lunes, 13 de mayo de 2013

«Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina

Maristella Svampa (REVISTA NUEVA SOCIEDAD)

El «Consenso de los Commodities» subraya el ingreso de América Latina en un nuevo orden económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes. Este orden va consolidando un estilo de desarrollo neoextractivista que genera ventajas comparativas, visibles en el crecimiento económico, al tiempo que produce nuevas asimetrías y conflictos sociales, económicos, ambientales y político-culturales. Tal conflictividad marca la apertura de un nuevo ciclo de luchas, centrado en la defensa del territorio y del ambiente, así como en la discusión sobre los modelos de desarrollo y las fronteras mismas de la democracia.

Introducción

En el último decenio, América Latina realizó el pasaje del Consenso de Washington, asentado sobre la valorización financiera, al «Consenso de los Commodities», basado en la exportación de bienes primarios en gran escala. En este artículo

utilizamos el concepto de commodities en un sentido amplio, como «productos indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente»1, o como «productos de fabricación, disponibilidad y demanda mundial, que tienen un rango de precios internacional y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento»2. Ambas definiciones incluyen desde materias primas a granel hasta productos semielaborados o industriales. Para el caso de América Latina, la demanda de commodities está concentrada en productos alimentarios, como el maíz, la soja y el trigo, así como en hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros)3.

Así, si bien es cierto que la explotación y exportación de materias primas no son actividades nuevas en América Latina, resulta claro que en los últimos años del siglo xx, en un contexto de cambio del modelo de acumulación, se ha intensificado notoriamente la expansión de megaproyectos tendientes al control, la extracción y la exportación de bienes naturales, sin mayor valor agregado. Por ende, lo que de modo general aquí denominamos «Consenso de los Commodities» subraya el ingreso en un nuevo orden, a la vez económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes, lo cual genera indudables ventajas comparativas visibles en el crecimiento económico y el aumento de las reservas monetarias, al tiempo que produce nuevas asimetrías y profundas desigualdades en las sociedades latinoamericanas.

En términos de consecuencias, el «Consenso de los Commodities» es un proceso complejo y vertiginoso que debe ser leído desde una perspectiva múltiple, a la vez económica y social, política e ideológica, cultural y ambiental. En razón de ello, para ilustrar esta problemática proponemos al lector una presentación en tres partes. En primer lugar, avanzaremos en una conceptualización de lo que entendemos por «Consenso de los Commodities» y las formas que asume el actual estilo de desarrollo neoextractivista. En segundo lugar, proponemos un recorrido breve por lo que hemos denominado el «giro ecoterritorial», como expresión de los nuevos lenguajes de valoración que atraviesan las luchas socioambientales en el continente. En fin, cerraremos con una referencia a los desafíos que hoy afronta gran parte de las organizaciones sociales y del pensamiento crítico latinoamericano.

Hacia una conceptualización de la nueva fase

En primer lugar, desde el punto de vista económico y social, la demanda de commodities ha originado un importante proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas, al acentuar la reorientación de estas hacia actividades primarias extractivas o maquilas, con escaso valor agregado4. Esta dinámica regresiva se ve agravada por el ingreso de potencias emergentes, como es el caso de China, país que de modo acelerado se va imponiendo como un socio desigual en lo que respecta al intercambio comercial con la región5. Asimismo, este proceso de reprimarización viene también acompañado por una tendencia a la pérdida de soberanía alimentaria, hecho ligado a la exportación de alimentos en gran escala cuyo destino es el consumo animal o, de modo creciente, la producción de biocombustibles, lo cual comprende desde la soja hasta los cultivos de palma o los fertilizantes.

En segundo lugar, desde el punto de vista de la lógica de acumulación, el nuevo «Consenso de los Commodities» conlleva la profundización de la dinámica de desposesión6 o despojo de tierras, recursos y territorios y produce nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación. Entre los elementos comunes de esta dinámica podemos destacar la gran escala de los emprendimientos, la tendencia a la monoproducción o la escasa diversificación económica y una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva. En efecto, en función de una mirada productivista y eficientista del desarrollo, se alienta la descalificación de otras lógicas de valorización de los territorios, los cuales son considerados como socialmente vaciables, o lisa y llanamente como «áreas de sacrificio», en aras del progreso selectivo.

No es casual que una parte importante de la literatura crítica de América Latina considere que el resultado de estos procesos es la consolidación de un estilo de desarrollo neoextractivista7, que puede ser definido como aquel patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como «improductivos». El neoextractivismo instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras, al expulsar o desplazar a comunidades rurales, campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión ciudadana.

Así caracterizado, el neoextractivismo desarrollista contempla actividades consideradas tradicionalmente como tales (minería y explotación de hidrocarburos) y aquellas ligadas al nuevo sistema agroalimentario, como los agronegocios o la producción de biocombustibles8. Incluye también aquellos proyectos de infraestructura previstos por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (iirsa), programa consensuado por varios gobiernos latinoamericanos en el año 2000 en materia de transporte (hidrovías, puertos, corredores bioceánicos, entre otros), energía (grandes represas hidroeléctricas) y comunicaciones, cuyo objetivo estratégico es facilitar la extracción y exportación de las materias primas hacia sus puertos de destino.

La escala de los emprendimientos nos advierte también sobre la gran envergadura de las inversiones (se trata de actividades capital-intensivas y no trabajo-intensivas), así como sobre el carácter de los actores involucrados y la concentración económica (grandes corporaciones transnacionales)9. En razón de ello y de modo similar al pasado, este tipo de emprendimientos tiende a consolidar enclaves de exportación asociados a una lógica neocolonial, que generan escasos encadenamientos productivos endógenos, operan una fuerte fragmentación social y regional y van configurando espacios socioproductivos dependientes del mercado internacional. Así, la megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética (que incluye también la explotación de gas no convencional o shale gas, con la tan cuestionada metodología del fracking), la construcción de grandes represas hidroeléctricas, la expansión de la frontera pesquera y forestal, en fin, la generalización del modelo de agronegocios (soja y biocombustibles), constituyen las figuras emblemáticas del neoextractivismo desarrollista.

Por otro lado, la misma expresión «Consenso de los Commodities» conlleva una carga no solo económica sino también político-ideológica, pues alude a la idea de que existiría un acuerdo –tácito, aunque, con el paso de los años, cada vez más explícito– acerca del carácter irrevocable o irresistible de la actual dinámica extractivista, dada la conjunción entre la creciente demanda global de bienes primarios y las riquezas existentes, potenciada por la visión «eldoradista » de una América Latina como lugar por excelencia de abundantes recursos naturales. Esta conjunción, que en economía adopta el nombre tradicional de «ventajas comparativas»10, ha ido cimentando las bases de una ilusión desarrollista que recorre, más allá de las diferencias y los matices, el conjunto de los países latinoamericanos.

De este modo, nos interesa subrayar que, más allá de las diferencias entre los regímenes políticos hoy existentes, el «consenso» sobre el carácter irresistible de la inflexión extractivista terminaría por funcionar como un umbral u horizonte histórico-comprensivo respecto de la producción de alternativas y suturaría así la posibilidad misma de un debate. La aceptación –tácita o explícita– de tal «consenso» contribuye a instalar un nuevo escepticismo o ideología de la resignación que refuerza, en el límite, la «sensatez y razonabilidad » de un capitalismo progresista, al imponer la idea de que no existirían otras alternativas al actual estilo de desarrollo extractivista. En consecuencia, todo discurso crítico u oposición radical terminaría por instalarse en el campo de la antimodernidad o la negación del progreso, o simplemente en el de la irracionalidad y el fundamentalismo ecologista.

Sin embargo, la actual etapa puede leerse tanto en términos de rupturas como de continuidades en relación con el anterior periodo del Consenso de Washington. Ruptura, pues existen elementos importantes de diferenciación respecto de los años 90. Recordemos que el Consenso de Washington colocó en el centro de la agenda la valorización financiera y conllevó una política de ajustes y privatizaciones, lo cual terminó por redefinir el Estado como un agente metarregulador.

Asimismo, operó una suerte de homogeneización política en la región, marcada por la identificación o fuerte cercanía con las recetas del neoliberalismo. A diferencia de ello, en la actualidad, el «Consenso de los Commodities » coloca en el centro la implementación masiva de proyectos extractivos orientados a la exportación y establece así un espacio de mayor flexibilidad en cuanto al rol del Estado. Esto permite el despliegue y la coexistencia entre gobiernos progresistas, que han cuestionado el consenso neoliberal en su versión ortodoxa, y aquellos otros gobiernos que continúan profundizando una matriz política conservadora en el marco del neoliberalismo.

Pero también hay continuidades, ya que existen claras líneas de filiación entre los 90 y la actualidad, que remiten a diferentes planos. Por un lado, una de las continuidades se vincula al mantenimiento de las bases normativas y jurídicas que permitieron la actual expansión del modelo extractivista, al garantizar «seguridad jurídica» a los capitales y una alta rentabilidad empresarial.

Asimismo, aun en los casos en que el Estado adopta un rol activo (a través de las expropiaciones), durante la etapa de los commodities las nuevas normativas tienden a confirmar la asociación con los capitales transnacionales.

En un plano general, la confirmación de América Latina como una «economía adaptativa» respecto de los diferentes ciclos de acumulación y, por ende, la aceptación del lugar que la región ocupa en la división global del trabajo constituyen uno de los núcleos duros que atraviesan sin solución de continuidad el Consenso de Washington y el «Consenso de los Commodities», más allá de que los gobiernos progresistas enfaticen una retórica industrialista y emancipatoria que reivindica la autonomía económica y la soberanía nacional, y de que postulen la construcción de un espacio político latinoamericano. En nombre de las «ventajas comparativas» o de la pura subordinación al orden geopolítico mundial, según los casos, los gobiernos progresistas, así como aquellos más conservadores, tienden a aceptar como «destino» el nuevo «Consenso de los Commodities», que históricamente ha reservado a América Latina el rol de exportador de naturaleza, minimizando las enormes consecuencias ambientales, los efectos socioeconómicos (los nuevos marcos de la dependencia y la consolidación de enclaves de exportación) y su traducción política (disciplinamiento y formas de coerción sobre la población).

Por último, pese a la tendencia a querer erigirse en «discurso único», el «Consenso de los Commodities» aparece atravesado por una serie de ambivalencias, contradicciones y paradojas, ligadas de manera abierta a la enorme y creciente conflictividad socioambiental que la dinámica extractivista genera, así como también a los múltiples cruces existentes entre dinámica neoliberal, concepción del desarrollo, izquierdas y progresismo populista. En efecto, tradicionalmente, en América Latina, gran parte de las izquierdas y del progresismo populista suelen sostener una visión productivista del desarrollo, que privilegia una lectura en términos de conflicto entre capital y trabajo, y tiende a minimizar o coloca escasa atención en las nuevas luchas sociales concentradas en la defensa del territorio y los bienes comunes. En este marco político-ideológico tan cegado por la visión productivista y tan refractario a los principios del paradigma ambiental, la actual dinámica de desposesión se convierte en un punto ciego, no conceptualizable. Como consecuencia de ello, las problemáticas socioambientales son consideradas como una preocupación secundaria o lisa y llanamente sacrificable, en vistas de los graves problemas de pobreza y exclusión de las sociedades latinoamericanas.

