martes, 14 de mayo de 2013

Así es vivir y trabajar en el estado Miranda con Capriles como Gobernador

Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Entrevista a Arlenis Aguiler, periodista de Radio Zamora Libre en la ciudad de Charallave, 65 Km. al oeste de Caracas en el Estado de Miranda. El gobernador del estado es el ex candidato opositor presidencial Henrique Capriles Radonski.

La Radio Zamora Libre jugó un papel muy importante para contrarrestar el golpe de estado en abril 2002 y hasta que se convirtió en una emisora móvil y se trasladó a las montañas para no ser objetivo militar por parte de los golpistas.


FotoLa colega Aguiler, Arlenis, periodista de Radio Zamora Libre en Charallave, estado Miranda.

Durante la última década ha seguido su trabajo orientador político-ideológico e instrumento para las luchas sociales, principalmente en la ciudad de Charallave, bastión chapista. Pero la transmisión radial también llega a gran parte del Estado de Miranda. Y si vive al otro lado del planeta la puedes escuchar por Internet; http://www.zamoralibre.radiohd.com.ve/ o http://zamoralibre.blogspot.com/.

Conversamos con la periodista Arlenis Aguiler de la Radio Zamora Libre para tomar el pulso sobre como es ser periodista y habitante de un estado cuyo gobernador es el señor Henrique Capriles, ex candidato a la presidencia de la derecha venezolana. Este texto es un fragmento de la entrevista radial completa de 34 minutos.

¿Qué lectura haces sobre el resultado electoral del chavismo y de la oposición? ¿En que falló la campaña de Maduro? Porque como decía el profesor Vladimir Acosta en su análisis; fue una victoria con sabor amargo.

- La derecha viene haciendo una campaña mediática terrible y avasallante durante dos años. Primero contra el comandante Hugo Chávez, luego contra Nicolás Maduro que solo tuvo diez días para hacer su campaña.

- Creo que se cometieron muchos errores. Nosotros pensamos que se puede hacer una campaña no tan mediática, con buenos artistas etcétera, pero las reuniones deberían haber sido con los colectivos de trabajo. Veníamos además con una fuerte crisis depresiva con gran luto encima (por el fallecimiento del Comandante Chávez). Y claro, Nicolás no es Chávez, que venía de la cancillería y no tenía el vínculo directo con la gente.

Menciona otras fallas que tienen que ver con gente chavista en alcaldías y gobernaciones, acusados por la misma base chavista de ser corruptos, lo cual desmotivó a mucha gente de trabajar en la campaña electoral por una victoria popular.

- Pero yo creo que hemos cometido errores en el proceso ideológico. Hemos avanzado en lo social. Pero al nivel de consciencia hemos fallado bastante y creo que es la tarea que tiene que prestar Nicolás.


Foto: Capriles eliminó el Instituto de Cultura y el Instituto de Deporte, eliminó las becas para los niños con discapacidad, niños escultores de la cultura y personas de la tercera edad.

La situación en Miranda

Como habitante y periodista en el estado de Miranda, ¿qué visión nos das sobre cómo actúa y trabaja el gobernador Capriles?

- Donde yo vivo no lo hemos visto nunca. A veces aparece en la prensa que visitó tal comunidad, llega a unas casas y rápidamente se toma unas fotos y se va.


Foto: La mujer fuerte del estado Miranda, Adriana D'Elia Briceño, recibe la gobernación de Capriles Radonski.

Dice que la persona que dirige la gobernación en Miranda es Adriana María D´Elia Briceño, secretaria general de la gobernación, que firma documentos y ejerce el cargo como gobernador, por lo cual varios entes han demandado a Capriles por ausencia total en su cargo como gobernador.

- Se produjo en el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su consejo legislativo regional, un recurso de interpretación para ver si se saca a Capriles porque hay una falta absoluta. Se esta pidiendo el Tribunal que se haga una interpretación del hecho por que esta totalmente ausente.

Expulsó médicos cubanos


Foto: Un módulo en Petare donde los médicos cubanos atendían los habitantes en uno de los barrios más pobres de Venezuela, pero llegó Capriles y expulsó a los cubanos.


- El estado de Miranda es el estado con más índice delictivo y la responsabilidad es del Gobernador. Expulsó, como primera medida de Gobernador en 2008, a los médicos cubanos de la gobernación. En la campaña electoral demagoga dijo que los iba a nacionalizar.

Se ha creado en varios barrios de Petare, el barrio más grande de America Latina, un cierto tipo de ghetto donde la policía y venezolanos no pueden entrar porque están controlados totalmente por colombianos. La infiltración del paramilitarismo colombiano y el crimen organizado es ahí muy grande, menciona. Pero hay otros graves problemas.

- Las escuelas del estado Miranda están en el piso. Hay filtraciones de agua, sol y vientos porque los edificios no son mantenidos. Los computadores que el gobierno ha entregado a todas las gobernaciones en Venezuela no fueron entregados a los alumnos en las escuelas y colegios en Miranda, porque las tenía almacenadas en una oficina de la gobernación.

Eliminó el Instituto de Cultura y de Deporte

A pesar de todo, la diferencia entre el gobierno estadal del chavista Diosdado Cabello (2004-2008) y Capriles (2008-) es abismal, subraya Arlenis:

- Cuando Diosdado Cabello (era gobernador en Miranda) existían becas para los niños con discapacidad, niños escultores de la cultura, personas de la tercera edad y llegó Capriles y eliminó todo eso. Eliminó el Instituto de Cultura y el Instituto de Deporte de la Gobernación y se dedicó de hacer la campaña contra el proceso revolucionario.

El presupuesto para viajes de los deportistas-alumnos en Miranda fue también borrado por la Gobernación por lo cual el Estado de Venezuela se vio obligado de aportar esos recursos para que los jóvenes pudieran ir a otros estados en Venezuela para competir y así representar el estado de Miranda.

El “Gobierno de la Calle” llegó a Miranda

El gobierno, para retomar fuerza y población en Miranda, trasladó todo el gobierno a diferentes regiones y parroquias (colonias, barrios) de Miranda. Eso lo aprecia Arlenis Aguiler porque así se pone a trabajar a todo el gobierno, enfrentando a los problemas cotidianos de la población. Pero también se desnuda el “desgobierno” de Capriles en un Estado donde los asesinatos están a la orden del día.


Foto: Maduro en la calle en el Estado Miranda, enfrentándose con los problemas de la gente en común.

La alianza golpista Colombo-Venezolana-Paras-USA

Subraya la periodista venezolana que Capriles es el jefe de la derecha venezolana, reconocido por la derecha internacional que dirige esa campaña contra Venezuela.

Desde Colombia llegó la noticia que otra vocera de la derecha venezolana, María Corina Machado, visitó a Colombia donde se reunió con los personajes más destacados tanto de la guerra interna como aliados con Machado y Capriles. El gobierno del ex presidente Andrés Pastrana (7 de agosto de 1998 - 7 de agosto de 2002), recibió el golpista Pedro Carmona como exiliado y se ha aliado con Álvaro Uribe, reclamando que no reconozca al gobierno electo de Nicolás Maduro.

Y fue en el municipio de Hatillo, del Estado Miranda, en la finca Daktari de propiedad del contrarrevolucionario cubano-venezolano Robert Alonso, hermano de la cantante María “Conchita” Alonso, donde fueron alojados 140 paramilitares colombianos. Fueron descubiertos el 5 de mayo de 2004. Pero en vez de ser enjuiciados, fueron dejados en libertad posteriormente por el presidente Chávez como un gesto de “buen vecindad” con Colombia, pese a todas las conspiraciones del Estado Colombiano y los gobiernos de turno contra Venezuela y la Revolución Bolivariana.

Todas estas maniobras por parte de la derecha están coordinadas con el Departamento de Estado. Arlenis Aguiler dice que el gobierno y los chavistas son conscientes que el guión que maneja el Departamento de Estado es el mismo que ha operado en Siria, por lo cual hacen todo para evitar que el país caiga en una guerra civil dirigida desde afuera.


Foto: Algunos de los 140 paramilitares colombianos son detenidos en la finca Daktar del cubano-venezolano Robert Alonso el 5 de mayo de 2004 en el municipio de Hatillo, del Estado Miranda.

La audiencia de CNE y la ausencia de Capriles

La perspectiva es complicada. La oposición decía a principio, cuando se oficializó el resultado, que había ganado. Pero las cifras mostraban una diferencia de 1,7 por ciento o casi 300.000 votos.

Es más, como único país del mundo, en Venezuela el ente electoral independiente hace una audiencia de 54 por ciento de los votos el mismo día de las elecciones. Todas las actas y documentos fueron firmados por los representantes, tanto del oficialismo como de la oposición que certificaban la honestidad del proceso electoral.

Ante ese hecho, Capriles reclamó una audiencia de la TOTALIDAD de los votos, exigencia que el CNE accedió para la gran sorpresa de Capriles que, cuando comenzó a hacerlo la semana pasada, Capriles se ausentó y afirmó que iba a impugnar las elecciones en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Capriles no quiere participar, porque sabe que el resultado será el mismo que ya se había visto lo cual legitimaría la elección del 14 de abril.

¿Cuál es la perspectiva de los próximos meses para superar la crisis y neutralizar a los golpistas?

- Necesariamente hay que avanzar en varios frentes. Uno es elevar la conciencia revolucionaria que ha fallado bastante, para que la gente entienda que esto es un proceso revolucionario.

Los factores claves para el avance revolucionario

- El Poder Judicial todavía está con varios elementos de la 4ª República que no ha permitido avanzar. Mientras exista impunidad no podemos avanzar en un Estado de Justicia. Hay que castigar a los culpables de las muertes después del 14 de abril, tenemos más de 200 campesinos asesinados por el poder de la tierra.

- Se dice que este es un proceso pacífico pero no es así porque tenemos todos estos campesinos fallecidos o indígenas desplazados y caciques asesinados. Y en algunos sectores se criminaliza a los movimientos populares que hacen algunas críticas. Eso tiene que acabar y debe haber justicia. Cuando esto se logre, yo creo que será cuando se consolide el proceso revolucionario.


Foto: Un habitante en Petare, Estado Miranda y el barrio Juventud Bolivariana trabajando para tapar su techo con láminas. Son los problemas cotidianos como la alimentación, la seguridad o vivienda que el gobierno bolivariano tiene solucionar para no perder la próxima elección.

La producción y el acaparamiento

- En cuanto a la producción, se ha avanzado en algunos elementos pequeños. Pero hay que avanzar muy rápidamente en producir todos los alimentos. El desabastecimiento que se ha hecho en los productos es criminal para el Estado. No puede depender de la derecha, o de un empresario capitalista que distribuya un producto. El Estado es el responsable de distribuir alimentos, aunque te digo también que se ha creado fricciones ficticias. Por ejemplo, en Charallave jamás ha faltado la harina para hacer arepas. Son colas gigantescas y los vecinos, con todas esas campañas (mediáticas) que se hacen, acaparan cualquier cantidad de productos.

- Otros se han hecho los “micronegocios”. Yo me encuentro en este momento en un sector y voy por las calles y los buhoneros (vendedores ambulantes) que han obtenido productos, los venden 3-4 veces que cuesta el producto que no hay. Eso tiene que acabar y deben castigar a los responsables.

Tomar las fábricas paradas

- En un proceso revolucionario el Estado debe asumir las fábricas, por la fuerza si es necesario, para que nuestras comunidades tengan sus productos.

- El Estado tiene que producir. Tenemos todos los elementos y no es por falta de recursos, como en otros países. Aquí se puede comprar las maquinarias, las semillas, tenemos asesoramiento técnicos y si no los tenemos lo conseguimos. Ahí están los compañeros cubanos, nicaragüenses, argentinos, uruguayos o de Brasil que han venido para esas áreas. Pero vemos que el avance ha sido muy lento. Yo creo que Nicolás tendrá que acelerar con fuerza ese elemento de la producción, no solamente la producción agrícola sino en otra áreas industriales como los electrodomésticos.

