miércoles, 12 de junio de 2013

Paraguay: Abuso de invisibilidad

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

Las tres hidroeléctricas que tiene este país, con la poderosa Itaipú a la cabeza, son insuficientes para irradiar la luz que se necesitaría para intentar visualizar el futuro inmediato de la nación y sus seis millones de habitantes, a dos meses del cambio de gobierno y a un año del Golpe de Estado que terminó con el mejor ejercicio de administración del Ejecutivo Nacional en los últimos 70 años.

Los mayores obstáculos que se le presentan a todo aquel que busque entender la realidad paraguaya actual, son la falta de transparencia en el accionar de las autoridades públicas y privadas y la compartimentación que ejercen las cúpulas de los aparatos partidarios, desde las cuales apenas se filtra la noticia de que en esos cenáculos se continúa conversando de las elecciones nacionales del pasado 21 de abril y de la negociación por los cargos a ocupar en el “nuevo” congreso y en las diferentes Secretarías de Estado, ratificadas como un gran banco pagador de favores.

La invisibilidad reina y se vuelve codiciable, casi seductora, para quien procure reunir los elementos básicos que permitan esbozar un análisis de la coyuntura presente, en la ilusión de intentar mirar, por las pocas rendijas disponibles, lo porvenir en este país miembro suspendido, por ilegitimidad de su gobierno, del MERCOSUR y la UNASUR, pero que, en aras de remendar el proceso de integración, está gozando de la bienvenida oficialista regional a su Presidente electo Horacio Cartes.

Todo un hecho político y diplomático inusual, que tiene por protagonistas a la media docena de gobernantes demócratas que hay en Suramérica, junto con un advenedizo en estas lides, que llega con laureles de empresario exitoso en la agro-ganadería, en la fabricación de bebidas y tabaco y en el negocio del fútbol profesional, pero con un pesado caudal de acusaciones por narcotraficante, contrabandista de alto vuelo, prestanombre de conocidos capos mafiosos y pieza importante en el lavado de dinero. Todo ello se agrava con sus referencias elogiosas a conocidos tiranos suramericanos.

Desde que fue electo, el hombre se mueve en público con aplomo y la solvencia que presumiblemente le otorgue su acaudalada fortuna, dando la sensación de que su mayor preocupación es reducir el ambiente de sospechas que se ha creado en torno a su figura, a los efectos de poder avanzar en sus planes de administrar el gobierno, gestión que, a pesar de su inmediatez, constituye todo un misterio para la ciudadanía.

Cartes triunfó con viejos y cacofónicos eslóganes, sin jamás exponer un programa-país, y ni siquiera alguna línea gruesa acerca de los graves problemas sociales, y si tiene intención de enfrentarlos para buscar algún alivio a los tres millones de víctimas del monopolio inmoral de la tierra, del desquicio fiscal, de la mediocridad de la enseñanza, del flagelo de la corrupción, de la prostitución institucional, en fin, toda una gama de abyecciones y contradicciones en un país cuyas autoridades ventilan un crecimiento superior al 10 por ciento de crecimiento del PIB, con el cuarto de sus habitantes desnutridos (FAO, CELAC), gran deserción escolar y cárceles desbordadas de inocentes.

Lo poco que se está filtrando de los planes del futuro Presidente, arroja mucha incertidumbre. En política interna, muy apoyado por los medios comerciales de prensa, andaría buscando consensos con las fuerzas adversas mediante la distribución de cargos públicos, sin que aún se filtre ninguna información hacia el pueblo. En el plano internacional también reina gran confusión pues el electo gobernante está desafiado por el compromiso de mantener buenas relaciones con Estados Unidos y, al mismo tiempo, con los gobiernos cuestionadores y adversos al imperio.

Mutismo total con relación a la política que llevará en los temas de la defensa nacional, sometida hasta ahora a los designios de Estados Unidos, a los servicios sociales, los cuales acusan un grave retroceso en comparación con la labor cumplida por el Gobierno de Fernando Lugo, ni tampoco en economía, dormitorio de pasión y recelos que ya hospedó a consejeros del genocida Fondo Monetario Internacional.

Tampoco Cartes es locuaz con relación al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), presentado por la derecha al estilo de un culebrón televisivo, muy a la ligera y aviesamente como movimiento guerrillero, sin que se conozca públicamente fundamentación doctrinaria alguna ni estructura orgánica.

En ese punto, tiene cierta lógica la presunción de que pudo obedecer a un diseño táctico perverso, el asesinato reciente de Luis Lindstron, un ganadero y exIntendente de una población del convulsionado noreste, invadido por las empresas transnacionales del agrotóxico y sus pandillas armadas, quien un par de años atrás había sido secuestrado, en un hecho cuyos detalles aún continúan velados para la ciudadanía, también adjudicado, como ahora, por autoridades y prensa venal al EPP.

Antes de efectuarse una investigación seria, todo el abanico retrógrado se ha volcado en una demencial campaña contra el exPresidente Fernando Lugo, acusándolo de “padre biológico del EPP”, con un lenguaje de hediondo anticomunismo primario, que hasta condena a quienes militan a favor de la reforma agraria, de la preservación del ambiente y de los seres vivos. Lugo fue electo Senador y los sectores más recalcitrantes de los privilegiados del país, buscan impedir su asunción este fin de mes.

Destilando revanchismo y miedo al despertar ciudadano, conocidos personajes de la politiquería nacional, esos sí padres de la descomposición del tejido social paraguayo, destacados operadores durante años en los grandes negociados que han hundido el país, intentan alejar a Cartes del muy discriminado diálogo político que viene haciendo y que lo comenzó precisamente con Lugo, a quien habría propuesto la Presidencia del Congreso, con 125 legisladores, mayoría aplastante colorada, una bancada liberal somisa, y apenas una docena representando a las fuerzas democráticas.

Enajenados en viejas mezquindades personales y de círculos afines, la dirigencia de los dos partidos más viejos del país, el Colorado y el Liberal, contaminando en parte a las expresiones que deberían oponerse a ese anacronismo bicéfalo, están anteponiendo el interés sectario al de la Patria, al de la Nación, al del pueblo y al de la región.

Ese egoísmo, producto de una concepción ideológica bonapartista en los casos menos malos, se agrava con la miopía que los ha contagiado y que algunos aparatos utilizan como pretexto, otros por conveniencia y otros por idiotez, por lo cual ni una sola opinión se difunde desde esos estrechos cenáculos con referencia a los propósitos que animan a Cartes, incluso frente a su silencio ante temas de singular importancia para este país, como es la connivencia del gobierno de facto con las corporaciones transnacionales del agronegocio, la megaminería y la banca privada extranjera.

Otro ejemplo del secretismo es que su guardia personal, por atrás pero por encima de los funcionarios locales, estaría conformada por agentes de los servicios secretos de Israel, el tenebroso Mossad, que ya ha desplegado operadores por varias regiones de Paraguay, según testimonios de pobladores. Versiones de prensa afirman que técnicos israelíes ya desembarcaron en el Ministerio de Educación.

Eso está vinculado al refuerzo que han recibido en el último año pero intensificado tras la victoria de Cartes, los contingentes de Colombia y Estados Unidos que operan en este país desde hace años, con la misión de combatir el narcotráfico y la guerrilla, dos países que acusan tremendos fracasos en ambas áreas, pues en el primero la lucha armada lleva medio siglo, y el segundo es el principal consumidor mundial de drogas.

De ahí la importancia de abocarse de urgencia por ver lo invisible que hay en Cartes y su velado equipo, pues es sabido desde el Golpe de Estado en 1973 en Chile, que Israel colabora con la extrema derecha del continente a través de las agencias de espionaje de Estados Unidos e Inglaterra, y sus ramales en México, Colombia y Centroamérica, del que Honduras ha sido un puntal en la represión de los movimientos sociales y políticos de la zona en las últimas décadas.

Paraguay, por su posición geográfica, equidistante de los países vecinos que desde hace 10 años tienen gobiernos desobedientes de Washington, y a los cuales el imperio persiste en desestabilizar y derrocar, por su riqueza territorial, productora de inmensa cantidad de alimentos para la exportación, y en particular por su rico subsuelo en minerales, se ha convertido en una codiciada pieza en la geo-estrategia que aplica Estados Unidos en el subcontinente, donde ya tiene 76 bases militares instaladas.

En Colombia hay cinco millones de campesinos e indígenas desplazados de sus tierras ancestrales, despojados de todas sus pertenencias y confinados en las zonas más áridas del país, en aplicación del Plan Colombia de aniquilación de los movimientos de resistencia social y de reivindicación de paz y bienestar familiar, para beneficiar a los latifundistas y a los capitalistas usurpadores del patrimonio de ese bello y rico país.

La feroz campaña que los sectores más retrógrados han desatado en Paraguay en las últimas semanas, con amplia apoyatura mediática, explotando al máximo la acusación al EPP, y por añadidura a toda expresión de ideología socialista, por el crimen contra Lindstron, tiene mucha similitud con el proceso colombiano de represión y despojo de los campesinos y pueblos originarios de sus tierras.

En paralelo, camina en Paraguay la victimización de las víctimas de la ocupación ilegal de millones de hectáreas fiscales por empresas sojeras y ganaderas, parapetadas en grupos de mercenarios armados, recordando a los paramilitares que asolan pueblos en México y Colombia y, bajo la engañifa de combatir el narcotráfico y el contrabando, se vuelven milimillonarios con ellos.

Ante la muerte de Lindston, Cartes declaró que su gobierno terminará con ese tipo de hechos, pero ni una sola palabra pronunció sobre el asesinato de más de cien campesinos en poco más de una década, ni sobre las causas que han convertido a miles de labriegos en parias.

El inmenso despliegue de cientos de policías y militares, con la apoyatura presencial de agentes israelíes, norteamericanos y colombianos, ha instalado un clima de zozobra y de miedo en varios departamentos del Paraguay, que propicia el abandono de la zona por muchas familias campesinas, que prefieren vender su tierra al precio de cáscara de huevo, y preservar su vida, lo cual representa un suculento negocio para la inversión de capitales extranjeros y locales que, por razones diversas, compran refugios e impunidades.

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Ollanta Humala y el indulto a Fujimori

Carlos Angulo Rivas (especial para ARGENPRESS.info)

Después de muchos años de seguimiento diario a la política peruana, estoy convencido que ella constituye una comedia inacabada, una farsa montada en busca de autor. La falta de seriedad de los dirigentes políticos ayuda a la actuación teatral circense y no sólo por la fisonomía de personajes histriónicos por naturaleza o bufos grotescos innatos, sino por las declaraciones que emiten sin el mayor sonrojo. Los periodistas, analistas y reporteros de la radio y TV, colaboran en estos espectáculos de entretenimiento, de desinformación y de aturdimiento de los ciudadanos; en consecuencia, son peores que los protagonistas directos, pues ellos se gradúan en crear confusión luego de haber vendido sus conciencias a los propietarios de los medios.