En la visión progresista, el «Consenso de los Commodities» aparece asociado a la acción del Estado como productor y regulador, así como a una batería de políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables, cuya base misma es la renta extractivista (petróleo, gas y minería). Ciertamente, no es posible desdeñar la recuperación de ciertas herramientas y capacidades institucionales por parte del Estado, que ha vuelto a erigirse en un actor económico relevante y, en ciertos casos, en un agente de redistribución. Sin embargo, en el marco de las teorías de la gobernanza mundial, que tienen por base la consolidación de una nueva institucionalidad a partir de marcos supranacionales o metarreguladores, la tendencia no es precisamente a que el Estado nacional devenga un «megaactor», o a que su intervención garantice cambios de fondo. Al contrario, la hipótesis de máxima apunta al retorno de un Estado moderadamente regulador, capaz de instalarse en un espacio de geometría variable, esto es, en un esquema multiactoral (de complejización de la sociedad civil, ilustrada por movimientos sociales, ong y otros actores), pero en estrecha asociación con los capitales privados multinacionales, cuyo peso en las economías nacionales es cada vez mayor. Ello coloca límites claros a la acción del Estado nacional, y un umbral inexorable a la propia demanda de democratización de las decisiones colectivas por parte de las comunidades y poblaciones afectadas por los grandes proyectos extractivos.

Tampoco hay que olvidar que el retorno del Estado en sus funciones redistributivas se afianza sobre un tejido social muy vulnerable, lo que fue acentuado por las transformaciones de los años neoliberales, y que las actuales políticas sociales se presentan en muchos casos en continuidad –abierta o solapada– con aquellas políticas compensatorias difundidas en los años 90 mediante las recetas del Banco Mundial (bm). En este contexto, y mal que le pese, el neodesarrollismo progresista comparte con el neodesarrollismo liberal tópicos y marcos comunes, aun si busca establecer notorias diferencias en cuanto a las esferas de democratización.

Los escenarios latinoamericanos más paradójicos del «Consenso de los Commodities » son los que presentan Bolivia y Ecuador. El tema no es menor, dado que ha sido en estos países donde, en el marco de fuertes procesos participativos, se han ido pergeñando nuevos conceptos-horizonte como los de descolonización, Estado plurinacional, autonomías, «buen vivir» y derechos de la naturaleza. Sin embargo, y más allá de la exaltación de la visión de los pueblos originarios en relación con la naturaleza (el «buen vivir»), inscripta en el plano constitucional, en el transcurrir del nuevo siglo y con la consolidación de estos regímenes, otras cuestiones fueron tomando centralidad, vinculadas a la profundización de un neodesarrollismo extractivista.

Sea en el lenguaje crudo de la desposesión (neodesarrollismo liberal) o en aquel que apunta al control del excedente por parte del Estado (neodesarrollismo progresista), el actual estilo de desarrollo se apoya sobre un paradigma extractivista, se nutre de la idea de «oportunidades económicas» o «ventajas comparativas» proporcionadas por el «Consenso de los Commodities», y despliega ciertos imaginarios sociales (sobre la naturaleza y el desarrollo) que desbordan las fronteras político-ideológicas que los años 90 habían erigido. Así, por encima de las diferencias que es posible establecer en términos político-ideológicos y de los matices que podamos hallar, tales posiciones reflejan la tendencia a consolidar un modelo de apropiación y explotación de los bienes comunes que avanza sobre las poblaciones con una lógica vertical (desde arriba hacia abajo), colocando en un gran tembladeral los avances producidos en el campo de la democracia participativa e inaugurando un nuevo ciclo de criminalización y violación de los derechos humanos.

En suma, fuera de toda linealidad, desde esta perspectiva múltiple, el «Consenso de los Commodities» va configurando un espacio de geometría variable en el cual es posible operar una suerte de movimiento dialéctico, que sintetiza las continuidades y rupturas en un nuevo escenario que legítimamente puede caracterizarse como posneoliberal, sin que esto signifique empero la salida del neoliberalismo11.

Territorio y lenguajes de valoración12

Una de las consecuencias de la actual inflexión extractivista ha sido la explosión de conflictos socioambientales que tienen por protagonistas a organizaciones indígenas y campesinas, así como de nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de los bienes naturales, la biodiversidad y el ambiente.`

Entendemos por conflictos socioambientales aquellos ligados al acceso y control de los bienes naturales y el territorio, que suponen, por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno de ellos, en un
contexto de gran asimetría de poder. Estos conflictos expresan diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza y el ambiente, al tiempo que van estableciendo una disputa acerca de lo que se entiende por desarrollo y, de manera más general, por democracia. Ciertamente, en la medida en que los múltiples megaproyectos tienden a reconfigurar el territorio en su globalidad, no solo se ponen en jaque las formas económicas y sociales existentes, sino también el alcance mismo de la democracia, pues esos proyectos se imponen sin el consenso de las poblaciones y generan así fuertes divisiones en la sociedad y una espiral de criminalización y represión de las resistencias.

En este contexto, la explosión de conflictos socioambientales ha tenido como correlato aquello que Enrique Leff llamara la «ambientalización de las luchas indígenas y campesinas y la emergencia de un pensamiento ambiental latinoamericano»13. En este entramado también se insertan los nuevos movimientos socioambientales, rurales y urbanos (en pequeñas y medianas localidades), de carácter policlasista, caracterizados por un formato asambleario y una importante demanda de autonomía. Asimismo, juegan un rol no menor ciertas ong ambientalistas –sobre todo, pequeñas organizaciones, muchas de las cuales combinan la política de lobby con una lógica de movimiento social– y diferentes colectivos culturales, en los cuales abundan intelectuales y expertos, mujeres y jóvenes, que no solo acompañan la acción de organizaciones y movimientos sociales, sino que en muchas ocasiones forman parte de ellos. Esto significa que estos actores deben ser considerados menos como «aliados externos» y mucho más como actores con peso propio en el interior del nuevo entramado organizacional.

En este contexto, lo más novedoso es la articulación entre actores diferentes (movimientos indígenas-campesinos, movimientos socioambientales, ong ambientalistas, redes de intelectuales y expertos, colectivos culturales), que se traduce en un diálogo de saberes y disciplinas que conduce a la emergencia de un saber experto independiente de los discursos dominantes y a la valorización de saberes locales, muchos de ellos de raíz campesina-indígena. Estos lenguajes de valoración acerca de la territorialidad han ido impulsando la sanción de leyes y normativas, incluso de marcos jurídicos que apuntan a la construcción de una nueva institucionalidad ambiental, en oposición a las actuales políticas públicas de corte extractivista.

En términos generales, y por encima de las marcas específicas (que dependen, en mucho, de los escenarios locales y nacionales), la dinámica de las luchas socioambientales en América Latina da lugar a lo que hemos denominado «giro ecoterritorial», esto es, un lenguaje común que ilustra el cruce innovador entre matriz indígena-comunitaria, defensa del territorio y discurso ambientalista: bienes comunes, soberanía alimentaria, justicia ambiental y «buen vivir» son algunos de los tópicos que expresan este cruce productivo entre matrices diferentes. En este sentido, es posible hablar de la construcción de marcos comunes de la acción colectiva, que funcionan no solo como esquemas de interpretación alternativos, sino como productores de una subjetividad colectiva.

Así, a contrapelo de la visión dominante, los bienes naturales no son comprendidos como commodities, esto es, como pura mercancía, pero tampoco exclusivamente como recursos naturales estratégicos, como apunta a circunscribir el neodesarrollismo progresista. Por encima de las diferencias, uno y otro lenguaje imponen una concepción utilitarista que implica el desconocimiento de otros atributos y valoraciones –que no pueden representarse mediante un precio de mercado, aunque algunos lo tengan–. En contraposición a esta visión, la noción de bienes comunes alude a la necesidad de mantener fuera del mercado aquellos bienes que, por su carácter de patrimonio natural, social o cultural, pertenecen al ámbito de la comunidad y poseen un valor que rebasa cualquier precio14.

Resulta imposible hacer una lista de las redes autoorganizativas, nacionales y regionales de carácter ambiental que hoy existen en América Latina. A título de ejemplo, podemos mencionar la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), nacida en 1999 en Perú; la Unión de Asambleas Ciudadanas (uac) surgida en Argentina en 2006, que congrega organizaciones de base que cuestionan la megaminería, el modelo de agronegocios y, de manera más reciente, el fracking; la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (anaa) de México, creada en 2008 contra la megaminería, las represas hidroeléctricas, la urbanización salvaje y las megagranjas industriales. Entre las redes transnacionales podemos citar la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (caoi), que desde 2006 agrupa organizaciones de Perú, Bolivia, Colombia y Chile y aboga por la creación de un Tribunal de Delitos Ambientales. Por último, son varios los observatorios consagrados a estos temas, entre ellos, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (olca), creado en 1991 y con sede en Chile, y el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal), fundado en 1997 y que articula más de 40 organizaciones, entre las cuales se halla Acción Ecológica de Ecuador.

Entre todas las actividades extractivas, la más cuestionada hoy en América Latina es la minería metalífera a gran escala. En efecto, en la actualidad no hay país latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no tenga conflictos sociales que enfrenten a las empresas mineras y el gobierno contra las comunidades: México, varios países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá), Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile15. Según el Ocmal16, existen actualmente 184 conflictos activos, cinco de ellos transfronterizos, que involucran a 253 comunidades afectadas a lo largo de toda la región. Este contexto de conflictividad contribuye directa o indirectamente a la judicialización de las luchas socioambientales y a la violación de derechos que, en no pocos casos, como en Perú, Panamá y México, ha culminado en asesinatos de activistas17.

En suma, lo que definimos como giro ecoterritorial apunta a la expansión de las fronteras del derecho al tiempo que expresa una disputa societal en torno de lo que se entiende o debe entenderse por «verdadero desarrollo» o «desarrollo alternativo», «sustentabilidad débil o fuerte». Al mismo tiempo, coloca en debate conceptos tales como los de soberanía, democracia y derechos humanos: en efecto, sea en un lenguaje de defensa del territorio y los bienes comunes, de los derechos humanos, de los derechos colectivos de los pueblos originarios, de los derechos de la naturaleza o del «buen vivir», la demanda de las poblaciones se inscribe en el horizonte de una democracia radical, que incluye la democratización de las decisiones colectivas y, más aún, del derecho de los pueblos a decir «no» frente a proyectos que afectan fuertemente las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y comprometen el porvenir de las futuras generaciones.

Los desafíos para las organizaciones y el pensamiento crítico

El actual proceso de construcción de territorialidad tiene lugar en un espacio complejo, en el cual se entrecruzan lógicas de acción y racionalidades portadoras de valoraciones diferentes. De modo esquemático, puede afirmarse que existen diferentes lógicas de territorialidad, según nos refiramos a los grandes actores económicos (corporaciones, elites económicas), a los Estados (en sus diversos niveles) o a los diferentes actores sociales organizados o intervinientes en el conflicto. Las lógicas territoriales de las corporaciones y las elites económicas se enmarcan en un paradigma economicista, el de la producción de commodities, que señala la importancia de transformar los espacios donde se encuentran los bienes naturales en territorios eficientes y productivos. Por su parte, la lógica estatal, en sus diversos niveles, suele insertarse en un espacio de geometría variable, que apunta a articular una visión de los bienes naturales como commodities y, al mismo tiempo, como recursos naturales estratégicos (una visión ligada al control estatal de la renta extractivista), eludiendo toda consideración que incluya, como proponen movimientos sociales, organizaciones indígenas e intelectuales críticos, una perspectiva en términos de bienes comunes.

