jueves, 23 de mayo de 2013

La catástrofe de Bangladesh, botón de muestra del capitalismo mundializado

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

I. El derrumbe de un edificio de ocho pisos en Bangaldesh totalmente inseguro que albergaba varios talleres de confección de ropa donde trabajaban 3500 personas, provocó más de mil muertos. Unos días después un incendio en otro taller textil causó 8 muertes y en noviembre de 2012 otro incendio en un taller de confección de ropa, también en Bangladesh, causó 111 muertes. En los últimos años hubo en Bangladesh un total de 1700 muertos en accidentes similares. Cifra que hay que poner en el contexto de los dos millones de trabajadores que, según la OIT, mueren cada año a causa de enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo en todo el mundo. Sin que esto último alarme especialmente a la opinión pública.

Pero cada vez que ocurre un desastre espectacular como el reciente en Bangladesh los medios se ocupan del tema durante algunos días, hay gente que protesta, las autoridades anuncian « medidas », algunas transnacionales beneficiarias emiten declaraciones condolientes y hasta dicen que van a firmar Acuerdos de seguridad.

Después, todo vuelve a la « normalidad ». Es decir, todo sigue igual que antes.

II. El acuerdo del 15 de mayo

La catástrofe que provocó más de mil muertos, su repercusión en la opinión pública mundial y el consiguiente riesgo de una caída de las ventas y de los beneficios, requería un urgente lavado de imagen por parte de las transnacionales del negocio textil.

Así es como se anunció con “bombos y platillos” (¡Lo logramos! titularon IndustriALL Global Union, la UNI y algunas organizaciones sindicales nacionales) el “Acuerdo sobre incendios y seguridad edilicia en Bangladesh” (AISEB) (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) entre IndustriALL Global Union y la UNI (1) por una parte y por la otra parte hasta el 15 de mayo habían asumido el compromiso de firmarlo 39 transnacionales entre las más importantes de la industria de la moda y de la distribución: Inditex, H&M, C&A, Carrefour, Primark/Penny, Tesco, PVH (Calvin Klein), Tchibo, Benetton, El Corte Inglés, Mango, Mark & Spencer, Next, Stockmann, N Brown Group, GStar, KIK, Aldi South, Aldi Noth, Helly Hansen, New Look, Mothercare, Loblaws, Sainsbury’s, JBC, WE Europe, Esprit, Rewe, Lidl, Hess Natur, Switcher , A&F y algunas más.

Según el Acuerdo las empresas se comprometen al establecimiento por cinco años de un programa de prevención y control de incendios y seguridad edilicia en los talleres de confección de Bangladesh, que será formalizado dentro de los 45 días desde la firma del acuerdo y financiado por las empresas que lo suscriban. También se prevé la designación de un inspector de seguridad independiente, encargado de verificar el estado de las instalaciones de las fábricas. Será responsable de asegurar que una inspección inicial de todas las plantas tenga lugar en los primeros dos años desde la firma del acuerdo. En un máximo de seis semanas de detectado un problema, difundirá la información a la opinión pública, junto con los planes para resolverlo.

Mientras un problema es resuelto, aun si la producción se detiene, las fábricas deberán mantener los empleos y salarios de sus trabajadores; de no hacerlo, podrían perder sus contratos con las trasnacionales compradoras.

Del mismo modo, las partes en el Acuerdo se comprometerán a establecer mecanismos para la participación de los trabajadores y sus sindicatos en los procedimientos establecidos en el Acuerdo.

Cualquier controversia pasará primero por un esquema de resolución interna, luego por arbitraje y finalmente podría derivar en la Justicia.

Puede verse el texto completo del Acuerdo (en inglés) en el sitio de IndustriALL Global Union.

Walmart, GAP, Auchan, Nike, Ralph Laurens, Adidas y otras grandes empresas han optado por no asumir tal compromiso.

Walmart (que se destaca por la persecución a los activistas sindicales en sus propias empresas y hace todo lo posible para impedir la sindicalización de su personal) explicó, para justificar su repugnancia a asumir el menor compromiso, que en lugar de suscribir el Acuerdo AISEB, llevará adelante sus propias inspecciones de los 279 proveedores "autorizados" con los que trabaja en Bangladesh. Asegura que así obtendrá mejores resultados. También informó que cada trabajador será capacitado en prevención y acciones contra incendios. Walmart dice que no se sumó al acuerdo porque las medidas que adoptó por cuenta propia son más eficientes. Agrega que mientras los informes de AISEB podrán tardar hasta seis semanas en salir a la luz, los suyos serán publicados en internet en forma inmediata. AISEB podrá tomarse hasta 45 días en decidir qué medidas implementar, mientras Walmart afirma que ya ha comenzado a ejecutarlas.

En los hechos, el Acuerdo sólo compromete a las grandes transnacionales a participar con cifras irrisorias para ellos - 500.000 dólares anuales durante los 5 años de vigencia del Acuerdo- en la puesta en condiciones de seguridad para evitar incendios y derrumbes de los edificios donde funcionan los talleres de confección de ropa de sus proveedores.

III. Un breve analisis del acuerdo

1) El Acuerdo ni siquiera prevé la indemnización de las víctimas del derrumbe del 24 de abril en Rana Plaza. Que sepamos, sólo una empresa (Loblaws de Canadá) ha hablado de indemnizar a las víctimas.

En noviembre 2012 un incendio en un taller de confección (Tazreen Fashion) en Bangladesh causó 111 muertos. C&A anunció que iba a indemnizar a las víctimas: a los niños que perdieron un familiar en el incendio, 50 dólares por mes hasta que cumplan 18 años, al pariente sobreviviente 15 dólares por mes para la educación del niño y 1200 dólares a cada familia de los fallecidos en el incendio. Hasta ahora las víctimas no han percibido las modestas indemnizaciones prometidos por C&A.

Pero en el Acuerdo del 15 de mayo ni siquiera figura la promesa de una indemnización. El principio la responsabilidad solidaria de las empresas transnacionales con las empresas proveedoras se ha desconocido una vez más.

Hay que decir que este principio jurídico fundamental no tiene vigencia a nivel internacional porque las reiteradas propuestas, desde hace más de 20 años, de algunas ONGs ante los organismos pertinentes de las Naciones Unidas para que se adopte como norma obligatoria de derecho internacional jamás han sido atendidas.

2) Tampoco figura en el Acuerdo que las empresas compradoras se comprometen a mejorar los precios pagados a los proveedores, como un medio para aumentar los salarios de los trabajadores.

3) En el Acuerdo no se menciona en absoluto alguna forma de promover y/o garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores a constituir sindicatos, a ejercer libremente sus derechos y a la negociación colectiva.

Como es obvio, la mejora de las condiciones laborales en Bangladesh depende en primer lugar de la organización y la lucha de los trabajadores de dicho país. Pero los obstáculos (represión y leyes restrictivas) que se les oponen son considerables. “Cuando visité Bangladesh en febrero me percaté de que de 5.000 fábricas sólo en un par de docenas existe un sindicato local registrado y que funcione. Como resultado de la intimidación y de los problemas de registro, menos del 1 por ciento de la fuerza de trabajo está sindicada ». ( Jyrki Raina, Secretario general de Industriall Global en el sitio de dicho organismo, 19 de marzo de 2013).

Aminul Islam, organizador sindical de la Federación de Trabajadores de la Confección e Industrial de Bangladesh (BGIWF por sus siglas en inglés) y miembro del Centro de Solidaridad con los Trabajadores de Bangladesh (BCWS), fue encontrado muerto el 5 de abril de 2012. Fotos policiales de su cuerpo sugieren que Islam fue torturado antes de ser asesinado. http://www.ethique-sur-etiquette.org/Aminul-Islam-assassine,120

4) El acuerdo establece obligaciones sobre todo para los proveedores. Por ejemplo si el edificio no responde a las condiciones de seguridad y mientras se procede a las reparaciones necesarias el personal debe suspender su trabajo, el dueño del taller debe conservarles el puesto y pagarle los salarios. El Acuerdo no establece contribución alguna de las transnacionales para el cumplimiento de esta obligación, contrariamente a algunas interpretaciones falsas de dirigentes sindicales triunfalistas.

5) En cuanto a la obligatoriedad del Acuerdo y la posibilidad de exigir su cumplimiento ante un Tribunal con capacidad para imponer sus decisiones a las partes, es válido sólo para los proveedores (suppliers).

Dice el Acuerdo: The objectives of the protocol are to (i) support and motivate the employer to take remediation efforts in the interest of the workforce and the sector and (ii) expedite prompt legal action where the supplier refuses to undertake the remedial action required to become compliant with national law).

Es falso sostener que el Acuerdo es obligatorio o vinculante, pues sólo prevé, en caso de conflicto entre las partes, la eventual formación de un tribunal arbitral, sin establecer con precisión la forma de constituirlo.

Dice el Acuerdo: 5. Dispute resolution. Any dispute between the parties to, and arising under, the terms of this Agreement shall first be presented to and decided by the SC [Steering Comitee], which shall decide the dispute by majority vote of the SC within a maximum of 21 days of a petition being filed by one of the parties. Upon request of either party, the decision of the SC may be appealed to a final and binding arbitration process. Any arbitration award shall be enforceable in a court of law of the domicile of the signatory against whom enforcement is sought and shall be subject to The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (The New York Convention), where applicable. The process for binding arbitration, including, but not limited to, the allocation of costs relating to any arbitration and the process for selection of the Arbitrator, shall be governed by the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 (with amendments as adopted in 2006).

El SC a que se refiere el precedente punto 5 del Acuerdo es el Steering Comitee (Comité Directivo) que, según el punto 4 del mismo, será elegido por los firmantes del Acuerdo y estará constitudo por tres representantes de las uniones sindicales firmantes (IndustriALL Global Union y UNI), tres representantes de las empresas firmantes (las sociedades transnacionales) y un representante (neutral, dice el Acuerdo) de la OIT, elegido por esta última.

La cerrada oposición de las sociedades transnacionales a celebrar convenios obligatorios relativos a los derechos humanos en general y laborales en particular ha sido pública y reiteradamente manifestada por éstas en distintas épocas y los organismos pertinentes de las Naciones Unidas se han inclinado ante este rechazo del poder económico transnacional. Esto ha quedado reflejado en el contenido de los Principios rectores para las empresas elaborados por John Ruggie (actualmente asesor de Barrick Gold) y aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. En setiembre de 2012 se presentó al Consejo de Derechos Humanos un Informe de la Secretaría General de la ONU referido a dichos Principios Rectores, en cuyo párrafo 11 se dice que de ellos “no se deriva ninguna nueva obligación jurídica”.

La única obligación -si se puede llamar así- estipulada en el Acuerdo del 15 de mayo para las empresas transnacionales - financiar los trabajos necesarios para la seguridad de los edificios con 500.000 dólares anuales durante cinco años- es pura ganancia para dichas empresas.

En efecto, por un lado, a un costo mínimo y en cómodas cuotas proceden a un lavado de su imagen ante la opinión pública, convenientemente difundido por sindicalistas complacientes con el poder económico transnacional, algunas ONGs y por los grandes medios de comunicación. Lavado de imagen preventivo de un eventual boicot de los consumidores. Y por otro lado, previniendo los accidentes, las empresas trasnacionales se aseguran la continuidad de la producción en los talleres y la supervivencia de la mano de obra más barata del mundo.

Las grandes empresas, en el cálculo costo-beneficio, han estimado en principio más ventajoso hacer una pequeña inversión en la seguridad de los edificios, que seguir mirando para otro lado cuando los edificios se derrumban o se incendian y mueren centenares de trabajadores.

