lunes, 27 de mayo de 2013

Proceso de paz y contexto internacional

Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

Para los países de América Latina y el Caribe un proceso de paz exitoso en Colombia es positivo desde todos los puntos de vista. Ninguno de ellos se beneficia directamente de la guerra y antes por el contrario ven con recelo y temor que el conflicto se pueda extender a los países vecinos (o por simpatía, reproducirse en otros). Para todos la guerra condiciona demasiado y de forma negativa unas relaciones comerciales que en los últimos años se han incrementado notoriamente.

La misma integración física de las naciones -una necesidad imperiosa- se ve obstaculizada por el conflicto. Sin ir más lejos, la comunicación entre los dos océanos es clave (particularmente con el Pacífico para países como Venezuela y Brasil). La estabilidad y el buen clima social son requisitos importantes para que prosperen los negocios. La guerra como instrumento permanente solo beneficia a quienes obtienen sus ganancias con el comercio de armas o practican un capitalismo primitivo. La paz elimina entonces un foco de preocupación nada desdeñable para los gobiernos de la región.

Pero si la paz es bienvenida para los vecinos de Colombia, el asunto ya no es tan claro para los Estados Unidos y sus aliados europeos (incluyendo a Israel, que como prolongación de Occidente desempeña aquí el papel de instrumento bélico de primer orden). La guerra beneficia en primer lugar a los productores de armas y a diversas empresas de mercenarios (eufemísticamente llamados “contratistas”) que con la paz verían reducida o sencillamente eliminada su mayor fuente de ingresos. Lógicamente no tienen el menor interés en ver terminado un conflicto que les reporta tantas ganancias (Colombia es el tercer receptor de ayuda militar estadounidense del planeta tan solo después de Israel y Egipto). Este no es por supuesto el escenario bélico de Asia o África pero en el caso de Colombia cada vez se le parece más.

Pero mucho más que los fabricantes de armas o las empresas de mercenarios los Estados Unidos  no ocultan su inquietud debido al papel central que el país tiene en su estrategia continental. No es una casualidad que Colombia tenga ya vínculos muy estrechos con la OTAN. Tampoco lo es que hasta hoy solo ha habido tibios apoyos a la iniciativa del presidente Santos no solo desde Washington sino por parte de los aliados europeos. El compromiso firme de Noruega no se traduce en un apoyo de la Unión Europea, ni siquiera de países como España con grandes intereses e inversiones en el país andino.

En realidad los Estados Unidos nunca han apoyado realmente un proceso de paz. El Plan Colombia, fraguado por los estrategas del Pentágono e impuesto al obsecuente gobierno de Pastrana (y mantenido bajo otras denominaciones hasta hoy) jamás buscaba la paz sino ganar tiempo para cambiar radicalmente una correlación de fuerzas que entonces favorecía claramente a la insurgencia (lo confiesa el mismo Pastrana en su libro de memorias). A estas alturas cualquiera sabe que el combate contra la droga era tan solo una excusa utilizada por Washington para afianzar sus posiciones convirtiendo a Colombia en su mayor base de apoyo para la estrategia militar en la región. El Plan Colombia (o como ahora se denomine) no ha tenido nunca el propósito de atacar a las mafias de la cocaína o la heroína (la marihuana ya se produce en los propios Estados Unidos a escalas industriales); siempre ha sido un instrumento para combatir a la insurgencia, de suerte que si se resuelve el actual conflicto y se supera el problema de la producción de psicotrópicos la Administración de Obama tendrá que buscar nuevos argumentos para justificar su masiva presencia militar en el país. La versión oficial que vincula insurgencia y droga para justificar el Plan Colombia resulta todo un sarcasmo habida cuenta del vínculo -ése sí vigoroso y plenamente establecido- de empresarios, políticos y funcionarios del estado (incluyendo militares y policías) con el narcotráfico.

Los empresarios de la guerra y los estrategas del Pentágono harán entonces todo lo que esté a su alcance para impedir que las conversaciones desemboquen en un proceso de paz sólido. Para ello cuentan con la ayuda diligente de fuerzas que en Colombia conspiran abiertamente contra todo intento de poner fin al conflicto. Más proclives a un acuerdo de paz estarán sin embargo las empresas transnacionales para las cuales un país en paz significa menores costes y mayor tranquilidad para sus inversiones. Para satisfacer a todos el gobierno de Estados Unidos intentará seguramente garantizar que las pérdidas de algunos (el grupo de quienes ahora sacan ventajas del conflicto) se compensen con las ganancias de otros, pero sobre todo buscará por todos los medios que un arreglo pacífico no afecta de manera sensible su presencia militar en el país. Será por tanto prioritario para Washington preservar en lo esencial los privilegios otorgados para el uso de las bases militares, las relaciones especiales del Pentágono con las fuerzas armadas locales, las facilidades dadas a organismos de espionaje e injerencia en los asuntos internos del país (DEA, USAID, etc.) e igualmente conservar las ventajas inmensas que Colombia ha entregado a las empresas estadounidenses a través del Tratado de Libre Comercio.

Este sería el discurrir de los acontecimientos si Santos mantiene el respaldo interno que hoy le otorga a su estrategia de paz la clase dominante (o al menos sus grupos mayoritarios). Por supuesto que también necesita un apoyo popular amplio para neutralizar las fuerzas opositoras (la denominada extrema derecha de ganaderos, militares y ciertos sectores de sociales que salen muy beneficiados con la guerra permanente). De no ser así, ni el más entusiasta respaldo de los países de la región puede impedir el fracaso. Los estadounidenses y sus aliados europeos apoyarán salidas que supongan los menores costes posibles para sus intereses (no es otra, por supuesto, la actitud de la misma clase dominante local) pero con igual decisión apoyarán a Santos si desiste de sus propósitos de paz (siempre se puede echar la culpa del fracaso a la insurgencia) o se pondrán discretamente del lado de quienes le den un “golpe de estado constitucional” si consideran que el presidente “ha ido demasiado lejos”. Saben que más temprano que tarde varios gobernantes de la región procederán de igual manera.

Hasta ahora gobierno y guerrilla han mostrado bastante realismo en el diálogo y éste es un elemento que alimenta el optimismo. Parece que han madurado un cierto consenso sobre el primer punto de la agenda (la cuestión agraria) y se aprestan ahora a abordar el segundo, la reforma política, seguramente mucho más complicado que el primero. Y aún falta el resto de los temas a debatir, en todos y cada uno de los cuales se verán afectados grandes intereses extranjeros presentes en el país. Es de esperar que el realismo se mantenga y prevalezca la sangre fría y la prudencia que aconsejan considerar ante todo la real correlación de fuerzas por encima de los deseos más ardientes.

Desde esta perspectiva es legítimo pensar que si llega la paz Colombia no será de momento plenamente libre e independiente pero habrá dado un paso de gigante en esa dirección. El fin del enfrentamiento armado tampoco supondrá de forma inmediata la superación de la pobreza y el atraso pero si se alcanza una reforma política que modernice y sobre todo que civilice los sistemas de participación ciudadana, avanzar en esa dirección ya no será una meta imposible y el esfuerzo habrá valido la pena (para los insurgentes, medio siglo de sacrificios).

Realismo significa entonces para la clase dominante aceptar que tiene que dar por finalizada la guerra permanente contra su propia población -el terrorismo de estado y la práctica de convertir en crimen toda protesta social- y renunciar al capitalismo de expropiación salvaje (sobre todo de campesinos y asalariados). Para las fuerzas de la insurgencia y en general para el movimiento popular y la izquierda política el cese del conflicto no significará por supuesto la revolución social a la que aspiran pero si el despeje de los caminos hacia su consecución.

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Elecciones presidenciales en Chile: Táctica y estrategia

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)

1. El uso de una, de otra o de combinadas formas de lucha bajo la dictadura del capital y sus relaciones de clase y de poder, durante toda su historia, está determinado por la lucha de clases. Independientemente de los deseos o ideología de un sujeto individual, de un grupo de interés, o de una clase social en particular, sea parte de la hegemonía o de los hegemonizados.



2. La totalidad de un modo de producción y reproducción de la vida consiste en el conjunto de las relaciones sociales que caracterizan una manera histórica de existencia, de asociación, de continuidad y ruptura entre humanidad y naturaleza, en un momento dado. Esas relaciones sociales se desenvuelven a través del conflicto. Allí concursan variables multidimensionales, de las cuales unas son más relevantes que otras. No es lo mismo una guerra mundial que la formación de un sindicato. No es lo mismo el cambio climático que la quiebra de un banco en la India. Sin embargo, en cada uno de esos fenómenos se manifiesta el movimiento contradictorio e irreductible de la lucha de clases.

3. Entonces, la totalidad es un movimiento dialéctico que en la actualidad se resume como la fase de un capitalismo mundializado y maduro, donde predomina el imperialismo financiero y especulativo, la deuda, el despojo, la explotación intensificada del trabajo humano. La contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y sus relaciones sociales, o entre la apropiación privada del excedente que sólo produce socialmente el trabajo humano, es clara para quien quiera ver. Únicamente a la conciencia y conducción de la minoría gran propietaria le cabe oscurecer, a través de mediaciones alienantes, la cualidad histórica y finita del modo de producción capitalista y fomentar la falsa naturalidad de la sociedad de clases. Esa conciencia de los que mandan y dominan provisionalmente se vale no sólo de los altos mandos militares y la propiedad de la industria armamentista. Para producir el consenso ampliado de sus intereses y, en consecuencia, un tipo de gobernabilidad inestable, debe controlar y controla los contenidos y maneras de los medios de comunicación de masas, la producción de un sentido común determinista y fatal, y el disciplinamiento operativo en los ámbitos del consumo, educativos, laborales, recreativos y represivos. Asimismo, cuenta con la complicidad de la alta oficialidad religiosa y con la industria de intelectuales orgánicos que, tanto institucional como informalmente, fabrica los relatos mistificados para fortalecer el presente orden de las cosas y su normalización.

Ese oscurecimiento está destinado a la sociedad en general, incluida la minoría dominante, y para los dominados en particular.

Los pocos gozan de las granjerías que les posibilitan la mala vida y el permiso de los muchos. Sus políticas tanto de fondo como de utilería teatral son la dictadura del capital y la democracia representativa, aparente y funcional.

Sin embargo, la cuestión no es ‘dar vuelta la tortilla’ por un puro asunto de justicia social milenaria. Ahora mismo las clases explotadas y expoliadas, las grandes mayorías, contienen en su desenvolvimiento conflictivo las potencias objetivas para superar la sociedad de clases. Esto es, pueden conciente e históricamente precipitar su disolución como humanidad subordinada, cuando enfrenten el término del modo de producción capitalista.

4. Para transformar la vida y demoler el viejo orden es imprescindible la comprensión conciente de la realidad concreta y contradictoria del capitalismo y su presente fase por parte de las formaciones políticas revolucionarias –es decir, de aquellos conjuntos de personas anticapitalistas y armadas poli-éticamente de vocación de poder- capaces de formular no sólo un proyecto de sociedad nueva desde y entre los de abajo (y cuyas pistas están en las propias fracturas tecnónicas y sin remedio de la sociedad actual), sino también una estrategia y las tácticas adecuadas según el movimiento real del capitalismo y a la parte que en él le toca a la mayoría malviviente. Si bien las formas determinantes de la emancipación son todavía nacionales o regionales, su contenido, hoy más que ayer, permanece condicionado por las relaciones de fuerzas internacionales. El sistema mundo nunca fue antes tan total.

