martes, 18 de junio de 2013

Burocracia: ¿Mal necesario?

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)
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“La burocracia destruye la iniciativa. Hay pocas cosas que los burócratas odien más que la innovación, especialmente la innovación que produce mejores resultados que las viejas rutinas. Las mejoras siempre hacen que aquellos que se hallan en la cúspide aparezcan como unos ineptos. ¿A quién le gusta aparecer como inepto?”
Frank Patrick Herbert

–Vengo a cobrar mi pensión–

–¿Nombre?–

–Pedro Ramiro Gómez Cifuentes–

–¿Número de carnet?–

–187679-00–

–Mmmm…. Según sale en el sistema, usted está muerto–

–¿Cómo muerto? ¡Si aquí estoy!–

–Pero en el sistema aparece muerto–

–¡No entiendo! Trabajé toda mi vida, y hoy que tengo que cobrar mi primer cheque de la pensión, me dice que estoy muerto. ¿Es un chiste? ¿Y mi dinero?–

–Va a tener que traer todos los recibos de sueldo de los últimos 30 años, legalizados por notario, para que yo pueda hacer algo–

Esto, que pareciera el guión de una comedia de mal gusto, perfectamente puede ser (¡es!) una realidad cotidiana. La burocracia, de la que seguidamente trataremos de hacer alguna consideración, no goza de la mejor reputación entre sus supuestos beneficiarios. La literatura lo confirma por doquier: “La burocracia se expande para satisfacer las necesidades de una burocracia en expansión”, escribió alguna vez mordaz el británico Oscar Wilde. Pensemos igualmente en algunas de las grandes novelas de Franz Kakfa (“El proceso” o “El castillo”), de principios del siglo XX: los personajes quedan siempre desgarradoramente atrapados por las redes de burocracias impersonales que se terminan haciendo patéticas, trágicas…, como el ejemplo con que abrimos el texto. “Nuestros dos principales problemas son la gravedad y el papeleo. Nosotros podemos lidiar con la gravedad, pero a veces el papeleo es abrumador”, dijo apesadumbrado Wernher von Braun, uno de los grandes científicos del siglo pasado.

La burocracia es un producto de la modernidad. El surgimiento del Estado moderno es, en otros términos, la aparición de una burocracia organizada. Es decir: el capitalismo fue haciendo la vida cada vez más compleja, necesitando un orden crecientemente estricto y racional para poder funcionar. La burocracia en tanto “gobierno de los escritorios”, es un elemento consustancial a ese crecimiento y complejización del mundo de la industria en expansión, de las comunicaciones que globalizan el mundo, de la super especialización del trabajo.

En otros términos, la burocracia es una forma racional de organizar una determinada entidad y/o actividad buscando la optimización en su funcionamiento, para lo que se busca la mayor precisión, transparencia, velocidad y eficiencia posibles. La burocracia nació para ayudar la gestión de las cosas, no para entorpecerla. De hecho, surge en la estructura de los Estados modernos, pero hoy día ya es parte fundamental de toda gran empresa (burocracia corporativa), siendo lo que posibilita su funcionamiento empresarial eficiente a escala planetaria. Max Weber consideró a la burocracia como una forma de organización que pone el acento en elementos positivos tales como la precisión, la velocidad, la claridad, la regularidad, la exactitud y la eficiencia, todo lo cual se consigue por medio de la división predeterminada del trabajo, de su supervisión jerárquica y de rigurosas y precisas regulaciones que lo enmarcan. De ese modo, la burocracia (de Estado o de las grandes empresas capitalistas) representa un orden racional que deja a un lado el “capricho” de la dirección, la improvisación o el carisma del jefe. Si algo tiene de positivo la organización burocrática es que cada trabajador y/o cada ciudadano se atienen a normas de funcionamiento, a reglas de juego precisas, y no queda librado a los azares de la vida.

Merced a esos procedimientos previamente pautados (rígidamente pautados, se podría agregar), todo el mundo se atiene a normas preestablecidas que, se supone, deben hacer la cotidianeidad más organizada, más fácil, menos aleatoria. La eficiencia que se desprende de esa organización debe pagar el precio de una rutina burocrática a veces aburrida… o enloquecedora, como en el ejemplo con que abríamos el presente texto. Pero esos “excesos” son la otra cara de un proceso que, en principio al menos, promete mayor racionalidad.

La sociedad capitalista, tanto su Estado como sus empresas privadas productivas (de bienes o servicios), está fundada sobre ese rígido orden burocrático. Lo mismo ha sucedido con las experiencias socialistas; allí la burocracia no sólo no tendió a desaparecer sino que, por el contrario, se maximizó. Puede llegar a decirse que el socialismo real conocido durante el siglo XX es un socialismo especialmente burocrático (¿pesadamente burocrático?). Esto ya nos marca una ruta de por dónde debemos plantearnos las cosas: ¿es la burocracia un mal necesario?

Ahora bien: en la percepción generalizada de la población, la burocracia es una carga pesada, una desgracia que hay que sufrir/soportar. Y ello no es sólo “percepción”: es una descarnada realidad. Ejemplos como el de nuestro pensionado no son tan inusuales. Las burocracias, en principio las estatales, aunque también ello puede encontrarse en la iniciativa privada, muchas veces terminan convirtiéndose en un martirio para el usuario. La excesiva actividad regulatoria termina produciendo duplicación de esfuerzos y, en muchos casos, ineficiencia administrativa. En vez de facilitarse la solución de problemas, los mismos se perpetúan y las soluciones se demoran excesiva e innecesariamente.

Valga este ejemplo: durante la época colonial de América (siglos XVI al XIX), el reino de España llegó a tener alrededor de 400.000 leyes para regular la administración de tan vastos territorios. Si bien en 1681 hubo un intento de racionalización de tamaño monstruo burocrático reduciéndoselas a 11.000, el peso paquidérmico y la ineficiencia de ese aparato más que facilitar las cosas, las fue tornando cada vez más inviables. No sólo por eso, pero sí como un elemento más que contribuyó, finalmente la Corona española tuvo que retirarse de esas tierras. La ineficiencia y corrupción de la burocracia colonial se hizo evidente, y su peso se tornó inmanejable. En buena medida esa “cultura burocrática” quedó instalada en tierras latinoamericanas; de ahí el “cáncer” burocrático de nuestras administraciones públicas.

Ahora bien: ¿por qué esa percepción generalizada de los usuarios (la población en general) que considera a la burocracia como pesada, molesta, especialmente rígida, falta de creatividad para solucionar situaciones novedosas que se salen del manual, enloquecedora? Porque de hecho, en innumerables situaciones así funciona.

En el marco de la empresa privada la burocracia tiende a ser menos ineficiente en la atención de sus usuarios porque allí “pérdida de tiempo” significa “pérdida de dinero”. Y si algo pone en marcha y mantiene esa lógica es el lucro. Por tanto, aunque el cliente no es más que un consumidor al que se hace prosternar reverencial ante el altar del consumo, no se le trata tan mal, porque en definitiva es él quien paga. En el ámbito de la burocracia pública, allí donde se extiende el prejuicio que “en el Estado no hay patrón” y que las prestaciones son “gratuitas” (¡como que nadie las pagara!...: son un derivado de la plusvalía que circula socialmente), el burócrata tiene la aureola de intocable. El poder de la burocracia, rígida y refractaria a cualquier cambio, y más allá de su ineficiencia, de su espíritu “enloquecedor” que en muchos casos nada sirve al usuario más que para “enloquecerlo”, está bastante ilimitado allí. Las burocracias, entonces, no están en función de facilitar las cosas transparentándolas y haciéndolas eficientes sino que permiten la corrupción y, en muchos casos, son un obstáculo para el buen funcionamiento.

¿Se podrá eliminar ese chaleco de fuerza burocrático? En las sociedades opulentas del Primer Mundo, donde las tecnologías cambian día a día la vida cotidiana, estaríamos tentados a decir que sí, producto justamente de esas tecnologías que facilitan y simplifican los procedimientos. Pero bien observado, los niveles de control que esas burocracias ejercen sobre sus poblaciones es infinitamente mayor al que se ejerce en los Estados de las sociedades pobres. Es, en todo caso, más sutil, más sofisticado, y el “papeleo” en cuestión es menor. Pero los grados de control y manipulación son mayores aún.

¿Y en el socialismo? La sociedad de “productores libres asociados” pergeñada por Marx y Engels hace siglo y medio, libre de ataduras burocráticas, aún parece que está lejos. Nadie dice que sea imposible. Lo que sí, lo que la experiencia concreta mostró en los primeros balbuceos del socialismo del siglo XX es que la burocracia tomó un papel preponderante en la organización. ¿Mal necesario del que ninguna sociedad compleja puede escaparse? El reto es ir más allá de eso. Como dijera Hegel: “El límite sólo se conoce yendo más allá”.

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El fracaso de la privatización

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Otra tragedia ferroviaria con pérdidas de vidas y fuerte impacto en personas afectadas, no solo en forma directa por el choque de trenes en Castelar, sino por las complicaciones que se les presenta a los trabajadores que habitualmente utilizan ese servicio y que fuera suspendido transitoriamente.

Todavía está en estudio la causa del siniestro y más allá de cuál sea la misma, no queda duda que lo que debiera discutirse es la política ferroviaria de privatizaciones inaugurada a comienzos de los 90´. Son dos décadas de desmantelamiento de los ferrocarriles, del cambio de su función como servicio público de transporte a mercancía a cotizarse en el mercado, con un Estado soporte de la ganancia empresaria.

En rigor, no solo se trata del transporte ferroviario, ya que nuestro análisis podría ser extensivo al transporte carretero o aéreo. En tiempos menemistas se modificaron valores a la hora de considerar las relaciones sociales en la producción y distribución de bienes. Desde entonces se privilegió el proceso de mercantilización de la vida cotidiana, abandonando cualquier pretensión de atender las necesidades sociales con vocación de servicio.

El Estado fundamentó y lideró el aperturismo al más apto en la competitividad del mercado.

La rebelión popular del 2001 golpeó duro en ese paradigma ideológico, pero la institucionalidad estructural no muto y así como los ferrocarriles siguieron siendo administrados por empresas privadas, el régimen privatista se mantuvo instalada, sostenido con subsidios públicos. Muy pocas empresas privatizadas fueron estatizadas, y cuando ocurrió se explicó por falencias o incumplimientos explícitos en la operatoria de la actividad, tal el caso del correo, algunas líneas ferroviarias, y el propio sistema de jubilaciones en plena crisis mundial durante el pico que afectara al mundo financiero en 2009.

Esa nueva intervención estatal ocurrió en los ferrocarriles luego del episodio trágico de la estación once a comienzos del 2012. Es lo que intentaron mostrar las autoridades como respuesta al nuevo episodio de Castelar. En realidad, dar cuenta de gastos realizados para el funcionamiento de los trenes no es lo que hace falta en estos momentos, incluso existiendo posibilidad de falla humana, algo en proceso de estudio e investigación. El asunto es si ante la eventualidad de la falencia humana existe la posibilidad de contenerlo o limitarla por vía del uso de la tecnología. La respuesta es afirmativa y por lo tanto el problema es estructural y se asienta en dos décadas de abandono de una estrategia favorable al transporte público.