En efecto, en enero de este año, 24 directores ejecutivos de transnacionales del comercio textil escribieron al primer ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina, expresándole su preocupación por el porvenir del sector del vestido de Bangladesh si no se abordaba la cuestión de la seguridad contra incendios y las causas subyacentes. “Estos problemas pueden causar más daños al sector”, dijeron. (Así informa Jyrki Raina, Secretario General de Industriall Global en una nota publicada el 19 de marzo de 2013 en el sitio de dicha organización sindical).

A la exigencia de un control externo realmente independiente, las sociedades transnacionales siempre han respondido contratando auditorías de grandes consultoras transnacionales (2) o aceptando seudocontroles de conocidas ONGs más o menos complacientes, cuya función oscila entre el control y el asesoramiento (de preferencia directa o indirectamente remunerado) de dichas sociedades. “La responsabilidad social de las empresas… se adapta bien al crecimiento de las alianzas público-privadas y a la creciente utilización de ONG como proveedoras de servicios en nuevas formas de filantropía”. (3)

Por ejemplo en el marco de la campaña clean clothes (ropas limpias) un grupo de ONG elaboró e hizo público en febrero de 1998 un proyecto de Código de conducta muy completo para el comercio y la industria de la confección de artículos de sport (ropas y calzado). Ninguna empresa lo aceptó.

6) Por último, pese a que muchas veces la empresa local que recibe el pedido subcontrata su ejecución a talleres donde las condiciones de trabajo son todavía peores, el Acuerdo no incluye a dichos subcontratistas, pues cuando se refiere al alcance del Acuerdo, establece que el mismo cubre a todos los proveedores que producen para las empresas (transnacionales) signatarias del Acuerdo. Y los subcontratistas producen para la empresa local, no para la empresa transnacional que hace el pedido al proveedor. En el Acuerdo se puede leer: SCOPE: The agreement covers all suppliers producing products for the signatory companies.

Dicho de otro modo lo fundamental del Acuerdo del 15 de mayo responde a una preocupación y al interés expresados por las empresas transnacionales. Son ellos que deben exclamar ¡LO LOGRAMOS ! y no a las organizaciones sindicales y las ONGs defensoras (o supuestas defensoras) de los derechos laborales.

Un dirigente sindical de la región ha tenido la impudicia de declarar: “Mi principal preocupación es que los hombres y mujeres que acuden cada mañana a trabajar a las fábricas de la confección de Bangladesh vuelvan vivos por la noche a sus casas”.

Y agregamos nosotros: y en sus casas recuperen fuerzas comiendo un tazón de arroz y durmiendo para volver a la mañana siguiente al taller a continuar siendo superexplotados.

De todos modos, queda por verse si este Acuerdo, como se ha visto sumamente limitado, se pondrá en práctica una vez que el drama se olvide. Un partidario incondicional del Acuerdo, Isidor Boix, Director del Departamento de RSE/RSC de FITEQA-CCOO (Comisiones Obreras de España) Coordinador de IndustriALL para la aplicación del Acuerdo Marco con Inditex Bangladesh, en un artículo titulado En defensa de los derechos del trabajo. Primer gran Acuerdo Marco Mundial, escribe: « La puesta en práctica de este Acuerdo, insisto, no va a ser fácil »•.

IV. En el caso de los talleres de confección de Bangladesh los intereses económicos en juego son enormes. Su producción representó el último año el 80% del total de las exportaciones del país por un monto de más de 20 mil millones de dólares (el segundo exportador de textiles del mundo después de China). Esto se traduce en un enorme beneficio para las trasnacionales de grandes marcas de ropa a la moda y gigantes mundiales de la venta al público que compran la producción a los talleres de confección de Bangladesh.

Por ejemplo, el Grupo Inditex (uno de los que se comprometió a firmar el Acuerdo del 15 de mayo) se presenta así:

Nuestro Grupo

Inditex es uno de los principales distribuidores de moda del mundo, con ocho formatos comerciales -Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka,Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe - que cuentan con 6.009 establecimientos en 86 mercados.

El Grupo Inditex reúne a más de un centenar de sociedades vinculadas con las diferentes actividades que conforman el negocio del diseño, la fabricación y la distribución textil.

La singularidad de su modelo de gestión, basado en la innovación y la flexibilidad, y los logros alcanzados, han convertido a Inditex en uno de los mayores grupos de distribución de moda.

Nuestra forma de entender la moda -creatividad y diseño de calidad y una respuesta ágil a las demandas del mercado- han permitido una rápida expansión internacional y una excelente acogida social de la propuesta comercial de las distintas cadenas.

La primera tienda Zara abrió en 1975 en La Coruña (España), lugar en el que inició su actividad el Grupo y en el que se ubican los servicios centrales de la compañía. Sus tiendas, ubicadas siempre en emplazamientos privilegiados, están presentes en más de 400 ciudades en los cinco continentes.



http://www.inditex.es/es/quienes_somos/nuestro_grupo/

Dos mil trescientos millones de euros de beneficio neto en 2012, 22% más que en 2011. Quince por ciento de beneficio neto sobre la cifra total de negocios.

Beneficio equivalente al salario de casi tres años de todos los trabajadores de la industria de la confección de Bangladesh.

Estos enormes beneficios, como los de otros grupos similares, son el resultado de la superexplotación de millones de trabajadores de la industria textil en los países llamados periféricos, entre los cuales los de Bangladesh son los que están en peores condiciones en el mundo en materia de salarios y de seguridad en el trabajo.

En Bangladesh trabajan en dicho sector más de dos millones de personas (la gran mayoría mujeres jóvenes) por salarios que, por regla general, no superan los 30 a 40 dólares mensuales por un trabajo de 10 a 14 horas diarias seis días por semana,

Se estima que, en Bangladesh el salario mínimo vital para un trabajador sin familia debería ser de unos 80 dólares mensuales y de 160 para un trabajador con familia a cargo.

[Artículo 23, 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: « Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social ».

Articulo 3 del Convenio 131 de la OIT: Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios mínimos deberían incluirse, en la medida en que sea posible y apropiado, de acuerdo con la práctica y las condiciones nacionales, los siguientes: (a) las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales;(b) los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo].

Las transnacionales pagan al proveedor por un tee shirt entre 1 y 2,80 dólares. Es decir un precio medio de 1,90 dólares. (1,50 euros).


http://www.alibaba.com/product-tp/137230745/100_cotton_men_T_shirt.html

Y lo venden al consumidor final a unos 12 dólares (10 euros). El beneficio neto, por ejemplo en el caso de Inditex, una vez descontados todos los gastos (materia prima, mano de obra, transporte, publicidad, etc) es -como se ha indicado más arriba- del 15%. En el precio final al consumidor la incidencia del costo de la mano de obra de Bangladesh es aproximadamente del uno por ciento, es decir unos 12 centavos de dólar (10 centavos de euro) por prenda.

Un simple cálculo permite establecer que si, por ejemplo, Inditex consintiera en reducir su beneficio neto del 15 al 13 por ciento y esa reducción se empleara para aumentar el salario de los trabajadores, dicho salario se duplicaría.

Pero en la realidad ocurre lo contrario: las trasnacionales presionan por distintos medios a los proveedores para que bajen los precios y éstos, para tratar de mantener su margen de ganancias, mantienen los salarios extremadamente bajos y no gastan en el mantenimiento de los edificios donde funcionan los talleres.

Uno de los medios de presión de la empresa transnacional es el monopsonio (situación comercial en la que una empresa es el único comprador de uno o varios proveedores). El proveedor debe ceder a las exigencias del comprador bajo la amenaza de perder a su único cliente.

Por cierto que las empresas transnacionales de la gran distribución no sólo superexplotan a los trabajadores de los países más pobres sino que también explotan a los trabajadores de sus propios países: bajos salarios, horarios prolongados e irregulares e inestabilidad. Y para evitar reacciones espían y acosan a los militantes sindicales y no pocas veces impiden la formación de sindicatos. Son los casos de Walmart y de Carrefour, los dos más grandes supermercados mundiales.

El personal de las empresas de seguridad que contratan los supermercados suele ser feroz también con los clientes. A fines de diciembre de 2009 en el supermercado Carrefour del centro de Lyon cuatro agentes de seguridad (dos empleados directamente por Carrefour y dos de la empresa privada de seguridad Byblos) mataron a un joven que intentaba sustraer una lata de cerveza. Los abogados de Carrefour (uno de ellos miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos-FIDH), dieron una versión de los hechos destinada a eximir de responsabilidad a Carrefour, hablando de la « profesionalidad » de los agentes de seguridad y acusando a la víctima de encontrarse alcoholizado y de ofrecer una violenta resistencia. Versión ésta que, en la instrucción de la causa, se reveló totalmente falsa. (Véase http://www.liberation.fr/societe/0101611568-une-mort-en-direct-sur-la-videode-carrefour)

Lo que ocurre en Bangladesh es sólo una muestra -extrema- de lo que significa para la humanidad el capitalismo mundializado.

En los otros sectores industriales la situación es semejante. Nike, que es un “modelo” en esta materia, no tiene ninguna fábrica. Toda su producción es confiada a 736 unidades de subcontratistas en 56 países los que, en octubre de 2001 empleaban a más de medio millón de personas: 455.000 en Asia (de los cuales 176.000 en China y 100.000 en Indonesia) 35.000 en América Latina, 9.500 en África y 55.000 en el resto del mundo. Los 20.000 empleados que tiene Nike en Estados Unidos se ocupan de funciones financieras, de diseño y de "marketing". Los salarios oscilaban en 2002 entre 60 y 70 euros por mes en China y en Indonesia, para una jornada de diez horas diarias seis días por semana. Es decir un salario de unos 25 centavos de euro por hora (4). Y Nike no se hace responsable de la situación laboral existente en esos centros de producción. (5)

Hay una especie de escala o “ranking” mundial de la explotación de los trabajadores. Entre los más explotados están los de Bangladesh y de otros países asiáticos, africanos y en las maquilas de América Latina y el Caribe. Y entre los -relativamente- menos explotados están los de algunos países europeos y de Estados Unidos. Con estas cinco variables, por lo menos, respecto de estos últimos países: 1) el grado de explotación varía según los sectores de producción; 2) la explotación es mayor cuando se trata de trabajadores extranjeros (en Alemania, por ejemplo, no existe el salario mínimo y los trabajadores extranjeros suelen tener un salario inferior a los trabajadores alemanes); 3) la explotación se intensifica con los trabajadores “en negro”; 4) es también mayor cuando las empresas subcontratan la realización de determinados trabajos: ejecución de obras contratadas (por ejemplo en la construcción de barcos), servicios de distinta naturaleza, entre ellos la limpieza en las centrales nucleares, donde los riesgos para la salud son muy elevados (6) y 5) la explotación parece menor porque el aumento del costo de la vida se modera en razón de que los trabajadores compran productos baratos (ropa y otros) provenientes de los países donde la explotación es máxima. Así, de alguna manera, los trabajadores de los países ricos e intermedios comparten indirectamente con las grandes empresas el resultado de la superexplotación de los trabajadores de los países más pobres. Lo que a veces los conduce a no reaccionar de manera más combativa frente al estancamiento o a la disminución de sus propios salarios reales.

Para tratar de evitar que la opinión pública tenga claro todo esto y saque las conclusiones pertinentes, en el caso particular de Bangladesh, como es habitual en situaciones similares, los grandes medios de comunicación (7), los sindicalistas complacientes con el gran capital, algunas ONGs que venden el cuento de la Responsabilidad Social Corporativa y “especialistas” en distintas materias confunden a la gente haciéndole creer que el Acuerdo ya ha sido firmado por las empresas (13 de mayo: Un vocero de Inditex dijo a la AFP que el acuerdo podría ser firmado formalmente más adelante, en una fecha a ser determinada por IndustriALL) y deforman la realidad del verdadero contenido del Acuerdo del 15 de mayo, atribuyéndole cláusulas sobre distintos temas inexistentes en el mismo. Como ser mejoras laborales, derechos sindicales, precios equitativos a pagar al proveedor, etc.

