martes, 25 de junio de 2013

A 29 años de la masacre “Alfa Carbón 1”, la “Operación Albania del Sur” (Parte III)

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Los asesinatos de Valdivia y el rol de TVN.

Al anochecer del 23 de agosto de 1984 los esbirros CNIs ejecutaron en un “enfrentamiento” a Rogelio Humberto Tapia de la Puente (31 años), ingeniero forestal, y Jaime Raúl Barrientos Matamala (24 años), empleado de comercio. En la tarde del día siguiente, violaron el hogar de Juan José Boncompte Andreu (31 años) y lo acribillaron en su dormitorio. Ambas acciones tuvieron “cobertura” exclusiva TVN.


Foto: Rogelio Tapia

La puesta en escena post crimen fue adornada con “utilería extremista”, lo ya consabidos panfletos, armas y demás elementos indicados por los escenográfos Dinacos-CNI…, pero con incoherencias que nunca se aclararon. Los errores “técnicos” del libreto periodístico “enfrentamiento” incluyeron la cobertura en exclusividad para Esteban Montero-TVN.

Por órdenes de los jefes locales de la dictadura, en Valdivia los esbirros cerraron el acceso a la locación de los crímenes a la prensa local. Además, ocultaron “información” relevante, a los periodistas de verdad, al punto que hubo una protesta formal del Consejo Décima Región del Colegio de Periodistas de Chile, queja que, por supuesto, nadie difundió. (Se reproduce íntegra más abajo).


Foto: Jaime Barrientos

Tras la doble ejecución de Rogelio Tapia y Jaime Barrientos, la Prefectura de Carabineros de Valdivia dio a conocer su versión oficial, difundida orbe et urbi por la prensa local y nacional: "Hoy, aproximadamente a las 17.30 hrs., en el camino de Niebla-Valdivia, Sector Puente Estancilla, en circunstancia que el personal de seguridad en un vehículo jeep efectuaba seguimiento de elementos subversivos, sostuvo enfrentamiento con tres individuos con pistolas, ametralladoras y revólveres. En el enfrentamiento fallecieron dos extremistas y uno se dio a la fuga, efectuándose de inmediato un intenso operativo en Niebla".

La gobernación difundió otro informe oficial más o menos idéntico, pero indicando una hora distinta, las 18:30. Tal como ocurrió esa misma mañana en el asesinato de Luciano Aedo en Concepción, TVN/Esteban Montero dio a conocer detalles que no fueron entregados oficialmente a la prensa, como el nombre real de Boncompte Andreu. Creció la molestia de los periodistas de otros medios, a quienes bloquearon físicamente el acceso a la información.

La verdad de los hechos

Jaime Barrientos almorzó en su casa y, según sus familiares, salió a las 15.30 horas del 23 de agosto, para dirigirse a su trabajo como cobrador de Tiendas Pazos. "Fue la última vez que lo vimos; después nos fueron a comunicar que había sido muerto a balazos por extremistas", dijo su padre. Su esposa dijo haberse enterado de su deceso a través de un “flash” de Esteban Montero por Televisión Nacional.

Rogelio Tapia y Jaime Barrientos eran conocidos en sus barrios y lugares de trabajo. El libreto del “enfrentamiento” de los creativos CNI-Dinacos presentaba varios defectos e incoherencias. Montero-TVN trató de salvar la situación mostrando fotografías de un vehículo en que pretendidamente se desplazaban los CNIs y que supuestamente fue acribillado a tiros por extremistas que andaban a pie, por un lugar escabroso y poco apto para intentar cualquier “enfrentamiento” fidedigno. Ya no era “un vehículo jeep”, como inicialmente dijo la prefectura de carabineros, sino un furgón japonés de menor costo, utilería que la producción CNI sacrificó con múltiples perforaciones a balazos para mostrarlo en “60 minutos” de TVN como “prueba del enfrentamiento”.

Otras contradicciones del libreto

El abogado Juan Concha Urbina, representante de los familiares de Tapia y Barrientos, hizo presente al tribunal que las “informaciones oficiales”, publicadas en los diarios locales y nacionales el 24 y 25 de agosto, asignaban horas distintas al “supuesto enfrentamiento en el lugar inmediato al puente sobre el estero Estancilla, en el camino de Valdivia a Niebla": 17.30 según la Prefectura y 18.30 según la Gobernación.

El abogado hizo constar que Montero "… fotografía el vehículo furgón, probablemente de fabricación japonesa, de color rojo a concho de vino, usado por los agentes de seguridad el día de los hechos y que Televisión Nacional mostró en el programa "60 minutos" del día viernes 24 de agosto acribillado de balas, fotos que se agregaron al proceso". Eran las “pruebas” de que hubo “enfrentamiento”.

El jurista pidió "...citar a declarar al periodista de Televisión Nacional Esteban Montero, como también al o los camarógrafos de esa televisión, sobre la ubicación precisa del vehículo furgón en el lugar del suceso, su relación con el lugar donde estaban los cadáveres del señor Tapia y del señor Barrientos y, sobre todo, los antecedentes que ellos observaron y grabaron en sus cámaras, como número de funcionarios, identidad de estos vehículos usados, armas que llevaban y, especialmente, si alguno de dichos agentes de seguridad presentaban heridas o lesiones".

También pidió "...oficiar a los hospitales de Valdivia a fin de que informen si el día 23 de agosto último, después de las 18.00 hrs. ingresó a esos servicios, o fue examinado, algún funcionario de seguridad por heridas a bala o de otra naturaleza".

Plan original: matar a tres personas


Foto: Juan José Boncompte

Otra incoherencia del libreto fue la inclusión de un “tercer sospechoso” en el “enfrentamiento”, pero que habría huido. El falso “fugitivo”, Boncompte Andreu, la tercera víctima de Valdivia, sería asesinado en su hogar al día siguiente. O sea, este prospecto sui generis de “sospechoso violentista y extremista” escapó ileso del “enfrentamiento” sobre el puente del río Estancilla, se fue a dormir tranquilamente a su domicilio legal y conocido, al día siguiente almorzó con su pareja y después durmió pacíficamente la tradicional siesta valdiviana, como si aguardara como manso cordero que la CNI llegara cumplir su cometido de matarlo.

El abogado precisó que la locación del primer doble crimen es “un sector del camino de Valdivia a Niebla, en el tramo que atraviesa el río Estancilla, que lo cruza por un puente de madera de alrededor de 20 mt de largo, tramo en línea recta de más o menos 300 mt de largo, al cual se llega haciendo una curva y se sale de él también haciendo otra curva; el camino está construido sobre un terraplén de rocas que cubre el cauce del río, que llega hasta sus bordes; la capa de rodado es del ancho normal de los caminos de Chile y está aproximadamente a 4 metros del nivel de las aguas; el talud en ambos lados del camino es prácticamente vertical y de escasa vegetación".

La Prefectura de Carabineros, la Gobernación Provincial y los esbirros responsables del homicidio en el lugar descrito dijeron haber sorprendido a "tres" sospechosos, no a dos, “a quienes intimidaron detención, a lo que respondieron --los sospechosos-- desenfundando sus armas y disparándolas contra los agentes que viajaban en un furgón pequeño, de procedencia japonesa, de color rojo a granate o concho de vino; estos hicieron uso de las propias y mataron a dos de los sospechosos (Tapia y Barrientos) huyendo, según ellos, el tercero, al que no pudieron ubicar no obstante haber trajinado el lugar, según afirman".

El abogado dijo tajantemente: "Esta versión es falsa, porque en el lugar de los hechos no habría podido escaparse el tercero a que aluden, ya que la única manera de huir es arrancando por el camino, que es en línea recta y habría sido fácil herirlo o matarlo en la fuga. (...) "Si el tercero se hubiere salido del camino habría caído al agua, siendo allí muy fácil de sorprender, porque no habría podido escapar a través del río, por la dificultad del agua y el terreno fangoso del cauce. Tampoco el tercero habría podido esconderse en los taludes casi verticales, porque simplemente no hay donde esconderse, a menos que los perseguidores fueran cortos de vista o ciegos..."

Asesinato de Juan José Boncompte Andreu

Un segundo comunicado oficial del 24 de agosto dio cuenta que "personal de la Central Nacional de Informaciones, en actividades propias de allanamiento a viviendas sospechosas, llegó hasta la casa ubicada en calle Rubén Darío Nº 643. Cuando el personal intentaba cumplir su cometido oficial fue atacado por el violentista desde el interior de la vivienda. En el intercambio de disparos fue muerto el extremista y un oficial de la CNI herido en la cabeza. En el lugar fue detenida la conviviente del violentista, quien se encuentra en avanzado estado de gravidez. La identidad del extremista no fue entregada por encontrársele en su poder varias cédulas de identidad, todas falsas".

Sin embargo, el programa “60 Minutos” de TVN entregó esa noche mucho más información que las propias autoridades, incluso el nombre verdadero de la víctima, Juan José Boncompte Andreu (31). La Directiva del Consejo Décima Región del Colegio de Periodistas de Chile expresó su malestar con esta declaración pública, emitida el sábado 25 de agosto:

"Miembros del Colegio de Periodistas de Chile, que ejercen su profesión en la ciudad de Valdivia, han denunciado a este Consejo Regional de hechos atentatorios contra la libertad de prensa, registrados en esa ciudad el día viernes 24 del presente.

“En lo esencial, se ha informado a este Consejo Regional que cuando fuerzas policiales y de seguridad efectuaban un operativo en la población Teniente Merino de Valdivia, en una investigación de actividades terroristas, los periodistas de los medios de comunicación vieron entorpecidas sus actividades profesionales. El personal uniformado que acordonó el sector, negó el paso a periodistas de diferentes medios valdivianos, particularmente de "El Diario Austral" y "24 Horas". Incluso, hubo amenazas directas a reporteros gráficos en el sentido de que les serían retiradas sus cámaras fotográficas en caso de insistir en el cumplimiento de sus labores profesionales. Hubo, además, un trato vejatorio para la gente de prensa.

“En contraste con esta actividad de Carabineros hacia los medios locales, los representantes de Televisión Nacional de Chile tuvieron acceso a todos los sitios que quisieron, transitando libremente por el lugar, mientras el resto de los periodistas debía permanecer tras los cordones policiales, impedidos de trabajar por la determinación policial. De nada valieron las reclamaciones interpuestas por los periodistas afectados en el lugar mismo de los hechos.

“Ante estos antecedentes, el Consejo Regional de la Décima Región del Colegio de Periodistas de Chile, acordó lo siguiente:

 Protestar por la actitud de las fuerzas de Carabineros que impidieron a periodistas debidamente acreditados el cumplimiento de su labor profesional.
 Protestar por la discriminación que hizo la fuerza policial, al permitir que elementos de Televisión Nacional transitaran libremente por la zona restringida para el resto de los periodistas.
 Lamentar la rudeza innecesaria que la fuerza policial empleó en su trato con los periodistas de los medios de comunicación de Valdivia.
 Dejar constancia de su malestar ante esta situación y señalar que actitudes como las señaladas significan coartar la libertad de expresión".

Colegio de Periodistas de Chile, Consejo Décima Región.
Osorno, 25 de agosto de 1984.

Los hechos verdaderos

"...Inés Lucía Díaz señaló que se encontraba descansando junto a su compañero [Juan José Boncompte Andreu] después de almuerzo, en el dormitorio. Eran cerca de las 15.45 horas, cuando sintieron golpear muy fuerte la puerta. Una voz gritó que abrieran. Al entreabrir, vio entre 10 a 15 civiles armados que llevaban brazaletes de color verde. Entre ellos había una mujer de pelo corto y anteojos. Además, logró ver varios vehículos estacionados frente a su casa. Le gritaron "al suelo". Ella se tiró al piso. Al hacerlo, y encontrándose en dicha posición, sintió cerca de diez disparos, que no tenían la frecuencia de ráfagas de metralleta, en dirección al costado oriente de la casa.