No solo es válido el análisis desde los problemas y accidentes ferroviarios, sino del privilegio que en estas décadas se le ofreció al transporte automotor. Todo el modelo productivo y de desarrollo privilegió el uso del automotor, el utilitario y el camión, sea por el consumismo individualista a que convoca el proceso de mercantilización aludido, sino por los mecanismos de traslado de la producción sojera y agropecuaria desde los centros productivos a los puertos. Este privilegio al transporte privado se asentó en cuantiosas inversiones en infraestructura caminera, incluidas las concesiones para el peaje que afecta el costo de traslado en sectores de menores ingresos. El récord de la producción y venta de automotores fue en sentido contrario al deterioro recurrente de los ferrocarriles y el transporte público, solo sostenido sobre la base de unos subsidios crecientes en estos últimos años, que además, necesitan ser investigados sobre su aplicación efectiva en la infraestructura o en el servicio.

Lo primero que corresponde señalar es el fracaso en las políticas de privatizaciones para la sociedad, especialmente para los sectores de menores ingresos usuarios de ese transporte público de pasajeros. A continuación corresponde revertir la situación y modificar los valores que en la sociedad favorecieron la orientación pública para el privilegio del transporte privado. No se trata de trenes contra automotores, sino de establecer que es lo prioritario para la sociedad en cada momento. No solo por las tragedias de Once y Castelar, sino por las consecuencias sociales que supuso la mercantilización de la vida cotidiana es que sostenemos que se requiere pensar y actuar para avanzar en un proceso de des-mercantilización. Se trata de ir a contramano del sentido principal por construir un capitalismo serio o normal.

Puede parecer utópico pensar en términos de des-mercantilización. Sin embargo, cuando se piensa en los reclamos por salud o educación pública, lo que se defiende es la des-mercantilización de esas dos sensibles áreas de nuestra cotidianeidad. Lo que se dice es que la salud o la educación no deben ser mercancías, y crecientemente lo son. Basta pensar en cómo se “resuelve” en la vida cotidiana el proceso de educación y salud para afirmar su creciente peso mercantil. Ocurre lo mismo en otras áreas de la vida y la economía. Es creciente el fenómeno mercantil en áreas propias de la actividad estatal como la Justicia o la Seguridad, con tendencia a la privatización creciente.

El interrogante que suscitamos es sobre la posibilidad de la des-mercantilización de áreas estratégicas. En ese sentido, no solo la educación y la salud, la justicia y la seguridad, sino que aparecen otros temas, como los de la energía o el transporte público de pasajeros o cargas. En ese sentido, todo el esquema privatizador ingresa en la evaluación, incluido el sector financiero. Es que aún subsiste la legislación financiera de la dictadura genocida, mecanismo que facilitó la extranjerización de la economía y el ingreso de capitales para potenciar el proceso privatizador de los 90´. Ya murieron Videla y Martínez de Hoz, y Menem acaba de ser condenado por uno de sus delitos, el de la venta de armas a Croacia y Ecuador, pero la institucionalidad privatista que está en el eje central del programa de la dictadura y del menemismo sigue costando vidas al pueblo argentino. Es lo que debe revertirse para que tenga sentido la condolencia a las víctimas de los siniestros.

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El problema es el capitalismo y no la mayor o menor producción

José Rigane (ACTA)

En estas reflexiones volvemos a desplegar la polémica con Pedro Wasiejko, compañero de Hugo Yasky en la intervención dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Nación en la CTA subordinada al proyecto oficialista.

Está claro que la intervención a la CTA es funcional al objetivo kirchnerista de “reconstruir el capitalismo nacional” como dijo su líder en el discurso inaugural del 25/05/2003, o como insiste la Presidente cada vez que puede en defensa del capitalismo serio o normal.

En la propia página de la intervención (http://www.cta.org.ar/Wasiejko-El-m...) pueden leer un reportaje a Pedro Wasiejko participante de la 102º Conferencia Internacional de la OIT, realizada la semana pasada en Ginebra, Suiza. El título que resalta la nota reitera palabras del entrevistado y señala que “El mundo va a salir de la crisis en tanto se siga expandiendo la producción”, obviando todo carácter capitalista de la misma, es decir, escamoteando a los principales beneficiarios del crecimiento capitalista y por ende, no mencionando a los perjudicados de la producción capitalista: los trabajadores.

La cuestión no es el crecimiento o la desaceleración o recesión de la economía. Todo lo dice como si el crecimiento económico en el capitalismo en Grecia, España, Europa, Japón o EEUU fuera la solución de los problemas de los trabajadores de esos países y/o de todo el mundo. Con crecimiento o sin él, el capitalismo funciona sobre la base de la explotación del trabajo humano. Es una conclusión asumida desde los análisis de Carlos Marx a mediados del Siglo XIX.

Cuando lo consultan sobre la crisis en Europa, el entrevistado opina que: “El problema es que hay sectores importantes de la sociedad europea que cree los cantos de sirena que plantean los políticos que tienen inserto el modelo neoliberal y que con las soluciones macroeconómicas que plantean las escuelas ortodoxas, va a haber una salida de la crisis. La verdad es que esto no es así: el mundo va a salir de la crisis en tanto y en cuanto se siga expandiendo la producción y la productividad y se sigan incorporando a sectores importantes de la población al consumo, como sucede en Brasil, Argentina, China e India.”

En la primera parte de su respuesta encontramos una crítica a las políticas “neoliberales” y en la segunda parte aparece su confianza en la expansión de “la producción y la productividad” del capitalismo, tal como ocurre en “Brasil, Argentina, China e India”.

En la lógica de Wasiejko el problema es el neoliberalismo, y la solución el capitalismo y la política económica aplicada en los países mencionados, como si en ellos el crecimiento de la producción y la productividad significaran procesos de emancipación de los trabajadores.

La realidad demuestra que la mejora en la productividad de la última década en Argentina fue apropiada como rentabilidad por las grandes empresas (especialmente las multinacionales) que dominan el capitalismo local. Si hasta la misma Presidenta reitera cuando puede que los empresarios “se la llevan con pala”.

La productividad (mayor explotación por diversas vías) es un mecanismo defensivo del capital para contrarrestar la histórica tendencia a la disminución de la tasa de ganancia. La productividad es el mecanismo usado por el capital (los empresarios) para mejorar la relación entre los precios y el costo de producción, y ello no se hace para compartirlo con los trabajadores. En todo caso, es la lucha de los trabajadores la que arranca determinadas porciones del crecimiento de la producción y la productividad para actualizar y/o mejorar los ingresos salariales y las condiciones de trabajo.

No se trata de crecimiento económico, ni de mejoras de la productividad. El problema es el capitalismo. Pero claro, pedirle a Wasiejko esa conclusión sería alejarlo de la protección oficial, del calor del poder. Es por ello que nosotros seremos implacables a la hora de hacer evidente que este pensamiento de Wasiejko y sus socios en la intervención de la CTA nada tiene que ver con los intereses de los trabajadores y menos con el proceso de emancipación.

Llevar adelante estas tareas por la emancipación de los trabajadores supone la construcción de un sindicalismo anticapitalista, clasista y antiimperialista, como el que venimos construyendo en la CTA bajo la dirección de Pablo Micheli. Es el camino del Paro Nacional del 20 de noviembre de 2012 y el reciente del 29 de mayo de 2013 para construir subjetividad obrera, poder propio, contra el capitalismo realmente existente.

José Rigane es Secretario Adjunto de la CTA; Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA).

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Monsanto, poder detrás del trono: Mercado mundial aparente y provincianismo real

Luis E. Sabini Fernández (especial para ARGENPRESS.info)

Como prueba y expresión del autismo planetario que vive Argentina en particular y la “República Unida de la Soja” (1) en general, los debates de hace apenas un mes entre los gobiernos ruso y estadounidense sobre la progresiva extinción de las abejas ha sobrevolado nuestras ausentes cabezas, como si la fumigación aérea que se ha enseñoreado en “el país de la soja” hubiese hecho ya efecto adentro de ellas.

En efecto, Putin acaba de ponerle un ultimato a Estados Unidos conminando a su gobierno a que disponga medidas contra los gigantes de la ingeniería genética que se han ido adueñando de la agroindustria sobre la base de semillas transgénicas.

Los dirigentes rusos declaran estar más que preocupados por la desaparición manifiesta de abejas. Se estima que en Estados Unidos han desaparecido masivamente. Y lo mismo se reconoce en diversos mapeos europeos. Suponemos que los rusos han registrado algo similar.

Dando prueba de su capacidad de reacción (ya veremos de dónde proviene tanta “capacidad”) Monsanto ha hecho públicos dos “acontecimientos”: en primer lugar ha comprado la compañía que investiga (¿aba?) la desaparición de abejas. La empresa se denomina (¿aba?) Beeologics y estaban empeñados en crear un medicamento antivirósico puesto que habían llegado a la conclusión de que las abejas están desapareciendo masivamente por la pérdida del sentido de orientación (que hace que en lugar de un 100% o un 99% a veces no lleguen a un 6% de retorno) provocado… por un virus.

Otras investigaciones que trabajan sobre el mismo problema, la extinción galopante de abejas, dudan de la existencia de semejante virus (y por lo tanto del valor, de la posibilidad, de un agente antivirósico) porque abonan otra pista: alteraciones sufridas por las abejas provenientes de… agrotóxicos. Que existen en el polen de las flores que liban las abejas y que las desorientan. Y por lo tanto, el avance de la agroindustria con su consiguiente “paquete tecnológico” con venenos incluidos sería el causante directo del abejicidio. Gran parte de tales agrotóxicos son producidos, en el mundo entero, por Monsanto (“escoltado” por Syngenta, Bayer, Dupont y un corto etcétera).

La pregunta del millón es: ¿a santo de qué Monsanto pudo tener interés en comprar Beeologics? No podemos creer en un repentino interés por reconocer las causas de la pérdida masiva de abejas mientras se les acrecienta “maravillosamente” el éxito del agribusiness mediante contrarreformas agrarias y acaparamientos de tierras en prácticamente toda la periferia planetaria, incluidos los gobiernos títeres ultraliberales o los progresistas del Cono Sur americano. Más bien nos tememos alguna jugarreta para desviar el interés o la investigación, actividad “laboratoril” en la que este consorcio tiene experiencia.

En segundo lugar, ni corto ni perezoso, mientras deglute a Beeologics, Monsanto ya ha ofrecido la “solución” ante las “disfuncionalidades” tecnológicas: un nuevo eslabón tecnológico, como si los desarrollos tecnológicos fueran parte de la solución y no del problema que tenemos cada vez más en todo el planeta.

Esa solución, aunque cause vergüenza ajena decirla, son robots, abejas robots. En rigor, minidrones que se encargarían según los calenturientos think tanks de Monsanto de polinizar como si fueran los insectos alados que polinizan por los menos el 75% de las plantas del mundo desde hace millones de años.