Notas:
1) IndustriALL Global Union es una federación sindical internacional fundada en 2012 resultado de la fusión de la Federación de trabajadores de la industria metalúrgica, de la Federación internacional de productos químicos, de la energía y de las minas y de la Federación Internacional de la industria textil, del vestido y del cuero. UNI Global Union se presenta como « la voz de 20 millones de trabajadores del sector de servicios del mundo ».
2) En años recientes se manifestó la tendencia a que fueran las grandes empresas consultoras las que hicieran la función de auditoría y control de las sociedades transnacionales, tanto en materia de gestión económica y financiera (lo que no es nuevo) como en materia de gestión social, laboral y medioambiental, lo que constituye una novedad. La auditoría y control de las grandes sociedades constituye un nuevo mercado (el “mercado del control”) que genera importantes beneficios para quienes realizan tales actividades, beneficios que aumentan rápidamente de un año a otro. “Se trata de un fenómeno que ha dado origen a una nueva industria de asesores y de agencias que brindan servicios a las empresas en materia de responsabilidad social” (Véase la nota 3).A mediados de 2002 los escándalos financieros involucraron a las grandes consultoras como Arthur Andersen, que se disgregó, a PriceWaterhouse Coopers y a otras, que quedaron en una posición delicada.
3) Dwight W. Justice, Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, El concepto de responsabilidad social de las empresas: desafíos y oportunidades para los sindicatos, en: Oficina Internacional del Trabajo, La responsabilidad social de las empresas: mitos y realidades. Manuales de Educación Obrera 2003/1. Número 130, pág. 1.
4) Les petis pas de Nike, en la revista Alternatives Internationales, Francia, julio-agosto 2002, págs. 60-61.
5) En mayo de 2002 la Corte Suprema de California condenó a Nike por engañar a la opinión pública con una campaña publicitaria acerca de las condiciones de trabajo (que presenta como buenas) en sus empresas subcontratistas en el sudeste de Asia, incluso Vietnam. Sostiene la Corte que Nike no puede ampararse en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos (libertad de expresión) para realizar publicidad engañosa (diario New York Times, 4/5/02, página A4).
6) Véase de Annie Thébaud-Mony, Rationalité instrumentale et santé au travail: le cas de l’industrie nucléaire, en La Gazette Nucléaire, Nº 175-176, junio 1999 y, de la misma autora, Travailleur peut nuire gravement à votre santé, Ed. La Découverte, Paris, 2007-2008.
7) Los medios de comunicación “informaron” pocos días después de la catástrofe de Bangladesh que unos 300 talleres habían cesado sus actividades por “razones de seguridad”. Lo cierto es que cerraron a raíz de las protestas de los trabajadores y reabrieron tres días después.

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Entrevista a Guillermo Almeyra, editorialista internacional de La Jornada (México): A Evo hay que medirlo por lo que hace, no por lo que dice

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)
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Mario Hernandez (MH): Buenos días, Guillermo Almeyra. Hemos estado escuchando música boliviana a lo largo del programa a raíz de la entrevista que vamos a tener con Guillermo en lo que yo definiría como un enfrentamiento del Movimiento al Socialismo (MAS), en el gobierno de Bolivia, con su base social, a partir de la huelga de la COB que comenzó el 6 de mayo y se prolongó hasta el domingo. Luego hubo una tregua de 48 horas que vencía hoy a las 8:00 am. ¿Qué reflexión te merece esta situación?

Guillermo Almeyra (GA): Se acaba de llegar a un acuerdo que camina sobre cristales pero que es favorable al gobierno. Los mineros, los maestros, el personal de sanidad, los maestros rurales, cesaron sus movilizaciones, volviendo al trabajo. La jubilación se hará con el 70% y no con el 100% como pedía la COB pero sobre la base de los salarios de los dos últimos años y no de los 6 como planteaba el gobierno. También se ha formado una comisión con integrantes de los mineros para discutir la modificación de la Ley de jubilaciones. Es una especie de empate.
La situación de los mineros sigue siendo relativamente grave porque Huanuni arroja pérdidas y según la Constitución ninguna empresa estatal puede dar pérdidas, tiene que ser cerrada, hay toda una discusión si se despiden o no a los 5000 obreros mineros o cómo se hace para reducir las pérdidas. Hay motivos para conflictos futuros.
El problema central es que el MAS que era un pool de organizaciones sociales se ha dividido. Las organizaciones sociales urbanas como los mineros, los fabriles, los maestros, etc., están prácticamente en oposición. El gobierno se mueve con las organizaciones que lo apoyan y las organizaciones de mujeres indígenas campesinas y los sindicatos campesinos como los cocaleros. Hay un enfrentamiento entre el gobierno y los campesinos y los otros sectores urbanos que en su lucha no vacilan, como lo hizo la COB, en amotinar a la policía, con el argumento que también tenían que darle el 100% de jubilación o negociando con sectores de la oposición como hicieron en su momento algunos indígenas.
Esto tiene su base en que no ha sido resuelto el problema de las autonomías y de la construcción de un gobierno popular. El gobierno es centralizador, con el criterio de que hay que crear una Bolivia moderna, centralizada, que nunca hubo, cosa que es justa, que hay que desarrollarla porque sino no se puede acabar con la miseria.
En cambio, los movimientos históricos buscan satisfacer sus intereses y se enfrentan. En todo ese panorama se está desarrollando en el medio indígena una fuerte burguesía aymara en El Alto y alrededor de La Paz. Resumiendo, el gobierno está perdiendo apoyo en un sector que tradicionalmente lo apoyaba.

MH: ¿Podríamos decir que está funcionando el “capitalismo andino”?

GA: Una especie de capitalismo andino.

MH: Basado en la gran minería, en el extractivismo.

GA: Eso por parte del gobierno que intenta con un capitalismo de Estado desarrollar la extracción de materias primas, sobre todo minería, petróleo y gas.

MH: Generalmente, cuando uno escucha a Evo sus discursos apuntan hacia otro lado, a la defensa del medio ambiente, a la reivindicación de la cultura de los pueblos originarios, el “buen vivir”, etc.

GA: La realidad es otra. Hay que medir a la gente por lo que hace, no por lo que dice. Al rengo se lo ve cuando camina, no cuando habla sobre el movimiento.

MH: Volviendo a la COB: Días atrás lanzó un Partido de los Trabajadores. ¿Eso no se mezcla con la reivindicación por las pensiones?

GA: También. No te olvides que Evo Morales y Alvaro García Linera, su vicepresidente, han forzado una interpretación de la Constitución, que no permitiría más que una reelección, para una segunda. Irán como candidatos del MAS. La derecha ha sido muy golpeada y no tiene candidatos que puedan enfrentar a Evo, que sigue contando con el apoyo mayoritario porque la mayoría de la población sigue siendo campesina y también cuenta con ese apoyo de los indígenas, aunque no tanto de los de Oriente que de todas maneras son muy pocos. La COB está intentando crear con su partido una candidatura alternativa.

MH: Una COB que por otro lado, no tiene la representatividad de la COB histórica. Tengo entendido que representa alrededor de un 25% de los trabajadores.

GA: Exactamente. Por empezar los mineros, que eran la base de la COB histórica, en los años 50, se han reducido muchísimo en número.

MH: Se han desarrollado muchas cooperativas mineras.

GA: Y también ha crecido la industria, pero no bajo la forma de fábricas con patrón, sino que se trata de pequeños talleres familiares, mal pagos, donde no se cumplen horario ni salarios mínimos, pero son muchísimos, sobre todo en El Alto. Esa es la característica de ese desarrollo familiar capitalista aymara.

Los movimientos sociales en el gobierno se han subordinado totalmente a una política desarrollista y extractivista

MH: He visto que previo a analizar la situación en Bolivia escribiste un artículo sobre la necesidad que los movimientos sociales salieran de las reivindicaciones corporativas.

GA: Ese es el problema central. Los movimientos sociales en el gobierno, como el MAS, se han subordinado completamente al aparato estatal y éste, por definición, mantiene las estructuras capitalistas del país y actúa en forma capitalista. En cambio, los movimientos sociales, intentan esbozar políticas alternativas al capital. Los movimientos sociales que gobiernan se han subordinado totalmente a una política desarrollista y extractivista que favorece a las grandes empresas transnacionales exportadoras de soja, grandes mineras, etc. No tienen base propia porque no tienen una política propia y están en crisis.

MH: Muy agradecido por tu participación en “Fe de erratas”. Seguramente vamos a estar en comunicación en quince días porque me quedó pendiente la semana pasada abordar el crecimiento de los partidos neo-nazis en Europa. Si la coyuntura no nos apura, como en el caso de Bolivia, me gustaría que tratemos ese tema.

GA: Con mucho gusto.

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Paraguay: De producción sustentable a contaminación medioambiental severa

Vicente Brunetti - Raúl Montero (especial para ARGENPRESS.info)

La población paraguaya tuvo un quiebre traumático al reducirse a menos del 30%, como resultado de la guerra con Argentina, Brasil y Uruguay1. Como todo país invadido quedó sin recursos y con enormes deudas que saldar. Esta realidad hizo que grandes extensiones del territorio quedaran despobladas, aunque con inmensos bosques y con una gran diversidad de fauna y flora2.

Las facilidades dadas al capitalismo especulador que se radicó en el país, hizo que el modelo productivo dominante fuese el extractivo3.

Los primeros enclaves extractivos fueron yerbales y obrajes. La madera preciosa abundante en los bosques, fue extraída hasta el agotamiento, con alto costo en vidas y daños medioambientales. Lo mismo pasó con el tanino, esencia extraída de la corteza del quebracho, abundante en el Chaco. La explotación de estos recursos fue con mano de obra semi esclava.

Al inicio del siglo XX los gobernantes volvieron a malvender enormes extensiones de tierra para afrontar los gastos de guerra (y, de paso, fortalecer las fortunas de sus entornos), profundizando el arraigo del modelo latifundista.

La actitud de algunos sectores de la sociedad hacia las causas de la guerra, produjo una rivalidad política, que buscó soluciones por vía de las armas con cuartelazos, asonadas y revoluciones, como constante en la vida política de los treinta primeros años del siglo XX.

En 1932, una nueva y trágica guerra enfrentó al Paraguay con Bolivia, esta vez por las riquezas hidrocarburíferas del subsuelo chaqueño. De nuevo, acudieron la muerte y la tragedia, personajes en toda beligerancia.

Por la escasa población existente, falta de infraestructura y economía de volumen reducido, la producción de la tierra era casi sólo subsistencial. La agricultura y la ganadería extensiva, también se hacían con un modelo extractivo primitivo, pero sustentable y orgánico, favorecido por 900 ríos que fertilizan los suelos del país. La población producía con técnicas elementales, en cantidades reducidas y según ciclos estacionales.

Con el genocida Alfredo Stroessner (1954-1989), y en medio del reparto de tierras públicas a sus cómplices, en los años 60 llegó la revolución verde con inmigrantes japoneses que trajeron los primeros” progresos” productivos, sobre todo frutihortícolas, posibilitando que el campesinado tecnologice su producción, aunque también con efectos adversos.

Por el Tratado de Itaipú (28-04-1973), se construyó la represa homónima con el Brasil y, en esa zona poco poblada, salvo por escasas comunidades de Pueblos Originarios, de nuevo hubo venta fraudulenta de tierras, iniciando la apertura al este con la penetración de “colonos” brasileños de origen europeo (brasiguayos) que liquidaron los recursos maderiles del Bosque Atlántico para substituirlos por enormes plantaciones de monocultivos, como soja transgénica, sobreutilizando pesticidas y agrotóxicos, descampesinizando gran parte del territorio y contaminando el aire, suelo, subsuelo y el agua: superficial y los acuíferos4.