- Maduro también ha advertido que tendrán la respuesta del Estado los sectores de la oposición que planean tomas de fábricas o paros. ¡”Fábrica parada, fábrica tomada”!

- Las Universidades están siendo objeto, nuevamente, de la guerra de la derecha para tumbar al gobierno. Las Universidades públicas y del Estado no pueden ser objeto de la conspiración.

Escuchar toda la entrevista (34 min.):
https://www.box.com/s/k7rmzw53o68f32z9f03a

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Christophe Dejours en Argentina: La transformación del trabajo provocó la crisis en Europa (Parte I)

Desgrabación y Edición: Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

Del 2 al 10 de mayo visitó nuestro país, invitado por la revista Topía, el psiquiatra y psicoanalista francés y director del Laboratorio de Psicología del Trabajo en Francia, Christophe Dejours, quien está especializado en temas laborales y posee una vasta producción bibliográfica, entre otros, La banalización de la injusticia social y Trabajo Vivo (Tomos I y II) que presentó en la Feria del libro de Buenos Aires, ambos editados por Editorial Topía.

El presente texto corresponde a la primera parte de una larga conferencia de prensa que diera el pasado 2 de mayo en la Alianza Francesa de Buenos Aires.

P: ¿Podría explicarnos por qué, según su perspectiva, el trabajo se puede transformar en un factor de salud y emancipación o, por el contrario, de enfermedad y alienación?

R: En principio la explicación es la relación entre la organización del trabajo y la subjetividad o salud mental. Algunas formas de organización del trabajo son particularmente nocivas para la salud mental. En un período reciente, desde los ’90, nuevos métodos de organización del trabajo han provocado un gran deterioro en relación a la salud mental hasta el hecho que han aparecido casos de suicidios en el lugar de trabajo. El primero que se conoció en Francia fue en 1995.
Entre los nuevos métodos de organización del trabajo los más nocivos se relacionan con la cuestión de la gestión. Hasta ese momento el peso de la organización del trabajo estaba puesto en los ingenieros y pasó a los managers.
Los nuevos métodos implican la introducción de la evaluación individual del rendimiento, la introducción de la calidad total y de la precarización como modelo que viene a reemplazar al anterior que tendía a ir hacia la estabilidad con contratos de trabajo de duración indeterminada.
La evaluación individualizada del rendimiento lleva a todos los trabajadores asalariados a un proceso de competencia generalizada, incluso entre ellos mismos, y si a esa evaluación se asocia una amenaza al puesto de trabajo, la competencia se vuelve aún más grave. Se desata una lucha individual donde cada uno piensa en sí mismo, donde el éxito de un colega resulta malo para mí, donde todo está permitido, hasta la competencia desleal, donde generalmente la solidaridad se va destruyendo. Cada uno está solo en un mundo hostil. Representa un cambio muy profundo de la organización del trabajo.
Para revertir esa situación hay que dejar un poco de lado la evaluación individual e interesarse por el trabajo colectivo y las condiciones de posibilidad de la formación de una cooperación. Esta no es posible si la gente no se habla, para cooperar hay que escuchar al otro, hay que expresar el propio punto de vista, aceptar el debate, buscar soluciones intermedias, acuerdos, etc., y esa dinámica necesaria para construir la cooperación, también es una dinámica que se reconstruye al mismo tiempo que el saber vivir, el vivir juntos, la convivencia y la solidaridad.
La verdadera prevención de las enfermedades mentales en el trabajo no es un asunto que concierna solo a los psicólogos ni a los médicos. Antes no se registraban suicidios en los lugares de trabajo porque existía ese vivir juntos, había solidaridad y nunca se habría dejado que un colega cayera en la depresión. Sus colegas se hubieran interesado en él, le habrían hablado, le habrían exigido que él hablara y no lo habrían dejado solo.
Entonces, la verdadera prevención es esta cuestión de vivir juntos en el trabajo y que la cooperación sea el principal principio en la producción. Vivir juntos no depende solo de bellas intenciones, se forma en la relación con el trabajo, para afrontar las dificultades del trabajo y necesita una ayuda de los demás, no solo de quienes están en una misma línea, sino también de que mi jefe me ayude. Mis subordinados también, porque la acción está orientada hacia una obra común. Todos aprendemos a desarrollar capacidades para vivir juntos.

P: Ud. sabe que Europa está sumergida en una crisis descomunal. Las condiciones objetivas no son las mejores para generar una situación de solidaridad que evite el sufrimiento en el trabajo, ¿en qué medida se ha profundizado tal cual lo describe en sus libros?

R: No estoy tan seguro que la crisis sea la causa del agravamiento de las patologías mentales. Tal vez voy a ser un poco provocativo. Pienso que es todo lo contrario: fue la transformación del trabajo la que provocó la crisis. La introducción de nuevos métodos, en particular la gestión que dejó de lado a los ingenieros y que permitió aplicar un proceso de reducción de personal. No solo se trata de un cambio científico de la ingeniería a la gestión, se trata de una transformación de los métodos de dominación.
La llegada de las ciencias de la gestión permitió iniciar un proceso de reducción de personal y eso es una paradoja porque implica desconocer por completo en qué consiste el trabajo y en ese contexto los managers decidieron que se podían reducir los efectivos. El razonamiento del manager consiste por un lado en los objetivos que tiene que alcanzar, cumplir los contratos, incluso individualizados y, por lo tanto, la evaluación y, por otro, el rendimiento. Objetivos por un lado y rendimiento por otro, entre las dos cosas no quiere saber nada del trabajo.
Las personas que conocían el trabajo se opusieron con firmeza a los managers y podían demostrar incluso que tenían puntos de vista falsos, equivocados y hubo una pulseada entre ellos, que incluyó a los asalariados, y los managers, pero esa lucha se perdió. Eso fue muy grave. En Francia, en particular, pero también en toda Europa, es necesario analizar las causas de esa derrota que hoy en día tiene consecuencias trágicas y provoca la crisis que para nosotros es una crisis del empleo, pero no para los managers ya que ellos y los directivos de las empresas siguen enriqueciéndose. Nunca han sido tan ricos como ahora. Se trata de un retroceso histórico que pone en cuestionamiento el compromiso social, el acuerdo social que era conocido por los economistas con el nombre de “acuerdo fordista”.
Volvimos a una época anterior a ese acuerdo y a formas del capitalismo salvaje del siglo XIX. ¿Por qué perdimos esa lucha?
Simplificando, principalmente por dos razones. La primera fue que los sindicatos no entendieron la importancia de este giro hacia los managers, incluso lo apoyaron y ese fue un error histórico muy grave. Le puedo explicar en dos palabras el análisis que hacían. Pensaban que la evaluación individual del rendimiento, objetiva, cuantitativa, a través de la medición, era justa e incluso permitiría alcanzar más justicia porque todos iban a ser medidos con las mismas herramientas y ese fue un grave error. Después voy a retomar este punto.

El trabajo es el resultado de la inteligencia de los trabajadores

La segunda razón fue que los científicos en su casi totalidad aportaron su ayuda y apoyaron la ideología de la evaluación al sostener que todo puede ser evaluado y medido.
La responsabilidad de los científicos fue mayor porque creyeron que la automatización iba a reemplazar al trabajo vivo, al trabajo humano, y creyeron en la tesis absurda del fin del trabajo. Estoy hablando desde los ingenieros hasta los filósofos. Todo el mundo aceptó la tesis del fin del trabajo que es un absurdo intelectual como si se pudiese producir valor, riqueza, sin pasar por el trabajo humano.
Todos creyeron en eso. Esa confianza desmedida en los medios de medición del trabajo cumplió un papel esencial en dar autoridad a las ciencias de la gestión que se establecieron en todo el mundo.
Es muy fácil demostrar que las tesis de los managers son falsas pero los científicos las apoyaron. Personalmente tuve que discutir, luchamos con algunos otros, pero fuimos pocos, contra la comunidad de los científicos, en torno a las tesis del fin del trabajo y de su medición.
En realidad no se puede medir el trabajo, no se mide y nunca se hará. Hace un rato hice una presentación en la cual demostré que el trabajo es el resultado de la inteligencia de los trabajadores y si no se moviliza esa inteligencia no hay producción de valor. Eso es lo que se llama trabajo a reglamento o “huelga de celo” ya que el celo es precisamente todo aquello que los trabajadores agregan a la organización prescripta para hacerla eficaz, pero la inteligencia de los trabajadores depende de la movilización de toda su personalidad. Hay que pensar en el trabajo fuera de él, no hay que dormir por la noche, hay que soñar con el trabajo y eso forma parte del trabajo. Fuera de todo eso, el sufrimiento en el trabajo, el placer, el reconocimiento, no pertenecen al mundo visible sino a la subjetividad como también el amor, el odio, la amargura, la decepción, que tampoco pertenecen al mundo de lo visible, no se ven, pero solo se puede medir lo que se ve o puede hacerse visible. Cuando se hace una evaluación individualizada del rendimiento se mide algo, pero no el trabajo, porque no existe ninguna proporcionalidad entre el resultado del trabajo y el trabajo mismo.
Supongamos que tengo alumnos difíciles procedentes de medios desfavorecidos, entonces voy a trabajar mucho más y le será más difícil que al docente que lo hace en un medio burgués con niños cultos y los resultados van a ser mejores en el caso del que trabaja menos. Si tomo el caso de un enfermo difícil, por ejemplo, un niño psicótico, entonces trabajo mucho y los resultados serán malos. Por el contrario, si trabajo con jóvenes que sufren depresiones agudas en medios favorecidos, lo haré en menor medida y podré curar a mucha más gente y mis resultados serán mucho mejores. Asimismo, es un poco más difícil obtener una buena facturación en un centro de distribución alimentaria en un barrio pobre que en uno rico. La facturación no reflejará el trabajo. Si uno es policía, como se hace actualmente en Francia con la cultura de los resultados, del rendimiento y la evaluación, lo que cuenta es el número de actuaciones policiales logradas con éxito, el número de actas, de detenidos, etc., pero si estoy trabajando con un buen equipo policial que trata de atrapar a traficantes de drogas y despliego una operación de vigilancia durante ocho horas y se escapan, tengo resultado 0, fracaso y puede ser que fracase una segunda vez y los atrape en la tercera. Si estoy en la cultura del rendimiento, cuando vuelvo a la comisaría y digo que no obtuve resultados inevitablemente me van a llamar la atención y al otro día qué hace el policía, va a detener a todos los autos porque siempre va a haber alguno que no tenga la licencia de conducir o haya bebido demasiado, otro al que le falta el retrovisor y entonces volverá a la comisaría con veinte multas y será un buen policía, pero eso no sirve para nada desde el punto de vista de la seguridad pública.
Si uno hace un trabajo difícil el resultado no necesariamente refleja la calidad del trabajo. La idea de la evaluación cuantitativa del trabajo es falsa, el trabajo no se evalúa pero, sin embargo, eso se aceptó con la colaboración y el apoyo de los científicos. Todos creyeron que el trabajo era medible. Ahora en Francia y el resto de Europa, incluso en Australia, a los científicos también les hacen evaluaciones individuales de rendimiento. ¿Qué se mide en sus casos? La cantidad de publicaciones en revistas con comité de lecturas en inglés. ¿Qué relación hay entre la cantidad de publicaciones y el trabajo realizado por el investigador? Es absurdo pero los científicos cayeron en su propia trampa. Se lo merecían.

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Argentina. Soberanía sobre los bienes comunes: ¿Para qué sirvió expropiar YPF?

ACTA

Compartimos con ustedes el informe realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que coordina el economista y diputado nacional de la CTA, Claudio Lozano, a un año de la expropiación de la petrolera. Al respecto, Lozano afirmó que Unidad Popular (UP) no apoyó la reestatización para “mejorar los balances de las petroleras privadas” y que están usando su fracaso “como excusa para el blanqueo”.

“¿Para qué sirvió expropiar YPF. Aumento de precios, recomposición de rentabilidades, fracking y sospechosas desprolijidades. Reflexiones a un año de la expropiación”. Ese el título y la premisa con la que Gustavo Lahoud, desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que coordina el diputado de Unidad Popular Claudio Lozano, reflexiona sobre los resultantes de la expropiación de la petrolera.