Observe el sufrido lector que “la solución” ofrecida reconoce tácitamente el biocidio; el exterminio de especies, en este caso animales, y de enorme trascendencia para la vida planetaria en general (reproducción del reino vegetal) y la humanidad en particular…

Pero además, basta pensar en el despliegue energético de una abeja, agitando sus alas y llevando y trayendo polen y néctar. “Aviones” que no pesan ni un gramo…. y ahora piense, lector, en lo que pesarán los minidrones que harían ese trabajo, y su consiguiente gasto energético, no ya en los millones de flores de un campo sino en los billones, trillones de flores que en la Ttierra existen. Ciertamente, conociendo a Monsanto, todos estiman que las abejas-robot tendrían un solo fin: mantener los cultivos agroindustriales, es decir que la extinción de abejas significará la pérdida de polinización para bosques, praderas, cordones fluviales, costas, zonas de montaña, y el largo etcétera de que está compuesta, todavía, nuestra biosfera. (2)

Llamativamente, el verdadero escándalo de la desaparición de abejas, que también se registra en el sur americano -hay testimonios de apicultores- no ha entrado en los circuitos informativos habituales, ni televisivos ni gráficos, ni Ka ni antiKa…

Pero la crisis de las abejas es apenas una faceta de las últimas “movidas” de Mon-santo. Este año, particularmente ha registrado varios otros asuntos, a cada cual más preocupante que el anterior aunque en nuestras latitudes platenses apenas si han llegado a la tapa de los diarios o a los zócalos televisivos. “Nuestro” ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, más precisamente denominable como embajador de Monsanto en Argentina, no ha entendido necesario atender tales cuestiones…

El presidente Obama, con su función al servicio de los poderes corporativos, y tal vez previendo la resistencia creciente a los productos transgénicos, ha “avanzado” en su complicidad con la expansión monsantiana de venenos en el planeta. A fines de marzo de 2013, el 26, firmó con fuerza de ley una Protection Act que impide cualquier tipo de demandas ante empresas productoras de semillas transgénicas que sobrevengan por los resultados que den tales semillas.

Una verdadera ley de Irresponsabilidad Social Empresaria.

Una verdadera ley mafiosa. Donde el “productor” se protege, mejor dicho es protegido de antemano, por el poder “público” eludiendo toda responsabilidad sobre lo que pone en el mercado. Si hasta ahora teníamos un capitalismo “voraz e insaciable”, como se lo suele tipificar, ahora se trata, además, de un capitalismo impune que no necesita escabullirse a causa de daños por sus obras. Está defendido de antemano.

La irresponsabilidad asumida y el “todo vale” de estas “disposiciones” la hacen equiparable a aquellas otras decisiones presidenciales como la de Richard Nixon en 1970 cuando los dólares pierden la última atadura con el oro, como si fuera la última prenda en un proceso de strip-tease.

Es contra esa “protección” del agente de Monsanto en la Casa Blanca que los dirigentes rusos han reaccionado.

Pero Monsanto parece estar permanentemente a la ofensiva. Seguramente que sabe con qué bazas juega. La pandilla de Obama se caracteriza por haber reclutado “generosamente” personal de Monsanto para su Casa Blanca. (3) El periodista estado-unidense Jon Rappoport ha hecho un relevamiento muy significativo de cómo Oba-ma fue “armando” su dream team: (4) en puesto clave del Ministerio de Agricultura, Tom Vilsack, el gobernador de Iowa, mascarón de proa del Governor’s Biotech-nology Partnership [Liga de gobernadores partidarios de la ingeniería genética]; como hombre de confianza en la FDA [Dirección Nacional de Alimentos y Medica-mentos, órgano “madre” del supuesto control sobre lo que ingieren los nortea-mericanos] el que Rappoport califica “zar” de las cuestiones de seguridad alimen-taria -Michael Taylor- quien ha usado profusamente las “puertas giratorias” pasando de Monsanto a gobiernos y de gobiernos a Monsanto repetidas veces en las últimas décadas. Porque los gobiernos pasan, pero Monsanto queda; el representante para el comercio agrícola ha sido Islam Siddiqui, un ya viejo y conocido lobbysta… de Monsanto, claro.

Un personaje que fuera hasta recientemente clave en el equipo de Obama, la mujer que gorgojeara tan festivamente al enterarse del asesinato atroz y pato-teril de Gadafi, Hillary Clinton, ha trabajado por años para un bufete que ha repre-sentado… a Monsanto. Y la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos designada por Obama, Elena Kagan, fue en su actividad abogadil defensora de Monsanto…

Monsanto tiene más “eventos transgénicos” aprobados durante la presidencia de Obama, que bajo ninguna otra, igual que la era K en la más reciente historia transgénica argentina…

La runfla que nos muestra Rappoport es altamente significativa: Bill Gates (5) y George Soros son grandes accionistas de Monsanto. Y nos informa que la presidencia Obama tuvo antes un único contribuyente mayor que estos multimillonarios: Goldman Sachs. Sobran las palabras.

Precisamente por sentirse tan fuerte, Monsanto no parece perdedor ni siquiera en escaramuzas como la que acaba de descubrirse, en Oregon, Estados Unidos Plantaciones de trigo transgénico que, ahora se sabe, venía siendo cultivado desde hace años.

Hecho significativo, puesto que el trigo transgénico ni siquiera está legalizado (Monsanto tuvo que suspender sus intentos de introducirlo en el mercado por la resistencia muy generalizada alrededor del año 2000) aunque desde hace aproximadamente un año ha vuelto a anunciarlo, pero figurando todavía en la etapa de “aprobaciones legales”; por eso lo de Oregon resulta medio un misterio: la existencia en cantidades apreciables de un trigo que no se consideraba podía existir ha despertado estupor y la reacción, apoyada por más y más investigaciones que revelan los peligros, nada leves sino bien graves del suministro de plantas transgénicas a diversas especies, ha disparado la alarma.

Se ha producido una verdadera corrida de los mercados trigueros, aunque “por casa” “todo bien”. Tampoco ante esto, la sociedad argentina y sus circuitos mediáticos, parecen haber reaccionado. Ni los medios K ni los antiK parecen enterados (salvo las previsibles “noticias” que puedan haber aparecido en página par a una columna, bien abajo y con letra chica), pese al carácter público de la info. Observe el lector que Japón, Rusia y Corea del Sur, por ejemplo, han suspendido TODAS sus compras de trigo a Estados Unidos En Europa, países como Hungría han decidido incluso la quema de cultivos de trigo presuntamente transgénico (algo que el país ya había efectivizado, en 2011, con maíz transgénico).

Pero aquí seguimos en el-mejor-de-los-mundos agrícolas.

Y la imagen de un Atila hipermoderno y altamente tecnologizado se ajusta como el guante a la mano sobre “nuestros” campos. Mientras, en avisos radiales, por ejemplo, los asesinos de la naturaleza hacen propaganda invocando “mulitas inteligentes” (Nidera) que adoptan la tecnología salvadora. ¡Mulitas que están desapareciendo junto con el resto de la fauna y flora de los monocultivos industriales! En todo caso, el ecocidio salva no mulitas sino dólares, campestres o ka…

Notas:
1) Con ese nombre, publicitarios y “creativos” de las transnacionales con Monsanto a la cabeza, que están en pleno operativo planetario de apropiación de los alimentos de la humanidad, han definido territorios, sojales, cada vez más masivamente, expandiéndose en el corazón de América del Sur; buena parte de Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil y prácticamente por todo Paraguay.
2) Véase Celeste Fassbinder, “De terror: Monsanto lanzará abejas robot mientras amenaza toda vida eliminando abejas naturales”, BWN Argentina, 3 jun. 2013.
3) Véase, p. ej.: http://www.globalresearch.ca/monsanto-protection-act-signed-by-obama-gmo-bill-written-by-monsanto-signed-into-law/5329388.
4) Véase asimismo el informe de Infowars: http://www.infowars.com/how-did-barack-obama-become-monsantos-man-in-washington
5) Quien ha hecho públicas sus preocupaciones “demográficas”, sólo que si a la vez se lo ve tan ligado a una empresa que ha convertido a los alimentos en “un arma de destrucción masiva” (atinada definición de Paul Nicholson, de Vía Campesina), los afanes por “frenos” demográficos toman un tinte más que sombrío…

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Desocupación, narcotráfico y necesidades

Carlos del Frade (APE)

Está bien que pueda votar a partir de los dieciséis años. Pero yo necesito trabajar. ¿Por qué no puedo elegir dónde trabajar? – dice la dulce niña de la zona oeste rosarina, muy cerca de una de las tantas esquinas donde un enfrentamiento entre grupos narcotraficantes terminó con la sangre derramada de dos personas menores de 35 años hace un par de semanas atrás.

En la zona sur, en tanto, en el corazón del barrio Las Flores, aquel epicentro de los saqueos de 1989 y los comegatos de 1996, las vecinas y los vecinos señalan al periodista forastero la mansión de los Cantero, la principal familia que hasta hace un mes manejaba la mayor porción del negocio del narcotráfico que, según señalan algunos papeles oficiales, tiene una dimensión de dos mil millones de pesos anuales, un poco menos, sólo un poco, que el presupuesto del municipio para atender las necesidades existenciales de un millón de personas por año.

-Usted está en la boca del lobo – le dice una señora al cronista, al mismo tiempo que en la escuela donde fueron por mucho tiempo algunos de los familiares de los Cantero advierten que el asesinato del jefe generó una gran tristeza en el barrio porque siempre encontraban el peso que suele faltar de forma cotidiana. Aunque también son conscientes que la dependencia los convertía en soldaditos que rápidamente podían ser inmolados en el altar del despiadado dios dinero.

La comisaría 19, en el corazón de Las Flores, era una dependencia más del grupo “Los Monos”, como también se la conoce a la familia Cantero y durante mucho tiempo hubo complicidad política y fuerzas de seguridad nacionales para explicar semejante desarrollo económico, territorial y ese reconocido poder de fuego que los hizo temibles en toda la región sur de la provincia de Santa Fe.

Los Cantero, en realidad, eran oriundos del barrio La Granada, al oeste de Las Flores y durante años mantuvieron una guerra contra Los Rivero, más conocidos como Los Garompas, hasta que la sangre derramada dirimió el pleito. La policía, acompañaba. El poder político miraba para otro lado y los poderes judiciales, federal y provincial, apenas registraban ingresos y egresos.

El barrio La Granada hoy es el patio trasero de uno de los tantos negocios de Cristóbal López, el casino rosarino que, como casi todas las últimas inversiones, no tuvieron mayor inconveniente de afincarse en la geografía donde naciera el Che Guevara.

Pero tanto “Los Monos” como “Los Garompas” fueron la consecuencia del saqueo de la matriz productiva de la ciudad. La Granada, Las Flores, Tablada y la vecina Villa Gobernador Gálvez eran regiones donde las pibas y los pibes encontraban trabajo en el puerto, los frigoríficos, los talleres metalúrgicos y otras industrias. Hasta que los años noventa trajeron el impune agujero negro de la desocupación y la mayoría del pueblo enfrentó con lo que pudo cada una de sus urgencias. El capitalismo, entonces, eligió los actores para montar su doble estrategia de circuito de dinero fresco y dependencia mental, el narcotráfico. Los sectores políticos mayoritarios, peronismo, radicalismo y socialismo jamás le pusieron palabras al dolor del pueblo, de los padres y las madres de estos chicos que hoy son cuidadores de bunkers, guerreritos rantifusos que encontrarán la muerte mucho antes de tiempo.

Ahora ese silencio estalla y se lleva puesta la hipocresía. En las últimas horas el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, y el juez de instrucción, Juan Carlos Vienna, recibieron amenazas muy concretas por intentar desmontar este dispositivo de poder paralelo alimentado en los últimos veinte años. Ninguna provincia argentina tiene como blancos a un ministro y un juez: la tremenda demostración del desarrollo de aquel huevo de la serpiente.