A los políticos peruanos no les preocupa los problemas nacionales reales, tampoco los remedios urgentes para solucionar la pobreza insultante, el hambre, la falta de educación, salud, trabajo y servicios indispensables; a estos nuestros orondos personajes les interesa sólo la competencia electoral para asaltar al estado y enriquecerse de manera grosera e impune. En esta dirección, adelantan campañas electorales viciosas entre las mismas figuras corruptas e inmorales como si no existiera la posibilidad de un renacer nacional y patriótico con liderazgos mucho más decentes. Se trata entonces de presentar a los mismos políticos fracasados y corruptos a fin que los ciudadanos vuelvan a escoger, entre todos los impresentables, al “mal menor” o sea a un presidente por descarte y no uno por convicción.

Alan García inició su campaña electoral por adelantado cuando todavía ni siquiera se han cumplido dos años del gobierno de Ollanta Humala. La prematura disposición a ser candidato para un tercer mandato presidencial, nadie duda, busca el objetivo de liberarse de los crímenes en su haber y de los millonarios desfalcos al estado cometidos durante dos períodos presidenciales; de tal forma este conocido bandolero político pretende convertir en políticas las acusaciones de corrupción que pesan sobre él y sus cómplices; pretende convertir en ataques gubernamentales a su candidatura las acusaciones con las pruebas de sus delitos. Sin embargo, no las tiene fácil por cuanto la Megacomisión Investigadora del Congreso continúa descubriendo actos delincuenciales de gran magnitud, muy propios del ego colosal de Alan García que, a sí mismo, se considera intocable. A tanto llega el cinismo de este sujeto que mediante un comunicado de su partido, APRA, convertido en una banda de hampones de alto calibre, pidió oficialmente “indulto humanitario” para el reo Alberto Fujimori; un indulto que, por supuesto, no dio él cuando era presidente de la república, prefiriendo liberar más bien por el mecanismo de las “gracias presidenciales” a 3,200 narcotraficantes de los cuales 400 eran jefes de los carteles de la mafia.

Felizmente, el sainete político del indulto por razones “humanitarias” al reo japonés Alberto Fujimori ha terminado con la resolución del presidente Ollanta Humala de no otorgarlo. La verdad, es digno saludar esta determinación de Humala frente a un indulto traído de los cabellos, el mismo que mantuvo al país más de ocho meses con la majadería insana de la distracción. No sabemos si por cálculo político u otros motivos Ollanta Humala no cortó por lo sano desde un comienzo, y permitió crear falsas expectativas en los extremistas de la derecha y los fujimoristas frente a una posible liberación de un delincuente sentenciado a 25 años de prisión. Por principios jurídicos internacionales suscritos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Penal Internacional, el perdón, la amnistía o el indulto a un sentenciado por delitos de lesa humanidad no procede en ninguna circunstancia, ni por vejez, ni por enfermedad terminal ni por ningún otro subterfugio de burlar la justicia. El carácter humanitario se puede aplicar sin necesidad de liberar al reo; ya que si éste está enfermo de gravedad se le atiende en los hospitales o las clínicas siempre en calidad de preso sentenciado. Los criminales nazis fueron atendidos hospitalariamente pero murieron en la cárcel o en un centro médico siempre en la condición de reos; y recientemente el ex dictador Rafael Videla falleció en su prisión.

Por consiguiente, las reacciones de la japonesa Keiko Fujimori y de su hermanito el congresista pervertido Kenji, no tienen asidero legal alguno. Esta risible mujer, ex candidata presidencial, no sabe lo que dice cuando afirma: “que emplearán mecanismos legales y constitucionales para lograr la libertad de Alberto Fujimori” y peor cuando dice: “Me llama la atención que se haya demorado ocho meses en evaluar la situación de mi padre, y en menos de tres horas el presidente anuncie su decisión, ello nos indica que nunca hubo voluntad política para darle indulto.” Precisamente, Ollanta Humala no podía burlar la ley ni asumir una decisión administrativa “política” eludiendo la responsabilidad de respetar la sentencia judicial. Reducir todo el proceso judicial seguido a una simple decisión política, como seguro sí lo hubiese hecho ella, si para desgracia del Perú ocupara el cargo de Humala, consagraría una inadmisible impunidad. La sucesión de propagar maniobras psicosociales, teatros montados, ademanes dramáticos lamentables, mediante un moribundo artificial con la figura del malvado ex dictador y ratero contumaz, que acompañó la masiva campaña de la Derecha Bruta y Achorada a favor del indulto “humanitario” a Alberto Fujimori perturbó la paciencia de los ciudadanos honrados.

De todas maneras, la determinación de Ollanta Humala, aunque tardía para muchos, coloca el punto final al exaltado trajín de la gran mafia nacional, de políticos y periodistas, cuya obscena representación, incluido el cardenal Cipriani, quería la libertad de uno de sus líderes congénitos, sin importarle el país y la decencia. La japonesa Keiko Fujimori no tiene noción de dignidad ni de respeto al estado de derecho, a ella le interesa únicamente su interés propio y familiar; y enrrostra a los peruanos con insolencia: “mi padre saldrá en libertad y no a la tumba como Humala y su señora desean” y el hermanito pervertido Kenji con igual desfachatez declara: “Ollanta Humala le dio un golpe letal a mi padre.” Como se observa, ambos descendientes del japonés Alberto Fujimori están convencidos de que el Perú es una chacra, y ellos los propietarios de la hacienda al concebir que la libertad del ex dictador por “indulto” o cualquier vía es una obligación no asumida por Humala. Ese planteamiento nace de una percepción equivocada desde el comienzo, ya que el indulto por crímenes de lesa humanidad no procede en ningún caso; y porque por último un indulto no es un derecho sino una solicitud de “gracia presidencial” partiendo de una condición de humildad, reconocimiento y arrepentimiento, acerca de los crímenes cometidos. De otra forma el estado peruano estaría reconociendo la existencia del derecho a asesinar a sus ciudadanos y el derecho a robar en los gobiernos, ambos delitos básicos por los que ha sido sentenciado Alberto Fujimori. En el primer caso el reo no quiere pedir perdón por las ejecuciones extrajudiciales y en el segundo no quiere devolver el dinero sustraído al estado.

El gobierno de Ollanta Humala o de cualquier otro mandatario no puede entrar a discutir o analizar los hechos por los cuales el ex dictador Alberto Fujimori fue juzgado, eso ya lo resolvió el Poder Judicial al terminar el proceso con la sentencia refrendada por la Corte Suprema. El Poder Ejecutivo no puede corregir una situación que está totalmente acabada según la Constitución y el ordenamiento legal.

Carlos Angulo Rivas es poeta y escritor peruano.

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A 10 años de gobierno kirchnerista entrevistamos a Claudio Katz, economista de izquierda: ¿Tuvimos una década ganada o desaprovechada?

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)
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Mario Hernandez (MH): Hemos presentado la I Asamblea de los Movimientos Sociales hacia el ALBA “Hugo Chávez Frías” y ahora vamos a conversar con uno de sus participantes, Claudio Katz de Economistas de Izquierda (EDI). ¿Qué nos podés comentar, vos que estuviste presente, de esta asamblea?

Claudio Katz (CK): Fue una reunión muy importante, hubo 200 delegados, decenas de movimientos sociales, 22 países representados, se hizo en la escuela “Florestán Fernández” del Movimiento Sin Tierra de Brasil (MST) y todos convocados por la afinidad con el proyecto de integración del ALBA, de unidad latinoamericana, basado en la solidaridad y la cooperación, opuesto a los TLCs y diferenciado del Mercosur.
La novedad esta vez no fue una discusión técnica sobre iniciativas del ALBA como, por ejemplo, la moneda común, el sucre, sino un análisis de cómo avanzar por abajo en la integración de los movimientos sociales con una agenda propia. Fue una reunión muy fructífera porque se contrastaron experiencias nacionales, los mismos debates que hay aquí sobre el extractivismo se desarrollan en otros países y vamos aprendiendo de las distintas experiencias superando la mirada puramente local.
Hubo fuertes reflexiones sobre los gobiernos denominados progresistas, que en algunos casos profundizan inesperadamente lo imaginado y en otros defraudan las esperanzas que se habían depositado en ellos.

En esta asamblea hubo una clara comprensión que la lucha social tiene que proyectarse en el plano político

Creo que hay una nueva generación de militantes que se ha forjado en estas prácticas y exhibe un nivel de conciencia y politización muy superior a otros foros. Ya nadie hace el contraste entre movimientos sociales y partidos políticos, hay una clara comprensión que la lucha social tiene que proyectarse al plano político y además hay una convicción de que la batalla es contra el capitalismo, no solo contra el neo-liberalismo y, por eso, el retorno de la problemática por el socialismo estuvo presente.
Además se discutieron campañas, cómo avanzar en el plano económico, en el plano de la soberanía de los recursos naturales, conquistar la soberanía financiera, alimentaria y priorizar la batalla por Malvinas, la salida al mar de Bolivia, la exigencia que se vayan las tropas de Haití como una campaña continental. Te diría que el 2013 estará muy centrado en dos problemas: el proceso de paz en Colombia para que culmine positivamente y las elecciones en Honduras, donde hay que garantizar comicios libres porque hay posibilidades bastante interesantes para una coalición progresista. Esta vez se discutió no solo hacer declaraciones, hay muchas ideas de participar con brigadas, una actitud mucho más militante. Por lo tanto, fue una reunión muy motivante, bastante dominada por el impacto emotivo y el recuerdo de Chávez que es un poco la referencia de todos los presentes y la centralidad del ámbito brindado por el MST que no solo aportó instalaciones sino experiencia, una cultura, una mística de cómo construir procesos de movimientos sociales en América Latina.

MH: Te había convocado hace un par de semanas pero no pudimos concretar la entrevista porque precisamente estabas participando de este encuentro. La idea era dialogar acerca de estos 10 años de kirchnerismo que se cumplieron el pasado 25 de mayo en una Plaza de Mayo multitudinaria en la que no me gustó la foto del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, escoltando a Cristina. Creo que lo debería haber mandado al “corralito”. La idea sería trabajar sobre un balance de los 10 años en los cuales el crecimiento anual promedio de nuestro país fue de un 7.2%, el doble de Brasil y 50% por encima de Colombia y Venezuela. Otro dato: es el único país sudamericano que tiene un stock de deuda inferior a 2003, 30% más baja. Se ha reducido el desempleo, ha disminuido el empleo en negro, entre 2001 y 2010 la cantidad de ocupados paso de casi 11 millones a 18.5. El empleo no registrado, que era del 50% en 2003, se ha reducido al 34.6%. Son cifras positivas. ¿Cuál es tu opinión?

