lunes, 3 de junio de 2013

Entrevista a Martín Almada: Latifundio, Terrorismo de Estado y situación de Derechos Humanos en Paraguay

Erasmo Magoulas (especial para ARGENPRESS.info)

Martín Almada es un distinguido intelectual paraguayo, y comprometido luchador por los Derechos Humanos. Pionero en su país de las revolucionarias teorías educativas y de la filosofía de la educación de Paulo Freire. Tanto su familia, como él mismo, sufrieron el Terrorismo de Estado, desplegado en el Cono Sur por la Operación Cóndor. Por sus logros en el trabajo investigativo e histórico sobre la Doctrina de la Seguridad Nacional y la Operación Cóndor, fue galardonado con el llamado “Premio Novel Alternativo”, el Right Livelihood Award. Es el fundador y Director de la Fundación Celestina Pérez de Almada.

E.M.: Hace escasamente horas fue asesinado, en forma de ajusticiamiento, Luis Lindstron, un productor ganadero y forestal del Departamento de San Pedro, a 300 kilómetros de Asunción. ¿Qué lectura podemos hacer, en torno al tema de la seguridad, que se deslinde de la típica matriz, que sobre el tema, emana del poder económico y político?

M.A.: Este asesinato se comete justo en la víspera de la Audiencia Preliminar para investigar el caso Curuguaty (17 personas fueron masacradas -once campesinos y seis policías- en una operación de desalojo de las tierras llamadas Marina Kue, cuya propiedad reclamaba un grupo empresarial del agro-negocio). Las audiencias están previstas en Asunción los días 3, 4 y 5 de junio próximo. La jueza Penal interviniente es Rosa Yanina Ríos. Luego de la comisión de este crimen, de un importante representante de la Asociación Rural (dueños de las vacas y de las tierras), lógicamente el clima ya está creado para condenar a los inocentes campesinos de Curuguaty. Digo inocentes, porque ya está probado, por la opinión pύblica nacional e internacional, que el intruso, el que se apoderó de la tierra del Estado fue el recientemente fallecido socio de Stroessner, Blas N. Riquelme. La actuación criminal del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) normalmente aparece, justo en el momento oportuno, para justificar el TERRORISMO DE ESTADO.
Por su parte, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), y el Capítulo Paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), han manifestado que el asesinato del señor Lindstron es tan grave como los asesinatos de varios dirigentes campesinos de la zona norte, como el del señor Benjamín Lezcano, agricultor y dirigente campesino de Arroyito (Departamento de Concepción), quien fuera asesinado por sicarios en febrero pasado, frente a su domicilio, y cuyo crimen continúa en la absoluta impunidad. Así también, siguen en la impunidad los asesinatos de otros referentes campesinos ocurridos en los últimos meses: Sixto Pérez, Vidal Vega, Dionisio González, Francisco Denis. Estas dos organizaciones de Derechos Humanos, exigen el esclarecimiento del crimen de Luis Lindstron, como así también los esclarecimientos de los asesinatos de dirigentes campesinos y el castigo a los responsables de tales hechos.

E.M.: Se cumplirá, en pocos días, el primer aniversario de la masacre de Curuguaty. Las víctimas, en este caso, fueron trabajadores rurales sin tierra y miembros de la fuerza policial. ¿En que contexto, deberíamos analizar este hecho de violencia, contra sectores sociales marginalizados y desplazados?

M.A.: Esta pregunta tiene vasos comunicantes con la primera, como así también las respuestas. Al respecto es interesante ver lo que ha dicho el líder del Partido Comunista y miembro de la mesa de presidentes del Frente Guasύ, Amado Najeeb, quien sostuvo que cada vez que hay atentados del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), o que se le endilgan a éste, se intensifica la persecución a las organizaciones sociales.
Najeeb dijo que el EPP es una fuerza al servicio de la oligarquía, porque no es el que termina siendo perseguido, sino que lo son las organizaciones sociales, como el recrudecimiento de los controles hacia los campesinos, que se van a intensificar y agudizar. El caso Curuguaty es ejemplar. En Paraguay, el Código es garantista, donde se debiera presumir la inocencia hasta la aparición de prueba en contrario, pero en la práctica no lo es. “Acá no se respeta la legalidad. La condena a los campesinos por el caso de Curuguaty, está cantada”, dijo textualmente Najeeb.

E.M.: Durante el gobierno de Fernando Lugo, hubo un avance en la correlación de fuerzas en favor del campo popular, pero esto pareciera no haber sido suficiente, para consolidar lo logrado en el terreno político e ir por una mayor democratización de la vida económica y en pos de mayores logros en la justicia social. ¿Cómo analizaría los casi cuatro años de Fernando Lugo en el gobierno?
M.A.: El triunfo de Lugo anunció la llegada de una primavera política en Paraguay, pero Lugo llegó al poder de la mano de la estructura de la derecha más retrógada, me refiero al Partido Liberal. En éste contexto Lugo intentó hacer tímidas reformas que fueron desaprobadas por la burguesía local, las multinacionales y el Imperio de turno. Durante los cuatro años de gobierno de Lugo, mejoró la salud y la educación, pero cometió el grave error de desmovilizar a los movimientos populares. Se alejó de su gente para no “irritar” a los verdaderos dueños del poder.

E.M.: Durante la cruenta Dictadura de Alfredo Stroessner, surgieron algunos movimientos politico-militares, en el area rural como urbana, que fueron rápidamente desmantelados. ¿Cómo interpreta el surgimiento del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) en tiempos de retorno a la vida constitucional de la Repύblica?
M.A.: Desde mi punto de vista, el EPP es funcional al sistema neoliberal, salvaje y criminal.

E.M.: Uno de los conflictos sociales más recurrentes en Paraguay, es el conflicto por la tierra. ¿Qué papel han jugado la tradicional oligarquía agroganadera paraguaya, y desde hace 25 años, el avance de las transnacionales del agro-negocio?
M.A.: El conflicto de la tierra arranca desde la terminación de la Guerra de la Triple Infamia, -conocida por la historia oficial como de la Triple Alianza-. Argentina, Brasil y Uruguay en 1870 cumplen vergonzosamente instrucciones del Imperio de turno, Inglaterra. Para mantener dividido el pujante país destruido, Argentina creó el Partido Liberal y Brasil el Partido Colorado, al servicio de ellos hasta la fecha. Hoy Paraguay está a merced de la oligarquía ganadera y del agronegocio, que se niegan a pagar impuestos.

E.M.: En poco más de un año de presidencia, Federico Franco, dejó en claro sus posicionamientos político-ideológicos, tanto en el orden interno de la política paraguaya, como así también, en el área regional y mundial: un radical anti-integracionismo de los pueblos de Nuestra América y una sumisión a la ortodoxia del Mercado y a los dictados de Washington. ¿Cómo analiza usted, las posiciones del actual Presidente Horacio Cartes?
M.A.: Cartes anunció que su gobierno va a volver a ocupar los espacios ganados en MERCOSUR, UNASUR, CELAC, etc. Ojalá que no se constituya en un CABALLO DE TROYA, para destruir la integración latinoamericana en marcha.

E.M.: Usted es una figura emblemática de los Derechos Humanos, no sólo en su país y el continente sinó también a nivel mundial. ¿Cómo ha evolucionado el trabajo de los organismos de Derechos Humanos en Paraguay, a partir del descubrimiento de los Archivos de la Operación Cóndor?, y qué juicio le merece el avance logrado en la Argentina en ese campo, con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y Juicio y Castigo a los Genocidas.
M.A.: El 22 de diciembre de 1992, luego de una paciente investigación, logré con el apoyo del Juez Penal José Agustín Fernández encontrar 3 toneladas de documentos secretos de la Dictadura de Stroessner y de la OPERACIÓN CÓNDOR. Luego la Comisión de Verdad y Justicia, en el 2008 entregó al entonces Presidente Lugo, 8 tomos de recomendaciones. Desde el momento mismo del cuartelazo del 2 y 3 de febrero de 1989, hasta la fecha, ni la Justicia , en particular el Ministerio Pύblico, tampoco la Procuraduría General de la Repύblica, han realizado ninguna investigación sobre el genocidio cometido, como tampoco en la recuperación de los bienes mal habidos. Es decir, Paraguay sigue viviendo al MARGEN DE LA LEY, sosteniendo la IMPUNIDAD, hecho que genera más corrupción y más represión.
El único país que lidera la defensa y protección de los Derechos Humanos en América Latina, es la Argentina.
El Juez Gustavo Santander Dans, que llevaba en Paraguay la causa OPERACIÓN CÓNDOR, con autorización de la Corte Suprema de Justicia, viajó a Buenos Aires en el 2008 para llevar los documentos de dicha operación de Terrorismo de Estado, que comprometia a la fuerza represora de la Argentina. Santander se reunió para el efecto con los jueces argentinos Carnicoba Corral y el Juez Urso, tambien con el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces a cargo del Dr. Jorge Taiana.

Nota final:
El 26 de noviembre de 1974 fui detenido en mi lugar de trabajo, INSTITUTO “JUAN BAUTISTA ALBERDI” de San Lorenzo y sometido a tortura en el Departamento de Investigaciones de Asunción, durante 30 días. Fui declarado por los militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, TERRORISTA INTELECTUAL, por la tesis que defendí en la UNIVERSIDAD DE LA PLATA, titulada PARAGUAY- EDUCACIÓN Y DEPENDENCIA, trabajo inspirado en la educación liberadora de Paulo Freire. Uno de mis torturadores tenía el apellido Lindstron y entre los propios torturadores se comentaba que el tal Lindstron el “temible”, había sido un ex- seminarista. No sé si éste Lindstron, mi ex torturador, tendrá relación familiar con Luis Lindstron, la víctima fatal del atentado perpetrado el pasado 31 de mayo.
Juan Luis D’Stefano, oriundo de Caacupé, fue el otro ex- seminarista que me torturó brutalmente, en aquella terrible oportunidad.

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Las Maras, una historia de horror y muerte

Vicky Peláez (RIA NOVOSTI, especial para ARGENPRESS.info)

Estamos en el lugar en que se encuentra el hombre
Estamos en el lugar en que se asesina al hombre, 
en el lugar
en que los pozos más negros se sumergen en el hombre.
Roque Dalton, 1935-1975, “Canto a Nuestra Posición”

El anuncio de las temibles bandas juveniles hondureñas pidiendo tregua con el gobierno, siguiendo el ejemplo de sus colegas, las maras salvadoreñas iniciado hace un año, requiere una reflexión y un análisis para entender lo que pasa en estos dos países donde, después de más de 190 años de independencia no se logra la paz.

El tiempo de las guerrillas, revoluciones, contrarrevoluciones e invasiones norteamericanas, aparentemente ha perdido impulso y ha agotado posibilidades. El neoliberalismo ha logrado imponer su ideología del mercado libre con un puño oculto para reforzar su vieja estrategia del “desarrollo del subdesarrollo” en su “patio trasero” con el fin de perpetuar el dominio de los globalizadores al servicio de las trasnacionales.