Por eso, ante el miedo y la angustia del pueblo, surgió la necesidad de conformar una multipartidaria y multisectorial –cosa que no surgía desde los tiempos de los atentados contra la Embajada de Israel, la AMIA y los intentos de golpe de estado- para decirle a las vecinas y vecinos que no están solos, que hace falta plantar bandera –una día antes del 20 de junio- para defender la vida, los pibes y, a pesar de las diferencias, luchar contra la muerte desbocada y el narcotráfico.

Porque en esta lucha no sobra nadie y hace falta el compromiso de enfrentar al circuito de dinero fresco que hoy tiene el capitalismo con la mayor cantidad de gente posible, el miércoles 19 de junio, a partir de las 17, en la Plaza 25 de Mayo, en el lugar donde todavía marchan Las Madres de la ciudad, un fragmento del pueblo rosarino manifestará que no está dispuesto a seguir siendo cómplice del negocio millonario en dólares y sangre joven derramada en los barrios.

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Pueblos originarios: Los descubridos descubiertos

ANRED

Una mirada arqueológica para revisar lo incuestionable, la civilización reinó mediante el genocidio, logrando petrificar una imagen que aún persiste: la inferioridad de los pueblos originarios y la necesidad de incorporarlos a la civilización occidental.

Ya nadie puede ignorar a la comunidad Qom. Vemos desde hace un tiempo las constantes represiones que reciben por parte del gobierno provincial, la pasividad del gobierno nacional ante los acontecimientos; nos enteramos de las amenazas y ataques por parte de “anónimos” a los que siquiera se los investiga. Estamos frente a un problema que comúnmente se encuadra como casos particulares y recurriendo a concepciones reduccionistas. Quizás se trata de un problema cultural histórico mal abordado.

La forma de vida que se adoptó desde la consolidación del Estado Nacional después de 1880 actuó (y actúa) como modelo contra estos “bárbaros”. Paradójicamente, la civilización reinó mediante el genocidio, logrando petrificar una imagen que aún persiste: la inferioridad de los pueblos originarios y la necesidad de incorporarlos a la civilización occidental. Esto enmascara la idea de crearles una nueva realidad poniendo fin a su propia historia. Aparentemente, se llega a esta idea mediante el análisis de sus comportamientos, creencias, costumbres y modos de organización. Pero, ¿es posible entender a una cultura tan lejana como la de los pueblos originarios? ¿O será que al tratar de entender una cultura diferente (en este caso la de los pueblos originarios) a través de la razón, la cultura occidental termina frente a la propia irracionalidad que fundamenta y explica a la misma cultura de occidente?

Es interesante ver cómo el trasfondo de este conflicto se encuentra sostenido por la cultura occidental, la cual es pocas veces puesta en tela de juicio. Teóricos como Michel Foucault hablan de una “arqueología” para quitar el sesgo de naturalidad a construcciones realizadas por cada época. Aquí estamos frente a una construcción que nos indica una desigualdad de conocimientos, capacidades y derechos, que se ve representada en el momento en el que se decide ignorar tanto el robo de tierras de los Qom, como también, tratar algún tema relacionado con sus protestas. No olvidemos que sus reclamos fueron tenidos en cuenta por los medios masivos de comunicación recién a partir de su acampe en la Avenida 9 de julio y luego olvidados nuevamente. La agenda de acontecimientos importantes suele relegar descaradamente las problemáticas relacionadas con los pueblos originarios.

El intelectual especializado en el área de ciencias sociales, Boaventura de Sousa Santos, en su libro Una epistemología del SUR trata, de una manera foucaulteana, una construcción que puede explicar el origen de la naturalización de esta actitud indiferente. Si bien aborda directamente el papel que tuvo Occidente como descubridor a partir de 1492, no existe razón para afirmar que habla de un tema que no continúa vigente. El proceso colonizador, a pensar de las posteriores independencias, sí fue exitoso: el sistema de organización y formas de entender al otro, como se lo entiende al Qom, son eurocentristas. Incluso podríamos hablar de una “emancipación” del yugo Europeo, en vez de una “liberación” propiamente dicha, porque no se abandonó la matriz colonial, sino que se la intentó copiar al consolidarse los aparentemente “nuevos estado-nación”.

Siguiendo a De Santos Sousa, podemos tomar su análisis del “descubrimiento” y trasladarlo a a la actualidad. En un primer momento, el autor asegura que existe una relación recíproca e igualitaria entre los componentes “descubridor” y “descubierto”, porque en ese primer encuentro, quien descubre es también descubierto por el otro y viceversa. Pero nadie se pregunta por el papel de España, el sistema educativo se encarga de que no surjan dudas al respecto. Es descubridor quien tiene mayor poder y saber, y consecuentemente se apropia del descubierto, poniéndolo en un lugar de inferioridad. Esto nos permite señalar un sesgo imperial que caracteriza a todo descubrimiento, basado en el control y sumisión del otro. Sesgo que también encontramos al hablar de los pueblos originarios. Existe un sostén, ya cristalizado, que clausura la revisión de quién encarna los distintos conceptos. No sólo se establece la inferioridad, sino también, es legitimada y profundizada a través de estrategias como el racismo, la imposición económica, política y cultural.

Una vez conseguida la independencia, el lugar de lo urgente en la organización del país lo pasó a ocupar la necesidad de la consolidación de un Estado Nación. Los principios de unidad en cuanto al modelo económico, sistema educativo, ejército y cultura, resultaban necesarios. Parecía que finalmente se conseguiría la paz en el territorio. Sin embargo, todas estas promesas se ven derrumbadas al descubrir la imagen falsa de este “nuevo Estado” que aparenta fomentar la inclusión cuando encara los avances contra las comunidades originarias. El principio de unidad pretende homogeneizar a los habitantes, principalmente desconociendo a los grupos sociales que tienen formas diferentes de pertenencia. Esto abre paso a una relación social desigualdad que conlleva en si el germen de la inferioridad de determinados grupos en el imaginario nacional. La cultura occidental al hablar de sí misma, dificulta el desplazamiento de su lugar como enunciador central de un discurso que no contempla la existencia de diversidad de comunidades. Crea una línea que divide por un lado lo cuestionable y criticable, y por otro, lo que no lo es. Los pueblos originarios se encuentran del otro lado de la línea, son invisibles, por eso no se cuestionan su exclusión y el avasallamiento que sufren. Por el contrario, son llevados al límite. Todo esto surge por los mismos conceptos que Boaventura de Sousa Santos utiliza en su ejemplo: el saber y el poder. Ambos se encuentran tanto respaldados como representados por ese Estado nacional, que cuenta con todas las características de una mirada eurocentrista. Aún no se aceptan a aquellas comunidades preexistentes a la colonización, incluso se retoman las mismas estrategias de inferiorización: el colonialismo es interno, se busca imponer un sistema económico, político y cultural único.

El hecho de que ocurran esta serie de represiones y exclusiones se debe a un factor que no es para nada menor: los pueblos originarios ponen en cuestión el control y los límites provenientes de la cultura occidental. Sus protestas tienen un trasfondo descolonizador y anticapitalista porque no son fruto de Europa. Su organización precede a la colonización. Son los más capacitados para romper con los vínculos eurocentristas que condicionaron el desarrollo del continente americano. Como superación, proponen un Estado Plurinacional en el que se aceptan y conviven dentro de un mismo Estado, dos conceptos de nación distintos: la nación cívica (propia del modelo europeo) y la nación étnico-cultural.

Este choque de culturas nos permite confirmar la existencia de diversidad en un mundo que aparenta estar dominado completamente por las ideas de Occidente. Pero a la hora de comprender a un otro tan distinto, es acotada la capacidad que permite hacerlo efectivamente. A pesar de eso, al estudiar la cultura occidental y principalmente, al poner en tela de juicio lo incuestionable, se produce un acercamiento a una manera radical de entenderla, demostrando sus falencias e injusticias. El gobierno nacional se entiende a si mismo como transformador y reforzador de la identidad popular. Entonces su accionar resulta paradójico al igual que su discurso. En el acto por el 25 de mayo, Cristina Fernández de Kirchner afirmó: "Somos un gobierno que también nos hemos hecho cargo del costo político que significa no reprimir a un solo argentino porque corta la calle o piensa distinto". El poder de hacer invisibles a los pueblos originarios continúa.

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Un viaje hacia las utopías revolucionarias (LXXXX): “Sólo el pueblo salvará al pueblo”

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)

Con este título, el 28 de marzo de 1969, la CGTA da a publicidad un manifiesto recordando el primer aniversario de su creación.

En el mismo consignaba “La clase trabajadora tiene, como misión histórica, la destrucción hasta sus cimientos del sistema capitalista de producción y distribución de bienes…”

Con relación a la Dictadura Militar señalaba “... Entre el General Onganía y la clase trabajadora no habrá pacto, no habrá acuerdo, no habrá reconocimiento, porque semejante pacto sólo podría celebrarse traicionando el sentimiento unánime de las masas, en olvido de nuestros ideales, de nuestros muertos, y de los que aún padecen la cárcel y el exilio injusto”.

Terminaba diciendo “… La CGT, surgida el 28 de marzo de 1968 del Congreso Normalizador, sigue siendo la mayor organización de masas enfrentada a la dictadura; la única valla opuesta al colaboracionismo de los gremios; el obstáculo que paralizó, hasta hoy, la tentativa de crear una central obrera oficialista; la gran espina clavada en el corazón del Pacto”… “Tengan fe los compañeros ni hemos arriado nuestras banderas, ni la guerra larga está perdida”.

Sin duda que este mensaje preanunciaba lo que se avizoraba en el horizonte.

Unos mes antes habíamos realizado en Paraná una reunión, con representantes de todo el país, que habían participado en el Tribunal Ético contra el Macartismo que presidiera el ex diputado nacional Eduardo Solari y contara con las copresidencias de Agustín Tosco y del ex gobernador de Santa Fe Aldo Tessio.

El balance fue sumamente positivo y rebelaba el rechazo generalizado a la ley 17. 401 por la que la calificación “de comunista”, realizada por el Servicio de Informaciones del Estado -SIDE-, equivalía a una virtual muerte civil de la persona calificada; ya que se la privaba del trabajo y, en muchos casos, de la libertad.

En ese momento dirigía este organismo el General Eduardo Señorans que había participado en el criminal bombardeo a Plaza de Mayo llevado a cabo por aviones de la Fuerza Aérea Naval el 16 de junio de 1955; que ocasionara mas de 300 muertos y miles de heridos.

Este era, en ese momento, Jefe de Personal del Estado Mayor del Ejército con asiento en el Ministerio de Defensa e integraba el grupo de conspiradores, junto al General José León Bengoa, jefe de la Tercera División con asiento en nuestra ciudad; que levantaban la consigna “maten a Perón”.

El Tribunal, además, significaba un gran apoyo para quienes ejercíamos la defensa de los “calificados” o detenidos entre los que se destacaban Luis Cabral en Corrientes, Lopez Forastier en Misiones, Gustavo Roca en Córdoba, los integrantes del equipo de abogados de la CGTA en Buenos Aires que, coordinaban Luis Cerrutti Costa y Mario Landaburu y, por supuesto, los compañeros de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre los que estaba Laura Rabey, organizadores de este.