CK: Creo que estamos en un debate económico dominado por la pregunta de si tuvimos una década ganada o desaprovechada. La respuesta hay que encararla desde una mirada social, quién ganó y quién perdió en la década. Ahí diferenciaría tres sectores. Para los grupos concentrados indudablemente fue una década favorable, con beneficios récords, especialmente las multinacionales que giraron al exterior más utilidades que en toda la década anterior o para los grandes propietarios de tierras que valorizaron como nunca sus activos o el sector financiero con balances muy florecientes.
En cambio, para los asalariados y el grueso de la clase media fue una década de recuperación moderada a los niveles previos al colapso del 2001. En general, el salario formal acompañó la inflación, corriendo por atrás.
Hay un tercer sector que sería la población más sumergida que soportó una década de continuados sufrimientos, con un trabajo en negro que se ha reducido un poco pero sin modificar su peso. No hay que olvidar que la AUH solo alivia una situación de pobreza extrema y las brechas sociales continúan, basta mirar, por ejemplo, los niveles de desigualdad que se perciben en ámbitos como la salud o la educación. En el balance de la época diferenciaría estos tres sectores.
Hay otra forma de encarar el tema, que es la más común para los economistas, que suelen plantear que la época hay que dividirla porque en realidad tenemos un período 2003-7 de alto crecimiento, baja inflación y creación de empleo y ahí influyó el “viento de cola”, la recuperación de la rentabilidad y el impulso oficial al consumo.
Después hubo un segundo período, 2008-10 donde hubo menos crecimiento, empezó la inflación y poca generación de empleo. Ahí hubo una política defensiva del gobierno para sostener el consumo, por ejemplo, la nacionalización de las AFJP.
El tercer período de 2010 hasta acá donde ya tenemos alta inflación, bajo crecimiento y nula creación de empleo, con medidas oficiales que siguen buscando sostener la demanda, por ejemplo, el control de cambios, la pesificación, con emisión monetaria, pero ya en un escenario mucho más complicado.

Este modelo no modifica los pilares de una economía dependiente

Te diría que en todos los períodos ha operado el mismo modelo que es neo-desarrollista pero enfrentando desequilibrios cada vez mayores porque no modifica los pilares de una economía dependiente de la agro-exportación, con desigualdad social, de frágil industrialización.
Hay también otras tres formas de encarar el balance. Los neo-liberales suelen decir que tenemos la década desaprovechada porque Argentina ha perdido una oportunidad, que hay mucho intervencionismo. Como ya se les pasó la moda de elogiar a España o Italia y la privatización no está tan en boga, ahora elogian a Chile o Perú, ocultando que allí hay un ingreso perverso de capitalismo especulativo y alta primarización de la economía. Es un balance tramposo, como siempre, que busca disfrazar la ambición de volver al ajuste.
Luego está el balance oficialista que oscila porque por momentos es el de una década ganada, de un imaginario de felicidad colectiva que son un poco los índices del Indec. Todo magnífico, baja inflación, pero que se divorcia de los problemas reales que tiene la economía. En otros momentos gira de esta mirada tan ingenua a una especie de pragmatismo sin explicaciones, o sea, antes era maravillosa la presencia de Repsol y luego fue correcto nacionalizarla, antes era acertado el libre ingreso y salida de capitales y ahora está bien el control, antes había que ponerle un traje a rayas a los evasores y ahora hay que facilitarles el blanqueo del dinero en negro. Está este pragmatismo que suele tender a un amoldamiento a presiones de no avanzar en un proyecto transformador.
Afortunadamente, existe una tercera posición, una postura progresista, de izquierda, de los que nos oponemos frontalmente a la derecha pero remarcando todas estas contradicciones de un gobierno que interviene tarde, mal y, en general, favoreciendo más a los grupos concentrados que a los sectores populares.

Hay una clase dominante en Argentina que está acostumbrada a tener altos beneficios, invirtiendo poco

MH: Mencionaste la Asignación Universal por Hijo (AUH) que ofrece una cobertura a 3.500.000 chicos hasta los 17 años, un 28% del total de menores de edad, yo agregaría la población de jubilados y pensionados de 65 años y más que creció de un 70% a 93% entre 2001-10.
Leyendo una entrevista que le hicieron a Beatriz Sarlo sostenía que estos dos eran los más claros ejemplos de clientelismo ya que el Frente para la Victoria (FPV) tenía por un lado un núcleo setentista al que le sumaba otro de tránsfugas.

CK: Hay una especie de mareo en estas evaluaciones de gente que en algún momento fue progresista y ahora se han sumado a la campaña neo-liberal contra el gobierno y presentan conquistas sociales y populares como dádivas populistas del estado. Se han desconectado tanto de los movimientos sociales que no pueden diferenciar cuándo hay un derecho conquistado de una manipulación por arriba.
Prácticamente, miran el mundo al revés, están enceguecidos, por ejemplo, cuando dicen que estamos próximos a los inicios de 1933 con el hitlerismo. Hay niveles que han perdido cualquier grado de contacto con la realidad. Básicamente, uno tiene que refutar este tipo de argumentos sin sentido como los percibe la mayoría de la población, como argumentos dictados por las necesidades de los medios hegemónicos y no como parte de un proyecto popular. Junto con la crítica que tiene que ser muy contundente a estas posturas, tampoco tenemos que ocultarnos los reales problemas económicos que tiene el modelo, disfrazándolos o suponiendo que son insignificantes.
Hay por lo menos tres problemas inmediatos que son bastante serios: la inflación, el tipo de cambio y el déficit fiscal que está creciendo a un ritmo bastante peligroso, además pasa el tiempo y no se corrigen.
La inflación viene avanzando y los grandes grupos económicos siguen remarcando precios, te diría que con tolerancia oficial, con una negociación de controles de precios que son completamente inoperantes.
Un tipo de devaluación de la moneda que está desajustando todo el equilibrio macroeconómico y un déficit fiscal que crece y si sigue así va a empujar al gobierno a volver al endeudamiento externo que vos correctamente señalaste que está en niveles muy bajos.
Lo que no se ve son caminos de soluciones progresistas. Te doy la más evidente, la más discutida, la más incuestionable, la reforma tributaria. En lugar de una reforma progresista lo que hay son impuestos al trabajo, que tributa como ganancia, mientras que la reforma impositiva tan discutida y conocida a la renta financiera, al juego, a la actividad minero-extractiva, reimplantando los aportes patronales, de todo eso no se habla, en cambio, sí se ha instaurado un blanqueo que es, como mínimo, inadmisible, en la mejor designación. No olvidemos que a este tipo de blanqueo se lo aplica con los argumentos más típicos del neo-liberalismo.
Creo que el problema de fondo es que hay una clase dominante en Argentina que está acostumbrada a tener altos beneficios, invirtiendo poco. Esto no pasa en la última década sino históricamente y esta clase dominante, que está acostumbrada a ganar mucha plata, con subsidios del estado y sin inversión, cuando el modelo ya no le brinda esa tasa de rentabilidad recurre a la fuga de capitales, a la remarcación de precios y a la presión devaluatoria. Esto es lo que estamos viendo en este momento en Argentina.
Frente a esto un gobierno que negocia, maniobra, busca soluciones de corto plazo, pero creando una situación bastante problemática y sin abordar los problemas estructurales de una economía que tiene un sistema ferroviario, como mínimo, vergonzoso, que ha nacionalizado parcialmente YPF, pero cuyo futuro es una incógnita. YPF comenzó a retomar la exploración con recursos propios pero está todo en veremos, nadie sabe si se indemnizará o no a Repsol, hay una apuesta al shale-oil que en EE. UU. mismo genera grandes cuestionamientos, no sabemos si la negociación con Chevron culminará con la libre disponibilidad del crudo, el giro de utilidades y el aumento de precio que piden las grandes empresas.
Seguimos con un problema estructural en agro donde hubo inicialmente un intento transformador importante por parte del gobierno con el aumento de las retenciones, pero después del 2008 se abandonó y se terminó avalando la ampliación de la frontera de la soja destruyendo la ganadería, anulando cultivos alternativos y no poniendo nunca en la agenda la prioridad de nacionalizar el comercio exterior. Son temas estructurales sin resolver.

MH: Quiero retomar el tema de la soja porque en 2008 vivimos un conflicto muy importante, recuerdo a Néstor Kirchner hablando que el campo era la oligarquía, haciendo mención a su participación en los comandos civiles del ’55, pero ese país sojero el kirchnerismo lo ayudó a construir. Digo esto porque ha sido uno de los elementos centrales que ha posibilitado el éxito de nuestro comercio exterior, que había venido mostrando un superávit importante por lo menos hasta el año pasado.

CK: Acá el gran problema es que estamos construyendo un perfil agro-exportador básico, que primeriza la economía y como decís muy bien, es una construcción que viene desde hace rato con grandes grupos, especialmente los pool de siembra muy asociados al gobierno, al kirchnerismo, partícipes, no hay que olvidar el discurso presidencial de principios de año donde se convocó a reforzar el modelo agropecuario actual. El problema es que se trata de un modelo extractivista, que amplía la frontera sojera, destruyendo al pequeño productor rural, al campesino del nordeste, del Mocase, no al pequeño productor sojero que en realidad es un contratista capitalista.
Este tipo de proyecto sofoca cualquier posibilidad de construir un país integrado, con una industria primaria mínimamente sólida y constante, porque los recursos que están concentrados en la agro-exportación son los que necesitamos hoy para reconstruir una industria que asegure la ampliación del empleo, el desarrollo de la productividad y la construcción de un modelo productivo con mayor igualdad.
Lo que está ocurriendo con la industria contrasta con lo que sucede con la agro-exportación. Una industria más extranjerizada, más dependiente de insumos importados, más controlada por empresas transnacionales que no transfieren ningún desarrollo tecnológico y, paralelamente a la soja, una expansión de la actividad minera que es totalmente injustificable para el caso argentino. Argentina no necesita recurrir a la minería para contar con un excedente en su comercio exterior.
Todos los problemas estructurales del transporte, de la energía, del agro, de las finanzas que no se transforman, salen a flote en cualquier situación crítica, por ejemplo, para tomar un caso reciente, en las inundaciones. Aparece un tema crítico y ahí se ve que el país no está invirtiendo en dónde debería hacerlo, por eso tuvimos un colapso, acompañado por urbanizaciones capitalistas completamente alocadas, con el mercado fijando las reglas y ausencia del Estado en la regulación del suelo, con los pobres empujados hacia las orillas.
Estos son los grandes problemas de Argentina que requieren una respuesta progresista, de izquierda, un modelo de otro tipo.

MH: Te voy a traer a la coyuntura. Se ha venido informando sobre hechos de corrupción que se conocían desde hace varios años basta leer, por ejemplo, Hablen con Julio, uno de los tantos libros que han salido a lo largo de estos años sobre el tema. Sin embargo, actualmente se ha instalado fuertemente en la opinión pública, intensificando un clima adverso al gobierno que por otro lado no tiene grandes candidatos para el 2015, salvo la imagen de Cristina como garantía de gobernabilidad frente a una oposición sin grandes rivales.