El informe, que también coordina Tomás Raffo, aborda la evaluación de las principales medidas que se han adoptado en materia hidrocarburífera a partir de la estatización, desde cuatro ángulos: el aumento de precios en el sector, los datos del balance de YPF, las políticas en planeamiento; y los oscuros puntos en blanco de la expropiación.

“A un año de la expropiación de YPF todo el sector energético sigue funcionando con serias carencias, persistiendo gravísimos problemas de regulación, falta de planificación e inconsistencias que reflejan la pérdida de autonomía y soberanía energética”, reza el informe a modo de conclusión.

De igual manera, afirma que YPF, en lugar de servir para bajar el precio de la energía y favorecer el proceso de reindustrialización, ha cumplido un rol fundamental en recomponer la rentabilidad empresaria del sector. El aumento del 66% del precio del barril de petróleo para su exportación, el aumento entre el 50% y el 66% del precio del gas en boca de pozo y el incremento del precio de los combustibles líquidos explican este proceso.

Sobre el tema, Lozano expresó: “no votamos la expropiación de las acciones de YPF para mejorar los balances de las petroleras privadas ni para continuar los negocios con Repsol. Encima ahora quieren transformar el fracaso de YPF como excusa para el blanqueo de quienes fugan, lavan, incumplen y delinquen.”

Por su parte, el informe afirma que “los estímulos a la exportación (contradictorios con el objetivo del autoabastecimiento), la opción por el fracking, la duplicación del déficit energético y la ausencia de avances en la expropiación sumado a la concesión de negocios a Repsol, definen un panorama preocupante y distante del discurso y la épica nacional y transformadora que el Gobierno ha pretendido imponer”.

El documento

"Mucho se ha dicho, a un año de la estatización de YPF, del carácter estructural que dicha medida supuso. Se la suele presentar como la más audaz de las medidas tomadas por la gestión gubernamental, dirigida a modificar el comportamiento empresario en un sector clave para la economía como lo es la producción de energía, al mismo tiempo que demuestra la vocación oficial de “pelear contra los monopolios” ya que se cambió la composición accionaria de la empresa más grande, en facturación, de la economía argentina. Como “para muestra basta un botón”, en este material se realizará una evaluación de las principales medidas que se han adoptado en materia hidrocarburífera a partir de la estatización, ya que es la forma, de otorgarle sentido, en el amplio sentido de la palabra, a la expropiación de YPF.

Cuatro puntos nos parecen centrales a la hora de encarar esta evaluación: a) el aumento de precios en el sector: b) Los datos del balance de YPF; c) Las políticas en planeamiento; y d) Los oscuros puntos en blanco de la expropiación.

I) Sobre el aumento de precios y las rentabilidades del sector

En el marco del supuesto “congelamiento” de precios que el Gobierno dispuso sobre los productos alimentarios vendidos en las grandes cadenas de supermercados, el gobierno ha dispuesto sendos aumentos de precios vinculados con un producto estratégico para el funcionamiento económico; nos referimos, obviamente, al precio de la energía. Estos aumentos fueron básicamente 3:

a) El aumento del 66% del precio del barril de petróleo para su exportación. Precio que pasó de U$S 42 a U$S 70. Vale recordar que el costo de producción del barril no supera los U$S 10; por lo que el precio de U$S 42 ya incorpora una ganancia extraordinaria significativa de 320% que es apropiada por las empresas del sector; tasa de rentabilidad que con los precios vigentes alcanza el 600%.

b) El aumento entre el 50% y el 66% del precio del gas de boca de pozo. Esto es así porque se dispuso fijar el precio en U$S 7,5 dólares el millón de btu para el gas “nuevo” en lugar de los U$S 4,5 y U$S 5 en que se encuentra actualmente. Téngase presente que gran parte del denominado gas “nuevo” no es sino reserva de gas ya comprobada pero aún no explotada, cuando no es también gas “viejo” que se hace pasar por “nuevo”. Al efecto de considerar el nivel del precio del gas es bueno recordar que en buena parte de los yacimientos gasíferos del país, el gas está asociado con el petróleo. Por ende, el costo de producir gas en buena medida ya está cubierto por el costo de producir petróleo.

c) El aumento en el precio de los combustibles líquidos, por vía del establecimiento de un precio tope de comercialización para lo cual se toma como referencia el valor más alto del mercado en cada tipo de combustible. Desde el 9 de abril, se dividió al país en seis regiones, pero es importante señalar que hay una gran dispersión de precios entre distintas jurisdicciones en el interior, con diferencias que oscilan entre el 8% y el 20% aproximadamente entre las distintas empresas. Por ejemplo, en el caso de la nafta Premium, en el interior tenemos valores que van desde los $6,5 hasta $8, mientras que en Ciudad de Buenos Aires la brecha es menor ( de $6,99 hasta $7,8 por el mismo combustible).Téngase en cuenta, sin embargo, que estos precios ya dejaron incluso de ser referencia, ya que, desde la publicación de la medida, se ha producido una carrera de precios entre las operadoras y los mismos establecimientos, generando una nueva situación de zozobra para los consumidores y para el funcionamiento de todo el sector de comercialización de combustibles líquidos. Con esta medida, muy probablemente se busque recomponer precio para YPF ( téngase en cuenta que, en comparación, siempre ha tenido los precios más bajos del mercado), de modo tal de tender a una equiparación y, con ello, desviar potencial demanda a los otros operadores, quienes, ante esa situación, tendrían que responder o con más producción o, en su defecto, con importación adicional de combustibles, lo cual redundaría en pérdidas de rentabilidad para sus operaciones

La primera conclusión de estas decisiones es que la estatización de YPF ha cumplido un rol fundamental en recomponer la rentabilidad empresaria del sector, antes que en erigirse como un actor con un comportamiento diametralmente opuesto al que caracteriza a las firmas del sector. En lugar de que YPF sirviera para bajar el precio de la energía y con ello favorecer al proceso de reindustrialización y aportar también al “supuesto” congelamiento de precios; YPF exacerba el comportamiento rentístico que caracteriza al sector desde que se privatizara en los noventa.

II) Los datos preliminares del balance de YPF

El 11 de marzo del corriente, y en el marco de las hechos descritos, la Presidencia de YPF dio a conocer los primeros números globales sobre extracción de petróleo y gas, ventas de combustibles líquidos y rentabilidad obtenida por la empresa en 2012. En tal sentido, recuérdese que la nueva conducción de la empresa comenzó a tomar decisiones a partir de junio de 2012, luego de concluido el proceso de intervención y de normalización a partir de la integración del nuevo Directorio posterior a la asamblea de accionistas de fines de mayo pasado.

En líneas generales, estos son los números más relevantes:

La extracción de petróleo se incrementó en un 2,2% en relación a 2011. En tal sentido, si bien todavía no tenemos los números más desagregados, la extracción de YPF estaría apenas por encima de los 11 millones de m3/año, lo que sigue representando alrededor de un 30% de la extracción total, que se ubicaría en torno a los 33 millones de m3/año. Este número implicaría una baja del 4.3% de la extracción de crudo en relación a 2011, si se toma el conjunto de las empresas que operan en extracción. Por cierto, es importante recordar que 2011 fue un año complejo, con paros muy prolongados que afectaron esencialmente la extracción en las cuencas patagónicas, con lo cual, las cifras preliminares de 2012 siguen reflejando el cuadro de estancamiento y caída que es ya estructural al funcionamiento del sistema.

En lo que respecta a gas natural, YPF anunció un retroceso del 2,3% en relación a 2011, en un cuadro de situación aún más grave, ya que la extracción de gas en todo el país habría declinado un 3,1% aproximadamente. Las necesidades diarias de abastecimiento de gas rondan los 170 millones de m3/día, de los cuales, alrededor de 25%- unos 42 millones de m3/día- deben importarse porque el sistema no los puede abastecer, ya que la producción diaria está en torno a los 130 millones de m3/día.

En la performance de elaboración de combustibles líquidos, es donde se ha visto un mejoramiento parcial durante el segundo semestre de 2012, merced a la maximización de la producción de naftas super y diesel ultra en las principales refinerías de YPF. En tal sentido, el conjunto del sistema de refinación del país superó los 19.000 millones de litros de combustibles, un 2,4% más que 2011 y alrededor de la mitad del incremento productivo, se explica por YPF, que controla, en promedio, casi el 60% de la comercialización de combustibles.

Finalmente, en lo que respecta al total de ventas, YPF registró unos 67.700 millones de pesos en 2012, un 19,5% más que 2011, lo cual probablemente se deba al aumento productivo señalado anteriormente y a los ajustes de precios obtenidos durante 2012. Sin embargo, en lo que respecta a las utilidades netas, en el primer balance preliminar, la empresa informó unos 3.900 millones de pesos, lo cual representa un descenso de 12% en relación a los 4.445 millones de pesos de ganancias en 2011.

Como se desprende de la información presentada, más allá del aumento de precios del sector, que favoreció particularmente a YPF y que se refleja en el volumen de sus ventas, no se ha producido un cambio en la tendencia declinante en materia de producción de crudo y gas; elementos claves para una matriz energética que depende en un 90% de estos recursos fósiles.

III) Las políticas de YPF: el fracking en perspectiva

Frente a esta preocupante realidad, la gestión estatal de YPF ha presentado el Plan Estratégico de la compañía. Efectivamente, esa planificación establecía un horizonte de cinco años entre 2013 y 2017, durante los cuales se debían asegurar unos 7.000 a 7.500 millones de dólares por año- totalizando unos 35.000 millones en el período-para el desarrollo de nuevos campos en búsqueda de recursos convencionales y no convencionales. A juzgar por las emisiones de obligaciones negociables, títulos y bonos lanzadas entre junio de 2012 y marzo de 2013, a partir de las cuales se ha logado captar alrededor de $15.000 millones, estamos ante una necesidad ingente de más recursos frescos para llegar a los mínimos requerimientos de financiamiento planteados en la planificación para el quinquenio. Ello parece difícil de lograrse en el corto plazo, ya que, por un lado, la Argentina no puede fondearse a tasas razonables en el mercado internacional- recordemos que persiste el conflicto por los holdouts- y, por otro lado, las cajas internas- Anses y otros organismos- que han permitido generar buena parte de esos recursos, son vías de financiamiento insuficientes para una industria que es capital intensiva, amén que resulta peligroso , seguir recurriendo a estas fuentes para captación de recursos. Es decir, el precio que se paga porque YPF no modifica el comportamiento empresario del sector es que en lugar de financiar el Plan Estratégico con una reducción de la rentabilidad de los operadores privados se financia a costa de los jubilados (por vía de la gestión de los activos del FGS que realiza el ANSES).