En ese escenario de triunfos y derrotas, culmina la huelga de trabajadores petroleros de Ensenada, con la intervención del sindicato local.

En el movimiento estudiantil, en la clandestinidad, aumentaba la oposición al “Onganiato” y se empezaban a preparar actos dirigidos a recordar al estudiante Santiago Pampillón asesinado por la represión, el 12 de setiembre de 1966, y en reclamo de reivindicaciones sentidas -ingreso irrestricto, comedores universitarios, etc-.

En esos días de marzo de aquel año Luis Cerrutti Costa convocó a un encuentro en Tucumán, a los abogados que participábamos del equipo de asesores de la CGTA.

Concurrieron, entre otros, Vicente Zito Lema, Miguel Zavala Rodríguez, Cesar Calcagno, Rafael Perez y Ricardo Ripodas.

Acordamos estrategias comunes a desarrollar en los juicios laborales y en la defensa de los gremios que componían la Central.

Nosotros dimos un largo informe en relación a la organización de base de los trabajadores de la construcción del túnel Subfluvial Paraná-Santa Fe, que lideraba nuestro compañero Mario Broin.

Por su lado el General convocó a representantes del “ala política” del Movimiento a un encuentro en Madrid a los efectos de coordinar las acciones a realizar para evitar los intentos de fraccionar a la dirigencia, que llevaban a cabo los “colaboracionistas”, con Augusto Timoteo Vandor a la cabeza.

Por nuestra Provincia participo el profesor José Venturino, con el que habíamos construido una fuerte relación política y personal, fundada en coincidencias ideológicas.

En lo personal estábamos muy contentos ya que un nuevo integrante se sumaria a la familia y Luis Manuel -“Manolito”- crecía rodeado del afecto de los compañeros.

En nuestra defensa de José Trevisán logramos un nuevo avance ya que, con mucho esfuerzo y teniendo que vencer lógicas reservas, ya que se trataba de cuestiones de la vida privada, logramos tomar contacto con dos ex parejas de este que habían tenido relaciones sexuales con el; ratificando que no se trataba de un “pedofilo”.

Las mismas, manteniendo su “identidad reservada” prestaron declaración testimonial en la causa.

Al mismo tiempo presentamos un informe sobre la pedofilia que elaborara el Dr. Barbagelata, que era nuestro perito de parte, con el que coincidió el designado por el Tribunal.

En ese marco entrábamos a meses decisivos de aquel año clave en la historia de las luchas populares. ¿Qué pasó en los viajes que realizó al interior Raymundo Ongaro, entre los cuáles estuvo la visita a nuestra ciudad? ¿Como se inicio la huelga general que nunca se levantó en Fabril Financiera? ¿Cómo empezaron los “quince días que sacudieron al país” en aquel mayo de 1969?, serán algunos de los temas que abordaremos en nuestra próxima nota.

Manuel Justo Gaggero es abogado. Ex Director del Diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre “ y “Diciembre 20”.

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Argentina: Hubo 6 muertos en cárceles mendocinas en el último año

MDZOL

Alcanza el promedio de 6 fallecimientos al año que hay en los presidios de Mendoza desde 2010. Qué dice el director del Servicio Penitenciario y que solución propone un especialista.

Hasta 2008 había unas 40 muertes al año en las cárceles de Mendoza. Un año después, la cantidad de fallecidos en cárceles y lugares de detención de la provincia se redujo a 13 individuos, hasta llegar a 5 en la actualidad. Pero hoy esa tendencia en baja se quebró tras conocerse los decesos de dos internos del penal de San Felipe. De este modo, a casi de cumplirse la mitad del año los muertos en cárceles mendocinas alcanza a cuatro.

Si se tiene en cuenta los últimos 365 días, los muertos en presidios de la provincia supera el registro de las cinco víctimas para situarse en seis.

"Lo que hoy pasó es muy preocupante. En principio había bajado la cantidad de muertes y para la protección de vida se había establecido un sistema de aislamiento judicial y voluntario", explicó a Mdzol el abogado Pablo Salinas, autor del libro Casos de Penitenciaría de Mendoza y el sistema interamericano".

"O seguimos tolerando estas cárceles que son intolerantes -porque no está pensado para el futuro- o trabajamos de otra manera o evadimos el tema. Yo prefiero no evadir el tema: hay que hacer cárceles más chicas", propuso el abogado conocedor de la problemática carcelaria de Mendoza.

Javier Guillermo Díaz murió en la cárcel de San Felipe el 11 de julio de 2012; en octubre de ese año hubo seis presos apuñalados y el 4 de noviembre, un interno del penal Almafuerte -Matías Tello- murió en el hospital Central: estaba indicado como la persona que entregaba videos donde se mostraban torturas y golpes de los agentes de ese penal. El 27 de marzo apareció muerto en San Felipe el policía Sebastián Montivero, imputado por homicidio agravado tras dispararle a su pareja. El 6 de junio último, Jesús Alfredo Ortega Riveros, de 18 años, apareció muerto en San Felipe y hoy se suman los casos de Luis Sebastián Rosales Ruarte, de 26 años, y Arnaldo Andrés Bastía Moyano, de 25 años.

Para encontrar una causa de lo que sucedió se puede explicar en que ya ingresaron 250 nuevos reclusos a las cárceles mendocinas en los seis meses de este año (esto es 22% más). En 2012 la población de las cárceles engordó 18 por ciento más y sólo 10 por ciento en 2011. Y otro dato: hay 60 por ciento más de abusadores sexuales presos que el año último.

Para Salinas, "el hacinamiento es uno de los problemas de la cárcel", por eso "insistimos con construir cárceles más chicas y reemplazar a la de Boulogne Sur Mer".

Sobre los decesos de hoy, el director del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana, informó que Luis Sebastián Rosales Ruarte y Arnaldo Andrés Bastía Moyano "ingresaron el sábado a la noche. En el recuento de las 8 de hoy estaban presentes. Pero a las 11 se los vio con signos de ahorcamiento. La investigación va a determinar si fue un suicidio".

Consultado por Mdz Radio si hay algo en común con el caso de Jesús Alfredo Ortega Riveros, fallecido el 6 de junio último, Orellana explicó que "las tres personas fallecidas eran la primera vez que entraban a la prisión".

Precisó que "el más momento más vulnerable de un interno es cuando llegan a la cárcel por primera vez. Estamos esperando los resultados, pero en este caso los dos estaban solos en una celda. Tenemos que rever el protocolo de ingresos a la cárcel. Ninguno de los tres tenía condena, estaba procesado. En el caso de estas dos personas han estado dos o tres horas compartiendo con otros internos. A las 10 de la mañana estaban citados para ser entrevistados por psicólogos y trabajadores sociales para determinar su alojamiento. Estamos abocados a encontrar la mayor cantidad de pruebas".

Solución de fondo

Pablo Salinas propone hacer cárceles más chicas y ubicadas en los departamentos de la provincia, para que los internos estén más cercas del núcleo familiar y del entorno para ser resocializados. "Nadie ha propuesto algo mejor", aseguró en lo que respecta a políticas de reinserción social de los detenidos que cumplen la pena y puso como ejemplo el modelo finlandés, que es "el más avanzado a nivel mundial y parte de preceptos con al cercanía al lugar y a la educación, que son dos temas que admiten refutación: si hay educación y trabajo entonces hay menos reincidencia. Hay que trabajar sobre so".

"Mendoza es la provincia con más personas privadas de libertad que estudian en la universidad", indicó.

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Libertad y democracia sindical: “Lo que tratan de hacer es que los trabajadores no participen en la vida sindical del gremio”

Melissa Zenobi (ACTA)

El viernes, miembros del Movimiento de Estibadores Portuarios de Pie enrolado en la CTA denunciaron que una patota promovida por Juan Pedro Corvalán, dirigente del Sindicato Unido de Portuarios de Argentina (SUPA) amedrentó, golpeó y disparó balas de plomo contra los trabajadores portuarios dejando un saldo de 16 heridos. Francisco Montiel, Secretario General de Estibadores Portuarios de Pie, explicó a ACTA que los hechos son parte de una histórica pelea por la democracia sindical.

-¿Cuál es el conflicto histórico respecto de la participación sindical de los portuarios?

Los que fuimos delegados en este puerto y ahora somos delegados del Movimiento Estibadores Portuarios de Pie, somos hijos de portuarios, y algunos nietos de portuarios. Sabemos que esta es una pelea muy vieja, la participación de los compañeros siempre fue frenada por la burocracia sindical. Lo que tratan de hacer es que los trabajadores no participen en la vida sindical del gremio. A nosotros que nos criamos en este gremio, nos echó Menem en el ’92 con un decreto de privatización. Después de mucho tiempo de lucha volvimos en el 2005 recién, con un plan de reparación histórica de Kirchner para que nos pudiéramos jubilar. Por eso de los que éramos del Movimiento no quedó nadie, todos nos jubilamos. Nosotros volvimos para jubilarnos y porque creemos que por nuestra pertenencia a la organización, nunca dejamos de ser Estibadores Portuarios.

-¿Qué es lo que da lugar al enfrentamiento del viernes 14?

Cuando en el 2009, Moyano lo tenía a mal traer a Juan Pedro Corvalán, nosotros defendimos su libertad como defendemos a cualquier trabajador. Corvalán les prometió a los hijos de los portuarios 500 puestos de trabajo que jamás consiguió. O sea que apenas asumió, los traicionó a todos. Así comenzó el camino de ahora, se juntó con Moyano y también lo traicionó. Ahora se junta con Moreno, el Secretario de Comercio. Corvalan traiciona a cualquiera. En el 2006 echaron a 17 compañeros de la Terminal 5. En esa oportunidad nosotros, sin conocerlos, cortamos durante 2 días la Terminal para que los reincorporen. En 2007 también estuvimos para la reincorporación de otros compañeros. Incluso este año en la Terminal 1 echaron a dos compañeros que conseguimos que los reincorporen a través de una pelea de dos meses.

Estos trabajadores nos vinieron con inquietudes de participar en la vida sindical, lo cual nos parece un crecimiento enorme y un salto en la conciencia de los portuarios. Querían participar y nos pidieron una mano que les brindamos. Corvalán les hizo trampa, no les presentó padrones, los enloqueció, los amenazó con sus familias y demás agresiones delincuentes para que no participen en el sindicato. Después de numerosas vueltas del Ministerio de Trabajo, se resolvió que habría elecciones pero que la lista de los compañeros no podía participar. A nosotros ya hace dos elecciones que no nos dejan votar porque, aunque el estatuto dice que los jubilados tenemos derecho a elegir a nuestros representantes sindicales, no nos incluyen en los padrones. El viernes, cuando los compañeros vinieron a quejarse el día de la elección porque no pudieron participar no los dejaron votar. Estaban legítimamente indignados y ahí vino Corvalán con una patota, que dicen que es de la barra brava de Independiente. Desde la madrugada esperaron a los compañeros y les pegaron, incluso estaban con armas de fuego. De paso nos dieron a nosotros, que somos el objetivo histórico de la burocracia sindical. Los 16 heridos son de nuestro movimiento, algunos de más de 60 años.

-¿Cómo se relaciona el accionar de la burocracia sindical con la situación cotidiana de los trabajadores portuarios?