El nuevo modelo socio económico pudo eliminar la violencia revolucionaria y la contrarrevolucionaria pero ha creado al mismo tiempo condiciones para la violencia criminal y el narcotráfico. Según las Naciones Unidas, Honduras de 8,5 millones de habitantes actualmente es el país más violento del mundo donde se registra un promedio de 20 homicidios al día y, se calcula que no menos de 600.000 personas estarían involucrados directa o indirectamente en las pandillas si se toma en cuenta a los familiares y a las comunidades donde residen los mareros. Un 90 por ciento de los homicidios es atribuido por las autoridades a los miembros de MS-13 o a la Mara Salvatrucha y al M-18 o la mara del Barrio 18.

Los miembros de estas pandillas son contratados por los carteles del narcotráfico que debe aportar significativamente al presupuesto de Honduras, si tomamos en cuenta la existencia de más de 300 pistas clandestinas y que de acuerdo al Comando Sur norteamericano que tiene cuatro bases militares en el país, en el año 2011 más de 100 aviones descargaron droga y 275 narcolanchas entraron en Honduras para llevársela a los Estados Unidos. La Oficina de Asuntos internacionales de Narcóticos y de la Aplicación de la Ley de EE.UU. estimó que el 79 por ciento de aviones que salen de Colombia con cocaína aterrizan en Honduras. Sin embargo, en agosto de 2011, el ejército norteamericano retiró sorpresivamente el radar de vigilancia y alerta temprana AN-TPS-78 instalado en Puerto Lempira, dejando el cielo de Honduras abierto para los narcovuelos.

Hasta marzo de 2012, El Salvador con seis millones de habitantes era el segundo país más violento del mundo por detrás de Honduras. Las maras eran responsables también por el 90 por ciento de asesinatos que se incrementaron después de aplicar el gobierno la “mano dura” en 2004. Se producía diariamente un promedio de 17 asesinatos al día y según el exministro de Seguridad y uno de los promotores de la tregua con las maras, David Munguía Payés, aproximadamente medio millón de personas estarían involucradas tácita o implícitamente en pandillas en El Salvador. Un año después de las conversaciones entre el gobierno y los líderes de las maras más violentas del país, los asesinatos has descendido drásticamente, pasando de 17 homicidios diarios a cinco pero las extorsiones han continuado.

Por supuesto que tanto en El Salvador como en Honduras ya en los años 1950 y 1960 existieron agrupaciones de jóvenes que se enfrentaban entre ellas a “puño limpio”, como en otras partes de Centroamérica y Latinoamérica. Sin embargo, las maras es un fenómeno de los años 1980 cuando más del 25 por ciento de la población salvadoreña trató de salir del país para escapar de la de la guerra civil que duró de 1980 a 1992. En aquellos años más de 75.000 habitantes perdieron su vida o se convirtieron en desaparecidos. El fin de la guerra civil no redujo la presión para emigrar debido a la crisis económica. Se calcula que actualmente unos dos millones de salvadoreños viven en el extranjero de los cuales 1,6 millones, es decir el 26 por ciento de la población nacional, reside en los Estados Unidos cuyas remesas al país superan unos 4 mil millones de dólares al año lo que constituye un 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador.

Los inmigrantes salvadoreños al encontrar alojamiento en los barrios pobres de Los Angeles, Nueva York y otras ciudades norteamericanas sufrieron el maltrato, el abuso y el desprecio de los mexicanos, afroamericanos y estadounidenses blancos. Entonces un grupo de los más aguerridos jóvenes salvadoreños de la calle 13 de Los Angeles, que sobrevivieron la violencia de la guerra civil, de la cual aprendieron que las disputas tanto individuales como colectivas las gana el más fuerte y el más violento, decidieron organizarse formando la Mara 13 o Salvatrucha para poner fin al abuso. Primero, se enfrentaron a la Mara 18 de la calle del mismo número compuesta principalmente por los inmigrantes mexicanos. Después, tuvieron encuentros violentos con las pandillas afroamericanas los “Crips” y los “Bloods”.

La MS-13 empezó a crecer y adquirir la fuerza haciendo actos de violencia como asesinatos por encargo, acciones tipo comando de asaltos, secuestro, robo, extorsiones, venta de armas, contrabando y comercialización de drogas etc., El común denominador de sus miembros ha sido su procedencia de hogares pobres afectados por la violencia intrafamiliar, abandono, maltrato, abuso, la exclusión y marginalización social. La mayoría de los jóvenes, cuya edad oscila entre 12 y 21 años, sin educación, ni oportunidades laborales, excluidos en El Salvador, prácticamente no fueron aceptados por la sociedad norteamericana. Así, instintivamente trataron de juntarse en una pandilla para asegurar su propia sobrevivencia.

Poco a poco, pero siempre usando extrema violencia, la MS-13 logró posesionarse en el mundo delictivo norteamericano y dejó de ser exclusivamente salvadoreña porque aceptaron en sus filas a hondureños, guatemaltecos y posteriormente algunos mexicanos. Los mareros llamados “salvatruchos”, es decir “salvadoreños espabilados” atrajeron la atención de la FBI y la DEA quienes trataron de destruir en vano a la MS-13 cuya estructura para este momento se expandió tanto, que las instituciones represivas norteamericanas se sentían impotentes de poner punto final a esta organización mara. Lo único que les quedó fue deportar a los mareros detenidos a sus países de origen, que en su mayoría eran de El salvador, Honduras, Guatemala y México.

Con estas medidas, las autoridades norteamericanas abrieron posibilidades para la internacionalización de las maras, tanto de la MS-13 como de la M-18. Al ser deportados a sus países de origen donde no existían oportunidades para la reeducación y la inserción de los mareros en la vida productiva del país, no les quedó otra oportunidad que recurrir al crimen y la violencia en sus países de origen o mejor dicho el de sus padres ya que la gran mayoría había nacido en los Estados Unidos. Siguieron allí con sus mismas leyes, costumbres, gestos, señales, el lenguaje y el tatuaje adoptados en Norteamérica y captando a miles de jóvenes, arrojaron su país a las garras del crimen, el secuestro, narcotráfico etc, etc.

Estando la mayoría de sus viejos líderes detenidos y encarcelados tanto en El Salvador como en Honduras, los cabecillas rivales encarcelados de la MS-13 y los de la mara del Barrio-18 en El Salvador hicieron hace un año un pacto de tregua promovido por el obispo castrense Fabio Colindres y Raúl Mijango, exguerrillero del Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí (FMLN). Pidieron a cambio mejoras en sus condiciones en la prisión y un relajamiento de la política de la “mano dura” del gobierno. Aparentemente el gobierno accedió a la petición de los mareros aunque el presidente Mauricio Funes insistiera en sus declaraciones a la prensa que su administración no estaba participando en las negociaciones con los criminales. A pesar de la retórica gubernamental, las condiciones penitenciarias han mejorado para los líderes de la MS-13 y la M-18. Como la consecuencia la violencia se disminuyó pero las extorsiones aumentaron.

Ahora los dirigentes de las ambas maras en Honduras anunciaron el 28 de mayo desde la cárcel de San Pedro Sula una tregua pidiendo perdón a Dios, la sociedad y a las autoridades, implorando una oportunidad para detener tanto derramamiento de sangre. También llamaron a las autoridades a abrir un diálogo para la pacificación del país a cambio de un espacio de rehabilitación y trabajo para sus miembros. Ofrecieron “cero violencia en las calles, cero crímenes como un primer paso”.

Sin embargo, el portavoz de la MS-13, llamado Marcos contestó al ser consultado sobre las extorciones que “no hablemos aún de extorciones, vayamos paso a paso, vayamos paso a paso, primero cero crimen y cero violencia que perjudica a los seres humanos, empecemos a hablar de encontrar la manera de desenvolvernos”. A la vez un representante de la M-Barrio 18 también dio palabra de cero violencia exigiendo que la policía “deje de matarnos” como una condición para el diálogo. También recalcó igual que su colega de la MS-13 que “han sido la falta de ingresos y trabajo lo que nos empujó a llevar esta mala vida”.

Y allí reside el problema. Ambos países carecen actualmente de condiciones para reinsertar a los miles de jóvenes mareros en la sociedad que también es reluctante de hacerlo. En la encuesta del diario La Tribuna del pasado 30 de mayo, el 32 por ciento de participantes declararon que la tregua no beneficiará a nadie, el 29 por ciento opinó que favorecerá a los pandilleros, el 26 por ciento consideraron que beneficiará a todos y el 13 por ciento, a la sociedad.

¿De otro lado, qué oportunidad puede ofrecer El Salvador a miles de jóvenes mareros, aparentemente deseosos de poner fin a la violencia y ser miembros de la sociedad, cuando el 58.6 por ciento de la población vive en la pobreza y de ellos el 27.7 por ciento en la pobreza extrema? En seis de los 14 Departamentos (Cabañas, Ahuchapan, La Unión, Morazán, Chalatenango y San Vicente) dos de cada tres habitantes viven en la pobreza. En el país no hay generación de empleo mientras que la población económicamente activa (PEA) ha subido en los últimos cuatro años en casi 10,000 personas. Hay 600,000 negocios y sólo 161,000 están registrados en el Ministerio de Economía. Más del 50 por ciento de la PEA labora en el sector informal y hay un gran porcentaje de trabajadores en las empresas formales que están empleados como informales.

En Honduras la situación económica después del golpe de Estado en 2009 contra el presidente legítimamente elegido Manuel Zelaya empeoró. El índice de la pobreza aumentó del 59 al 65 por ciento y prácticamente todo el país está en venta. Siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) el gobierno de Porfirio Lobo recortó el gasto público, redujo las prestaciones sociales y devaluó la moneda nacional lempira, lo que generó la disminución de las reservas internacionales a 200 millones de dólares. Hay pocas oportunidades para los jóvenes encontrar un trabajo adecuado. Hay 229 maquiladoras norteamericanas que emplean 139,000 obreros de los cuales 69 por ciento son mujeres jóvenes.

¿Entonces, de qué reinserción de los pandilleros pueden hablar los gobiernos si carecen de recursos e infraestructura? En la época de severa crisis económica el presidente Porfirio Lobo y su homólogo salvadoreño, Mario Funes están soñando con las donaciones extranjeras para solucionar este problema, mientras, los europeos están pidiendo plata a la América Latina y los norteamericanos, tramando nuevas ganancias para sus transnacionales. Lo que se necesita para encontrar el espacio adecuado para cada ser humano es transformar la sociedad, haciendo esta tarea en conjunto y horizontalmente para transformar cada país en lo que el poeta salvadoreño, Pedro Geoffroy Rivas decía: “Patria con esperanza, firme, pura y limpia”.

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“InSight Crime, Otro laboratorio de mentiras” financiado por el Departamento de Estado

ANNCOL

Fueron presentados los dos periodistas Jeremy McDermott y Steven Dudley y su ONG periodística ´InSight Crime´ como “Fuentes fidedignas”.