5. La minoría dominante que ofrece contenido, sentido y horizonte al Estado de Chile es un complejo de facciones de clase dependiente de los imperialismos centrales, y sobre todo del norteamericano. La burguesía chilena nunca fue revolucionaria. Siempre ha sido rentista y transnacionalizada. Su breve período cuasi industrializador y sustitutivo de importaciones dentro del caduco paradigma desarrollista de mediados del siglo pasado, no pasó de ser una coyuntura presionada por la segunda guerra mundial y la existencia de la Unión Soviética. En efecto, las políticas imperialistas de la Alianza para el Progreso (administración Kennedy) para Chile y América Latina sólo tuvieron por objeto aminorar las formas más explícitas de la lucha de clases y reprimir el ‘peligro comunista’ proveniente del ejemplo de la Revolución Cubana. Sin embargo, y premeditadamente, los conocimientos científicos y técnicos estratégicos siempre fueron monopolizados por la burguesía imperialista. Su fin también era ‘poner al día’ a Chile para su mejor explotación de acuerdo a los requerimientos del capital en la división internacional del trabajo. Esto es, para que el territorio chileno –al igual que todo el denominado ‘tercer mundo’- funcionara como proveedor de recursos naturales y trabajo barato para los Estados planetarios hegemónicos.

Pero Chile no sólo es cobre, litio, celulosa, harina de pescado, unos cuantos salmones y dos botellas de vino. Para el Estado corporativo estadounidense es la cuna experimental y paradigma de la vanguardia ultraliberal, plataforma de financiarización y negocios asociados para la región, y es un bien simbólico por la derrota de la Unidad Popular en 1973 y la imposición temprana del orden monetarista del liberalismo más rabioso.

6. Cuando se afirma que los pueblos y los trabajadores, que el conjunto de las fuerzas sociales que en Chile, conciente o inconcientemente, con su acción social se enfrentan a la dictadura del capital no tienen más remedio que emplear todas los medios y formas disponibles según la situación concreta de la lucha de clases, es preciso diferenciar aquellas formas estratégicas de las contingentes. Los instrumentos políticos que expresan los intereses de las grandes mayorías, lejos del eclecticismo y la conciliación de clases, están condenados a elaborar tácticas complementarias y flexibles, y que nunca pierdan de vista hacerse de todo el poder. No de una fracción, sino de todo el poder. No existe otra condición posible para el ejercicio pleno de la democracia radical, la superación del capitalismo y la socialización de todos los ámbitos de la vida.

Ahora bien, lo estratégico en materia de promoción de una mayoría crítica creciente, práctica y teóricamente, se encuentra hoy en la acción directa de los movimientos sociales con miras a la creación de otro momento de la lucha de clases: el poder popular.

En este marco, la participación del anticapitalismo en el momento electoral organizado por la democracia burguesa, no fortalece al sistema por sí mismo, en tanto el o los instrumentos políticos del pueblo nunca dejen de subordinarse a la estrategia arriba descrita. Se trata de participar en un momento, y no de hipotecar, canjear o clientelizar al movimiento social y político del pueblo por una simple campaña electoral.

En consecuencia, la campaña lectoral se emplea como táctica circunstancial con el fin de amplificar los contenidos provenientes del propio pueblo en lucha en un espacio que todavía ofrece la democracia restringida, tutelada, burguesa, etc., en Chile por razones explicables en otro borrador. Es imposible negar que las elecciones en el país dan tiempo y visibilidad en los medios de comunicación masivos a quienes participan en ellas. Y quien refute el impacto agitador, político, constructor de opinión, etc., de los grandes medios de masas, tendrá que estudiar sus efectos sobre la realidad desde la Alemania nazi hasta el imperialismo contemporáneo. Como botones de muestra frescos: el objetivo imperialista (norteamericano, israelí, de parte de Europa) de hacerse de los recursos petroleros de Medio Oriente fue capaz, mediáticamente, de convertir la invasión a Afganistán en ‘una lucha contra el terrorismo’; la destrucción de Libia en ‘evitar una masacre de civiles’; la ocupación de Iraq en ‘la búsqueda de armas de destrucción masiva’; y los recientes acontecimientos en Siria en ‘la lucha contra una tiranía que asesina pacifistas’. Cada una de estas ‘nobles’ justificaciones ha sido probada en su falsedad por comisiones de la ONU, organismos de DDHH y el periodismo independiente.

De no participar crítica e instrumentalmente en la contingencia electoral de 2013, sólo quedan tres alternativas para el anticapitalismo: lanzar una ofensiva político-militar del pueblo revolucionario; llamar a anular el voto como protesta antisistémica; o dejar hacer.

La primera no resiste análisis; la segunda probará, una vez más, que anular en Chile es ineficaz políticamente; que llamar a la abstención, oportunista; y dejar hacer, cómodo. No participar hoy significa la pérdida de oportunidades de acceso a la comunicación masiva desde los intereses del pueblo y a través de medios todavía ‘veraces’ para gruesas franjas sociales y donde los medios populares aún no llegan (más por falta de recursos y tecnología, y persecución política, que por sus probados talentos y creatividad). Siempre considerando que el uso político popular de la TV, la radio, los periódicos, las web de los que mandan tiene como finalidad sustantiva potenciar al movimiento social y sus luchas. En fin. No es un asunto moral, principista, o una conspiración para distraer políticamente a los de abajo. Simplemente es útil.

Ante las elecciones anteriores quien suscribe este artículo llamó a votar nulo. Pero ahora las condiciones han variado y, además, hay por quién votar-luchando. Y no se está aludiendo en ningún caso a Marcel Claude, sino a la candidatura de una luchadora fogueada y con un entorno de incuestionables militantes populares. De una candidata que desde hace mucho tiempo es dirigenta de pobres en permanente pelea contra los dueños de todo. Una que es protagonista del movimiento social anticapitalista y que siempre ‘ha puesto el cuerpo’. No se trata de una ‘aparecida’ para nadie. Y que aun con procesos judiciales por luchar, hace de su campaña un todo único con su batallar de siempre ( http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=es&cod=74509 ). Su campaña electoral es una extensión de su condición humana de luchadora social y no lo contrario.

7. Finalmente y como contribución modesta al debate anticapitalista chileno. Una Asamblea Constituyente para la construcción de una nueva Constitución, a la usanza histórica de Chile, es una reunión de abogados y especialistas de las expresiones políticas del bloque en el poder para refinar y actualizar la arquitectura legal de dominación. Lamentablemente, no sería distinto según las actuales relaciones de fuerzas en el Chile de hoy. De hecho, ni Salvador Allende ni la Unidad Popular la convocaron. Y la Constitución de 1925 consagraba la propiedad privada en todos sus niveles y salvaguardaba los intereses de la clase dominante. Fue legalizada mediante un plebiscito donde participaron 134 mil hombres de más de 21 años que supieran leer y escribir, y el quórum no alcanzó el 50 % de los pocos habilitados para sufragar. La población de Chile era de 4 millones de personas.

Una Asamblea Constituyente radicalmente democrática y una Constitución Popular es un punto de llegada, posterior a la construcción de la hegemonía política de los intereses históricos de los trabajadores y los pueblos. Porque las leyes son también hijas de la lucha de clases y de las relaciones de poder, y no al revés. Sólo cuando la dictadura militar contaba 7 años y ya imponía en los hechos la versión del capitalismo ultraliberal de Friedrich Hayek y Milton Friedman, fabricó una Constitución.

Primero es el poder y luego los cuerpos jurídicos que refrendan y legitiman las relaciones de fuerzas sociales realmente existentes en una sociedad dada. Los ejemplos recientes en América Latina no hacen más que confirmarlo.

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La coyuntura argentina a los 10 años del kircherismo

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Al cumplir una década de gobiernos kirchneristas, la política económica se ejerce desde la intencionalidad de mantener el nivel de actividad ante la desaceleración económica; la disputa con los empresarios por el control de los precios; la captura de dólares para cancelar deuda y la factura de combustibles; junto a problemas estructurales que definen el modelo productivo y de desarrollo.

En ese sentido destaca el incremento de las asignaciones familiares que supone una apuesta al consumo ante lo esquivo que resultan las inversiones privadas. El crecimiento se define entre el consumo, la inversión y el saldo positivo del comercio externo, siendo el consumo una de las pocas variables que aún puede inducir el gobierno.

Claro que puede entenderse como medida pre electoral y ante un acto masivo de festejo por una década de gobiernos kirchneristas, pero la realidad es que una masa importante de sectores de menores ingresos percibirá una cantidad de ingresos necesaria para enfrentar la dura cotidianeidad de la inflación.

La cuestión de fondo es que la economía argentina no crece a buen ritmo y ya no genera empleos, incluso los pierde, con el índice del desempleo en ascenso, tal como mide el INDEC. Por eso se apuesta a políticas activas que favorezcan el consumo popular, agredido por el crecimiento de los precios, que afectan especialmente a los más pobres y de menores ingresos.

Los precios son un problema de la coyuntura, que afectan a los de abajo, y que el gobierno no incluye en su diagnóstico, si nos atenemos a las mediciones del INDEC. Sin embargo, la presidenta enfrentó a los empresarios señalando que son ellos los fijadores de precios y no el gobierno. Lo señaló en simultáneo con el anuncio del fin al acuerdo de precios, que no tuvo resultados positivos evidentes. La continuidad del control remite al acuerdo de precios sobre 500 productos de consumo masivo. Habrá que ver sus resultados.

Pero la novedad fue el anuncio de controles con la militancia de organizaciones sociales y políticas, los que cubrirán una actividad principalmente sobre el comercio. En varias ocasiones hemos sostenido la necesidad del control popular sobre los precios, el que se ejerce principalmente desde los trabajadores en las principales empresas, las que definen los precios. El conflicto social en la Argentina, contra empresarios, e inclusive contra el gobierno, no favorece una política de control popular de precios. No es el mejor clima para una campaña que involucre a los trabajadores. Es un comentario válido incluso para las corrientes sindicales proclives al gobierno, las que disputan contra los empresarios, y a veces contra el gobierno, en las convenciones colectivas.

Cuestiones estructurales en discusión

Pero más allá de la adhesión o no al gobierno existen problemas estructurales que alejan al movimiento obrero del gobierno. En este sentido se destaca que no hay personería jurídica para la CTA, y hace más de dos décadas que la CTA pelea por su legitimidad. Una legitimidad que parece destinada a lograrse en la lucha y organización cotidiana, tal como se pondrá en juego este 29/5 en conmemoración del Cordobazo y por un conjunto de reivindicaciones muy concretas, como el salario, las jubilaciones, las paritarias, pero también la condena al pago de la deuda externa pública y el reclamo por otro modelo productivo contra la sojización y la mega minería.

Queda claro que la evolución de los precios es un problema de la coyuntura, y las medidas de acuerdo o de control militante lo prueban, pero se insiste en reconocer la mentira estadística. Es un problema que requiere solución, en el camino que reclaman los propios trabajadores del INDEC, que demandan la normalización del ente y al mismo tiempo, una política de combate a la inflación controlando muy pocas y grandes empresas que fijan precio en la Argentina.