Corvalán los hace echar, como hicieron con Espindola este año. Si vos no estas de acuerdo con ellos, les piden a las patronales que te echen del puerto. Se juntan para despedir trabajadores. Nosotros no estamos de acuerdo con que las empresas que trabajan en el puerto, sea la que sea, eche a un estibador portuario porque el decreto 12/72 que le arrancamos a Lanusse, dice que a los 52 año hay que jubilarlos a los portuarios, no echarlos. Y el Sindicato debe defender esta conquista sindical.

-¿Cómo avanza el Movimiento para terminar con el fraude de la burocracia sindical en manos de Corvalan?

A paso redoblado, con la Federación de Obreros Portuarios, Marítimos y Navales que se está construyendo y la CTA. Avanzamos hacia la construcción de un sindicalismo nuevo, moderno, que permita la total y absoluta participación de los trabajadores. Corvalán con su banda de delincuentes tiene sus días contados. No porque nosotros nos dispongamos a tirar piedras como ellos, sino en el terreno de las ideas que es donde se dirimen las verdaderas voluntades de los trabajadores, no tiene lugar.

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Caso Mariano Ferreyra: difundieron los fundamentos de la sentencia que condenó a José Pedraza a 15 años de prisión

CIJ

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 de la Capital dio a conocer este lunes los fundamentos de la sentencia que, el 19 de abril pasado, condenó a 15 años de prisión a José Pedraza, en el marco del juicio oral por el homicidio del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010.

El tribunal, integrado por los jueces Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi, impuso la misma pena para Juan Carlos Fernández, por ser, junto a Pedraza, penalmente responsables del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa en calidad de partícipes necesarios.

También fueron condenados Pablo Marcelo Díaz, Cristian Daniel Favale y Gabriel Fernando Sánchez a 18 años de prisión; Jorge Daniel González y Salvador Pipitó a 11 años de prisión, y Claudio Alcorcel a 8 años de prisión.

Asimismo, fueron condenados a 10 años de prisión Luis Mansilla; a 9 años de prisión a Jorge Ferreyra; a 2 años de prisión de ejecución condicional a Hugo Lompizano, Luis Echavarría y Gastón Conti, y al pago de una multa a David Villalba.

En tanto, fueron absueltos Guillermo Uño, Juan Carlos Pérez y Rolando Garay.

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Argentina, Córdoba. Juicio La Perla: “(Torturar) es mi trabajo”

Katy Garcia (PRENSA RED)

Desde que se inició la mega causa “La Perla” ya han declarado cerca de 80 testigos y son más de 700 los programados. La semana pasada, Luis Reinaudi recordó que durante su estadía de una semana en La Perla tuvo dos contactos ocasionales con los represores Vega y Barreiro donde uno se asume como “fascista” y el otro afirma que está preparado para “interrogar”. La metodología aplicada por la dictadura cívico militar está claramente expuesta en los relatos de los testigos.

Con el paraguas de la operación Cóndor y de la doctrina de Seguridad nacional, antes y durante la instalación de las dictaduras latinoamericanas, uno de los blancos a eliminar eran los opositores políticos organizados. Con el pretexto de la amenaza del “trapo rojo”, a través de fuerzas paraestatales o escuadrones como la Triple A cuya versión local en Córdoba fue el célebre -por lo feroz- Comando Libertadores de América, secuestraban, torturaban y exterminaban.

La semana pasada, varios sobrevivientes que pasaron en diferentes años por la “fábrica de la muerte” -como la definió el sobreviviente Piero Di Monti-, testimoniaron en el marco de la megacausa. Entre ellos Carlos Alfredo De la Merced (delegado gremial), Marta Angélica Fontana (trabajadora del Hospital Colonia Santa María) y Luis Reinaudi, actual asesor letrado del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren). En aquél momento, ejercía la profesión de periodista en el diario Córdoba, y militaba en el Partido Comunista (PC).

Fue detenido el 21 de septiembre de 1978 y trasladado a La Perla donde permaneció una semana. Luego fue blanqueado, puesto a disposición del Área 311 y enviado a la UP1. De ahí, pasó a la cárcel de Caseros en La Plata y recuperó la libertad el 6 de septiembre de 1979.

“El maltrato en mi caso se limitó a un empujón”, dijo Luis Reinaudi relativizando el sufrimiento personal comparado con lo que otros sobrevivientes experimentaron en el campo de concentración La Perla desde su apertura en 1976 hasta fines de 1978 en que fue cerrado. “Conocí golpes, vendas en los ojos, la incertidumbre sobre lo que podía pasar. Creo que podría decirse que no es tortura”, afirmó.

Contó que lo interrogaron acerca de su militancia en el PC y en el Colegio de Abogados. En aquél momento también era dirigente del Sindicato de Prensa y asesor en la Liga Argentina por los Derechos del hombre.

De la semana que pasó en el campo de tortura y exterminio La Perla recordó dos diálogos ocasionales mantenidos con los interrogadores “Don Vergara” (Carlos Alberto Vega) y el jefe de torturadores Ernesto Barreiro. Con el primero comentó una situación que recuerda con nitidez.

Fue a partir del aullido de un perro que había sido pateado.

- ¡Qué es esto!- exclamó una mujer.

- La letra con sangre entra – escuchó a Vega responder.

- Bueno, pero qué métodos pedagógicos tienen acá- contó que se escuchó decir en voz alta.

- Acá somos fascistas, ninguna pedagogía-, sentenció el represor.

El segundo contacto fue con Barreiro aunque no lo supiera acabadamente en ese momento. Con tono de oficial le había comentado sobre su estadía en Neuquén y criticado al Movimiento Popular Neuquino por su política de “uso con los indios”. Reinaudi contó que entonces se animó a preguntarle qué le producía “interrogar a personas indefensas, torturadas, heridas, que no pueden defenderse”. Con total frialdad le dijo que estaba entrenado para eso. “No te preocupés, yo tengo una técnica y la aplico, es mi trabajo”.

También relató que el fin de semana los gendarmes les permitieron quitarse la venda de los ojos. Posiblemente porque los militares estaban de franco, dedujo.

A los días le entregaron un paquete con ropa que contenía un listado de las prendas. Reconoció la caligrafía de su esposa y eso le trajo tranquilidad. “No estaba desaparecido”, expresó.

Después lo trasladaron a la cárcel de San Martín junto a otros presos y lo ubicaron en el pabellón 9.

El abogado afirmó que seguramente su detención se relacionaba con la militancia gremial y política. Era titular del directorio del Colegio de Abogados, dirigente del Sindicato de Prensa y había sido en democracia militante de superficie del P.C.

Con el paso del tiempo y ya en democracia pudo saber a través del juez Becerra Ferrer que había sido interrogado por Graciela Geuna (sobreviviente). Sobre este punto declaró que le pidieron nombres para completar un organigrama con miembros del PC. Y detalló que en un papel escribió el nombre del secretario general del partido y agregó apodos como “Negro,” Chicho, etc.”

El ex preso político brindó detalles de contexto sobre los años de plomo. Por caso, en la redacción del diario Córdoba, el abogado Raúl Fragueiro le había advertido que figuraba en una lista que las fuerzas armadas utilizaban en los puentes de acceso al centro para cazar militantes. Y relató un fresco del sobresalto cotidiano que se vivía. “Un día, iba en un ómnibus y estaban con una lista en un puente. Me dije: acá perdí, pero rápido el chofer que era del PC me dice: paráte al lado mío y conversá como si fueras el relevo. Los bajaron a todos y a mi no”, ilustró. De esa pudo salvarse.

Cuando fue liberado se enteró que varios habían pedido por su libertad. Entre ellos citó al periodista Elpidio González, al dueño de La Voz del Interior, Luis Remonda, y a Eduardo Angeloz, a quien no conocía.

Reinaudi fue abogado de Cristian Funes, uno de los 31 presos políticos asesinados en la UP1, en julio de 1976. Y declaró como testigo en el Juicio Videla celebrado en 2010. En democracia, colaboró con su socio Rubén Arroyo, titular de Conadep.

Militantes sindicales en la mira

El movimiento obrero organizado fue un objetivo central para la dictadura cívico militar. Mucho antes del golpe había comenzado la cacería de delegados, activistas, miembros de comisiones internas y de la estructura directiva. El periplo sistemático se reitera en este y en la mayoría de los secuestros y traslados ocurridos antes y durante el Estado terrorista.

Carlos de la Merced, fue detenido el 21 de octubre de 1976, mientras desayunaba junto a sus compañeros, en la empresa metalúrgica donde trabajaba en barrio Pueyrredón. Intentó escapar cuando fue sorprendido por una patota de civil que lo redujo a punta de pistola. Baleado y golpeado fue trasladado al D2. Allí fue interrogado y sometido a múltiples prácticas de tortura como “picana, mojarrita, submarino, por el sargento Gato”.

De ahí lo llevaron al Campo de La Ribera donde estuvo dos días y luego fue a dar La Perla. En este lugar fue interrogado sin venda. “Había un pizarrón donde hay nombres que van ubicándolos en células y donde hay algunos en blanco, otros con nombres de guerra, otros con nombre legal algunos con cruces. La pretensión era que yo ayudara a llenar”, le dijo al Tribunal y aclaró que “por más que apretaran no podía decir gran cosa”. Contó que lo obligaron a presenciar una sesión de picana aplicada a su compañero de militancia gremial apellidado Mïller. Describió la picana como un elemento construido “con dos palos de escoba cortos y una pila en el centro” que era accionada por un hombre rubio, grandote.

La otra testigo que brindó declaración fue Marta Fontana, ex médica y delegada gremial de ATE, de la colonia Santa María, secuestrada el 26 de mayo de 1976 mediante un operativo que incluyó helicópteros que sobrevolaban la zona. “Fuimos la última comisión de ATE Punilla”, señaló. La mujer que pasó por La Ribera y La Perla junto a otros compañeros narró ante el tribunal los tormentos físicos y psicológicos vividos.

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Argentina, La Rioja: Piden que se fije fecha de inicio al juicio por el asesinato de Angelelli

Katy Garcia (PRENSA RED)

Los querellantes reunidos en la capital de La Rioja solicitan que la justicia defina la fecha en que se ventilará la causa que fuera elevada a juicio, el 6 de diciembre de 2012, por el Juez Federal Daniel Herrera Piedrabuena. Alertan sobre el fallecimiento de cinco imputados y la exclusión de otro por insanía. Manifiestan que tras 37 años de impunidad, 20013 debería ser el último.

Los imputados que serán sentados en el banquillo son Luciano B. Menéndez, Luis Fernando Estrella y Juan Carlos Romero (comisario). Quedó apartado del proceso por insanía el ex jefe de policía Mayor Edilio Cristóbal Di Césari.

En tanto que los ex generales Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy, los ex tenientes coroneles Osvaldo Pérez Battaglia y Pedro Malagamba, el ex vicecomodoro Lázaro Aguirre y otros de menor jerarquía militar no llegarán a juicio por fallecimiento. “La muerte dejó en la impunidad la autoría criminal de estos militares y el largo reinado de las leyes de impunidad impidió avanzar en investigaciones sobre los autores inmediatos, ejecutores directos del atentado criminal”, precisa el parte.

“Alentamos una decisión del Tribunal que posibilite el inicio de las audiencias de un juicio que es emblemático para la comunidad riojana porque constituirá un decisivo paso al reafirmar desde la legalidad democrática un proceso largamente demorado”, añade.