En función de esta situación, se ha creado, mediante la Resolución 130/2013 del Ministerio de Economía, el llamado Fondo Argentino de Hidrocarburos, que no es otra cosa que un fideicomiso respaldado en el Artículo 71 de la Ley N° 26.784 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2013, que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a crear y/o constituir y/o participar en fideicomisos con otras entidades públicas o privadas, otorgar préstamos y/o efectuar aportes de capital en empresas del sector hidrocarburífero en las cuales el Estado Nacional tenga participación accionaria y/o el ejercicio de los derechos económicos y políticos. En la norma se ha establecido un monto de hasta $2.000 millones de dólares, que, muy probablemente, sean volcados gradualmente hacia inversiones en YPF. Esto podría ser incluso más factible si se tiene en cuenta que la Argentina dispondría de alrededor de $3.300 millones de dólares de las reservas internacionales que no se afectarían al pago del denominado cupón PBI, ya que el crecimiento de la economía en 2012 fue inferior al 3,2% requerido para que ese pago se efectúe. Aunque, a esta altura, se trata de especulaciones que, al correr de los meses, podrían verse corroboradas si las negativas condiciones de inversión para la compañía persisten

La otra cuestión relevante y directamente relacionada con lo anterior, es que ni siquiera se ha alcanzado una estructura de financiamiento mínimo para poner en marcha lo que parece ser el proyecto estrella del programa de Galuccio: la explotación no convencional de gas y petróleo en la formación Vaca Muerta en la cuenca neuquina, cuyas necesidades de financiamiento total oscilarían entre los 5.000 y 6.000 millones de dólares durante el quinquenio. Téngase presente que el proyecto estrella- con el uso de la técnica denominada “Fracking” en la actividad petrolera- es ni más ni menos que la puesta en funcionamiento de un proceso productivo similar al de la “megaminería a cielo abierto” con la diferencia que se trata de la inyección de enormes cantidades de agua, productos químicos y arenas a grandes profundidades para extraer el gas y/o el petróleo que está en formaciones rocosas de muy baja permeabilidad y porosidad. Es esta particularidad geomorfológica la que hace imprescindible el uso a gran escala de estos productos y, sobretodo, del agua, con los consabidos impactos en términos de la imposibilidad del usufructo del recurso hídrico para otras actividades productivas. Asimismo, este proceso genera considerables daños ambientales como lo demuestra, por un lado, el hecho de los crecientes conflictos sociales que se han producido allí donde esta actividad extractiva está permitida (fundamentalmente en Estados Unidos, que es el país promotor de este tipo de emprendimientos) como, por el otro, la postergación de este tipo de procedimiento extractivo a través de las denominadas “Moratorias” en países desarrollados y en proceso de desarrollo (Francia, Polonia, China, etc), que es resistida por los intereses de los empresas norteamericanas (poseedoras obviamente de la tecnología).

En este sentido, no es casual que la dirección de YPF comenzara a trabajar en un posible vínculo estratégico con Chevron, de los Estados Unidos. La idea era encarar un primer tramo de fuertes inversiones en la formación Vaca Muerta- en el orden de los 1.000 millones de dólares en 2013- como parte de un programa general a desarrollar en el quinquenio 2013-2017, que comportaría una inversión total de unos 15.000 millones de dólares por parte de la compañía estadounidense. El tipo de explotación a encarar, se realizaría bajo el modelo de farm in, por el cual YPF pone en juego el recurso (en este caso, la potencial riqueza hidrocarburífera no convencional) a cambio de una inversión inicial de Chevron para desarrollar un área específica de los plays de la formación Vaca Muerta, que le brinda derechos ulteriores para la participación accionaria en la concesión del área en cuestión. Sin embargo, la propuesta quedó virtualmente congelada ante el avance de una causa megamillonaria por contaminación ambiental en la región amazónica que una ONG y el gobierno ecuatoriano le iniciaron en 2010 a la empresa estadounidense, a partir de la cual las inversiones que realice en la Argentina, corren el riesgo cierto de ser embargadas. Esto podría producirse ya que, simultáneamente, se realizó una presentación en la Argentina patrocinada por estudios jurídicos locales para obstaculizar cualquier tipo de inversiones de Chevron, a consecuencia de la cual, hacia fines de 2012, el juez en lo Civil y Comercial, Adrián Elcuj Miranda, estableció el congelamiento de los activos de la empresa estadounidense en el país. Con esta situación consumada, ambas empresas estarían en la búsqueda de mecanismos de asociación financiera alternativos que permitan poner en marcha el proyecto.

Ante esta situación de estancamiento en la que se encuentra la empresa, se han producido dos hechos que han agravado aún más la traumática coyuntura.

Por un lado, la seria afectación operativa de la refinería de Ensenada, provocada por las inundaciones de comienzos de abril, cuya intensidad desbordó la capacidad de contención y canalización de fluidos del sistema de seguridad, a resultas de lo cual se produjo el incendio en una de las principales estructuras de destilación de la planta. Piénsese que esta refinería es responsable por el 25% del total de combustibles líquidos que se vuelcan al mercado y representa casi el 50% de la capacidad de producción de YPF. Actualmente, se estima que el proceso para recuperar la capacidad de refino al 80% aproximadamente, demandará casi dos meses, con la necesidad entonces de adoptar medidas de contingencia para superar esta situación crítica.

Por otro lado, y como consecuencia de la anterior situación, YPF debería importar por lo menos 50% más de combustibles líquidos en relación al año 2012. Durante el año pasado, la empresa importó aproximadamente el 10% de su producción, lo cual le insumió alrededor de $1.000 millones de dólares, a lo que habría que sumar unos $800 millones para el año en curso.

Asimismo, se encararán otras medidas adicionales, como la compra de combustibles líquidos a otras operadoras ( posiblemente Oil, Petrobras y Axion), la exportación de variedades de crudo más pesados ( como el tipo Escalante de la cuenca del Golfo San Jorge) y la maximización productiva de las operaciones en las refinerías de Luján de Cuyo y Plaza Huincul. Nótese que, luego de casi cinco años, y por una cuestión coyuntural crítica, se decide exportar crudo al sólo efecto de tratar de recomponer caja. De esta manera, la excepcionalidad como norma de formulación y ejecución de decisiones se emparenta con la arbitrariedad y la falta de una mirada integral y sistémica del problema, ya que lo que hay que hacer- siempre- es resolver el apuro que plantea la coyuntura a partir de la agudización de la crisis.

IV) Los oscuros puntos en blanco del proceso de expropiación

Los recientes rumores sobre un potencial acuerdo entre la Argentina y España para dar por finalizado el conflicto suscitado a raíz de la expropiación del 51% del paquete accionario de Repsol en YPF-sellado con la aprobación de la denominada Ley de Soberanía Hidrocarburífera 26.741 en mayo de 2012- abren nuevamente un preocupante escenario de incertidumbre en materia de la política hidrocarburífera llevada adelante por la Administración de Cristina Kirchner. A la luz de este ruido mediático que, por cierto, tiene una alta cuota de juego de intereses contrapuestos en un contexto de erráticas medidas oficiales para detener el avance de la crisis energética, es importante recordar que, luego de un año de sancionada la mencionada ley, el Gobierno nacional no ha avanzado enérgicamente en la ejecución de las principales medidas necesarias para concluir el proceso de expropiación y renacionalización de la petrolera YPF. Es decir, desprolija y sospechosamente ha dejado en blanco puntos por demás importantes del proceso de expropiación de YPF:

¿ Cuáles son esos puntos aún pendientes de definición?

En primer lugar, la tasación oficial del valor accionario del conjunto de la empresa y, fundamentalmente, del 51% expropiado. La ley, sancionada el 3 de mayo de 2012, determina en su artículo 12 que será el Tribunal de Tasaciones de la Nación el que debe determinar el valor de la empresa a los efectos de poner en marcha el proceso expropiatorio. Este decisivo primer paso, aún no se ha concretado. Es decir no se sabe cuánto se va a pagar por la expropiación de la firma.

En segundo lugar, y como consecuencia de ello, no se han activado los mecanismos enmarcados en la ley de expropiación N° 21.499 , con lo cual, la injustificable demora en la determinación de un trámite de tamaña relevancia, puede llevar a detener todo el proceso en un contexto en el que Repsol ha interpuesto, durante 2012, tres reclamos jurídicos solicitando la nulidad de lo actuado por el Estado argentino. Una de esas presentaciones fue realizada ante el CIADI, el organismo del Banco Mundial que resuelve casos de disputas por inversiones internacionales presentadas por empresas extranjeras contra los Estados receptores de esas inversiones, cuya jurisdicción es reconocida por la Argentina desde la década de los ’90 (a diferencia de lo que sucede en Brasil, Venezuela, Ecuador y Bolivia, que se retiraron del CIADI) y, además, es un mecanismo previsto en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Argentina y España. Otra presentación fue realizada ante la Security Exchange Commission (SEC) en los Estados Unidos y la tercera en España, con el objeto de dificultar las decisiones tomadas por el nuevo directorio conformado a partir de la asamblea de accionistas realizada en junio de 2012 y que reflejaba la nueva realidad de mayoría estatal en el control de la compañía.

Un tercer aspecto que nos parece relevante y que está íntimamente relacionado con los dos puntos anteriores, es la inexistencia de información confiable sobre el nivel de reservas probadas efectivamente existentes en todos los yacimientos donde la compañía opera. Este punto reafirma la necesidad de realizar una auditoría integral del estado de las reservas de petróleo y gas de la compañía a los efectos de determinar, con mayor precisión, el valor de los activos, más aún teniendo en cuenta que las compañías petroleras se valorizan en el mundo por la cantidad de reservas probadas con que cuentan en su inventario, lo cual se suma, ciertamente, a la estructura productiva existente (refinerías, maquinaria, comercializadoras, infraestructura de transporte, etc.). En definitiva, sobre ello tampoco se ha avanzado.

En cuarto lugar, un aspecto no muy visibilizado (por lo impresentable que supone) de la gestión de la crisis energética, ha sido la decisión del gobierno nacional, a fines de 2012, de contratar unas 30 cargas de gas natural licuado (GNL) por un monto de 1.500 millones de dólares- de las más de 80 previstas para 2013 en orden a paliar el déficit en el suministro de gas- con la empresa Gas Natural Fenosa, que tiene a Repsol como uno de sus principales accionistas y al mismísimo Antonio Brufau, CEO de Repsol, como su actual Vicepresidente. Ello, de no revisarse, supondría encarar una transacción comercial con una compañía que tiene, entre sus accionistas, a la empresa que hoy está en abierta disputa con la Argentina a partir de la expropiación. ¿ Puede sostenerse esta decisión, aún desde la política permanente de la improvisación y el corto plazo para morigerar los efectos de la crisis energética?. Más aún, este tipo de decisiones nos obligan a preguntarnos si , efectivamente, no se está abonando el terreno para un posible acuerdo con España para concluir con el conflicto por YPF.

V) Conclusiones

En definitiva, además de la situación puntual de YPF, es importante tener en cuenta que las pujas interministeriales sobre el rumbo de la política energética nacional y el incremento del déficit comercial energético- que se ubicó en los 3.500 millones de dólares para 2012 y se estima en casi 7.000 millones de dólares para 2013-, siguen profundizando un cuadro de situación de por sí alarmante, que se cruza con nuevas decisiones que van en la misma dirección, como el aumento en el valor del gas “nuevo” que se extraiga- que pasará de los 4,5 a 5 dólares por mmbtu actuales, a unos 7,5 dólares, financiados directamente por el Estado- y el incremento a 70 dólares del precio de referencia del barril de petróleo para exportación ( que estaba en 42 dólares), lo cual redunda en una exacerbación de la renta extraordinaria apropiada por las firmas privadas y al mismo tiempo en una baja de las retenciones aplicadas a las ya menguantes exportaciones. Todas estas medidas, reproducen la lógica rentista, parasitaria y fragmentaria en el abordaje de la problemática energética y benefician a los mismos sectores empresariales transnacionales, agudizando la crisis e imposibilitando un abordaje integral del problema.

Esta visión cortoplacista y la tendencia a la adopción de medidas que reproducen las contradicciones y la debilidad en el funcionamiento de todo el sistema energético, refuerzan la estructuralidad de la crisis y no da respuestas a la pesada herencia de las políticas extractivas y desreguladoras que durante más de veinte años caracterizaron la organización productiva y normativa del sistema energético con la consecuente apropiación de la renta por parte de actores empresariales extranjeros y otros de origen nacional coaligados en el objetivo de reproducir un esquema de liberalización sin control real del Estado en todos los eslabones de la cadena hidrocarburífera y del subsector eléctrico. Una imagen puede resumir esta idea: Es el ropaje estatal el que garantiza el mantenimiento y profundización de la renta extraordinaria del sector para los privados.

En efecto, la República Argentina ha basado sus políticas energéticas en los últimos 20 años en la maximización de la extracción de hidrocarburos, con escasa o nula reposición de reservas, a lo cual se ha sumado que nos transformamos en país exportador de petróleo y gas. Las consecuencias han sido nefastas, ya que, de tener unos 30 años de reservas de gas y unos 25 de petróleo en 1990, hoy tenemos reservas para 8 y 10 años respectivamente. A lo cual se debe agregar que en 1998 alcanzamos el pico de extracción petrolera y en el 2004 de extracción gasífera y desde ese momento, no han habido procesos de inversiones suficientes para recuperar las reservas necesarias para no poner en peligro nuestro abastecimiento. En definitiva, hemos perdido la autosuficiencia y en materia de gas hoy debemos importar el 25% de las necesidades diarias del fluido.