En ese marco se destaca la media sanción en el Senado de la Ley de exteriorización de dólares, o blanqueo, que más allá de los efectos o consecuencias económicas remite a problemas estructurales del capitalismo contemporáneo, no solo local, el “normal” o “serio”, que le dicen. Es que el capitalismo de época se asocia crecientemente al delito, a la fuga de capitales y la trata de personas, la droga, y múltiples formas de negocio que incluye la corrupción. El dato sustancial es que la batalla por el dólar es una disputa entre las clases dominantes. Es un juego en el que no entran los de abajo. El gobierno necesita los dólares porque no los fabrica y sus fuentes genuinas fallan, sea por la tendencia al achique del superávit comercial, el ingreso de divisas por inversiones que son esquivas, y la ausencia de crédito internacional barato. La urgencia de hacerse de dólares es para cumplir con las exigencias de una deuda externa pública que condiciona fuertemente a la economía local y la agigantada factura de combustibles ante la crisis energética local.

Como vemos, la coyuntura es exigente para el gobierno y evidencia las tensiones que están en juego. Por un lado existe la presión de sectores de las clases dominantes para mejorar sus posiciones ante la situación de crisis y la desaceleración económica. Cada cual atiende su juego. Los empresarios hegemónicos ganaron mucho con la recuperación 2003-2007 y con la suba de precios disputan la renta socialmente generada. Ahora van por más y quieren fugar capitales por la vía de la libre circulación de las divisas. Es una disputa por la tenencia de los dólares.

El problema es el para que se disputan esas divisas. El sector privado hegemónico pretende abaratar la fuga de capitales, su manera de salirse del peso y ahorrar en activos externos. El gobierno, como dijimos, para pagar deuda e importación de energía.

Pero también existe la presión de los de abajo, por salario e ingreso, por condiciones de trabajo y por derechos sociales extendidos, de educación o salud, entre otros.

Lo que está en discusión es el orden económico y dentro del que rige, quien lo administra. Para ser más claros, en el balance de la década kirchnerista hay que colocar el objetivo que se propuso Néstor Kirchner en su discurso de asunción hace 10 años. Allí se pronunciaba por “reconstruir el capitalismo nacional”.

Puede discutirse el carácter nacional, especialmente por la ausencia de una burguesía de carácter nacional, es decir, antiimperialista, pero no debe negarse que el capitalismo local superó los problemas económicos (valorización de los capitales) de la recesión 1998-2002 con años de crecimiento a un promedio del 8% entre 2003 y 2011, salvo el 2009, pero desde el 2010 el curso de la evolución económica se presenta errática y con tensiones sociales que intentan ser contenidas con política social masiva favorecida por recursos fiscales provenientes de la primarización exportadora del país, una cuestión estructural que comparte con toda la región latinoamericana.

Ahora, en esa recuperación los que más ganaron son las transnacionales, no solo vinculado a la soja o la mega minería, sino las terminales automotrices, los bancos, especialmente los transnacionales, a la cabeza del ranking de rentabilidad en los últimos tres años.

El capitalismo local se transnacionaliza crecientemente y no puede ser de otra forma. El capitalismo es un régimen mundial y la agenda deviene de la deseada normalización ante la crisis. Entre otras manifestaciones de la crisis está la energética, y el país expropió parcialmente a YPF para desplazar al capital externo, REPSOL, sin embargo, para asegurar la producción de los no convencionales acude a la CHEVRON, una de las grandes operadoras monopólicas del mercado mundial. En ese camino involucra a la ANCAP, la estatal petrolera de Uruguay y a la YPFB, la petrolera boliviana. Nuestro interrogante es si esas empresas y otras d ela región no podrían pensar en estrategias alternativas para un manejo soberano de la energía, lo que demandaría discutir el para qué del petróleo, el gas y la energía en la región. Es un camino complejo no solo por la CHEVRON, demandada por poblaciones de pueblos originarios del Ecuador por 19.000 millones de dólares, cuestión que camina en la Justicia Argentina, por ahora. Es complejo decimos, porque ya existen cinco municipios en nuestro país que se pronunciaron contra la tecnología de la fractura hidráulica, el fracking, para extraer el “shale oil” o el “shale gas”, o hidrocarburos no convencionales. Nuevos “Famatimas” se anuncian en el horizonte.

¿Quién administra el capitalismo? ¿Se puede pensar más allá del capitalismo?

Esa es una de las discusiones en boga, y cada quién constituye su sujeto.

Unos con actos y militancia, sueldos en el Estado, e incluso mística disputada desde una política de medios y con un relato que pretende apropiarse y recuperar la epopeya de los 70´.

Otros con medios monopólicos y redes sociales que alimentan una subjetividad más propia de los 90’ para revertir la inflexión estructural que habilitó la rebelión del 2001.

Esa es la disputa más visible, los que están de un lado y los que están del otro.

¿Es la única disputa posible? No, existe una masa considerable que avala ciertas actitudes de un lado y/o del otro, pero que transitan sin referencia que pueda aglutinar una posición política alternativa.

Esa referencia también estuvo en disputa en estos años, y por variadas razones esas expectativas se frustraron, quedando vacío ese espacio político.

Uno de los problemas es que algunos sectores que pretendieron, o pretenden mostrarse como alternativa a los dos bloques principales que disputan el escenario político, no definen un rumbo anti capitalista, es más, se presentan como prolijos administradores del capitalismo existente.

No hace falta una tercera opción para administrar el capitalismo realmente existente, ni serio, ni normal, el que se pudo construir. Se necesita otro modelo productivo y de desarrollo, una sociedad que privilegie la satisfacción de las necesidades sociales más extendidas, que apunte a la des-mercantilización de la educación, la salud, la energía; que aliente la soberanía alimentaria, energética y financiera asociada a los otros países de la región, no para subordinar la estrategia productiva al gran capital, sino para promover una integración alternativa, anti sistémica, contra el capitalismo real asociado al delito, a la militarización y el empobrecimiento de las mayorías, en definitiva a un nuevo orden local y mundial.

En una nueva fecha de homenaje a la revolución de mayo, necesitamos reivindicar la revolución, ayer contra la corona española y hoy contra la dominación capitalista, en el país, en la región y en el mundo.

El mejor homenaje a la revolución es continuar luchando por la revolución en nuestro tiempo, un proceso integral, económico, político, ideológico, cultural, civilizatorio. Es un camino con mucha historia y muchas derrotas, pero con expectativas por el laboratorio de cambios en la región en este comienzo del Siglo XXI. No son vanas esperanzas, son expectativas para desarrollar subjetividad por otro mundo posible, anticapitalista y por el socialismo.

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De la "Patria Grande", los K y el "capitalismo serio"

Andrés M. Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Las simples y claras palabras del periodista Adolfo Melnik no le quitan agudeza y profundidad al análisis de los diez años de la "democracia" (¿o plutocracia?) K...



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10 años: De la ilusión al desencanto

Prof. Juan Carlos Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

En el 2003, las y los argentinos intentábamos salir de una crisis política, económica y social tras el paso del menemismo y del delarruismo. Es decir, de una coyuntura similar a la que hoy sufre Europa en su conjunto, teniendo en cuenta los recientes estallidos sociales en Suecia.

Aparecía en escena Néstor Kirchner, de la mano de Duhalde, el gran titiritero de la política argentina, cuyos primeros pasos dieron pié a la ilusión de muchas y muchos pero también a la desconfianza del establishment y a buena parte de la derecha procesista.

En diciembre de 2004, en el editorial "¿Kirchner es igual a Menem?" (1), afirmábamos que "si bien ambos políticos son partidarios del doble discurso, con el deliberado fin de confundir a quienes tratan de oponerse y de buscar adhesiones que les permita sustentarse en el poder, las diferencias son abismales aunque ellas lleguen al mismo fín: el sustento del orden fundado por la dictadura militar de 1976" y que el extinto presidente "izó la bandera de los Derechos Humanos para diferenciarse de la rata pero resultó ser otra falacia, más allá de la reparación histórica que significó el desmantelamiento de la ESMA y su conversión en el Museo de la Memoria. Sin embargo, resulta interesante advertir que ello generó una importante adhesión a su gestión aunque, a simple vista, es claro que su verdadero compromiso está con la perpetuación del esquema neoliberal".

Bastó un año y medio para que el arrebato de la bandera histórica de la resistencia llevada por la izquierda, en eterna diáspora, se constituyera en la herramienta política fundante junto a la cooptación por diversos medios de los organismos históricos de Derechos Humanos. Sin dudas, fue el primer desencanto para muchas y muchos.

Otra herramienta fundamental, afirmábamos en aquella oportunidad, fue "la utilización del método del doble discurso para lograr sus fines políticos" y "bajo la apariencia de ser derecho y humano, viene convalidando la represión subrepticia, como en Caleta Olivia, y sigue dividiendo, con sus manejos maquiavélicos aunque delegados en los Fernández, al campo popular aprovechando la atomización de la oposición". Nada diferente a una actualidad candente, donde la represión ya se hizo explícita como ocurre en Formosa, Chaco, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero.

Sin dudas, la ausencia de una verdadera oposición desde la izquierda, desde la praxis, permitió que el kirchnerismo se asemejara a algo izquierdoso pese al "capitalismo en serio". El trotskismo, por un lado y por otro, otras agrupaciones de izquierda facilitaron el discurso del cero a la izquierda a nivel electoral. Por aquel entonces, la implementación de un modelo neodesarrollista "maquilló" el sistema neoliberal heredado de la dictadura, mediante la Asignación Universal por Hijo, la jubilación a las amas de casa y los incrementos semestrales de las jubilaciones.

Videla no murió. Sigue más vivo que nunca, al igual que Martínez de Hoz... Sucede que los cimientos del neoliberalismo no han sido demolidos. En un claro continuismo, quedó casi intacta la Ley de Entidades Financieras y la estructura tributaria basada casi exclusivamente en el consumo, además del pago de una deuda externa, incluída la "odiosa", que sigue impidiendo tener los recursos necesarios para volcarlos a este verdadero Capitalismo de Estado.

En aras de desterrar el "anarco-capitalismo", como lo definiera Cristina Fernández de Kirchner durante la reunión del G-20, se prefirió la alianza con los grupos transnacionales como Barrick Gold, Xstrata y Monsanto. Pronto comenzaría la patria sojera, causa del exterminio de los pueblos originarios en Formosa, Chaco y Santiago del Estero, faltando el inicio de la megaminera, la cual no pudo sentar sus bases gracias a la resistencia popular en Chubut, Famatina y Tinogasta.

Pero no podemos olvidar que el Capitalismo mata, destruye y arrasa... Y las pruebas son evidentes. No es casual la escalada represiva, tal como lo denuncia el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia o los informes de CORREPI; éstos últimos, una verdadera radiografía de la represión estatal e institucional. Tampoco lo es las muertes y discapacidades producidas por las fumigaciones, como en el Barrio Ituzaingó Anexo, en la provincia de Córdoba o en el sur de la provincia de Santa Fé, sin olvidarnos de los niños correntinos que fallecieron en el Hospital Garrahan.

Si bien la muerte de Néstor Kirchner provocó un fuerte cimbronazo en el Frente para la Victoria (de los empresarios), ello pronto fue capitalizado por el kirchnerismo, a pesar del comienzo del desencanto de varios sectores populares y de la resistencia de muchos otros que no acordaron nunca con el oficialismo pero tampoco con la oposición burguesa, ligada a la clásica derecha que supimos conseguir.