Asimismo alertan sobre  posibles maniobras dilatorias y señalan que “cualquier demora atenta contra el fin principal de la causa que es hacer justicia determinando la condena que estipulan las leyes de nuestra Nación”, agrega.

Tras destacar la trascendencia del proceso analizan que “para la comunidad riojana, pero también para todos los argentinos la realización de este juicio tiene un significado muy profundo porque es la interpelación del Pastor y profeta, máximo testigo de la fe y el compromiso con el pueblo, martirizado por su fidelidad en la búsqueda y la lucha por la vida y la dignidad de todos, y especialmente de los más pobres”.

Una vez fijada la fecha el Tribunal Oral Federal de La Rioja, presidido por el juez José C. Quiroga Uriburu, e integrado por los jueces Carlos Lascano y Juan Carlos Reynaga, tendrá a su cargo el juicio por lesa humanidad que se realizará en la Rioja.

Son querellantes: Marilé Coseano (sobrina de Mons. Angelelli), Luis Miguel Baronetto (Centro Tiempo Latinoamericano), Miguel Morales (abogado patrocinante de Arturo Pinto, Marilé Coseano y Tiempo Latinoamericano), Domingo Bordón (Secretario de DDHH-La Rioja), Guillermo Diaz Martinez (abogado de Secretaría de DDHH de la Provincia y la Nación).

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Argentina. Acuerdo UBA-CADRA: un caso de abuso del sistema de propiedad intelectual

Beatriz Busaniche (PLAZA DE MAYO)

La universidad paga más de $7 millones anuales a una ONG en concepto de licencias para fotocopiado.

Un ínfimo porcentaje se destina a los autores.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires debe decidir, en estos días, sobre la posible renovación del acuerdo de licencias de fotocopiado rubricado en 2009 con el Centro de Administración de Derechos Reprográficos, CADRA, una asociación civil sin fines de lucro que se presenta como entidad de gestión colectiva de autores y editores. No es un acuerdo menor. Se trata de un convenio que implica la erogación de cuantiosos fondos del presupuesto de la Universidad Pública a favor de una entidad privada a fin de resolver un problema estructural de nuestro mundo académico: las dificultades en el acceso a los materiales utilizados en las carreras de grado y posgrado.

Analicemos detenidamente el acuerdo en cuestión. CADRA se autodefine como una entidad de gestión colectiva de derechos de autores y editores, sin embargo, no figura en la nómina de entidades de gestión colectiva reconocidas por ley o por decreto del Poder Ejecutivo Nacional en el sitio de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Esto es así, porque CADRA carece de esta entidad y en consecuencia, carece también de los mecanismos de auditoría legal que estas entidades deben cumplir. CADRA no es otra cosa que una Asociación Civil que no puede representar a nadie más que a sus propios asociados, y por tanto, no está en condiciones de firmar un acuerdo de licencia general con la UBA ni con ninguna otra de las Universidades con las que busca avanzar en este tipo de acuerdo.

La firma del acuerdo con CADRA no garantiza que otros editores y autores ajenos a esa organización inicien las acciones legales por la supuesta violación a la propiedad intelectual en la que se incurriría en las universidades públicas. Esta amenaza, único argumento de peso de CADRA para presionar a las instituciones educativas y bibliotecas, no termina con la firma de este acuerdo.

A la debilidad institucional del argumento, vale sumar la debilidad en términos de lo que significan los derechos percibidos por el Centro de Derechos Reprográficos. En un excelente análisis realizado tras la firma de este mismo acuerdo en 2009, Federico Reggiani, bibliotecario documentalista graduado de la Universidad Nacional de la Plata, describió con lujo de detalle los destinos de los fondos erogados de la Universidad Pública destinados a CADRA y demostró con cifras incuestionables la inutilidad del cobro de estos supuestos derechos y el nulo impacto que estos tienen en la promoción de autores y editores.

El reglamento de distribución publicado en el sitio de CADRA da cuenta de este sinsentido. El 30% de lo recaudado se destina a gastos administrativos, el 15% pasa a un fondo de reserva y reclamos, un 10% se destina a derechos de obras extranjeras.

El saldo restante pasa al fondo de distribución que tiene el siguiente formato: un 10% se distribuye por igual entre los socios de esta asociación civil, dividido por mitades entre autores y editores. El resto, denominado “fondo de distribución individual” se reparte entre los títulos que integran el repertorio de Cadra que hayan sido publicados, reeditados o reimpresos en los últimos cinco años. Todo esto podría hasta sonar lógico si no fuera porque, según el cálculo del propio Reggiani, CADRA cobraría $24.000.- en concepto de gastos administrativos para distribuir $0,63 por título supuestamente fotocopiado. Un autor prolífico, con cinco libros editados en los últimos cinco años cobraría entonces la friolera de $1,60 al año para él y otro tanto para su editor. Estos cálculos fueron hechos sobre la base del acuerdo firmado en 2009.

Estas cifras demuestran que el modelo propuesto por CADRA es ineficiente y no sirve sino para financiar una burocracia que se alimenta a sí misma, pero que poco deriva en la promoción del libro y la lectura, tarea que sí se realiza, y de manera sistemática y destacada en las casas de altos estudios de nuestro país. Son las propias universidades las que destinan fondos y presupuesto para la producción académica y la posterior publicación de buena parte del acervo de materiales educativos disponibles en Argentina. Por lo tanto, suena cuanto menos descabellado, que la UBA destine fondos de su limitado presupuesto a una ONG bajo estas condiciones.

Los números actuales son aún más elocuentes: la propia información publicada por CADRA en su sitio web ubica los montos de las licencias para Universidades y otros establecimientos educativos entre $22 y $42,50 por alumno (La UBA tiene una matrícula cercana a los 320 mil estudiantes). Según estas tarifas, la UBA debería pagar a esta ONG el total de $7.040.000 por año.

El otro argumento repetido hasta el cansancio en contratapas y solapas, es que “la fotocopia mata el libro”. Sabido es que los estudiantes de grado y posgrado dependen en gran medida de las fotocopias para cursar sus estudios, y esto ha sido así desde hace años. Sin embargo, los propios números publicados por la industria editorial dan cuenta de que la industria del libro ha crecido en diversidad de títulos en los últimos años, desmintiendo la afirmación de que a más fotocopias menos libros.

Se preguntarán ahora cómo resolver entonces el supuesto problema de la infracción de los derechos de propiedad intelectual con fines educativos. La respuesta es mucho más sencilla de lo que muchos creen, pero la firma de este tipo de acuerdos no hace más que obturar el camino hacia una solución definitiva.

En el contexto internacional de la regulación de propiedad intelectual, en particular, en el marco de los tratados internacionales que Argentina se ha comprometido a cumplir en la materia, existen varias flexibilidades que podríamos utilizar a favor del acceso al conocimiento y el derecho a la educación. Buena parte de los países desarrollados, de hecho, hacen uso de estas flexibilidades.

Tanto la Universidad de Buenos Aires, como el resto de las casas de altos estudios de nuestro país, tienen la responsabilidad inalienable de sumarse al debate sobre las condiciones de producción y distribución de conocimiento producido en sus cláustros y reclamar de una buena vez la incorporación de flexibilidades a favor de las bibliotecas y el mundo académico. La Ley 11723 de propiedad intelectual en Argentina cuenta con magras flexibilidades a favor del sistema educativo. Esa es la discusión de fondo que la firma de este acuerdo con CADRA no permite resolver.

En tanto las Universidades Públicas, los legisladores y la sociedad toda no abran esta discusión sobre el derecho a la educación y la urgente necesidad de flexibilizar el sistema de propiedad intelectual, acuerdos bochornosos como el que la UBA ha sostenido con CADRA desde 2009 seguirán en pie, erogando fondos de nuestras universidades sin que esto implique ninguna mejora sustancial en la producción y acceso a los materiales con los que muchos estudiamos y enseñamos.

Más información en: http://www.plazademayo.com/2013/06/acuerdo-uba-cadra-un-caso-de-abuso-del-sistema-de-propiedad-intelectual/#sthash.WmRuW8bT.dpuf

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Protestas acrecientan malestar popular en Brasil

PL

Las protestas en una veintena de ciudades brasileñas denotan hoy un creciente malestar popular por la continúa alza de los precios, el elevado costo de la vida y el gran gasto público para la Copa de Confederaciones.

Las manifestaciones, iniciadas el pasado día 3 en Sao Paulo en contra del aumento del pasaje de los ómnibus, trenes y metro, adquirieron fuerza hasta extenderse por principales municipios estaduales, sumando a su paso otros reclamos.

Ahora, además de rechazar una subida de la tarifa del transporte público en casi todos los estados en 0,20 reales (0,10 centavos dólar estadounidense), la ciudadanía demanda menos corrupción y mayor inversión en educación y salud.

Los pronunciamientos son también en contra del excesivo gasto público en las construcciones de los estadios para la Copa de Confederaciones y los aun en ejecución para el Mundial de 2014.

Estos reclamos fueron la gran motivación de las marchas, que alcanzaron su clímax este lunes con la participación -según medios de prensa brasileños- de unas 200 mil personas en las manifestaciones en una veintena de ciudades.

En Brasilia, más de cinco mil jóvenes se concentraron en las afueras del Congreso Federal, donde gritaron consignas en contra de los parlamentarios y llamaron al Gobierno a preocuparse más por el gasto público.

Queremos escuelas dignas, educación y salud de calidad y menos corrupción, declaró Joao Ventia, de 27 años de edad, al criticar los ostentosos gastos realizados para remodelar los estadios, que ahora tienen precios más altos.

No nos hace falta ese tipo de instalaciones deportivas, ni Copa de Confederaciones y Mundial en 2014; nos hace falta una mejor atención médica, buenas escuelas públicas y una enseñanza de excelencia, destacó por su parte Camilo Moroti, estudiante universitario de 22 años de edad.

Además de la capital federal se registraron masivas manifestaciones en Belo Horizonte, Minas Gerias, donde unas 30 mil personas marcharon hasta las proximidades del estadio Mineirao durante el partido Nigeria y Tahití y fueron reprimidos por las fuerzas del orden.

En Río de Janeiro salieron a las calles unos 15 mil jóvenes, mientras en Sao Paulo lo hicieron 65 mil según datos de movimientos y redes sociales.

En la capital carioca un grupo de protestantes protagonizó destrozos en las afueras de la Asamblea Legislativa, quemó un auto y una agencia bancaria, lo cual motivó la intervención policial. En Sao Paulo, la marcha fue pacífica.

En Porto Alegre, Río Grande do Sul, la policía dispersó también un grupo con gases lacrimógenos, mientras ocurrieron igualmente protestas en Salvador, Curitiba, Maceió, Belem y Santos, entre otras ciudades.

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Estudiantes chilenos exigen respuestas a demandas históricas

PL

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) de Chile mantienen medidas de presión por considerar que el Gobierno de Sebastián Piñera sigue sin responder a sus demandas históricas.

Los alumnos tenían hasta ayer más de 50 colegios movilizados a nivel nacional: 25 planteles en toma, 15 en paro y otros 15 que llevan a cabo jornadas reflexivas.

Solo en la Región Metropolitana, los estudiantes de secundaria tenían tomado 16 centros, para una suma de 17 mil 873 alumnos sin clases, refiere el diario La Tercera.