Pero cada uno puede sacar sus propias conclusiones sobre credibilidad periodística cuando vemos de donde sale el financiamiento de su trabajo, entre ellos el estudio “FARC, la Paz y la posible penalización”. Ha sido divulgado en todos los medios oficiales colombianos últimamente como algo nuevo cuando en realidad son viejos elementos de la inteligencia militar:



“A través de su brazo de investigación ´En el lugar por los hechos´, InSight Crime, CIAL recibió $ 100,000 del Departamento de Estado para llevar a cabo un estudio de profundidad de las organizaciones criminales emergentes en Colombia, conocido por su acrónimo, Bacrim” [1].


Foto: 100.000 dólares les paga generosamente el Departamento de Estado a InSight Crime.

Estas líneas fueron publicadas en el portal de The American University Washington, D.C. bajo el menú de “Funders”, financiadores. Ahí se presentan públicamente los patronos de InSight Crime. Ser financiados por el Departamento de Estado significa de subordinarse a reglas especiales. ¿Todavía hay gente que cree lo contrario?

Ex jefe de The Miami Herald

El 23 de mayo la revista Semana presentó el supuesto estudio sobre el futuro de las FARC por Jeremy McDermott y Steven Dudley. Para ser dos “freelance”, generalmente muy pobres pero entusiastas ante su profesión, McDermott y Dudley ya contaban con oficinas en Washington y Medellín.

Steven Dudley “es el ex jefe de la redacción de The Miami Herald en la Región Andina”, relata el mismo en su portal de Internet [2]. Ha cubierto países víctimas del Departamento de Estado y el Pentágono como Nicaragua, Haití y por supuesto Cuba.

The Miami Herald es, como todos sabemos, la ala anticomunista y defensor de todas las expediciones terroristas contra Cuba, defensor a terroristas internacionales de la CIA como Luis Posada Carriles&Cia.

¿Cualquier periodista puede ser empleado como “jefe de la redacción” en The Miami Herald sin tener los méritos y la confianza política de los dueños?


Foto: Jeremy McDermott y Steven Dudley

Ex oficial del Ejército Británico

¿Y que se dice del colega y socio de “InSight Crime”, McDermott?

Su Hoja de Vida impresiona:

“Mcdermott tiene 15 años de experiencia en la presentación de informes de todo América Latina. Él es un ex oficial del ejército británico, que estuvo en servicio activo en Irlanda del Norte y Bosnia. Al retirarse de los militares se convirtió en corresponsal de guerra, cubriendo los Balcanes, con sede en Bosnia, luego se desplazan a Beirut a trabajar en todo el Oriente Medio, antes de asentarse finalmente en Colombia desde donde viaja extensamente por América Latina. Anteriormente trabajó como corresponsal de la BBC, Colombia, América Latina y corresponsal del Daily Telegraph y el Intelligence Review de Jane, especializada en el tráfico de drogas, el crimen organizado y el conflicto civil colombiano (revista totalmente al servicio de los instigadores de guerra, Nota ANNCOL). Además de trabajar como periodista que ha realizado trabajos de consultoría para las empresas que operan en las partes peligrosas de Colombia y ejecutar su propio negocio. Tiene una maestría de la Universidad de Edimburgo”.

Es decir, es el hombre con una experiencia propia y perfecta para labores de inteligencia militar, sobre todo en países y regiones donde el Imperio Estadounidense ha instigado guerras horrorosas, dividiendo a los pueblos para que se maten entre ellos y ahí entrar para cooptar países y recursos naturales como presas fáciles.

Es, además, el hombre de los empresarios, latifundistas o ganaderos colombianos, según propias palabras.

DAS y sus “reporteros” de la contrainteligencia



Nos hace recordar el jefe de la Inteligencia del DAS, Carlos Alberto Arzayús, cuando, en el juicio sobre el escándalo de “las Chuzadas”, relataba sobre la modalidad y operatividad de sus agentes del DAS-G3:

“Otro ejemplo de los apoyos que se podían brindar era caracterizar a funcionarios (agentes del DAS, nota ANNCOL) como si fueran periodistas. Entonces, van los muchachos con una cámara y con chalecos para hacer operaciones de inteligencia”.

No acusamos al Gringo y el Británico por ser agentes de la CIA, pero presentamos los elementos de sus propios currículos que ellos mismos presentan en su portal para presentar la otra cara de las “fuentes fidedignas” y que carece totalmente la credibilidad para opinar sobre el conflicto social-armado en Colombia y ahí incluimos el análisis sobre si las FARC serán “fragmentadas” o no después un eventual acuerdo de paz.

Con esos antecedentes, InSight Crime publica su estudio y especulaciones justo cuando el Diálogo de Paz en La Habana comienza a materializarse.

Dicen que han estado donde operan los siete Bloques de las FARC que cubre todo el territorio nacional, lo que hace entender que han tenido entrada y contacto con la misma guerrilla, lo cual no es así.



Y es una abismal diferencia de haber hecho reportajes en los campamentos o haber entrevistado guerrilleros o comandantes y haber VISITADO las regiones bajo control o influencia de la guerrilla. Sus fuentes son, como en todos estos casos, la inteligencia militar, el DAS y desertores.

Lo mismo pasa con una cantidad de periodistas colombianos que escriben y analizan mucho sobre la guerrilla pero jamás han estado en un campamento guerrillero durante la guerra. (Compara las declaraciones del reportero francés Romeo Langloís).

La torpeza del Ministerio de Defensa


Foto: Julio 2002. No es una coronela del Ejército Nacional Colombiano sino una foto descargada de una página de pornografía en Internet.

Hace unos diez años, el ejército y Ministerio de Defensa tiraron dos millones de panfletos sobre las selvas y montañas colombianas desde los aviones de guerra. El contenido del panfleto era una foto de una mujer voluptuosa y semidesnuda (vea la foto). Los agentes de la inteligencia militar habían descargado la foto de las páginas pornográficas en Internet.

El hecho fue duramente criticado, no solo por las organizaciones feministas y mujeres dignas, sino por su torpeza e ignorancia sobre la realidad guerrillera. Creían que los varones guerrilleros se desmovilizarían ante la “caída del cielo” de una mujer con poca ropa, sin darse cuenta, además, que las mujeres guerrilleras son bellas e inteligentes y, además, constituyen el 40 por ciento de todos los combatientes de las FARC y ELN.

Radionovela gringa para desmovilización

Hace pocos días, el 30 de mayo, el diario El Espectador [3] y El Tiempo [4] informaban que los organismos de la inteligencia militar estadounidense estaban elaborando unos 20 capítulos de radionovelas, cada uno de 16 minutos, para ser transmitidas en las regiones con influencia guerrillera y así impactar emocionalmente a los guerrilleros para que ellos se desmovilizaran.

Semejante proyecto costaría millones de dólares y “sería manejado por el Equipo de Apoyo Militar para la Información (Mist por su sigla en inglés)” del Ejército estadounidense.



Sobre el conflicto colombiano, Jorge Enrique Botero, periodista y escritor resumió con total claridad en la entrevista que le hiciera Radio Nederland:

“Durante cinco décadas, las FARC han sido totalmente vilipendiadas, deformadas y manipuladas a nivel mediático y ahora consideran que es el momento de poner las cosas en su lugar desde el punto de cómo se cubre el conflicto colombiano”.

Son muchas las formas sofisticadas y menos sofisticadas que se han usado en la guerra psicológica. Ahora tenemos “Otro laboratorio de mentiras”, como titula PCCC, el brazo político de las FARC, su análisis sobre InSight Crime.

ANNCOL reproduce el excelente texto aquí abajo:


* * *

Otro laboratorio de mentiras
Por Partido Comunista Clandestino Colombiano

Ahora hay un nuevo jugador en el despreciable mercado de la calumnia y la distorsión. Se lanza al estrellato la Fundación InSight Crime, que según versión oficial, “hace tres años analiza los fenómenos de delincuencia organizada en América” y tiene sede en Medellín y Washington.

Éste aparato publicó un documento titulado “Las FARC, el proceso de paz y la posible criminalización de la guerrilla”. De nuevo arremete con los globitos del narcotráfico, la criminalización, la incomunicación de los frentes con nuestra dirigencia, la fragmentación y las diferencias por las conversaciones con el gobierno. En particular, dispara con el “estudio de caso” del Bloque Iván Ríos.

En Colombia han hecho carrera ONGs y fundaciones que posan de analistas militares del conflicto social y armado. Son piezas de la cadena de producción en los laboratorios de mentiras y prestadoras de servicios en las operaciones sicológicas de las FFMM. No se dedican al análisis juicioso sobre esta realidad, ni a producir teoría social y política y mucho menos a escribir la otra historia de los acontecimientos. Cumplen un rol similar al de los medios de comunicación de la oligarquía reproduciendo propaganda de Estado.


Foto: “FARC, la Paz y la posible penalización”.

Ahora hay un nuevo jugador en el despreciable mercado de la calumnia y la distorsión. Se lanza al estrellato la Fundación InSight Crime, que según versión oficial, “hace tres años analiza los fenómenos de delincuencia organizada en América” y tiene sede en Medellín y Washington. Éste aparato publicó un documento titulado “Las FARC, el proceso de paz y la posible criminalización de la guerrilla”. De nuevo arremete con los globitos del narcotráfico, la criminalización, la incomunicación de los frentes con nuestra dirigencia, la fragmentación y las diferencias por las conversaciones con el gobierno. En particular, dispara con el “estudio de caso” del Bloque Iván Ríos.

El informe corta y pega discursos emitidos en las campañas diseñadas en las salas de crisis del Ministerio de Defensa y de sus instructores, a saber, el Pentágono gringo, el MI6 inglés y el sionista Mossad. El tecnócrata de la defensa Juan Carlos Pinzón había dicho exactamente lo mismo, en una línea de continuidad desde 1964.

A éste tipo de fundaciones no les pagan por realizar estudios como de manera pretenciosa llaman el documento. Son contratadas para que digan lo que las FFMM necesitan emitir. No hay diferencia con la escena ridícula del helicóptero sobrevolando con megáfonos promoviendo la deserción.

Estos mercenarios de presencia virtual, son utilizados en términos de “voces autorizadas” dado su carácter “civil” y “académico”. Ante la incredibilidad e ilegitimidad de la cual gozan los organismos castrenses y sus centros de inteligencia, los militares recurren a supuestos terceros para que opinen sobre la falsa situación de sus enemigos. En esa tarea, las fundaciones acuden a la parafernalia institucional y se adornan con métodos y técnicas propias de la investigación social.


Foto: En marzo de 2005, periodistas del diario El Heraldo en Honduras fueron invitados por la inteligencia militar colombiana y hospedado en el Club de Oficiales en el norte de Bogotá. Recibieron todo tipo de material para atacar a las FARC. En el
regreso A Tegucigalpa, llenaron 20 páginas de formato tabloide con contenido de las “fuentes fidedignas” sin comprobar absolutamente nada..

En el citado documento se usa y abusa del lenguaje científico, planteando “escenarios” e “hipótesis” que nunca se convertirán en tesis. Utilizan palabras entre líneas cuyo propósito es la propaganda negativa y no el análisis serio.