“Terminado el tiroteo entraron seis civiles por la puerta principal, los que comenzaron a. vaciar una cajas con mercaderías, mientras dos de ellos la sacaron del inmueble. Sintió también que por un radio transmisor portátil pidieron una ambulancia. Luego llegó un furgón de carro fúnebre..." (Revista Análisis, año VII, número 90, del 11 al 25 de septiembre de 1984).

¿Quién era Esteban Montero, de TVN?


Foto: Esteban Montero

Esteban Montero, el reportero policial de TVN al servicio de la CNI, fue uno entre varios periodistas que cubrían las fuentes policía y tribunales reclutados temprano como colaboradores por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, que en 1977 pasaría a llamarse CNI). La DINA adiestró a estos periodistas en una disciplina que llamaba “Inteligencia de la Información”, con clases que se impartían una vez por semana, desde tempranas horas de la mañana, en sus instalaciones de La Rinconada de Maipú, en la periferia occidental de Santiago.

Uno de los periodistas que recibió “formación” en estos cursos relató en 1997 al autor de esta nota que para cada clase semanal les asignaban un lugar de recogida distinto en el centro de la ciudad capital. Pero igualmente enviaban agentes al lugar anterior de recogida para buscar a los olvidadizos y conducirlos hasta donde esperaba el autobús que los conduciría a la escuela DINA de Maipú.

Esteban Montero fue sancionado por el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas por su participación en el montaje periodístico del “caso Karin Eitel Villar”, estudiante de la Universidad Católica detenida el 1 de noviembre de 1987, acusada de ser vocera del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) tras el secuestro del coronel Carlos Carreño, 39 años, acaecido el 1 de septiembre de 1987 y liberado el 3 de diciembre de ese mismo año.

Una “confesión” pública de Karin Eitel, obtenida en una “entrevista” bajo torturas, fue transmitida por Televisión Nacional el 3 de diciembre de 1987. El video, difundido apenas 10 meses antes del plebiscito que en 1988 le dijo “No” a Pinochet, y que todavía puede verse en TouTube (1), fue grabado en un cuartel de la CNI. Antes de su emisión, la joven fue maquillada para ocultar las huellas de la tortura, según consta en la investigación oficial de la llamada “Comisión Valech”.


Foto: Karin Eitel

Un informe médico de Gendarmería certificó las condiciones en que la CNI envió a la cárcel a Karin Eitel cuando fue acusada por el ex fiscal militar Fernando Torres Silva, procesado y condenado por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez: "Dos hematomas en la región occipital y uno en la región preauricular izquierda y mandibular derecha, ocular izquierda; chasquido en articulación de mandíbula; contusión torácica en 1/3 inferior de hemitórax izquierdo y contusión epigástrica".

La justicia militar procesó y condenó a Karin Eitel, quien recuperó su libertad en agosto de 1991. Y desde entonces libra una lucha legal para aclarar su arresto y las torturas que denunció, pero el caso fue cerrado por la justicia militar sin resultados ni responsables.

En 2010 Eitel reconoció en fotos de prensa a uno de sus torturadores, el entonces general Ricardo Ortega, jefe de Inteligencia del Ejército hasta que se acogió a retiro en febrero 2009. Se lo comunicó a Mario Carroza, ministro de la Corte de Apelaciones que interrogó a Ortega en la investigación de otros casos de homicidios de lesa humanidad, además de la muerte de Salvador Allende.


Foto: General Ricardo Ortega, 2010

Carroza derivó los antecedentes a la Segunda Fiscalía Militar de Santiago. La justicia castrense aceptó levantar el sobreseimiento de la causa 2406-87 y la reabrió, pero el abogado de Eitel pidió en junio 2010 que el caso por torturas quedara radicado definitivamente en la justicia civil. "Apelamos a la decisión de la justicia militar de declararse competente", dijo el abogado Boris Paredes. "Creemos que no tiene imparcialidad para seguir este tipo de investigaciones de derechos humanos. Todos estos antecedentes se sabían hace tiempo y la judicatura militar no hizo nada". Hasta ahora no pasado nada.

Esteban Montero falleció de un ataque cardíaco el 13 de septiembre 2008. Al día siguiente, El Mercurio dedicó a su deceso un largo pie de foto: “Murió periodista Esteban Montero: De un ataque al corazón murió ayer el periodista Esteban Montero, quien durante las décadas de los años 70 y 80 trabajó en TVN cubriendo las noticias del ámbito policial. Actualmente se desempeñaba como productor general del programa matinal de la Red conducido por Mauricio Israel” (2).

La Red es uno entre la treintena de canales de TV abierta que el mexicano Ángel González posee en América Latina. Israel es un conductor de deportes que derivó a la farándula y en 2008 huyó de Chile a Jerusalén por delitos económicos. Hubo una orden de captura internacional de Interpol, pero en mayo 2010 regresó a Santiago, fue detenido por 11 horas, pagó 28 mil dólares (14 millones de pesos) que le imputaban como robados, llegó a un arreglo por las deudas y aquí no pasó nada. Está de nuevo en la TV, ahora en el reality show de Canal 13, del grupo Luksic y El Vaticano (a través del 33% de la Pontificia Universidad Católica).

(Continuará)

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.

1) Video: http://www.youtube.com/watch?v=HNk6Kxs7r9Q
2) http://www.emol.com/mundografico/?F_ID=639067

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La reforma política

Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

En los diálogos de La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP se inicia el debate sobre el segundo punto de la agenda, la reforma política. Y tal como sucedió al comienzo el gobierno intenta reducir los acuerdos a su mínima expresión mientras la insurgencia guerrillera por su parte busca darles el mayor alcance posible.

Santos hace una interpretación muy restrictiva de la reforma política que en la práctica se reduce a garantizar a la guerrilla la participación electoral sin cambiar las reglas de juego mientras la guerrilla propone aprovechar la ocasión para emprender cambios de mucho mayor alcance. En realidad, se repite el escenario inicial cuando se trató el primer punto de la agenda, con posiciones muy encontradas pero que al final -como todo parece indicar- no impidieron un acuerdo básico sobre la cuestión rural. Un comportamiento éste bastante normal que tiene sin embargo un referente mayor, imposible de ignorar: ninguna de las partes está (al menos por ahora) en condiciones de derrotar a la otra. Esta es sin duda la base que da sentido a los diálogos y determina los alcances reales que puede alcanzar el posible acuerdo.

Por supuesto, también intervienen la capacidad de negociar, la habilidad para gestionar las propias fuerzas y la inteligencia para no perder en la mesa de conversaciones aquello que cada cual cree haber ganado en el campo de batalla. Un campo de batalla que en manera alguna se limita a lo estrictamente bélicos como se pone de manifiesto en la actual coyuntura en la cual más que los aciertos militares resulta decisiva la gestión política del proceso. En este sentido, las opiniones más generosas otorgan hasta ahora un empate a gobierno y guerrilla; pero no falta quien enfatice en la gran victoria política que representa para las FARC-EP ser aceptada -de hecho- como interlocutor válido por el gobierno (a pesar de su insistencia en la versión oficial que califica a los insurgentes como simples “terroristas”).

Si el debate sobre la reforma política discurre con la misma dinámica constructiva que ha predominado hasta ahora lo normal sería que se produzca un acercamiento de posiciones que satisfaga a ambas partes. Al parecer, el punto más controvertible se refiere ahora al mecanismo para refrendar los acuerdos (como antes lo fue el modelo económico, intocable para el gobierno pero que de hecho sufriría cambios nada desdeñables a juzgar por lo supuestamente ya acordado). Por el momento no se ve cuál podría ser la fórmula aceptable que no sea ni el simple referendo que propone la delegación gubernamental ni la asamblea constituyente solicitada por la insurgencia y varios movimientos sociales. Quizás sería más factible buscar por ahora coincidencias en los contenidos de la reforma que en los mecanismos de refrendación; quizás lo uno contribuya a despejar lo otro.

La propuesta de la insurgencia sobre la reforma política supone sin duda una revisión radical del ordenamiento jurídico y de las relaciones políticas en general que van mucho más allá de retoques en el sistema electoral para permitir su transformación en un partido político legal (que en en esencia la propuesta del gobierno). De todas formas el gobierno tendría que acometer una reforma radical del actual sistema electoral dada su naturaleza corrupta, primitiva y excluyente. Aceptar sin más el actual orden de cosas es solicitar demasiado a los insurgentes que tienen sólidas razones para no optar por una salida tan restringida y ciertamente peligrosa (la experiencia del exterminio de la Unión Patriótica es un argumento contundente que avala sin duda los temores de la guerrilla).

El gobierno tendría que - en primer lugar y sin demoras- desmantelar efectivamente cualquier manifestación de guerra sucia y terrorismo de estado, prácticas que afectan no solo a la insurgencia sino a los movimientos sociales y a la oposición política legal. Paramilitarismo y militarismo son realidades innegables; sin cambios en relación al pasado se mantienen hoy como política oficial las estrategias de la “seguridad nacional” y del “enemigo interno”, algo impensable en un estado de derecho y en una sociedad civilizada. Nada efectivo se ha hecho hasta ahora por parte de las autoridades para eliminar las huestes paramilitares y limitar el papel de los cuarteles de forma que no resulten envenenando una convivencia ciudadana moderna y sobre todo democrática.

También sería indispensable un cambio radical en la política penitenciaria, denunciada por muchas voces como un sistema de exterminio de la oposición armada y social y como un modo cruel e inhumano de tratar el problema de la delincuencia común. Razones no faltan, tal como lo ponen de presente informes independientes de toda solvencia y hasta instituciones del mismo estado. Tampoco tiene alcances una reforma del sistema político que no emprenda una reestructuración a fondo del sistema judicial del país, altamente desprestigiado e impregnado de un repugnante tufo de justicia de clase a niveles de escándalo. No sería todo lo que piden los insurgentes pero sin duda que contribuirían mucho a acercar posiciones.

Reformar y modernizar la estructura del estado y el tejido político en general puede adelantarse probablemente sin necesidad de elaborar una nueva carta constitucional pero es igualmente cierto que no es posible hablar de reforma si -como pretende el gobierno- se mantienen pilares básicos de lo institucional que para los insurgentes son trampas mortales en las cuales no están en disposición de entrar (motivos no les faltan). ¿Someterse a un sistema de justicia como el actual que hasta destacadas voces del mismo establecimiento reconocen como corrupto e ineficiente en extremo? (más de un 90% de impunidad registrada). ¿Aceptar sin más un sistema electoral tramposo?.

Alcanzar coincidencias sobre los contenidos de la reforma permitiría acaso avanzar hacia un acuerdo en la manera de refrendar lo acordado. Una solución que satisfaga a ambas partes podría consistir en la garantía cierta que den las autoridades a los alzados en armas de que determinadas reformas parciales darán plenas garantías para seguir avanzando en el propósito de reformar a fondo la estructura del estado (que es como entienden los insurgentes la necesaria reforma política).

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Los blancos civiles del ejército de Colombia

Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

¿Cuál es el mensaje que envía al Pueblo trabajador colombiano, la oligarquía militarista aliada del Imperialismo gringo, que toda Unida, acaba de aprobar contra viento y marea, en medio de un proceso de paz y de una resistencia comunitaria tan tenaz como la del Catatumbo, la rechazada ley feudal del Fuero Militar, en especial, el haber convertido a la población civil en “banco legítimo”?