Dicho esto, es necesario reconocer la existencia de diferentes obstáculos, vinculados a las dificultades propias de los movimientos y espacios de resistencia, atravesados a veces por demandas contradictorias, así como por la persistencia de determinados imaginarios sociales en torno del desarrollo. Así, una de las dificultades aparece reflejada en la persistencia de una mirada «eldoradista» sobre los bienes naturales, que se encuentra extendida incluso en comunidades indígenas y determinadas organizaciones sociales18.

Otro de los problemas existentes es la desconexión entre las redes y organizaciones que luchan contra el extractivismo, más ligadas al ámbito rural y a las pequeñas localidades, y los sindicatos urbanos, que representan a importantes sectores de la sociedad y que en varios países (México, Argentina, Brasil, entre otros) tienen un fuerte protagonismo social. La falta de puentes entre estos movimientos es casi total, y ello reenvía también a la presencia de un fuerte imaginario desarrollista en los trabajadores de las grandes ciudades, generalmente ajenos a las problemáticas ambientales de las pequeñas y medianas localidades. En todo caso, la lejanía respecto de los grandes nodos urbanos ha contribuido a reforzar las fronteras entre campo y ciudad, entre la sierra, la selva y la costa, como en Perú y Colombia; o entre las pequeñas localidades y las grandes ciudades, como en Argentina, en la medida en que estos megaproyectos (mineras, agronegocios, represas, fracking, entre otros) solo afectan de manera indirecta a las ciudades. Esto se ve reforzado por los procesos de fragmentación territorial, producto de la implementación de proyectos extractivistas y de la consolidación de enclaves de exportación.

En este escenario, el avance del extractivismo es muy vertiginoso, y en no pocos casos las luchas se insertan en un espacio de tendencias contradictorias, que ilustran la complementariedad entre izquierdas tradicionales, lenguaje progresista y modelo extractivista. Pese a ello, la colisión entre, por un lado, gobiernos latinoamericanos y, por el otro, movimientos y redes socioambientales contestatarios en torno a la política extractiva no ha cesado de acentuarse. Asimismo, la criminalización y la sucesión de graves hechos de represión se han incrementado notoriamente y ya recorren un amplio arco de países, desde México y Centroamérica hasta Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina. En este marco de fuerte conflictividad, la disputa por el modelo de desarrollo deviene entonces en el verdadero punto de bifurcación de la época actual.

Por otro lado, no es menos cierto que el «Consenso de los Commodities» abrió una brecha, una herida profunda en el pensamiento crítico latinoamericano, que en la década de 1990 mostraba rasgos mucho más aglutinantes frente al carácter monopólico del neoliberalismo como usina ideológica. Así, el presente latinoamericano refleja diversas tendencias políticas e intelectuales, entre aquellos posicionamientos que proponen un capitalismo «sensato y razonable», capaz de aunar extractivismo y progresismo, y posicionamientos críticos que cuestionan abiertamente el modelo de desarrollo extractivista hegemónico.

En un contexto de retorno del concepto de desarrollo como gran relato, y en sintonía con los cuestionamientos propios de las corrientes indigenistas, el campo del pensamiento crítico ha retomado la noción de «post-desarrollo» (elaborada por Arturo Escobar19), así como elementos propios de una concepción «fuerte» de la sustentabilidad. En esta línea, la perspectiva del post-desarrollo ha venido promoviendo valoraciones de la naturaleza que provienen de otros registros y cosmovisiones (pueblos originarios, perspectiva ambientalista, ecocomunitaria, ecofeminista, decoloniales, movimientos ecoterritoriales, entre otros). Así, el pensamiento post-desarrollista se asienta hoy sobre tres ejes-desafíos fundamentales: el primero, el de pensar y establecer una agenda de transición hacia el post-extractivismo. En razón de ello, en varios países de América Latina ha comenzado a debatirse sobre las alternativas al extractivismo y la necesidad de elaborar hipótesis de transición, desde una matriz de escenarios de intervención multidimensional20. Una de las propuestas más interesantes y exhaustivas ha sido elaborada por el Centro Latinoamericano de Ecología Social (claes), bajo la dirección del uruguayo Eduardo Gudynas21, y plantea que la transición requiere de un conjunto de políticas públicas que permitan pensar de manera diferente la articulación entre cuestión ambiental y cuestión social.

Asimismo, Gudynas considera que un conjunto de «alternativas» dentro del desarrollo convencional sería insuficiente frente al extractivismo, con lo cual es necesario pensar y elaborar «alternativas al desarrollo». Por último, subraya que se trata de una discusión que debe ser encarada en términos regionales y en un horizonte estratégico de cambio, en el orden de aquello que los pueblos originarios han denominado «buen vivir». En un interesante ejercicio para el caso peruano, los economistas Pedro Francke y Vicente Sotelo22 demostraron la viabilidad de una transición al post-extractivismo a través de la conjunción de dos medidas: reforma tributaria (mayores impuestos a las actividades extractivas o impuestos a las sobreganancias mineras) para lograr una mayor recaudación fiscal, y una moratoria minera-petrolera-gasífera, respecto de los proyectos iniciados entre 2007 y 2011.

El segundo eje se refiere a la necesidad de indagar a escala local y regional en las experiencias exitosas de alterdesarrollo. En efecto, es sabido que, en el campo de la economía social, comunitaria y solidaria latinoamericana existe todo un abanico de posibilidades y experiencias que es necesario explorar. Pero ello implica una previa y necesaria tarea de valoración de esas otras economías, así como una planificación estratégica que apunte a potenciar las economías locales alternativas (agroecología, economía social, entre otras), que recorren de modo disperso el continente. Por último, también exige contar con mayor protagonismo popular, así como una mayor intervención del Estado (por fuera de todo objetivo o pretensión de tutela política).

El tercer gran desafío es avanzar en una idea de transformación que diseñe un «horizonte de deseabilidad», en términos de estilos y calidad de vida. Gran parte de la pregnancia de la noción de desarrollo se debe al hecho de que los patrones de consumo asociados al modelo hegemónico permean al conjunto de la población. Nos referimos a imaginarios culturales que se nutren tanto de la idea convencional de progreso como de aquello que debe ser entendido como «calidad de vida». Más claro: hoy, la definición de qué es una «vida mejor» aparece asociada a la demanda por la «democratización» del consumo, antes que a la necesidad de llevar a cabo un cambio cultural respecto del consumo y la relación con el ambiente, en función de una teoría diferente de las necesidades sociales.

En fin, son numerosos los desafíos, paradojas y ambivalencias que hoy afronta el pensamiento post-desarrollista, vinculado tanto al proceso de ambientalización de las luchas sociales como, de manera más precisa, a las vertientes más radicales del pensamiento crítico. No obstante, la discusión sobre el postextractivismo se ha abierto, y muy probablemente este sea uno de los grandes debates no solo en el pensamiento latinoamericano del siglo XXI, sino también para el conjunto de nuestras sociedades.

Nota de la autora: este artículo retoma varias ideas planteadas en el libro compilado por Gabriela Massuh: Renunciar al bien común. Extractivismo y (pos)desarrollo en América Latina (Mardulce, Buenos Aires, 2012) y en un texto publicado en la revista del Observatorio Social de América Latina («Consenso de los Commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico latinoamericano» en osal No 32, 9/2012). Para la expresión «Consenso de los Commodities», me he inspirado libremente en el título de un editorial de la revista Crisis de julio de 2011, www.revistacrisis.com.ar/El-consensode-los-commodities.html.

Notas:
1) Andrés Wainer: «Inserción argentina en el comercio mundial: de la restricción externa al desarrollo económico» en Realidad Económica No 264, 11-12/2011, p. 77, disponible en www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-d90c-6211.pdf.
2) «Los commodities» en Mundo Finanzas, 12/6/2012, www.mundofinanzas.es/finanzas/los-commodities/.
3) Es interesante observar cómo, a escala mundial, «la geografía de la extracción es muy diferente a la geografía del consumo». Por ejemplo, América Latina produce 26,2% de la bauxita en el mundo, pero solo consume 2,9%; en cuanto al cobre, produce 45,1% y consume 6,1%; respecto del oro, produce 15,2% del total mundial y consume 3%. Cita y datos extraídos de Horacio Machado Aráoz: Naturaleza mineral. Una ecología política del colonialismo moderno, tesis de doctorado, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, Catamarca, 2012.
4) Tal como observa Ariel Slipak, el concepto de reprimarización alude a un proceso complejo. «Parece haber consenso en que la reprimarización significa una reorientación de los recursos de una economía, o de su perfil productivo, hacia actividades con reducido contenido de valor agregado, predominantemente las primario-extractivas, aunque podemos incluir a la actividad de ensamblaje y otros procesos industriales con escasa utilización de conocimientos». A. Slipak: «De qué hablamos cuando hablamos de reprimarización», 2012, mimeo.
5) En la actualidad, las exportaciones de América Latina hacia China se concentran sobre todo en productos agrícolas y minerales. «Así, para el año 2009 las exportaciones de cobre, hierro y soja representaban 55,7% de las exportaciones totales de la región al país oriental. Al mismo tiempo, los productos que China coloca en América Latina son principalmente manufacturas que cada vez poseen mayor contenido tecnológico». A. Slipak: «Las relaciones entre China y América Latina en la discusión sobre el modelo de desarrollo de la región. Hacia economías reprimarizadas» en Iberoamérica Global vol. 5 No 1, en prensa.
6) David Harvey: «El ‘nuevo imperialismo’: acumulación por desposesión» en Socialist Register, 2004, disponible en bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/social/harvey.pdf. Maristella Svampa: Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet) y profesora de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
7) Eduardo Gudynas: «Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo» y Jürgen Schuldt y Alberto Acosta: «Petróleo, rentismo y subdesarrollo. ¿Una maldición sin solución?» en aavv: Extractivismo, política y sociedad, caap/claes, Quito, 2009. Maristella Svampa: «Néo-‘développementisme’ extractiviste, gouvernements et mouvements sociaux en Amérique latine» en Problèmes d’Amérique Latine No 81, verano de 2011, pp. 103-127; Raúl Zibechi: «Tensiones entre extractivismo y redistribución en los procesos de cambio» en Aldeah, www.aldeah.org/es/raul-zibechitensiones-entre-extractivismo-y-redistribucion-en-los-procesos-de-cambio-de-america-lat, 20/1/2011; G. Massuh: Renunciar al bien común. Extrativismo y (pos) desarrollo en América Latina, Mardulce, Buenos Aires, 2012.
8) E. Gudynas: ob. cit.
9) Colectivo Voces de Alerta: 15 mitos y realidades sobre la minería transnacional en Argentina, El Colectivo / Herramienta, Buenos Aires, 2011.
10) Recordemos que, en la actualidad, son varios los defensores del modelo extractivo que eluden la crítica tradicional, realizada en otras épocas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, v. Raúl Prebisch: Capitalismo periférico. Crisis y transformación, Fondo de Cultura Económica, México, df, 1981), acerca del «deterioro de los términos de intercambio» como cierre y destino final del ciclo económico, pues consideran que perdió vigencia, en función de la creciente demanda de materias primas y el alza de los commodities, así como de la consolidación de una determinada matriz energética y civilizatoria, asentada sobre el consumo creciente de combustibles fósiles. Otros argumentan que la exportación de productos primarios es lo que permite generar las divisas para redistribuir el ingreso y crecer sobre la base de una estrategia mercadointernista, o bien para reorientarlas hacia actividades con mayor contenido de valor agregado.
11) Algunos hablan de «posneoliberalismo neodesarrollista». M. Féliz: «Neoliberalismos, neodesarrollismo y proyectos contrahegemónicos en Suramérica» en Astrolabio No 7, 2011.
12) Retomamos aquí el concepto de Joan Martínez-Alier: El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración, Icaria Antrazo, Barcelona, 2004.
13) E. Leff: «La ecología política en América Latina. Un campo en construcción» en Héctor Alimonda: Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana, Clacso, Buenos Aires, 2006.
14) Plataforma 2012: «Por una verdadera estatización de los recursos energéticos: La crisis de ypf o el fracaso de una política energética» en Plataforma 2012, http://plataforma2012.org/2012/05/15/por-una-verdadera-estatizacion-de-los-recursos-energeticos/, 15/5/2012.
15) Colectivo Voces de Alerta: ob. cit.
16) V. «Sistema de información para la gestión comunitaria de conflictos socio-ambientales mineros en Latinoamérica», http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/.
17) Ocmal: Cuando tiemblan los derechos. Extractivismo y criminalización en América Latina, Ocmal / Acción Ecológica, Quito, 2011.
18) Tomamos esta expresión del sociólogo boliviano René Zavaleta, quien afirmaba que el mito del excedente «es uno de los más fundantes y primigenios en América Latina». Con ello, el autor boliviano hacía referencia al mito «eldoradista» que «todo latinoamericano espera en su alma», ligado al súbito descubrimiento material (de un recurso o bien natural), que genera el excedente como «magia», «que en la mayor parte de los casos no ha sido utilizado de manera equilibrada». Aunque las preocupaciones de Zavaleta poco tenían que ver con la problemática de la sustentabilidad ambiental, creemos legítimo retomar esta reflexión para pensar en el actual retorno de este mito fundante, de larga duración, ligado a la abundancia de los bienes naturales y sus ventajas, en el marco de un nuevo ciclo de acumulación. Por ende, entendemos la «visión eldoradista» de los bienes naturales como una expresión regional de la actual ilusión desarrollista. Ver R. Zavaleta Mercado: Lo nacional-popular en Bolivia [1986], Plural, La Paz, 2009.
19) A. Escobar: «El post-desarrollo como concepto y práctica social» en Daniel Mato (coord.): Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2005, pp. 17-31.
20) Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburg: Más allá del desarrollo, América Libre, Quito, 2012.
21) E. Gudynas: ob. cit.
22) P. Francke y V. Sotelo: «¿Es económicamente viable una economía post extractivista en el Perú?» en Alejandra Alayza y E. Gudynas (eds.): Transiciones. Post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú, Cepes, Lima, 2011.