Escriben con el método Capulina: “quizás, tal vez, de pronto, quién sabe, a lo mejor, al parecer, muchos dicen, algunos piensan”.

Nada preciso por que el fin último es sembrar la cizaña. No tienen prueba de nada y en cambio lo inventan todo. Su verdadero método es hacer el mandado.

Qué decir de las fuentes. Las FFMM les entregan algunos insumos de sus informes de inteligencia tales como nombres, fotos, lugares y hechos que puedan acompañar la calumnia y aparecer con rigor investigativo. Por supuesto no les entregan todo porque la verdad no es publicable.

La Fundación InSight Crime también cita las notas de prensa que a su vez son redactadas por el comandante de turno en el teatro de operaciones.

Dicen que realizaron trabajo de campo durante 5 meses, suficientes para entender esta guerra contra el Pueblo.

A su vez, los medios de la oligarquía citan a InSight Crime como fuente para la producción de “noticias”, que no son más que notas de campaña contrainsurgente acomodadas a su amaño. Es decir, las mismas con los mismos.

En el texto nunca se citan versiones oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sobre los tópicos tratados. Retoma datos de su historia publicados por el mismo ejército de Manuel. Esa historia conocida ampliamente y parte importante de nuestra trayectoria de resistencia en armas. También difundida por los canales de la oralidad pero que además ha ocupado la mente y la pluma de verdaderos científicos y científicas. Qué diferente se ve la realidad del conflicto cuando se asume su indagación con seriedad.

Los objetivos no son diferentes a aquellos fracasados por décadas. Han invertido millones de dólares en la deslegitimación del Ejército del Pueblo sin resultados definitivos. Atacan la moral de la guerrillerada logrando el efecto contrario pues está se encuentra en alza. La militancia conoce de primera mano en qué momento estamos y la paz es uno de esos temas que más generan cohesión. Todos estos cuentos han sido desvirtuados por la realidad. Son hipótesis falseadas por la acción combativa y revolucionaria de las FARC.


Foto: Muchas “posibilidades” o “eventualidades”... “según...” Especulaciones hecho desde el escritorio.

La fragmentación es un escenario en el cual trabajan inútilmente con éste tipo de operaciones sicológicas. No es un escenario pensado con base en el análisis de probabilidades y la prospectiva. Es un objetivo, un deseo sobre el cual trabajan y en eso realizan esfuerzos como la publicación de éste tipo de panfletos.

Tampoco es gratuito que en esta campaña mediática, el documento se acompañe con otras voces autorizadas, sus pares ONGeros. En esta oportunidad, con Latin Intelligense Corporation (asesora del Departamento de Defensa de Estados Unidos).

Menos aun extraña que citen a Alfredo Rangel, director de esa ratonera llamada Seguridad y Democracia; éste personaje ha dedicado sus últimas columnas a despotricar sobre el proceso de paz. Ahora dolido, pues le quitaron algunos contratos en el Ministerio de Defensa sumado al hecho de que se encuentra en campaña electoral: en asocio con John Marulanda, otro analista prepago, adelantan el posicionamiento del candidato narco-general retirado y derrotado Oscar Naranjo.

Todo indica que la pista de aterrizaje de la Fundación InSight Crime en Colombia, fue la Fundación Ideas para la Paz. La FIP, creada por empresarios, es de reconocida trayectoria en el asesoramiento del régimen de terror. Entre otras funciones, hace parte del Comité energético que asesora a las empresas multinacionales en la estrategia de seguridad del saqueo capitalista de nuestros recursos naturales. Es pues, pieza clave en el sector de ONGeros dedicados a servir de caja de resonancia de los militares, y prestarle sus servicios al mejor estilo mercenario.


Foto: La realidad colombiana guerrillera presente desde 49 años.

No deben estar contentas las ONGs criollas y los opinadores prepagos del régimen, pues les salió competencia. Además deben estar atacadas en su ego, ya que éste laboratorio se presenta con “el objetivo de elevar el nivel de investigación y análisis sobre el crimen organizado en América Latina y el Caribe… para ofrecer el panorama más completo y actualizado del crimen organizado en la región”. Ya lo lograron con tres años leyendo prensa y 5 meses de trabajo de campo. Vinieron a darle cátedra de conflicto armado a los locales.

Los combatientes del Bloque Iván Ríos son dignos herederos de Manuel. Batallas de estatura épica se han realizado en ese triángulo de Antioquia, Chocó y Córdova. Es una de las regiones donde la oligarquía ha enviado un número importante de soldados. 10 Brigadas, más de 60 batallones y 6 Fuerzas de Tarea no han podido derrotar a éste Bloque. Para resistir a semejante dispositivo, se requiere compromiso popular, convicción revolucionaria y valor en el combate. Sumados a otro arsenal de valores y capacidades fundadas en las FARC, con las cuales el único escenario posible es la victoria.

¡Hemos Jurado Vencer, y Venceremos!

Notas:
1] Department of State.
http://www.american.edu/clals/funders.cfm
2] About InSight - Organized Crime
http://www.insightcrime.org/the-organization/about-insight-organized-crime
3] El Espectador: Radionovelas: la estrategia del Pentágono para desmovilizar guerrilleros colombianos.
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-425139-radionovelas-estrategia-del-pentagono-desmovilizar-guerrilleros
4] El Tiempo: Radionovelas, la nueva 'arma' para desmovilizar a los guerrilleros
http://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/radionovelas-para-desmovilizar-guerrilleros_12833924-4

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Crónica roja y blanca del Gran Rosario

Carlos del Frade (APE)

-En el Barrio Las Flores cerraron todo a las 13.30 del jueves…Hay mucho miedo…-decía un vecino al describir la situación de uno de los barrios más estigmatizados del sur rosarino desde los saqueos de 1989. Algo parecido sucedía en el barrio San Lorenzo, ex La Granada, el patio trasero del monumental casino de Cristóbal López que no para de ganar dinero de las mayorías que sueñan algo más que empatarle al fin de mes.

Entre la madrugada del domingo 26 y el martes 28 de mayo, cuatro muchachos fueron asesinados, todos menores de 35 años y habitantes de la región fronteriza entre la cuna de la bandera y Villa Gobernador Gálvez.

-Abrieron las puertas del infierno y no saben cómo cerrarla – sostuvo una persona vinculada a Claudio Ariel “El Pájaro” Cantero, líder de la banda conocida como “Los Monos”, surgida entre las urgencias sociales y existenciales de los ya nombrados barrios La Granada y Las Flores, cuando la desocupación hizo estragos y hasta surgió el mote de rosarinos comegatos.

“Los Monos” se convirtieron gracias a diferentes complicidades políticas, policiales y judiciales en el primer grupo narco de la ex ciudad obrera. Un negocio que, según papeles presentados por dos secretarías nacionales, maneja nada menos que dos mil millones de pesos anuales contra un presupuesto municipal de 2.600 millones de pesos pero para atender las necesidades mínimas de un millón de personas. Esa es la monumental dimensión del negocio y el por qué tantas voluntades compradas. El Pájaro tenía solamente 29 años. La venganza no se hizo esperar.

El lunes al mediodía, Diego Demarre, de solamente 32 años, propietario del boliche ubicado en Villa Gobernador Gálvez, “Infinity Night”, donde fue emboscado Cantero, fue fusilado por ser el supuesto entregador. El martes a la tarde, a la salida de la escuela, en un ex barrio obrero, Marcelo Alomar, de 33 años y Nahuel César, de 24, fueron cosidos a balazos por balas ordenadas desde “Los Monos”. Por esas horas ya se hablaba de guerra narco en la “Barcelona Argentina”, donde el año pasado se multiplicó por dos veces y media la tasa de homicidios del país. Después, los días miércoles y jueves, los acusados de ser los matadores de Cantero salieron por las radios a decir que no fueron ellos. El viernes a la tarde, después de veinte allanamientos, el gobierno de la provincia informó que habían detenido a la madre de El Pájaro y a uno de sus hermanos. Estaban prófugos su padre, el creador del clan y el apodado “Guiye”, el principal socio. También cayó un policía infiltrado en la recientemente creada Secretaría de Delitos Peligrosos.

Ese dato, la infiltración de suboficiales y oficiales que trabajan en las llamadas tropas de élite de la provincia, ya figuraba desde el año 2012 en la causa del Triple Crimen de los militantes del Frente Darío Santillán ocurrido el primero de enero. Y uno de los principales imputados de matar a Cantero es Milton Damario, recientemente denunciado como un sicario de parte de la señora Norma Acosta, mujer desesperada que lo señaló luego de que su marido perdiera la vida en un extraño incendio generado en el corazón de la jefatura de policía de Rosario, supuestamente el lugar mejor cuidado de la ciudad. Nadie quiso escuchar ni a los militantes del Frente como tampoco a la mujer. Pero ahora el gobierno necesitaba un golpe fuerte para responder a las críticas surgidas desde la detención del ex titular de La Santafesina SA, Hugo Tognoli, acusado de formar parte de “una empresa criminal” vinculada al narcotráfico.

-Las maestras pactamos con los narcos. Que no toquen a los chicos ni a sus padres. Así estamos – le confesó una docente a este cronista hace algunos días atrás.

Mientras tanto los políticos más representativos de la provincia, del socialismo y del justicialismo, se acusan mutuamente de ser los responsables del narcotráfico desbocado.

En los barrios, por otro lado, la presencia corrupta del estado a través de sus fuerzas de seguridad –nacionales y provinciales- mete más miedo que esperanza.

Es probable que la saga sangrienta y millonaria de los Cantero llegue a su fin. Ya habrá otro probándose el traje.

Lo cierto y seguro es que las dos cuentas siguen aumentando; por un lado, la millonaria que se disfruta lejos de los suburbios y, por otro, la roja de la sangre joven de nuestros pibes, esa que si se sufre en las geografías estragadas de la ciudad archipiélago.

Fuentes: Diarios “La Capital”, “Rosario/12” y “El Ciudadano”, Rosario, desde el lunes 27 de mayo al domingo 3 de junio de 2013. Entrevistas e investigaciones del autor.

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Una década después seguimos trabajando por otro destino

Laura García Vázquez (ACTA)

Una década es un período demasiado largo para definir un rumbo, con esto quiero decir que hace muchos años que el kichnerismo no me genera expectativas favorables y no me estoy refiriendo a mis más profundas convicciones sino a las que el gobierno de Néstor Kichner sí supo despertar.

Los gestos tienen importancia y el inmediato viaje del recién asumido presidente a Entre Ríos a solucionar un conflicto docente contrasta con este 2013 de conflicto docente prolongado y con una década donde la educación no ha tenido la importancia primordial que debería tener en el desarrollo humano de un país, y esto va mucho más allá de los recursos materiales que por supuesto son necesarios.

Si bien me resulta Imposible esquivar el balance natural que impone la década, sigo sin entender mucho esto de ganada o perdida.

El tiempo pasa, surgen oportunidades en nuestra historia, el kichnerismo tuvo una, pero, me pregunto, ¿su propia naturaleza le permitía hacer algo mucho mejor que este país que tenemos?