No miremos solo la corrupción de los socios del gobierno sino también la de los críticos

CK: El tema de la corrupción es estructural, pero que aparece cada vez que una oposición necesita confrontar con un gobierno y no tiene un proyecto alternativo. Me hace acordar mucho a la época de la Alianza, al final del menemismo, cuando su única bandera era vamos a erradicar la corrupción menemista y una vez que lo hagamos, con ese dinero, levantaremos la Argentina. Ganaron las elecciones, asumió De la Rúa y el país explotó en 2001.
La corrupción tiene que ver con los negocios capitalistas y éstos con el sistema social, es un flagelo que corta transversalmente a todos los gobiernos, a todas las administraciones provinciales y sobre el cual cada uno va haciendo demagogia sobre lo que le conviene en el momento, por ejemplo, ahora estamos todo el día con el caso Báez, una y otra vez, que es uno de los tantos, porque también podríamos mencionar a otros de los socios del gobierno como Eurnekian, Eskenazi o Cristóbal López, pero no miremos solo la corrupción de los socios sino también la de los críticos del gobierno.
Hay un informe de la banca Morgan, el famoso informe de Arbizu, con un listado de los 500 principales clientes del Banco Morgan que sacaron del país U$S 400 millones entre 2006 y 2008. Ahí vamos a ver a muchos grupos mediáticos y económicos que ahora están en plena campaña contra el gobierno.
Hay que mirar todo el panorama. Nosotros tenemos una fuga de capital, por lo tanto un delito, de dinero no declarado.

MH: El segundo país en el mundo, detrás de Rusia.

CK: Hay como mínimo U$S 140.000 millones en el exterior, pero de los cuales, entre 70 y 80.000 se fugaron en este decenio. Eso es lo más llamativo, no importa si el período es de vacas gordas o flacas, en una etapa de gran crecimiento o no, hay una costumbre estructural de la clase dominante, de proteger sus fondos fuera del país y esta fuga de capital se hace, obviamente, con la complicidad de los grupos oficiales que deberían controlarlos. Tenemos corrupción ahora como la tuvimos con la Banelco.

MH: Y cuando sacaban las valijas llenas de dólares por Ezeiza en el 2001.

CK: los que levantan tanto la voz indignados que miren hacia aquellos años cómo ponderaban al gobierno de la Banelco.

MH: Patricia Bulrrich fue Ministra de Trabajo en el gobierno de De la Rúa, entre otros cargos, para mencionar solo un caso.

CK: Te invito a hacer una biografía de los que están más enfadados con el caso Báez y vas a ver que todos votaron por la Alianza.

MH: Tengo la sensación, aunque creo que va a ser la primera vez que lo voy a decir al aire, que el progresismo argentino es de derecha.

CK: Yo diferenciaría un progresismo puramente demagógico de otro genuino. Te doy un caso. Una persona como Binner que considera que el fascista Capriles merece su admiración o, por lo menos, su solidaridad, ahí no hay un gramo de progresismo. Es imposible. Pero sí ubico en el campo progresista a todos los sectores que se distancian tanto del gobierno como de la centro-izquierda anti K, que toman una actitud digna y levantan la voz.

MH: ¿A quién rescatás?

CK: A la actitud que ha tenido Claudio Lozano frente a la decisión de Pino Solanas de asociarse a una candidatura vergonzosa con la Sra. Carrió.

MH: Prácticamente es el único, porque fijate que todo el “progresismo” de Binner, Libres del Sur, el GEN, todos, se han corrido hacia la derecha.

CK: Precisamente por esa razón, cuando se producen distanciamientos hay que subrayarlos.
No hay que tener una mirada sectaria.

MH: No hay que meter a todos los gatos en la misma bolsa.

CK: Exacto, porque me parece que las miradas que no ven cuando se producen distanciamientos, cuando se levanta la voz, y lo mismo digo cuando sectores de Carta Abierta se enfadaron con Cristina cuando en el aniversario del 24 de marzo, en Plaza de Mayo, hizo un contraste entre banderas rojas y celestes y blancas, o cuando critican la veneración que existe con el Papa, como el caso de Verbitski. Es ponderable, no tenemos que tener una mirada cerrada sino ver cuando se produce una erosión en el discurso oficial o en el opositor de derecha y subrayarlo para avanzar en la construcción de una verdadera alternativa popular.

MH: ¿Te quedó algo por decir?

CK: No, creo que hemos dado vueltas por el mundo y sus alrededores.

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El mes de las ganancias (especialmente para el sistema financiero)

Rocío Dellavalle - Demián Alejandro García Orfanó (COB LA BRECHA - ANRED)

Los ingresos a las arcas estatales del quinto mes del año contienen una serie de particularidades abordadas en este artículo.

La recaudación de impuestos de cada año tiene su punto más alto en los meses de mayo y junio. Esto se debe que son meses en los que el Impuesto a las Ganancias tiene sus principales vencimientos, y repercute en la evolución de los recursos fiscales el resto del año.


Fuente: Elaboración propia en base a información AFIP y Ministerio de Economía

La recaudación del mes de mayo llegó a los $77.754,7 millones, es decir, un 27,4% más que el mismo mes del año pasado. Si bien la variación anual no fue especialmente llamativa (la recaudación tiende a crecer por la inflación), este mes amerita un análisis más minucioso, de modo que podamos obtener herramientas para analizar la coyuntura.

Una de las razones principales de su particularidad radica en ser el mes en que la mayoría de las empresas y las personas físicas presentan Declaraciones Juradas por las ganancias obtenidas en el año anterior, y por las variaciones en su patrimonio.


Fuente: Elaboración propia en base a información AFIP y Ministerio de Economía

La variación de la recaudación del impuesto a las ganancias en mayo con respecto al 2012 fue de 41,8% ($21.101,7 millones), aunque sólo el 56% corresponde a los pagos de las sociedades y las personas físicas. El resto de la recaudación corresponde a distintos regímenes de percepción y retenciones (dentro de los cuales el principal es el impuesto al salario).

¿Qué nos dice este impuesto?

El impuesto a las ganancias es un impuesto anual, que tiene por base las ganancias obtenidas en el ejercicio comercial de las empresas y personas físicas (autónomos) a lo largo de doce meses. Para la mayoría de las empresas su ejercicio comercial comienza en enero y termina en diciembre. Cinco meses después (o sea en mayo) presentan la declaración jurada de las ganancias obtenidas, y pagan el 35% de éstas (previo restarles los anticipos ya pagados y otras deducciones menores).

Por eso, aún sin tener las declaraciones juradas a la vista, la recaudación de mayo nos muestra una aproximación a la variación de las ganancias de la mayoría de las empresas durante el 2012.

Lamentablemente, no contamos con información precisa actualizada para saber qué parte corresponde a las ganancias de las sociedades y cuál a las de las personas físicas. En total promedian un aumento del 26% con respecto al año anterior, es decir $11.817 millones.

La información de años anteriores que publica la AFIP (con bastante retraso), da cuenta de que los pagos de las personas físicas son solo aproximadamente el 15% de lo recaudado por este régimen. Es decir, que el grueso del impuesto se recauda en base a las ganancias de las sociedades.

Ganancias de las sociedades

Lo que este mes sí ha informado la AFIP es el dato directo de la variación del Impuesto Determinado (ID). En el caso de las sociedades, equivale, como ya se dijo, al 35% de las ganancias de cada empresa. La variación del ID, según señala casi “al pasar” el archivo sintético publicado por la AFIP, fue de sólo el 20,6% anual en el agregado. Pero esta variación es realmente dispar según la empresa y la rama de la economía. Puntualmente, una porción muy importante de los beneficios corresponde al sistema financiero (privado y público) que, según los datos del Informe sobre Bancos del BCRA, obtuvo ganancias por $29.276,3 millones en el 2012, es decir, un 37,76% más que el año anterior. Esto implica que para el resto de los capitales, el incremento de su masa de ganancia debe haber estado bastante por debajo del 20% por una cuestión matemática: si se mantiene para el año 2012 la proporción de las ganancias del sistema financiero sobre el total –según el anuario 2011 de la AFIP el 11,9%- el resto de las ganancias debería crecer en promedio sólo 18%.

A pesar de que este resultado implica que una gran porción de las empresas del sector no financiero tuvieron pérdidas en términos reales (es decir, ganaron pero por debajo de la inflación), las repercusiones sobre el empleo apenas están asomando. Recién hubo un atisbo de las consecuencias de esta situación con el preocupante aumento en la tasa de desempleo en el primer trimestre de este año (7,9%, contra 7,1% registrado en igual periodo del 2012).

Ganancias de las personas físicas

Para las ganancias de las personas físicas el régimen es distinto, ya que no se trata de una única alícuota que grava las ganancias, sino una estructura progresiva de gravamen. Esta cuenta con mínimos no imponibles y deducciones, desactualizados ante la creciente inflación, al igual que la escala de las alícuotas. Por esto, el paso del tiempo va aumentando la alícuota promedio y van quedando incluidos un mayor número de aportantes. Por esta razón no es anómalo que el crecimiento del ID sea mayor al de las sociedades (28,1%).

Este crecimiento en las Declaraciones Juradas impacta en los pagos del resto del año ya que los anticipos que se pagarán mes a mes hasta marzo del 2014 se incrementarán en un porcentaje similar.

Impuesto al trabajo

En cambio, las retenciones de ganancias siguen creciendo en su participación en la recaudación, alcanzando los $8.229,7 millones, un 62,6% más que el año anterior. El principal concepto, las retenciones al trabajo personal, sentirá a partir de los próximos meses el efecto de la firma de acuerdos salariales que involucran a más de dos millones de trabajadores registrados. Este incremento retoma la senda de altos porcentajes de variación tras un abril donde el crecimiento fue notoriamente menor, a consecuencia del escueto aumento en el mínimo no imponible y las otras deducciones.

Impuesto a los Bienes Personales

Otra declaración jurada que se presenta en el mes de mayo es la de Bienes Personales. Este mes se completa el ingreso de los saldos de las declaraciones juradas, que al igual que en Ganancias de las Personas Físicas, también corresponden al período devengado entre enero y diciembre del 2012. El crecimiento con respecto al mismo mes del año pasado fue del 36%, con $2.785,7 millones de pesos. La tasa fue marcadamente menor a la del mes anterior, en que sólo ingresaba una parte minoritaria de las declaraciones juradas. Sin embargo, la tasa de crecimiento es alta, ya que sumando los dos meses promedia 40,4%. Irónicamente, el incremento se debe a las revaluaciones fiscales efectuadas en varias provincias para escaparle al ajuste del Estado Nacional.


Fuente: Elaboración propia en base a información AFIP y Ministerio de Economía

Dos pequeños impuestos que aportan información interesante

El impuesto a la ganancia mínima presunta, implementado por Cavallo durante el gobierno de De La Rua, grava los activos de las empresas, y de alguna manera es el opuesto complementario del impuesto a las ganancias. Sólo se paga cuando los importes de las ganancias son muy bajos o nulos. El aumento de la declaración jurada de las empresas con cierre diciembre (un esquema similar al del impuesto a las ganancias), es un indicador de la existencia de empresas con pérdidas o bajos niveles de ganancias. El importe recaudado es bajo, apenas son $240,2 millones, pero representa un 82,4% más que lo recaudado en mayo del año 2012, a tono con la caracterización que se desprendía del análisis del impuesto a las ganancias: desaceleración económica y franjas de empresas con ganancias bajas o incluso pérdidas.

Otro tributo pequeño pero llamativo es el impuesto a las transferencias de inmuebles.