Pasamos de la ilusión al desencanto en los últimos años. Si bien se avanzó con respecto al juzgamiento y condena de los genocidas, todavía no están todos en una jaula gracias a la estrategia de la fragmentación de causas y de jueces funcionales a la estrategia defensiva de los represores. Ocurre lo mismo en materia laboral, donde si bien las y los trabajadores en blanco volvieron a tener paritarias, éstas deben tener un techo según el oficialismo. Ni hablar de la ley de ART que limita el inicio de causas civiles contra las Aseguradoras y los empresarios, con el fin de acotar los costos empresariales.

Los únicos victoriosos fueron las y los empresarios, los Dueños de la Argentina... Los bancos y las transnacionales, junto con el empresariado sojero, fueron los grandes beneficiados por el neodesarrollismo llevado a cabo por el kirchnerismo en estos 10 años, gracias a la continuidad de los beneficios existentes desde hace décadas. A los únicos que persigue la AFIP, sin dudas, es a los pequeños y medianos empresarios: ¿porque no se meten con los Roggio o con los Rocca?. Tampoco se modifica el esquema del Impuesto a las Ganancias que actualmente perjudica a muchas y muchos trabajadores, pero no afecta a las transacciones financieras o bursátiles que aún siguen exentas. Ni hablar, por supuesto, de la red de empresas ad hoc creadas por los empresarios para evadir y eludir los impuestos.

La década ganada es una falacia. En realidad, está perdida para quienes todavía están sumergidos en la pobreza y en la indigencia. Bariloche, Rosario, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa siguen con sus bolsones de pobreza. Lo mismo ocurre con el conurbano bonaerense, si tenemos en cuenta lo que acontece en La Matanza y San Martín. A ellos no les llegó el "derrame" neoliberal y neodesarrollista.

Y mientras no exista una verdadera oposición de izquierda, desde el trotskismo al socialismo, en donde se conjuguen el Che, Santucho, Tosco y Massetti, tendremos más kirchnerismo. Precisamente, para terminar con el desencanto, debemos articular esfuerzos en pos de la construcción socialista que la Argentina necesita. De lo contrario, todo seguirá igual: Como dijo Discépolo: seguirá la Biblia junto al calefón...

Nota:
1) El original se encuentra en Indymedia, cuyo link es http://argentina.indymedia.org/news/2004/12/249181_comment.php.

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A un año de la re-estatización de YPF: “El Estado sigue siendo un socio bobo de las multinacionales”

ACTA

Cumplido el primer año de la nueva gestión de YPF, después de lo que fuera la estatización del 51 por ciento de las acciones en manos de REPSOL, José Rigane, Secretario Adjunto de la CTA y Secretario General de FeTERA, habló sobre la situación en la empresa. En esa oportunidad, el dirigente hizo un crudo balance sobre la petrolera YPF y la cuestión estratégica de los hidrocarburos: “Acá no ha habido ni decisión, ni hay voluntad política para cambiar”.

En relación a la expropiación de acciones realizada en abril del año pasado e impulsada por el Gobierno nacional, el dirigente señaló que “cuando se tomó esta decisión hace un año atrás, nosotros asumimos de valorar como un paso positivo hacia la recuperación de la soberanía energética y del patrimonio energético nacional; decíamos que era insuficiente, que con eso no alcanzaba, pero entendíamos que era un paso en esa dirección”.

Sin embargo hoy, un año después, Rigane indica que lo que sucedió con YPF terminó siendo una forma de “garantizar la renta extraordinaria que se apropian las firmas extranjeras y multinacionales”. En ese sentido, explicó que “entre otras medidas, lo primero que se decidió fue elevar el precio del barril del petróleo para exportarlo”, y agregó: “el barril del petróleo para exportación estaba a 42 dólares y el Gobierno lo pasó a 70 dólares, eso significó un aumento del 66%. Tengamos en cuenta que el costo de producción de un barril en la Argentina está entre 8 y 10 dólares. Con el precio a 42 dólares ya había una ganancia extraordinaria de más del 300%. Ahora, a 70 dólares el barril a cualquier petrolera que pueda exportar obtiene el 600% de ganancia extraordinaria. Estamos hablando de petróleo, de un petróleo que no tenemos, que las reservas se han achicado, que de los 20 años de reserva que teníamos en 1990 hoy está alrededor de 10, 9 u 8 años las reservas, según qué especialista determine esta cantidad”.

Según José Rigane hay que preguntarse “¿quién se apropia de esta ganancia?”. La respuesta inmediata que planteó el dirigente es que son “los Grupos multinacionales" los que terminan ganando millones de dólares. Y agregó: "la verdad que cuando uno mira esto, que es una mirada parcial y no total, evidentemente esta decisión para nada ha ayudado a que el Estado juegue el rol que tiene que jugar. Sigue siendo el Estado argentino un “socio bobo” de los Grupos multinacionales que establecen e implementan las políticas en el campo energético desde hace muchos años".

Para el dirigente: “Este Gobierno no tuvo una decisión de recuperación. Siempre ha sido un Gobierno que ha posibilitado y profundizado la extensión de la rentabilidad y despilfarro de nuestras reservas en el campo energético a manos de los grupos multinacionales. Y de hecho este Gobierno, junto con el de De La Rúa, fueron los que habilitaron las concesiones a más de 30 años sobre el rico territorio de Loma La Lata, lo que ha sido el Golfo San Jorge para PANAMERICAN ENERGY, que el 60% lo tiene la BRITISH PETROLEUM que es la Empresa inglesa”.

A modo de cierre y convocando a la comunidad a formar parte de la Campaña Nacional para “la Recuperación y Defensa de la Soberanía Popular haciendo centro en los Bienes Comunes" -iniciativa impulsada por la CTA, entre otros- el dirigente y fundador de la central expresó que “hemos perdido la batalla cultural con el enemigo que nos ha hecho creer que el tema energético no es un tema importante y significativo en la vida de los argentinos, como la salud o la educación”. Y continuó; “lo primero que deberíamos hacer los argentinos es recuperar nuestra soberanía y después defender esa soberanía popular sobre los bienes comunes, sobre los recursos naturales, sobre el agua, etc.". Para el dirigente, lo que atraviesa todos estos temas es que "tenemos un modelo productivo consolidado y profundamente extractivo y depredador”.

Sobre la Consulta Popular Rigane expresó que es muy importante porque “lo que necesitamos es superar la etapa de la resistencia y pasar a una etapa más de ofensiva. Para eso es imprescindible generar ámbitos de unidad de criterio, de política y de objetivos para poder resolverlo.” Y agregó que el objetivo es que “hay que cambiar este modelo productivo, por un modelo basado en la soberanía energética y popular".

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Accidente qom

Silvana Melo (APE)

Florentín Díaz murió el miércoles. Dice la letra oficial que fue “un accidente de tránsito”. Integrantes de la comunidad qom del Chaco cortaban la ruta en Castelli. Saben que en un cambio en el criterio de repartir los alimentos, perderán. Inexorablemente perderán. Porque ganarán los punteros, la repartija interesada, los clientes de los intendentes. Y ellos, que no le interesan a nadie, que no le sirven a nadie, que son los excedentes de la historia, seguirán hambreados asomando a las ochavas de este mundo. Por eso se hicieron visibles, como en aquel noviembre de 2010 en que pedían por la tierra en la ruta 86 de Formosa. Y como en aquel noviembre, el castigo fue brutal. Pero Florentín Díaz murió “en un accidente de tránsito”. Como tantos atropellados por autos, camionetas y motos que desaparecen.

Lleno de golpes y huesos rotos. De marcas de balas de goma.

Pero fue un accidente.

Como siempre mata el sistema. A accidentazos en la espalda.

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Argentina, Formosa: La muerte en La Primavera

Marina Dragonetti (PLAZA DE MAYO)

El hijo de Delina Díaz -sobrina de Félix Díaz- que murió en el Hospital de Formosa por un cuadro de neumonía, denunció que las autoridades de salud no la quisieron atender.

“Quiero que me saques de acá, a mi me tratan mal acá”, fueron las últimas palabras que Delina Díaz le dijo a su hijo Tino antes de morir en el Hospital Central de Formosa por un cuadro de neumonía. Como Delina, otros qom de la Comunidad La Primavera fueron víctimas del brutal destrato que indefectiblemente termina con vidas que podrían haber sido salvadas. En poco más de un mes fallecieron Guillermo Díaz -padre de Delina- por una infección en los riñones y Justina López de tuberculosis. Guillermo era reconocido como un líder espiritual en la comunidad y Delina era la sobrina del qarashe qom Félix Díaz.

Lo que los mató no fue la enfermedad, sino la falta de atención y el trato discriminatorio que sufren los aborígenes en los centros de salud de Formosa.

El relato de Tino Díaz es desgarrador. El hijo de Delina cuenta cómo los médicos del Centro de salud comunal le negaron la atención a su madre que hace años se encontraba postrada en una cama por una artitris que, a duras penas, le dejaba moverse. Por caso, un informe de Telenoche de hace unos años que daba cuenta del caso de Paulino Miranda -que falleció de tuberculosis en un hospital de Resistencia luego de que los médicos locales se negaran a atenderlo- también registraba a Delina gravemente enferma recostada en su cama. Las imágenes ya en ese entonces mostraban a una mujer que aparentaba muchos más años de los que tenía y en un estado de debilidad extrema. “En abril pasado la internaron en el hospital central de Formosa. Ese día yo me vine y se quedó mi padrastro a acompañarla. Al otro día le dieron el alta pero sin medicación, sin nada, solo con un papelito que te dan para la ambulancia. Cuando volvió a mi casa le pregunté a mi padrastro: `¿Y los remedios? ¿Te dieron algo?’. Y me dijo que no. Fui a hablar con la doctora Elsa González que estaba en el centro comunitario de la comunidad, el CIC, y le pregunté por qué no nos habían dado los remedios. Ella me dijo, ‘No, ¿cómo que no tienen remedios?’. Rápidamente llamó al hospital central solicitando los remedios, y me dijo que me iba a ayudar. Fue hasta la farmacia del pueblito de Laguna Blanca y consiguió los remedios. Al otro día la echaron a la doctora.”

- ¿Por qué la echaron?

- En la comunidad no sabemos por qué la echaron. Esa doctora es buena y aparte nos consultaba a nosotros. Escribía todas las enfermedades: neumonía, desnutrición de los chicos y capaz que por eso la echaron.

Félix Díaz denunció que la doctora fue apartada de su cargo para ser reemplazada por gente afín a los punteros de Gildo Insfrán. González fue separada por la intervención directa de Elizabeth Obregoso, esposa del administrador del Instituto de Pensiones Provinciales, que tomó a su cargo la constitución de una oposición política a Félix Díaz en acuerdo con los pastores evangélicos de la zona.

Desde esa primera visita al hospital, los médicos diagnosticaron la neumonia de Delina. Sus permanentes recaídas, seguidas de cuadros de fiebre, obligaron a otras dos internaciones en la capital formoseña. La tercera vez ya no resistió.