Hoy, no solo la soja, sino especies como algodón, maíz y mandioca, son transgénicos.

El gobierno autoimpuesto de golpe el 22-06-2012, compromete la salud pública al rematar recursos genuinos, negociados con multinacionales especulativas y criminales como Monsanto y sus productos genéticamente modificados –OGM–, Cargill y Río Tinto Alcán.

Evocada como República Bananera por atrocidades del déspota Stroessner, después de afectar en gran escala a su rica biodiversidad, Paraguay se está convirtiendo en un Mar de Soja Transgénica5.

La ausencia de una Cultura de Prevención es grave, pues la sismicidad de Paraguay aumenta desde la formación de los lagos artificiales de las represas de Itaipú y de Yacyretá, y aumentará más tras el inicio de las prospecciones hidrocarburíferas con el método del “fracking” que, además podría activar algunos de los numerosos volcanes existentes.

Por la deforestación que abrió paso al “mar de soja”, los microclimas serán afectados con ocurrencia mayor, en frecuencia e intensidad, de vientos huracanados y lluvias torrenciales.

El futuro del país está hipotecado y el Principio de Precaución sigue avasallado por prelacionar el lucro en desmedro de niveles aceptables de calidad de vida y salud pública.

- Vicente Brunetti es Investigador Internacional en Comunicación, Cultura y Educación.

- Raúl Montero es Arquitecto, Docente Universitario y Conductor de programas de radio.

Notas:
1) La nefasta Guerra de la Triple Alianza (1864-1870): “Cuando empezó la guerra en 1865, Paraguay tenía 800 mil habitantes, pero en 1872 sólo quedaban 230.100 paraguayos”. Bernardo Coronel (2011). “Breve interpretación marxista de la historia paraguaya (1537-2011)”. Arandurá Ed.-BASE-IS. Asunción. Pág. 95.
2) Aunque, y pese a la guerra y a las turbulencias sociopolíticas, “…el Paraguay siguió siendo muy rico. De las 16.590 leguas cuadradas de superficie del país, 16329 pertenecían al fisco y sólo 261 leguas estaban en manos privadas. El Estado poseía un extenso yerbal de 840 leguas, 8.550 leguas de bosques vírgenes y 7.200 leguas de campos de pastoreo, además del ferrocarril con sus 72 km, y edificios públicos valorados en más de 100 millones de pesos”. Coronel, op. cit. pp. 106-107.
3) También introdujo la corrupción persistente hasta hoy, consistente en la apropiación de bienes públicos, en beneficio de particulares. Según Bernardo Coronel las leyes de 1883 y de 1885, de Bernardino Caballero “prohibía la venta de tierras menores a una legua cuadrada, condenando al campesinado y a la pequeña burguesía rural, al despojo y a la proletarización”, en contraste con el hecho de que, “Durante los gobiernos de Francia y los López, los campesinos podían usufructuar libremente la tierra, pero a partir de 1883 este régimen de tenencia cambiaría radicalmente. La ley estimulaba la venta de grandes extensiones dando impulso a la creación de gigantescos latifundios como los de Carlos Casado, Mate Larangeira y La Industrial Paraguaya”. Op. cit. p. 110.
4) De las 29 Enfermedades Hídricas conocidas, casi todas aparecieron en los últimos 40 años.
5) Ya hay síntomas de daños medioambientales severos, y en su capital genético: nacen más criaturas con malformaciones congénitas y es cada vez mayor la ocurrencia de diversos tipos de cáncer, por el uso de los OGM y la contaminación originada en agrotóxicos: glifosato, endosulfán…, con los que fumigan áreas pobladas.

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¿De qué libertad hablan?

Gustavo Robles (especial para ARGENPRESS.info)

Vivimos una realidad en la que la hipocresía de los que dominan el mundo ha llegado a extremos que pocos hubiesen podido imaginar en épocas pasadas. Las luchas de los explotados, con mayor o menor organización, pero cada vez más consecuentes para oponerse a esa condición, obliga a los explotadores -a través de su representación política, los partidos y gobiernos del sistema- a enmascarar la realidad que generan y fomentan, con herramientas necesariamente mejor aceitadas día a día.

Eso se debe a que antes el explotador no tenía que disimular nada para mantener sus privilegios, y hoy tiene que adormecer la reacción de aquellos a los que explota. Antes, el patricio no tenía que dar explicaciones a su esclavo para privarlo de su libertad, lo mismo que el señor feudal con sus siervos o luego el patrón con sus obreros al principio del capitalismo. Sin embargo, a través de los años, las luchas de los trabajadores para terminar con los atropellos de los capitalistas han puesto sobre el tapete de la sociedad mundial, sin disimulo, la lucha de clases, que determina las estrategias de unos y otros para coartar, o lograr y defender, espacios de libertad.

La clase dominante, la burguesía, los patrones, en sus roles de empresarios, terratenientes, banqueros o financistas, en un “acuerdo tácito” moldeado por el modo de producción capitalista y el imperialismo financiero, han dado un significado a su forma de ver el mundo y organizar la sociedad, autoproclamándose adalides de “la Libertad”

Pero... ¿de qué libertad hablan estos “señores”?

Convengamos que el hombre, en tanto ser social, no puede ser completamente libre. La vida en sociedad implica la observación de ciertas reglas que limitan el desenvolvimiento de cada sujeto en su lapso de vida. Digamos, algo así como “mi libertad termina donde empieza la libertad del otro”. Uno no puede meterse de prepo en la vivienda de los demás, ni construir la suya sin tener en cuenta la urbanización que lo rodea. Cada ser humano debe crear su propia intimidad, y aún con su grupo más íntimo genera sus propias reglas de convivencia. En una aldea o un barrio, habrá que observar más limitaciones aún, y comportarse de tal forma que no resulte una molestia para sus vecinos. A medida que la sociedad se hace más grande y complicada, las reglas son mayores. No se puede transitar de cualquier manera para trasladarse de un lado a otro, hay reglas de tránsito que incluso los peatones deben respetar para evitar que la vida en social sea un caos. Esos cotos a la libertad de cada uno son razonables y lógicos, porque sería imposible vivir sin ellas. Son para todos por igual, más allá de las diferencias sociales, pues quien no las respete pone en peligro su propia seguridad y hasta su vida, además de la de los demás.

Sin embargo, hay otras “libertades” a las que no todos tienen acceso, y dependen fundamentalmente de las escalas sociales, del poder económico, del poder político de quienes las ostentan, de las vinculaciones entre sí, incluso hasta del lugar de nacimiento, y ni qué hablar de las creencias religiosas, ya que al observar las reglas establecidas como “normales” o “naturales”, lo que en concreto se plasman son las desigualdades que surgen de la forma en que se ha organizado la sociedad mundial en general, con particularidades y características propias en cada estado, país, nación o región de la Tierra.

El sistema imperante en el mundo actual es el Capitalismo, más allá de las variadas culturas, religiones y de las formas diferentes de organización política que tengan los distintos Estados, porque a todos, más allá que estén gobernados por monarquías absolutas ( como por ejemplo Arabia), monarquías parlamentarias ( Inglaterra, Suecia, Holanda, España), democracias republicanas (EEUU, Venezuela, Argentina), o repúblicas socialistas ( Cuba, China, Vietnam), el modo de producción capitalista los ha atravesado a todos o a la mayoría, y al menos condiciona a todas las naciones del planeta. Los que dominan la sociedad mundial entonces son los dueños del capital, vanguardizados por los gerenciadores de la expansión financiera. Éstos son los que concretamente modelan la realidad en la que vivimos. Éstos son los que generan los hechos que se enquistan en forma de “consciencia” en las mentes de los millones de seres humanos que viven en este planeta. Son los que, en definitiva, además de ser los dueños de los medios de producción, servicio, esparcimiento y difusión -y justamente por ello-, le dan significado a los conceptos según sus intereses. Es así que, por ejemplo, “democracia” significa votar a quien nos gobierna cada una cierta cantidad de años, mientras una minoría toma las decisiones que condicionan nuestras vidas todos los días. “Justicia” es el orden jurídico que protege la estructura social que han creado para fomentar y sostener sus privilegios. “Progreso” es el desarrollo necesario para mantener sus tasas de ganancia, sin importar el costo social y ambiental que ello represente. “Orden”, es mantener inviolable el sistema que posibilita que unos pocos gocen de sus vidas a costa del sudor de millones. De esta manera, basados en estos principios, los capitalistas, la burguesía, crean una “cultura” que se impregna en las mentes de los explotados y los “naturalizan”. Uno de los más importantes es la “Libertad”, claro que cargado de un innegable interés de clase.

Apoyándose en el concepto burgués de “libertad”, los que dominan al mundo han creado una realidad que priva a la mayoría de los seres humanos de ella

Si bien la división política de los estados no es un invento puramente de la burguesía, cierto es que ésta ha agilizado la movilidad de las mercancías y las finanzas globalmente, al tiempo que pone obstáculos burocráticos o endurece los controles para el traslado de las personas. Uno piensa que la humanidad pobló el planeta a partir del libre traslado de los primeros individuos de la especie, en lo arbitrarios que son los límites fronterizos, en lo absurdo que es el hecho de que alguien por haber nacido en un territorio llamado “Estado” o “país” no pueda pasar a otro sin pedir permiso, y no puede sino entristecerse por esa restricción a la “libertad”. Vale la pena poner el acento en que “el país de la libertad”, como se lo llama irónicamente a EEUU, es uno de los países con normativas más duras para dejar entrar extranjeros en su territorio.

Dentro de los Estados, también existen restricciones para la “libertad de trasladarse”, y están basadas en el nivel económico de las personas. Desde la posibilidad de adquirir vehículos con autonomía suficiente y su mantenimiento, hasta pagar un boleto para el transporte público, pasando por el pago de peajes en rutas y autopistas, y ni qué decir sobre poder costearse la estadía en el lugar de traslado, constituyen todos cotos a la libertad. Hasta quien decida trasladarse a pie encuentra el límite de sólo poder desplazarse allí donde los Estados han construido caminos, pues más allá de ellos se encuentra con la principal barrera para la libertad humana: la propiedad privada de terratenientes y empresas. Éstos se han dividido el planeta en inmensas parcelas que son de su propiedad (las más ricas), dejando para la mayoría de los mortales las tierras improductivas, rincones superpoblados como las ciudades y pueblos con menor cantidad de gente pero viviendo todos en pequeños lotes donde construyen sus viviendas por las que deben rendir tributo al Estado, consecuencia directa del modo de producción burgués.

En épocas remotas, los seres humanos migraban libremente para encontrar lugares donde asentarse, buscando mejores condiciones de vida. Posteriormente, en tiempos de organización social más avanzada, tales migraciones continuaron produciéndose, en menor medida y ya no tan libremente; algunos lo hacían alejándose de las opresivas condiciones que generaban las clases dominantes allí donde se encontraran. De estas iniciativas, las había individuales o grupales, y las promovidas por determinados estados: las conquistas coloniales de las metrópolis europeas se sirvieron de esas ansias de “libertad” que muchos individuos tenían para conformar sus fuerzas de ocupación; lastimosamente, el costo inhumano lo sufrieron las poblaciones autóctonas colonizadas, que vieron coartada su libre determinación a desarrollarse según su idiosincrasia y saqueado su patrimonio cuando fueron sojuzgados por los invasores que impusieron sus propias reglas. Más allá de cuáles fueran las motivaciones, lo cierto es que en la actualidad, esa libertad para elegir dónde asentarse, en los países mediana o totalmente desarrollados es imposible, sin contar con el potencial económico para ello. Donde no haya propiedad privada, la habrá estatal, y el fisco extenderá sus garras donde sea para regular o recaudar.