Asimismo, persisten en el sector hidrocarburífero y eléctrico problemas estructurales de falta de inversión que se han acumulado; en materia de energía eléctrica hoy es muy claro con una fuerte desinversión en redes de distribución, mientras que, entre 2008 y 2012, fue el Estado y no los privados, el que encaró ampliaciones de transporte eléctrico que se necesitaban con urgencia en la red (unos 10.000 km de líneas de extra y alta tensión se construyeron en los últimos años). Ciertamente, el hecho que el Estado se haya visto forzado a encarar inversiones más que necesarias en el sector transporte de electricidad, contrasta con la opacidad y falta de transparencia del esquema normativo regulador heredado en materia de electricidad que, en lo concreto, erosionó la capacidad de planificación e intervención del Estado en la materia y la puso a disposición del incremento de la rentabilidad de los operadores privados.

Finalmente, todo el sector energético está funcionando con serias carencias en la Argentina, y persisten gravísimos problemas de regulación, falta de planificación e inconsistencias operativas que son claves a la hora de describir el estado de insuficiencia y pérdida de autonomía y soberanía energética".

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“Al Gobierno no le incomoda que vos hables del pasado; el problema es el presente”

ANRED

En dialogó con uno de los directores de ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?, la película –basada en el libro de Diego Rojas– que retrata el perfil del militante del Partido Obrero y muestra las responsabilidades, las complicidades y el trasfondo del plan criminal implementado el 20 de octubre de 2010. El film, señala Julián Morcillo, “fue un elemento de reinstalación mediática del tema, antes de la sentencia. En ese sentido creo que colaboró. Y que va a seguir colaborando hasta el momento en que se den a conocer los fundamentos y, después, en las apelaciones y en la lucha que sigue”.

Los directores de ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?, Julián Morcillo y Alejandro Rath –integrantes de Ojo Obrero–, se habían planteado como objetivo estrenar la película antes de que el Tribunal Oral Criminal N° 21 dictara la sentencia por el crimen del militante del Partido Obrero. Pese a la urgencia con la que fue realizada, se percibe en la película una preocupación por construir una obra cinematográfica coherente, que no descuida los aspectos técnicos y estéticos, y que explora, a conciencia, estrategias para acercar e interpelar a un público más amplio que el que sigue, de por sí, los reclamos de los trabajadores y los casos de represión.

La película retoma los tres ejes que Diego Rojas despliega en su libro (¿Quién mató a Mariano Ferreyra?, 2011). Con testimonios de familiares y compañeros, cuenta quién era Mariano, cómo era en su casa y en los espacios de militancia; su interés por la formación política –las lecturas de la biblioteca con los clásicos del marxismo que le había dejado su hermano–, tanto como por la música y el cine. Reconstruye, también, los hechos del 20 de octubre de 2010, cuando reclutas de la Unión Ferroviaria reprimieron, con armas de fuego, la manifestación en reclamo de la reincorporación y el pase a planta de 117 trabajadores despedidos de la línea Roca. Y, a la vez, identifica, de la mano de Andrés Oviedo –interpretado por Martín Caparrós– y de su hija –encarnada por Lucía Romano–, a los responsables del crimen, no solo materiales sino, sobre todo, intelectuales. La trama de Oviedo, ficticia, cuenta el proceso de investigación y los obstáculos que tiene el cronista para publicar los artículos que escribe sobre el caso. Esta historia es la que les posibilita a los directores exponer, sin abrumar a quien ve la película, la información y los testimonios que demuestran la responsabilidad de los dirigentes del gremio en la represión a los trabajadores y los beneficios económicos que obtenían por las tercerizaciones, así como el amparo de los funcionarios del Gobierno.

ANRed: La película tiene, al menos, tres aciertos: es un film político sin ser panfletario, es emotivo sin apelar a golpes bajos, y maneja diferentes registros sin repetirse ni resultar confusa. ¿Fueron temas que se debatieron a la hora de hacer la película, que les preocupaban?

Julián Morcillo: Eran todas cosas que nos preocupaban mucho. La cuestión de no ser panfletarios es una preocupación constante que tenemos. Algunos piensan que no, pero la tenemos. Probablemente, en la obra del grupo se pueda ver un progreso en ese sentido, que lógicamente tiene que ver con una maduración de la práctica y de este tipo de discusiones. A mí, igual, es una idea que a priori no me cierra, porque sugiere que el panfleto es criticable de por sí. Y un panfleto que dice “Paz, pan y trabajo” en la Rusia de 1917 no tiene por qué ser pensado como algo malo. Lógicamente, tiene que ver con las circunstancias. Si estamos en 2001: fuera De la Rúa, Cavallo, váyanse todos. “Que se vayan todos”. Cuando vos tenés la posibilidad de lograr una síntesis y que la energía de las masas coincida con esa síntesis, es buenísimo. Si no, tenés que explicar, explicar y explicar. De todas formas, tenemos y tuvimos desde el principio una preocupación por eliminar ciertas marcas discursivas. Por tratar de aportar elementos más concretos de prueba, que le puedan permitir a un público más amplio comprender un fenómeno que es particular y, al mismo tiempo, tiene una gran importancia política.

Después, el otro problema que señalás, también: no fue casualidad el tema de lo emotivo, de tratar de no caer en el golpe bajo. Es una línea muy delgada, donde uno puede caer incluso en la frialdad. Cuando uno tiene prejuicios sobre sí mismo, puede pasar que, al conocer el tema tan en profundidad y tratar de reprimir las cuestiones más sensibles, uno caiga en un racionalismo que te deshumanice. Eso también es peligroso. Nosotros experimentamos ese problema inmediatamente después del crimen de Mariano, porque lo primero que hicimos fue un corto de ocho minutos para el recital de Calle 13 en Plaza de Mayo. Ahí teníamos el desafío de que, si bien considerábamos que quienes iban a ir al recital iban a conocer los hechos y no iban solo por quienes tocaban, eran dos elementos que confluían. La pregunta, entonces, estaba: ¿saben mucho, saben poco, no saben? Ahí se nos apareció este problema y hubo todo un debate sobre qué imágenes tenían que aparecer y cuáles no. Discutimos mucho entre nosotros, incluso nos peleamos los que hoy somos los directores de la película (risas).

ANRed: ¿Cuáles eran las imágenes que generaban discusión?

JM: Hay una imagen muy fuerte –que al principio no estaba y, después de un debate en relación con la frialdad que aparecía sin esa imagen, incorporamos–, que es la imagen de Mariano cuando es ingresado a la ambulancia. Es una imagen muy fuerte pero que, al mismo tiempo, tiene una cuestión difícil de omitir: es la imagen que está en la memoria de la sociedad, como puede ser la de Maxi (Maximiliano Kosteki) en el hall de la estación Avellaneda. Son imágenes que generan la vuelta al día, a la conmoción del hecho, y omitirlas te coloca en el problema de explicar las cosas de una manera muy fría; corrés el peligro de no inquietar. Cuando hicimos ese primer corto, finalmente, pensamos que había que poner la imagen, y la respuesta del público fue muy buena; si bien algunos nos dijeron que era muy fuerte.

ANRed: El hecho había pasado hacía muy poco, también.

JM: Sí… Después de mucho tiempo de estar laburando en la película, nosotros accedimos a todas las imágenes que componen la causa. Hay imágenes de celulares, imágenes que no se habían difundido. Y ahí sí había cosas que yo no mostraría jamás. Que a nosotros, que habíamos estado seis meses laburando en la película, nos dejaron sin hablar por horas, porque eran intolerables. Pero que, al mismo tiempo, no tenían esto de la imagen de la ambulancia, de ser una imagen ya incorporada socialmente. Que a uno le trae de vuelta el hecho, pero también la conmoción social que generó y la respuesta de la sociedad. Uno ve la imagen de Maxi o ve la imagen de Darío, y piensa en la movilización. Ve la imagen de Mariano y piensa que hubo una respuesta espontánea de las masas. Ya tienen, esas imágenes, todos esos elementos. Cuando ves una imagen suelta de Mariano herido ese día, es realmente muy fuerte. Se vuelve como un backstage de la escena del crimen, del cual vos sabías poco, y es insoportable.

Cuando hicimos la película, volvió el debate sobre si iba la imagen de la ambulancia o no y, finalmente, aparece mediada por la televisión. Es decir, la incorporamos como metadiscurso. De alguna manera, se baja un poco el impacto que puede causar. Pero, al mismo tiempo, consideramos que tenía que estar para que quien no conoce la cuestión se tenga que bancar la realidad de que ahí le pegaron un tiro a un pibe, que es ese pibe que está ahí, en la ambulancia. Hay un momento en el que uno comprende que esa es una imagen que tiene que estar para generar una situación de emoción, o de conmoción, que es imprescindible para incorporar, después, toda la información que tiene la peli.

ANRed: Cuando, antes del estreno, uno se enteraba de que iba a ser un documental con escenas de ficción, desconfiaba un poco. Por ahí, por el recuerdo fresco de La educación prohibida, donde las escenas actuadas son una especie de bajada pedagógica y simplificadora de las críticas o discusiones que aparecen en los testimonios. En ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?, sin embargo, no se trata de escenas sueltas, insertadas en el medio del documental, sino de una trama. Y una trama que está muy bien resuelta y que le aporta mucho a la película. Para articular la información que se muestra o para exponer alguna opinión, pero también para bajar un poco esa tensión que generan las imágenes de las que hablabas antes.

JM: Afloja.

ANRed: Afloja un poco y le aporta un balance interesante al documental. ¿Por qué decidieron incorporarle esa trama a la película? ¿Se les presentaba algún problema ante el cual esto resultó una solución?

JM: Se nos presentaba el problema de que había, en la película, mucha información. Mucha información muy fuerte y, al mismo tiempo, mucha información que no tiene tanta espectacularidad, pero que tenía que aparecer para demostrar una responsabilidad más general sobre el crimen. Entonces, veíamos el problema de la enumeración, de la prosa, del documental de cabeza parlante. Ya en la primera adaptación del libro que presentamos al INCAA habíamos creado una figura, que se usa en el documental, que era una suerte de presentador.

ANRed: ¿Una voz en off?

JM: Podía aparecer con la voz en off o no. Pero después, cuando la volvimos a encarar, nos pareció que se iba a hacer muy pesada. Que iba a ser muy tediosa la cuestión de la incorporación de toda esa información. Entonces, ahí empezamos a pensar en armar una ficción que tuviese sus tramas. Que te permitiera una identificación con un personaje y, por medio de la identificación con ese personaje y con la misión de ese personaje, encontraras más gratificante el acceso a la información. Pensábamos, sobre todo, en el público no docto en la cuestión y en la idea de hacer una película no solamente para los conocidos de Mariano o los luchadores por el castigo a los culpables –que ya son muchos–, sino que fuera un material abierto a un público que no supiera del tema. Por eso pensamos esto.

Después, también hay una cuestión de mercado en el medio. Si nosotros aspirábamos a hacer una película que estuviera a la altura del tema, que fuera a los cines y que, de esa forma, apuntara a un público más amplio, el documental tenía sus límites. El tema de Mariano generó una crisis muy fuerte: una crisis de gabinete, una crisis del Gobierno con su base sindical. Y a su vez generó una respuesta popular fabulosa, que ha hecho posible las condenas que están en este momento en curso. Entonces, una película que estuviera a la altura del tema tenía que apuntar a un público amplio; cuanto más amplio, mejor. Y el documental es un género al cual la masa no está acostumbrada. En general, el cine argentino tiene muchas dificultades para penetrar en las salas y poder acercarse al público, y con un documental el problema aumenta. Entonces, todos esos elementos eran los que estaban a la hora de tomar esa decisión.