La respuesta es obvia: Ganar la guerra contra el enemigo interno, como llaman verdaderamente a la población civil, o como Uribe Vélez lo gritaba: “a los guerrilleros vestidos de civil”. Pero miremos algunos aspectos de su “contexto”:

1 - La primera consideración que se debe hacer es que, históricamente, (desde fines del siglo XIX) Colombia adquirió para los intereses del Imperialismo Norteamericano en expansión ilimitada, un valor Geo-estratégico inusitado que lejos de haber disminuido ha ido aumentando en la medida que el desarrollo capitalista de su complejo militar- industrial-financiero y el neoliberalismo, han demandado nuevas materias primas de las cuales carecen y al contrario yacen abundantes en nuestras montañas y selvas. Pero además, en la lucha a muerte inter-imperialista por la Hegemonía y control de regiones enteras de Nuestramérica; Colombia se convirtió en una mega-base militar de altísima tecnología con varios anillos de bases satélites, desde la cual se dominó toda Centroamérica y el Caribe, y toda la región Andino-Amazónica hasta la Patagonia.

2 - En este proceso, y a partir de la implementación del Plan Colombia (paralelo al proceso de paz del Caguán) el ejército colombiano, absorbiendo a la Policía Nacional como una división contrainsurgente más, se convirtió en una fuerza descomunal de medio millón de hombres armados que consumen el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, logrando generalizar por todo el territorio del país un cuerpo considerable de narco-para-militares y aglutinar con ellos (como burguesía lumpen o mafiosa) un bloque de clases dominante; que finalmente puso bajo su control todo el aparato del Estado y expandió el neoliberalismo mediante el terror del Estado y la militarización social por todo el territorio del país. Es la llamada por los economistas, “acumulación militarizada de capital mediante el despojo”.

3 - Proceso económico-militar de largo aliento que, en los últimos años fue acelerado por la crisis capitalista global, la cual exigió de la oligarquía colombiana en su conjunto, la aplicación a sangre y fuego del “extractivismo y la re-primarización económica” como ideología Dominante, y que fuera expresada trémulamente por JM Santos como “la locomotora del Desarrollo”.

Es pues un proceso de modernización y adecuación trasnacional del capitalismo colombiano que como lo estamos viendo por toda su geografía, ha generado cada vez más resistencias populares y comunitarias, necesarias de aplastar militarmente, y cuyos objetivos de fondo rebasan las fronteras colombianas e incluso van más allá de la mera guerra contra guerrillera. Para eso acaban de dar a sus heroicas Fuerzas Armadas la patente de corso que necesitan y puedan aplastar la resistencia popular y comunitaria disfrazada de civil.

4 - Pero hay más. Santos eufórico porque consideró que la muerte de Alfonso Cano sumada a la de los otros miembros del secretariado muertos, y por sobre todo, engañado por sus generales quienes le venían asegurando desde la época de Padilla de León, “que las guerrillas estaban en el fin del fin”, entró en un proceso de Paz con ella convencido de que era mamey: votos por fusiles yá. Pero la ira de su agente Humberto de la Calle en Oslo cuando en el discurso de inauguración del proceso el comandante Iván Márquez le mostró la realidad, quedaron al descubierto sus ilusiones.

5 - Santos entrado en gastos y sobre todo habiendo generado expectativas internacionales, quienes también tienen grandes intereses en la LOCOMOTORA SANTISTA, echó mano del as que había guardado en su manga de “negociar en medio del conflicto” y apuró a sus generales para lograr una derrota militar (también yá) de las guerrillas; la que aún después de 6 meses de diálogos en la Habana no aparece visible. Entonces sin poder retirarse de la mesa, sin derrota militar de la guerrilla a la vista, y con una movilización popular creciente y consiente; no le ha quedado más remedio que jugar a la incertidumbre dándole juego mediático y tuitero a su ex socio-adversario Uribe Vélez, para que funja de “coco” (fantasma asustador de niños) del proceso de paz de la Habana, y, darle órdenes a su agente de la Calle para que convencido de que el asunto es simplemente votos por armas, se convierta en un verdadero y “satánico doctor NO”.

6 - Y, si esta incertidumbre no funciona, pues quedan sus militares legalizados y debidamente protegidos con una ley de Fuero Militar para aplastar militarmente la creciente resistencia de los civiles, convertidos en “blancos legítimos” del heroico ejercito de Colombia.

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Lo que oculta el discurso sobre el “contrato moral”: Corrupción, democracia y capitalismo

Jorge Orovitz Sanmartino (especial para ARGENPRESS.info)

El debate sobre la corrupción se instaló nuevamente en la política argentina. El programa de Lanata logró transformarse en el epicentro mediático del fenómeno, con 23 puntos de rating. La denuncia de la corrupción fue consigna central de las manifestaciones del 13S, el 8N y el 18A, que extendía su cadena equivalencial, parafraseando a Laclau, a la exigencia de libertad, república y democracia. Lázaro Baez, Ricardo Jaime, Amado Bodou, Schiavi, hasta llegar al mismo Néstor Kirchner son algunos de los nombres más citados. La corrupción es inapelable. Igual que la demanda de seguridad, es instintiva, inopinable, primaria, voraz en la exigencia de responsables en un país, paradójicamente, que la tiene como habitual en todos los órdenes de la vida cotidiana.

La corrupción es patrón de las grandes ligas políticas. Desde la época de la independencia nacional se la esgrime como plataforma política. No hay nada nuevo. Pino Solanas acaba de describir su acuerdo político con Lilita Carrió y la UCR como “una transversal ética que reúne a los ciudadanos honestos con valores y principios”, haciendo de la lucha contra la corrupción el eje de su perspectiva política, es decir transformando el reclamo de transparencia y apego a la ley en un programa político acabado. Algunos dirigentes de la oposición creen que la política se reduce a realizar denuncias y presentaciones judiciales para salir en TV. En el lado del oficialismo, por el contrario, o se cree que las denuncias son puras mentiras orquestadas por el grupo Clarín o simplemente la consideran un mal menor en el camino de lograr la quimera del desarrollo de una burguesía nacional. ¿Por qué se genera?, ¿es un mal endémico que está en la naturaleza del ser nacional?, y ¿cómo combatirla?

Corrupción y capitalismo

A diferencia de lo que esgrimen los publicistas de la oposición conservadora, la corrupción no es un fenómeno nuevo ni exclusivamente peronista, que habría comenzado con el menemismo y que permanece en su continuidad kirchnerista. Desde los dientes de leche, el capitalismo argentino se desarrolló mediante el fraude y el despojo, en primer lugar de tierras, pero también de cargos públicos. El fraude electoral de principios de siglo, la feudalización de caciques bajo relaciones cuasi patrimonialistas en las provincias bajo un régimen seudo federal, hasta el auge de los modernos proveedores de insumos al estado y su multiplicación con la privatización de servicios públicos, concesiones y contratistas de obra pública. Las grandes empresas respetables que hoy claman contra la corrupción de la “lumpenburguesía kirchnerista”, han comenzado de manera similar, desde los años 70, mediante el negocio de las contrataciones de obra que se dio en llamar la “patria contratista”. Franco Macri por ejemplo armó su emporio asociándose a Fiat para la explotación del negocio y transformándose en tiempo record en la principal contratista del estado. En el caso de los Agnelli, estuvieron acusados en Italia de relación con la logia P2 y de tráfico de armas a Medio Oriente. Por supuesto que para eso tuvo que aportar a los partidos políticos de manera ilegal, por lo que también se le abrieron causas en la península. La relación de Fiat con Mussolini es ya conocida.

Centrales termoeléctricas, miles de kilómetros de caminos, represas, puertos, viviendas, plantas industriales, una gran parte de la infraestructura se realizó, desde los 60 y 70 bajo el régimen de la contratación que en todos los casos implicó licitaciones arregladas, coimas, sobornos escandalosos, sobrefacturación y políticos cómplices. Se le sumó luego el subsidio por prestación de servicio. El sistema ferroviario actual es la máxima expresión de este capitalismo prebendario en el que comenzaron a participar desde los años 90 los mismos dirigentes sindicales, vueltos patrones y explotadores de sus propios trabajadores, ahora bajo la modalidad de cooperativistas o terciarizados. Quizá el caso más emblemático de todos los tiempos haya sido el de Yacyretá, que multiplicó por diez el valor original. Roggio, Pescarmona, Pérez Companc son otros tantos nombres de aquella patria contratista que hizo fortunas mediante escandalosas obras públicas con licitaciones arregladas.

La corrupción es un fenómeno generalizado bajo las relaciones de producción capitalistas, aunque puede variar de país en país por diversos motivos. En EEUU, por ejemplo, el caso de Lockheed es bien conocido y figura en 33 casos de corrupción, hasta una falsificación de una prueba nuclear no realizada. En los últimos doce años, 30 de los 43 mayores contratistas federales acumularon más de 400 cargos y debieron pagar multas e indemnizaciones por más de US$ 3.400 millones por fijación de precios, pruebas falsas, polución, pago de sobreprecios, violación de leyes de exportación, ocultamiento de defectos de los productos y de información financiera al gobierno. Igual que aquí en la estación de Once, hubo allí muertos y heridos producto del “ahorro de costos”. Sin embargo esas empresas acaparan, entre todas, más de 4 de cada 10 dólares de las compras federales (Clarín, 12-05-2012). Cuando se los descubre, las grandes corporaciones se declaran culpables y pagan una multa para seguir en el negocio… hasta la próxima vez. El Banco Mundial calcula en un billón de dólares anuales los sobornos que pagan las empresas a funcionarios gubernamentales, sin tomar en cuenta el fraude del sector privado. La Unión Europea calcula en 1,3 billones de dólares anuales los ingresos que se pierden anualmente por evasión o elusión fiscal (Astarita, 2013).

Pero naturalmente los casos de corrupción pueden ser más numerosos en países con bajas regulaciones y controles, países de la periferia capitalista como en América latina, África y Asia. Las grandes corporaciones, en busca de ganancias extraordinarias corrompen en su propio beneficio no a tal o cual personaje sino a la médula del Estado, países como Camerún o Nigeria sufren procesos de centrifugado del poder por los altos niveles de corrupción, en muchos otros la estructura legal está profundamente debilitada. Las corporaciones que explotan recursos naturales además de promover guerras étnicas, utilizan el bandidaje y la criminalidad, a veces mediante ejércitos privados, como sucede también en Colombia y otros países de América latina y terminan carcomiendo las estructuras estatales y de la sociedad civil. Estructuras débiles y fragmentadas sólo logran mantenerse unidas por medio de dictaduras personalistas que acaparan los negocios en el entorno familiar. En 2010 un fiscal de la Corte Penal Internacional acusó a Omar al Bashir, presidente de Sudán, de esconder en bancos británicos 9.000 millones de dólares. Uno de los casos extremos es el de Omar Bongo, Presidente de Gabón por cuatro décadas, fallecido en 2009. El ‘el sistema Bongo’ se caracterizó por el abandono de carreteras, escuelas y hospitales en beneficio de las 66 cuentas bancarias de la familia Bongo. Mobutu en Zaire, Mugabe en Zimbabwe, son algunos de los tantos casos de enriquecimiento personal, y en todos los caos las multinacionales son los artífices de las maniobras de fraude, generación de deudas odiosas, elusión fiscal y corrupción de funcionarios.

Los orígenes del capitalismo no fueron distintos, el cercado de los campos que relata Marx en El Capital mediante métodos violentos, el fraude, la bolsa londinense como principal inversor de la piratería en el Atlántico (Ver el interesante libro de Silberstein Piratas, Filibusteros, Corsarios y Bucaneros), las guerras de saqueo colonial en el oriente. Pero el fenómeno de la corrupción no fue exclusividad de los orígenes. En la actualidad el circuito ilegal forma parte del sistema financiero mediante mecanismos de lavado y elusión fiscal.