La necesidad de “estar en regla” con una sociedad que ha generado una institución “Estado” que, ya sea en su clase dominante o a través del fisco funcional a sus intereses, se ha apropiado de todo, no deja margen para “elegir” libremente qué hacer con nuestras vidas para tener un paso medianamente digno por este mundo. No queda otra opción que adaptarse a las normas establecidas por sus dueños, aún para aquellos que intentan cambiar de raíz esa forma de organizar la sociedad. Es así como entonces, los que no tienen capital, es decir, los que no tienen otra cosa para vender que su “fuerza de trabajo”, deben someterse al arbitrio de trabajar por un salario bajo las reglas impuestas por los patrones. Ese coto a la libertad, la burguesía la presenta como “libertad de trabajo”, que no es tal, si analizamos un poco más en profundidad. Para “conseguir trabajo” hay que satisfacer las necesidades de la patronal, por lo que hay que estar “formado” para ello: de ahí que la “educación” esté dirigida según las exigencias del modo de producción capitalista. Las políticas de educación, ya sea en ámbitos públicos o privados, se pergeñan en función de ellas. Los programas educativos son la herramienta más eficaz de transmisión de la cultura impuesta por las clases dominantes. Esa “discrecionalidad” constituye una concreta limitación a la libertad, a lo que hay que sumarle la desigualdad producida por las diferencias existentes entre los centros educativos públicos -a los que concurren los sectores de menor poder adquisitivo-, y los privados, a los que tienen acceso los de mejor nivel económico. Esta es la consecuencia de, bajo la óptica de los que a todo le ponen precio, considerar un “gasto” para las arcas del Estado a la educación, mientras la transforman en mercancía para el que pueda pagarla en ámbitos de gestión privada.

Los trabajadores entonces, deben pasar por el “filtro” patronal para conseguir un puesto laboral. Una vez allí, se ven sometidos a las reglas establecidas por sus jefes: horario, presentismo, presencia, vestimenta, horario de comida, entorno de tareas, tiempo de descanso. La única forma de discutir las arbitrariedades patronales es la agremiación de los trabajadores, lo que permite consensuar de alguna manera las condiciones de trabajo y los salarios. En concreto, lo que se discute dentro del capitalismo a través de la sindicalización es el nivel de explotación que tendrán los asalariados, no el fin de la misma. Para ello hace falta dar el salto de la organización reivindicativa a la política. Aún así, los avances contra el derecho a sindicalizarse de los trabajadores no cesan por parte del empresariado, pasando de hecho, incluso, por encima de legislaciones laborales vigentes en algunos países.

También están los que, por diversas causas, casi siempre ajenas a su voluntad, son expulsados y marginados del mercado laboral. Son los que forman parte del “ejército de desocupados” que, desde la perspectiva de los explotadores, sirven como “elemento de disciplinamiento” o de “presión” a los trabajadores activos. Los desocupados se ven obligados a “ocuparse” de la manera que les sea posible, convirtiéndose en cuentapropistas que venden su fuerza de trabajo por debajo del nivel salarial establecido, aceptando condiciones de trabajo precarizadas, lo que constituye una limitación a las legítimas aspiraciones de mejora de los ocupados. Un porcentaje de ellos podrá intentar hacerse de algún pequeño “capital”, para comerciarlo casi siempre fuera de las reglas impuestas por la burguesía, en lo que se denomina “mercado informal” o “negro”. Por más honestamente que traten de hacerlo, el “Estado de los capitalistas” los perseguirá permanentemente, argumentando faltas a las normativas, pago de impuestos y deficiencias inmobiliarias. El caso de los vendedores ambulantes y artesanos, permanentemente acosados, es el más claro ejemplo de esta situación que atenta contra la tan mentada “libertad de trabajo”. Está claro que en el capitalismo, la libertad de trabajo es únicamente la libertad de los capitalistas para explotar a sus trabajadores.

“Esa” es la única “libertad” que existe realmente en el mundo de hoy. Los trabajadores deben cumplir reglas hasta para enfermarse y tratar esas enfermedades. El trabajador debe demostrarle al patrón que su salud se ha deteriorado para poder faltar justificadamente a cumplir con su tarea, lo cual siempre acarrea consecuencias, un ejemplo es el no cobro del “presentismo”, otro ardid normativo creado por la patronal. Por otra parte, los que tienen un buen pasar económico tienen a su vez acceso a todos los avances de la medicina. Pero los que dependen de una obra social o los que ni siquiera cuentan con ella, se ven marginados de esos avances, sometidos a toda clase de injusticias, mal trato, irrespeto y privaciones. El Estado de la burguesía se desentiende de la Salud Pública a la que, como a la educación, considera como un “gasto” en vez de un “derecho”, por lo que los hospitales públicos son desatendidos en favor de las clínicas privadas, donde la salud es transformada en un “bien”, una mercancía a la que, obviamente, se le pone un precio. Hasta para enterrar a sus muertos, los que viven de su salario deben observar los condicionamientos que les impone el sistema, lo que siempre implica, en los momentos más dolorosos de la existencia, una erogación económica que no siempre está a su alcance.

Incluso la tan mentada “libertad de expresión” no es más que una entelequia para las mayorías asalariadas, que encuentran cada vez más obstáculos para difundir sus pensamientos autónoma y masivamente. Desde el Estado se les quiere poner límites, “normatizando” el derecho a la huelga y la protesta. ¿Puede considerarse “libertad” el derecho a expresarse entre cuatro paredes, o incluso en las calles, si no se tiene acceso a los medios masivos de comunicación, o se lo tiene pasando por el filtro y la voluntad de los dueños de esos medios, siempre capitalistas, que determinan qué se puede difundir y qué no, según sus propios intereses? Los trabajadores, generando sus propios medios, siempre se encuentran con la barrera económica que le pone límite a sus aspiraciones, peleando como David con los poderosos Goliat que componen la burguesía. La “libertad de expresión”, entonces, no es más que “cartón pintado” por los pinceles de sus verdaderos y únicos dueños: los dueños del poder económico.

Para conservar ese orden establecido, los burgueses han modelado fuerzas represivas dirigidas a disciplinar a todos aquellos que atenten contra el Estado que cuida sus privilegios. Las cárceles no sólo están llenas de pobres -y aún en ellas hay diferencias entre el hacinamiento al que condenan a los marginados y los confinamientos “vip” para los ricos que lleguen a “caer en desgracia”- sino que no se castiga el peor de todos los robos de un individuo hacia otros: el que se consuma cuando el patrón le paga el sueldo a sus trabajadores, que es cuando se plasma el robo de la riqueza que éstos han producido y es apropiado por aquél en forma de plusvalía. El capitalismo legaliza ese latrocinio. Por supuesto, para todo el que se ponga en contra, milite y proteste contra esa forma de organizar la sociedad, están las leyes, las sanciones, las condenas, los palos y las balas. Eso es el Estado Capitalista, el Estado Burgués, administrado siempre por la representación política de los intereses de clase de empresarios, terratenientes, banqueros y financistas

La “Libertad” que vivimos, entonces, no es más que la libertad de las clases dominantes. Es un concepto vertido con un claro interés por los que dominan el mundo. “Su” libertad no es más que la limitación de las libertades de la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta. Ellos son los dueños de las riquezas, de los medios de producción que las elaboran y transforman en mercancías, de los medios de comercialización y servicio que devienen de ellas, de los bancos y financieras que financian esas actividades, de los centros de esparcimiento y de los medios de comunicación que difunden las bondades de la organización social que fomenta y sostiene sus privilegios. Tienen la potestad sobre todos los beneficios del desarrollo humano y de la naturaleza, son dueños de los ríos, de los mares, de las montañas, de los glaciares, de los bosques y las selvas, de las plantaciones y del ganado, cotos privados a los que la mayoría de los seres humanos tienen negado el acceso o deben pagarles para tenerlo.

Esa es la “libertad” de la que nos hablan los capitalistas, contraria a la libertad humana. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de los explotados para dejar de serlo, lo que implica la lucha por la libertad. La libertad de poder gozar de la vida, todos y no unos pocos, en la única oportunidad que tenemos de pasar por este mundo, disfrutando armoniosa y equitativamente de lo que nos ofrece la naturaleza y el desarrollo tecnológico.

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Continúa la recuperación de empresas por sus trabajadores en el 2013

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

El proceso de las empresas recuperadas por sus trabajadores continúa. En la actualidad, según precisó el vicepresidente de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas, Eduardo Montes, en diálogo con la agencia oficial de noticias Télam, existen 350 empresas que emplean 25.000 trabajadores (Fuente: Ministerio de Trabajo de la Nación).

Desde enero, los trabajadores de una cadena de restaurantes ocupan cuatro conocidas parrillas porteñas: Don Battaglia, Mangiata, La Soleada y Alé Alé, manteniéndolas en funcionamiento ante el riesgo de ser cerradas por sus patrones.

“Se acumularon deudas con los proveedores, no pagaban los aportes, nos faltaban insumos y había permanentes rumores de cierre”, cuenta Raúl Armengol, de Don Battaglia. Luego, un restaurante de los seis -La Zaranda, en Villa Urquiza- fue cerrado. Aunque parte de sus empleados fueron reubicados en los otros locales, desde entonces y durante todo 2012, el panorama resultó para los trabajadores más y más inestable. Los sueldos, por ejemplo, comenzaron a ser pagados con atraso y de manera incompleta, y les quedaron debiendo el aguinaldo.

“El 4 de enero un supervisor les avisó a dos compañeros que iban a cerrar el restaurante”, reseña Andrés Toledo, uno de los 40 trabajadores de Alé Alé. “La noticia corrió y el viernes, cuando entramos a trabajar, reclamamos a la empresa que vinieran a darnos una explicación de qué estaba pasando. No vino nadie. Paramos todo el fin de semana, pero siguieron sin presentarse.” El lunes decidieron pedir asesoramiento a la cooperativa que administra el Hotel Bauen recuperado por sus trabajadores y volver a trabajar.

“Así empezamos a autogestionarnos. Buscando información sobre la empresa, nos enteramos de que había entrado en convocatoria de acreedores y tenía el contrato de alquiler vencido desde hacía siete meses. Incluso habían hecho un convenio de desalojo para el 31 de diciembre pasado, es decir que la intención era irse.”

En Don Battaglia tomaron la misma decisión el 10 de febrero cuando vieron que la gente de la administración estaba sacando carpetas y libros contables del restaurante. Faltaban vinos, hasta ingredientes para preparar ensaladas. Cuando tomaron la decisión de ocupar el establecimiento vinieron de La Soleada y Mangiata y al otro día ellos también empezaron las tomas.

Los cuatro locales emplean a más de 200 personas. Los integrantes de la cooperativa denuncian que habían existido maniobras de vaciamiento por parte de los empresarios. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) les abrió un expediente para que puedan conformarse legalmente como cooperativa de trabajo, detalló Federico Tonarelli desde el Hotel Bauen, uno de los ejes de Facta, la Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados.

Para mantenerse en funcionamiento, pagan a los proveedores en efectivo y están negociando hacerse cargo de los alquileres, salvo en el caso de Alé Alé, donde los dueños del inmueble no lo quieren seguir alquilando. De hecho, al revisar los papeles de la empresa, los trabajadores encontraron que no sólo el contrato de alquiler estaba vencido, sino que además estaba ese convenio de desalojo del lugar, que la empresa había previsto cumplir en diciembre de 2012. Por esto, un grupo de trabajadores hace guardia ante el peligro de que se concrete el operativo policial, ya que la orden de desalojo está vigente. El pasado 15 de mayo convocaron a referentes políticos, gremiales, organizaciones sociales, cooperativistas y medios de comunicación a solidarizarse ante un nuevo intento de desalojo, dictado por el juez de la causa Martín Christello, que finalmente no se concretó.