Fuente: Elaboración propia en base a información AFIP y Ministerio de Economía

Después de crecer 43,9% en el año 2011, en 2012 comenzó desacelerando su crecimiento y terminó con una caída del 7%, acumulando este año una baja en la recaudación del 12,6%. Lo relevante de este impuesto no es su peso en la recaudación sino que señala la situación del mercado inmobiliario, declinante a raíz de las dificultades a la obtención de dólares, moneda habitualmente usada para las transacciones de estos bienes que, al igual que los verdes billetes, también son utilizados como reserva de valor. Es una incógnita si efectivamente la propuesta de los CEDIN (Certificado de Depósito Inmobiliario) va a funcionar para reactivar las compraventas de inmuebles y con ella la construcción (además de lavar millones de dólares).

Impuesto al Valor Agregado

Al igual que en el resto de los meses del año en curso, el IVA cobrado a las Importaciones (IVA DGA) acusó el efecto de la tendencia a la normalización de las importaciones y el incremento de la tasa de devaluación, aumentando un 46,3%, hasta los $6.847,2 millones. El IVA cobrado a las operaciones del mercado interno (IVA DGI) aumentó 24,3%, hasta los $13.826,7 millones. El incremento en las importaciones opera sobre el IVA recaudado por las ventas al mercado interno, ya que lo cobrado al importar no será cobrado luego nuevamente. Por eso, para intentar visualizar la situación del consumo a través de la recaudación del IVA, hay que volver a la consideración sobre la variación de IVA DGI e IVA DGA sumados, que este mes mostraron una alta tasa de crecimiento, llegando a los $20.673,8 millones, un incremento del 30,9%.

Hasta ahora, en la estructura impositiva no hay ningún atisbo de cuestionamiento a este impuesto fuertemente regresivo. Este gravamen sigue siendo un pilar de la recaudación sobre la base de aplicarse sobre los bienes y servicios que todos consumimos: es una manera de cobrarle un impuesto al salario que incluye hasta a los trabajadores informales.


Fuente: Elaboración propia en base a información AFIP y Ministerio de Economía

Impuestos al comercio exterior

El comercio exterior trae malas noticias para el Gobierno Nacional. Los derechos de exportación cayeron un 6,4% a $5.399,8 millones, alejando la idea de que el incremento de abril (25,4%) era parte de un quiebre de la tendencia decreciente. Los derechos de importación, de la mano de lo señalado sobre la dinámica de las importaciones y el tipo de cambio, mantienen su alto crecimiento interanual (65,1%), al llegar a los $1.935 millones.


Fuente: Elaboración propia en base a información AFIP y Ministerio de Economía




El incremento de la recaudación del impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes fue de 31%, alcanzando los $4.802,6 millones. Sin embargo, el crecimiento del promedio diario que le da origen a la recaudación tuvo un incremento de sólo 24,8%. La diferencia se debe a que la recaudación total se origina por períodos que cuentan con diferente cantidad de días, contando este mes con un día más que mayo del año pasado.

Impuesto a los débitos y créditos



Fuente: Elaboración propia en base a información AFIP y Ministerio de Economía

Los impuestos sobre los combustibles muestran datos contradictorios. Globalmente revelan un incremento del 23,2% con respecto a mayo del 2012 ($2.305,5 millones), pero la situación en cada impuesto es diferente. El impuesto que grava las ventas de naftas creció un 33,1% (hasta los $1.054,7 millones), el que grava al GNC y otros combustibles (gas oil, diesel oil y kerosene), cayó 30,5%, mientras que el llamado impuesto al gas oil creció 64%. De todas maneras, este incremento no alcanzó a compensar la caída del otro tributo. Esta variación difícilmente se explique por cambios en los precios o las cantidades de los combustibles vendidos ya que deberían haberse visto reflejadas en los demás impuestos que gravan el mismo hecho imponible. Lo más probable es que se trate de una postergación de pagos o su realización en forma cruzada con otros impuestos.


Fuente: Elaboración propia en base a información AFIP y Ministerio de Economía

Tanto los aportes como las contribuciones a la seguridad social mantuvieron un nivel que en el año acumula una variación cercana al 35%. En el primer caso, los aportes alcanzaron los $7.403,2 millones, y las contribuciones los $10.639,9 millones.

Algunas reflexiones

Este repaso por los diferentes impuestos nos muestra que la política tributaria del Gobierno no sufre cambios relevantes por la toma de decisiones activa, sino que se va modificando por la dinámica de los distintos componentes de la recaudación. Eso no implica la ausencia de una política, sino su consentimiento y validación, lo cuál es en sí mismo una política.

El caso más paradigmático es la desactualización de los mínimos no imponibles, deducciones y escalas que gravan a los salarios. Este tributo ganó en importancia relativa por esta decisión “por omisión”, de la mano con los incrementos salariales anuales.

Los pagos de ganancias de las sociedades muestran una situación de menor crecimiento, aunque están compensadas por las altas tasas de beneficios que muestra el sector financiero, tanto público como privado. El escenario para la clase trabajadora es ciertamente preocupante. Para el Gobierno el aumento nominal de los saldos de las declaraciones juradas de este mes le otorgan cierta previsibilidad sobre un porcentaje importante de los ingresos del resto del año (el año pasado los montos ganancias de las sociedades cobrados entre mayo y diciembre fueron superiores a la recaudación de bienes personales y débitos y créditos sumados, de todo el año).

Otro punto donde la política tributaria refleja pasivamente el devenir de la coyuntura es en los impuestos al comercio exterior. La caída de las exportaciones es un punto muy sensible para el Gobierno, ya que estos impuestos o no se coparticipan, o lo hacen sólo en una pequeña porción. Por ende, esta caída le afecta especialmente al Gobierno Nacional y a las provincias no les incide directamente. Esto hace más pareja la situación de crisis fiscal, para provincias (en crisis desde hace tiempo) y la Nación. Al mismo tiempo, les otorga más aire a los opositores provinciales que verán que la desgracia del Gobierno Nacional en términos de recursos no les impactará por medio de menores recursos por la vía de la coparticipación.

De todos modos, no será extraño que el Gobierno intente señalar que se incrementa la recaudación de impuestos progresivos (Bienes Personales y Ganancias), metiendo en la misma bolsa ingresos de la clase trabajadora y ganancias empresariales. Buscará sacar provecho de las variaciones generadas por la coyuntura y su propia inacción en términos tributarios, presentando como una política tributaria “progresista” la falta de una política que avance sobre las ganancias y patrimonios empresariales (en lugar de permitirles blanquear actividades ilícitas), se apropie de mayores rentas del comercio exterior, y deje de gravar los salarios de los trabajadores directamente y a través de los impuestos a los bienes y servicios que consumimos.

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La resistencia qom y las campañas que se vienen

Silvana Melo (APE)

Los 14 niños wichis muertos de desnutrición en Salta en 2011. La docena de qompi asesinados por bala estatal y “accidentes de tránsito” en Formosa y Chaco. Los centenares de muertos de hambre, chagas y tuberculosis en el Impenetrable, en La Primavera, en Río Bermejito. Las persecuciones, casas incendiadas, golpes, camionetas que atropellan y huyen, López, Mario y Roberto, la bebé Lila Coyipé y su madre, los Díaz atacados por patotas de sicarios del poder económico sojero y del poder político formoseño, el aislamiento a los resistentes, a quienes no se les permite tierra ni semilla, quienes pagan y pagarán caro esa insolencia libertaria, ese rostro de resignación atávica que abre boca y surcos para reclamar el tramo de tierra que pisa y que pisó 521 años atrás. Pero ahora es igual. Vienen por el oro y la tierra, como en aquel sangriento crepúsculo de su historia.



Mientras los medios oficialistas rescatan a un ignoto y desconocido Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, la fiscal de Estado de Formosa declara como verdad revelada que los episodios de violencia bajo los que murieron decenas de aborígenes (ab-origine, estuvieron allí desde el origen) qom "estuvieron mediatizados". No discute la represión, sino el rebote mediático. Reservado a algunas líneas o segundos en los grandes medios opositores exclusivamente para desacreditar al gobierno nacional y sus aliados y no por preocupación genuina. Una oportuna campaña publicitaria de cámaras de empresarios o determinadas multinacionales suele terminar con ese tipo de coberturas en cinco minutos. Por su parte, los medios formoseños, en su mayoría alineados con el Gobernador, suelen hablar de borracheras contumaces y tránsito enloquecido cuando jóvenes qom son molidos a palos o mueren aplastados por una Ranger en un desértico camino de tierra.

La resistencia de Félix Díaz, elegido nuevamente líder por su pueblo, tiene la mansedumbre firme que brota de los fondos de la historia. Nunca levanta la voz pero pone el cuerpo. Ese rostro de impavidez inconquistable desquicia a los oficialismos. Ese hombre frágil, líder de un pueblo diezmado por el hambre, las enfermedades y la represión, irrita a los gobernantes.

Entonces comienzan, incipientes todavía, las campañas. Agrupaciones del núcleo duro del kirchnerismo, que llevan nombres de desaparecidos ilustres, se juntan a debatir “qué pasa con los qom” y sus paneles están compuestos por Fernández (INAI) y funcionarios formoseños. Aseguran que la tragedia originaria “está siendo manipulada por la oposición política, la oposición ideológica y la oposición mediática al Proyecto Nacional y Popular”. En las redes sociales ya circulan fotografías que vinculan a Félix Díaz con dirigentes políticos opositores. O lo acusan de arrendar tierras a empresarios sojeros. Cristina asegura que los qom “están politizados”. Y todo se reduce a una pelea partidaria y ocasional. Tan barata como las explicaciones de Jorge Capitanich: “Tengo un amor entrañable con las comunidades originarias”. Quince días después de la violenta represión contra las comunidades que reclamaban que no les cambien el modo de distribución de los alimentos. Y de la muerte de Florentín Díaz, cuando escapaba de la balacera con su hijo.

El reclamo y la resistencia de los qom (y no quom como suelen llamarlos los grandes comunicadores que sólo se acercan a su tragedia para esmerilar al Gobierno pero no conocen siquiera su denominación correcta) es profundamente político. Como fue política la decisión de Néstor y Cristina Kirchner de impulsar los juicios a los genocidas. Como fue política la estratégica ubicación de Gildo Insfran y Jorge Capitanich detrás de la Presidenta en el acto del 25 de Mayo. Y, para compensar, la estéril discusión sobre Colón, cuando Bennetton y Turner todavía están en condiciones de quedarse con miles de hectáreas más en la Patagonia y despojar a los mapuches de sus tierras, de sus cahuiles y sus chacayales.

Mientras Gildo Insfrán construye el hombre nuevo formoseño (“La síntesis del hombre nuevo formoseño está en el pensamiento y la acción de afirmar el crecimiento espiritual y cultural, el sentido de pertenencia y el orgullo de nuestro Ser es un compromiso de todos por hacer valorar la decisión de ser Formoseños”. www.formosa.gob.ar) controla la paz y la violencia, la vida y la muerte y prohíbe a los ejecutores del Plan ProHuerta entregar semillas a La Primavera. Pero no puede con la fragilidad tristona de Félix Díaz.

Gildo Insfran renovó por un 75,17% la gobernación de Formosa en 2011 camino a los 20 años de gobierno. Cristina Fernández, ese mismo día, fue votada por el 78,16% de los formoseños. Gildo es un aliado clave al que no hay que fastidiar oyéndole a los enemigos, gran parte de ellos indocumentados, que traen problemas con las multinacionales y el empresariado al que le interesa el país, dispuestos a holgar de hambre en la 9 de Julio, lejos del tapir y el palo santo.