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Noticias censuradas: Francia. La esclavitud doméstica, una cruel realidad

Anna Piekarec / RFI / 10-05-2013

Tras la Revolución (1789) y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Francia abolió la esclavitud el 4 de febrero de 1794 en la Convención Nacional. Napoleón la restableció el 20 de mayo de 1802. La abolición definitiva llegó el 27 de abril de 1848, pero aún existe.

Francia celebra este 10 de mayo la ‘Jornada nacional de la trata negrera, de la esclavitud y de su abolición’. En el marco de esta celebración, la periodista de RFI Anna Piekarec indagó sobre la esclavitud doméstica, fenómeno que afectaría entre tres y cinco mil personas en Francia.



La esclavitud doméstica en Francia comienza por lo general en el extranjero, explica Sylvie O’Dy, presidenta del Comité contra la esclavitud moderna (CCEM) y autora del libro “Esclavos en Francia”. “Un día, un amigo, un conocido o un intermediario va a una población donde viven jovencitas y promete a sus padres escolarizarla en Francia a cambio de una ayuda en la casa. En ocasiones, prometen incluso un salario a la familia”, anota O’Dy.

La realidad, sin embargo, es muy distinta. Por lo general, cuando llegan a Francia, casi siempre de manera ilegal, las chicas quedan literalmente bajo el poder de sus patrones, los cuales se convierten rápidamente en explotadores. No van al colegio y tampoco tienen vacaciones ni días de descanso. Las jornadas laborales varían entre 15 y 18 horas. En algunos casos, viven en condiciones indignas: comen los restos y duermen en el piso.

Detrás de esta relación de explotación, los aspectos psicológicos son muy importantes. El psicólogo Nagham Hriech Wahabi, director de la asociación Esclavitud tolerancia cero (ETZ), explica: “La relación de dominación se establece muy rápidamente. Los documentos de identidad de la joven son confiscados, se cortan los lazos con la familia o son estrictamente vigilados. Los empleadores se comportan como propietarios y utilizan todos los métodos para romper la voluntad de la persona, entre otros, violencias psicológicas y físicas. En ciertos casos se presentan inclusive agresiones sexuales y actos de tortura”.

La realidad del trabajo doméstico concierne en Francia a entre tres mil y cinco mil personas, según estimaciones del CCEM y ETZ. El 80% de las víctimas son mujeres, sobre todo adolescentes, originarias principalmente del norte y el occidente de África, Asia y Europa del Este, de acuerdo con las estadísticas del CCEM.

En cuanto a los explotadores, si bien un 20% son diplomáticos protegidos por la inmunidad, el resto es gente común y corriente, ricos y pobres. Las asociaciones han registrado casos en lujosas residenciales individuales en París así como en zonas de escasos recursos de las afueras de la capital. Según la asociación ETZ, los casos de pobres que explotan gente aún más pobre son cada vez más frecuentes.

Foto: Afiche del Comité contra la esclavitud moderna (CCEM).
Fuente: http://www.espanol.rfi.fr/francia/20130510-la-esclavitud-domestica-una-cruel-realidad-en-francia

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Argentina: Rompa el vidrio en caso de emergencia

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)

1. El Estado argentino es de contenido burgués, no popular, y columna de la promoción y garantía de las relaciones sociales capitalistas. La actual administración del Estado tiene como objetivo cardinal mantener la gobernabilidad conforme a los contenidos del Estado, el consenso inestable y la hegemonía ideológica en constante disputa sobre la mayoría social que vende su fuerza de trabajo al precio determinado dinámicamente por la lucha de clases y la tasa de ganancia de una minoría. La burguesía argentina, al igual que la de la inmensa mayoría de América Latina, Asia y África, es dependiente del imperialismo financiero y corporativo asociado de las clases dominantes de Estados Unidos, parte de la Unión Europea, Israel.



2. La oposición tradicional al oficialismo que administra el Estado argentino, en términos estratégicos, es funcional a los mismos intereses de clase. Los matices podrían ofrecerse en el campo del volumen de los programas sociales contenciosos y los porcentajes de los presupuestos destacados a los llamados servicios sociales. El Estado que subsidia áreas del capital bajo el compromiso del traspaso de una fracción de ese mismo subsidio a los consumidores finales, también es concesionista formalmente, y privatista en los hechos. Más allá de la estatización de un porcentaje de la producción petrolera en territorio argentino. De hecho, la estatización por sí sola no determina a sus beneficiarios. Ello corresponde a la coyuntura de la lucha de clases. Es el resultado histórico y necesario del combate entre los pocos de arriba y los tantos de abajo

3. Las reyertas palaciegas entre el oficialismo y la oposición tradicional –que constituyen el sistema de partidos políticos predominante en Argentina- son anécdotas, incidentes, fenómenos que no arriesgan de manera estructural el lugar en la división internacional del trabajo, el despojo y la deuda en que el imperialismo ha situado al país históricamente.

El dramatismo con publicidad o la publicidad dramática que enmarca la puja por acceder a mejores sitios en la administración del Estado sólo es la pirotecnia requerida para que la dictadura del capital aparente ofrecer opciones políticas frente a un electorado clientelar, consumidor, recipiente, mercado, no participativo, muchas veces distraído por las productoras de eventos del poder y sus falsos pugilatos.

Y sólo es así, necesariamente así, porque la fórmula imperialista para legitimarse ante su propia contraparte sistémica y adversarios subalternos, consiste en intentar completar su hegemonía una y otra vez, mediante la imposición de la democracia representativa, el liberalismo económico y la denominada lucha contra el terrorismo. El programa de la actual fase del capitalismo tiene por fin reproducirse y perpetuarse sobre sus intereses de clase, conviviendo y resolviendo las contradicciones intercapitalistas secundarias para destruir competencia y aumentar la concentración y apropiación del excedente de la producción del trabajo humano. Las descompensadas relaciones de poder dominantes, la intensificación de la explotación del trabajo asalariado, la acumulación por desposesión, la financiarización mundial y el empobrecimiento de la inmensa mayoría planetaria son las condiciones de su propio movimiento y recreación.

Argentina, con sus particularidades, no escapa de los aspectos fundamentales de la dinámica arriba mencionada.

4. Contingentemente, como ‘modelo’ y ahora ‘proyecto’, la administración K está en su otoño. La crisis económica mundial se montó sobre crisis anteriores no resueltas. El discurso desarrollista, casi autárquico, industrialista y productor de mercancías terminadas se rompió la cara contra la realidad, las relaciones de fuerzas concretas, la mantención y profundización de las relaciones sociales capitalistas, la ausencia de una voluntad de transformación radical de Argentina, la consolidación del agroextractivismo primario exportador y las cargas impositivas sobre la mayoría para dibujar un crecimiento que el 2013 terminará a la baja combinado con una inflación a la suba y superior al 30 % anual.

Pero la actual administración del Estado no mintió en sus propuestas y conductas sustantivas. Exigió un ‘capitalismo de verdad’ en foros internacionales. Sin embargo, erró en la lectura del ‘capitalismo de verdad’, porque el imperialismo financiero es la fase hegemónica del capitalismo realmente existente. Hace décadas terminó la acotada fase capitalista desarrollista y de sustitución de importaciones para países dependientes. De hecho, más del 70 % de la fuerza de trabajo argentina se encuentra en el sector servicios, está tercerizada –y en algunos casos, hasta esclavizada-, y la mitad, ‘en negro’, súperexplotada y sin ninguna relación contractual ni seguridad social. Los obreros fabriles están en extinción; la llamada ‘economía mixta’ es un eslogan nostálgico.

La inflación no golpearía con tan furioso garrote y empeoramiento general de la vida a las grandes mayorías si los salarios y derechos sociales no se redujeran sistemática y vertiginosamente. Independientemente de la corrupción, lumpenización ampliada y otras lacras propias de las relaciones sociales capitalistas dependientes.