Un dato diferencia la historia de estos restaurantes de la mayoría de las recuperadas, y es que sus trabajadores no esperaron a encontrarse en la calle para pensar en la autogestión. Tuvieron como antecedente el cierre de La Zaranda, perteneciente a la misma cadena de restaurantes -que no volvió a ser abierta- y eso los decidió a actuar antes de que la historia se repitiera. Ese alerta, junto al conocimiento acumulado en los años que lleva la recuperación de empresas, resultó clave para que no se perdiera ningún puesto de trabajo.

Cooperativa Norte

Dedicada a la fabricación de cuadernos, libretas e índices telefónicos, el pasado 28 de febrero cumplió un año de autogestión. Con 25 trabajadores, la cooperativa produce entre 20 y 30.000 unidades mensuales, igual que cuando estaban bajo patrón, y continúa liderando las ventas en el rubro, con presencia en librerías de todo el país.

“Nos debían salarios a lo que se sumaba la falta de materia prima entonces, para saldar deudas, llegamos a un acuerdo con el dueño anterior que nos concedió la empresa para que continuemos trabajando. Hoy por hoy pagamos todos los impuestos y estamos en tratativas para poder empezar a abonar el alquiler de la fábrica”, destacó Fabián Maciel, al frente de la cooperativa del partido de San Martín, al norte del conurbano bonaerense.

Otra recuperada en San Martín

Se trata de la fábrica de autopartes de la ex Bosch-RBI. Sus trabajadores intentaron ponerla a producir organizados en la Cooperativa Mecanizados Progreso Ltda. desde que los empresarios la abandonaron a principios de 2012.

El gobernador Daniel Scioli vetó la Ley de Expropiación votada por unanimidad en las dos Cámaras de la Legislatura bonaerense. Actualmente, los trabajadores esperan una nueva sanción en Diputados, en tanto mantienen una vigilia en la planta para que no sea vaciada.

El conflicto comenzó en 2009 cuando el grupo internacional Bosch despidió a 10.000 trabajadores en todo el mundo y la planta de San Martín no fue la excepción.

“Llegando a fines del 2011 nos vuelven a despedir a todos los compañeros, pero nosotros pasamos las fiestas dentro de la fábrica. Luego cae otro interesado en comprarla, que resultó ser un socio anterior que dilató bastante las cosas. Volvemos a arrancar en enero de 2012 con el compromiso ante el Ministerio de Trabajo de pagarnos los salarios que nos debían. Habremos trabajado dos semanas, no cumplieron y prácticamente abandonaron la fábrica de nuevo”, relata Alejandro Romero, un joven trabajador. Entonces, cincuenta operarios -ingenieros, programadores, operadores y administrativos-, decidieron no esperar un falso salvador y se conformaron como cooperativa. Hace un año que no perciben ingreso alguno.

Cooperativa Gráfica Mom

Antes conocida como Lanci Impresiones, nuclea a 16 trabajadores. El conflicto se inició en 2008 cuando se retiró Alfredo Langehein, el dueño, y la empresa en la que trabajaban 40 personas comenzó a ser gestionada por su hijo. Desde ese momento empezaron a percibir un sueldo de $ 100 semanales bajo el argumento que no había dinero, pero la situación llegó a un límite cuando un día apareció con un Toyota Corolla cero kilómetro. Fue entonces cuando decidieron ocupar la imprenta.

El pasado martes 14 de mayo fueron desalojados por la Policía Metropolitana. Más de 50 gendarmes y 30 efectivos de la policía armados ingresaron a la fuerza a las instalaciones en un operativo relámpago.

"A las 7 de la mañana, efectivos patearon el portón de ingreso de la planta ubicada en Mom 2862, del barrio de Pompeya, y lanzando gases lacrimógenos desalojaron a los dieciséis trabajadores de la firma que ocupaban la imprenta desde mayo de 2012 en defensa de las fuentes de trabajo", informó Eduardo Montes, vicepresidente de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas. El presidente de la empresa gráfica recuperada, Telésforo Gallardo, destacó: "Nos tiraron gas pimienta mientras nosotros no opusimos resistencia, sino que pacíficamente resistimos en nuestra fabrica".

Este fue el segundo intento de la fuerza de Mauricio Macri por desalojar a la cooperativa que se encuentra en el taller Lanci SRL. Alrededor de 30 trabajadores de la empresa dedicada a la industria gráfica que llevaban adelante la ocupación "en resguardo de las fuentes laborales", denunciaron que el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 16 ordenó el desalojo pero no reparó en que para pagar los sueldos adeudados el dueño "puso como garantía al inmueble que está en quiebra".

El primer operativo había sido ordenado por la justicia porteña luego de que el ex dueño de la empresa denunciara a sus antiguos empleados por el delito de usurpación.

Sin embargo, el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, Enrique Deibe, había informado que el desalojo ordenado por la jueza Claudia Arévalo quedaba sin efecto y que se abría "una mesa de negociación entre las partes involucradas para evitar situaciones de violencia".

Después del violento desalojo los trabajadores decidieron realizar un acampe en la puerta de la fábrica. Lanzaron un bono contribución Recuperemos Mom sí o sí: "Se pueden aportar 100 pesos que servirán para colectar recursos que ayuden a mantener el acampe de los compañeros". En ese sentido, los asociados de Mom cuentan con el amplio apoyo del sector de empresas recuperadas y de la Federación Gráfica Bonaerense: "La carpa que están usando es la que utilizaron los trabajadores de La Nueva Unión hace cinco años; el gazebo lo aportó la Federación Gráfica Bonaerense; las seccionales CABA y La Plata de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina dieron frazadas y alimentos no perecederos, en tanto que la Cooperativa La Cacerola, a través de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, llevó viandas".

Luego de dos años de sueldos y aportes jubilatorios adeudados, los trabajadores que decidieron ocupar la planta de la ex empresa Impresores Lanci SRL desde mayo de 2012 para preservar los puestos laborales fueron desalojados, pero la comunidad abrió sus puertas para darles alojamiento.

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La Política de lo Anónimo

Damián Solanas (INFOSUR)

El reciente Decreto 566 del Poder Ejecutivo Nacional, que establece la creación del ente Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, resulta ser un mal comienzo en la idea de reactivación del transporte de cargas del Ferrocarril Gral. Belgrano.

Si bien el Estado Nacional es el que finaliza el contrato de la última gerenciadora -manejada por Macri & Co desde 2006- y, por otro lado, también es el que promueve la creación del nuevo ente, los controles de la explotación del mismo seguirán siendo poco transparentes y sujetos a una futura privatización. Es decir, se trata de una nueva Sociedad Anónima sujeta a la Ley de Entidades Comerciales cuyo único control (pobre) será el que provea la oscura Inspección General de Justicia. Cabe preguntarle al Gobierno Nacional ¿a qué intereses responde crear una nueva sociedad anónima?

Por otro lado, el nuevo ente estará conformado y financiado por tres estamentos diferentes: La ADIF, la SOFSE y la Administración General de Puertos. En este punto, resulta paradójico que algo que se concibe literalmente como “estratégico” esté conformado por tres organismos independientes, ya que resulta lógico que la celeridad y el avance y alcance de los objetivos que se planteen estarán minados por visiones e intereses múltiples, a mucha distancia de lo que se considera “eficiente” en la misma normativa.

No obstante es bueno que se le haya quitado la concesión a SOESA, la visión estratégica que tiene el Gobierno Nacional del uso del Ferrocarril Belgrano es funcional-ex profeso- a los intereses chinos puestos en el país y en la región. Todos ellos son, fundamentalmente, de carácter netamente extractivista de materias primas – visión neocolonial-, muy lejos de la impronta de desarrollo que se le quiere hacer creer a la ciudadanía.

Flaco favor se le hace a los trabajadores de los Talleres de Tafí Viejo –a los que el Decreto 566 incluye dentro de la nómina del nuevo Ferrocarril Belgrano- si la apuesta hacia los capitales chinos incluye la importación llave en mano de vagones y locomotoras sin ninguna transferencia tecnológica, como bien lo viene anunciando el Ministro del Interior y Transporte.

Por último, resulta claro y contundente que esta medida no viene a sanear el abandono gubernamental de más de veinte años de los pueblos del interior donde albergan pequeños y medianos productores agropecuarios, ni mucho menos, a levantar de sus cenizas a la industria ferroviaria argentina. La creación de esta nueva sociedad anónima y la actual dirección de la política ferroviaria constituyen una respuesta solapada a la necesidad de profundizar el modelo de concentración rural sojero a cambio de la compra de trabajo calificado chino. Sin dudas, una estrategia profundamente antinacional.

Damián Solanas es economista.

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Luciano Arruga y los Nadie que desaparecen

LA RETAGUARDIA

El que habla se equivoca. El que habla mucho, por regla proporcional, corre riesgo de equivocarse mucho. Cualquiera que habla o que escribe o que hace, puede equivocarse. La cuestión es que algunos nunca se disculpan.

La presidenta ayer cometió un error hiriente cuando dijo "hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado". La dolorosa frase, sin embargo, esconde alguna verdad: Luciano Arruga pudo ser secuestrado y desaparecido el 31 de enero de 2009 en el Partido de La Matanza justamente porque era un Nadie. Porque forma parte de un grupo social condenado: el de los jóvenes pobres que, o son visibilizados como un peligro, como posibles delincuentes, o terminan siendo negados. Eso es lo que tienen para elegir esos pibes hoy: o son lo peor o son nadie.

Y podríamos citar otros ejemplos, porque Luciano, se sabe aunque se niegue, no es el único desaparecido en democracia.

La presidenta Cristina Fernández tiene una gran oportunidad: puede pedir disculpas y recibir, al fin, a Vanesa Orieta, la hermana de Luciano. Podría sonar oportunista, pero también sería un síntoma de que al poder le interesa que los desaparecidos de hoy dejen de ser Nadie.

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Argentina, Chaco. Violenta represión y muerte en Castelli: Murió el originario Florentín Díaz

Liliana Giambelluca (AGENCIA WALSH)

Mientras el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, tenía un "emotivo" encuentro con el papa Francisco en el Vaticano, el vicegobernador Bacileff Ivanoff ordenó a la policía el desalojo de manifestantes en la ruta 95 de Castelli. En la madrugada del miércoles, militantes sociales y aborígenes fueron brutalmente reprimidos, y les destrozaron sus motos y bicicletas. Murió Florentín Díaz, de la comunidad del Curushy.

Este martes, militantes de movimientos sociales y aborígenes cortaron la ruta 95 de Juan José Castelli para protestar contra la medida del gobierno provincial que dejó de entregar alimentos a los dirigentes indígenas para ceder su reparto a la comuna.

Durante la noche se produjeron corridas y alrededor de las 5 de la madrugada del miércoles comenzó el operativo de desalojo, donde efectivos policiales con escudos, palos y balas de goma arremetieron contra manifestantes, produciéndose enfrentamientos.

El operativo policial se presentó al lugar con aproximadamente 20 vehículos, dos carros de bomberos, 100 agentes aproximadamente de infantería, otros 50 uniformados más, y unos 14 agentes de la policía rural a caballo.

Participó personal policial dependiente de la Dirección de Zona Interior Juan José Castelli, con apoyo de grupos de infantería de las ciudades de Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña, General San Martín, Villa Ángela, Charata, División Rural local y de Colonia Aborigen, Policía Caminera, División Bomberos de esta ciudad y de la ciudad de Presidencia Sáenz Peña, agrupando unos 150 efectivos, dispositivo que estuvo encabezado por el jefe de Policía, Ramón Alegre, informó el portal Chaco por Día.