Igualmente, el primero de todos, para nosotros, era el de ofrecerle a un público más amplio la posibilidad de entrar en la historia.

ANRed: ¿Y te parece que la película consiguió romper ese cerco de público más militante?

JM: Yo creo que sí. Nosotros tuvimos primero ese problema. Los distribuidores nos decían: “No, documental no”. Nosotros les explicábamos: “No, mirá, era un documental, pero después hicimos una ficción”. “No, documental no”. Todos. Romper ese límite fue difícil porque los documentales acá se estrenan en una sala y chau. Entonces, el primer cambio fue en la presentación de la idea de la película. Y con eso creo que estamos logrando una respuesta de público mucho mayor que la de un documental. Ya estamos cerca de los 10 mil espectadores, que para una película de este tamaño es mucho. Lógicamente que, para el tema, todavía es poco. Pero eso tiene que ver con que el estreno fue acotado. Nosotros salimos con cuatro salas, y el primer fin de semana se acabaron las entradas en todas las salas. Uno puede pensar que tuvo que ver con que era una película esperada en ciertos ambientes, y entonces fueron todos a la vez. Pero también es un problema que vos no tengas una estructura para recibir un público más amplio, en la semana en la cual tenés la difusión del estreno. Ese primer fin de semana fueron a ver la película tres mil personas, y salió en las revistas de cine como la película furor del fin de semana. Estaba primera en una estadística que es “cantidad de espectadores por copia”, por sala. Y estaba primera, por encima de las de Hollywood. Una cosa simpática, pero que al mismo tiempo mostraba el problema del embudo.

ANRed: No era fácil saber dónde la pasaban, conseguir entradas…

JM: Claro. Por ejemplo, nosotros hicimos toda la semana anterior al estreno mucha prensa. Salimos en todos los diarios, salimos en TN; salimos en todos los medios. Pero el que vive en Moreno, Ituzaingó, Castelar, tiene que viajar dos horas para ver la película. No va. Esto es súper simple: no va. Y eso te condiciona mucho. Sin embargo, ahora ya estamos en la quinta semana en cartel, que para películas hechas con este presupuesto es muchísimo. Ni siquiera con este presupuesto. Hay películas hechas con un presupuesto medio que no están ni tres semanas. Entonces, eso lógicamente significa que hay un público mucho más amplio que el militante, y la respuesta, al menos la que recibimos nosotros, es muy buena.

Es difícil tener una medida, igual, porque no dejan de ser pocos. Pero, al mismo tiempo, la película tuvo un papel que sí es mensurable, que fue que, al estrenarse el 4 de abril, fue un elemento de reinstalación mediática del tema, antes de la sentencia. En ese sentido creo que colaboró. Y que va a seguir colaborando hasta el momento en que se den a conocer los fundamentos de la sentencia y, después, en las apelaciones y en la lucha que sigue.

ANRed: Ese era el objetivo que se habían planteado de antemano; ¿en qué otras cosas te parece que aportó la película? Tanto el libro como la película, creo, aportaron también a que se discutiera el tema de la tercerización laboral.

JM: Sí, eso es algo a lo que aportó –probablemente más que cualquier otro hecho en la historia argentina– el crimen de Mariano. Acá, tenemos a la tercerización como una forma de explotación desde hace más de 20 años. Sin embargo, no era un tema de debate. Fue prácticamente con el crimen de Mariano que se instaló más profundamente la discusión del problema.

La película sí le aporta a quienes están más lejos de esa experiencia una visión más acabada del problema. Después, me parece que otra cosa que aporta la película es el hecho de que haya un film que logra cierta repercusión, contando la historia de un militante de izquierda. De un militante de ahora, que interviene sobre el presente. Eso no hay. Según lo que me decía el editor de una revista, tampoco hay películas que cuestionen a funcionarios del Gobierno. No hay. Es inconcebible.

ANRed: De hecho, el último film político de resonancia fue el documental sobre Néstor Kirchner.

JM: Claro. Nosotros venimos del cine militante y de conocer a muchos grupos de cine militante. Lógicamente, sucede que esas películas no han logrado emerger a un circuito de salas comerciales y tener una difusión masiva. A su vez, también, sucede que no todas esas películas tienen estas condiciones; en general, trabajan sobre el pasado. Y eso incomoda mucho menos.

ANRed: ¿El hecho de que trabajen sobre el pasado?

JM: Sí. Al Gobierno no le incomoda que vos hables sobre el pasado. Mucho menos si es sobre los 70: está perfecto. Incluso podés hablar mal de Perón, si te parece; no hay problema con eso. El problema es el presente. Ahí, lógicamente, cualquier representación que hagas… Que me parece que es una de las cuestiones que está en la película: no está puesta en debate la posición política de Mariano Ferreyra. Simplemente, hay una investigación que trata de contar los hechos. Ya eso es una bomba. Y eso habla un poco de cuál es el grado de censura y de ostracismo del cine, y del arte en general, en cuanto a las representación de lo político. Hay muy poco. Uno podría pensar –que incluso nosotros lo tomamos como referencia– en El rati horror show, pero se circunscribe a un caso. Lógicamente, saca algunas conclusiones, pero no conclusiones políticas muy particulares, sino más generales en cuanto al funcionamiento de la Justicia y cierta forma de la impunidad. Pero me parece que lo original es eso. Y nosotros lo hicimos naturalmente así, y nos impacta un poco, también, la respuesta.

La reconstrucción de los hechos

ANRed: Hay dos cosas, al menos, que podrían discutírsele a la película. Una es la ausencia de referencias a otros espacios políticos y sociales en las escenas que reconstruyen los hechos del 20 de octubre. El libro de Diego Rojas, por ejemplo, menciona al Movimiento Teresa Rodríguez, Convergencia de Izquierda y la Coordinadora Aníbal Verón.

JM: Ese fue un error que cometimos –porque, lógicamente, uno no puede no hacerse cargo de ese tipo de cosas. Pero delegamos en los compañeros que citaron a la gente para armar la reconstrucción, la tarea de armar banderas que identificaran a otras organizaciones que habían estado presentes. Nosotros queríamos hacer la reconstrucción lo más realista posible. Yo, por ejemplo, comparando con las imágenes filmadas por la policía, que están en la causa, y todas las demás, veo que en la película faltan las banderas del MTR. Porque son más identificables, también, por los colores. Pero eso fue un problema de producción, no una intención de eliminar de la historia. De hecho, esto por ahí tampoco está del todo claro para el que no conoce la discusión que hubo antes de la marcha, pero nosotros, cuando reunimos a los actores que iban a representar la reunión previa al corte, teníamos una idea original de poner, después, una voz en off que contara qué sucedía ahí. Les indicamos que hicieran una charla de todas formas. Entonces, para hacerla, ellos mismos trataron de recordar cuáles eran las posiciones de los que estaban ahí. Mientras nos preparábamos para filmar, empezamos a charlar sobre eso. Algunos decían: “Bueno, yo voy a hacer el del MTR; vos hacé del tercerizado que decía tal cosa”. Eso probablemente no haya estado acorde a la precisión que se suele reclamar en la lectura de las actas de una asamblea, pero nosotros, por la naturalidad que surgió en ese diálogo, decidimos dejar todo en vez de usar el off. Por supuesto, no están identificados, no se dice que el que decía tal cosa era del MTR, pero no nos parecía algo fundamental para las intenciones del relato. Entiendo, igual, que por ahí algunos compañeros la vean y digan: “No, esto no fue así”.

ANRed: Te preguntaba, también, porque suele estar esa tensión –o puede ser un prejuicio, pero es una discusión histórica– en los grupos de cine que participan en un espacio político, de hasta dónde el discurso cinematográfico se subordina al discurso o a los objetivos de ese espacio.

JM: ¿En qué sentido?

ANRed: Es una discusión clásica del cine militante, de hasta dónde el discurso cinematográfico se define, por ejemplo, en el partido.

JM: El otro día hablaba con un crítico de un diario de Rosario, y me preguntó si éramos el “brazo audiovisual” del PO. Yo le dije: “Mirá, me parece algo completamente descartable como idea”. Porque es una metáfora que supone que nosotros no somos sujetos que pensamos, tenemos ideas y las expresamos de la forma que se nos canta el orto. Y que al mismo tiempo, con esas ideas, podemos coincidir con un partido político. Que, a su vez, también está compuesto por sujetos. Es una idea militarista. Repudiable, completamente. Lean la crítica de Altamira a la película en Prensa Obrera. Probablemente, le guste menos de lo que parece que dice ahí, y de alguna manera también es un elemento, para aquel que le interese ese problema, de comprobación de que él hubiese preferido una película distinta. Que yo creo que no es buena como crítica. Sobre todo por él, porque él es incluso un buen crítico de cine, mira películas y escribe buenas críticas. Pero le pesa esto de decir: “Bueno, tengo que hacer una crítica, pero tampoco puedo hablar tan mal porque, finalmente, no hace daño”.
De todas formas, me parece fundamental esto: que esa idea de hasta dónde, hasta cuándo, hay que eliminarla en la práctica.

ANRed: No me refería, igual –no sé el crítico del diario de Rosario–, a una cuestión militarista, sino a que uno puede aportar, por decisión propia, a aportar sus conocimientos específicos e incluso su talento para construir un relato que responda a los objetivos políticos de un partido, sin que eso signifique que alguien te haya obligado.

JM: No, está claro. Pero, por ejemplo, nosotros hicimos películas, incluso en momentos en los cuales los críticos nos consideraban mucho más panfletarios que ahora, en las cuales no aparecen banderas de partidos políticos. Si vos mirás la película sobre el conflicto del casino (Casino, 2008), no hay una bandera de un partido político. Si hay una, no sé, estará ahí atrás. Depende de qué tenés que contar. Si vos tenés que contar el crimen de Mariano Ferreyra y no aparecen banderas del Partido Obrero, estás mintiendo. No podés decir: “Hay muchas banderas del Partido Obrero”. Bueno, ¿qué querés? Tampoco se puede mentir. Pero en un punto, también, para lograr un equilibrio hay que sacarse de encima los prejuicios sobre uno mismo.

ANRed: En la película, también, hay una hipótesis delicada sobre los hechos de ese día, respecto a cómo fueron las discusiones con los tercerizados. De alguna forma, la película muestra que quienes insistieron para que el corte de vías se hiciera fueron los despedidos, pese a que los militantes del PO que estaban ahí veían las posibilidades de que hubiese una represión fuerte. Desde ya, la insistencia de quienes habían sido despedidos, como marca el documental, tenía como trasfondo el hecho de que al otro día se concretaba el despido y que, si no era con una medida fuerte, no tenían manera de recuperar su trabajo. Sin embargo, en una lectura posiblemente muy arbitraria, no puedo dejar de poner en relación esta hipótesis con la acusación de José Pablo Feinmann, entre otros kirchneristas, acerca de la responsabilidad del PO en el crimen, en referencia a un supuesto poco cuidado de sus militantes. Una acusación, de por sí, demasiado miserable como para merecer una respuesta.

JM: Me cuesta pensarlo así, porque nosotros el énfasis lo bajamos. La discusión previa, según nos contaron los que estuvieron ahí, es muy realista. La acusación de Feinmann… El tema es que lo de Feinmann es una porquería. Entonces, es muy difícil. Si vos me preguntás si Mariano Ferreyra o los compañeros de Mariano Ferreyra o las compañeras que aparecen en la película que participaron de la medida fueron descuidados, porque fueron sometidos a la decisión de un grupo de trabajadores que estaban condicionadas por su realidad material, porque al día siguiente iban a ser despedidos, mi respuesta es no, de ninguna manera. Esos tipos estaban ahí porque eran incluso más conscientes que los que se estaban por quedar sin trabajo de que eso era importante para todos, incluso para los que no luchan. Entonces, para esas personas, la decisión de cortar una vía tiene que ver, siempre, con cómo una lucha puede tomar el mejor camino. Si se realiza una acción desmedida, puede significar que ningún tercerizado más quiera sumarse a una próxima acción, por ejemplo. Si se retrocede con relación a una decisión de una asamblea, también puede significar eso. Es decir: “Bueno, finalmente nos reunimos, decidimos una determinada acción y, al final, venimos acá y no la hacemos”. El que no tiene el hábito de discutir política se hincha las bolas; lógicamente, prefiere ir a la casa a ver el partido. Pero el énfasis nosotros lo bajamos, porque creo que la idea de la película de alguna forma, también, es lograr que aquel que desconoce el tema encuentre la motivación, la motivación real, no la motivación político-ideológica.