En fin, el capitalismo, al promover la competencia entre capitales individuales mediante la lucha libre en el mercado y por eso mismo reclamar un aumento constante de la ganancia a riesgo de perecer en esa lucha, y además, al promover una forma de vida ligada al consumo, el lujo y el status social y medir el valor personal con la vara del dinero contante y sonante, se transforma en la causa fundamental de la corrupción, entendida como “el mal uso del poder público para beneficio personal, poniendo énfasis en los sobornos a los funcionarios o en la malversación de fondos públicos”.

Por supuesto que el capitalismo, una vez puesto a andar, se desenvuelve mediante mecanismos económicos “normales”, por ello se trata de un movimiento de acumulación regido por una lógica económica (no política), cuyas leyes objetivas Marx intentó develar en El Capital, Pero como la sombra al cuerpo, el impulso a sacar ventajas extraordinarias mediante formas ocultas acompaña a la cara legal. El caso de los capitales que han llegado tarde al reparto es más evidente, pues su situación de debilidad relativa los fuerza a apelar a cualquier método extra económico para desplazar a otras fracciones. Pero esto no es exclusividad de los pequeños capitales, pues las grandes firmas están también en el corazón de esta operatoria. La corrupción facilita la transferencia de una cuota parte de la plusvalía total hacia otras fracciones del capital y también del trabajo hacia el capital, por ejemplo mediante el mal uso o la evasión de impuestos. Aunque el sentido común mediático pretende hacer del funcionario público y el gobernante la fuente del acto de corrupción, ocultando el papel nuclear del capitalista, el cohecho nace de la pulsión del capital por la apropiación de mayores cuotas de plusvalía atizado por la guerra competitiva. El ejemplo de Rusia y otros países del este es paradigmático, pues allí florecieron las mafias cuando el poder del colectivismo burocrático se extinguió y se abrieron oportunidades para una acumulación originaria privada. Lo mismo sucede en la China actual con los directivos, que aspiran a transformarse en dueñas de las empresas. Los países centrales, donde los estados poseen una mayor capacidad de control, exportan, por decirlo de alguna manera, el proceso ilegal de acumulación, cuya máxima expresión son los paraísos fiscales. Allí se capta dinero blanqueado de las industrias ilegales, como la venta de armas, el juego, la droga y la prostitución. El dinero va y viene de un circuito al otro y por supuesto son los bancos los encargados de lavarlo. Según Astarita, se calcula que unas 120.000 empresas y trusts están en paraísos fiscales. “De acuerdo a Tax Justice Network, una organización con sede en Gran Bretaña, personas adineradas, hacia finales de 2010, ocultaban unos 32 billones de dólares en refugios offshore” (Ídem, 2013).

Corrupción y capacidad estatal

Pero regresemos al debate que atraviesa hoy la opinión pública. Tomemos el caso paradigmático de la lucha contra la corrupción, la campeona olímpica de la denuncia, la señora Elisa Carrió. Ella cree que mediante un acto de fe que ella llama “contrato moral” y algunas medidas legislativas de tipo formales como la imprescriptibilidad de las causas por corrupción, se puede eliminar este fenómeno tan extendido. A su vez, la señora ha sido una defensora consecuente de los bancos y las administradoras de fondo de pensión en el debate parlamentario que finalizó con la nacionalización del sistema previsional, o de la “seguridad jurídica” de las empresas frente a lo que considera un avance del estatismo. La misma actitud, naturalmente, adoptó en el debate por la ley de medios y en la expropiación de Ciccione, entre otros. Su concepción es que la fuente de la corrupción es el poder despótico, el gobierno kirchnerista que “viene por todo” o “se lleva puesta la república”. Todo lo que fortalezca la capacidad estatal para regular o intervenir en las relaciones económicas es visto como un avance autoritario, por ejemplo, la resolución sobre la independencia del Banco Central que derivó en el 2010 en la rebelión y posterior renuncia de su entonces director, Martín Redrado. Año y medio antes, Elisa Carrió fue la abanderada de la defensa por parte de la Mesa de Enlace de la renta extraordinaria reclamada por la burguesía agraria, con el argumento de que ese dinero iría a “la caja” kirchnerista. Pero es justamente el debilitamiento de las estructuras del Estado las que favorecen su utilización instrumental y promueven la corrupción. El propio nacimiento de los estados en América latina estuvo marcado por esta debilidad. Esta carencia de poder infraestructural, entendida como la capacidad del estado para implementar realmente decisiones a lo largo de su territorio, independientemente de quien tome dichas decisiones, fue su marca de origen. Debilidad endémica en la presión fiscal-militar si se la compara con los estados europeos, baja tributación fiscal en la que los ricos virtualmente no pagaban impuestos, provincias gobernadas por medio de caciques y jefes locales, conformaron estados débiles. Las guerras fueron sobrellevadas mediante préstamos externos que generaron grandes deudas que gravaron el comercio exterior y generaron inflación crónica (Mann, 2004). Las oligarquías terratenientes sofocaron las presiones populares a favor de reformas agrarias y de mayor igualdad. Los patrones de desigualdad en nuestro continente aún persisten y es la más alta de todos los continentes, luego del hundimiento del estado benefactor en los años 70 y el auge del neoliberalismo. La descentralización practicada por el menemismo socavó la capacidad central de estado mientras favoreció los negocios de las burguesías locales, por ejemplo, en relación a la explotación petrolera y minera. Esta situación favorece la corrupción de elites locales en connivencia con empresas multinacionales. En los términos de Weber, los estados están plagados de incrustaciones patrimonialistas, lo que deja a los sectores populares con la única opción de participar de las redes corruptas del clientelismo. En la Argentina la situación endémica de corrupción es superior a la de muchos países de África y América latina con gobiernos menos democráticos y poderes infraestructurales menores. El peso de las profundas desigualdades que, aunque aminoradas por el crecimiento económico, aun persisten está por debajo de este fenómeno. En resumen, las políticas privatistas y de defensa de la independencia de la Banca Central que favorece un manejo restrictivo de la política monetaria, de acaparamiento de la renta sojera por parte de la burguesía agraria, denuncia del estatismo, defensa de la expansión monopólica de medios de comunicación, defensa de la libre disponibilidad y uso de la divisa, entre otras, debilitan el poder infraestructural del estado y favorecen, en vez de reducir como se piensa, el margen para el avance de negocios ilegales. Por eso, no hay “contrato moral” que valga ni leyes formales que, aunque indispensables, logren detener los casos de corrupción, que están inscriptos en el tipo de capitalismo dependiente y de un Estado debilitado por 20 años de neoliberalismo. El caso de Carrió recuerda al de Chacho Álvarez, que se transformó en la segunda fuerza política en el 96 como paladín de la lucha contra la corrupción. Pero su modelo económico era el de la convertibilidad con transparencia. Por eso, esa épica anticorrupción, ocultaba el contenido real de su programa, que terminó de expresarse en el gobierno de la Alianza cuando convocó, incluso convenció a De La Rua, de llevar a Domingo Cavallo al Ministerio de Economía. No hay que olvidar tampoco que fue el mismo Cavallo quién se hizo una carrera política en la Ciudad y sacó el 32% de los votos en parte denunciando el negocio IBM-Banco Nación, empresa que, dicho sea de paso, reconoció un mes atrás que está siendo investigada por hechos de corrupción en Argentina entre otros países.

Democracia y desigualdad

Enfocada desde el “contrato moral”, es decir, desde la honestidad personal de los gobernantes, el debate sobre la ética es profundamente despolitizadora. Exige de los gobernantes que se comporten como Antígonas, es decir, que sean excepcionales y superiores a la cultura que las rodea. Coloca las virtudes personales fuera del ámbito de la política, en el arte, las profesiones o el deporte, a los que se apela para que irrumpan en el campo político desprestigiado. La ética pública resulta así profundamente privatizada, pues se trata más de la naturaleza individual de los gobernantes, que de las políticas públicas a adoptar y cuyo resultado en términos de igualdad, democracia y participación podrían limitar el fraude y la corrupción. Mientras que la ética tiene que ver con cómo vivimos de manera más gratificante con los demás, la política tiene que ver con las instituciones que promoverán mejor esos fines (Eagleton, 2010). Por eso, el discurso anti-corrupción convencional, coloca, paradójicamente, el problema fuera del campo político, es decir en la moralidad individual, pues exige una ética de la honestidad mientras propone políticas públicas que destrozan a martillazos la ética de la solidaridad. Esa ética de lo común no puede desplegarse consistentemente en una sociedad profundamente desigual, económica como políticamente. Separa al ciudadano del hombre, lo disocia. Esta disociación lleva al moralista a poner la esfera política bajo sospecha y al emprendedor privado como víctima. Por eso Marx aunque festejó el advenimiento de la democracia burguesa advirtió, al mismo tiempo, que aquella separaba al ciudadano formal del hombre real y que así los hacía abstractamente libres e iguales. Peor aún, nuestra democracia vacía la política de participación popular y distancia al ciudadano, impelido a sobrevivir cotidianamente, de la vida política, dejada en manos de políticos profesionales.

Si las condiciones que generan hechos de corrupción no son individuales sino estructurales, lo que necesitamos es pensar el modelo económico y productivo y el régimen de toma de decisiones, es decir, la democracia. Un modelo basado en la explotación de recursos naturales para la exportación, de baja inversión industrial y tecnológica y por lo tanto de escasa movilidad, no contribuyen en el largo plazo a la integración social y la igualdad económica, una precondición para el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía.

Si la corrupción en los años 90 estuvo asociada a la privatización de empresas públicas, la actual se relaciona con la obra pública, las concesiones y los subsidios. Eliminar el fraude en este ámbito requiere en primer lugar desmantelar el negocio privado del que se alimenta. La nacionalización de la obra pública y de viviendas, la recuperación de vialidad nacional, el desarrollo estatal de construcciones en obra pública es una precondición para frenar el drenaje de dinero ilegal. Es verdad que en épocas anteriores, el negocio pasaba por los proveedores, pero se trata de un nicho acotado. Es ahí donde interviene el tipo de democracia que hay que poner en cuestión. El control popular de la obra pública, el presupuesto participativo con fiscalización vecinal, entes de control elegidos por voto popular con participación de la sociedad civil, consejos consultivos de vecinos con poder real, revocabilidad de mandatos, referéndums, son formas de democracia emergente, directa, de poder popular que pueden contrarrestar la tendencia permanente a la componenda entre contratistas y funcionarios y la evasión fiscal y que permiten la participación directa del pueblo en los asuntos públicos, lo que fortalece el carácter colectivo de la toma de decisiones, acotando las salidas individuales y creando una cultura popular de defensa de los bienes comunes.

Pero mientras la democracia siga asociada de manera unilateral al concepto liberal democrático, es decir, al respeto a la división de poderes y de la propiedad y libertad, y no al de soberanía popular, la democracia seguirá siendo el vehículo de las desigualdades sociales, limitando el derecho ciudadano de las grandes mayorías y asegurando a los grandes grupos concentrados los fundamentos sociales de donde brotan el fraude y la corrupción. Esa democracia fue también el vector por medio del cual se derrumbaron los pilares del estado de bienestar y la capacidad infraestructural del estado para controlar y limitar los negocios privados ilegales.

Resumiendo, los problemas de corrupción ventilados por la oposición de derecha son denuncias graves que deben ser investigadas, pero bajo el concepto del “contrato moral” ocultan el intento de desmantelar las moderadas reformas sociales que el kirchnerismo adoptó en materia económica, colocan la fuente del problema en la perversidad de los funcionarios y el estatismo autoritario, evitando poner en discusión el carácter estructural y sistémico de la corrupción en nuestro país y en los hechos refuerzan la concepción liberal de la democracia que deja afuera de la administración, ejecución, gestión y control de las políticas públicas a los sectores populares. A su vez, el tema es banalizado por el oficialismo que o bien lo niega o lo oculta bajo el pretexto de que se trata de acciones destituyentes. De esta manera evita el debate real sobre el origen prebendario del sistema de contratación y concesión de obra pública y subsidios y sobre el carácter formalista de una democracia representativa basada en políticos inamovibles y en la exclusión de las mayorías de la administración del Estado.