Alrededor de 100 manifestantes fueron detenidos en la comisaría y hubo heridos, entre ellos policías, que los trasladaron al hospital de Castelli.

El secretario de Seguridad, Javier Oteo, dijo que los incidentes se originaron porque "Desarrollo Social decidió otorgar la ayuda en mano a cada uno de los beneficiarios" porque "algunos referentes se quedaban con parte de lo que se entregaba o lo cobraban". Agregó que "no estamos hablando de movimientos sociales", sino "de personas inescrupulosas que son mercenarios del piquete". La ministra de Desarrollo Social Beatriz Bogado, en conferencia de prensa ratificó los dichos del funcionario.

Durante la tarde, pasadas las 13, se formó un nuevo piquete y el comisario Elio Cabral ordenó al grupo de Infantería de la Policía el desalojo a los manifestantes. Hubo enfrentamientos cuerpo a cuerpo, hasta que la Policía usó gas pimienta, balas de goma y agua contra los manifestantes.

Cuando escapaba de la policía en su moto, Florentín Díaz chocó con una camioneta y falleció en el hospital, informaron autoridades médicas. Pablo Denardi, lenguaraz de la comunidad qompi Voque Naqockta, indicó a TN que la muerte de Díaz, de la comunidad del Curushy, se debió a las heridas sufridas durante el accionar policial.

Marcha hacia la casa de Gobierno

Luego del desalojo, la militante social Mercedes Sánchez en asamblea expresó: "es una vergüenza la forma que actuó la policía, quemando banderas de Argentina y Chaco, quemando y rompiendo las carpas, si nosotros nos habíamos bajado de la ruta, tenemos personas heridas con balas de gomas, pero esto no queda así, a partir de las 08,00 desde Juan José Castelli iniciaremos la marcha provincial reclamando lo que el gobierno ya se comprometió con todos los movimientos sociales. Somos trece movimientos sociales que marcharemos e iniciaremos desde Castelli y se irán sumando varios movimientos más en el trayecto. Nuestro objetivo es llegar a Resistencia y reclamar frente a casa de Gobierno", informó el portal Nova Chaco.

Mercedes Sánchez fue una de las militantes detenidas durante la represión de la madrugada y a la tarde recuperó su libertad.

El papa Francisco recibió al gobernador Capitanich

El gobernador Jorge Capitanich saludó al Papa Francisco en una visita protocolar al Estado Vaticano, "en un emotivo encuentro donde Su Santidad lo recibió con un abrazo", informó Chaco por Día.

Durante el encuentro público, el primer mandatario provincial le entregó una imagen de San José Obrero, realizada por el escultor chaqueño Juan Cortés.

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Argentina, Formosa. La comunidad Qom en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN): "Ojala que esto favorezca nuestro reclamo territorial"

Liliana Giambelluca (AGENCIA WALSH)

Sin la presencia del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se realizó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) una audiencia privada con representantes del gobierno de Formosa y miembros de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh. El máximo Tribunal otorgó el plazo de una semana para que el Estado provincial releve el territorio aborigen, en cumplimiento de la Ley 26.160 de Comunidades Indígenas.

Este miércoles se llevó adelante una audiencia privada en la CSJN con representantes del Gobierno de Formosa y miembros de la comunidad qom en el marco de la causa "Comunidad Indígena Toba La Primavera-Navogoh c/ Formosa, Provincia de y otros s/ medida cautelar", donde se reclama la restitución de tierras ancestrales quitadas por el Estado provincial para construir el Instituto Universitario Agropecuario, dependiente de la Universidad Nacional de Formosa.

Encabezados por el qarashe Félix Díaz, miembros de la comunidad, representantes del gobierno de Formosa, autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de la Administración de Parques Nacionales mantuvieron una audiencia ante el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti; la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco y el ministro Juan Carlos Maqueda.

Gildo Insfrán estuvo ausente y envió un apoderado. En la audiencia anterior, celebrada el 7 de marzo de 2012, el gobernador formoseño tampoco se presentó a la convocatoria de la CSJN.

La audiencia duró alrededor de una hora y media y a su finalización Félix Díaz dijo que pasaban a un cuarto intermedio de una semana porque "la Corte exige que la provincia lleve adelante el relevamiento territorial". Consideró que la audiencia fue "positiva" y que "ahora todo depende de la voluntad política de las autoridades provinciales y nacionales para aplicar la Ley 216.160".

Luego que el INAI y la Administración de Parques Nacionales cumplimenten la medida deberán notificar a la CSJN. "Ojala que esto favorezca nuestro reclamo territorial de la comunidad porque a partir del relevamiento tenemos la posibilidad de recuperar las tierras ancestrales que nos fueron despojadas", agregó el líder qom.

También añadió que "el rector de la Universidad de Formosa dijo que no está dentro del conflicto, por lo tanto se retira porque el problema es con la provincia".

Ante la pregunta de la prensa qué le diría a la Presidenta Cristina de Kirchner, Félix Díaz dijo que deseaba que "la Presidenta aporte su grano de arena para destrabar este conflicto que favorezca los reclamos de los pueblos indígenas".

Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora dijo que se aferraba "a la esperanza de que la Justicia tome cartas en el asunto porque la comunidad tiene derecho a su territorio ancestral".

Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)-La Matanza también manifestó "la esperanza de que la Corte se declara competente en esta causa de la comunidad qom para que resuelva el problema territorial".

El conflicto tuvo su punto más alto el 23 de noviembre de 2010, día que los originarios salieron a la ruta 86 a protestar por la quema de sus viviendas y el quite de parte de su territorio. Una brutal represión policial costó la vida del aborigen Roberto López y del oficial Heber Falcón, y numerosos heridos. Al día siguiente, el originario pilagá Mario López murió atropellado por un automóvil cuando se dirigía a la comunidad qom. Este hecho se vinculó a los episodios referidos.

La jornada se destacó por el gran acompañamiento que tuvo la comunidad originaria. Amigos de Buenos Aires, del conurbano y del interior del país se hicieron presente y en la vereda del Palacio de Justicia desplegaron wiphalas y carteles en apoyo. Además de los referentes de derechos humanos Mirta Baravalle y Pablo Pimentel, estuvieron presentes Gabino Zambrano del Pueblo Kolla por la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA), una delegación de comunidades originarias de Salta, las agrupaciones Resistencia Qom, Chau Roca, No Matarás, Movimiento Popular La Dignidad, entre otros.

También acompañó Claudio Morgado, ex titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), los diputados nacionales Ricardo Alfonsín, Patricia De Ferrari y Mario Negri (UCR), Victoria Donda (Libres del Sur-FAP) y Claudio Lozano (FAP).

Participaron de la audiencia

En representación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estuvieron en el estrado el presidente, Ricardo Lorenzetti; la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco y el ministro Juan Carlos Maqueda.

Por la comunidad qom participaron el qarashe Félix Díaz, su esposa Amanda Asijak, su cuñado Pablo Asijak; el referente Laureano Sanagachi y Rafael Justo, miembro del Consejo de Ancianos. Cristino Sanabria, en representación de la Asociación Civil Comunidad Aborigen La Primavera".

Por la parte demandada, la Provincia de Formosa, se hicieron presente los letrados Stella Maris Zabala de Copes (Fiscal de Estado de la Provincia de Formosa); Jorge Abel González (Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo); Rodrigo Vera (Ministro Secretario General del Poder Ejecutivo), la funcionaria Laura Granada (Directora del Instituto Provincial de la Vivienda) y el apoderado Juan Esteban Ferrando.

El Estado nacional estuvo representado por los abogados Daniel Fernández (Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas-INAI); Antonio Dell'Elce (Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas). En representación de la Administración de Parques Nacionales los letrados Adriana Villani (Directora de Asuntos Jurídicos) y José Manuel Ubeira.

Por la Defensoría General de la Nación estuvieron los abogados Julián Langevin (Defensor Oficial ante la CSJN) y Sebastián Velo.

La Universidad Nacional de Formosa estuvo representada por su vicerrector, Roque Silgero, y por Alfredo Niz, asesor letrado general.

Por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en su condición de amicus curiae (Amigo del Tribunal), estuvieron los abogados Gustavo Piantin y Federico Efrón.

Mensaje de la comunidad Potae Napocna Navogoh
En el día de hoy, nuestro qarashe formó parte de la tercera audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Allí estuvo presente el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti; la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, y el ministro Juan Carlos Maqueda; y también integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales.
El juez Lorenzetti se mostró muy preocupado por la situación de violencia que vivimos a diario y porque la causa por nuestro reclamo territorial no avance.
La Corte condujo al diálogo e intentó frenar el discurso usual de la provincia.
La fiscal del estado provincial, Stella Maris Zabala de Copes dijo a la Corte que el relevamiento territorial se haría en diciembre en nuestra comunidad, Potae Napocna Navogoh.
La Corte dio una semana a las partes para presentar documentación relativa al caso.
Parques Nacionales, la provincia de Formosa, y la Universidad Nacional de Formosa deberán mostrar los documentos necesarios, los mapas que reclaman y las superposiciones de mensura con nuestros territorios para que la Corte pueda estudiarlos.
Cristino Sanabria deberá presentar en cinco días los documentos que avalan su papel como presidente de la Asociación Civil. Nosotros sabemos que este puesto debe ser renovado cada año, mientras que la última elección para presidente fue en el año 2009.
Hoy nos reunimos en la comunidad, a pesar de la lluvia y el barro, para escuchar las palabras de nuestro qarashe Félix Díaz. A pesar de las dificultades, nos alegramos de que la Corte entienda el problema de la violencia que sufrimos por luchar por nuestras tierras.
Volveremos a reunirnos en una semana, esperando buenas noticias y voluntad política para resolver estos conflictos.
22 de mayo de 2013
Fuente: Blog Comunidad La Primavera
Enlace: http://comunidadlaprimavera.blogspot.com.ar.

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Los commodities, el hambre y cinco millones de niños pobres

Silvana Melo (APE)

Ya tiene los dedos adiestrados en la separación de la basura. Una selección que no hace el que llena bolsas de sobras de alimentos, vidrios y pilas agotadas. Sabe cómo pescar algo útil y cómo reconocer algo medianamente comestible. En la bolsa de al lado, el perro le sacó ventaja: encontró un valioso trozo de carne cocida. Silbando bajito, puso la cola entre las patas y dobló la esquina con el asado en la boca.

Con el destino de andar recogiendo bocados para la mesa del día, no tiene tiempo ni ocasión de enterarse de que hay en el país entre 2.200.000 y 11.000.000 de pobres, según los mida el Indec o la Universidad Católica Argentina. Para él las cosas están claras: en la panadería un kilo de felipes vale 15 pesos. En la vereda, con suerte, puede disputar con el palomerío algunos bizcochos con grasa de la semana pasada.

Casi dos millones de personas suelen tener hambre sin alimento a mano. Cuatro de cada diez chicos y adolescentes viven en la pobreza en la Argentina. Son casi 5 millones. 800.000 (9,5%) son indigentes. Tienen hambre o comen muy mal. Están subnutridos, panzones de harina, flacos de hierro, descalcificados y se mueren de muertes que se pueden evitar. Y esta vez sí son números de la UCA. Para el Indec el hambre está erradicado, como el desempleo en el Chaco o la pobreza en La Rioja.

Por eso será que en capital y el conurbano se tiran 670 toneladas de alimentos reutilizables. O el hambre se acabó y en lugar de tirar manteca al techo se desechan 1.675.000 platos de comida (La Nación sacó las cuentas) o la factoría de la inequidad logró su producto más sofisticado y perfecto: el 5% de la población con hambre y en el Ceamse, toneladas de comida volcadas al relleno sanitario para deleite de gaviotas y gusanos. Pocas veces ha sido tan contundente y exitosa una alegoría de la injusticia.