¿Cómo permitimos, en estos días, que pase desapercibido que la tasa de desocupación subió un punto, pero asumiendo que un punto significan aproximadamente 170.000 personas que han perdido su trabajo?

¿Cómo permitimos que realidades como el pleno empleo o terminar con el trabajo precarizado no sean temas de urgencia permanente?

¿El proyecto no es para todos? ¿La posibilidad de un trabajo digno no es esencial?

No existe la contradicción entre sostener que el gobierno de Néstor Kichner fue el mejor desde 1983 y sostener firmemente que no es esto lo que queremos y que la realidad exige que se construya otra alternativa, realmente para todos y todas.

Los derechos humanos deben tomar otra dimensión, entendiendo que no hay forma real de reparar la desaparición forzada de personas y el daño irreparable que esto ocasiona.

No bastan gestos importantes pero insuficientes. Se podrá entender algún día que no podemos perdonarnos como país que las madres mueran sin hallar los restos de sus hijos?

Por supuesto que este reclamo debe hacerse a todos los gobiernos que tuvimos desde 1983 pero me sigo preguntando, ¿se buscaron los restos y los culpables con todos los recursos posibles y en condiciones de igualdad entre los 30.000 desde el 2003?

Tampoco podemos perdonarnos distorsionar el motivo del genocidio sufrido, las aspiraciones de nuestros desaparecidos nada tienen que ver con la democracia formal y menos que menos con este modelo que si bien ha mejorado números de la economía también ha contribuido a profundizar una enorme desigualdad que abarca todos los campos de la vida social. Basta ver las diferencias entre trabajadores tanto en salario como en condiciones laborales y esto ocurre dentro de un mismo gremio y también dentro del mismo Estado.

La zona de Bahía Blanca, la supuesta nave insignia. Liberación o dependencia no es una consigna pasada de moda

Recientemente visitó nuestra zona Julián Dominguez, titular de la Cámara Baja, asegurando que Bahía Blanca creó un triángulo virtuoso entre sector público, universidades y sector privado que permite generar competencia laboral con capacitación permanente. Es la Argentina que debemos pensar para las próximas generaciones.

Destacó a Bahía Blanca como “la nave insignia de la década que comienza” resaltando el crecimiento del Parque Industrial de Bahía Blanca que hoy “exhibe 139 industrias y llega a ocupar a más de 3.000 trabajadores”. Y afirmó que este es el mensaje que todos los días la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le brinda a los argentinos, a nuestros empresarios, al considerar que “Argentina ha refundado su sistema industrial”.

Primero, pasar a realidad las cifras, las industrias son aproximadamente 80 y los trabajadores 2.500. El total de trabajadores industriales llegaría a 4.000, aproximadamente un 3% de la población económicamente activa. En este momento hay aproximadamente 10.000 desocupados.

Pero hay un detalle mucho más importante que la poca incidencia del empleo industrial en esta zona: la creciente extranjerización de la economía. Esa es la dependencia.

Creer que hemos “refundado nuestro sistema industrial” con la creciente presencia de empresas transnacionales que saquean sin dejar a cambio más que unos pocos puestos de trabajo y mucha contaminación es engañar a la población para que no pueda enfrentar sus propios problemas.

Contrasta la imagen de la extranjerización de las empresas de “la nave insignia” con las necesidades de la población, basta recorrer la zona, mirando en qué condiciones se vive.

Es oportuno recordar el origen corrupto del Polo Petroquímico, el problema no son las coimas repartidas en su momento sino las millonarias ganancias que esa corrupción permitió y que salen diariamente por un puerto cada vez más privado y cada vez más extranjero.

El futuro y los límites a romper

Este proyecto nos está poniendo límites que es imprescindible romper para concretar nuestras aspiraciones, disimulando no la incapacidad sino la voluntad de sostener la realidad cambiando solamente lo necesario para continuar con el rumbo elegido. Se va actuando por necesidad y no por convicción.

Habría muchísimas medidas que podrían tomarse pensando en redistribuir el trabajo, la riqueza, los bienes comunes y los bienes simbólicos democráticamente. Lástima que ese no sea el objetivo.

La realidad permanece ausente en los medios de comunicación. Unos y otros, dos grupos de poder, enfrentados en esta ocasión, están muchísimo más pendientes de su propia puja que de realizar un aporte hacia una sociedad más justa y democrática.

La indispensable renovación así como el cambio en las formas de hacer política constituyen uno de los factores que explican por qué nos encontramos nuevamente con un modelo agotado y con la necesidad imperiosa de trabajar muchísimo en pos de generar una alternativa digna, que pueda reconstruir lazos en una sociedad fragmentada y en la cual la exacerbación de las individualidades y subjetividades ha invisibilizado los derechos colectivos y sociales.

Una sociedad sana, solidaria, justa y con perspectiva humanista debiera proteger a los más débiles y priorizar los derechos relacionados con la vida y la salud de las personas.

La creciente extranjerización de la economía da por tierra cualquier proyecto emancipador, aunque se apele a las causas emancipatorias del pasado, esto no se traduce a lo vivido en esta época, la simbología de los queridos símbolos patrios debería estar acompañada por una soberanía plena y real sobre los bienes naturales y la posibilidad de desarrollar industrias nacionales compatibles con el medio ambiente y el desarrollo humano así como colaborar firmemente para profundizar una América Latina integrada, emancipada y autónoma como creían nuestros mejores antepasados, esos hombres imprescindibles, honestos, patriotas, humanistas y profundamente rebeldes ante las injusticias.

Laura García Vázquez es Secretaria de Organización de la CTA Regional Bahía Blanca-Coronel Dorrego.

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Argentina. Bienes comunes y modelo productivo: Para una crítica de la nueva ley de semillas

ACTA

Se suman voces contra la nueva ley de semillas que el Poder Ejecutivo planea aprobar este año. En ese sentido, las organizaciones sociales dicen que se trata de un intento de privatización de la semilla originaria.

Jimena Romero es parte del movimiento “Millones contra Monsanto”. Este colectivo global, con presencia en los cinco continentes, surgió en Argentina en 2012 y se organiza de forma horizontal, autogestionada y con una posición apartidaría y anticapitalista. El objetivo de “Millones contra Monsanto” es más amplio que la lucha contra la empresa. Ellos se oponen al modelo de vida, de producción y de consumo que significa Monsanto, así como otras grandes transnacionales como son Syngenta, Nidera, Bayer y Dupont/Pioneer.

Respecto a ley de semillas, Romero contó que “el año pasado la Ley estaba modificada, lo había anunciado el Ministro Yahuar, sólo faltaba el trámite de aprobación por parte del Congreso. Sin embargo, la resistencia popular sorprendió a los funcionarios y tuvieron que dar marcha atrás”. Sin embargo este mes el Secretario de Agricultura, Lorenzo Basso, afirmó que antes de fin de año se enviará el proyecto al Congreso, luego de los comicios legislativos de octubre.

Esta nueva ley implica el pago de regalías por parte de los productores a las empresas biotecnológicas por la utilización de las semillas mejoradas y patentadas. También significa la prohibición de reutilizar las semillas que los productores obtienen de sus propias cosechas. De este modo se viola un derecho fundamental de los agricultores de seleccionar, mejorar e intercambiar las semillas libremente, un derecho reconocido en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO).

“Lo que estamos planteando no es el cambio de una coma, sino que acá se habla de entregar nuestro patrimonio identitario de semillas y nuestra soberanía alimentaria. En este contexto no estamos dispuestos a discutir ninguna modificación. No porque nos guste la Ley de la dictadura, sino porque para modificarla necesitamos que los campesinas, los movimientos sociales, los pueblos originarios, etc. estén sentados a la mesa diseñando la nueva norma, porque es claro que hoy los únicos que se sientan a esa mesa son las Multinacionales y unos pocos y millonarios dueños de la tierra”, comentó la referente de Millones Contra Monsanto.

Según denuncia Romero, las empresas biotecnológicas más grandes del mundo son quienes actualmente orientan las decisiones políticas de los países latinoamericanos. "De esta forma la política nacional de semillas queda subordinada a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización impulsada por las empresas transnacionales comercializadoras de semillas y por algunos gobiernos. De esas empresas, Monsanto es la principal ya que controla más del 90 por ciento del mercado de semillas transgénicas", dijo.

Y concluyó: "La agricultura campesina e indígena está siendo reemplazada por los agronegocios y los monocultivos de semillas transgénicas, eliminando la biodiversidad y por lo tanto la capacidad de resistencia de las plantas y de la tierra a los fenómenos del cambio climático".

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Crónica de una tragedia anunciada: ATE se moviliza y pide justicia por el asesinato de Laura Iglesias

Carlos Saglul (ACTA)

“Participamos de la despedida del cuerpo de la compañera y en instantes nos movilizamos no sólo para pedir justicia por la muerte de Laura sino para exigir que se tomen medidas para que este caso no vuelva a repetirse. Estamos ante la crónica de una tragedia anunciada”, dice a ACTA Carlos Díaz, secretario Adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado de Mar del Plata.

-¿Qué se sabe hasta ahora del crimen de Laura?

Laura trabajaba en el Patronato de Liberados. Es un organismo encargado del seguimiento y el tratamiento integral de los liberados, excarcelados, eximidos de prisión. Tienen la responsabilidad de informar sobre la conducta del detenido.

Cuando pasó todo, la compañera se dirigía en su coche particular a visitar a un ex detenido. En ese momento, el auto se le queda en un descampado.

Su cuerpo apareció un poco más adelante oculto por unos arbustos. La autopsia verificó que fue violada y estrangulada. Más allá de horror de la muerte, lo que nos indigna es que una y otra vez pedimos condiciones de seguridad para los compañeros y que dejaran de realizar la tarea en sus coches particulares. No fuimos escuchados.

-¿Se verificaron antecedentes?

Amenazas, atentados. Para que entiendas los riesgos de la profesión te doy un ejemplo de tantos. Una compañera dio un informe desfavorable sobre un ex detenido, que volvió a la cárcel y entonces, en represalia, los familiares atacaron la casa de la trabajadora con bombas molotov

Solicitamos hasta el cansancio a la actual administración que no tengan que salir a trabajar si no es en equipos de por lo menos dos personas. Es la mínima seguridad que se puede contar. Hay 90 delegaciones del Patronato. Necesitaríamos unos mil trabajadores más y por lo menos un vehículo por delegación.

Laura no tendría que haber estado sola en ese lugar.

-¿Qué sabes de Laura?

Venía de militar en ATE-Morón. Fue una de las fundadoras de la delegación. Decía que se había mudado a la costa buscando la tranquilidad. Y encontró la muerte… Queremos que no haya impunidad para el asesino pero tampoco para la ineficiencia de los funcionarios.

-¿Después habrá movilización?

Ahora vamos a marchar para rendir homenaje a la compañera, pero también para intentar que no vuelva a pasar. Están viniendo representaciones de las otras delegaciones del Patronato de Liberados. Con ellos vamos a decidir un plan de lucha para que esto no termine acá.

