ellos llegan de improviso y te detienen porque sí.
Parados, como estaban algunos integrantes del campo popular en ese momento.
Hoy nosotros estamos de pie, como estuvimos y vamos a estar. Hoy sabemos que no vamos a dar un paso atrás por verlos acercarse, y que, por el contrario, por cada uno de los fusilados por el gatillo fácil y cada uno de los torturados en comisarías, vamos a dar un paso al frente.
A 22 AÑOS DE IMPUNIDAD… POR WALTER Y POR TODOS: ¡BASTA DE REPRESIÓN, TORTURAS Y GATILLO FÁCIL!

Perpetua al policía asesino del “Pata” Díaz. La lucha continúa
Hace casi tres años, el 11 de julio de 2010, Fernando "Pata" Diaz fue fusilado por el subteniente bonaerense Pablo Apecechea en su propia casa.
El martes pasado, tribunal oral nº 4 de Mercedes condenó al subteniente Apecechea a prisión perpetua por haber asesinado siendo policía. No es la primera vez que desde CORREPI logramos una perpetua para un policía, sentencia nada fácil si tenemos en cuenta que jueces, fiscales y policía forman parte del mismo aparato represivo. Sin embargo, esta vez los jueces no pudieron sostener, como en muchos otros casos de gatillo fácil, que se trataba de un "enfrentamiento", "un exceso" o simplemente una "equivocación", para luego dar condenas ridículas que dejan en libertad a los asesinos, premiándolos por haber cumplido su función: la de reprimir.
Y si no pudieron hacerlo, no fue porque sean complacientes, sino porque se vieron obligados por la lucha y la movilización popular a dictar esa condena. Pablo Apecechea fue condenado a prisión perpetua no sólo por asesinar, sino por hacerlo como integrante de las fuerzas de seguridad. Así, la misma ley que permite las detenciones arbitrarias y encarcela luchadores se vio obligada a exponer que no es lo mismo la represión estatal que la defensa popular.
El caso, de amplia repercusión en Moreno, el barrio de la familia Díaz, puso en evidencia la criminalidad institucional de la policía: una simple discusión familiar fue resuelta con un nuevo asesinato por un miembro de una comitiva integrada por 6 efectivos. Se trataba de calmar a un hombre alterado por una discusión familiar y que, en estado de ebriedad, no entrañaba ningún peligro para nadie. No lo creyó así el oficial Apecechea, que disparó una escopeta tres veces sobre el torso del Pata, dándole muerte casi instantáneamente.
La sentencia, una de las pocas que se registran con aplicación de la figura agravada del homicidio cometido por un policía en razón de su investidura, habla de una muerte "innecesaria y absurda".
Esta definición, sin embargo, amerita la interpelación que en CORREPI y desde siempre formulamos: ¿es que hay muertes necesarias y hasta lógicas cuando se instrumenta la política sistémica del gatillo fácil sobre los pibes pobres de nuestras barriadas?
¿Qué tiene de necesario y lógico el balazo en la nuca de un pibe que escapa sin posibilidad alguna de defensa?
El del Pata Díaz fue un caso distinto en sus formas, pero idéntico al resto de los gatillos en su genealogía: la policía disciplina, la policía mata, porque es la institución que "ordena" la vida de los pobres, la institución que tiene entre sus fuerzas a miles de Apececheas dispuestos a engrosar la lista de criminales legales, que siguen las órdenes escritas y de las otras, que portan armas truchas y "no blanqueadas en las comisarías, armas que se compran y no se transfieren pero que se usan en el servicio y cuando se mandan una macana como ésta la hacen desaparecer", como reconoció el propio Apecechea en su indagatoria. Como las armas que se plantan, las denominadas "perros", con los que se pretende justificar el fusilamiento, agregamos desde CORREPI.
Esta sentencia es bien recibida, pero no cambia las cosas. No es con espasmos de indignación judicial que se termina nuestra lucha. Más que nunca, esta sentencia debe servir para adquirir la conciencia sobre la necesidad de seguir luchando por todos los hechos represivos que se repiten a lo largo y ancho del país y que no terminan del mismo modo.
Esta sentencia es una excepción confirmatoria de una regla fundante: "se hunde en la pobreza, el uniformado mata a los pobres y se consagra su impunidad..." Cuando la evidencia es tal que no da para eso, se lo condena levemente y sólo en casos contados se cae con todo.
Éste ha sido uno de esos casos, en donde la participación de CORREPI en el ámbito de la justicia ha servido para ponerlo en evidencia, para obligarlos a condenar, para que no queden dudas que la otra justicia, la real y verdadera, estuvo todos estos días en la Plaza San Martín de Mercedes, allí donde un grupo de compañeros, con la movilización y la desnaturalización de estas políticas de estado, sentenció a perpetuidad al sistema opresor que resguarda a los que matan y, por regla general, absuelven.