Asimismo, las políticas monetarias e improvisaciones de la presente administración nacional, de maneras comprensiblemente desesperadas, buscan compensar una balanza comercial castigada por la baja de exportaciones sojeras y cerealeras durante el primer trimestre de 2013 mediante la emisión de papeles soberanos en forma de deuda con respaldo opaco del Banco Central y de los ahorros previsionales acumulados en la Asociación Nacional de Seguridad Social. Otras medidas evocan el ‘capitalismo popular’ del ultraliberalismo impuesto en la dictadura chilena (y que fracasaron estrepitosamente), como la venta individual de acciones de YPF.

La devaluación del peso devenida del proceso inflacionario y la dolarización a cualquier costo para salvar la industria inmobiliaria, importar energía, amortiguar la situación de riesgo país que espanta inversiones, y hacer caja para sostener parte de los subsidios a los servicios básicos hasta las elecciones parlamentarias de 2013, son fenómenos concurrentes.

Con Mauricio Macri, Gabriel Mariotto, Daniel Scioli, José De la Sota, Hugo Moyano o el periodista Jorge Lanata en la cabeza del Ejecutivo las cosas no tendrían por qué ser diferentes. Ellos también representan orgánicamente los mismos intereses de clase que los K.

5. Como totalidad, el capitalismo argentino reproduce las relaciones patriarcales de dominación, el racismo, el verticalismo en la aplicación de la toma de cualquier decisión de arriba hacia abajo –que sólo echa pie atrás, congela o posterga por obra de los conatos de resistencia popular-. No existen plebiscitos, consultas vinculantes, y la publicación del resultado de las encuestas privadas está penada. La prensa en todos sus formatos refleja la disputa por la administración del Estado del actual Ejecutivo y de la oposición tradicional. Por mito, mediación, propaganda y fetichismo, la mayoría de los grupos de interés dominantes en disputa se dicen ‘depositarios del verdadero peronismo’.

La lucha de los pueblos indígenas por su territorio e identidad, autodeterminación y libertad; del ambientalismo consecuente contra los estragos de la megaminería y la sojización; del sindicalismo de base y antiburocrático; de la vivienda; de los migrantes que realizan los peores trabajos; de los jóvenes y las mujeres; de la defensa de los ámbitos públicos que quedan, son duramente reprimidos e invisibilizados. En este sentido, el sistema de partidos políticos opera coludidamente, más allá de las declaraciones oportunistas.

6. Debido a la formación histórica del sindicalismo por arriba, los trabajadores contratados y organizados no logran salir de la pelea economicista, corporativa, peticionista, la negociación del reajuste, los bonos, el no cobro de impuestos al salario, el mejoramiento de las pensiones. En Argentina, y hasta el momento, las movilizaciones callejeras y piquetes son contra personajes particulares y políticas antipopulares limitadas. Los trabajadores, en general, no luchan aún por el poder y la mayoría espera un salvador o salvadora que caiga de una cumbre. Es decir, no llegan a convertirse en sujeto histórico, en protagonistas de su propio porvenir. Al respecto, la alienación multidimensional utilizada por la clase dominante transnacionalizada cuenta con un éxito parcial no menor. Asimismo, todas las semanas aparecen fugaces partidos ‘nuevos’, que no son más que terceras banderas de uno u otro bloque dominante y concesionario de la administración estatal.

7. La unidad de la izquierda no es el problema principal para el triunfo de los de abajo, aunque esa unidad, que no existe, sin duda ayudaría a la recomposición de las fuerzas y el proyecto radicalmente democrático o francamente revolucionario del pueblo y los trabajadores en Argentina. Hoy es infinitamente más importante la unidad con sentido de los de abajo. Por más difícil que resulte la destrucción (deconstrucción dirán otros) de las mediaciones que impiden ligar como una solo momento la igualdad y la libertad.

De hecho, sólo la intensidad, voluntad, horizonte y contenidos de la lucha de clases determinarán las claves, el sujeto transformador y forjarán desde su propio seno el nuevo instrumento político emancipador y conductor de las grandes mayorías. Ni atajos oportunistas, funcionales e inconducentes, ni voluntarismo épico, pero ineficaz.

La lucha social más politizada y autoconciente posible, como movimiento contradictorio y real, de acuerdo a sus estadios, composición, independencia de clase, fuerzas, práctica y evaluación de la situación concreta de la totalidad capitalista, fijará las formas de lucha más convenientes para la realización de sus intereses históricos.

Lo anterior supone la preexistencia necesaria de incipientes polos de reagrupación anticapitalistas cuyo objetivo primordial sea la articulación política de la unidad popular. Es decir, los activos facilitadores orgánicos de la composición del conjunto de grupos humanos reales que, de sólo sufrir el capitalismo, pase a construir la hegemonía de su propio sentido común. El sentido común de sus intereses; el despliegue compuesto y complejo de su constitución como sujeto que contiene en su movimiento la superación del capitalismo.

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La complejidad democrática

Martín Lozada (RIO NEGRO ON LINE)

El debate en torno al Poder Judicial y a su adecuación a las expectativas ciudadanas invita a revisar críticamente nuestro sistema institucional. Sobre todo, aquellos aspectos que menos se condicen con una efectiva dinámica democrática.

Uno de ellos se refiere al déficit inherente al propio sistema representativo de gobierno en sociedades como las actuales, caracterizadas por su heterogeneidad y complejidad y por estar integradas por individuos y grupos que, en ocasiones, poseen marcadas contradicciones y disensos entre sus respectivos intereses.

La democracia representativa fue el modelo de participación política ideado, constitución mixta inglesa y norteamericana mediante, para asegurar que los diversos grupos que componían la sociedad adquirieran su representación proporcional a la hora de decidir los asuntos de gobierno. Es decir, para albergar una suerte de simetría y estabilidad entre los mismos.

Sin embargo, la propuesta formulada por el constitucionalismo clásico, en cuanto a la posibilidad de representar de modo fidedigno y proporcional a todos los estamentos que integraban la sociedad en un foro común –parlamento–, quizá haya dejado de ser una realidad verificable. Por ende, quizá, nos encontremos frente a distancias que resulten difícilmente salvables entre representantes y representados.

Es más, podría suceder que nuestro esquema institucional haya venido siendo desbordado por la pluralidad y la fragmentación social existente, la cual complota contra una representación plena y hace de la democracia representativa una aspiración difícilmente sostenible. En tal sentido, Roberto Gargarella sostiene que el "sistema representativo nació prometiéndonos algo que hoy no se encuentra en condiciones de cumplir".

Entonces, puede que no sea ingenuo preguntarnos: ¿qué posibilidad existe de que los representantes del pueblo, diputados y senadores, resulten auténticos intérpretes de las actuales necesidades y deseos de los individuos y grupos que representan?

Si algo hemos venido experimentando desde hace algunos decenios a esta parte, ha sido la emergencia de una pluralidad de demandas ciudadanas expresadas por grupos diversos, la gran mayoría de ellas formuladas por fuera de los partidos políticos, que claman por una visibilidad que no han tenido y por una representación hasta la fecha inexistente.

Esas demandas de participación más amplia se vienen reflejando en la progresividad de regímenes constitucionales que, a través de mecanismos de naturaleza inclusiva, se proponen resultar más receptivos a las demandas y expectativas colectivas. Los referendos, plebiscitos y otros recursos, como la consulta popular, vienen abriéndose paso en esa dirección.

Mientras tanto, complejidad democrática mediante, nuestros parlamentos continúan con dinámicas legislativas que, en muchos casos, son percibidas como ajenas por muchos de los individuos y grupos que componen la sociedad. Ello puede deberse, entre otras razones, a la escasa participación que a los ciudadanos se les otorga en el proceso de creación de la ley.

De ése modo, las normas suelen resultar ser el producto de una élite que invoca estar actuando en nombre de la voluntad popular, pero que, en realidad, descuida la importancia de una discusión colectiva y omite considerar la voz de los diversos individuos y grupos que la integran. Sobre todo, de aquellos que históricamente vienen siendo postergados y desoídos.

En tal sentido, el propio Gargarella sostiene que no es difícil concluir que el derecho en general sufre de un déficit democrático serio. En especial si tomamos en cuenta las condiciones en que se crean las normas en la actualidad y la ausencia de vínculos –sociales, de clase e ideológicos– entre quienes las redactan y aquellos sobre quienes habrán de impactar sus efectos.

El producto legal al que se suele arribar, por lo tanto, tiene pocas posibilidades de ser percibido como auténticamente representativo en términos de horizontalidad democrática. Por el contrario, es probable que sea recepcionado como un resultado sesgado y construido en torno al interés de unos pocos, más bien en consonancia a un estado de alienación normativa.

Si el cuadro descripto guarda cierto correlato con el marco institucional por el cual transitamos, entonces deberíamos mejorar los argumentos ya sea para postular o, por el contrario, criticar las iniciativas gubernamentales en torno a la promocionada "democratización del Poder Judicial".

Dichos argumentos podrían encontrar mayor peso luego de responderse al siguiente interrogante: ¿los proyectos actualmente en discusión efectivamente aseguran la participación colectiva en el proceso de elección, control, juzgamiento y, finalmente, remoción de los miembros del Poder Judicial, al menos, en el orden nacional?

La respuesta es conocida. El único avance en lo que a la participación colectiva en los asuntos mencionados se refiere, radica en la posibilidad de que casi todos los candidatos a integrar el Consejo de la Magistratura luzcan a partir de ahora en las boletas de los partidos políticos. Y que, elecciones mediante, el elector los incluya en la urna junto a los candidatos a otros cargos electivos tradicionales.

Se podrá afirmar que no es poca cosa, teniendo en cuenta la escasísima participación ciudadana en los asuntos atinentes al funcionamiento del Poder Judicial. Y también, simultáneamente, que esos consejeros elegidos por el voto popular corren el riesgo de ser cooptados por las lógicas de los partidos políticos y sus intereses coyunturales, los que pueden girar no alrededor de la elección de un buen candidato, sino, en cambio, de aquél que resulte funcional a la orientación del momento.

En todo caso, no debería perderse de vista que si bien nuestro sistema democrático se orienta a satisfacer las expectativas de las mayorías, no menos cierto resulta que, justamente por ello, es necesario salvaguardar los intereses de los integrantes de los grupos minoritarios. Sobre todo, debido a que ellas suelen estar integradas por grupos históricamente desaventajados y vulnerados, carentes de una participación plena en los procesos políticos.

Para la consecución de dicho objetivo el Poder Judicial puede resultar fundamental. Lo cual contrasta, claro está, con la nula intervención de los representantes de esas minorías en el nuevo diseño del Consejo de la Magistratura.

Martín Lozada es Juez Penal - Bariloche.

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El gobierno logró aprobar leyes pero en otros temas dejó pobre impresión

Emilio Marín (LA ARENA)

En el balance semanal el gobierno no podría salir muy satisfecho. Es que logró aprobar leyes de la reforma judicial, pero la propuesta de blanqueo y las salpicaduras del caso Báez, más la situación de los qom de Formosa, fueron al "Debe".

Las leyes para la democratización de la justicia fueron votadas en el Congreso. Sólo una volvió en revisión a Diputados, la del ingreso por concurso, pues -fruto de la presión de la Corte Suprema- hubo cambios y ahora quedan exceptuados del concurso los secretarios y prosecretarios. El dedo judicial los nombrará, alegando razones de "confianza".