Bibliografía:
- Astarita, Rolando (2013). Corrupción y capitalismo. En http://rolandoastarita.wordpress.com
- Eagleton, Terry (2010). Los extranjeros. Por una ética de la solidaridad. Paidós, Madríd.
- Michael Mann (2004). La crisis del estado-nación en América latina. Desarrollo Económico, Vol. 44, No. 174.

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Aurora Sánchez Nadal: "Me preocupa mucho la Argentina de ahora"

Andrés M. Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Con Aurora Sánchez Nadal conversamos, antes que regrese a Nicaragua, tras andar presentando (con dolor pero con la esperanza de alimentar las memorias argentinas) su libro "Los Indalos: viajeros de la eternidad".



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La gestión actual de YPF no nos lleva a la recuperación de la soberanía energética

José Rigane

Mucho se viene escribiendo y se escribirá sobre YPF, la cuestión de los hidrocarburos y las políticas en las áreas estratégicas en Argentina. Es un ejercicio que realizamos los que nos interesa pensar la cuestión energética como valor estratégico y como modelo de país, a su vez, como fundamento de soberanía.

Este texto tiene la intención de reflexionar a partir del aumento del 67% en los honorarios del directorio de YPF por un lado, y, por el otro, el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que anula el embargo ecuatoriano sobre Chevron en una causa ambiental, pero sin perder de vista que lo que está de fondo es la política energética nacional.

El 4 de junio se conoció que el directorio de YPF, con Miguel Galuccio y Axel Kicillof al frente, decidió el aumentó de su propio sueldo en un 67% para el resto del año 2013. La dirección de la empresa aprobó “autorizar al directorio para efectuar pagos a cuentas de honorarios del ejercicio 2013 por hasta la suma de $ 73,7 millones”, lo que representa un 67% de aumento respecto de 2012.

Suena por lo menos irónico pensar que ese porcentaje es casi 3 veces mayor que el techo del 24% que impuso el gobierno nacional a las negociaciones paritarias de 2013. Pero también este dato permite reflexionar e ir un poco más allá. Nos permite profundizar sobre quiénes son los que llevan las riendas de YPF, la empresa hidrocarburífera representativa del país. Pero también nos permite pensar en cómo lo están haciendo.

El otro dato que describe el escenario de YPF es el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que habilitó el acuerdo sobre Vaca Muerta entre la empresa nacional y la enorme Chevron de Estados Unidos al anular el embargo de 19.000 millones de dólares que el Ecuador de Correa tiene con la multinacional. El reciente fallo le permite evadir la condena que le impuso la justicia del país hermano por violaciones a los derechos humanos, colectivos y ambientales en una enorme y emblemática causa judicial que llevaron adelante comunidades indígenas ecuatorianas.

Para decirlo de otro modo, la ejemplar sentencia sobre Chevron en Ecuador fue por contaminar más de 480.000 hectáreas en las provincias de Orellana y Sucumbíos (norte del Amazonas). La compañía (en ese momento Texaco, hoy Chevron) operó de forma negligente y causó graves prejuicios ambientales, humanos, culturales, económicos y sociales en el período que va de 1965 a 1990. El juicio duró 18 años y la resolución fue emitida tanto en tribunales ecuatorianos como en Estados Unidos. La sentencia es aplicable en todas partes del mundo.

Superado el embargo, avanza el acuerdo por 1.500 millones de dólares entre YPF y Chevron en Vaca Muerta para realizar la explotación no convencional de hidrocarburos en Argentina. A pesar del pedido de Correa Cristina Fernández de Kirchner sobre el tema, YPF avanza con Chevron, dejando a un lado la estrategia de la Patria Grande. De nada sirve el acuerdo de cooperación de YPF con la YPF boliviana si el rumbo estratégico es poner por encima de una política soberana y hermandad latinoamericana los millones de la multinacional norteamericana Chevron.

En la reciente inauguración de 2 plantas de hidrotratamiento de gasoil y de naftas en la Provincia de Mendoza, Cristina Fernández dijo: “cuidemos lo que hemos logrado”. Quizá lo que “hemos logrado” sea avanzar con aliados norteamericanos y congelar un proceso de relación y camino conjunto con Ecuador. Quizá lo que “hemos logrado” sea ponerle freno a la española Repsol con la expropiación del 51% de las acciones de YPF, para después volcar la estrategia hidrocarburífera del país hacia capitales de Estados Unidos. Quizá lo que “hemos logrado” sea llegar hasta acá para no avanzar en una soberanía energética nacional.

Acaso, ¿será esto lo que se preguntó el ex miembro del directorio de YPF, Eduardo Basualdo (académico vinculado a la CTA oficialista y crítico a las políticas hegemónicas en los 90´) cuando presentó su renuncia después de conocer el fallo judicial sobre el caso Chevron - Ecuador?

Más allá de los rumores periodísticos de los últimos días sobre el “cambio de estrategia” que estaría pensando el CEO Miguel Galuccio respecto de poner todo el esfuerzo en los yacimientos “convencionales” en lugar de apostar a largo plazo por los “no convencionales”, queda claro que con esta gestión, que administra YPF bajo la lógica de empresa privada, los sectores populares y la soberanía energética quedan totalmente relegados.

El modelo del negocio y el modelo de soberanía

El modelo energético vigente ha fracasado porque tiene firmes las bases del modelo implementado en los 90`s que con la privatización destruyó el autoabastecimiento alcanzado y con la extranjerización posibilitó el “robo” de las reservas hidrocarburíferas. Hoy es cada vez mayor la necesidad de ir a buscar energía en el exterior, aumentando las importaciones. Construir nuestra soberanía energética a partir de la privatización y la extranjerización ya ha demostrado de sobremanera no ser una solución para las necesidades populares ni para el desarrollo de país.

El modelo neoliberal y la búsqueda incesante de lucro sigue en pie y, para peor, es la estructura conceptual “privatizadora” que orienta las políticas en el sector y que pretenden definir los próximos 20 años. Por tal motivo, nosotros nos oponemos a este modelo porque continúa la misma lógica del negocio por sobre la lógica de la soberanía nacional.

Transitamos una profunda crisis energética que es pocas veces reconocida por parte del gobierno. No sorprende que nos ocurra continuamente lo mismo, que nos tropecemos sobre la misma piedra. Las decisiones erráticas en las que nuestro país se vapulea de crisis en crisis es un espiral de donde no podemos salir si nos mantenemos bajo la misma lógica de privatización de la energía, por más que YPF - Repsol haya sido expropiada en un 51 por ciento.

Los que seguimos la actualidad informativa de este tema ya lo sabemos, aunque no hay que ser muy inteligente para darse cuenta: cuando hace frío hay crisis energética; cuando hace calor hay crisis energética; cuando hay sequía hay crisis energética; cuando llueve hay crisis energética; siempre hay crisis energética, porque la base que sostiene al sistema es la misma, por más parches que intenten realizar.

Por otra parte, el modelo energético argentino no está acorde a las necesidades del Siglo XXI. Y esto conforma una paradoja notable si tenemos en cuenta que sin ser un país de los considerados “petroleros” o “gasíferos”, en el pasado reciente vivimos un importante período de autoabastecimiento.

Actualmente, a pesar de la falta de energía y el aumento de los combustibles, seguimos exportando petróleo crudo. Como en el siglo XVIII, donde exportábamos el cuero de vaca salado y le comprábamos los zapatos finalizados, hechos con esa materia prima, a los franceses.

Pero las decisiones del gobierno parecen ir todas en el mismo sentido, reforzando la matriz privatizadora. Se le permite a las multinacionales vender la materia prima ya no a 42 dólares el barril, que ridículamente les aseguramos hasta hace poco, sino que han elevado a 70 dólares el barril exportado. Estamos frente a una ganancia del 600% para estos actores privados que exportan lo que ya no tenemos, mientras que el país dilapida su tesoro comprando naftas especiales, diésel, oil y gasoil fronteras afuera. Es cierto, hay que reconstruir un sistema devorado por el modelo energético-neoliberal que tan profundo caló sobre la realidad de nuestro país, pero con estas medidas solo profundizamos la dependencia.

La expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF fue una iniciativa que nosotros hemos saludado como un paso hacia recuperación de la soberanía. Así lo entendimos a pesar de tener muy claro, desde el primer anuncio, de la insuficiencia de la misma. Veíamos el potencial de una orientación que para nosotros era necesario profundizar e incluso radicalizar, pero, lamentablemente, a un año de la nueva gestión, el rumbo no ha cambiado y se ratifica con acuerdos con Chevron.

Esta realidad energética hay que cambiarla. No hay otra manera, no hay otra forma si queremos avanzar. Para eso hay que recuperar la idea de soberanía energética como defensa de la soberanía popular. Es necesario, entre otras cosas, volver a tener una YPF que sea 100 por ciento del Estado, no una Sociedad Anónima como lo es hoy. Necesitamos una empresa hidrocarburífera Sociedad del Estado.

Una Empresa Nacional. Un orgullo nacional.

José Rigane es Secretario Adjunto de la CTA; Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA).

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Empleo y salarios hoy

Martín Kalos (ANRED)

En el primer trimestre de 2013, la tasa de desempleo nacional fue de 7,9% (la más alta en los últimos tres años). Si bien es normal que entre el último trimestre de cada año y el primero del año siguiente la tasa de desempleo crezca, el aumento es el más grande desde inicios de 2009, cuando la actividad económica se vio golpeada por la crisis mundial. A la vez, otro 5,5% de la población económicamente activa se encuentra subocupado y desearía trabajar más horas.

En un contexto de bajo crecimiento económico...

El contexto económico continúa siendo débil, aunque comienzan a percibirse señales de un leve crecimiento.

Entre abril y diciembre de 2012, la actividad económica se estancó: se elevó apenas un 0,9% interanual, golpeada especialmente por la caída de la industria. En los tres primeros meses de 2013, una tenue reactivación hizo crecer la producción en un 2,7% interanual; y si bien la actividad industrial continuó cayendo, el peor mes fue febrero y ya en marzo mostró una muy leve suba.

Para generar empleo, las empresas deben tener perspectivas de que podrán vender más: es decir, un mercado pujante en el cual puedan competir. La pérdida de competitividad del peso argentino reduce la posibilidad de vender al exterior sin hacer grandes inversiones para elevar la productividad; pero una mayor devaluación golpearía el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, reduciendo el consumo nacional. A la vez, por la falta de inversión y por un ajuste selectivo y paulatino del gasto público, la demanda interna ya no crece tan velozmente.

Las principales medidas económicas del gobierno nacional hoy pasan por proteger a las industrias existentes y por “hacer durar” los dólares acumulados hasta hoy, a través de restricciones a las importaciones y de controles al movimiento de capitales. La implementación defectuosa de estas regulaciones y el desaliento que implican a la inversión (por ejemplo, es incierto si una empresa extranjera podrá girar sus ganancias a su país de origen) también han interferido en el ritmo productivo.

En este escenario, las empresas no tienen incentivos a incrementar su producción ni a contratar más trabajadores.

…sufre el empleo

En el primer trimestre de 2013, la tasa de desempleo nacional fue de 7,9% (la más alta en los últimos tres años). Si bien es normal que entre el último trimestre de cada año y el primero del año siguiente la tasa de desempleo crezca, el aumento es el más grande desde inicios de 2009 cuando la actividad económica se vio golpeada por la crisis mundial. A la vez, otro 5,5% de la población económicamente activa se encuentra subocupado y desearía trabajar más horas. La suma arroja que, de quienes se encuentran laboralmente activos, el 13,4% están en búsqueda de un trabajo. Por su parte, la tasa de actividad fue levemente superior a la registrada en el primer trimestre de 2012; y el 42,2% de la población argentina tiene un empleo (el número más bajo de los últimos tres años).