ANRed: ¿La motivación de quienes estuvieron ahí?

JM: Claro. Es decir, el profesor puede explicarnos a todos qué significa la tercerización para los capitalistas: una manera de combatir la caída de su tasa de beneficio. Pero esto es una cuestión que a muchos les puede resultar importante o no. Si lo que sucede es que hay una situación real que afecta a una determinada cantidad de familias, se comprende de otra forma también. Lógicamente, ahí aparece primero esto y después la explicación. Me cuesta pensarlo en los términos miserables de Feinmann, me cuesta mucho pensarlo. Y en un punto hay algo que también es cierto y es que las características del ataque no estaban en los cálculos de nadie. Entonces, con el ataque realizado, el de Feinmann es un argumento de encubrimiento de los asesinos, lisa y llanamente. Si hubiese una posibilidad de ir con la justicia más allá de los responsables políticos, habría que ir por los responsables ideológicos del intento de encubrimiento de los asesinos. Y habría que enjuiciar a Feinmann, indudablemente.

El financiamiento y la actitud del INCAA

ANRed: ¿Cuál fue la actitud del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) respecto al documental? Ustedes recibieron un subsidio del instituto para financiar la película, pero también apelaron al sistema de crowdfunding.

JM: Nosotros nos presentamos a la Quinta Vía o Vía Digital, que ahora está en el centro del debate. La Vía Digital fue producto de la lucha de muchos documentalistas que, en su mayoría, nos agrupamos en DOCA, y que en 2007 presentamos una propuesta para que se creara una vía de subsidios para documental, la Vía Digital. La Ley de Cine, hasta ese momento, para reconocer una película como nacional requería que fuera terminada en 35 milímetros. En Argentina, casi todas las películas ya a esa altura no se filmaban en 35 milímetros, porque era y es muy caro. Sin embargo, terminada la obra, el instituto demandaba que el material digital se pasara a 35 milímetros.

ANRed: Un pasaje que también es muy caro.

JM: Ese pasaje también es carísimo. Antes era más caro que ahora; ahora está en 35 mil dólares la copia, y después, sobre esa copia original, cada lata cuesta unos 10 mil dólares más, una cosa así. Me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo, pensando en la idea de “Bueno, si queremos hacer una película que esté a la altura de la historia de Mariano Ferreyra, tenemos que hacer copias en 35 porque, si no, no vamos a poder entrar a las salas”, le decía a René de Calle 13: “Necesitamos conseguir 100 mil dólares”. El tipo me miraba… “Interesante, voy a pensarlo”, me dijo. Todavía no tuve respuesta (risas). Pero ese límite significaba que muchos documentales que se estaban haciendo en Argentina, en digital, tuvieran enormes dificultades. No solamente para pasarse en salas, porque no había en ese momento tantas salas digitales como ahora, sino también para ser reconocidas legalmente, con la consecuente imposibilidad de acceder a los beneficios que eso supone. También había otro condicionamiento fundamental de la Ley de Cine, que era toda una serie de requisitos de antecedentes, que te obligaban a asociarte a pequeñas empresas capitalistas ya instaladas en el medio cinematográfico, que de alguna manera habían logrado que esa ley funcionara como un cerrojo y armar, así, una especie de patria contratista de los subsidios del INCAA. Lógicamente, si vos sos un director de una película en esas condiciones, perdés completamente la potestad de tu obra; pasa a ser de la productora. Incluso, con intervención sobre los contenidos y demás. Cuando nosotros planteamos la creación de la Vía Digital, planteamos que se creara un subsidio que no exigiera ni finish en 35 milímetros –y de ese modo sea mucho más económico– ni, a su vez, ningún tipo de antecedente para presentarse.

ANRed: ¿Cuándo hicieron este planteo?

JM: Esto fue en 2007. Cuando nosotros hicimos esta propuesta, en realidad surgió de una iniciativa que había sido del propio instituto. El INCAA había creado una mesa con ocho documentalistas y les había propuesto crear una asociación que se pronunciara por la creación de un subsidio para documentales; el planteo original era hacer ocho documentales por año. Ocho documentales por año con 300 mil pesos, creo que era el planteo. Esa asociación comete el error de, en vez de repartirse los ocho documentales de ese año, hacer una convocatoria y llamar a más documentalistas. Y cuando crece se empieza a dar el debate de por qué ocho, por qué no 40, con menos plata. Si hacemos documentales sin plata, podemos hacer documentales con poca plata. Esto generó una ruptura. Finalmente, la asociación –que ya originalmente era DOCA– se quiebra, porque un sector no quería que fueran más documentales por menos dinero; preferían que estuviera cerrado a una cosa más elitista. Entonces, después de que se produce esa ruptura, nosotros presentamos esta propuesta y marchamos al INCAA, algo que generó una respuesta bastante fuerte de los medios. En esa época estaba bueno, porque todos los medios estaban con el Gobierno, no era como ahora. Todos los medios eran kirchneristas y todos, a su vez, mantenían una línea editorial acorde a cada uno. Pero todos estaban en contra de nosotros, todos. Me acuerdo que nos decían: “Los de DOCA son los piqueteros del cine”.

ANRed: Bueno, no estaba tan mal tampoco.

JM: No, claro, a nosotros no nos ofendía mucho, pero ellos nos decían así como una manera de despreciarnos. Sin embargo, bueno, rompimos tanto las bolas que finalmente se terminó definiendo que fueran 40 documentales por año, por 120 mil pesos.

ANRed: Le sacaron más presupuesto.

JM: Le sacamos más presupuesto del que pedíamos. Cuando se crea la vía, se arma el Comité de Evaluación. Hasta hoy, ese comité era el único que no era designado por las autoridades del instituto, algo que permitía una gran pluralidad y heterogeneidad en las propuestas aprobadas por esa vía.

Respecto a la película, nosotros pensábamos que tenía que tener un alcance más amplio, pero los comités de las vías que ofrecen subsidios más altos mantienen, todavía, el criterio elitista de los antecedentes, que nosotros no podíamos pasar. Y también estaba el problema de la conformación de los comités: no es una película muy aprobable por los de la primera y la segunda vía. Entonces, aplicamos a la Vía Digital y nos aprobaron. Por esa aprobación recibimos un subsidio de 195 mil pesos, de los cuales la cuarta cuota todavía no la cobramos, y el crowdfunding tuvo que ver con que, cuando nosotros finalmente decidimos hacer la ficción, pedimos una reunión en el instituto y planteamos que, por la magnitud que había tomado la película –íbamos a estrenar en salas y se había instalado un interés importante–, queríamos acceder al subsidio que le dan a todas las obras terminadas, que es de alrededor de 200 mil pesos. Hay otro subsidio, también, que se llama Subsidio de Medios Electrónicos y se usa para el paso a 35 milímetros, que es de 500 mil pesos. El paso a 35 es muy importante ahora porque las salas nacionales no son todas digitales, y las salas comerciales, asociadas a los medios de Hollywood, solo le dan al cine nacional las de 35 milímetros, porque las digitales las usan para el 3D. Entonces, si vos no pasás a 35, no tenés posibilidad de acceder a muchas de las salas del circuito comercial. Ahí está la encerrona, porque decís: “Bueno, tengo que ponerme con el 35 milímetros para poder pelear una sala en el circuito comercial, meto la película en 35 milímetros que me salió 35 mil dólares, y el hijo de puta me la va a sacar en una semana”. Nosotros, igualmente, como teníamos expectativas en la película y pasarla a 35 nos hubiese permitido hacer un estreno más amplio, pedimos los dos: el que le dan a las películas terminadas y el Subsidio de Medios Electrónicos. Todo eso fue rechazado. Nos ofrecieron, solamente, un plus para hacer una copia en DSP, que es el reemplazo digital del 35 milímetros.

ANRed: ¿Eso te permite pasarla en salas…?

JM: En salas digitales.

ANRed: No en las de 35.

JM: No. Y la dificultad que tenés en las salas digitales es que en un complejo, por ejemplo, competís con el que viene en 3D. Entonces, si viene un tanque como Ironman… Nosotros volamos de la sala de Córdoba teniendo una media de público que está por encima de la media nacional, pero viene Ironman, te hace pum y te corre. Entonces, la ayuda de DSP la pagaron, pero son 29 mil pesos, o una cosa así, de copias. Lo que pasó después es que nosotros pedimos, a mediados de marzo, que se aceleraran ciertos trámites burocráticos que hay que hacer en el instituto para estrenar una película, por la idea que teníamos de que saliera antes de la sentencia. Ese pedido de consideración fue tomado, incluso por la Presidenta del instituto (Liliana Mazure), que se puso a la cabeza de acelerar todo. Pero, sorprendentemente, después del 24 de marzo empezaron a aparecer algunos frenos en ciertas cuestiones que se habían comprometido a facilitar. Por ejemplo, íbamos a tener cuatro salas de espacios INCAA y nos bajaron dos una semana antes del 4 de abril; sobre eso no tuvimos ninguna explicación.

Después, había otro elemento que era el tema del estreno. Las películas nacionales, en general, se estrenan en una sala INCAA, por diferentes motivos. Primero, el Gaumont concentra el público del cine nacional por sobre las otras salas y, lógicamente, eso se respeta. Pero, además, hay una cuestión económica, que es que cuando se estrena en una sala INCAA, de la entrada de la función privada el instituto te cobra solamente el impuesto. Por lo tanto, un estreno de una sala de 250, más o menos, te sale unos 900 pesos, o 700 pesos. Nosotros, por el estreno en el Premier, tuvimos que pagar 9 mil pesos. Para una película que tiene dificultades económicas, es una diferencia importante. Y la decisión de rechazar el estreno en la sala INCAA tampoco nos fue explicada. Era algo que no les implicaba mucho esfuerzo, porque se hace con todas las películas, y ese jueves, lamentablemente para el INCAA, el único estreno nacional era este. A partir de ahí, se cerró completamente la posibilidad de diálogo. Y después, claro, vino todo el problema de la resolución 982 y la disolución del comité que, casualmente, aprobó esta película. No es algo que tenga…

ANRed: Estricta relación.

JM: Estricta relación, pero indudablemente tiene estricta relación. Así de contradictorias y dialécticas son las cosas. No, digo esto porque desde Ojo Obrero señalamos desde hace tiempo que el instituto quiere liquidar esta vía. Trató de hacerlo por medio del ahogo financiero: es la única vía de subsidios que mantiene las mismas cifras desde hace dos años. Los subsidios ya eran bajos cuando eran de 200 mil pesos en 2010, pero ahora estamos en 2013 y todavía son de 200 mil pesos. Amén de que, aparte, no es que te dan 200 lucas y vos hacés la película. No, te van dando y vos tenés que ir filmando. Por eso nosotros le sumamos el tema del crowdfunding. Recaudamos 50 lucas por ahí y, con eso, compramos los afiches.

Pero, bueno, ahora está el tema de la resolución 982, que es un golpe directo a la posibilidad de acceder a los subsidios, sin que sea cercenada la libertad de expresión. La misma Presidenta del INCAA dijo en una reunión que había recibido presiones por proyectos que no se aprobaban. Los proyectos por los cuales le reclamaban eran de realizadores o productoras cercanas al Gobierno. Por supuesto, eso no quiere decir que el accionar de los comités estuviese dirigido en contra del Gobierno. Me comentaba un compañero, que fue miembro del comité de aprobación, que si tuviera que hacer una lectura ideológica de los proyectos que le tocó analizar, alrededor de un 50% tenía opiniones que estaban en sintonía con el Gobierno. Yo le decía que me parecía lógico que tuviera una representación cercana a la realidad de la representación política. Pero no me parece admisible que se busque que todas las películas estén en sintonía con el Gobierno.