La organización exige un sistema nacional de educación estatal, gratuita, de excelencia y con control comunitario, con énfasis en el fortalecimiento de la educación técnica.

Dirigentes estudiantiles consideran que las movilizaciones son las armas con las cuales cuentan para hacerse escuchar y para que haya respuesta a las demandas históricas.

La ACES, junto a padres y apoderados, también repudia con estas medidas la violenta represión que se ha ejercido constante y reiterativamente contra los estudiantes de Chile.

Desde el 2011, la administración de Piñera se ha visto sacudida por las masivas y continuas manifestaciones estudiantiles que aglutinan tanto a secundarios como universitarios, al punto que han comprometido la popularidad del gobernante, la cual llegó a ser la más baja de un presidente chileno después de 1990.

Las demandas de los jóvenes cuentan con el apoyo de alrededor del 80 por ciento de la ciudadanía, según las encuestas. Sin embargo, casi al concluir el mandato de Piñera, los alumnos aseguran que nada se ha resuelto.

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Miles de paraguayos a las calles contra privatización de electricidad

Javier Rodriguez Roque (PL)

Miles de trabajadores del sector eléctrico salieron hoy a las calles de esta y otras ciudades en una protesta masiva contra el proyecto de ley para privatizar la estatal Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Los sindicatos del sector paralizaron las oficinas, iniciaron la movilización en Asunción frente a las oficinas de la ANDE y con el apoyo de otras agrupaciones similares y de organizaciones sociales marcharon a concentrarse frente al Congreso Nacional.

La protesta se desarrolla cuando la Cámara de Diputados, que ya aprobó en forma general el criticado proyecto, se dispone a analizar el articulado en la sesión de hoy para remitirlo urgentemente al Senado en busca de la sanción definitiva.

José Pineda, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE, anunció que columnas de empleados y personal técnico adherido a la protesta marchan desde diferentes puntos de esa capital para reunir unos cinco mil manifestantes frente al Parlamento.

Igualmente, anunció cortes de ruta en varios puntos del país como medida de presión a los legisladores y en defensa de la soberanía energética del país, pues la privatización abre las puertas a las empresas extranjeras para controlarla.

Ese sindicato recibió ayer el apoyo a sus demandas de parte de la Federación Nacional Campesina y el Frente Guasú, coalición de partidos y organizaciones sociales progresistas.

Los sindicalistas pidieron a los usuarios no acudir hoy a las oficinas ni realizar pagos u otros trámites administrativos y confirmaron que no se atenderán reclamos de cortes del servicio a excepción de las afectaciones a hospitales.

Pineda adelantó la posibilidad de una huelga general si los legisladores continúan adelante con el proyecto, lo cual se discutirá en una asamblea por convocar de acuerdo con los resultados de la movilización de esta jornada.

La norma privatizadora permitirá a intereses económicos nacionales y extranjeros intervenir en la venta de excedentes de energía de las binacionales hidroeléctricas de Itaipú y Yaciretá, que significan un ingreso de 750 millones de dólares anuales para el país.

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Ileana Alamilla: El 20% del PIB es aportado por la niñez guatemalteca, una vergüenza para el país

CERIGUA

Diversos informes han reportado que en la región, Guatemala presenta la mayor cantidad de menores de edad que laboran y donde es más amplia su participación en la economía familiar, indicó Ileana Alamilla, quien destacó que alguna autoridad debe dar el primer paso para terminar con esa calamidad.

A decir de Alamilla, en su columna Eclipse “Obligados a trabajar”, en el país se vive en una sociedad donde lo absurdo es la norma y esa anormalidad es aceptada y justificada; aquí, mientras niños y niñas juegan a trabajar en lo que quieren ser cuando crezcan, más de 850 mil ejecutan un trabajo.

La columnista dijo que el sistema legal, sustento de muchas injusticias, no ha sido capaz de ser modificado en aspectos que lesionan a seres humanos que necesitan protección estatal, el Código Laboral permite el trabajo infantil, que constituye una capitulación del Estado a su responsabilidad de garantizar condiciones dignas de vida e igualdad de oportunidades a todos sus habitantes.

Alamilla destacó que en medio de la situación de pobreza y miseria en que sobreviven las mayorías, se tiene el cinismo de endilgar a los progenitores la responsabilidad de poner a trabajar a sus hijos e hijas, una aberración producto de un sistema excluyente y discriminatorio que ciertos sectores rechazan modificar.

Para la profesional es probable que en muchos casos padres o madres pongan a sus niños y niñas a pedir limosna o trabajar para sobrevivir, pero seguramente en la mayoría de los casos se trata de familias que desearían que sus descendientes tuvieran alimentación adecuada, escuela, zapatos, juguetes y un ambiente distinto que les permitiera salir del laberinto de infortunios en el que por generaciones se han mantenido.

Es necesario que los organismos del Estado se tomen en serio su papel y con conciencia, en lugar de estar distraídos en necias trivialidades, legislen, formulen y ejecuten políticas públicas y juzguen todo lo que tenga que ver con la protección y el bienestar de la niñez guatemalteca.

Finalmente, Alamilla calificó como una vergüenza saber que la infancia que se ve obligada a trabajar aporta el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, pese a que el Código Penal tipifica como delito el empleo de menores de edad en labores lesivas y peligrosas que menoscaben la salud, seguridad, integridad y dignidad de niños y niñas.

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Anexión a Estados Unidos haría a Puerto Rico un gueto latinoamericano

PL

La anexión de Puerto Rico a Estados Unidos destruiría su economía y lo convertiría en un gueto latinoamericano, aseguró el gobernador Alejandro García Padilla.

El mandatario puertorriqueño abogó, en cambio, por el desarrollo del Estado Libre Asociado (ELA), vigente desde 1952, como una maniobra de Estados Unidos para sacar a Puerto Rico de la lista de países coloniales de las Naciones Unidas.

"La estadidad (anexión) sería desastrosa para la economía de Puerto Rico, (lo) convertiría en un gueto latinoamericano, y eso no lo podríamos permitir", dijo el gobernante, quien también rechaza la independencia para esta isla del Caribe, bajo dominio de Estados Unidos desde 1898.

Opinó que la integración plena a Estados Unidos revertiría a los puertorriqueños a los niveles de pobreza que se tenían antes de los años 50 del siglo pasado, antes de la creación del ELA.

García Padilla, presidente del Partido Popular Democrático (PPD), defensor del ELA, manifestó que con la ausencia de incentivos, junto con las imposiciones fiscales federales, a empresas que se instalan en la isla la economía isleña sucumbiría, puesto que se "perdería la ventaja competitiva".

Durante una reunión en la mansión ejecutiva con los miembros conferencia legislativa del PPD, el mandatario adujo que en una consulta de estatus tiene que estar incluido el ELA, en referencia a que en el plebiscito de noviembre de 2012 fue excluido por el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP).

También criticó al delegado puertorriqueño en el Congreso en Washington, Pedro Pierluisi, quien ha sugerido que de realizarse una nueva consulta debe ser "estadidad sí o no", lo que dejaría fuera las otras fórmulas políticas.

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Consideran imperdonable el desperdicio de alimentos en el mundo

PL

El desperdicio de millones de toneladas de alimentos cada año en el orbe constituye hoy una de las principales contradicciones de ese mercado, en un mundo donde millones de personas sufren a causa del hambre, opinan expertos.

Un tercio de los alimentos producidos en el planeta para el consumo humano se tira o se pierde, así como los recursos naturales utilizados en el proceso, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El desperdicio per cápita de los consumidores se sitúa entre 95 y 115 kilogramos anuales en Europa y Norteamérica/Oceanía, mientras que en África subsahariana, Asia meridional y Sudeste asiático tiran entre seis y 11 kilogramos al año.

Acorde con los datos de esa agencia especializada, si sólo una cuarta parte de la comida que actualmente se desaprovecha se recuperara, sería suficiente para nutrir a 900 millones de personas hambrientas.

La pérdida de alimentos se produce sobre todo en las etapas de producción -recolección, procesamiento y distribución- mientras que el despilfarro ocurre por lo general a nivel del minorista y el consumidor, al final de la cadena de suministro.

En las regiones industrializadas, casi la mitad del total de lo desperdiciado, alrededor de 300 millones de toneladas al año, se debe a que los productores, minoristas y consumidores desechan alimentos que todavía son aptos para el consumo.

Dicha cifra es más que la producción total neta de África subsahariana, y sería suficiente para proveer de comida a una buena parte de quienes sufren por el hambre en el orbe.

Expertos opinan que teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento demográfico, el desperdicio en ese apartado carece de sentido a nivel tanto económico, ambiental como ético.

Aparte del coste que conlleva, toda la tierra, agua, fertilizantes y la mano de obra necesarios para cultivarlos se pierde, explican.

Unido a ello están las emisiones de gases de efecto invernadero producidos por la descomposición de los alimentos en los vertederos y el transporte de los mismos que finalmente se desechan.

Por ello, organismos especializados como la FAO insisten en la urgencia de invertir la actual situación de desperdicio y mejorar la vida de las personas.

Las nuevas tecnologías, las mejores prácticas, la coordinación y las inversiones en infraestructura desde la producción hasta el consumo, son consideradas fundamentales para lograr ese objetivo.

De ahí que llamen a la acción conjunta en aras de mejorar los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y disminuir al mínimo el impacto ambiental.

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Estados Unidos: Peligran las pensiones de los jubilados en la endeudada Detroit

PL

Las autoridades de la ciudad estadounidense de Detroit planean recortar los beneficios sociales de 30 mil trabajadores y jubilados para poder sortear una deuda económica de 17 mil millones de dólares.

Maniobrando al borde de la bancarrota desde 2010, la mayor urbe de Michigan ha perdido además un cuarto de su población a partir del año 2000 y designó al experto financiero Kevyn Orr como negociador especial con Washington y el sector privado.

Orr recordó que la municipalidad tiene en suspenso cerca de 39 millones de dólares en pagos de pensiones y está en la mira de influyentes consultorías de crédito, como Fitch Ratings, que la víspera recortó su grado de confiabilidad hasta la letra D.

Reducir los beneficios de estas personas será una decisión deprimente, tenemos a individuos de 75 años que dependen de esos sueldos para mantener a sus familias, comentó Cornell I. Haynes, del Consejo Sindical de Retirados Civiles.

En 1950, Michigan era uno de los ocho estados norteamericanos que en conjunto producían un 36 por ciento del Producto Interno Global, y Detroit era por esa fecha la mayor metrópolis manufacturera en el mundo.

El mes pasado el gobernador de Michigan, Rick Snyder, solicitó para Detroit una administración de emergencia debido a la situación de virtual colapso financiero que vive la ciudad norteña.

Snyder pidió al presidente Barack Obama que envíe un gerente especial desde Washington para ayudar a resolver el millonario desequilibrio presupuestario en la otrora potencia industrial.

Un comité de expertos economistas vinculado a la Asamblea Legislativa de Michigan confirmó que las deudas citadinas ascendían a 16 mil 700 millones de dólares a inicios del presente mes.

Los mayores problemas de la antes conocida como Ciudad Motor comenzaron a raíz de la crisis financiera de 2008, que indirectamente golpeó a las grandes compañías General Motors y al Grupo Chrysler, y luego a las arcas departamentales.

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