Por eso no son atendidos ni lo serán. Por Gildo, por Capitanich, por Gerardo Zamora. Por Urtubey, que soporta los “hábitos culturales” de los wichis que se resisten a ser clientes del estado.

En Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén sobrevive al 65 % de las comunidades aborígenes del país. El programa de relevamiento determinado por ley (26.160-Emergencia Territorial, vigente hasta noviembre de 2013) sólo se cumplió en un 4,11%. Pero se gastó el 76% del dinero presupuestado. Seguramente prescribirá, sin decisión política de continuarlo. Los intereses de los terratenientes y empresarios de la soja son tan fuertes como la pauta publicitaria de la Cámara Minera. Para quienes el silencio es saludable.

“Si no hubieran venido todavía estaríamos aquí con las plumas”, dijo Susana Giménez, sabia vocera de la Opinión Pública. Mientras Félix Díaz se acomoda la vincha parado, solo, frente a la lupa feroz del poder.

Y Colón sigue sin saber qué tierra pisó ni qué mar será su destino.

Fuente imagen: APE

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Argentina. Inundaciones en La Plata: “Tarde o temprano la naturaleza nos dará otra lección”

Inés Hayes (ACTA)

Cuáles fueron las causas que provocaron que en abril la ciudad de las diagonales se conviertiera en un inmenso río que se llevó la vida de decenas de personas. Vecinos, amigos, conocidos, todos relatan la pesadilla vivida. Historias de héroes anónimos, de gente arrastrada por la corriente, de cómo se perdieron bajo el agua recuerdos, historias y bienes personales. No sin dolor, en entrevista con el periódico de la CTA, el abogado platense Fernando Monticelli desnuda la desidia estatal y la voracidad del sistema inmobiliario.

-Fernando, vos venís estudiando las características del Arroyo El Gato desde hace años, ¿qué resultados arrojó la investigación?

Todos sabemos de las graves consecuencias. Las vimos al circular los días subsiguientes por las zonas más afectadas, eran imágenes propias de una post guerra: rostros angustiados, gente desesperada, víctimas y más víctimas sin distinción de clases. Nos preguntamos qué sucedió y advertimos entonces que el problema del principal sistema hidráulico de nuestra ciudad Capital planeada estratégicamente por Benoit, no es nuevo. Ya veníamos denunciando desde nuestro estudio jurídico desde el año 2006 el problema existente en el Arroyo del Gato (ver por Google “Contaminación Cero” programa Número 11). Innumerables expedientes administrativos a nivel Nación, Provincia y Municipio, con pedido de pronto despacho, fueron presentados frente a la preocupante desidia del Estado en el mantenimiento de la cuenca del Gato. Si bien los reclamos estaban relacionados a la falta de control por parte del Estado en lo referente a los focos de contaminación del curso de agua y las consecuencias para la salud de la población, éstos estaban vinculados también a la falta de mantenimiento y canalización que hubieran beneficiado el escurrimiento de las aguas hacia el Río de la Plata.

-¿Cuáles son las características del arroyo?

Este curso de agua atraviesa a La Plata y pasa por Ensenada. Se trata de una cuenca de 48 km2 y aproximadamente 30 km de largo. Pasa por sectores urbanos y periurbanos y sobre sus márgenes se asientan aproximadamente 70.000 habitantes. Es la principal vía de desagote pluvial de nuestra ciudad. Sus afluentes nacen en el mismo centro del casco urbano (por ejemplo, debajo de la calle 11 y la calle 19). Como todos los arroyos de la pampa ondulada, desaguan desde el oeste hacia el este, en este caso hacia el Río de La Plata y desemboca en el Rio Santiago (Ensenada).

Desde hace unos años somos fieles testigos de la degradación de este arroyo. La actividad del hombre produce una importante contaminación que se detecta a lo largo de su curso, con descarga de efluentes líquidos de muchas industrias químicas, petroquímicas, metalúrgicas y papeleras. A estos se le suman los desechos cloacales sin tratamiento, lixiviados del CEMSE, residuos hortícolas y demás desechos urbanos (basurales). Estudios científicos recientes detectaron valores anormalmente altos de contaminación con abundante presencia de metales contaminantes y cancerígenos como el cadmio, cromo, zinc, hierro, manganeso, cobre, mercurio, niquel, etc, que llevan a considerar al arroyo del Gato como nuestro riachuelo.

-Esto demuestra la desidia del Estado.

Claro, para colmo de males, nadie controla las márgenes de la cuenca. Sobre ellas y sin respetar el camino de sirga, en zonas “inundables” y “anegadizas” se han instalado muchísimas familias que habitan en forma muy precaria, con serio riesgo para su salud y la vida misma. La reubicación digna de estas familias es una cuestión prioritaria.

Es realmente alarmante la situación de este curso de agua. Más aun si consideramos que desemboca en el Rio de La Plata, a 1.200 metros de donde se encuentra la toma de agua de donde se extrae el líquido (supuestamente incoloro, insípido e inoloro) que sale por nuestras canillas (agua corriente de nuestra ciudad). Muchos estudiosos entienden que no existe proceso de filtrado que purifique agua tan contaminada.

El Estado no sólo no controla sino que contamina. Lo hace a través de la planta de tratamiento de residuos cloacales de Ringuelet (atrás del Mercado de Frutas) que no funciona y elimina los desechos directamente al arroyo del Gato. A través de los hospitales de Romero y Cárcel de Olmos con sus cloacas al mismo curso de agua. A través del CEMSE con sus lixiviados.

-¿Y sus denuncias nunca fueron escuchadas?

Si bien no fue la causa excluyente de la catástrofe, esto que venimos denunciando se vincula seriamente con ella. Un arroyo sin mantenimiento, sin limpieza de sus márgenes, con basura domiciliaria, con residuos clocales sin tratamiento, con gente viviendo en condiciones deplorables sobre sus márgenes complicará el rápido escurrimiento de las aguas.

Seguramente a ello habrá de sumarse la atípica cantidad de agua caída, la impermeabilización de la tierra en una ciudad de cemento, el fin de semana largo y la acumulación de hojas del otoño y basura domiciliaria; la virtual represa que se genera en el entubamiento del arroyo a la altura del Distribuidor y de la Autopista, la falta de canalización del curso y su salida directa al Río de La Plata.

En fin, una combinación de causas naturales, cada vez más previsibles debido al comprobado cambio climático, con la desidia del Estado. Es hora de que se respeten nuestros derechos constitucionales, de que exijamos a las autoridades el cumplimiento de éstos. Es hora también de empezar por las bases, educando, generando conciencia de la importancia del cuidado de nuestros recursos naturales, porque tarde o temprano, la naturaleza nos dará otra lección.

Artículo publicado en el Periódico de la CTA Número 94 correspondiente al mes de mayo de 2013.

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Sin noticias del joven cordobés Facundo Rivera desde hace 16 meses

Irina Santesteban (LA ARENA)

La desaparición forzada de personas caracterizó al terrorismo de Estado que asoló nuestro país durante la dictadura militar. Sin embargo, en casos puntuales, esa práctica aberrante no fue desterrada totalmente con la democracia.

Hay casos de diferentes características, pero que señalan a las desapariciones de personas como una práctica que tres décadas de democracia no han logrado erradicar por parte de las fuerzas de seguridad o de las mafias que generalmente actúan con la complicidad de éstas.

Aunque el caso de la joven tucumana Marita Verón se asocia a las redes de trata de mujeres y niñas para ser explotadas sexualmente en prostíbulos, la mayoría de los hechos de personas desaparecidas están vinculadas al accionar de las fuerzas policiales. Las redes de trata también están en complicidad con sectores de las policías provinciales y hasta con la política y parte de los poderes judiciales. Sólo así se entiende el fallo absolutorio para todos los acusados por el secuestro y posterior desaparición de la joven.

Varios casos

La desaparición del estudiante Miguel Bru,en agosto de 1993 en La Plata, fue el primer caso judicial en el que se llegó a una condena sin que haya aparecido el cuerpo de la víctima. El ex sargento Justo López y el subcomisario Walter Abrigo fueron condenados por "torturas, muerte y ocultamiento del cuerpo", luego de que se comprobara que el joven había sido brutalmente golpeado en la comisaría novena de La Plata.

El caso de Julio López, desaparecido desde septiembre de 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, está vinculado a su actuación como testigo en el juicio que terminó con la condena del comisario Miguel Etchecolatz en Buenos Aires, por delitos cometidos durante la dictadura militar. López sufrió una segunda desaparición, pues la primera fue en aquel luctuoso período de nuestra historia. El día que se leía la sentencia, él no estuvo presente, ya que salió de su casa para el tribunal y nunca más se supo de él. Quienes exigen la investigación de este caso hasta el juicio y condena, aseguran que fue secuestrado como una "venganza" por su testimonio en el proceso, que incriminó al ex comisario bonaerense en delitos de lesa humanidad. En su causa no hay ni imputados ni avances en la investigación, sólo una recompensa para quien aporte datos que conduzcan a su paradero, publicados en afiches callejeros ordenados por el Ministerio de Justicia de la Nación.

Facundo Rivera

En Córdoba, el caso del joven Facundo Rivera Alegre, desaparecido desde el 19 de febrero de 2012 a la salida de un baile de cuartetos, comparte con los dos casos anteriores la sospecha de la actuación de la policía provincial, aunque sin la vinculación con los juicios por los crímenes de la dictadura.

La versión policial asegura que Facundo era un vendedor de droga al menudeo, y que abastecía de sustancias a integrantes de la banda de Damián Córdoba, un conocido cantante de cuartetos. Y que esa noche uno de los integrantes del conjunto musical le había mandado a comprar cocaína, resultando muerto por un "ajuste de cuentas".

Viviana Alegre, la madre de Facundo -a quien se conocía como "el rubio del pasaje"-, sostiene que su hijo era frecuentemente hostigado por la policía a la salida de los bailes, y que esa noche habría sido golpeado por agentes policiales.

El actual ministro de Seguridad de la provincia y ex jefe de Policía, Alejo Paredes, negó desde el comienzo que haya pistas implicando a efectivos de la fuerza provincial con el caso. Sin embargo, este funcionario es cuestionado por los organismos de derechos humanos por haber sido miembro del ETER (grupo de élite de la policía cordobesa), y haber sido discípulo en su formación policial, del ex comisario Raúl Yanicelli, el "Tucán", ex jefe de inteligencia de la Policía provincial durante el gobierno de Ramón Mestre y de su ministro de Gobierno, Oscar Aguad. Yanicelli fue juzgado por delitos de lesa humanidad en la causa "D-2" -Departamento 2 de Inteligencia que funcionó en el cabildo de Córdoba durante la dictadura-, y hoy se encuentra purgando su condena a prisión perpetua en la cárcel de Bower, ubicada a 15 kilómetros al sur de la capital cordobés.