¿Cuáles son las ciudades argentinas en peor situación laboral? Córdoba (10,8% de desocupación), Paraná (10,6%) y Ushuaia y Río Grande (10,1%) son las que mayor desempleo tienen.

En Tierra del Fuego, en los últimos años se crearon miles de puestos de trabajo en la industria de ensamblaje de electrodomésticos y equipos de telecomunicaciones; esto atrajo una masiva inmigración de trabajadores en busca de empleo. Así, su tasa de actividad es la segunda más grande del país (detrás de CABA): el 49,6% de su población tiene o busca un trabajo. Esta combinación de una gran proporción de la sociedad fueguina en busca de trabajo y de que esa búsqueda sea en muchos casos fallida, genera una fuerte presión social. En este contexto, el intento de mantener la calidad de vida también origina conflictos como el que se evidenció entre el Gobierno fueguino y los docentes de la provincia, que tomaron la casa de gobierno provincial por una semana hasta lograr un acuerdo de aumento del 42% en sus salarios de bolsillo.

Por el contrario, el podio de las ciudades con menor tasa de desempleo está compuesto por Resistencia (1,2%), Formosa (1,5%) y San Luis (2%). En Resistencia y Formosa estas tasas reducidas se dan en simultáneo con las tasas de actividad y empleo más bajas del país. Es decir que la baja tasa de desempleo se debe a que gran parte de la población ha dejado de buscar trabajo (o se ha ido a buscarlo en otras provincias) desalentada por la falta de puestos de trabajo disponibles en general.

Estos datos dan cuenta de un mercado laboral que ha perdido el dinamismo que tenía hace algunos años. Hoy existe una mayor percepción de riesgo entre la población: debido al estancamiento económico y la alta (aunque estable) tasa de inflación, muchas familias han perdido (o temen perder) sus empleos, y por ende sus fuentes de ingreso.

Entre quienes sí tienen un trabajo, ha aumentado la subocupación. El empleo no registrado continúa afectando a un tercio de los trabajadores ocupados (sobre todo a empleados domésticos, rurales y de la construcción). Además, las negociaciones paritarias, si bien están cerrando en cifras cercanas a la tasa de inflación (en torno al 24% anual), tienen otros elementos que moderan el impacto real de esas subas. En primer lugar, el escalonamiento en el tiempo de las cuotas: cuanto más lejos en el tiempo se cobre cada cuota del aumento, menos bienes y servicios podrán comprarse con esos pesos. En segundo término, por la novedad de los acuerdos a 18 meses, que implican una transferencia del riesgo hacia los trabajadores: cualquier decisión de política económica (mayor ritmo de devaluación, reducción de subsidios, etc.) que impacte sobre la inflación, tardará en ser asimilada con un aumento salarial, y mientras tanto implicará un menor poder adquisitivo para esos trabajadores. En tercer lugar, las negociaciones paritarias aún incluyen a menos de la mitad de los trabajadores activos en el país.

De todas formas, el salario real en 2013 ha tendido a aumentar levemente. Los salarios en Argentina crecieron un 24% interanual en el primer trimestre de 2013, lo cual significa un alza real del 3%. En particular, se verifica una suba aún mayor en el poder adquisitivo de los trabajadores no registrados (“en negro”), que desde agosto han evolucionado a mayor ritmo que los salarios de los empleados registrados. También las jubilaciones están creciendo por encima de la inflación, aunque partiendo de niveles sumamente bajos. Sin embargo, existe una percepción de fragilidad en torno al nivel de ingresos de los hogares, por la incertidumbre macroeconómica y el temor a una aceleración de la inflación (por ahora infundado, dado que la inflación se ha mantenido estable en los últimos años, pero percibido como un riesgo factible).

Todos los riesgos mencionados son los que han llevado a una suba de la tasa de actividad. En la medida en que alguno de los trabajadores de la familia corre el riesgo de perder su trabajo o lo ha perdido ya, para compensar esa pérdida de ingresos, otro miembro del hogar también sale a buscar empleo. En efecto, en el último año (entre el primer trimestre de 2012 y el primero de 2013) el empleo aumentó en 81.000 puestos de trabajo. Sin embargo, un número aún mayor de personas (186.000) salió a buscar empleo. Esa diferencia es la razón por la cual hay 105.000 trabajadores desocupados más que hace un año, incrementando la tasa de desempleo.

El 88% de los nuevos desocupados en todo el país pertenece al área metropolitana porteña. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo una destrucción de 29.000 puestos de trabajo, que sumado a que 23.000 personas más salieron a buscar un empleo, generó que haya 52.000 desocupados más que a comienzos de 2012. En el Gran Buenos Aires, en tanto, se crearon 41.000 nuevos empleos; pero fueron 81.000 las personas que comenzaron a buscar trabajo, por lo cual 40.000 personas más se sumaron a los trabajadores desocupados. En el extremo opuesto se destacan ciudades como Rosario, que creó 27.000 puestos de trabajo al calor del auge de la producción sojera y así redujo la cantidad de desempleados en 5.000 personas; y Salta, que gracias al turismo aumentó su desempleo en sólo 2.000 personas, tras haber creado 20.000 nuevos empleos en el último año.

A futuro, es incierta la evolución del empleo en Argentina. Es prácticamente imposible retornar a un sendero de crecimiento a las altísimas tasas registradas entre 2003 y 2011; y existen varias señales de alerta en el horizonte (la falta de nuevas inversiones, la pérdida de Reservas Internacionales, la caída en las exportaciones). Sin embargo, la economía no se encuentra en una situación de “crisis inminente” y puede aún lograr un ritmo leve de crecimiento por los próximos años. El momento de explosión de una eventual crisis depende crucialmente de cómo la política económica logre regular la escasez de divisas y las expectativas de devaluación. Mientras tanto, la reducción del desempleo parece haber alcanzado su tope, sin haber logrado nunca compensar la suba inaudita que experimentó desde comienzos de la década de 1990.

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El eterno tango de los salarios argentinos: Un corte y una quebrada

Viviana Rodríguez Cybulski (ANRED)

El gobierno nacional se adjudica haber aumentado el salario real de los trabajadores desde su llegada en 2003. Incluso, agrega que el nivel en Argentina es el mayor de América Latina. El artículo que publicamos discute con estas afirmaciones.

"Ay, Señor, que ahora ahorcas cuando aprietas. ¡Qué destino el de argentino seco y paria, con la marca a presión de la malaria y un gobierno que es la muerte en camiseta!"
Miseria (Soneto). Letra de Fernando Morales

En Argentina, la cuestión salarial se encuentra en el ojo de la tormenta desde que la suba de precios empezó a acelerarse. Mientras el Gobierno, por un lado, se presenta como promotor del bienestar general de los trabajadores (1), por el otro pide responsabilidad a “todas las clases” en la discusión paritaria. Entretanto, la inflación cotidiana se encarga de carcomer la capacidad de consumo de la clase trabajadora. Pero esto no es nuevo. Una mirada detallada de la dinámica salarial en el largo plazo nos hará comprender que la clase obrera ve enflaquecer su poder adquisitivo desde hace más de 30 años. El kirchnerismo, a pesar de toda su propaganda, no logró revertir esta tendencia de largo plazo y aunque quiere presentarse como una alternativa al ajuste que propone la oposición de derecha, en la práctica lleva adelante el mismo programa.

Cuesta abajo

Cuando miramos las remuneraciones a lo largo de los gobiernos K, observamos que no tuvieron una dinámica pareja y estable. Al contrario, se pueden establecer, al menos, dos grandes períodos. En efecto, en tanto los ingresos medios reales promedio del total de la economía, es decir, tomando en cuenta la inflación no oficial, entre 2003 y 2007 tuvieron un crecimiento acumulado del 27,8%; entre 2008 y 2012 se incrementaron un 9,8% (ver gráfico 1). Es así como en los primeros años de la postconvertibilidad se observan incrementos en el salario real, al tiempo que se mantiene controlada la inflación, desde 2008, los mismos se estancan y caen sin volver ya a experimentar los niveles de crecimiento de la primera etapa.

Si miramos aún más de cerca, veremos que la mencionada dinámica se repite, aunque con particularidades, tanto se trate de trabajadores registrados como no registrados. Con base en datos del MTEySS, observamos que los primeros acumularon un crecimiento del 24,64% entre 2004 y 2007, al tiempo que los segundos lograron un incremento del 24,25% en el mismo período. Sin embargo, el año 2008 se presenta como bisagra para ambos sectores: los registrados logran un incremento del 0,3% al tiempo que los no registrados se estancan en el 1,1% en relación con el año anterior. Ya no volverán a crecer a la velocidad de los inicios de los gobiernos K: los registrados acumulan una suba del 10,5% entre 2008 y 2012, y los no registrados logran un 17,2%. Es así como los ingresos de los registrados se estancan y caen en mayores proporciones que los de los trabajadores en negro, lo que explica, en parte, la ruptura de la fracción mejor posicionada de la clase trabajadora con el Gobierno.

Cabe aclarar que la tendencia no es una novedad. Se inscribe en una trayectoria de al menos cuatro décadas. En los 70 el Rodrigazo y la dictadura avanzaron sobre todo lo conseguido por los trabajadores desde mediados de siglo. El crecimiento de los primeros años de la democracia dura muy poco, ya que, hiperinflación mediante, el salario real de 1989 representaba apenas el 64% del poder adquisitivo de comienzos de los 70 (2). Así las cosas, la recuperación salarial de la convertibilidad se da con marcados índices de desocupación y flexibilización laboral. Pero los ingresos descenderán aún más: con la devaluación de 2002, los salarios llegaron a un nuevo piso histórico, cayendo más de un 29% entre 2000 y 2003. Ya en los gobiernos kirchneristas, el salario real se recupera, sin embargo, recién en 2010 logra compensar la caída provocada por la devaluación. Es llamativo que hayan sido necesarios siete años de crecimiento económico para compensar una caída que se dio, básicamente, en uno.

Deteniéndonos en 2010, el salario de ese año representa un 80% del correspondiente a comienzos de los 70 (ver gráfico 2) y, específicamente, en relación con 1974 esa remuneración se ubica un 40% por debajo. En lo mejor del kirchnerismo el poder adquisitivo promedio del conjunto de los trabajadores apenas alcanza al de la denostada década del 90.

Además de magra, la mejora con relación a 2001 no es algo específico de este Gobierno, sino expresión de una tendencia general en América Latina, gracias al crecimiento común impulsado por el auge de las commodities. Al comparar con el resto de América Latina, lo que se ve es que la velocidad de crecimiento de los ingresos en el país no es distinta a la del resto de los países de la región. La última década muestra un crecimiento general de ingresos en relación a los pisos de fines de los 90. En efecto, las remuneraciones medias reales promedio para 11 países de la región crecieron entre 2004 y 2007. Si bien la Argentina se inserta en este fenómeno general, empieza a quedarse atrás en términos comparados y países como Brasil, Uruguay o Chile tienen salarios que crecen a velocidades cada vez más superiores.

Cambalache

La “recuperación” salarial de la postconvertibilidad tiene mucho de relato y ya empezó a mostrar sus límites (3). Por añadidura, el poder de compra de los asalariados empeora de manera progresiva durante los últimos 30 años. Pero ahí no acaba el problema.