La Institución de Ingenieros Mecánicos de Londres asegura que la mitad de los 4.000 millones de toneladas de alimentos que se producen anualmente en el globo no llegan a consumirse nunca. Mientras casi mil millones de personas dispersas en Africa, Asia y América Latina sufren hambre y mueren de enfermedades parientes del hambre, hay varios centenares de millones indigestados que tiran la mitad del plato a la basura. En el Reino Unido, 3 de cada 10 hortalizas ni siquiera se cosechan porque su estética no responde a lo que comprará el consumidor en la feria. Zanahoria torcida, queda en la tierra.

En la Argentina las frutas y verduras se venden antes de cosecharse. Los excedentes suelen ser cargas molestas para productores que no tienen camiones ni combustible ni posibilidad de distribuir ni dinero para cámaras frigoríficas. Entonces las tiran a los costados de los caminos. Como los manzaneros tiran las manzanas para protestar porque se las pagan centavos. O los tamberos derraman la leche para quejarse de que Mastellone es un faraón a costa de su miseria.

Suelen enumerarse decenas de razones. Una ley de 2004, sobre responsabilidad civil, deja sin respaldo a los empresarios que donan. Un intoxicado, un juicio. Es preferible la basura. Los hipermercados tiran en el Ceamse toneladas de yogures por defectos de envoltorio, envase, fecha de vencimiento próxima. En la base de la caída miles de privilegiados que lograron superar barreras policiales, peajes, punteros y espaldas grandes en la estampida, se llevarán lo que puedan abarcar en brazos y bolsas. Lo comerán o lo venderán para zafar del día.

Los restaurantes hacen comida de más, los productos poco exitosos en el mercado, los estacionales y los excedentes también tienen destino en los rellenos sanitarios. Se explica buenamente desde las razones culturales, productivas y burocráticas. Pero no es más que lentejuela en el barro. Hay una configuración sistémica que determina quién come y quién no. Quién pasa hambre y quién no. Quién habitará el cielo y quién el infierno.

Quiénes se salvarán y quiénes no.

Por eso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su brigada antihambre, la FAO, decidieron que lo mejor para que los pobres no se mueran de hambre tan descaradamente es que coman insectos. De hecho, en unos cuantos países de África, Asia y América latina los desesperados del mundo ya se alimentan de chinches, hormigas, abejas y avispas; langostas y grillos; piojos y mariposas. Todos con “un alto valor nutritivo”. Y “contienen tantas proteínas como la carne o el pescado”. En África central, en Camerún, Mozambique, los dos Congos y Zambia –dice el informe casi orgullosamente- la gente practica la entomofagia: es decir, come miles de toneladas de gusanos por año porque no tienen acceso a la carne ni al pescado ni a un postre de crema y chocolate que abre la puertita de la felicidad a la lengua y al alma.

A quién le importa el sabor de las carnes tiernas, el color del azafrán, el disfrute del perfume de un durazno o la jalea de frutillas en el pan del día. Si comer chinches nutre, ése será el plato. Quien rechace piojos y grillos, no será un hambriento. El suizo Jean Ziegler, desde el estómago mismo de la ONU, decide que “vivimos un orden caníbal del mundo. El mercado alimentario está controlado por una decena de sociedades multinacionales inmensamente poderosas. Controlan el 85% del maíz, arroz, aceite y fijan su precio”. Entonces “estos amos del mundo deciden a diario quién va a morir de hambre y quién va a vivir”.

Para alimentar a 12 mil millones de personas produce la agricultura del globo. De los siete mil millones de habitantes, mil millones pasan hambre. Para alimentar a 400 millones de personas produce la tierra en la Argentina. Casi cinco millones de sus chicos son pobres. Un bebé de un año y medio muerto el martes en La Rioja por desnutrición aguda es un niño asesinado por el capitalismo financiero. El argentino y el mundial.

Asesinado por un golpe de soja. Por un balazo de commodities en la bolsa.

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Allanaron la casa del espía Balbuena y su despacho en la Policía Federal

OJOS VENDADOS

Allanaron la casa del infiltrado en la AGENCIA WALSH y lo encontraron allí, junto a su hermana.

Se realizó un procedimiento similar en la sección Reunión de Información de la Policía Federal donde los investigadores secuestraron computadoras en las cuales los registros ya habían sido borrados. También se llevaron un listado con nombres de agentes de Inteligencia que pertenecen a la misma sección de la Federal en la que trabajaba Balbuena.

En el marco de la causa iniciada ayer con la denuncia del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia-EMVJ (foto), personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó hoy por orden del juez federal Sergio Torres el domicilio de Américo Balbuena en San Martín. El agente que estuvo infiltrado once años en la agencia de noticias Rodolfo Walsh se encontraba allí cuando llegaron los efectivos, junto a su hermana, y aunque dispone de un arma, una pistola Glock, no se resistió ni se produjo ningún incidente. La vivienda es una construcción típica de hace unos 40 años y está ubicada sobre la calle Belgrano, en la zona céntrica de esa localidad bonaerense. En su interior había pocos muebles, un colchón en el piso, algunos objetos personales y libros. Los investigadores no hallaron computadoras ni elementos informáticos similares.

En tanto, durante el allanamiento de ayer en la sede central de la Policía Federal, de Moreno al 1500, la PSA secuestró el legajo de Balbuena donde constan sus antecedentes y los lugares dónde trabajó. También fueron allanadas las oficinas de la sección Reunión de Información división Análsis donde revistaba el espía, y se secuestraron computadoras y carpetas con documentación. Los expertos detectaron que los registros habían sido borrados pero creen poder reconstruirlos. Junto al legajo de Balbuena encontraron también una nómina con los demás agentes que reportan a esa dependencia de la Federal.

La denuncia que elaboraron el Ceprodh, la Correpi, la Cadep y la Apel, y que avalaron dirigentes y partidos de izquierda, fue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, quien requirió la apertura de la acción penal contra Balbuena por la presunta violación de la ley de Inteligencia Nacional que prohibe la realización de tareas de espionaje interior.

Además de las medidas urgentes, que la justicia ya puso en marcha, los denunciantes solicitaron que el juez Torres pida informes al ministerio de Seguridad sobre las tareas asignadas a Balbuena, durante cuánto tiempo las desarrolló, quiénes eran sus superiores y quiénes son los demás agentes que trabajaban en esa dependencia de Inteligencia de la Policía Federal. La línea trazada por el juez Torres priorizó la búsqueda directa de todos los elementos que contribuyan a esclarecer estos interrogantes, aunque no descarta concretar también el requerimiento a la ministra Garré para que aporte, incluso, el resultado del sumario interno que dispuso hace dos semanas cuando la agencia Walsh denunció el caso.

Los denunciantes también solicitaron la declaración indagatoria de Balbuena, quien por ahora está ubicado por la justicia pero sin imputación concreta. Si la tuviera, eventualmente, tampoco perdería su libertad porque las penas previstas para el delito que se investiga son excarcelables.

En el escrito presentado ayer por el EMVJ, el equipo de abogados planteó que la pesquisa debe abarcar a toda la cadena de mandos de la Federal, incluídos los ministros de Seguridad e Interior de los gobiernos que se sucedieron durante los once años que duró la infiltración de Balbuena en la agencia Walsh.

Los investigadores ya habrían detectado que esta sección de Inteligencia de la Federal está regida por un decreto de 1963 que colisionaría con la legislación posterior que prohibió todo tipo de tareas de inteligencia sobre grupos sociales y políticos, específicamente la ley de Inteligencia.

Myriam Bregman, una de las abogadas que elaboró la denuncia, destacó que “si bien se dictó la ley de inteligencia bajo gobierno constitucional, ninguno de los gobiernos posteriores a la dictadura militar estableció penas específicas para la infiltración y el espionaje, por lo que se aplican delitos menores y referidos a otras cuestiones, protegiendo así esa deplorable actividad”.

Por su parte, los denunciantes que pertenecen a varias de las centenares de organizaciones que habrían sido infiltradas por Balbuena aspiran a que el avance de la causa judicial pueda culminar en alguna medida que inste al Poder Ejecutivo a desmantelar esa estructura de la Federal y a entregar a quienes fueron espiados toda su información.

Balbuena era un agente PCI (Personal Civil de Inteligencia) quien en la agencia Walsh se dedicó al seguimiento de las actividades de movimientos gremiales y sociales, su agenda y sus movilizaciones. Y desde ese lugar privilegiado concretó lazos de confianza y amistad con centenares de militantes y dirigentes.

Esta presentación del EMVJ es similar a la que realizaron en noviembre de 2011 para denunciar tareas de espionaje realizadas por la Gendarmería Nacional, en lo que terminó denominándose Proyecto X, nombre de uno de los programas informáticos usados por los gendarmes. Los primeros casos fueron denunciados por los trabajadores de Kraft pero luego la investigación judicial demostró que el arco de espiados era mucho más amplio.    

Dice el escrito que ahora ya es parte de la causa que investiga el juez Torres: “durante los aproximadamente once años que Balbuena mantuvo su actividad como infiltrado en la mencionada Agencia Alternativa de noticias, simulando ser 'militante' se ocupó de cubrir periodísticamente la agenda de actividades políticas, a través de la cuales le permitió tener vínculos con distintos referentes y militantes de partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, etc. Incluso realizar entrevistas dentro de los domicilios particulares de varios de ellos”.

"La infiltración de las fuerzas de seguridad en los movimientos sociales tiene como objetivo la criminalización de la protesta social. No estamos ante un caso aislado, cada fuerza tiene su grupo de espías, la Federal tiene un cuerpo de 1.000 agentes para esta tarea", dijo Bregman, letrada del PTS y querellante en la causa Proyecto X.

Firmaron la denuncia contra Balbuena la propia agencia Walsh, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Liberpueblo, Cuba-MTR; Claudio DelleCarbonara, Christian Castillo y Federico Puy (PTS); Néstor Pitrola, Gabriel Solano y Alejandro Lipcovich (PO); Juan Carlos Giordano y José Castillo (IS); Alejandro Bodart y Vilma Ripoll (MST), Héctor Heberling (Nuevo MAS), Elena Hanono (PCR) y Natalia Saralegui (Tendencia Piquetera Revolucionaria).

Hoy, bajo la llovizna, el EMVJ marchó a Plaza de Mayo para denunciar que las organizaciones de derechos humanos, sociales, política y gremiales "somos víctimas del espionaje comandado por las fuerzas de seguridad del kirchnerismo", y contra la "represión y la criminalización de la protesta".

Alejandrina Barry, hija de asesinados por la dictadura y miembro del Ceprodh, dijo: “marchamos también porque la criminalización de la protesta ha pegado un preocupante salto: en la provincia de Buenos Aires, la Bonaerense detuvo ilegalmente a delegados de ATE en La Plata; fueron atacados brutalmente integrantes de la comunidad Qom en Formosa; en la Ciudad de Macri se suceden desalojos violentos por parte de la Metropolitana, como en el Borda, el Parque Centenario, Sala Alberdi y recientemente en la Gráfica Mom en Pompeya; la Federal desaloja a vendedores ambulantes en Retiro; en Córdoba, detienen sin orden judicial a ocupantes de tierras fiscales; en Santa Fe se desalojó con balas de plomo en Empalme Graneros a los que reclaman un pedazo de tierra para vivir; en Famatina, los ambientalistas fueron reprimidos cuando se manifestaban contra la megaminería; por si esto fuera poco, en Santa Cruz reprimieron a trabajadores estatales y llevarán a juicio a petroleros de Las Heras”.

La consigna que los unificó fue exigir el desmantelamiento del aparato de espionaje contra los luchadores, que entreguen las listas del personal infiltrado, el fin de la represión y criminalización de la protesta y el desprocesamiento a los más de cinco mil luchadores con causas".

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