El caso de la madre

Paredes recibió a Viviana Alegre el año pasado, luego que ella denunciara amenazas por su actividad para el esclarecimiento de la desaparición de su hijo. El ministro dispuso vigilancia policial para la mujer, quien se queja que más que protegerla, los policías que tiene de consigna en su casa la "vigilan". Viviana también ha denunciado que algunos policías que le pidieron no identificarse, le revelaron que los allanamientos que dispone la Justicia son "anticipados" y por ello la causa no avanza.

El fiscal que interviene en la investigación, Alejandro Moyano, tuvo más de cinco meses el expediente bajo secreto de sumario, lo que impidió que sus familiares pudieran presentarse como querellantes, ni tener acceso a la causa. Viviana y su abogado, Claudio Orosz, letrado de las organizaciones Hijos y Familiares de Desaparecidos, coinciden en la versión de la complicidad o directa actuación policial en la desaparición del muchacho. Las sospechas se centran en un comisario que tendría fuertes vínculos con un alto funcionario del gobierno provincial.

En ese marco, es que han pedido una y otra vez que se aparte al personal policial de la investigación del caso, para que intervenga la Policía Judicial, que depende del Poder Judicial. Este pedido recién fue tenido en cuenta, y sólo parcialmente, cuando ya habían transcurrido varios meses desde el comienzo de las investigaciones.

Referente

Luego de la desaparición de su hijo, Viviana Alegre se transformó en un referente de la lucha contra la represión policial. Es una de las integrantes en Córdoba de la Campaña contra la Violencia Institucional que comenzó el año pasado y que recorre el país denunciando los casos de torturas, muertes y golpizas en las cuales tiene una directa responsabilidad el Estado y sus instituciones como la policía, las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario, etcétera.

Aunque fue recibida en una ocasión por el ministro Paredes, Viviana no logra una audiencia con el gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, a quien le pidió una reunión en cuatro oportunidades. La idea es reclamarle que impulse con más fuerza la investigación y resolución de la desaparición de su hijo Facundo.

Desde hace 16 meses, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos y la Mesa por los Derechos Humanos, marchan pidiendo esclarecimiento y justicia. Estas organizaciones denuncian las frecuentes detenciones de jóvenes por infracciones al Código de Faltas, generalmente de barrios humildes, como lo era Facundo, por lo que ellos denominan "portación de rostro". Bajo la ambigua figura del "merodeo", el personal policial se encuentra facultado en Córdoba para detener a personas, e incluso el comisario puede aplicar arrestos de hasta 30 días, sin ninguna defensa.

Córdoba "de temporada"

El mes pasado, la movilización por Facundo Alegre se trasladó a Villa Carlos Paz, donde había habido detenciones de cooperativistas que resistieron el desalojo de terrenos ocupados para la construcción de viviendas. Por orden del fiscal Gustavo Marchetti, no sólo fueron detenidos los integrantes de la Cooperativa Solares de Icho Cruz y militantes que los apoyaban, sino hasta los abogados defensores de esas organizaciones.

A esta situación se sumó la denuncia de malos tratos a detenidos en las cárceles de Córdoba, que tuvo un impacto nacional cuando el fiscal Abel Córdoba, de la Procuraduría sobre Violencia Institucional, que depende de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se presentó en la Unidad Penitenciar 1 de barrio San Martín. Durante ocho horas recibió denuncias de los detenidos, secuestrando cadenas y otros elementos que probaban las vejaciones cometidas contra los presos. La ministra de Justicia de Córdoba, Graciela Chayeb, protestó por lo que consideró una "intromisión" federal y ordenó que no se le permitiera a este fiscal el ingreso a la cárcel de Bower, a pesar que este establecimiento había sido objeto de numerosas denuncias por casos de torturas contra presos.

Viviana Alegre, como quedó dicho, es parte de la Campaña contra la Violencia Institucional en Córdoba. En diálogo con esta cronista, ella denunció que no avanza la causa donde se investiga la desaparición de su hijo Facundo, que le cuesta llevar testigos porque tienen miedo de la Policía, y "encima los hacen ir varias veces, para volver a declarar y preguntarles lo mismo".

También se queja del doble discurso del gobernador cordobés, pues critica la falta de diálogo del gobierno nacional, pero él, como máxima autoridad en la provincia, ha desoído cuatro pedidos de audiencia que le han efectuado ella y su abogado.

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Argentina, Córdoba: Los psiquiátricos ¿Depósitos de humanos?

ACTA

La Secretaría de Discapacidad de CTA, Regional Córdoba, repudia el mal trato a los pacientes de la Colonia La Alborada, Bell Ville. Esta situación pone de manifiesto, una vez más, cómo se vulneran los derechos humanos de las personas que allí viven. Incluso, muchos mueren y nunca se conocen las causas.

"Pareciera que la realidad de quienes viven en La Alborada -como en otros psiquiátricos de la provincia- es, aunque pegue fuerte, un depósito de seres humanos, personas con derechos, olvidados y dejados a la deriva por un sistema inhumano, incapaz de hacerse cargo de las diversas situaciones existentes; tales como escasez de recursos materiales y humanos, pésimas condiciones edilicias, etc. En el mientras tanto, los dineros públicos se despilfarran en publicidad, pautas oficiales, etc., y no se distribuye en programas de salud mental de los hospitales provinciales, dependientes del Ministerio de Salud de Córdoba", expresa Lilia Zulma Patiño, Secretaria de Discapacidad de la CTA Córdoba.

Además describe la triste situación en que viven cientos de personas víctimas de las decisiones del gobierno: "Pareciera que el gobierno de la provincia, luego de sus catorce años de gestión, reacciona ante la denuncia explicitada en la prensa escrita y lo hace tomando decisiones improvisadas, de manera intempestiva, sin preparar ni a los pacientes, ni a sus familias, ni al nuevo personal que nombran. Como una gran medida de la política de Estado, se producen traslados de algunos pacientes a otros centros hospitalarios en los que, también, persisten problemas edilicios, escasez de medicamentos, transporte en mal estado, entre otros. ¿Esa es la solución a una problemática compleja como es la de la salud mental? ¿Será ésta la política pública de un estado que intenta, sistemáticamente, “correrse” de su lugar de hacedor y contralor de los bienes comunes, de todos/as y para todos/as?"

Desde la Secretaría de Discapacidad de la CTA, provincia de Córdoba, sostienen que es hora que se discuta en profundidad con seriedad y conocimiento la política de Salud Mental, con la participación real de todos los que queremos que no se sigan vulnerando los derechos humanos.

Solicitan también la renuncia del Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba y de los responsables del área de la que dependen las Instituciones Psiquiátricas

"La Secretaría de Discapacidad de la CTA Córdoba no quiere más muertos y solicita una investigación profunda sobre las anormalidades que ya ocurrieron", Ratificó Patiño.

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Campaña NO a la privatización de las Semillas en Argentina

RED ECO

Este año, el ministro de Agricultura anunció que es inminente la modificación de la Ley de Semillas argentina cuyo proyecto será enviado por el Gobierno nacional antes de fin del 2013 al Congreso. Diversas organizaciones y movimientos llevan adelante una campaña de recolección de firmas para decir ¡Digamos ¡NO a la privatización de la vida, SI a las semillas en manos de los pueblos y a la soberanía alimentaria! El objetivo es llegar a las 10.000 firmas.

La modificación de la Ley de Semillas equivale a privatizar las semillas, e implica el pago de regalías por parte de los productores a las empresas biotecnológicas por la utilización de las semillas mejoradas y patentadas. También significa la prohibición de reutilizar las semillas que los productores obtienen de sus propias cosechas. De este modo se viola un derecho fundamental de los agricultores de seleccionar, mejorar e intercambiar las semillas libremente.

Se convoca a todas las organizaciones, grupos, instituciones y personas que se sientan comprometidas en la lucha por la soberanía alimentaria de nuestros pueblos a adherir con su firma a la siguiente Declaración en contra de la modificación de la Ley de Semillas de la Argentina. ¡Vamos por las 10.000 firmas!

Para firmar entrá AQUÍ y completa el formulario que se encuentra al pie.

10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina

Sectores del Agronegocio, de las transnacionales, así como el Ministro de Agricultura y otros funcionarios, vienen trabajando sobre un nuevo proyecto de Ley de Semillas. Según los borradores que se conocen y por las declaraciones públicas, el mismo busca subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales.

Las consecuencias las sufrirán los campesinos y agricultores familiares, pero también el pueblo argentino, ya que golpeará sobre el mercado interno de alimentos.

Podemos afirmar que:

1. La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida. La ley es parte de un conjunto de normas e iniciativas políticas que fomentan la privatización de los conocimientos y de las formas de vida, como las leyes de patentes, la privatización de los sistema de investigación, la privatización de la educación, etc. Este tipo de normas concentra un poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales, expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los sistemas nacionales de investigación, dificulta el intercambio de información -fundamento del avance científico-, agrede e impide el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de relacionarse y hacer agricultura, y violenta principios éticos fundamentales, como es el libre acceso al conocimiento. Al permitir la privatización de las semillas, esta ley y su antecesora además ponen el lucro por sobre el derecho fundamental a la alimentación.

2. Abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales. Al aplicarse la ley a todas las especies vegetales, el proyecto permite que toda especie nativa pueda transformarse en propiedad de empresas nacionales o extranjeras. Lo único que se requerirá es hacer un trabajo simple de selección para lograr una población o grupo de plantas relativamente homogéneas. Adicionalmente, el proyecto de ley facilita que cualquier empresa se apropie de las variedades campesinas e indígenas, al considerar como “nuevo” cualquier variedad que no haya sido comercializada ampliamente o inscrita en registros de propiedad intelectual.

3. Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo -incluso reconocida por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO- que además fue central en crear la diversidad y riqueza genéticas utilizadas por las mismas empresas semilleras que buscan hoy prohibir aquella práctica. El proyecto de ley impedirá que las comunidades campesinas e indígenas experimenten, mejoren e intercambien libremente las semillas, proceso a través del cual generaron toda la diversidad que hoy sustenta a la agricultura. Peor aún, la combinación de esta ley con la ley de patentes hará posible que los agricultores cuyas variedades hayan sido contaminadas por cultivos transgénicos sean penalizados y sus variedades sean confiscadas. Se crea así una clásica situación del ladrón detrás del juez.
De esta manera, el proyecto de ley entra en conflicto con el Tratado de Recursos Genéticos de la FAO, del que Argentina es signatario.

4. Fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter. La definición de los requisitos para otorgar propiedad no exige que una variedad sea efectivamente mejor que las ya existentes, ni siquiera exige que sea útil o inocua. Al definir que basta la diferenciación de un carácter, facilita significativamente la práctica común de las empresas biotecnológicas de utilizar variedades antiguas para adicionar transgenes o genes cosméticos (sin valor productivo, pero capaces de provocar una diferencia visible) y luego registrarlas como “nuevas”. La no exigencia de mejorías comprobables o de inocuidad facilita además la introducción de cultivos tóxicos.

5. Crea condiciones para expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país, en desmedro del desarrollo nacional de variedades vegetales. La experiencia mundial ha demostrado que las leyes de propiedad industrial sobre las plantas han provocado un proceso de concentración extrema de la producción de semillas a nivel mundial, restringiendo así el acceso a nuevas variedades. Al no permitir el libre uso de las variedades existentes para crear nuevas variedades -base de los grandes avances en mejoramiento genético- la nueva ley hace muy difícil el ingreso de nuevos actores a los procesos de mejoramiento genético, reduciendo así la oferta tecnológica.