Los incrementos tarifarios de los servicios públicos en transporte, gas, etcétera, implementados a finales del 2012 (del 20 al 80%, según el servicio), reducen la capacidad adquisitiva de aquellos que en el período aún no actualizaron sus ingresos, una medida que en los años previos lograba contenerse. En el mismo sentido, se inscriben las modificaciones en el sistema de asignaciones familiares: entre febrero de 2011 y junio de 2012 dejaron de percibir la asignación por hijo casi 400 mil trabajadores, que representan a 750 mil niños. El monto percibido también se deteriora en los últimos años porque, con las subas nominales, más trabajadores se ubican en los estratos inferiores, con asignaciones más reducidas. A lo que hay que sumar la actualización de los montos por debajo de los niveles inflacionarios. Con la modificación del régimen en septiembre de 2012, que reemplaza el ingreso personal por el familiar para considerar los topes, gran cantidad de trabajadores pasará a percibir montos inferiores a los que ya venía recibiendo (4).

Asimismo, hay que considerar aún la no actualización durante el 2012 del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría y de las escalas, que redujeron durante ese año el salario de bolsillo de los trabajadores formales. La última actualización anunciada, del 20%, terminó en un real 16,7% una vez reglamentado, por debajo de la inflación. Eso llevará a que, con los aumentos de sueldos que se acuerden en las paritarias, los trabajadores pasen a tributar mucho más sin tener un mayor poder adquisitivo. En promedio, los solteros que en 2013 ganen apenas más de $ 6.745 por mes estarán alcanzados por el gravamen, siendo de $ 9.330 el mínimo no imponible para un casado con dos hijos, con alícuotas mayores porque hace 13 años que siguen congeladas en valores del 2000. Como consecuencia del incremento de mínimos y deducciones en porcentajes inferiores a los aumentos salariales, el número de trabajadores que ha pasado a ser contribuyente del impuesto a las Ganancias se viene incrementando ininterrumpidamente desde el año 2007, cuando menos de 9% de los asalariados quedaba alcanzado por el impuesto, hasta llegar al año 2012, en que ese porcentaje trepó a 25%.

Cuando año tras año es posible observar la precarización de la clase obrera argentina, en términos históricos, el pedido de “racionalidad” a los trabajadores, de cara a las paritarias de 2013, no hace más que confirmar que los salarios en la Argentina seguirán danzando al ritmo del 2 por 4, “un pensamiento triste que se baila”.





Viviana Rodríguez Cybulski integra el Observatorio Marxista de Estadística, Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales.

Notas:
1) http://goo.gl/3kOlV
2) Véase http://goo.gl/aP1Ke
3) http://goo.gl/aXFeJ
4) “Conflicto, negociación colectiva y mercado de trabajo”; Informe de Coyuntura del Observatorio de Derecho Social, CTA, marzo de 2013. http://goo.gl/LPefw

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Argentina. Acuerdo de precios: La era del hielo

Marina Dragonetti (PLAZA DE MAYO)

Faltantes de productos, controles de stock y precios más baratos por fuera del acuerdo son algunas de las características del congelamiento implementado por Guillermo Moreno.

Carrefour en Resistencia

La segunda etapa del acuerdo de precios que comenzó a regir a principios de este mes muestra algunos puntos endebles en distintas localidades del país. Si bien la iniciativa de Guillermo Moreno podría pensarse como una alternativa para quienes menos tienen, la puesta en marcha de la política de precios no parece encauzada a los artículos de primera necesidad
. De los 500 productos incluídos en el congelamiento, solo 38 forman parte de la Canasta Básica Alimentaria y el resto corresponde a diversas mercaderías como cera depilatoria, cremas corporales, bebidas alcohólicas y golosinas, entre otras.

De hecho, si se comparan casos puntales, existe una abismal diferencia entre la oferta de estos productos y los de consumo primordial. En Coto se ofrecen 4 tipos de leche, 3 tipos de harina, 7 tipos de fruta y verdura fresca, y 7 de aceite; mientras que dentro del listado que forma parte del acuerdo se incluyen 24 tipos de galletitas y 13 tipos de vino. Carrefour tiene 1 tipo de azúcar, 2 de agua mineral, 6 opciones de acondicionador, 22 tipos de galletitas y 6 de gaseosas. En Wallmart pueden encontrarse 2 tipos de arroz, 5 tipos de papel higiénico, 6 cremas de belleza y 6 tipos de productos depilatorios.

Pero además de la escasa oferta de los productos básicos, existen faltantes de algunos artículos o controles sobre el stock de los mismos. Plazademayo.com consultó a todos los coordinadores regionales del Indice Barrial de Precios (IBP) realizado mensualmente por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) en cinco provincias, quienes confirmaron este parcial desabastecimiento.

El coordinador de Salta, Gustavo Farquhasron manifestó que “Empezamos a detectar el desabastecimiento de algunos productos a partir de la mitad del año pasado, si bien los relevamientos exhaustivos comenzaron a partir de septiembre; lo que nos llevó a hacer el IBP en Salta fue el faltante de productos. Hay meses que están la mayoría de los productos y otros que no.” El azucar, la harina y el aceite son los tres productos “comodín” en todas las provincias relevadas; los más buscados y los más difíciles de conseguir. “El aceite barato de girasol de $8,31 -cuando lo conseguís- tenés el limitante de que solo te podés llevar dos por persona. Eso ya lo venimos detectando desde diciembre, en los super, hipermercados y en Mendoza. Lo mismo ocurre con el azúcar y la harina. Hemos detectado faltantes, y cuando no hay faltantes, hay un límite en la compra”, explicó Karina Ferraris quien está a cargo del registro de precios en seis departamentos de la provincia cuyana. Las góndolas de los supermercados que adhirieron al acuerdo muestran carteles que indican un limitante en la compra de estos productos, con restricciones de 1 o 2 unidades por comprador. “En el Vea (Jumbo) de Resistencia hay productos elementales, pero en el caso del azúcar y los productos del acuerdo, en el caso de las harinas hay solo una marca y no es la del acuerdo”, afirmó Marcelo Salgado coordinador en Chaco. Además, en algunos casos, como en el Wallmart y el Carrefour de Resistencia, los productos del acuerdo no están identificados o directamente no se ofrecen. Un caso particular se da con el aceite: durante la primera mitad del año ocurrieron bajas en el stock que varían de mes a mes y en algunos distritos de Chaco y Tucumán, se oferta junto a otros productos como mayonesa o fideos y “si el cliente quiere llevar un solo producto, en la caja no se lo permiten”, explicó Ernesto Gómez Rossi de Tucumán. De esta manera, el consumidor no puede identificar el precio por unidad y, por lo tanto, es imposible comprobar si se respeta el acuerdo de precios.

Vea en Resistencia

Otra problemática se encuentra en los almacenes, donde buena parte de los sectores sin ingresos fijos y menores recursos se abastecen diariamente. Los pequeños comercios no están afectados por el congelamiento impuesto por la Secretaría de Comercio y sin embargo, en muchos casos ofrecen opciones más económicas que las grandes cadenas de supermercados, aunque con sus limitaciones
. En los 32 barrios relevados de Mar del Plata relevados por ISEPCI, Evangelina Ramírez detectó que “con la leche hay problemas, notamos que los almaceneros piden menos cantidad. En ciertos horarios podés conseguir y sino tenés que volver al otro día”, concluyó. En Mendoza una situación similar ocurre con el aceite, allí los mayoristas han impuesto una compra mínima de $1000 para proveer a los almacenes de este producto. Sobre este tema, el Instituto de Estudio de Consumo Masivo (INDECOM) confeccionó un informe que revela faltantes de productos de la canasta básica real y una variación de precios que puede llegar al 30% en pequeños, medianos y grandes comercios.

En otras provincias donde el ISEPCI no realiza sus relevamientos, la situación de desabastecimiento parece ir en el mismo sentido. La Dirección de Defensa al Consumidor de Neuquén recibió quejas por faltantes de productos correspondientes a la Canasta Básica y en Santa Cruz, el titular de la Subsecretaría de Comercio, Jorge Arias declaró un faltante del 50% de los productos incluidos en el congelamiento, en los principales comercios adheridos, además de aumentos de precios registrados en alrededor de 19 artículos. La Defensoría al Consumidor de San Juan advirtió que, si bien las grandes cadenas de supermercados estaban cumpliendo con mantener los precios del acuerdo, algunas marcas -principalmente de artículos de limpieza- no aparecían en las góndolas. A pesar del control gubernamental y las negociaciones con el sector supermercadista, estos flancos débiles de la política de Guillermo Moreno hacen que la canasta ofrecida sea, muchas veces, imposible de hallar.

* Los datos del Indice Barrial de Precios del ISEPCI pueden verse desde aquí

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Si Belgrano viviera…

Carlos del Frade (APE)

Batalla de Ayohuma, cerca de Potosí, en la actual geografía boliviana. Allí está, en medio del estrépito de fusiles, degüellos salvajes y carne quemada y desgarrada, allí está él, segundo promedio histórico de la universidad de Valladolid, presidente del Colegio de Abogados de Salamanca a los veinte años, secretario vitalicio del consulado con un salario que hoy rondaría los 70 mil pesos mensuales, vocal del primer gobierno parido en estas tierras del sur del mundo que todavía no estaban enamoradas de las palabras que a él si lo habían impulsado a dejarlo todo para convertir esos vocablos en realidad palpable: revolución, igualdad e independencia.

Allí está él, juzgado por haber inventado la bandera para darle una esperanza a los desesperados que lo seguían sin saber por qué diablos tenían que obedecerlo. Se trata de Manuel Belgrano y allí está, en medio del campo afiebrado de Ayohuma. Pide la bandera y se queda como último hombre. No quiere que sus soldados, los verdaderos padres de la patria, como diría en sus cartas, sean sacrificados. Y los que obedecen al mando español no pueden creer que el general sea el último pudiendo ser el primero en retirarse. Entonces el ejemplo produce el efecto deseado. No hay masacre. La bandera queda manchada de sangre. Cuando Evo Morales suele mencionar que tiene en su poder la bandera de Macha con sangre argentina se refiere a aquel pedazo de tela que tiene los restos de sangre de Belgrano aquel 14 de noviembre de 1813.



-Pólvora y dinero, pólvora y dinero - escribe como un enajenado en sus cartas delirantes de pasión revolucionaria. Eso necesita pero Buenos Aires, su clase dominante, está en otra cosa. Ya no interesa el sueño colectivo inconcluso de la igualdad. Solamente se buscan patrones extranjeros que paguen bien la traición. Alvear se encarga de ofrecer estas tierras a los ingleses, portugueses y por último a los mismísimos españoles. Se lo saca de encima a Belgrano y lo envía a Europa junto a Rivadavia. Pero cuando vuelve insiste en la patria grande, en poner como rey a Juan Bautista Condorcanqui, hermano menor vivo de Túpac Amaru por el que sangraron 400 mil peruanos y altoperuanos y proyecto un parlamento americano. Ya no prestan atención a sus planes. Pero vuelve al norte. A Humahuaca y en medio de esa soledad decide darles estatus de ciudadanos a los gauchos que son tratados como esclavos en las haciendas del norte. Los propietarios de casi todo jamás olvidarán ese gesto llamado fuero gaucho y lo arrestarán y le pondrán grilletes a sus pies y luego entregarán a su amigo y socio político, Martín Miguel de Güemes.

Pero volvamos a Ayohuma. El general desesperado y poseído de una valentía parecida a la locura vuelve a su campamento en Macha y decide quemar la casa de la moneda de Potosí. Sabe que el dinero, sobre eso que escribió durante tanto tiempo, termina corrompiendo a los sectores que tienen algo de poder. Es un rapto de conciencia extrema: el economista e intelectual que imaginó el sistema bancario de la nueva nación siente que hay que destruir el dinero porque funciona como “agua estancada que pudre los demás sectores sociales”, como le hizo escribir a su amigo Mariano Moreno. Porque sabe, él lo sabe, Manuel Belgrano, que hace tiempo que “hay solamente dos clases de hombres…los propietarios de casi todo y las mayorías que solamente atienden las necesidades” de esos pocos, como publicó en “El Correo de Comercio”, en ese mismo año 1813. En 1967, según los diarios publicados por otro revolucionario, Ernesto Che Guevara, muy cerca de allí, también piensa el rosarino en quemar Potosí y en la desaparición del dinero.