Desalojo y represión en Córdoba
Desde hace un tiempo, en la localidad cordobesa de Icho Cruz, ubicada al sudoeste de Villa Carlos Paz, ha recrudecido la represión hacia los vecinos del barrio Comechingones: represión traducida en el intento de desalojo que el estado le reclama a las 100 familias sin hogar que tomaron terrenos abandonados por una empresa para vivir dignamente y construir en ellos la cooperativa de trabajadores y trabajadoras Solares de Icho Cruz.
Evidentemente, la afectación de la propiedad privada, aun cuando se trate, como en este caso, de tierra que llevan 20 años abandonadas, es una de las acciones más duramente castigadas por el estado. Véase la sangrienta represión a los Qom en Formosa o la del Parque Indoamericano a fines de 2010. Claramente esto visibiliza el rol gerenciador de los gobiernos frente al negocio inmobiliario, que, a fuerza de represión policial y judicial, busca mantener un negocio que significa el 16% de la economía (entre el mercado inmobiliario y de la construcción).
Es por eso que, durante el último mes, se desalojaron 19 familias y se encarceló a 21 personas, entre ellas Juan Cochrane, dirigente de la cooperativa local, que fue allanada y saqueada por orden del fiscal Gustavo Marchetti (sobre el que pesan ocho denuncias vinculadas al narcotráfico).
Lo mismo sucede en la localidad de Piedras Blancas, también en Córdoba, donde 150 familias ocupan 16 hectáreas de un terreno público, como el Indoamericano, desde hace 6 meses. Es que el negocio inmobiliario no es sólo de los terrenos privados. Sean tierras de particulares o estatales, los gobiernos y sus socios se aseguran de que su renta queden en sus manos.
Desde CORREPI denunciamos el accionar de la policía, jueces, fiscales, ministros y empresarios, que persiguen a los trabajadores ocupados y desocupados que reclaman el derecho a una vivienda digna y a un trabajo.
Creemos firmemente que la represión y el negocio privado son política de estado y rechazamos la idea de que las represiones sufridas por el pueblo en el parque Indoamericano, en Chaco o en Formosa, en Icho Cruz y en tantas otras reivindicaciones de los trabajadores, provengan de una fuerza policial corrupta o autogobernada. Como lo recordamos en otra nota, como dijo uno de los comisarios en el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra, "la policía no decide nada sola, orden de reprimir es siempre del poder político.".

Justicia para Walter y Lean
El 25 de septiembre de 2010, el policía federal Maximiliano Germán Ledezma, custodio de la Presidencia, fusiló con su arma reglamentaria a Walter Robles y Leandro Pérez, dos adolescentes de Villa Fiorito. Llegamos al juicio oral después de una larga batalla, en la calle y en los tribunales, para que se lo acusara por los dos crímenes. Es que Ledezma tuvo tiempo de simular que “encontró” un arma junto al cuerpo de Walter antes que la calle Pío Baroja se llenara de indignados vecinos que le recriminaron el fusilamiento que varios de ellos presenciaron. Así, amparado en la legítima defensa, pasaron a un segundo plano las cuatro heridas de bala en la espalda, que, como las tres de Leandro, no dejan dudas de qué sucedió. Tres años de movilización y pelea constante de Marcela y Neli, las mamás, organizadas en CORREPI, lograron revertir la decisión de sobreseerlo por uno de los asesinatos, y hace dos semanas empezó el debate.
Los vecinos que vieron a los chicos correr por la calle, y al policía, de pie y muy calmo, tomar puntería hacia uno y luego el otro –tanta, que de 8 disparos que hizo, sólo uno no dio en sus blancos- desbarataron la versión que hizo el asesino en su defensa, alegando pánico, terror porque creyó que lo iban a matar.
Tan contundente fue el relato de esos vecinos, que el fiscal requirió que se condene al federal a 20 años de prisión. No acusó, claro está, por el homicidio agravado por la condición de policía, sino por homicidio simple, como si, en lugar de chapa y pistola, hubiera sido un albañil. CORREPI acusó por homicidio agravado, pidió prisión perpetua, y que se revoque el beneficio, extraordinario para los presos comunes, habitual para policías, del arresto domiciliario que desde hace un año disfruta el asesino.
El tribunal oral nº 3 de Lomas de Zamora, más preocupado por la enorme cantidad de compañeros que vienen movilizándose para acompañar las audiencias que por la agilidad del juicio, ha ido fraccionando el debate en cortas jornadas de dos o tres horas con intervalos de hasta diez días, con la clara intención de dificultar la presencia de los militantes antidrepresivos, en su enorme mayoría familiares de víctimas organizados en CORREPI, que colman la pequeña sala y hacen el aguante afuera.
Así, el 3 de mayo, al cierre de los alegatos, convocaron para el lunes 13, a las 12:00, para escuchar las últimas palabras del homicida. De la sentencia, que parece que tienen pocas ganas de dictar, ni noticias todavía. Deberían saber, a esta altura, que vamos a seguir estando, aunque les moleste, porque sabemos que lo que les molesta, es la organización.