En esa negociación los supremos lograron torcer otra vez la redacción original. El manejo de la caja del Poder Judicial no irá al Consejo de la Magistratura, como estaba previsto, en regla con la Constitución Nacional, artículo 114, y quedará para el alto tribunal.

Como estos sectores -y en particular sus defensores mediáticos- son insaciables, se quejaron de que el gobierno podrá disponer de los saldos del ejercicio anterior.

Aún con esas concesiones negativas a los ojos de sectores democráticos -Justicia Legítima insistió en el concurso- lo positivo fue que las leyes fueron aprobadas. En el Senado los guarismos fueron más amplios pues las voces de la oposición no fueron tantas ni alcanzaron tantos decibeles. En la calle, la oposición apenas si convocó a unos pocos centenares. Su fuerza había declinado en dos semanas, a pesar de tantos titulares en los medios hegemónicos de que "el gobierno aprueba la ley de control a los jueces".

La república estaba a punto de ser rematada, según la lilitamanía. No hubo ni habrá tal cosa. En un panel en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, el notable jurista Beinusz Szmukler explicó perfectamente la necesidad de la reforma judicial, de la que dijo estas leyes eran sólo el "punto de partida". Szmukler apoyó los cambios al Consejo de la Magistratura, aunque opinó que los representantes deberían ser electos en listas politizadas, pero aparte de las elecciones partidarias.

Sin embargo, no se puede celebrar del todo, porque los abogados de las corporaciones llegarán mañana con sus planteos de inconstitucionalidad. Ya les rechazaron dos recursos pero van a insistir: perdieron en el Congreso pero quieren ganar en Tribunales.

¿Monopolios sí o no?

El gobierno tiene una actitud dual frente a los monopolios.

Por un lado, el martes 7 la presidenta viajó a Córdoba para presidir la inauguración de una planta de tractores y cosechadoras de Fiat, con el director ejecutivo mundial, Sergio Marchionne.

El año pasado la Fiat fue subsidiada con 565 millones de pesos del programa de Crédito del Bicentenario, a diez años de plazo, con uno de gracia y un interés anual del 9,9 ciento. Eso fue para el lanzamiento de la línea Palio, cuya inversión total fue de 813 millones, lo que significa que la mayor parte la puso el Estado.

Además de las cuestiones ideológicas que influyen en esta discusión, está de por medio la plata de los argentinos.

CFK hizo la apología de estas plantas de Fiat (Case-New Holland) en cuanto a la producción y el empleo. Sin embargo omitió decir que el complejo automotriz es altamente deficitario en dólares. "El año pasado, el déficit del complejo automotor (autos y autopartes) llegó a 6.815 millones de dólares", publicó Página/12 el 7/5.

Según aquel discurso presidencial, parecería que los monopolios son una cosa positiva, en la medida que suponen puestos de trabajo.

Sin embargo, diputados del Frente para la Victoria encabezados por Carlos Kunkel, presentaron un proyecto para que el Estado compre un 24 por ciento más del paquete accionario de Papel Prensa. Así tendría una mayoría accionaria del 52 por ciento, frente a Clarín y "La Nación", en esa empresa clave para la producción de papel diario de la que se apoderaron por medio de la represión ilegal de la dictadura sobre el grupo Graiver, que era su propietario.

El proyecto de expropiar parte de PP desató la furia de los privados y su "comité central", Adepa, cuyo comunicado aseguró que "se trataría de un escenario más grave que el que vivieron los diarios no adictos hace 60 años, cuando el gobierno monopolizaba el papel". ¿Gorila yo?

Si Kunkel tiene razón, y el cronista cree que sí, querría decir que el monopolio es tan negativo que no fue suficiente que el Estado tuviera un 27 por ciento de PP y por ley se declarara al papel para diario como un insumo de "interés público".

Polémico blanqueo

El ministro Hernán Lorenzino, el viceministro Axel Kicillof, el secretario de Comercio Guillermo Moreno, la titular del Banco Nación Mercedes Marcó del Pont y el responsable de la AFIP Ricardo Echegaray, informaron de un polémico blanqueo de capitales no declarados.

Según estimaciones de la AFIP, existirían unos 40.000 millones de dólares "en el colchón o cajas de seguridad", y unos 150.000 millones no declarados afuera del país. Así se redondean casi 200.000 millones, aunque otras organizaciones que estudian el fenómeno de la fuga de capitales llevan la cifra al doble.

Los blanqueos de este tipo no son bien recibidos por la población porque suponen ventajas para los evasores, frente a los particulares y empresas registradas, que pagan sus impuestos.

Pero este es más enojoso aún porque incluye el beneficio extra de no pagar ningún impuesto propio del rubro donde se declare. En 2009 hubo un blanqueo pero allí debieron oblar esos impuestos, para "blanquearse".

El oficialismo trató de defenderse con dos argumentos.

Uno, que los capitales que se acojan deberán depositarse en bancos, que extenderán bonos para inversión en el mercado inmobiliario y emprendimientos energéticos, con un destino productivo.

Otro, fue que no podrán acogerse los imputados en causas por corrupción, lavado de dinero, evasión, etc, además de los funcionarios.

Sin embargo, no parecen ser muy severos los mecanismos de la AFIP para impedir que eventuales imputados por esos delitos puedan blanquear el producto de sus ilícitos por medio de testaferros limpios de prontuarios.

De todos modos hiere a la vista el contraste entre el lema de Néstor Kirchner de "traje a rayas a los evasores" y este blanqueo a esos incumplidores y hasta violadores de la ley.

Esas consideraciones deben haber sido sopesadas por el equipo económico. ¿Qué lo hizo seguir adelante con tal proyecto, similar al que en 1992 realizaron Menem y Cavallo? La respuesta sería que el gobierno tiene "cuellos de botella", como admitió Carlos Heller, por las importaciones de combustible y la parálisis del mercado inmobiliario.

Si así fuera deberían analizarse otras posibilidades en vez del blanqueo. Y se entenderían menos los subsidios millonarios a las automotrices, culpables del desbalance comercial citado.

Los qom son argentinos

Los pueblos originarios no la están pasando bien y los qom de Formosa ocupan el último lugar. Empresarios con apoyo del gobernador Gildo Insfrán y la policía les invaden sus pocas tierras. Eso dio lugar en 2010 a una represión donde murieron dos personas, sin que la justicia haya elevado la causa a juicio por razones obvias de no poner en aprietos al gobernador.

Luego hubo sugestivos "accidentes" con varios miembros de la comunidad La Primavera atropellados en las rutas, patoteadas y amenazas de muerte, en especial contra su líder, Félix Díaz, y su familia.

Un dato a tener en cuenta es que en 2010 el cacique Díaz ganó la elección democrática de su comunidad por casi 700 votos contra algo más de 300 de su contrincante, avalado éste por Insfrán, al mando de la provincia desde hace 18 años.

Díaz discute con Insfrán para defender el derecho ancestral a sus tierras, pretendidas por el "agrobusiness". Tal el fondo del conflicto, ni más ni menos que la tierra. Y como ésta pertenece a los qom, entonces hay sectores del poder que se creen con más derecho a llevarlos por delante.

El hijo de Díaz, Abelardo, y Omar Sosa, fueron agredidos por una patota de 20 personas que los mandaron al hospital. El CELS de Horacio Verbitsky, el Nobel Pérez Esquivel y Madres de Plaza de Mayo, entre muchas entidades, expresaron su solidaridad con los qom e instaron al gobierno nacional para que tome cartas en el asunto.

El cronista cita parte de esta carta a la presidenta de la Nación enviada por la revista cultural "La Garganta Poderosa":

"¿Usted llamó a Insfrán para preguntarle qué pasó el fin de semana? ¿Por qué no se expresa públicamente, como cuando nos pega la Metropolitana? (...) Tras haber pasado el bicentenario y los 500 años del genocidio de Colón, ¡exigimos el reconocimiento histórico a la comunidad qom! (...) Hay avances que valoramos, en Derechos Humanos. Pero eso no compensa, ni justifica, que sigan matando a nuestros hermanos. Sabemos y entendemos la batalla que se está librando contra los monstruos de la incomunicación, pero Manzano y Cristóbal López nos asustan tanto como esos socios vitalicios de la represión. Y entre negocios mediáticos o inmobiliarios, cada vez parece más profundo el silencio los pueblos originarios".

Que no diga la mandataria que eso es un asunto de Formosa. Formosa queda en Argentina y los qom, además de formoseños, son argentinos. Ella estuvo bien en recibir dos horas a Pedro Robledo, el joven gay del PRO golpeado y su novio; ¿cuándo abrirá su despacho para hablar con Félix Díaz y su familia?.

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"Lo que el Salado sigue gritando"

Andrés M. Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Julieta Haidar, Miguel Cello y Carlos Del Frade son los autores de un libro digital que narra y describe que pasó hace casi diez años en la ciudad de Santa Fe. La politóloga Haidar es clara y contundente en esta entrevista contra la impunidad de los "inundadores".



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Informe especial: Un infiltrado en todo el movimiento popular

LA RETAGUARDIA

Américo Alejandro Balbuena era una referencia de la AGENCIA DE NOTICIAS RODOLFO WALSH, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tenía muchísimos contactos con las organizaciones sociales y políticas que necesitan de los medios alternativos, comunitarios y populares para difundir sus luchas. A once años de su ingreso, los otros miembros de la Agencia recibieron la información de que se trataría de un oficial de inteligencia de la Policía Federal. El dato fue confirmado por el abogado Eduardo Soares. "No es un infiltrado en la Agencia Walsh, sino en todo el movimiento popular".

"La Agencia ha sido el medio del que se valió Balbuena para entrar en el resto de las organizaciones populares", fue el veredicto unánime escuchado en la conferencia de prensa conjunta que realizaron el martes pasado diversas organizaciones. Cuáles son las responsabilidades políticas detrás de un nuevo caso de infiltración en el movimiento popular, cómo afecta este hecho el funcionamiento de las organizaciones, y cuáles son los pasos a seguir, son algunos de los debates que se dieron a partir de la confirmación del espionaje. Las reflexiones de Rodolfo Grinberg, integrante de la Agencia, y de Eduardo Soares de la Gremial de Abogados, quien los ayudó a verificar la pertenencia de Balbuena a la Policía Federal.

Todos conocíamos a Américo. Confiábamos en él. Siempre participaba de las movilizaciones y se interesaba en todas las luchas. Ingresó a la Agencia Walsh en 2002, luego de ser parte de la Red de Corresponsales Populares de La Tribu. Conocía a Rodolfo Grinberg, uno de los fundadores de la Walsh, desde la infancia, ya que habían sido compañeros de primaria. Tras varios años, se reencontraron estudiando periodismo en el Instituto Santo Tomás de Aquino de San Martín. “Un profesor que tuvimos decía que Américo tenía pasta de reportero, que en la calle era un perro de presa. Cuando estalla el 2001 nos empezamos a encontrar en la calle, él como corresponsal de La Tribu, yo como integrante de la Walsh que en ese momento era minúscula”, recordó el propio Grinberg en una entrevista realizada por el programa de FM La Tribu “Los Locos de Buenos Aires”, que conduce Roberto Ruiz. Finalmente, Américo Alejandro Balbuena ingresó a la Agencia Walsh en 2002, poco después de producirse la Masacre de Avellaneda y permaneció allí hasta hace algunos días. “Era amable, simpático, colaborador y alguien en la conferencia de prensa decía que estas características las reunían casi todos los servicios. Era el que más laburaba, el que más aportaba, estaba siempre en la calle”, describió Grinberg.