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Argentina. Gendarmería rescató a 12 personas en Tucumán que eran explotadas

PRIMERA FUENTE

Personal de Gendarmería Nacional rescató en las últimas horas a 12 personas de entre 21 y 32 años que eran explotadas en tareas laborales en Tucumán, al tiempo que secuestró cocaína y armas.

Fuentes de la fuerza informaron que los procedimientos se llevaron a cabo el viernes alrededor de las 18, por una causa relacionada con "trata de personas", tras la autorización del titular del Juzgado Federal número 1 de Tucumán, Raúl Daniel Bejas.

Fue así que se logró efectuar un allanamiento en el inmueble ubicado en localidad tucumana de La Ramada, Departamento de Burruyacu, donde se alojaban las doce personas que eran presuntas victimas del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

En el lugar se identificaron a los propietarios de la vivienda, un hombre de 60 años, una mujer de 47 y el hijo de ella, de 17, todos ellos de nacionalidad argentina.

Asimismo, se logró liberar a las presuntas víctimas, algunas de ellas indocumentadas, once de las cuales eran hombres y la restante mujer, pero todos mayores de edad.

De la requisa efectuada se hallaron además 124 cartuchos calibre 24 milímetros, una balanza, una memoria micro sd (128 mb), un título de automotor y otros papeles automotores, además de un contrato de locación.

Además, se secuestró un envoltorio plástico con sustancia, cuyo ensayo de orientación de estupefaciente arrojó resultado positivo para cocaína por un total de 0,7 gramos.

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Argentina: Esperando a mayo…: La recaudación los primeros cuatro meses del año

Demián Alejandro García Orfanó (CAUCE UBA - La Brecha - ANRED)

Para el Estado Nacional, la recaudación del mes de mayo va a marcar la tendencia de los ingresos fiscales del resto del año. Faltan pocos días para la difusión de ese dato. Mientras tanto, invitamos a repasar los ingresos fiscales de los primeros cuatro meses del año.

La recaudación creció un 28,6% estos primeros cuatro meses del año. Este incremento es similar al del primer cuatrimestre del año pasado, que fue el de mejor desempeño del año (la variación anual total fue del 25,86%, tres puntos por debajo del actual incremento). Es decir, que parecería retomarse el dinamismo del año anterior.

Es llamativo el contraste entre este resultado y el escenario de estancamiento de la actividad económica. Se presentan algunas señales contradictorias. Hay algunos indicadores positivos a partir de la reactivación de la actividad automotriz brasilera (cuya producción se encuentra integrada parcialmente a la local) y otros negativos, con la caída de la construcción local y el aumento del desempleo (que subió 1% en el primer trimestre con respecto al anterior, para ubicarse en 7,9%, según el INDEC). Otras cuestiones que pueden destacarse surgen en el análisis parcial de cada grupo de impuestos. Pero vale la pena realizar una revisión más esmerada de los distintos componentes de la recaudación para poder afirmarlo, teniendo en cuenta la variedad de datos contradictorios sobre la situación económica.



El IVA fue parte fundamental de este aumento, con un crecimiento del 31,2%, alcanzando los $74,203.1 millones.

Sin embargo, el aumento exhibió un mayor dinamismo en el impuesto cobrado a las importaciones de bienes, el llamado IVA DGA. Este incremento va de la mano con el menor porcentaje de incremento del impuesto generado a partir de las ventas al mercado interno (IVA DGI), ya que se deduce en las declaraciones juradas el IVA que ya ha sido pagado en la Aduana.



Es la imagen inversa de lo que sucedió en los primeros cuatro meses del 2012, cuando el IVA DGA llegó a caer un 20% en abril por las trabas de Guillermo Moreno a las importaciones (mientas que el IVA DGI crecía un 41,4%). Esta variación se comprueba con los datos del INDEC: en el último informe sobre Comercio Exterior, se indica que las importaciones crecieron un 11% respecto al mismo período del año anterior.



El mayor incremento es el que corresponde al mes de abril, con un crecimiento de 96%, alcanzando los 7048,6 millones de pesos. Este punto máximo de IVA DGA, que se condice con un crecimiento menor de IVA DGI, probablemente se repita en junio y agosto. Se trata de meses que el año pasado estuvieron signados por importantes bajas en la recaudación del IVA a las importaciones, contando así con bases bajas para realizar la comparación.



Una parte importante del incremento se puede explicar por el incremento de la tasa de devaluación del peso con respecto al dólar (oficial), que desde octubre pasado se ubicó por encima del 10% entre el promedio año a año. Este factor incide en todos los impuestos del comercio exterior.



Los derechos sobre el comercio exterior también acusaron este cambio en la tendencia de las importaciones y el incremento de la tasa de devaluación, con un notorio incremento de los derechos de importación. Este tributo creció un 61,7%, hasta los 6.824,5 millones de pesos.



Sin embargo, por la cantidad de recursos involucrados, es más significativa aún la caída de las exportaciones. Fueron de relevancia las menores ventas de minerales no metalíferos, combustibles derivados del petróleo y biocombustibles (en este caso, por las trabas impuestas por la Unión Europea desde septiembre pasado). El incremento registrado en abril no compensó las menores ventas en los primeros tres meses del año, por lo que los derechos de exportación cayeron un 13,4%, recaudando solamente 18.591,9 millones de pesos.



De regreso al panorama local, el impuesto a los créditos y débitos sobre cuentas corrientes creció un 24,8%, alcanzando los $16.227,2 millones. Como es cobrado por los bancos al realizarse las operaciones (aunque se ingresa el pago a la AFIP en cuatro momentos puntuales en el mes), la cantidad de días hábiles tiene que ser considerada para explicar la variación. En este caso, el período de operaciones gravadas del primer cuatrimestre de 2012 contó con 3 días hábiles más que el 2013. Esta menor cantidad de días contribuyó a suavizar la tendencia, ya que los promedios diarios muestran un crecimiento mayor con respecto al año pasado que el que exhibe la recaudación total.



La recaudación de los diferentes impuestos a los combustibles creció un 21,2%, llegando a $8.512,4 millones. En el año 2012 los aumentos de precios dispuestos para fondear a YPF impulsaron el crecimiento de la recaudación. Este año el crecimiento es más suave, ya que probablemente gran parte del ajuste tarifario esté completo. Sin embargo, la recaudación se va a ver influida en adelante por la menor producción local (por el incendio de la destilería de Ensenada) y las mayores importaciones, que en algunos casos se ven exentas de alguno de los tributos. Por esto mismo, la evolución de cada uno de los componentes tiene algún margen de independencia, ya no aumentan y disminuyen en bloque.



Los aportes y contribuciones a la seguridad social crecieron 33,1%, manteniendo el crecimiento a partir de los aumentos salariales nominales. El crecimiento del desempleo del primer trimestre (7,9%) no se reflejó en estas cifras, en primer lugar por lo leve, y en segundo lugar, porque el alto nivel del empleo no registrado, que no realiza aportes (34,6%), es un blanco fácil para los ajustes ante las complicaciones económicas.

El año pasado la distribución de recursos a los gobiernos provinciales fue uno de los puntos de ajuste y negociación política utilizados por el Gobierno Nacional. Un capítulo de esa pelea se ve reflejado en el impuesto a los bienes personales, que no se destaca por su relevancia en la estructura impositiva. Sin embargo, en abril, con $557,7 millones se incrementó un 66,2% con respecto a abril del 2012. Es el primer mes de la presentación de la declaración jurada de las personas físicas, que continuará en mayo. Este gran crecimiento de la recaudación es consecuencia principalmente de las revaluaciones de los bienes gravados, y de la mayor cobertura ante la desactualización de los patrimonios a partir de los cuales se cobra el impuesto.

Estas revaluaciones no fueron de un mero hecho rutinario administrativo, sino de un intento de los gobiernos subnacionales por hacerse de fondos, actualizando los valores de los inmuebles sobre los que cobra el impuesto inmobiliario. Esto les trajo a los gobernadores conflictos internos, y fue parte de sus pujas con el Gobierno Nacional (que curiosamente, obtiene un incremento en la recaudación por imponer un ajuste a las provincias). En CABA por ejemplo, el Gobierno de Macri inventó una manera de calcular el valor fiscal sin que cuente como el valor fiscal computable para el pago de Bienes Personales. No tuvieron tanta imaginación en Santa Fé, Entre Ríos o Córdoba. Ni en Buenos Aires, que aún se queja de la falta de fondos, le reclama más recursos al Gobierno Nacional y mientras tanto le hace pagar la disputa a sus trabajadores y trabajadoras estatales, con salarios de miseria y en condiciones de extrema precarización.

Para terminar, el impuesto a las Ganancias. La recaudación de este impuesto entre mayo y diciembre significó el 7,82% de los recursos tributarios del año, es decir, tanto como lo recaudado por medio de los derechos de exportación en todo el año. Los primeros meses del año no tienen vencimientos de importancia, porque la principal tanda de declaraciones juradas de sociedades se presenta en mayo. Sin embargo, hasta ahora la recaudación creció un 42,9%. La impulsaron principalmente dos factores.

• Las retenciones de aduana, en línea con el incremento de las importaciones y de la tasa de devaluación, que aumentaron 147% recaudando $3691 millones entre enero y abril.

• Las retenciones a los salarios, que llegaron a recaudar $27.312 millones, es decir un 48% más que los cuatro primeros meses del año anterior. Estas cifras se alcanzaron a pesar de la excepción del cómputo del aguinaldo y el aumento del mínimo no imponible (que mantiene el atraso en su actualización). Es por esto que estos pagos avanzaron en su participación proporcional respecto a los pagos de las empresas





La permanencia de esta presión del Estado por recaudar de los salarios de los trabajadores es lo que motiva la resistencia de distintos sectores de la clase trabajadora a enfrentar la necesidad del Gobierno de hacerse de fondos. En el caso de Moyano, ha partido de captar este descontento para ir elaborando una estrategia electoral con los sectores más regresivos del PJ. Pero no es el único camino, ya que frente a este mismo problema la conducción del SUTNA (sindicato de neumáticos) realizó una convocatoria para organizar la pelea contra este impuesto, en la que se presentó una movilización al Ministerio de Trabajo el pasado 24 de mayo.

Son estrategias diferentes que marcan tanto sombras preocupantes en el futuro como alentadoras perspectivas, que el campo popular debería esforzarse en cuidar, alentar y multiplicar.

A modo de conclusión, podemos sintetizar que en este primer cuatrimestre algunas variables acusaron el estado del modelo y los impactos externos, de la mano de la caída de las exportaciones (cambiando hacia una fuerte alza en abril), recuperando dinamismo los impuestos que se basan en el nivel de actividad y la inflación (IVA y Débitos y Créditos, fundamentalmente), y el sostenimiento de los niveles de crecimiento de la recaudación del sistema de seguridad social.

Pero a pesar de estas dinámicas ya instaladas o externas, lo más relevante de la recaudación de este cuatrimestre vino de la mano de la recomposición de las importaciones, el incremento de la tasa de devaluación, el crecimiento persistente del impuesto al salario en la estructura tributaria, y el incremento de la recaudación del impuesto a los Bienes Personales por las revaluaciones provinciales. Es decir, estuvo signado por decisiones políticas del Gobierno, que no muestra iniciativas para aliviar el peso de la carga sobre la clase trabajadora y trasladarla a los empresarios.