En el interín Tino Díaz intentó varias veces que los médicos del CIC (Centro Integrador Comunitario) ubicado en las inmediaciones de la comunidad, fueran a ver a su madre a la casa, pero recién la atendieron cuando su muerte era inevitable. “Después del entierro, que fue a la mañana, yo prendí la radio y decían que a mi mamá la atendían bien. Que cada médico que va, iba a mirarla y que le dieron comida, pero yo me acuerdo que una sola vez le llevaron, después me decían que no podían atenderla, que tenían mucho trabajo. A mi me dio mucha bronca que los doctores que están acá en el Centro Integrador Comunitario dijeron que fueron a verla, porque yo fui muchas veces. Cuando muere un indígena en Formosa…” La voz de Tino se entrecorta. Su relato alude a los funcionarios provinciales que se apuraron en demostrar lo bien que habían atendido a Delina. Como el ministro de Desarrollo Humano, José Luis Decima que aseguró que: “En el año 2009, y en el marco de una visita domiciliaria, se le detectó e inició un tratamiento por artritis reumatoidea y otros trastornos derivados de severa patología (…) se debió hacer esfuerzos extras al ser reacia a cumplir con las prescripciones médicas, y se le llevaba permanentemente la medicación sin cargo alguno por ser beneficiaria de la obra social PROFE”, según reprodujo el sitio del periodista oficialista Alejandro Crivisqui.

Todo esto es desmentido por el hijo de Delina Díaz. El registro televisivo da cuenta de la antigüedad de su enfermedad. Murió de una neumonia. En la Comunidad La Primavera saben que, en otras condiciones de existencia, no hubiera sido su destino ni tiempo de morir.

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Argentina, Provincia de Buenos Aires, La Plata: denuncian falta de atención en las cárceles después de la inundación

ANDAR - COSECHA ROJA

“Después de un tiempo prudencial en el cual esperamos que las personas que momentáneamente por distintas circunstancias son responsables y tienen a su cargo nuestras vidas y por decantación la de nuestros hijos, tenemos que reconocer que lamentablemente una vez más queda en evidencia que los humanos que amontonan en las cárceles no somos tenidas en cuenta como tal”. Así empieza la carta que llegó vía Facebook a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Está firmada por una detenida de la Unidad Penal N° 33 de Los Hornos, uno de los barrios más afectados por las inundaciones de La Plata del pasado 2 de abril.

“A nadie le importa nuestra situación. No nos tuvieron en cuenta en ningún medio de comunicación, ninguna ONG, ninguna estadística y peor aun ni un sólo magistrado se tomó el tiempo y la molestia de acercarse a ver cómo y de qué manera vivimos lo que trágicamente sucedió en La Plata y sus alrededores”, seguía el texto.

La semana siguiente a la catástrofe la CPM visitó cárceles de la zona para relevar la situación. En la Unidad Penal 33 encontraron un panorama desolador: en los pabellones 5 y 6 el nivel de agua había alcanzado los 60 centímetros de altura. El personal del Servicio Penitenciario (SPB) no dejó salir a las detenidas con sus hijos hasta que comenzaron a gritar pidiendo ayuda al resto de los pabellones. Recién ahí las trasladaron a otro pabellón. Fueron caminando bajo la lluvia torrencial con sus hijos en brazos.

Al mismo tiempo se cortó la luz. “Fue desesperante porque no sabíamos lo que podía pasar y tuvimos miedo ya que quedó de manifiesto que no hay en la unidad un plan emergente para situaciones extremas, ni un lugar preparado para aislar a los chicos y a las mujeres embarazadas”, decía la carta. La oscuridad, la rapidez del agua, los gritos, los llantos y la falta de respuesta del SPB, entre otros factores, generaron un clima de angustia y desesperación.

En los días siguientes las detenidas se encargaron de limpiar y desinfectar los pabellones. Una vez terminada esta tarea –dos días después- pudieron lavar el patio: la tormenta había dejado un tendal de ratas muertas e insectos a su alrededor.

El equipo de la CPM comprobó además que los profesionales de sanidad no hicieron controles sobre la población infantil después de la inundación. Hasta el momento de la inspección las mujeres afectadas no habían sido vacunadas de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud. Esto se suman a problemas estructurales previos, como el mal funcionamiento de la guardia de pediatría, la falta de medicamentos o la carencia de frutas e insuficiencia de verduras en la alimentación de las detenidas.

“No es nuestra intención ponernos en victimas, pero aunque no quieran reconocernos somos parte de esta sociedad y no por estar alojadas en un penal vamos a dejar que vulneren nuestros derechos”, dice la carta, en la que se llama la atención a los funcionarios judiciales sobre la necesidad de implementar medidas alternativas a la prisión para las mujeres con hijos.

El agua ya bajó. Las consecuencias aún siguen filtrándose a través de los muros. Las rejas no son impermeables.

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Perseguido por querer investigar: Anulan “sanción mordaza” a un fiscal

OTROS CIRCULOS

Hace casi una década empezaba esta historia: un fiscal bonaerense que intentaba investigar corrupción era congelado con una medida de la Procuración convalidada por una jueza platense. Ahora una Cámara revocó dicha represalia. El caso en la trama de la reforma judicial. Y la posibilidad de investigar a funcionarios que esquilman al Estado.

La acción transcurre en el Conurbano:

1: el 3 de mayo de 2005 llega un fax anónimo a la Fiscalía General del Departamento Judicial San Martín. El mensaje menciona a 12 personas que “integran los listados que están armando (los jueces) L., Q. y M. junto con funcionarios políticos de Tres de Febrero y Malvinas (Argentinas), con quienes se reúnen semanalmente para elegir los que serían ‘potables’ para el ‘Poder Político’, para que accedan a los cargos de jueces, fiscales y defensores”.

2: Fernando Domínguez, fiscal general adjunto de San Martín, quiere intervenir para dilucidar el caso.

3: los jueces aludidos (Lami, Quintana y Marinaro) lo denuncian.

4: la Procuración sanciona al fiscal.

(Contexto: mientras este fiscal y otros que desde 1998 ponían el ojo en lógicas de corrupción —política, judicial, penitenciaria y policial— son reducidos a atender delitos comunes y accidentes de tránsito, un intendente sale rápido de un escándalo de corrupción, y vuelve al ruedo).

5: el 27 de septiembre de 2012, la jueza en lo contencioso administrativo del Departamento Judicial La Plata Ana Cristina Logar convalida la sanción al fiscal Domínguez (desestima su “pretensión anulatoria”). Era “muy peligroso” que un fiscal intentara investigar lo que decía “el libelo”. (Aparte, el fallo para descargar).

6: en mayo de 2013 la cámara en lo contencioso administrativo de La Plata revoca el fallo de primera instancia y anula la sanción.

Llamativamente, ninguno de los jueces denunció al fiscal por injurias. Lami había sido presidente de la Asociación de Magistrados de San Martín y representante del Colegio de Magistrados de Provincia en el Consejo de la Magistratura; Quintana era juez de Garantías en San Martín, y se decía que había favorecido a Jesús Cariglino en la causa en su contra, para obtener su cargo de camarista (que obtuvo); Marinaro defensor oficial, vinculado a la política del conurbano (Aldo Rico y Hugo Curto). El comentario frecuente es que a los funcionarios judiciales los hacían peregrinar por sus despachos y les decían: “A los muchachos no les importa que sepas derecho, lo que importa es otra cosa”.

“Los fundamentos son importantes en lo institucional”
Para enmarcar el sentido de este fallo más allá del caso, dialogamos con Fernando Domínguez:

—¿Cuál es la novedad?
—La novedad es que hace unos 20 días salió un fallo de la cámara en lo contencioso administrativo de La Plata que revoca la sentencia de primera instancia que había confirmado la sanción de la Procuración.

—¿En qué consiste esa sanción? ¿Qué es lo que te estaban “cobrando”?

—Lo que da origen a este expediente es que en un momento llega un anónimo a la fiscalía de cámaras de San Martín, cuando yo era fiscal general adjunto de San Martín. En ese anónimo se anunciaba que dos jueces de San Martín arreglaban las designaciones de jueces y fiscales juntamente con dirigentes políticos de la zona de San Martín. Yo hago conocer ese anónimo a la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial y les pido una serie de medidas de índole disciplinaria si es que se comprobaba que eso era cierto; en todo caso lo que decía yo es que estaba poniendo en crisis el sistema de selección de magistrados. A raíz de esto, estos dos jueces me denunciaron en la Procuración y ésta ni tonta ni perezosa me sancionó.
No olvidemos que en ese momento en San Martín tramitaban varias causas importante desde el punto de vista institucional: estaba imputado el intendente de Malvinas Argentinas (Jesús Cariglino) y además desde la fiscalía de cámara se le había pedido el juicio político a un fiscal vinculado a la Procuradora, Falbo, de nombre (Luis) Armella, que hoy es juez federal.

—¿En qué se materializó esa sanción en tu carrera profesional?
—Era una sanción de las más leves que se le pueden imponer a un fiscal. Ahora, ciertamente en todos estos años yo he concursado en el ámbito federal para distintos cargos y cada vez que fue necesario pedir una certificación de servicios aparece en mi legajo personal esta sanción pese a que nunca estuvo firme. Y ahora fue revocada.

—¿Qué sentís ahora con este fallo de Cámara?

—Es interesante por varias razones. Los fundamentos del fallo de primera instancia como del de la cámara son importantes no sólo para mí sino desde el punto de vista institucional. La sanción era por una denuncia que yo había hecho en el ámbito de la Asociación de Magistrados contra dos asociados. Con lo cual prácticamente era una sanción casi casi mordaza, en el sentido de que nadie podía denunciar nada, nadie podía hablar siquiera, se prohibía básicamente según el fallo de la Procuración la libertad de expresión. Se cercenaba por lo menos. Y por otro lado en todos estos años se ha visto que hay una mirada hacia el sistema de selección de magistrados que ya en aquel momento yo denunciaba como por lo menos cuestionable en la provincia de Buenos Aires.

—Tiene bastante actualidad el tema

—Por cierto. Sobre todo a partir de esta propuesta de “democratización de la Justicia” que se ha hecho desde el Poder Ejecutivo nacional. Se vuelve la vista a los sistemas de selección de magistrados y ciertamente en la provincia de Buenos Aires, no ahora sino desde entonces, e incluso quien sabe antes de 2005 el sistema podía ser calificado de clientelar.

—¿Se investiga realmente la corrupción hoy en la provincia de Buenos Aires?

—Es complicado investigar la corrupción en la provincia de Buenos Aires, por varias razones. El sistema funciona por cooptación —a priori el sistema de selección de magistrados es clientelar, o sea que si algún funcionario quiere obtener algún cargo no tiene que hacer olas— o por represión: si se hacen olas, el sistema funciona por a través del régimen disciplinario, un sistema de sanciones como funcionó en este caso. Es en todo caso lo que le pasó al fiscal (Luis Manuel) Angelini, de San Isidro, hace poco, cuando terminó denunciando al fiscal de cámaras (N. de la R.: acusó a su superior, Julio Novo, de obstruir sus investigaciones para encubrir narcotráfico). Y por otro lado no hay respaldo institucional para investigar la corrupción a nivel de la Procuración general y las fiscalías generales.