6. Al otorgar poderes monopólicos sobre las semillas, dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente, impedir que los agricultores produzcan sus propias semillas y facilitar los procesos de concentración de las empresas semilleras, provocará inevitablemente el alza de los precios de las semillas, encareciendo la producción agrícola en general y la de alimentos en particular. El proyecto de ley crea las condiciones para un control monopólico del primer eslabón (las semillas) de la cadena de producción de los alimentos, quedando gran parte de la población expuesta a esta vulnerabilidad. Esta situación a la fecha no ha sido posible debido a que la producción de semillas se encuentra en manos de muchos y muchas agricultoras.

7. Otorga a las empresas semilleras el “poder de policía”, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente. Es conocido que empresas como Monsanto y Syngenta han creado verdaderos cuerpos policiales para controlar que los agricultores y campesinos no utilicen lo que ellos consideran su propiedad. Se violan así incluso normas fundamentales del país, como el que los cuerpos policiales están bajo el control y mando del Estado y los poderes fiscalizadores dependen o son supervisados por éste. Es inadmisible la privatización del poder de policía.

8. Permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley. Esto se puede traducir en la destrucción de cultivos y plantaciones frutales, en el decomiso de productos ya a la venta, e incluso en el embargo de exportaciones argentinas. La ley facilita demandas sin fundamento y limita el derecho a defensa de los demandados.

9. El proceso de negociación de la ley está viciado de secretismo y sectarismo al ser llevado adelante a puertas cerradas y únicamente con la participación de sectores corporativos, sin darse a conocer al público el borrador que se está discutiendo ni posibilitar la participación de toda la sociedad en el debate. Una nueva Ley de Semillas de estas características afectará al conjunto de la sociedad. Impedir su debate público es un atentado a los derechos humanos de todo el pueblo argentino. Negar la información sobre el Proyecto, como ha hecho el CONASE a las organizaciones que lo han solicitado (no respondiendo el pedido) demuestra que no existe intención alguna de abrir las puertas al debate.

10. El anuncio de la modificación de la Ley hecho simultáneamente con la aprobación de la soja rr2 de Monsanto confirma quien es el principal beneficiario de este Proyecto. La anunciada “Alianza Estratégica” con Monsanto tiene a la modificación de la Ley de Semillas como uno de sus pilares. De hecho, la mayor corporación biotecnológica del mundo ha expresado este reclamo desde comienzos del Siglo 21 exigiendo que Argentina le garantice la “seguridad jurídica” para introducir nuevos transgénicos.

Hacemos un llamado a Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo.

- ¡No a la privatización de las semillas y la vida!

- ¡Fuera Monsanto y las corporaciones del agronegocio de América Latina!

- ¡Por una agricultura para alimentar a y en manos de los pueblos!

Organizaciones firmantes:
Movimiento Nacional Campesino Indígena
CLOC - Vía Campesina Argentina
GRAIN
Amigos de la Tierra

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Argentina, Córdoba: El falso discurso del gobierno en las escuelas provinciales

PRENSA RED

La Fundación educación, Ambiente y Trabajo repudia las declaraciones del ministro de Educación, Walter Grahovac por el falso discurso que se baja a los alumnos en las escuelas para cuidar el medio ambiente. “mientras miles de árboles de los bosques nativos, caen horas tras horas, en la provincia de Córdoba”, denuncia Funeat. Exige la inmediata derogación de la Ley de Bosques Provincial.

De forma pública repudiamos las actitudes del Gobierno Provincial a través del Ministerio de Educación, al respecto de lo que destacó el titular de esa cartera educativa, profesor Walter Grahovac, quién habló del trabajo que se hace desde las escuelas para cuidar el medio ambiente, agregando que el gobernador José Manuel de la Sota, estaría enviando una ley para que el 1% de la tierra productiva, que tiene la provincia se destine a la plantación de árboles.

Mientras estas noticias circulan, miles de árboles de los bosques nativos, caen horas tras horas, en la provincia de Córdoba.

No es conducente desde la ÉTICA EDUCATIVA que se envíen estos obscenos mensajes engañosos a la población y totalmente vedados por la Deontología Docente, como fundamentos del deber y la observancia de las normas morales.

Estos mensajes son bajados de forma demagógica e irrespetuosa, a los alumnos de las escuelas. Alumnos a los que no se les hace conocer la verdadera situación de parte de aquellos que nos gobiernan.

El Gobierno Provincial debe derogar de inmediato de la Ley Provincial Nº 9814, Ley que claramente promueve los desmontes y la desaparición de los Bosques en todo el territorio provincial.

Ya nos queda muy poco de los bosques autóctonos y las actitudes del funcionario de más alto rango del Ministerio de Educación, docente de profesión, agravia a todos los docentes que hacemos ver realidad de los Bosques de la Provincia de Córdoba.

La Ley de Bosques Provincial Nº 9814 es anticonstitucional por no respetar los Presupuestos Mínimos de la Ley de Bosques Nacional y por no haber atendido a lo que la COTBN Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos realizó con responsabilidad.

Señor Gobernador de la Provincia de Córdoba, Señor Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba estas actitudes no son saludables para la República y la Democracia que tanto anhelamos. De allí nuestro más enérgico repudio.

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Argentina, Córdoba: Arrancó el juicio a un ex policía del Comando Radioeléctrico por el traslado de presos políticos de la UP1

Katy Garcia (PRENSA RED)

Es el sexto juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Córdoba. Se trata de un desprendimiento de la causa Videla. El único imputado es el ex policía Juan Domingo Ayala, procesado por el traslado de seis presos políticos alojados en la UP1, luego asesinados en cercanías a la calle Neuquén y reportado como intento de fuga.

La audiencia dio comienzo alas 16, en la sede del Tribunal Oral Federal Nº 2. El tribunal está presidido por Eduardo Ariel Belforte (TOF de Formosa) y lo integran los jueces Mario Eugenio Garzón (Juzgado Federal de San Francisco) y Roque Ramón Rebak (Juzgado Federal de Villa María). En representación del Ministerio Público Fiscal actúa la fiscal Graciela López de Filoñiuk. En tanto que la defensa estará a cargo de Natalia Bazán y Carlos Casas Nóblega, integrantes de la Unidad de Letrados Móviles de la Defensoría General de la Nación.

En este juicio se investiga la participación policial en el traslado y posterior fusilamiento de Diana Fidelman, Miguel Ángel Moze, Luis Ricardo Verón, José Alberto Svaguza, Ricardo Alberto Yung y Eduardo Alberto Hernández, todos detenidos legalmente en la penitenciaría de barrio San Martín. Durante el juicio Videla realizado en 2010, los policías del D2 fueron juzgados y condenados por su participación en el denominado Hecho IV. Ahora, se ventila la actuación de sus pares del Comando Radioeléctrico.

El único imputado que está sentado en el banquillo es Ayala. En tanto que Héctor Rivera (fallecido) fue beneficiado por el punto final biológico. El restante, Jorge Zalazar fue separado por incapacidad mental. La causa está caratulada como “Ayala, Juan Domingo y otros p.ss.aa, homicidio doblemente calificado por alevosía y pluralidad de partícipes, en concurso real”.

Los hechos

El 17 de mayo de 1976, se presentó una patrulla integrada por Carlos Yanicelli, Yamil Jabour, Calixto Flores, Alberto Luis Lucero, Marcelo Luna, Miguel Ángel Gómez, Ricardo Cayetano Rocha y Juan Eduardo Molina, enviada por Raúl Telledín, jefe del D2. Portaban sendas órdenes escritas emanadas por el Tribunal Federal N°1 y por su par el Tribunal Federal N°2 para retirar a los detenidos especiales.

El Servicio Penitenciario cumplió la orden judicial y los entregó previa firma de un recibo. Así, fueron retirados en tres vehículos policiales, para luego fraguar un intento de fuga y asesinarlos en la vía pública, en cercanías a la calle Neuquén al 900.

Según describe la elevación a juicio fueron trasladados, vendados, encapuchados y maniatados en automóviles policiales, con conocimiento de los altos jefes del D2 y del jefe de Policía Díaz Saravia, bajo el control operacional del Ejército Argentino.

Los policías Jorge Zalazar, Juan Domingo Ayala, Héctor Ricardo Rivera, Tomás Hugo Vera, Hugo Armando Barbosa, y Sixto Contreras, efectivos del Comando Radioeléctrico, se habrían conducido en dos de los móviles. (Ribera, Vera y Contreras han fallecido y Barboza permanece prófugo).

Ayala era el chofer de uno de los autos que estaba a cargo de Zalazar y como acompañante iba Rivera. En tanto que en el segundo, se conducían Vera, Contreras y Barbosa.

Una vez retirados, ambas patotas del Comando Radioeléctrico y del D2 simularon un enfrentamiento con “elementos subversivos” que intentaban rescatar a los presos. La acusación describe un conjunto de pruebas documentales encontradas en el Libro de Novedades de la Guardia del Comando Radioeléctrico que incrimina a los imputados. (Nde la R. estos cuadernos de guaria fueron aportados por el Archivo Provincial de la Memoria).

El parte contiene elementos ficcionales desopilantes. Cita como dato de contexto la presencia de una camión Fiat cuyo conductor indicó que se aprestaba a viajar a Cuba; describe la presencia de francotiradores y para hacer más creíble el relato da cuenta de policías heridos que según se pudo comprobar no fue así.

Para la fiscalía si bien la descripción que consta en ese libro de novedades escrita por Zalazar es falaz, las personas que participaron en los hechos, el tiempo y el lugar son verdaderos. Y agrega que constan en la causa otras pruebas documentales como partidas de defunción, reportes de prensa, remitos de la morgue, entre otros.

Tras la finalización de la lectura de pieza acusatoria el presidente del tribunal interrogó al imputado sobre su situación personal y le informó que podía declarar en cualquier momento del juicio. Ayala optó por hacerlo más adelante.

Sin querella

El presente proceso no cuenta con querellantes. Los Organismos de Derechos Humanos mediante un comunicado de prensa manifiestan su “sorpresa e indignación” porque no fueron notificados como parte por el Tribunal Oral Federal 3. Señalan que se trata de un “avasallamiento del derecho de las familias de las víctimas”.

En ese sentido en representación de Svaguzza y Mozé presentaron un pedido de nulidad, el 7 de junio pasado, que les fue denegada por el juzgado y por el Tribunal en fallo dividido.

También lamentan que el imputado Zalazar quien llegó a ser comisario durante el periodo democrático fue separado del juicio sin que se haya podido presentar un perito de parte. No obstante manifiestan que son respetuosos del debido proceso y convocan a participar de las audiencias “de este juicio que ya comenzó con demasiadas injusticias”.

Se prevé que la etapa testimonial demandará cinco jornadas -12, 25, 26, y 27 de junio y 2 de julio- luego se dará paso a los alegatos para concluir con el proceso el 24 de julio.

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