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El oscuro período de la dictadura militar en Brasil

Leovani García Olivarez (PL)

Las revelaciones de la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil muestran escalofriantes testimonios de violaciones, crímenes y desapariciones que certifican la práctica de la tortura como una política de Estado durante la dictadura militar (1964-1985).

Creada para sacar a la luz las vejaciones ocurridas en la etapa dictatorial, la Comisión denunció que la tortura comenzó mucho antes de 1964, y se expandió durante los regímenes de facto hasta convertirse en "la base" de la coerción.

La historiadora Heloísa Starling, miembro de este grupo, destacó que entre 1970 y 1973 se registraron 730 denuncias de maltratos, humillaciones físicas y mentales, y esas acciones eran de conocimiento de toda la cadena de mando, desde el entonces presidente Ernesto Geisel hasta los jefes de las Fuerzas Armadas y de las diferentes ramas castrenses.

En 12 meses de labor, la Comisión recogió 268 testimonios de víctimas y agentes de represión de la dictadura cívico-militar, y escuchó testimonios de 207 testigos y afectados por graves violaciones de derechos humanos, indicó.

Starling dijo que la Universidad Federal de Río de Janeiro y otras instalaciones de estudios superiores de Brasilia albergaron centros de torturas.

La mayor cantidad de transgresiones de este tipo ocurrieron en 1969 y la Marina fue considerada como "uno de los organismos más feroces en la estructura de represión", aseveró al mostrar un documento que confirma la muerte de 11 desaparecidos políticos.

La Armada, según el documento presentado por la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), ocultó datos sobre el destino de desaparecidos políticos solicitados por el entonces mandatario Itamar Franco en 1993.

Durante sus pesquisas la CNV mantuvo contactos con gobiernos, grupos de derechos humanos y movimientos sociales de los países vecinos, como Argentina, Paraguay y Chile, donde las dictaduras colaboraron en el denominado Plan Condor, que tenía como objetivo eliminar a líderes guerrilleros y de organizaciones de izquierda.

La abogada Rosa Cardoso, miembro de este grupo, señaló por su parte que solicitará a la justicia el inicio de procesos penales contra militares acusados de continuos crímenes, entre ellos -dijo- aparece el coronel retirado Carlos Brilhante Ustra.

Acusado de 50 asesinatos y torturas, Ustra fue jefe del Destacamento de Operaciones de Informaciones (DOI-CODI), dependiente del II Cuerpo de Ejército, entre 1970 y 1974, y admitió en días pasados ante la Comisión que siguió órdenes de sus superiores, pues el objetivo era acabar con las organizaciones de izquierda.

Ustra calificó de "terrorista" a la presidenta Dilma Rousseff, quien en su juventud fue presa y torturada durante tres años por actividades contra los regímenes de facto.

Entre otros crímenes, la CNV denunció la desaparición del periodista Mario Alves de Souza Vieira, secuestrado en enero de 1970 por miembros de Operaciones de Defensa Interna de Río de Janeiro.

Los responsables directos de este crimen fueron los agentes Luiz Mário Valle Correia Lima (conocido como teniente Correia Lima), Luiz Timótheo de Lima (inspector Timóteo), Roberto Augusto de Mattos Duque Estrada (capitan Duque Estrada), Dulene Aleixo Garcez dos Reis (teniente Garcez) y Valter da Costa Jacarandá (mayor Jacarandá).

Mario Alves fue capturado el 16 de junio de 1970 y llevado al cuartel de la Policía del Ejército ubicado en Tijuca, Río de Janeiro, donde fue sometido a severas torturas, y después fue visto por otros presos antes de ser sacado de la prisión con rumbo hasta ahora desconocido.

El presidente de la Comisión Estadual de la Verdad de Río de Janeiro, Wadih Damous, señaló que las pesquisas continuarán, pues resulta "necesario demostrar, sobre todo a los jóvenes, que la tortura fue una política Estado".

Entre los testimonios recogidos por esa Comisión figuran el de la historiadora Dulce Pandolf y la cineasta Lucia Murat, con la participación de funcionarios civiles y militares de la época oscura vivida por el país.

Afligida por sus recuerdos, Pandolf rememoró que fue apresada en 1968 cuando era estudiante de Ciencias Sociales en la Universidad Federal de Pernambuco y pertenecía al grupo Acción Libertadora Nacional (ALN), una organización de tendencia de izquierda.

Ella fue detenida el 20 de agosto de 1970 y lo primero que le dijo un militar al llegar al cuartel de la Policía del Ejército fue: "Aquí no existe Dios, ni Patria, ni familia. Sólo nosotros".

Sentí pánico durante las sesiones de tortura y en una ocasión me utilizaron como conejillo de indias en una clase para discípulos de torturadores, declaró al recordar que al final le informaron que la iban a ejecutar. Me levantaron la capucha y con un revolver con una bala jugaron a la ruleta rusa apuntando a mi cabeza, relató.

Pandolf pasó por varias prisiones y fue humillada, golpeada durante un año y cuatros meses, contó.

Murat relató por su parte ante la CNV que estuvo presa durante tres años y medio e intentó en dos ocasiones suicidarse, pues eran tan horribles e inhumanas las torturas a las cuales fue sometida que deseaba morir.

"Sufrí la peor sensación de mi vida, la de no poder morir", aseveró al narrar que recibió choques eléctricos, mientras estaba colgada, le colocaban cucarachas en el cuerpo y hasta en su vagina.

Es muy duro recordar esos horrores cometidos por los agresores, que aún viven debido a la ley de Amnistía de 1979, ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal y que no permite condenar estos crímenes.

Según las pesquisas, el estado con el mayor número de centros de tortura en la década del 60 fue el de Río de Janeiro. Otras instalaciones de este tipo se ubicaron en Bahía, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Río Grande do Sul y Sao Paulo.

Las investigaciones arrojaron también que Brasil albergó un centro de formación de represores de 1972 a 1989 para capacitar a militares latinoamericanos, acusados o condenados por crímenes y violaciones de derechos humanos durante los regímenes de facto.

Creada en 1972 bajo el gobierno del dictador Emilio Garrastazú Médici (1969-1974), la Escuela Nacional de Informaciones (ESNI) era una instalación muy semejante a la Escuela de las Américas, ubicada en Panamá y adoctrinada por Estados Unidos.

Ese centro sirvió para entrenar a agentes y militares de la región en los métodos de torturas y represión.

La abogada Cardoso anunció que la CNV solicitará a la justicia el inicio de procesos penales contra los responsables de crímenes cometidos en este periodo, pues los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.

La Comisión fue creada para hacer una narración de las violaciones de derechos humanos registradas entre 1946 y 1988, período que incluye la dictadura militar, pero no tiene poder para actuar.

Empero, recomendará la condena de los empleados del régimen militar, pues Brasil no puede quedar rezagada en este sentido, ni tener periodos oscuros en su historia.

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Estudiantes ocupan la Casa Central de la Universidad de Chile

PL

La Federación de Estudiantes Chilenos (FECH) confirmó hoy la ocupación de la Casa Central de la Universidad de Chile, como parte de las protestas por la reformulación del sistema educativo del país.

En un comunicado emitido por la FECH se indica que la ocupación, realizada en la madrugada de este lunes, es un acto político de repudio al permanente deterioro y precarización de la Educación Pública en el país.

Esa situación continúa y le es ajena a las autoridades y organismos que tienen la obligación de garantizar el Derecho Humano a la Educación, en condiciones dignas para todos los ciudadanos, indica la organización estudiantil.

También sostiene que comparte las demandas de las mejoras en las enseñanzas técnico-profesional, científica, humanista y comercial.

Por su parte, los ocupantes, aún en el interior del inmueble, aseguraron que acatarán la decisión del pleno de la FECH, programado para horas de la tarde, y en el que se definirán los pasos a seguir en la ocupación de la casa de altos estudios chilena.

Discutiremos "la pertinencia de esta medida de presión y resolveremos los pasos a seguir en general en el proceso de movilizaciones", comentaron.

Las protestas estudiantiles en Chile datan de mayo del 2011 y son la expresión más diáfana en contra del actual sistema educativo que permite una amplia participación del sector privado de cara al insuficiente rol del Estado que solo aporta el 25 por ciento del financiamiento.

El sistema educativo chileno tuvo su origen durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90) a lo largo de la década del 80 y dio paso a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que dejó al Estado como regulador y delegó gran parte de la enseñanza a la iniciativa privada.

Tras la movilización de 2006, conocida como la "Revolución pingüina", la LOCE fue reemplazada en 2009 por la Ley General de Educación, pero sin cambios significativos.

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Madres de hijos asesinados por militares en Colombia exigen justicia

Sylvia Zárate - César Mariño (XINHUA)

Tras cinco años del escándalo de los llamados "falsos positivos" -ejecuciones extrajudiciales de jóvenes a manos de miembros del Ejército colombiano que luego presentaron los cadáveres como "guerrilleros caídos en combate"- sus madres continúan exigiendo justicia.

Representantes del grupo denominado "Las Madres de Soacha" (uno de los municipios más afectados por este fenómeno), recordaron la forma en la que sus hijos fueron engañados y asesinados por efectivos del Ejército para cobrar una bonificación ofrecida por cada guerrillero "neutralizado".

Luz Marina Bernal, madre del primer joven que fue identificado y reconocido como víctima de ejecución extrajudicial y quien lidera el colectivo, explicó el panorama de la lucha que llevan a cabo para denunciar internacionalmente los hechos y lograr que todos los militares involucrados sean judicializados.

"Son 4.716 casos a lo largo y ancho de nuestro país. Esas ejecuciones extrajudiciales venían sucediendo en diferentes regiones con la gente campesina, con la gente afro, con la gente indígena y los jóvenes de bajos recursos, sobre todo en el municipio de Soacha, que reúne a la mayoría de gente desplazada a nivel nacional", recordó Bernal.

El caso de Leonardo Porras Bernal, hijo de Luz Marina Bernal, ha sido quizás el más polémico, pues las investigaciones determinaron que el joven padecía una discapacidad cognitiva que le impediría llevar a cabo la insurgencia de la que fue sindicado por las fuerzas militares, al presentar su cuerpo supuestamente "dado de baja" en combate.

"Fue muy triste ver que mi hijo fuera señalado de ser jefe de una organización narcoterrorista, porque era prácticamente un niño en un cuerpo grande, a pesar de tener 26 años, su mente sólo llegó hasta los nueve; no podía liderar un grupo al margen de la ley", añadió.

Bernal explicó que en el momento del levantamiento del cadáver de su hijo le encontraron un arma 9 milímetros en su mano derecha, lo cual implica una gran inconsistencia, teniendo en cuenta que éste era zurdo debido a una discapacidad en su mano y pierna derecha.

Por esta ejecución, recordó, ya fueron condenados seis militares con penas que oscilan entre los 35 y 55 años de prisión; sin embargo, el mayor sindicado de dirigir la operación delictiva se encuentra evadido de la justicia.