Un mensaje y un caso testigo
Mientras a Domínguez le llevó 8 años que le dieran la razón y la sanción de 2005 aún lo complica laboralmente, Jesús Cariglino continúa en su cargo y en las redes sociales hasta fustiga los “altos niveles de corrupción que salpican al gobierno nacional”.
Domínguez es un caso testigo de la persecución ejercida en la Provincia sobre los fiscales que investigan a funcionarios. No sólo por la sanción disciplinaria ahora revocada dictada cuando quiso escrutar los mecanismos de selección de funcionarios judiciales.
Como fiscal general adjunto de San Martín, cooperó activamente con la fiscalía especializada de delitos complejos de ese departamento judicial, a cargo de Edgardo Ledesma, para investigar casos como: empresas fantasma creadas por el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, para hacer contrataciones; funcionarios ligados al negocio de la prostitución en San Miguel y corrupción penitenciaria.

Pero dicha fiscalía, organizada desde 1998 para bucear en el abecé de la corrupción (en sus patrones, en sus actores y modus operandi típicos) de una manera casi inédita en la Provincia, fue desactivada y reorganizada. Y sus funcionarios, investigados y castigados. Por ejemplo, a Ledesma le pidieron el juicio político y a Domínguez lo sancionaron y lo desplazaron a una fiscalía donde tramitan investigaciones comunes como accidentes de tránsito…

Cariglino sigue gobernando, los funcionarios y fiscales que lo favorecieron han ascendido y es prácticamente imposible investigar la corrupción, por la falta de respaldo y la sobra de vínculos judiciales-políticos.

Como señala el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su “Informe 2007 de DDHH en Argentina”, “estas reprimendas pueden ser entendidas por el resto de los fiscales como un mensaje para no investigar casos de corrupción política”.
Para ahondar en la trama (caso Domínguez, causa Cariglino y presiones sobre agentes judiciales bonaerenses en general), se recomienda dicho informe del CELS. Tiene un apartado específico sobre este caso emblemático de la “interferencia en las investigaciones penales”. También el libro de María O’ Donnell El aparato (2005).

Historias que son recetas
Cooperativas fantasma; círculos de funcionarios y amigos, en obra pública y prostíbulos; créditos truchos; denuncias cruzadas; y otros patrones de corrupción investigaba una fiscalía borroneada. Recuperamos algunos (útiles para investigadores) a partir de lo reconstruido por el Cels (párrafos textuales tomados de su informe 2007).

*La causa contra Jesús Cariglino. Se origina en la instrumentación del plan UGE (Unidad Generadora de Empleos) de la provincia, por el cual se financiaban obras de infraestructura (principalmente, pavimentado de calles) que serían realizadas por trabajadores desocupados del municipio. La provincia se haría cargo del 40% del monto de la obra, y el 60% lo debían pagar los vecinos del municipio con financiamiento del Banco Provincia. Malvinas Argentinas adhirió a este plan y tercerizó las obras con la cooperativa “2 de abril”, mediante dos operaciones. En la primera, la UGE (Provincia) se hizo cargo del 40% y del 60% restante ($520.000, aproximadamente), que recuperaría directamente del Provincia cuando los vecinos firmasen los créditos respectivos. El 100% del dinero fue girado a la cooperativa por Provincia y los pagos de los créditos de vecinos debían ir para Provincia. En la segunda operatoria, la UGE se hizo cargo del 40% y el 60% lo tomaron los vecinos con créditos que firmaban con el Banco Provincia, que giraba entonces el dinero al Municipio en cuanto se firmaban los créditos. De este modo, los créditos de los vecinos iban al municipio. Según los fiscales actuantes, la maniobra consistió en mezclar estas dos operaciones. La solicitud de los créditos de los vecinos de la primera operación (que el banco debía reintegrar a la Provincia) fue imputada en forma fraudulenta a la segunda operación de modo que el dinero de la Provincia terminó en el municipio. También fueron fraguados pedidos de créditos al Provincia de parte de vecinos mediante solicitudes del municipio con firmas falsas.

*La Cooperativa “2 de abril” fue creada por Cariglino unos meses antes de adherirse al plan UGE, y en los órganos directivos fueron designados sus familiares y amigos, y el secretario de gobierno municipal, Miguel Harari. La cooperativa realizaba los reintegros mediante cheques que cobraban allegados al intendente. El negociado salió a la luz porque la cooperativa contrató a la empresa constructora de Pascual Carlos Rombolá para pavimentar, pero no le pagó los certificados adeudados. Rombolá denunció en la fiscalía y comenzó la investigación, originariamente en manos de la fiscal Fabiana Ruiz, hasta que Luis María Chichizola —entonces fiscal general de San Martín— reasignó la causa a la fiscalía de delitos complejos a cargo de Ledesma. Este fiscal realizó una investigación exhaustiva que incluso llevó a prisión al intendente y al secretario de gobierno por unos días. También solicitó la elevación a juicio oral del proceso contra el intendente de San Miguel, Oscar Zilocchi, por una causa de corrupción referida a protección de prostíbulos involucrados en la trata de personas, cuando era secretario de gobierno de Aldo Rico.

*Tras dos años des contramarchas, la fiscalía de San Martín logró que la causa contra Cariglino y Harari se elevara a juicio. A fines de 2004, el juez Oscar Quintana dictó el sobreseimiento de los imputados. La Cámara de Apelaciones lo revocó. Y quedó en manos de la Cámara de Casación. Cariglino y Harari estuvieron cinco días detenidos con prisión preventiva en 2003. Obtuvieron la excarcelación extraordinaria luego de pagar una fianza de $500.000 Cariglino y $350.000 Harari.

*El intendente reaccionó impulsando dos medidas: promovió una modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades que contemplaba fueros para intendentes y legisladores (para que no pudieran ser arrestados durante su mandato) pero no prosperó. Y denunció al fiscal Ledesma por abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público, y al empresario Pascual Rombolá y su contador Carlos La Torre —denunciantes en la causa— por falso testimonio y adulteración de documentos públicos. Más allá de la típica estrategia de la denuncia cruzada, lo asombroso en este caso es que la causa judicial usada como contragolpe avanzó hasta la elevación a juicio y mantuvo unos días detenidos a los denunciantes. Y resulta particularmente llamativo el destino que tuvieron los jueces y fiscales a cargo de estos casos. Algunos han ascendido y otros han sido removidos o sancionados.

*La contradenuncia de Cariglino fue interpuesta un mes después de haber recobrado la libertad. El entonces procurador general de la provincia, Eduardo De la Cruz, resolvió que, como estaba denunciado un fiscal de San Martín, el caso debía ir a una jurisdicción distinta, derivándola al departamento judicial de Quilmes. Al recibir la denuncia, el fiscal de Quilmes, Luis Antonio Armella, inició la Investigación Penal Preparatoria (IPP) 200.487 y realizó una pesquisa paralela sobre las pruebas en trámite en la investigación que se llevaba a cabo en San Martín.
Cambet —que subrogaba el juzgado por la renuncia del juez Juan Carlos Sorondo— tenía un plazo de 30 días para decidir. Sin embargo, fue el nuevo juez del juzgado, Lucas Oyhanarte, quien elevó a juicio la causa en marzo de 2006.

*La detención de Cariglino alcanzó inmediata y profunda repercusión en el ámbito político provincial, sobre todo en el peronismo. El gobernador Felipe Solá la tildó de inconstitucional, el Consejo de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires también la rechazó, así como los intendentes Martín Sabbattela, Ricardo Ivoskus y Daniel Katz. Esta resolución fue duramente cuestionada en un dictamen del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) por no contar con los criterios de transparencia requeridos y no explicar por qué no se derivó a un departamento judicial lindante, como solía hacerse en casos similares.

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Argentina: Sin solución para los docentes en Tierra del Fuego

ANRED

Luego de la violencia sufrida por los docentes fueguinos en la represión del último 23 en Ushuaia, continúan los reclamos por mejoras salariales de los trabajadores, quienes afirman que “el presupuesto se cuadriplicó” desde que la gobernadora Fabiana Ríos está en funciones, pero esto no repercute en los salarios.

El último jueves 23 de mayo, el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), con el apoyo de los trabajadores del Sindicato de Camioneros, se movilizó a la Casa de Gobierno de la ciudad de Ushuaia en reclamo de paritarias por mejoras salariales. Durante la medida de protesta, la policía provincial reprimió con palos y gases lacrimógenos, mientras la gobernadora Fabiana Ríos sigue sin brindar soluciones.

El oficialismo fueguino lanzó una campaña para culpar a los trabajadores de la violencia que ellos mismos sufrieron, por lo que la Secretaría de Cultura, Derechos Humanos y Medio Ambiente del SUTEF emitió un comunicado condenando los hechos represivos y repasando la situación que desembocó en el conflicto, a la par que acusa al gobierno de “manipular la opinión pública en desmedro del sector docente, mintiendo en la información que difunde”.

Según el comunicado, el 13 de febrero, fecha en que se debía dar inicio el período de clases, se les realizó una “imposición provocativa de un 8% inmodificable” de aumento salarial, lo cual no cubre las expectativas ni las necesidades de los trabajadores de la educación en esa provincia. En el sindicato afirman que el presupuesto provincial se cuadriplicó desde que Fabiana Ríos fue electa gobernadora, aunque el crecimiento no se reflejó en los sueldos.

El gremio docente también denuncia que mientras sus salarios tienen ínfimas modificaciones, se otorgan altos aumentos a funcionarios estatales. Además, se afirma que no se termina el proceso de titularización a docentes de educación media, que las escuelas alquilan gimnasios externos por falta de obras de infraestructura, y que los hospitales públicos están siendo vaciados, lo que se suma a una obra social insuficiente para los maestros.

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Un mandato ético

Juan Carlos Giuliani (ACTA)

La conmemoración de un nuevo aniversario del Primer Gobierno Patrio es un capítulo importante en el devenir de un pueblo que hace más de cinco siglos fue sometido por el colonialismo español. Aunque, en rigor de verdad, la historia no comienza el 25 de Mayo de 1810.

Desde épocas inmemoriales, distintos pueblos originarios habitaron esta comarca configurando, con el paso del tiempo y la mixtura con criollos e inmigrantes, nuestra identidad pluricultural y plurinacional. Una fecha como la de hoy es una oportunidad para generar el acto de reivindicación que demandan las comunidades indígenas.

Tras derrotar dos veces las invasiones del Imperio Inglés, en Mayo de 1810 toma cuerpo un proyecto colectivo que recién cuajará más de un lustro después en Tucumán con la Declaración de la Independencia de España y de cualquier otra potencia extranjera.

Domingo French y José Antonio Berutti son ubicados por la historia oficial como figuras decorativas en los acontecimientos de Mayo atribuyéndoles el rol de repartidores de escarapelas entre la gente. Sin embargo, constituían el rostro visible de un grupo de activistas pertenecientes a los sectores sociales más postergados. Lideraban “La Legión Infernal” o “Los Chisperos”. Como quiera se llamasen, tenían en claro que había que destituir al Virrey Cisneros y proponer la ruptura definitiva con el régimen colonial.

French era cartero y Berutti empleado de la Tesorería del Gobierno. Otro de los destacados miembros de esa organización, Agustín Donado, se desempeñaba como gráfico en la imprenta oficial y Buenaventura de Arzac “no es nada”, según refiere despectivamente un informe realista, seguramente para no designar a un desocupado de “la chusma”. Es decir, trabajadores de distintos oficios que juegan un rol decisivo al exigir y lograr el Cabildo Abierto del 22 de Mayo donde llegan a participar utilizando invitaciones falsas que ha fabricado Donado en la imprenta de Expósitos.