Campaña Nacional para la Cooptación Institucional
El viernes 3 de mayo, el gobierno llevó a cabo un costoso y mediático encuentro en el marco de su “Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional”. Invitaron como panelistas a gobernadores y secretarios de distintas provincias, al juez Eugenio Raúl Zaffaroni, al presidente del Cels, Horacio Verbitsky; a la ministra de seguridad, Nilda Garré, y a Estela de Carlotto, entre otros personajes. También convocaron (y trajeron en micros fletados por el ministerio de Justicia) a familiares de víctimas de lo que llaman “violencia institucional”, es decir, víctimas de la represión estatal. Allí, los panelistas hablaron sobre gatillo fácil, tortura, detenciones arbitrarias, violencia policial, represión a protestas. Podría resultar extraño, teniendo en cuenta que, hasta no hace mucho tiempo, este gobierno negaba que todas estas cosas ocurrieran, pero de extraño no tiene nada, ya que éste ha sido uno de los gobiernos más hábiles en el arte de reprimir con consenso.
Esta “campaña”, que existe hace un tiempo, ya ha mostrado que no es más que otra de las tantas herramientas que ha sabido crear el kirchernismo para reprimir con el menor costo político y el mayor consenso posible. Lejos de pretender cambios profundos respecto a “la problemática”, como ellos la llaman, sirve para negar el carácter sistémico de la represión. Muy clarito ha quedó esa idea en el panel liderado por Garré, donde se dijo “necesitamos recuperar la confianza en las fuerzas”. Y es contundente al respecto la publicación “Políticas de Seguridad de la Nación”, editada por el ministerio de Seguridad y repartida durante la jornada, donde se dice que, junto con la línea 911, las 1.200 cámaras de vigilancia instaladas, los más de 4.000 efectivos de policía federal, gendarmería y prefectura puestos en la calle en el último tiempo, se ha puesto en funcionamiento el “Centro de Comando y Control de la PFA” conectado con los 350 nuevos patrulleros que incorporan las últimas de las tecnologías para tenernos a todos bien cerquita en la mira y accionar de forma rápida si parecemos demasiado peligrosos para sus intereses.
Otra idea central que fue común escuchar entre los panelistas, es la de “dos gobiernos paralelos”, en alusión a la tesis de que la policía se autogobierna y autodetermina, lo que permite esquivar toda responsabilidad estatal. Pero no es otro que el estado quien garantiza la desigualdad social, y gestiona la represión, herramienta más que necesaria para eso. Así se vio claramente cuando, frente al reclamo de vivienda digna de cientos de personas en el Parque Indoamericano, la respuesta fue la represión conjunta entre la Nación y la Ciudad, con decenas de heridos y tres asesinados, y la creación del ministerio de Seguridad, desde el que se centraliza la militarización del país.
El gobierno que pone en pie la “Campaña contra la Violencia Institucional” es el mismo que lleva adelante el Proyecto X e infiltra servicios en las organizaciones políticas; es el que actualiza las leyes antiterroristas; es el mismo gobierno que tiene en su haber más de 4.000 criminalizados por luchar, más de 2.300 asesinados por el gatillo fácil y la tortura y 20 muertos por la represión a la protesta social.
¿Autogobierno de las fuerzas de seguridad? No. Es el estado, a través de los distintos gobiernos de turno, quien dirige las fuerzas represivas, como dijo en su defensa uno de los policías en el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra: “la decisión se toma en el poder político, allí se decide si se tolera la movida, como contra la casa de Tucumán, o si los sacan a patadas, como a los docentes de Santa Cruz”. Entonces, no hay un doble discurso de parte del gobierno, que por un lado dice resolver y por el otro reprime. Es una sola la política represiva, que también se ocupa de la construcción de consenso, para lograr una “cortina” que les permita reprimir sin costos políticos, desligando responsabilidades.
Bien lo dijo nuestro compañero César Antillanca, padre de Gonzalo Julián Antillanca, asesinado por la policía en Trelew en 2010, que fue invitado a participar de la campaña como familiar de víctima, y que, conociendo la farsa que ésta representa, tomó el micrófono para decir, entre otras grandes verdades: “Si hay alguien que depende de los poderes ejecutivos provinciales y nacional son los sistemas de seguridad. (…) Que no nos quieran hacer creer que nosotros somos víctimas de un gobierno paralelo”.
El despliegue de carpas, escenarios y folletos a todo color –algunos plagiados, como la versión K que elaboraron del “Manual del Pequeño Detenido” de CORREPI- no debe confundirnos, y hacernos creer que están para cuidarnos. La pretensión de esta campaña es clara: invitar a todo aquel que quiera hacer algo por los pibes asesinados, torturados, o detenidos ilegalmente a usar las vías que ellos proponen, que no son más que las vías del engaño. Sabemos que, a través del estado, no se puede eliminar la represión. Únicamente la organización independiente de quienes nos reprimen es el camino para luchar. CONTRA LA REPRESIÓN ¡ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE Y LUCHA CONSECUENTE!