Pero hace algunos días una fuente de la Agencia Walsh les acercó una información inesperada. Así lo relató Grinberg a “Los Locos de Buenos Aires”, el programa que conduce Roberto Ruiz en FM La Tribu: “vemos una planilla que tiene su nombre y la actividad que revistaba en la Policía Federal, un oficial de inteligencia de la división Reunión de Datos y Análisis. Nos dicen que es un hombre que se había incorporado en tiempos de la dictadura, que participó de Coordinación Federal. Para nosotros fue tremendo descubrir que tu compañero, al que creías tu compañero, se había infiltrado en la Agencia, se hacía pasar por compañero”. Para la confirmación del dato, recurrieron al integrante de la Gremial de Abogados Eduardo Soares. “Cuando vinieron por primera vez los compañeros de la Walsh a plantearnos esto -contó Soares-, yo les dije que me dejaran confirmarlo porque a mí no me gusta sacarle ficha de botón a alguien cuando no lo es. No me gusta que lo hagan conmigo, no me gusta hacerlo con los demás. Pero con los compañeros de la Agencia en ese sentido hay que sacarse el sombrero, fueron cautelosos, vinieron con el planteo, les dije que me dejaran averiguar. Yo tengo 60 años y conozco mucha gente que puede dar algún tipo de dato. Cuando lo confirmamos recién ahí lo abrieron”, explicó Soares en diálogo con La Retaguardia.

Una vez confirmada la información, la Agencia Walsh denunció la infiltración a través de un comunicado publicado el domingo pasado, y dio más detalles el martes en una conferencia de prensa realizada en la sede de Correpi, que contó con la presencia y el testimonio de distintas organizaciones que también habían conocido y confiado en Balbuena. “Él siempre estuvo presente en la Fundación La Alameda. Gustavo Vera hizo referencia a los temas de trata que han trabajado y en los que siempre estaba implicada la Policía Federal. No es de extrañar que un agente haya estado infiltrado allí. Yo creo que en las asambleas, en todas sospechábamos que teníamos algún servicio metido adentro, así que calculo que debe haber estado ahí. Con seguridad con los Familiares de Cromañón, que fue un tema que desde el 31 de diciembre de 2004 él estuvo pegado a los familiares, y conocía vida y obra de las personas y los grupos que ahí se movían. La FUBA y la movida estudiantil fue algo que él también siguió mucho. A la organización Quebracho claramente él le prestó mucha atención. Fue un número importante de organizaciones a las que él se pegó para obtener información”, afirmó Grinberg antes de referirse a la última vez que vio a Balbuena: “nosotros tardamos entre quince y veinte días en confirmar esta información y de consultar con organizaciones compañeras sobre cómo proceder. Se ve que él palpitó, escuchó algo o alguien le avisó, yo creo que él sabía. La semana anterior al domingo que difundimos la información me llamó y me dijo que quería hablar conmigo porque quería dejar la agencia. Vino a casa con un paquete de bizcochitos en la mano, había un choque terrible, porque yo ya sabía aunque no tenía la confirmación, y en realidad la buscaba con esta conversación, con tirárselo a boca de jarro. Y se lo dije, ‘che, así que vos estás en la policía y nunca nos dijiste nada’. Él lo negó pero lo hizo de una manera que no es la de una persona que se siente ofendida porque le estás diciendo que es un servicio, sino que reaccionó con mucha tranquilidad y creo yo que lo que trató de hacer, ahora lo pienso porque para mí fue una charla emocionalmente muy fuerte, fue sacarme más información. Él siguió con su trabajo de tratar de averiguar qué es lo que sabía yo. Entonces me preguntaba qué había hecho, y yo le decía que él sabía lo que había hecho. La charla duró unos quince minutos, él siguió negando todo hasta que se fue”.

Respecto a las responsabilidades políticas ante esta infiltración hay distintas opiniones. “Balbuena fue efectivamente infiltrado por el duhaldismo. Este gobierno lo que hizo fue mantenerlo infiltrado –afirmó Soares–. Fue dirigido durante los primeros años del kirchnerismo, primero por Gustavo Béliz, después por Aníbal Fernández que fue durante años el jefe directo de Balbuena. Cuando Fernández pasa del Ministerio del Interior a Justicia se lleva todas las fuerzas policiales y de seguridad, algo inaudito. Ahí estamos hablando de por lo menos siete, ocho años de responsabilidad. Cuando llega la ministra Nilda Garré hereda esto también y obviamente tiene una responsabilidad menor que la de Duhalde y Fernández, porque si vos estás dos años en la administración limpiás pero la responsabilidad existe. A mí me cuesta creer dos cosas: primero, que Balbuena sea el único infiltrado y después es donde aparece el problema de las formas. Que un gobierno que hace de los derechos humanos una bandera fundamental, y que con esa bandera ha atraído a gran parte de la izquierda argentina y a la gran mayoría de los organismos de derechos humanos, no pueda resolver esto. Y que lo tenga que resolver con un acto administrativo prácticamente cuando el agua le llega hasta el cogote. Además, la gravedad de lo de Balbuena es que es de una fuerza policial, porque uno puede tomar el caso Amarilla en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia o el del MOPASSOL (Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos) que eran del Batallón 601, o el caso de Gerardo Martínez, todos hombres del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Uno puede decir que eran de la dictadura y que después no lo fueron más. No Martínez, que se pasea por la Casa de Gobierno de la mano de la presidenta, así que en ese caso no hay disculpa posible. Pero para la responsabilidad administrativa del Ministerio de Seguridad, uno puede decir que Garré no tiene nada que ver con los que se infiltraron de 601, pero en este caso el problema es que es la Policía Federal, entonces es más difícil justificar esta situación, es casi imposible. Una cosa es que un policía estudie, que trabaje de fotógrafo o de periodista y que nosotros lo sepamos, y otra es que lo infiltren. Si el policía quiere trabajar de jardinero o ir a la universidad por qué se lo vamos a impedir, y si quiere trabajar de periodista que lo haga, pero que todos sepamos que es policía. Porque además no es que era un oficial de la guardia de Infantería que dirigía la calle y después iba a la Agencia Rodolfo Walsh. Era un hombre de inteligencia que estaba ahí para hacer inteligencia”.

En tanto, Grinberg señaló que para la Agencia Walsh la responsabilidad es del Estado nacional, y en primer lugar de la ministro de Seguridad, Nilda Garré: “es inconcebible que haya un servicio de inteligencia que depende directamente del Ministerio de Seguridad y que estén en desconocimiento. En el mejor de los casos podemos hablar de ineptitud, pero yo no creo que sean ineptos, yo creo que hay una intencionalidad política de mantener a estos servicios porque son funcionales, porque los necesitan y siempre tienen que estar haciendo inteligencia en las organizaciones sociales para poder penetrarlas, dividirlas y eventualmente reprimirlas, saber dónde tocar para destruir un movimiento social. Si hubo una movida de parte de ellos para que nosotros caigamos en una trampa, puede ser, no lo sabemos, ni me quiero meter en este tema de que haya internas, nosotros vamos a hablar de responsabilidades políticas, y en este caso es del gobierno nacional. Con esto no le queremos quitarle responsabilidades a los gobiernos provinciales o al de la Ciudad de Buenos Aires porque también tienen sus espías”.

En el marco de la conferencia de prensa en la sede de Correpi, varios abogados y militantes mencionaron el Proyecto X y la Ley Antiterrorista como parte de una misma política de espionaje de parte del Estado. Al respecto, la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Myriam Bregman, aseveró: “nosotros queremos ratificar algo que venimos denunciando hace tiempo cuando informamos sobre la existencia del Proyecto X de Gendarmería Nacional: el kirchnerismo se caracteriza por tener un espionaje direccionado hacia las organizaciones políticas, sociales y gremiales. Todos los últimos casos que hemos podido comprobar se tratan específicamente de una infiltración política, no es que averiguan cualquier cosa y persiguen a cualquiera, hay una direccionalidad hacia lo que se persiguen e intentan investigar. Todo aquel que haya protestado, se haya manifestado y organizado alguna vez en los últimos años está incluido en el Proyecto X. Ahora tenemos que ver cómo se llama este nuevo proyecto en el que estaba incluido el agente Balbuena, pero lo que sí sabemos y podemos asegurar es que la Policía Federal tiene división específica que proviene de la dictadura, que tiene mil agentes, y ningún gobierno de 1983 a esta parte se ha atrevido a tocar. Está regida por legislación secreta, dictada por la Libertadora y que se amplió en las distintas dictaduras y sigue rigiendo. Esto lo sabemos todos, ¿cómo no lo va a saber Garré y quienes están dirigiendo el Ministerio de Seguridad?”, se preguntó Soares.

En relación a cuáles serán los pasos a seguir de aquí en más, Rodolfo Grinberg manifestó en FM La Tribu: “reclamar al gobierno nacional el desmantelamiento del aparato de inteligencia. Que se abra la lista y que se ponga a disposición toda la información que ellos recopilaron. Las organizaciones tenemos que aprender de esto, sacar conclusiones, tener un control más eficaz sin entrar en la paranoia, de compañero a compañero, de conocimiento que es lo que por ahí más ayuda a que estas cosas no ocurran. También creo que vamos a avanzar en el sentido legal pero dentro de lo que es la acción política, creemos que tenemos que hacer una denuncia judicial que contenga todo este tipo de reclamo. Hasta ahora no presentamos ninguna denuncia”. La próxima semana, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia presentará un Hábeas Data colectivo; es decir, la exigencia al Estado para que entregue todos los datos recabados de las personas y organizaciones a través de este hecho denunciado.

Durante la entrevista realizada por La Retaguardia al abogado Eduardo Soares, se habló sobre los objetivos de la infiltración. Dijo que además de conseguir información, lo que se buscaba era generar desconfianza entre las agrupaciones, logrando su desorganización.

Cuando lo consultamos acerca de por qué el Estado infiltra a las organizaciones sociales y no a las delictivas, respondió que “en las películas los malos son la mafia, en la realidad al menos en nuestros pueblos y en nuestras naciones latinoamericanas "las mafias" (para el poder) son los que pelean, las organizaciones sociales, los que están luchando por otro tipo de sociedad, por una sociedad igualitaria sin explotadores ni explotados. Es más lógico, diría natural, que para un modelo, y me refiero al sistema capitalista en general, que concentra la riqueza, que es un capitalismo extractivo, éstos sean los malos a los que hay que infiltrar. A mí me parece que cuando una organización lleva adelante una política correcta que es justa, comprendida por la gente, es muy difícil que por medio de la infiltración la puedan destruir; le pueden producir un determinado daño. Como eso es una cuestión psicológica nos meten el miedo, entonces todos estamos mirando al compañero de al lado. Yo creo que hay que incentivar en los compañeros que no le den tanta bola a eso y que profundicen una línea política determinada, u organizativa o de solidaridad que cada organización tiene, porque si no metemos la víbora de la discordia y nos infiltramos a nosotros mismos. Eso independientemente de las respuestas que hay que tener. Seguramente tendremos una respuesta jurídica porque se están violando preceptos constitucionales, garantías expresas protegidas por la Constitución, y la respuesta política tiene que ser no bajar los brazos y seguramente romperle las pelotas al poder político, hay que presionar también ahí. Me parece que la cuestión es seguir adelante, construyendo el objeto que cada organización se ha planteado para sí misma”.