Son ellos, también, los que forman piquetes en las esquinas del Cabildo impidiendo el ingreso de los sectores más reaccionarios de la comunidad, y los que se movilizan contra la Junta del día 24 que pretendía imponer a dos absolutistas, dos revolucionarios y el Virrey como quinto miembro para desempatar. Su militancia cobra dimensión especialmente después que se contactan con Mariano Moreno, la figura más sobresaliente de ese tiempo convulsionado.

El 25 de Mayo, cuando Cisneros apela a toda clase de dilaciones e incluso intenta reprimir al pueblo en la Plaza, French, Berutti y otros patriotas ingresan al Cabildo y exigen por la fuerza -cuchillos y trabucos en mano- la designación de una Primera Junta. Era el principio del fin de la dominación española sobre el territorio del Río de la Plata.

Durante décadas el pensamiento mitrista construyó su doctrina antinacional y antipopular a partir del eje Mayo-Caseros. Fue hasta que en 1942 Rodolfo Puiggrós publicó “Los caudillos de la Revolución de Mayo” donde reivindica el papel de Moreno y, sobre todo, luego de que se exhumara del olvido un documento de su autoría que para la historiografía hegemónica se había “perdido”: El “Plan de Operaciones”.

En 1910, mientras el mundo esperaba una catástrofe a causa del cometa Halley, los porteños se preparaban para celebrar el Centenario. Con bombos y platillos para las clases acomodadas, con palos y cárcel para los trabajadores y el pueblo empobrecido por el saqueo oligárquico.

Cien años después del Primer Gobierno Patrio, los grupos dominantes celebraban con fasto su privilegiada posición como elite gobernante del “granero del mundo” sustentado en el fraude conservador y bajo la férula del Estado de Sitio: Buenos Aires se blindó con un brutal aparato represivo para contener la protesta obrera ante la infame inequidad social.

Han pasado más de dos siglos y el proyecto de liberación nacional y social permanece inconcluso. La Constitución oligárquico-liberal gestada en 1853 por los vencedores de la Batalla de Caseros ha venido rigiendo desde entonces las reglas de juego pretendidamente democráticas –a excepción del interregno 1949-1955-, hasta que irrumpe el pueblo para poner en jaque al régimen. Cuando ello ocurre, ese poder -presto a invocar la Carta Magna cuando de su derecho a exprimir al pobre se trata- no ha vacilado en violarla para ahogar cíclicamente en sangre cualquier conato de rebelión.

La iniciativa estratégica de la CTA de promover un nuevo Movimiento Político, Social y Cultural de Liberación y el consecuente proceso hacia una Constituyente Social, apunta a modificar la relación de fuerzas con el poder establecido y a protagonizar una etapa de transformación que cuestione la desigualdad estructural y comience a darle forma a un Estado de derecho con justicia social.

Una Patria sin Hambre es mucho más que una consigna. Implica un mandato ético intergeneracional para resolver la principal asignatura pendiente: Conquistar la segunda y definitiva Independencia en base a un proyecto político, económico, social y latinoamericano que confronte con la globalización capitalista.

Juan Carlos Giuliani es Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA.

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Abogados paraguayos denuncian la impunidad de jueces corruptos

PL

El Colegio de Abogados del departamento de Alto Paraná calificó de desesperante la impunidad con la cual opera la denominada "rosca corrupta" en los estrados judiciales paraguayos.

Mauro Barreto, presidente del Colegio, declaró que no sabe si el gobierno electo, tras tomar posesión, cumplirá la promesa de terminar con esas actividades ilegales, incluso para lograr la seguridad jurídica demandada por futuros inversionistas y el pueblo.

Barreto, otros abogados e incluso alumnos de la facultad de Derecho presentaron una denuncia ante el Tribunal Supremo contra un grupo de magistrados y fiscales por delitos de enriquecimiento ilícito colocando el asunto en centro de actualidad nacional.

Lujosas mansiones fueron adquiridas recientemente por los ocho acusados en la denuncia, que incluye la fijación entre ellos de millonarios honorarios para tratar cualquier caso, violando la reglamentación existente sobre la materia.

Citó concretamente un expediente con el cual fueron beneficiados el abogado Gustavo Chamorro y la contadora Mirna Bareiro, esposa del juez Wilfredo Velázquez, uno de los imputados, favorecidos con honorarios que calificó de siderales.

Ese oscuro proceder partió de una decisión del magistrado Cantalicio Ávalos, también acusado, y se trató nada menos que del pago por alrededor de 84 mil dólares para atender el caso mencionado. El dirigente de los abogados explicó que a las fotos publicadas en la prensa mostrando las enormes mansiones, una de ellas de Bareiro, un simple juez, debe agregarse es dueña de un gran edificio en la exclusiva zona del Paraná Country Club.

El paso dado por los denunciantes impactó fuertemente en el panorama judicial donde llueven los reclamos y señalamientos sobre operaciones nada legales de numerosos jueces y fiscales.

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Docentes paraguayos contra enseñanza de inglés en lugar del guaraní

PL

Docentes, alumnos y miembros del Ateneo de Asunción protestaron hoy ante el edificio del Ministerio de Educación por las limitaciones que se imponen para la enseñanza del guaraní a favor del aprendizaje del idioma inglés.

Los manifestantes señalaron la reducción de las horas destinadas al guaraní en los programas de estudio, limitadas a cuatro y hasta dos horas semanales, además de su eliminación prácticamente a partir del tercer año en muchas escuelas.

Fermín Cabrera, a nombre del Ateneo, recordó que el guaraní y el castellano son las lenguas oficiales determinadas en la Constitución paraguaya y esas limitaciones atentan contra la permanencia a largo plazo de la primera.

Explicó, además, que se instruyó ahora la enseñanza obligatoria del inglés en los centros educativos alegando su importancia para el futuro desarrollo comercial y económico del país, a lo cual no se opone siempre que no afecte la preservación del guaraní.

Especialistas de la enseñanza lingüística advirtieron recientemente, durante un foro internacional celebrado en Asunción, que el idioma autóctono puede desaparecer en el espacio de dos generaciones si se continúa el bajo nivel de enseñanza organizada.

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60.000 pandilleros y casi medio millón vinculados a maras en El Salvador

XINHUA

Un censo realizado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública reveló que las pandillas salvadoreñas cuentan con 60.000 miembros activos y casi medio millón de personas vinculadas a su organización.

La publicación, que fue difundida por la prensa local, muestra datos obtenidos por las autoridades oficiales durante el último año, durante el periodo de tregua entre las pandillas 18 y Mara Salvatrucha (MS-13).

La tregua acordada entre pandillas y facilitada por el gobierno en turno fue coordinada por el obispo castrense Fabio Colindres y el exguerrillero Raúl Mijango a partir de encuentros con los jefes de la 18 y la Salvatrucha recluidos en las prisiones del país.

Los mediadores garantizaron que los pandilleros tendrían beneficios carcelarios permitidos por la ley a cambio de que dieran la orden de detener la guerra territorial en los barrios populares del país.

Una investigación del Ministerio de Seguridad Pública reveló que hay 470.262 personas vinculadas a las maras, las cuales son parte fundamental en el mercado del narcomenudeo y las extorsiones contra los comerciantes en 1.765 barrios vecinales.

En ese total de vecindarios operan 1.955 "clicas" de seis de las principales pandillas violentas que existen a nivel nacional, informaron las autoridades.

Asimismo, la investigación demuestra que el ingreso a las maras aumentó en un 134,6 por ciento de 2008 a 2013.

Las "clicas", nombre con el que se conoce a las células que integran el complejo entramado de las pandillas en el país, aumentaron desde 381 a 1.574 en los últimos cinco años.

El censo fue aplicado en 14 departamentos del país y en 184 de los 262 municipios de El Salvador.

"A medida que estudiamos más la situación, vemos que el tema de las pandillas va por círculos, hay un círculo duro y también están rodeados de sus familias que también han dependido de esa economía ilícita y que aprenden a vivir de ellos", declaró recientemente el ministro de Seguridad en funciones, Douglas Moreno.

El artífice de la tregua, el general retirado David Munguía Payés, fue destituido del cargo de ministro después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fallara ilegal su nombramiento arguyendo que la ley dictamina el mandato de civiles en ese tipo de cargos.

La salida de Munguía ha generado todo tipo de suspicacias sobre la tregua, ya que la oposición derechista, el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), considera que el pacto morirá.

En las cárceles del país, sin embargo, los pandilleros sostienen que seguirán con la tregua siempre y cuando las autoridades respeten los beneficios carcelarios que permite la ley.

El pandillero Borromeo Henríquez, jefe de una célula de la MS, criticó la decisión de la CSJ porque responde a los "enemigos de un proceso de paz social inédito que no tiene otra solución".

"Los planes de mano dura no tienen y nunca tendrán éxito. Si el nuevo gobierno aumenta la represión policial en lugar de darnos programas de reinserción social, nosotros solamente nos defenderemos porque no tenemos nada que perder", valoró Carlos Mojica, miembro de la 18.

Por otro lado, durante un programa radial sabatino, el presidente Mauricio Funes afirmó que teme un aumento de la violencia si gana el candidato de Arena, el alcalde Norman Quijano, en las elecciones de febrero de 2014.

Quijano empezó una campaña propagandística esta semana donde dice que no apoyará la tregua pandillera y que acometerá contra ellos cuando llegue a la presidencia.

"Si llegara a ganar Quijano, significaría que se rompería la tregua y volveremos al nivel de los 15 homicidios diarios", dijo Funes, quien también condenó el hecho de que el candidato tenga por asesor principal al expresidente Francisco Flores.

"La mano dura fue la estrategia (de seguridad) de Francisco Flores y fue un rotundo fracaso. Así que un fracasado asesora al candidato", advirtió.

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México: En 6 años, Ministerio Público sólo autoriza en el país 39 abortos por violación

CIMAC

El acceso al aborto seguro en caso de violación sexual es negado de forma sistemática a las mujeres por parte de las autoridades ministeriales y el sector salud, pese a que existen tres marcos jurídicos que garantizan este derecho reproductivo en todo el país.

El informe “Omisión e indiferencia, derechos reproductivos en México”, que presentó recientemente el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), reveló que entre 2007 y 2012 sólo 39 mujeres en todo el país obtuvieron autorización de los ministerios públicos (MP) para abortar por la causal de violación.

En contraste, durante el mismo lapso, se presentaron 87 mil 736 denuncias por este delito, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR), aunque según estudios de Amnistía Internacional (AI) sólo 2 de cada 10 mujeres acuden al MP al sufrir una agresión sexual, con lo que ascendería a 438 mil 680 violaciones.

Para conocer cuántos de estos delitos derivaron en autorización de aborto, GIRE realizó solicitudes de información a las procuradurías de justicia locales, y descubrió que se emitieron únicamente 39, de las cuales 30 se dieron en el DF, donde la interrupción legal del embarazo (ILE) está permitida bajo cualquier circunstancia hasta las 12 semanas de gestación.

Las nueve autorizaciones restantes se registraron en cuatro estados: Baja California (3), Guerrero (3), Oaxaca (2) y Durango (1). Ante esta información, GIRE refiere que la mayoría de las procuradurías locales no están emitiendo autorizaciones de aborto por violación, porque se declaran “no competentes”, pese a que la ley señala lo contrario.