El espía de Nilda Garré
Aunque no todos recordaran su nombre, no hubo militante que no reconociera al oficial de la policía federal Américo Alejandro Balbuena cuando la Agencia de noticias alternativas Rodolfo Walsh denunció al infiltrado y comenzó a circular su foto.
Hoy sabemos que su cotidiana presencia en cuanta marcha, acto, conflicto, corte o movilización popular hubiera no respondía a su compromiso con la información alternativa, sino que era liso y llano “cumplimiento del deber”. Desde 2002, y sin solución de continuidad, el oficial de inteligencia de la PFA trabajó infiltrado como movilero de la Agencia Walsh, además de conducir programas de radio, como “Nada es casual”, que se emitía durante 2008 en AM770 (Radio Cooperativa). Por ejemplo, el 15 de julio de 2011, el oficial Balbuena cubrió la conferencia de prensa en la que una gran cantidad de organizaciones anunciamos la promoción de la denuncia penal contra el burócrata Gerardo Martínez, de la UOCRA, por su tarea como espía de la dictadura desde el Batallón 601. Allí, el colega federal del denunciado entrevistó a Enrique “Cachito” Fukman de la AEDD; a Oscar Castro del SITRAIC y a María del Carmen Verdú de CORREPI.
Según informó un comunicado del ministerio de Seguridad del mismo día en que los compañeros de la Agencia Walsh hicieron pública la identidad del infiltrado oficial de inteligencia de la PFA, " Nilda Garré requirió un informe urgente al jefe de la Policía Federal sobre las tareas que desempeñaba Américo Alejandro Balbuena y sobre otros efectivos del área de reunión de información; resolvió iniciar una investigación sumaria y pasar a disponibilidad preventiva a personal de inteligencia de la Policía Federal Argentina para contribuir a esclarecer si las tareas que realizaba están comprendidas o no dentro de las funciones asignadas a la fuerza por la ley de Inteligencia”.
Desde CORREPI afirmamos que no tiene la menor importancia establecer si las “tareas” son de las legalmente asignadas a la PFA por la ley de Inteligencia. La legalidad es lo que los mismos que nos espían dicen que es. Lo que el episodio prueba, de nuevo, es que, por dentro o por fuera de la legalidad normativa, el gobierno espía a las organizaciones del pueblo trabajador. Por más de 11 años, un oficial de inteligencia de la PFA cobró su sueldo mensualmente, sin cumplir para la fuerza otra función que la que tuvo ordenada: infiltrarse en una agencia de periodismo alternativo de reconocido prestigio militante, a cuyos compañeros todas las organizaciones abrimos nuestras puertas porque están junto a nosotros en todas las luchas. Ni Garré ni nadie en el gobierno necesita pedir informes a sus subordinados para saber qué hizo el oficial Balbuena durante más de una década: ellos le pagaban para que lo hiciera. ¿O creían que estaba dirigiendo el tránsito?
El Proyecto X (también de más de una década de existencia, aunque modernizado y perfeccionado en los últimos años), y el oficial Balbuena simplemente muestran la única cara del “gobierno de los DDHH”. Como dijimos entonces, “para el que quiera ver las cosas como realmente son, ahí están los hechos, indiscutibles, y confesos”.