En un segundo caso, que ya fue fallado por la justicia, se ordenó la captura de ocho militares que también fueron condenados a penas de 35 a 55 años de prisión, pero los demás casos siguen en instancias preliminares que, según las madres de Soacha, han sido retrasados por jueces y abogados militares.

Entre los jóvenes ejecutados se encuentra también el hijo de María Doris Tejada, Oscar Alexander. María Doris se acercó al colectivo después de buscar durante ocho meses y no encontrar respuesta por las entidades de investigación acerca de su paradero.

Tejada asegura que el colectivo Madres de Soacha ha sido de vital importancia para seguir luchando hasta que los responsables del homicidio de su hijo sean encarcelados.

"Ha sido una orientación, un apoyo, como un bastón para uno seguir, un ánimo y una fuerza para ir a declarar y seguir adelante, porque mi hijo en este momento está bajo la justicia militar, en la impunidad totalmente", afirmó.

El cuerpo de Oscar Alexander yace en una guarnición militar del norte de Colombia y su madre ha entablado acciones judiciales para que su caso sea trasladado de la justicia militar a la justicia ordinaria, con la finalidad de agilizar la entrega de sus restos.

Lucero Carmona, madre de otra víctima, dijo que el objetivo del colectivo "Madres de Soacha" es dar a conocer internacionalmente los hechos denunciados en 2008 durante el gobierno del entonces presidente Alvaro Uribe (2002-2010) y encontrar apoyo.

En los últimos días, las Madres de Soacha han manifestado su apoyo al proceso de paz que lleva a cabo el gobierno colombiano con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, Cuba.

Han pedido que se les tenga en cuenta en el desarrollo del proceso como representantes de las víctimas del conflicto armado en el país suramericano.

Ellas aseguran que su interés es dar un aporte para que en Colombia se alcance la paz, pero con la condición de que todas las víctimas sean reparadas con la revelación de la verdad de los hechos en que fueron caídos sus familiares.

"Lo que nosotras esperamos es que verdaderamente haya paz en Colombia, y en todo el mundo que se sepa la verdad de todos estos hechos barbáricos que se están cometiendo ante los crímenes de Estado y que haya justicia, verdad y una garantía de no repetición de estos hechos", explicó Carmona.

La activista también manifestó que las familias de los jóvenes asesinados han sido víctimas de permanentes amenazas debido a su labor social, pero aseguró que nada impedirá que continúen con esta lucha que realizan en memoria de sus hijos.

Es el caso de Carmenza Gómez, cuyo hijo menor fue ejecutado extrajudicialmente en 2008 y su hijo mayor ultimado en 2009 por sicarios, luego de recibir amenazas por las investigaciones que realizaba acerca del asesinato de su hermano.

"Seguimos luchando para que se haga justicia, yendo a otras localidades a acompañar más víctimas, y vamos a seguir adelante por todos estos jóvenes muertos, no solamente los jóvenes de Soacha, sino muchas otras víctimas que hay, entonces vamos a seguir adelante", indicó.

La Fiscalía colombiana ha documentado más de 2.000 casos que vinculan a cerca de 1.500 militares, mientras que organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) hablan de más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales de esta naturaleza.

El colectivo Madres de Soacha, conformado por 19 madres, recibió este mes el reconocimiento "Constructores de Paz 2012", que cada año otorga el Instituto Catalán Internacional de la Paz, con una dotación económica de 6.000 euros (7.929 dólares).

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Advierten en Venezuela intención golpista de sectores opositores

PL

Sectores de la oposición venezolana persisten en sus intentos desestabilizadores, con acciones que apuntan a promover un golpe similar al del 11 de abril de 2002, advirtió hoy el periodista José Vicente Rangel.

En su columna El Espejo publicada este lunes en el diario Últimas Noticias, el comunicador alertó que por ahora la situación está a nivel de conspiración, con la intención de desembocar en el golpe, una vez que los dirigentes de la conjura consideren dadas las condiciones para actuar.

Los implicados "son los mismos de ayer", afirmó Rangel al referirse a dirigentes de la derecha como Leopoldo López y Henrique Capriles, este último derrotado en los comicios presidenciales del 14 de abril.

El periodista señaló que "se mueven en el país y en el exterior con un mensaje letal", además de contactar a militares y recurrir "a asesorías publicitarias que trabajan a base de infamias".

Unido a ello, dijo, emplean un discurso "sedicioso, ofensivo contra las instituciones y desconocedor del Estado de derecho".

Además, aquel que difiere de ellos es agraviado, expresó al mencionar que en la mira están instituciones como el Tribunal Supremo, Ministerio Público, Defensoría, Contraloría General, Consejo Nacional Electoral y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Bajo esa coyuntura, Rangel manifestó que ignoran la razón por la cual fracasó precisamente el golpe del 11 de abril, toda vez que subestimaron la capacidad de respuesta del pueblo y de la Fuerza Armada.

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Cada cuatro días muere de hambre un panameño

PL

Cada cuatro días muere un panameño de hambre, según un análisis de defunciones de la última década publicado hoy por la Contraloría General, el cual revela que mil 253 fallecieron por mala alimentación.

Las cifras oficiales corresponden al período 2002-2011 cuyos registros señalan que 52 por ciento de los casos (653) fueron niños menores de cinco años.

El siguiente grupo etario de fallecidos por desnutrición son los adultos, aunque entre ellos los principales afectados son los ancianos de 85 años o más, y en 2011, al menos 22 que superaban esa edad murieron de hambre.

También durante la última década, la falta de alimentos causó la muerte de 69 panameños entre seis y 17 años de edad, según el diario La Prensa el cual aclara que solo incluye los reportes hasta 2011, últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Si embargo, agrega el diario, pese a que siguen falleciendo personas por hambre, los actuales niveles de decesos por desnutrición son muchos menores que los registrados hace una década.

Esta disminución se registró en paralelo al crecimiento económico del país, que pasó de tener un Producto Interno Bruto por persona de tres mil 999 en 2002 a siete mil 498 en 2011.

A pesar del caudal de dinero que continúa entrando al país, el año pasado en todo Panamá nacieron cinco mil 594 niños por debajo del peso de cinco libras con nueve onzas -menos de tres kilogramos- considerado por los especialistas sanitarios como peligroso para la salud.

El gobierno e instituciones privadas sin fines de lucro tienen diversos planes para combatir la desnutrición en el país que incluye desde estipendios monetarios y subsidios hasta reparto de alimentos y comedores comunitarios, entre otros planes.

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Aumentan los casos de muerte materna en República Dominicana

Diony Sanabia (CIMAC)

República Dominicana registró desde comienzos de 2013 hasta hoy 59 muertes maternas, de acuerdo con la organización Colectiva Mujer y Salud que mantiene críticas sobre la actual situación.

Al mismo tiempo, prosiguen las deficiencias en el trato a las embarazadas en los centros sanitarios, denunció la coordinadora de la referida entidad, Sergia Galván.

La cifra supera en 10 casos la cantidad de fallecidas durante el mismo periodo del año anterior.

El presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de este país caribeño, Ruddy Guerrero, precisó el mes pasado que la tasa nacional de mortalidad materna estaba en 102 fallecidas por cada 100 mil nacidos vivos.

Dicho indicador, compilado en hospitales y clínicas privadas, es similar a países de menor desarrollo como Bolivia y El Salvador, comentó el doctor.

Expuso que por cada mil pacientes dominicanas, 28 tienen cáncer de cuello uterino, el 92 por ciento relacionado con el virus del papiloma humano.

Nuestro compromiso con la reducción de la mortalidad materna e infantil también se ha plasmado en acciones concretas, expresó el presidente dominicano, Danilo Medina, el pasado 27 de febrero.

Tenemos la meta de que no muera una madre, ni un solo infante por falta de atención adecuada, recordó el mandatario durante la rendición de cuentas de su gestión ante el Congreso Nacional.

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Estados Unidos: Académicos alertan sobre una contraofensiva reaccionaria en Latinoamérica

PL

Expertos reunidos en Washington coincidieron en alertar sobre la una contraofensiva contra los avances de las fuerzas populares en América Latina y resaltaron el papel de referencia de Cuba en los avances progresistas en la región.

La advertencia fue presentada por académicos de varios países reunidos en la capital estadounidense en el recién concluido XXXI Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés).

En opinión del historiador cubano, Felipe Pérez Cruz, fue relevante la evaluación sobre las relaciones de su país con Estados Unidos, los temas sobre el bloqueo, la actualización del modelo económico y realidades culturales y sociales del proyecto cubano.

En el panorama de debates realizados en LASA, el panel "El socialismo en el actual horizonte americano. Retos al pensamiento estratégico de la Revolución Cubana", se propuso incorporar la dimensión comparativa y el aprendizaje compartido.

Pensadores de Cuba, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos abordaron el tema en un panel coordinado por la doctora Juana Rosales, del Instituto de Filosofía de La Habana y Brian Becker, de la A.N.S.W.E.R. Coalition y presidente del Partido para el Socialismo y la Liberación, de Estados Unidos.

Pérez Cruz, de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, presentó el tema "Cuba, Bolivia, Ecuador y Venezuela: Liberación nacional y socialismo, ¿Qué herencia reivindicamos?" y Rosales "La sociedad y las políticas en curso. Retos al pensamiento estratégico de la Revolución Cubana".

El aymara Jubenal Quispe, del Comité de Desarrollo Campesino, expuso "Bolivia, hacia un Estado Plurinacional" y el profesor de la Universidad Central de Venezuela Benjamín Martínez abordó la trascendencia de las políticas en su país para intelectuales comunitarios indígenas y criollos.

A partir de la pregunta "¿Qué hacemos para consolidar las tendencias progresistas en América Latina y el Caribe?", los estadounidenses Brian Becker y Gloria La Riva, del Comité Nacional por la Liberación de Los Cinco, aportaron su visión sobre las tareas de la izquierda de su país en acompañamiento de las luchas de Latinoamérica y el Caribe.

Becker expuso la ponencia "La unidad del proceso revolucionario en América Latina y su impacto en la incipiente lucha de clases y La Riva abordó la trascendencia de la lucha en Estados Unidos por la liberación de cinco antiterroristas cubanos sometidos injustamente a severas condenas.

El doctor Luis Suárez, del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba, al comentar las ponencias subrayó su preocupación por la que calificó de contraofensiva contrarrevolucionaria en la región, cuyo principal punto de ataque es Venezuela.

Suárez resaltó la necesidad de defender el proceso venezolano, en coincidencia con los participantes en los debates que insistieron en la apreciación sobre el intento estadounidense de recuperar los espacios ganados por las alternativas de emancipación.

Como Los Cinco se conocen en la campaña internacional por su liberación a los cubanos Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, quienes en 1998 fueron apresados en Estados Unidos por alertar a su país de planes violentos fraguados en este territorio.

Tras largos procesos judiciales y una campaña internacional a favor de su excarcelación, solo recientemente pudo retornar a la isla René González, quien para ello debió renunciar a su ciudadanía estadounidense.

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