Las condenas

ANRed: Para terminar, ¿qué opinión tenés sobre las condenas por el crimen de Mariano?

JM: Creo que fue un fallo contradictorio. Contradictoria, básicamente, fue el discurso del Presidente del Tribunal (Horacio Días), en el que, en una primera instancia, liquidó las bases de la argumentación de la defensa en relación con la elaboración de un plan criminal. Cambió la carátula de la participación de la policía: la fiscalía había pedido que se considerara como abandono de persona y el Tribunal determinó que fue una participación necesaria. Todo esto, en una primera instancia, nos hacía pensar a los que estábamos ahí que era posible que se aplicaran las condenas pedidas por la querella. Sin embargo, después el Presidente del Tribunal señaló esa idea de que a la Unión Ferroviaria no le convenía un muerto y, de ahí en más, fue un derrape. Llegó un momento, cuando dijo que desde la muerte de Bulacio –sobre la cual no hay condenados– no hubo más razias en la Argentina, en que uno esperaba cualquier cosa. Incluso ahora, de más lejos, pienso que él debe haber concebido ese discurso con esa intención, porque buscó el justo medio. Si uno analiza el resultado, es una payasada. La idea de que la UF no buscaba un muerto es contradictoria con el propio fallo, porque el mismo Presidente del Tribunal señaló que los que realizaron el ataque eran conscientes de que contaban con el sostén de la policía. Entonces, si tomamos en cuenta, a su vez, que nunca fue condenado un jerarca sindical por un crimen político, ¿cómo iba a estar en el cálculo de Pedraza y de Fernández que el crimen de un militante iba a tener como resultado esas condenas? De ninguna manera; esto es producto de la lucha popular. Por eso está cerca del absurdo el planteo. Sobre todo porque iba a producir, después, un hecho histórico. No deja de ser histórico que se condene a 15 años a Pedraza. Pero ese justo medio tiene que ver con la búsqueda de cortar los vínculos. En ese sentido, es muy interesante la mención de Tomada. Tomada no fue ni siquiera indagado.

ANRed: Aparte, con un argumento de psicología de café, digamos: “no, se lo quiere sacar de encima, porque le dijo que…”.

JM: ¿Por qué lo tiene que defender a Tomada? Ahí derrapó. Si Tomada no es imputado en la causa. Bueno, sí, hay una escucha. Fenómeno, pero no es imputado. Lo cual deja ver que el resultado de la condena es un intento de proteger a los funcionarios políticos del Estado que están relacionados con el caso. El Tribunal consideró que los comisarios que estuvieron en el campo actuaron de forma inconsulta. Fueron partícipes necesarios, pero actuaron de forma inconsulta. Sin embargo, fue comprobado en el juicio que en ese tipo de accionar la policía obedece órdenes políticas. Esas órdenes políticas corresponde que las dé el ministro del Interior, Aníbal Fernández. De haberse resuelto que la participación necesaria de la policía venía de la DGO, se habría abierto el camino a un juicio Ferreyra II. En el cual seguramente debería declarar Schiavi, por haberse reunido con Pedraza el día anterior y haber preparado el amparo del Estado para ese accionar que Pedraza le había propuesto. Y, probablemente, también Tomada. Que, lamentablemente, no había sido informado de que el teléfono de Pedraza estaba intervenido y, entonces, tuvo esa desagradable charla en la cual le dice que la mejor defensa es un buen ataque. Amén de que la expresión fuera poco feliz, dejó en claro que la preocupación del responsable de la cartera de Trabajo, cuando se produjo el asesinato, pasaba por inducir políticamente el accionar del jerarca sindical que está sindicado como el autor del crimen; no por los familiares de Mariano ni por los tercerizados que luchaban por ingresar a la planta. Entonces, de alguna manera, la decisión del Tribunal tiene que resolver contradicciones muy fuertes que se le presentan al Gobierno en esta causa. Que nosotros, de alguna manera, las exponemos en la película. Vos vas a ver en la película que en las manifestaciones para pedir justicia por Mariano hay banderas kirchneristas, pero también vas a ver que hay funcionarios que defienden a Pedraza. También vas a ver que la UF integra la CGT oficial. Esas contradicciones son las que se quieren saldar con una condena a medias, y de alguna manera son una forma de coartar la posibilidad de que haya justicia. En ese sentido, continúan las apelaciones, la movilización y también, por supuesto, la tarea de la película.

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Un nuevo maltrato a los ciudadanos

Damián Solanas (INFOSUR)

La crisis en el transporte automotor de pasajeros de larga distancia.

La estructura del sistema de transporte hace agua en la argentina y los síntomas no dejan de aparecer. Esta vez fue el turno del servicio público de transporte de ómnibus de larga distancia y las víctimas del flagelo sistémico se repiten, son los sectores socioeconómicos medios y bajos de la población.

El escenario caótico de la terminal de Retiro de hace algunos días mostró con suma crueldad el pisoteo de los derechos constitucionales de las personas abandonadas a su suerte. Todo ello, producto de la ambición corporativa de las empresas de transporte automotor de larga distancia obcecadas en no convalidar un 23% de aumento de sueldos sin obtener una contrapartida en subsidio estatal.

Este cuadro de situación del servicio de ómnibus de larga distancia si bien posee matices circunstanciales -nivel inflacionario, retraso salarial, defensa de los niveles extraordinarios de rentabilidad- deja ver, por otro lado, a un sector empresario poderosamente concentrado que guarda una profunda relación con el andamiaje legal vigente. Este último, nacido hace más de 20 años con la predominancia de las reformas desreguladoras del Menemismo -Decreto 958/1992 y Resolución 400/1999- junto con la insólita perpetuación del régimen de emergencia -Decreto 2407-inaugurado en 2002.

En primer término, la desregulación del servicio automotor de larga distancia en los noventa estuvo premeditadamente articulada con el golpe de gracia que tuvieron los ferrocarriles interurbanos de pasajeros, a partir del masivo cierre de servicios ferroviarios del interior. Si bien los ferrocarriles fueron perdiendo terreno desde la década del `60 con respecto al medio de transporte automotor, las políticas neoliberales terminaron pulverizando al ferrocarril interurbano como competidor del paradigma petrolero/carretero. De 11 millones de pasajeros transportados por ferrocarril en el año 1987 se pasó a 2 millones en 1993, llegando en la actualidad a transportar- con una incidencia prácticamente marginal- a apenas 1 millón de personas. Como contrapartida, el medio automotor interurbano incrementó su peso relativo, captando la demanda ferroviaria cercenada. De transportar 45 millones de pasajeros en 1987, el ómnibus de larga distancia, pasó a 55 millones en 1993.



Por otro lado, el proceso desregulatorio del transporte automotor iniciado en 1992 tuvo un fuerte impacto en la oferta de servicios de larga distancia a partir de la habilitación de nuevos operadores de servicio de“tráfico libre”, de “turismo” y “ejecutivos” (desregulados) en competencia con los servicios públicos (regulados). No obstante, en un principio se creó en algunas trazas competencia entre servicios (lo que redundó en disminuciones de tarifas en beneficio de los usuarios) la profundización del régimen generó la necesidad de recuperar los niveles de rentabilidad empresaria a partir de la concreción de procesos de fusión entre las empresas -Resolución 400/1999-.

Pese a que el proceso de concentración de capital en el transporte automotor de pasajeros de larga distancia se había iniciado de manera paulatina previo al proceso desregulatorio, este adquirió aceleración a partir de la crisis macroeconómica de 2000/2001. En ese período, numerosas empresas entraron en quiebra lo que facilitó el proceso de compras y fusiones. Como si fuera poco, le siguió en 2002 el régimen de emergencia para el sector -Decreto 2407/2002- El mismo otorgó quitas de multas del 80% a las empresas infractoras, reducciones substanciales en el pago de peajes, suspensiones a la entrada de nuevos operadores al sector (defensa corporativa) y, junto con el Decreto 675/2003, el otorgamiento discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional de cupos de Gas Oil a las empresas del transporte público de pasajeros, en base a acuerdos trimestrales renovables que continúan en plena vigencia.

En ese régimen legal de subsidios, ampliamente respaldado en los últimos diez años, se desenvolvió el principal proceso de fusiones y compras de las empresas del transporte automotor. Las mismas no pueden verse cabalmente representadas en la evolución del número de empresas (más allá que estas se han reducido substancialmente como se ve en el Gráfico 2), debido fundamentalmente a que detrás de diversas razones sociales se oculta un mismo capital. Ejemplo del caso lo constituye el empresario Cirigliano, dueño de Transportes Plaza, El Rápido, Plus Ultra Mercobus y Dumascat, entre las conocidas.



El proceso de concentración empresaria del transporte automotor interurbano de pasajeros queda en evidencia. De un total de 185 empresas en 1998 se pasó a tener 135 en 2004 y actualmente existen 131, y de estas últimas habría que desenmascarar las vinculaciones accionarias que existen entre ellas.

Esta última caracterización de la actual estructura concentrada del transporte automotor de pasajeros interurbanos, sin contar ya con medios alternativos competidores en una misma traza (como podría haberlo sido el ferrocarril) explica en qué medida se ha disminuido el poder de negociación del Estado Nacional frente a conflictos de intereses de esta índole.

En referencia a los derechos de los usuarios y consumidores, constituye un agravante entender que el organismo encargado del contralor y fiscalización CNRT, creado a partir de los decretos desreguladores, ha ejercido su función (en casi 20 años de actividad) de manera ineficiente y solidaria para con las empresas que debía controlar. En este sentido, se ha gestionado ocultando sistemáticamente la estructura de costos y márgenes de rentabilidad empresaria, como así también, de la política de fusiones y compras inter-empresaria en detrimento del usuario.

Por otro lado, si bien el régimen de precios del servicio de ómnibus de larga distancia se encuentra regulado entre bandas, es posible determinar en qué medida el usuario ha perdido beneficios frente al poder monopólico/oligopólico de las empresas. La comparación de tarifas correspondientes a determinados pares origen/destino en donde aún hoy el ferrocarril mantiene servicios con escasísima frecuencia, como es el caso de Capital Federal-Rosario o Capital Federal-Córdoba, permite estimar el costo social de la actual estructura de transporte. En el primer caso, la tarifa en tren en primera clase es de $30 contra $150 de la tarifa semi-cama via ómnibus (5 veces menos), en tanto que en el segundo caso estamos hablando de una diferencia aún mayor $50 contra $350 (7 veces menos).

Como conclusión del breve análisis del sector del servicio de transporte automotor de pasajeros de larga distancia, a la luz de las recientes medidas de fuerza del sector empresario, en connivencia con el sector sindical y ante la impotencia del poder ejecutivo nacional -inobjetablemente responsable del caso-, puede afirmarse que:

1) Existe una estructura empresaria substancialmente más concentrada que la misma de hace 20 años atrás, manteniendo un poder oligopólico y/o monopólico en algunas trazas, favorecida por la continuidad del andamiaje legal heredado de los años `90 y robustecida por la consolidación de un régimen de emergencia, sostenido a través de diferentes subsidios, directos e indirectos.

2) El poder de colusión actual de las empresas de transporte automotor guarda una íntima relación con la continuidad de la hegemonía del paradigma petrolero/carretero, en el marco del abandono discrecional del sistema ferroviario interurbano por parte de las políticas públicas gubernamentales.

3) La estructura actual del sistema de transporte de pasajeros interurbano ha beneficiado ampliamente los intereses empresariales del sector automotor en detrimento del beneficio social, perjudicando fundamentalmente la calidad de vida de los sectores de menores ingresos.

En definitiva, el padecimiento ciudadano a partir de cinco días sin servicio público de autotransporte interubano de pasajeros constituye una muestra irrefutable del abandono y desamparo que tiene la ciudadanía argentina frente al atropello de las corporaciones del transporte robustecidas fundamentalmente por las políticas públicas mantenidas desde hace más de diez años.

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