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¿Un Estado sin pueblo?

Roberto Fermín Bertossi (RIO NEGRO ON LINE)

Sin titubeos, sostenemos que el Estado es una creación jurídico-política del pueblo. Es decir, debemos entender y asimilar, en términos generales, que todo Estado, en cuanto tal, obedece y se subordina a la organización política y jurídica propia de un pueblo en un determinado territorio.

De modo tal que el pueblo es "el padre" del Estado y éste debe subordinarse democrática y razonablemente a aquél.

Consecuentemente, el Estado deriva del conjunto de normas jurídicas que el pueblo se da para sí mismo con el propósito de regular y subordinar los derechos y libertades individuales al bien común, al interés público y a la paz social, pero a nadie más y en ninguna circunstancia.

Ninguna libertad, ningún derecho y ningún deber tienen su origen en ningún Estado. Todo lo contrario. El hombre (varón y mujer) nace natural, libre e independientemente del Estado.

Cualquier moderación a la libertad, a un derecho o a un deber es una autogestión y acción ciudadana consistente en las leyes acordadas legislativamente por el pueblo y ejecutoriadas por otro poder ejecutivo/operativo; esto es: funcionarios y servidores públicos de los tres poderes de la república, que tienen el deber ineludible de servir a la comunidad, pero jamás servirse de ella impunemente.

Con esa perspectiva, única posible en términos y categorías democrático-republicanas, toda autoridad pública es investida, en cuanto tal, sólo por el pueblo, esto es, la ley según la Constitución.

Ninguna autoridad pública entonces puede pretender siquiera, salvo dictaduras o autocracias, situarse por encima de la ley o, menos que menos, en contra de la Constitución y de la ley.

Por lo tanto, queda claro que un Estado de derecho se refleja en un esquema metodológico cuyo anverso exterior exhibe el ámbito y dominio privado en los cuales todo está permitido salvo lo expresamente prohibido por la ley y, por el contrario, su mínimo reverso interior contiene las normas e institutos jurídicos encargados de las relaciones jurídicas concernientes al dominio público donde todo está prohibido salvo aquello expresamente autorizado por la ley.

Bueno, a esta altura, y entre nosotros, estamos en presencia de verdades lógicamente irrefutables respecto de la relación pueblo-Estado, siendo posible, mediante este enfoque académico y observatorio institucional, verificar los reales parámetros de nuestra calidad e intensidad del sistema democrático argentino en tanto y en cuanto se precie de tal.

La suerte de nuestra Argentina y la de su evolución como nación dependen más que nada de su razonabilidad, proporcionalidad, respeto e inclusión del hombre común, cobrando simultáneamente conciencia plena de que el hombre nace libre y que solamente con su autorización, que será la autorización del pueblo, su conducta puede encontrar limitaciones o restricciones en el ámbito de la Constitución y de la ley; solamente en ellas.

Roberto Fermín Bertossi es investigador Universidad Nacional de Córdoba.

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Argentina: Denuncian a la policía jujeña por torturas

ANRED

Ante la falta de respuestas de los funcionarios locales, una delegación viajó a Buenos Aires para difundir la situación. “En San Pedro de Jujuy, la policía provincial usa los mismos métodos de tortura implementados en la dictadura militar”, señalan en un comunicado. Ya son dos las víctimas fatales por el accionar policial.

Víctimas de apremios ilegales y torturas de Jujuy, acompañados por familiares e integrantes de diferentes espacios sociales y de derechos humanos, viajaron a Buenos Aires para denunciar la violencia que sufren a manos de la policía local. Mediante un comunicado de prensa, también, remarcaron la falta de respuestas del gobernador Eduardo Fellner, del Ministro de Gobierno y Justicia, Oscar Insausti, y de la Secretaria de Derechos Humanos, Natacha Fraijo.