El aborto por violación sexual es la única causal legal que existe en los códigos penales de todo el país. Al respecto, en 10 estados se establece como límite para realizar la interrupción del embarazo el primer trimestre y en los 22 restantes no existe un plazo expreso, lo que protege a las mujeres para que decidan sin presiones de tiempo.

Sin embargo, en muchos estados –como Guanajuato– no existe un mecanismo explícito en los códigos de Procedimientos Penales para que las mujeres accedan al aborto por la causal de violación, lo que incide en que las instituciones, judiciales o de salud, no asuman la obligación de autorizar, facilitar o posibilitar la interrupción segura del embarazo.

La Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, modificada en 2009, obliga a las instituciones de salud a garantizar la interrupción del embarazo a las mujeres que han sido víctimas de una violación.

La causal de aborto por violación en los códigos penales de los estados y la NOM 046 se refuerzan con la Ley General de Víctimas, publicada a inicios de este año, en la que se estipula que ante una violación sexual las mujeres tienen derecho a la anticoncepción de emergencia (PAE), solicitar un aborto seguro, y a tratamientos para prevenir infecciones de transmisión sexual.

Dado el precario y casi nulo acceso al aborto legal por violación sexual en el país, las mujeres se practican con frecuencia abortos inseguros, con lo que además de poner en riesgo su vida pueden ser procesadas y sentenciadas por “cometer un delito”.

En 27 entidades el aborto no es considerado como un delito grave, por lo que las mujeres pueden seguir el juicio en libertad mediante el pago de una fianza, que va desde mil hasta 197 mil pesos, que en muchos casos no pueden pagar.

En cinco estados (Baja California Sur, Jalisco, San Luis Potosí, Tlaxcala y Sonora), el aborto es un delito grave, lo que implica que las mujeres sean encarceladas durante el proceso penal. Tlaxcala tiene la penalidad menor (15 a 60 días), y Sonora la mayor (1 a 6 años de prisión).

Ante este panorama, la recomendación de GIRE, en cuanto a la implementación de la norma, es que las procuradurías y las secretarías de Salud locales capaciten al personal para que tengan conocimiento de los derechos de las víctimas y les garanticen el acceso al aborto.

Sobre la generación de información y datos estadísticos, sugiere que las secretarías de Salud desagreguen las cifras de aborto por tipo de causal, ya que debido a esa deficiencia no es posible conocer cuántas interrupciones de embarazo se practican por violación sexual.

De igual forma, se debe asegurar que las procuradurías tengan registros sobre el número de solicitudes de aborto por violación, y la cifra de autorizaciones emitidas en este sentido, ya que al responder las solicitudes de información se limitaban a declarar la inexistencia de estos datos.

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Obama atraviesa una zona de turbulencia política

Jorge V. Jaime (PL)

Una eclosión simultánea de grandes controversias afectó en el mes de mayo al gobierno de Barack Obama, mientras opositores políticos de la Casa Blanca se frotan las manos y calculan las siguientes cosechas electorales.

Aunque faltan muchos meses para los comicios de medio término, el Partido Republicano ya organizó el contraataque y convocó una secuencia interminable de audiencias parlamentarias para investigar las irregularidades emergidas en la administración demócrata.

Las voces más conservadoras dentro del Viejo Gran Partido -Karl Rove, Richard Cheney, Mike Huckabee y Sarah Palin- comenzaron a pronunciar discursos enervantes incluso sobre lo que llaman necesidad ética de un impeachment (juicio desde el Congreso) para destituir a Obama.

Un hecho es que el terreno está caliente en la Oficina Oval tras la difusión de comunicaciones relacionadas con la respuesta de Washington después del ataque contra el consulado norteamericano en Bengasi, donde murieron cuatro diplomáticos.

El siguiente asunto en la secuencia de escándalos es el excesivo escrutinio confesado por el Servicio de Rentas Internas (IRS, por siglas en inglés) en detrimento de grupos políticos de alineación republicana o fuertemente críticos del jefe de Estado afroamericano.

Se trata de una entidad adscrita directamente al Departamento del Tesoro y, por ende, bajo supervisión federal.

Otro tema muy polémico tiene que ver con trascendidos acerca de que el Departamento de Justicia espió a una veintena de periodistas de la agencia noticiosa AP, y eventualmente de la cadena televisiva Fox News.

El fiscal general Eric Holder, personalmente, habría firmado una orden de chequeo electrónico contra el reportero de Fox James Rosen, y el aviso institucional se refería al profesional como un posible conspirador y violador de un Acta de Espionaje, certificada por el Capitolio en 1917.

En el caso del IRS, la Cámara de Representantes llamó a la directiva de la agencia, Lois Lerner, para comparecer ante el Comité de Supervisión, donde debía rendir los primeros testimonios sobre un expediente que sumó problemas adicionales al segundo mandato de Obama.

Empero, Lerner se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución y esa decisión revolvió aún más el descontento en la acera republicana y la suspicacia de los teóricos de las conspiraciones políticas.

La Quinta Enmienda está relacionada con el debido proceso y dicta que ninguna persona estará obligada a responder frente a un tribunal de un delito castigado con la pena capital o se le forzará a declarar contra sí misma en un juicio criminal.

Obama intentó marcar distancia en esta controversia y argumentó que se había enterado por la prensa del suceso relacionado con el IRS.

Escuché por primera vez sobre este caso por los mismos reportes noticiosos que la mayoría de los ciudadanos, dijo el presidente en conferencia ante reporteros junto con el primer ministro británico David Cameron.

Un vocero del Tea Party anunció que el foro está considerando presentar una demanda legal contra el Servicio de Rentas debido a la gestión intrusiva del gobierno implementada en su contra desde 2011.

El diario Washington Post subrayó que la injerencia abarcó también a federaciones judías, foros cívicos-patrióticos e incluso activistas que ensañaban la Constitución de Estados Unidos.

Por su lado, el congresista Andy Harris pidió desvincular al Servicio de Rentas Internas de la implementación de una reforma nacional de salud en 2014.

En una respuesta republicana al discurso semanal del presidente Obama, el legislador por Maryland señaló que el IRS no está capacitado para esa función debido al reciente escándalo de injerencia y manipulación política.

Directivos de la agencia federal para la supervisión del pago de impuestos reconocieron haber aplicado una vigilancia redoblada, especial y extraordinaria cuando se trataba de organizaciones opositoras a la Casa Blanca, remarcó Harris.

Por lo que hemos aprendido en días recientes, creo que el IRS necesita menos poderes, y no responsabilidades adicionales, subrayó el diputado citado por la cadena de noticias ABC News.

Es extrañamente curioso -comentó el representante- que los mismos oficiales antes a cargo del polémico buró gubernamental, ahora estén al frente de plazas directrices para la puesta en marcha del costoso plan de salud del presidente.

Con igual ímpetu, el senador republicano Bob Corker exigió a la Casa Blanca explicaciones exhaustivas acerca de millonarios pagos secretos que envió Estados Unidos al gobierno de Afganistán.

En una entrevista con la estación Newsmax TV, el legislador de Tennessee dijo que había remitido una carta a Obama, pero que aún no recibe las respuestas esperadas por su oficina en el Congreso federal de Washington.

A fines de abril asesores del presidente Hamid Karzai confirmaron que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había entregado decenas de millones de dólares al gobernante en Kabul durante el transcurso de la última década.

Corker, miembro directivo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, señaló que la asistencia de Washington a Afganistán debió haberse coordinado con más cuidado, de manera transparente y con mayor supervisión del Capitolio.

Tales pagos secretos evaden todo tipo de contabilidad e inducen muchas sospechas de corrupción, justo las mismas variables negativas que estamos tratando de evitar en el país centroasiático, subrayó el senador republicano.

El Departamento de Estado y la CIA se han negado a comentar las alegaciones sobre Afganistán. Voceros de la Oficina Oval argumentaron que son maniobras especiales de Washington para el tratamiento de zonas geográficas en conflicto.

En cuanto al caso Bengasi, el periodista estadounidense Bob Woodward aconsejó a sus colegas prestar más atención a esa indagación porque pudiera ser el Watergate del presidente Barack Obama, dijo.

Woodward y Carl Bernstein escribieron una serie de artículos desde el diario Washington Post que influyeron en la investigación después conocida como escándalo Watergate y la renuncia de Richard Nixon en 1974.

Cuando usted revisa un conjunto de emails difundidos por la Casa Blanca y observa la intención reiterada de ocultar informaciones, llega a conclusiones acerca de una mala acción del gobierno, señaló el renombrado reportero en el medio digital Weeklystandard.

Este caso me recuerda cuando 40 años atrás, Nixon intentó difundir un paquete de conversaciones y transcripciones luego que fueron editadas por sus asesores, apuntó Woodward.

Antes, el legislador demócrata y jefe del comité de supervisión en la Cámara de Representantes, Elijah Cummings, subrayó que el caso del ataque contra el consulado norteamericano en Libia debe ventilarse a puertas abiertas.

Si nuestro panel parlamentario está verdaderamente interesado en incrementar la seguridad de las misiones diplomáticas, el público de Estados Unidos debe tener acceso de primera mano a la pesquisa, acotó Cummings.

La legación de Washington en el norte de Libia fue atacada por un grupo armado el 11 de septiembre de 2012. El asalto cobró las vidas del embajador J. Christopher Stevens, el oficial de información Sean Smith, y los exmilitares Tyrone Woods y Glen Doherty.

Miles contra la prisión en Guantánamo

Otra reclamación que está sonado alto y claro en los oídos del Ejecutivo norteamericano es la exigencia de cierre de la prisión militar de Guantánamo, una instalación doblemente espuria porque fue levantada en un territorio arbitrariamente ocupado en el extremo oriente de la isla de Cuba.

Un discurso de Obama el 23 de mayo fue interrumpido tres veces por una pacifista que gritó consignas en contra de la cárcel para supuestos terroristas y otras impopulares estrategias de Washington: el uso bélico de los drones, el excesivo gasto en operaciones militares y la muerte de civiles extranjeros luego registrados como "daño colateral".

La mujer fue identificada como la activista Medea Benjamin, vocera del grupo Code Pink, cuyos miembros han protestado desde 2010 ante audiencias del Congreso federal y alocuciones gubernamentales en Estados Unidos.

Benjamin remarcó que "86 ya fueron certificados, ¡libérenlos a todos ellos hoy mismo!", en referencia a detenidos que permanecen en la reclusión castrense pese a haber clasificado para transferencia de instalación.

El colectivo de activistas informáticos conocido como Anonymous y el foro Code Pink lanzaron este mes una campaña internacional en solidaridad con presos en huelga de hambre en la penitenciaría de Guantánamo.

Los grupos de acción política en Estados Unidos y Reino Unido explicaron que la movilización fue para recordar al mundo los más de 100 días de protestas de los reclusos, encerrados sin mediación de juicios y del debido proceso penal.

Sin embargo, pese al amplio muestrario de problemas presentes en el gabinete Obama, aún no está muy claro si los republicanos podrán recoger el provecho político que proyectan.

En 1998 intentaron enjuiciar a William Clinton luego del episodio tragicómico con Mónica Lewinsky, tropezaron con una opinión pública erróneamente pesquisada, y fue el speaker Newt Gingrich quien tuvo que renunciar a su puesto en el Capitolio.

Los epígonos de Ronald Reagan y George W. Bush deberían anotar este aforismo atribuido a Antón Chejov: "Nadie puede convertirse en santo blandiendo los pecados de otra gente".

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