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Argentina, Córdoba: Los presos tienen derechos y el Estado los viola

Luis Miguel Baronetto (PRENSA RED)

Hace mucho tiempo que en las cárceles de la provincia – y en todo el país – se ocultan permanentes violaciones a los derechos humanos, aún reconociendo algunos progresos en gestiones estatales provinciales o nacionales, principalmente promovidos por organizaciones de la sociedad civil preocupadas por estos temas.

Puedo hablar mejor de lo que conozco de cerca porque vivo en Córdoba. Los progresos logrados en este rubro durante la gestión provincial anterior, a través del Ministerio de Justicia de entonces, presidido por Luis Angulo, han sido tirados por la borda por el actual gobernador José Manuel De la Sota.

Esto no es porque De la Sota no piense en los presos, sino porque como lo dijo en ocasión del motín del 2005: “los derechos humanos son para los decentes”.

Y, según su criterio, los que están en las cárceles son indecentes; por eso no tienen derechos humanos. El gobernador no alcanza a ver a los indecentes que no están en las cárceles y que se ocultan atrás de él (por eso no los ve), como los encumbrados que acostumbran “colgar los ganchos”. Pero eso no es lo importante ahora.

Que los presos son encadenados como en 1813 lo demuestran las cadenas existentes en las cárceles. Ninguna autoridad lo desconoce. Que los presos son encadenados a la cama de hierro, en las eufemísticamente llamadas “medidas de sujeción para que no se autoagredan”, lo saben los guardia cárceles, las autoridades penitenciarias y la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.

Lo que ellos también saben es que los presos son llevados a ese lugar después de haber sido desnudados y denigrados en las requisas; y provocados para que reaccionen en un nefasto espiral de violencia psicológica y física, que acaba justificando el encadenamiento y la aplicación de psicofármacos.

También cuando se les niegan sistemáticamente los derechos establecidos en la ley 24.660 para comunicarse con sus jueces, abogados y familiares. ¿Acaso no son formas de ir generando resentimiento y reacciones agresivas para terminar justificando la violencia que se ejerce sobre ellos, en absoluta inferioridad de condiciones por el aislamiento y el encierro?

Esto existe en la realidad de nuestras cárceles, aunque la sociedad se tape los ojos y se aturda los oídos con mensajes discriminatorios de los grandes medios de comunicación.

No es casual que la mayoría de los presos sean jóvenes y pobres.

¡Total! los presos son el descarte de la sociedad! ¡Y encima hay que gastar plata del estado para alimentarlos! ¡Mejor si se murieran o los mataran, así los decentes o sea nosotros estaríamos más seguros y con algunos pesos más que el estado podría utilizar en cosas más útiles para todos, como un festival de doma o un locro en el Centro Cívico, por ejemplo!

Las violaciones a los derechos humanos en las cárceles de Córdoba– como en la mayoría del país –existen por más que la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia quiera ocultarlas desvirtuando al mensajero de las cadenas. Las cadenas existen, aunque borráramos al mensajero. Pero es más fácil para el poder político partidizar el problema para negarlo, y peor aún negar alguna solución.

Tampoco sería bueno que los mensajeros llegaran recién cuando se han evidenciado rupturas políticas aparentemente sin retorno, momentáneas al menos. Llevar el debate por este andarivel sería condenar a los presos a sufrir una peor impunidad en el maltrato carcelario. Porque quedaría entrampado en denuncias y contradenuncias de las formalidades, sin atacar y resolver en forma urgente la cuestión de fondo.

Hay que decirlo con toda claridad: Primero, los presos. Y sus derechos plenamente vigentes, salvo la libertad ambulatoria afectada por las condenas que deban cumplir.

Este remedio impuesto por la sociedad, con sus leyes, no puede aplicarse en sobredosis según la ocurrencia del administrador. No vale ninguna excusa para desviar el eje de los tratos denigrantes y las torturas.

Si es cierto que los derechos humanos son política de Estado, todas y todos quienes ocupan alguna función pública debieran estar actuando ante este problema. No hacerlo es incumplir con los deberes de funcionarios públicos, que también está penado por la ley.

Ministros, Secretarios y funcionarios de Derechos Humanos, Justicia, Seguridad, organismos de derechos humanos estatales o financiados por el estado, tanto del orden provincial como nacional, así como Legisladores de todos los partidos políticos que tengan incorporados los derechos humanos en sus plataformas políticas debieran estar articulando acciones urgentes, visitando las cárceles, entrevistando a los presos, constatando las reales condiciones de detención en las cárceles provinciales, sensibilizando a la sociedad y promoviendo medidas concretas de solución y control.

Primero, los presos; sin las acostumbradas mezquindades políticas que postergan y olvidan las necesidades de los siempre olvidados.

Y por supuesto, que el Poder Judicial provincial haciendo gala de su proclamada independencia debiera extremar los recursos legales para hacer lo que evidentemente se ha dejado de hacer en resguardo de los derechos humanos. Sin olvidar que a veces la fría letra de ley, mata su espíritu. Y los derechos que se quieren resguardar con la ley, también sufren menoscabo cuando falta vocación y compromiso para garantizar la dignidad humana.

Luis Miguel Baronetto es Ex secretario de la Dirección de Derechos Humanos de la ciudad de Córdoba.

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Argentina, La Rioja: Represión en Famatina

ANRED

Alrededor de las 16.30 hs del sábado la policía reprimió con balas de goma a asambleístas y vecinos en Famatina, La Rioja, que escrachaban un acto donde iba a ir el gobernador Luis Beder Herrera. Hay 10 heridos hospitalizados y cinco detenidos que fueron trasladados a la Regional 2da de Chilecito, a 36 km de Famatina. En éstos momentos se está tratando de tomar la comisaría para que liberen a los presos. Los detenidos son: Carina Díaz Moreno, Judhit Peralta, Daniel Herrera, Valeria Pozzo y Nelson Alfaro. Los tres primeros pertenecen a la Asamblea contra la megaminería.(Difundimos informe, audio e imágenes proporcionadas por Indymedia Córdoba (RNMA)) AMPLIACION 19.38 hs: fué liberado Nelson Alfaro, vecino herido con balas de goma, quién fué llevado al hospital.AMPLIACION 20.13: fueron liberadas Judith Peralta y Valeria Pozo, gravemente heridas tras la represión. En la plaza de Famatina sigue la gente en estado de alerta y movilización (Ampliación a las 20.36 hs: fueron liberados los dos detenidos restantes en la comisaría de Famatina.).

El resentimiento por el fracaso del acto del justicialismo bederista en Famatina, activó la violencia. La policía disparó con balas de goma a la gente. “Destruyeron la hostería y se llevaron presas a 5 personas”, contaron vecinos de Famatina.

El dueño de la Hostería salió a pedir que no destruyan su negocio y fue golpeado. Fueron detenidos Nelson Alfaro, Carina Díaz Moreno, Daniel Herrera, Judith Peralta y Valeria Pozo, todos ciudadanos que estaban en la Hostería del pueblo y fueron agredidos a pedradas por "militantes" que salían del acto de la asunción de nuevas autoridades del PJ bederista en Famatina.

Los 5 fueron trasladados desde Famatina hacia Chilecito y fueron alojados en la Unidad Regional II. Familiares de los detenidos pidieron a DiarioChilecito.com que difundamos la situación, al igual que la solidaridad del pueblo de Chilecito. "Siempre dijimos que si tocan a uno, nos tocan a todos. Pero no estamos todos acá. El pueblo tiene que levantarse para evitar el atropello", insistió Mirtha, una vecina de Chilecito que trabaja en Famatina.

"Por favor les imploramos que vengan a ayudarnos. Estamos solos frente a un poder que es avasallador. Todos estamos siendo atropellados. Por favor necesitamos ayuda AHORA!", dijo una familiar de uno de los detenidos. Los ciudadanos fueron trasladados en completa indefensión y durante horas no tuvieron acceso a un abogado. "Tenemos orden del fiscal de mantenerlos detenidos para interrogarlos", dijo el Comisario Carlos Madrid. Mientras tanto, pobladores tomaron sus vehículos particulares y rodearon el ingreso y egreso de la Comisaría del pueblo, solicitando que "si no liberan a nuestros vecinos, no los vamos a dejar ni entrar ni salir de acá. Ellos no hicieron nada. Sólo recibieron pedradas y disparos", dijeron. Indudablemente la provocación, una vez más terminó dividiendo la sociedad famatinense que desde hace varios años sufre de la contaminación social que inoculó el gobernador Herrera con su doble discurso.

"El acto de ellos ya había terminado. Ya no había casi gente en la plaza, todos estábamos yéndonos a nuestras casas cuando se armó el lío. No entiendo qué es lo que buscan. Por qué desatan tanta furia contra nosotros. Es increíble que en esta provincia pasen este tipo de cosas y que nadie haga nada. No hay seguridad. No tenemos justicia. Estamos totalmente desprotegidos los ciudadanos. Tenemos que dejarnos pisar las cabezas o nos masacran a palos", agregó la mujer. "Esto pasa porque lo que no pueden meter por las buenas, lo quieren hacer por las malas.

Es la impotencia lo que les genera esa violencia interior que no pueden reprimir. Saben que no pueden convencernos entonces nos golpean para que entremos en una razón que no puede existir". Algunos de los SMS textuales de ciudadanos que nos informaron desde Famatina "Por favor busquen la forma de pedir ayuda. la policía nos esta cagando a palazos a mi y a la Carina" "Nos están atacando con palos y nos tiran tiros con balas de gomas" "Los policías tienen a Marcela Crabbe y a Carina Díaz Moreno atrapadas en un auto. Las llevan detenidas". "Están todos locos los tipos. Salieron del acto y comenzaron a tirarnos piedras a la hostería. la destruyeron".

"Los policías del BAO están tarados y van contra todo lo que se les cruza. hay niños y no les calienta nada". "Los canas del BAO estaban escondidos en la radio de COCO". "La gente agarraron gomas y tomaron la comisaría". "La policía no hace nada para cuidar a la gente. le apuntan y le tiran nomas" "Tipos de la olima salieron del acto y empezaron a tirarle piedras a la hostería porque había gente del municipio adentro. Cuando salio el dueño a pedir que no tiren piedras se armo el quilombo y la cana comenzó a tirar tiros con balas de goma". "Fue una batalla campal. llovían las piedras desde el acto hacia la hostería de Famatina. se armo un quilombo muy grande. la brigada detuvo gente después que los cagó a palos y a tiros con balas de gomas".

"El abogado Mario Masud está viniendo a ver si puede hacer que liberen a nuestros amigos". "Fabre está en la comisaría de Famatina tratando de hacer entrar en razón a los policías de allá . "Hay mas de 15 policías de Chilecito vestidos de civil acá. Esto es un desastre. la prepotencia que tienen. los otros ya se fueron. Hicieron el lío y ya se fueron a sus casas. Nosotros tenemos que dar repuestas ahora".

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