“En octubre de 2012 –afirma el texto– se puso en conocimiento a la Dra. Fraijo”, mediante denuncias legales y públicas, “de que en San Pedro de Jujuy la policía provincial usa los mismos métodos de torturas implementados en la dictadura militar”.

Con el acompañamiento de organismos de derechos humanos, a su vez, acercaron informes a la Comisión de DD.HH. de la Legislatura, y días después, en una reunión efectuada en el salón blanco de la Casa de Gobierno con Insausti, Freijo y Remo Carlotto –Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Legislatura–, entre otros funcionarios, ofrecieron una descripción minuciosa de los delitos que comete la policía jujeña.

Sin embargo, aún no recibieron respuestas del Gobierno.

Las denuncias señalan el uso de mecanismos de tortura tales como el “submarino seco” o el simulacro de fusilamiento.

Juan Martín Gómez –una de las víctimas fatales, al igual que Jorge Salazar, del accionar de la policía jujeña– había sido detenido más de una vez por la Brigada de Investigaciones, sin que se le comprobara delito alguno. En una de las detenciones, mientras estaba esposado, los policías le pegaron y lo asfixiaron. Cuando el papá de Martín fue a hacer la denuncia, el secretario de la Fiscalía le contestó que no se la podía tomar porque, en ese momento, el fiscal no estaba disponible. Pese a que se fue con el compromiso de que se comunicarían con él para que les contara los hechos, no se volvieron a contactar.

El papá de Martín relató que policías jujeños obligaban a su hijo a entrar y sacar paco del país, por la frontera entre Argentina y Bolivia.

Un día, Martín se despidió de él con un “ya vuelvo”, pero no regresó. Según la policía, Martín entró a robar a la casa de un oficial y, mientras trataba de escapar, se asfixió con su campera. Cuando el papá solicitó acceder al registro de la causa, sin embargo, le denegaron el permiso.

Uno de los testimonios que figuran en el informe que difundió la delegación que está en Buenos Aires es el de Fabián Flores, de 21 años. “En febrero del año pasado –relata–, los de la novena y la Infantería (…) me tiraron al piso, en el monte, y me dispararon con la itaca, a menos de un metro de distancia”. Fabián terminó con 26 balas de goma en el cuerpo.

Esta misma semana, policías de San Pedro volvieron a torturarlo.

Según relató Pablo, integrante de la delegación que está en Buenos Aires para denunciar la situación y militante del Movimiento 24 de Marzo Nunca Más, “Fabián estaba con su hermana, en el Barrio San Miguel, cuando pasó un coche de la policía, con oficiales que, según cuenta él, estaban ebrios. Los insultaron, él respondió, y después, cuando fue para su casa, vio que estaban esperándolo. Él entró a la casa y los policías entraron con él, de una manera completamente ilegal. Forcejearon, pero consiguieron detenerlo”. En la Comisaría 9 de San Pedro, los policías le sacaron la ropa, le tiraron agua, le pegaron, le saltaron encima y, después, lo torturaron con una picana.

Finalmente, fue liberado ayer a las 18, con marcas y dolores en todo el cuerpo.

Ante esa realidad, la delegación –que estará en Buenos Aires hasta el miércoles que viene– solicita el acompañamiento de quienes son “conscientes de que la defensa de los derechos humanos es una tarea que contiene pero supera las acciones en pro de la memoria, más aún cuando las prácticas relatadas, los lugares mencionados (como la regional 9 de San Pedro) y aún las redes de intereses, tienen una clara relación de continuidad con la última dictadura patronal-militar”.

ANRed: ¿Los recibió algún funcionario del Gobierno nacional?

Pablo: Hablamos con Ana Oberlin, de la Secretaría de Derechos Humanos. Nos dijo que iban a tratar de hablar con el representante de DD.HH. en Jujuy, a ver si él podía hacer algo o les podía pasar un informe. Pero que, igual, mucho no podían hacer. Que teníamos que ir a la Secretaría de Justicia, a cargo de Julián Álvarez. Fuimos, y nos dijeron que teníamos que ir a Derechos Humanos. Es así. Se tiran la responsabilidad los unos a los otros. Todos se cubren con que la provincia es autónoma. Pero que hagan algo para que dejen de pegarle a los pibes.

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