Por eso Belgrano muere en la pobreza y la soledad. Su pasión revolucionaria a favor de enarbolar la bandera de la igualdad en la vida cotidiana de los argentinos era demasiada molesta para los usurpadores de la revolución. La mentira oficial argentina, hija directa de la falsificación histórica, eligió la muerte del desesperado de Ayohuma como celebración de la bandera. Fenomenal herramienta política de domesticación: recordar la muerte para olvidar cómo y por qué vivió Belgrano. Para que las futuras generaciones jamás se encuentren con esos proyectos tan actuales, tan necesarios en el presente de las mayorías.

Por eso Belgrano no sería funcionario.

Porque Belgrano fue un revolucionario.

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Boletín informativo de CORREPI

Exceso de defensa: El Estado contra un hincha / Buenas noticias, sabrosas telefotos ¡a tragar sin culpa! / La farsa del juicio a los petroleros de Las Heras / Ni tragedia ni accidente: otro crimen del capital.

Exceso de defensa: El Estado contra un hincha
Es política de estado, no es una cuestión jurídica. Para muchos, ya es algo remoto, aunque no pasaron dos semanas en La Plata. El hincha asesinado era Javier Gerez, el policía asesino es el capitán Roberto Lezcano, y su jueza blanqueadora, Marcela Garmendia.
El policía, en medio de una batahola provocada por el mismo operativo para el que prestaba servicios, disparó su escopeta a menos de un metro del hombre. Mató, lo detuvieron, algunos funcionarios se indignaron "para la tribuna" y, a los pocos días, salió en libertad porque la jueza dijo que el policía “se excedió en el ejercicio de su legítima defensa”.
Los videos hablan solos. Lezcano disparó a boca de jarro, sin que su propia vida corriera el mínimo peligro.
La decisión de la jueza muestra, de nuevo, cómo se beneficia a los que ejecutan la política represiva estatal, con el recurso de una figura atenuada del homicidio que, ley no escrita mediante, funciona como llave para la excarcelación automática del asesino de uniforme.
Los códigos y los libros de derecho explican que uno de los requisitos de la legítima defensa es que el acusado no haya provocado el incidente que dio origen a la situación. El "cacheo” gastador a los hinchas en las adyacencias del estadio -cacheo que originó la reacción del hincha- forma parte de un accionar policial habitual que genera broncas, que indigna y establece las reglas del juego: la violencia la desata quien usa el uniforme del estado.
No está escrito en ningún protocolo, pero está asumido por el propio estado cuando completa el círculo desde el poder judicial. La misma justicia se niega a reconocer que la provocación está en el procedimiento policial, que matar en esas condiciones nada tiene que ver ni con la defensa propia ni con exceso o abuso de esa defensa.
No es la protección personal del capitán asesino lo que llevó a la jueza a sellar y firmar con rapidez su libertad, sino la necesidad de mantener incólume la idea del uso y monopolio de la fuerza por parte del estado, la razón disciplinadora que lo inspira y que se materializa en la función policial. Y esto es de raíz política.
Pero no de cualquier política. Es además una política atravesada por una cuestión de clase: cuando el detenido es un perro guardián de los que dominan, todo el andamiaje burocrático se mueve para procurar su rápida soltura. No ocurre lo mismo cuando detienen e incomunican a trabajadores que casi pierden su vida conduciendo y haciendo lo que pueden en los trenes de los crímenes sociales.
Finalmente, para la tribuna, simulan indignarse los funcionarios. Casal, el ministro de Scioli, lo hizo por un ratito ante el crimen de su subordinado en La Plata. Como Randazzo, el ministro del gobierno de los derechos humanos, cuando habló de siniestros y accidentes ante el crimen social de Castelar. La defensa del estado, nunca es legítima.

Buenas noticias, sabrosas telefotos ¡a tragar sin culpa!
En la mañana del 11 de junio fue encontrada muerta Ángeles Rawson, de 16 años, que había desaparecido el día anterior luego de asistir a sus clases de educación física en un predio aledaño al CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) en el barrio de Colegiales, donde vivía con su familia. El cadáver de la adolescente fue hallado entre las bolsas de basura que habían descargado los camiones de transmisión al predio central en José León Suárez, localidad del conurbano bonaerense.
Inicialmente, todos los medios de comunicación publicaron que la víctima había sido violada antes de ser asesinada, noticia que trajo aparejada consigo un aluvión de informes emotivos, que indicarían como consecuencia la podredumbre de vivir en esta época de inseguridad y violencia desmedida.
El miércoles a la noche, a partir del informe de la autopsias, tuvieron que salir a desmentirse, ya que no había en el cuerpo indicio alguno de violación. Mientras tanto, esas 24 horas de intervención mediática, hicieron lo suyo: cumplieron su objetivo.
La posibilidad que se abre a los medios de ejercer poder sobre la audiencia y, por lo tanto, de estructurar y ordenar su conciencia sobre la realidad, hace de ciertas coyunturas un diamante en bruto a explotar en su máxima potencia. Todo este mecanismo de disciplinamiento tiene una explicación, que se halla intrínseca en la propia dinámica de su funcionamiento. Para ello, es necesario revisar punto por punto.
Primero y principal, –se sobreentiende, tomando en cuenta el objetivo que los convoca- para los medios siempre es un buen momento para aprovechar la coyuntura y echar leña a la caldera; siempre es útil la oportunidad de reajustar las tuercas que, sea el día anterior o hace unas pocas horas, habían ajustado con otro platillo: en este caso, la imagen utilizada fue la de una adolescente muerta (y según ellos, violada) producto de la inseguridad, cimentada al paso como el mayor problema que le atañe a los usuarios. Eso sí, no era cualquier víctima, sino una que –ellos sabían- iba a dolerle a la audiencia. Ángeles era menor de edad, buena estudiante (tenía el mejor promedio en su escuela), vivía en un barrio “bien” y su familia es socialmente respetable: de buen pasar, económicamente cómoda, sin ser ni opulenta ni irrelevante: ideal para que el “público” que interesa (los sectores de la llamada “clase media”), lejos de sentirse incómodo, se identifique y solidarice automáticamente.
Sobre el impacto encaramado que produjo la noticia, comenzó el circo de la extorsión y el ordenamiento, a través de distintas herramientas: aparecen las grillas estadísticas que describen el horror, con antecedentes y características indicadores de un perfil criminal, especialmente las de un violador; descripciones basadas en supuestos infundados, rayanas a lo absurdo, en las cuales entrarían la mitad de los individuos de esta sociedad; y el pretendido homenaje a la víctima, conmovedor, fustigante, acicalado con alguna angustiante melodía y acompañado de fotos donde se muestre la inocencia del desafortunado inocente.
El efecto es automático, ensordecedor, certero al 100%. Aquí es donde se comprende por qué no son útiles las noticias de los pobres. A los medios no les sirve mostrarlas, porque en su seno incuban la denuncia explícita –que a ellos también abarca- y porque, en estos casos, la audiencia siempre encuentra una excusa para desechar rápidamente la noticia, perdiéndose así el efecto pretendido.
Ese efecto no es azaroso, como nada en este circo. Viene bien ornamentado, bien cocinado de antemano, y su fin último, su uso práctico es el que siempre fue: el uso de la coyuntura para establecer una postura política a través de un mecanismo de control. No cualquier control, sino el más certero, el tiro de gracia: el autocontrol.
El tratamiento de “la problemática de la inseguridad”, vista y publicada como la mayor problemática de nuestro tiempo, deja sobre la marcha el espacio para tatuar en la piel de los consumidores de la “noticia”, varias consignas: en cualquier lugar y momento puede tocarle a cualquiera, a usted y a su familia, a todos. La vida entendida de este modo vale dos centavos. El usuario, así, es arrinconado a la desesperación del pánico, situación que abre el espacio justo para una doble función: por un lado, la puerta a la propuesta que “solucione” el “problema”, y, por el otro, la siembra de la cosecha, el efecto de tal temor; esto es, la desconfianza. Desconfiar de todos, del vecino, del almacenero, hasta de la propia sombra.
El resultado de la doble función, permite entonces, primero y sobre todo, la distracción de lo que realmente subyace a la coyuntura (el hambre, la explotación, la desocupación, el trabajo precario, la falta de vivienda, de salario digno, la desigualdad, la injusticia y por ende, la política de estado que garantiza su funcionamiento); segundo, la propuesta de derecha bien cimentada (a mayor inseguridad, la solución es el refuerzo de lo seguro, es decir, más policía en las calles y, por lo tanto, la garantía de la regulación del crimen y la represión en los barrios); tercero y último, el efecto de la desconfianza (la incomunicación, la distancia y el encierro: todos en sus casas quedan aislados y con pánico uno del otro, confinados a ver la realidad a través de un monitor, una radio o una televisión, de manera que la capacidad potencial de organizarse, de discutir la realidad, intrínseca del pueblo, queda anulada y por tanto “resuelta”). La operación restante se gesta sola, el aislado se autorregula, se somete solo y somete, a su vez, al otro, vigilándose y vigilándolo.
Así, los medios hegemónicos –herramienta fundamental del poder-, construyen diariamente la realidad que objetivan como única y verdadera. Así, ponen el guiño ciego a la desidia de la impunidad y aprovechan para legitimarla, fomentando la fragmentación del pueblo y, por lo tanto, la perpetuidad de la corrupción. Así, pretenden mojarnos la oreja a todos.
Pero hay todavía unos pocos –los hay, somos pocos, pero locos- que nos negamos a aceptarlo y que asumimos afiebrados de indignación, la tarea de denunciarlo y de canalizar nuestra bronca convirtiéndola en la lucha de todos los días. Nosotros pocos que decimos, parafraseando a nuestro querido compañero Rodolfo Walsh “con la certeza de ser perseguidos, pero fieles al compromiso que asumimos hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.”
Y por más herramientas que empleen en sus métodos, les decimos, acá no pasarán.

La farsa del juicio a los petroleros de Las Heras
A principios de 2006, una serie de luchas obreras sacudieron el norte de la provincia de Santa Cruz, continuidad de una larga lucha protagonizada por los trabajadores hiper explotados por las multinacionales dedicadas al negocio de la extracción de petróleo. Los reclamos de ese inicio de año no eran nuevos: mejoras salariales, encuadramiento laboral, rechazo a la retención del impuesto a las ganancias sobre los sueldos, pase a planta de los tercerizados.
Entre las últimas semanas de enero y la primera de febrero, hubo piquetes en las rutas y frente a las empresas en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Cañadón Seco. La madrugada del 7 de febrero, con el conflicto al rojo, una nueva injusticia, la detención de un referente de los trabajadores, desató la reacción masiva de un millar de obreros, que asumieron su autodefensa, y con la fuerza de su movilización liberaron a su preso y frenaron otras seis órdenes de captura.
En la pueblada murió un policía, Jorge Sayago, que quedó solo frente a la comisaría cuando sus camaradas retrocedieron ante la decisión de los trabajadores que la rodeaban.
El gobierno provincial rápidamente recibió el apoyo del nacional, y a los pocos días, con el aporte de servicios de inteligencia, la policía santacruceña y la gendarmería nacional, un mega operativo desplegó centenares de fuerzas represivas en la ciudad de menos de 10.000 habitantes. Se allanaron casas, vecinos y trabajadores fueron apaleados y torturados, y se detuvo a más de 20 personas acusadas de haber participado en la pueblada.
Sobrevino entonces una parodia de “investigación judicial” cuyo único fin fue desactivar y condenar la lucha obrera y popular. Con la lucha popular y la solidaridad activa, luego de casi tres años se logró que los últimos detenidos fueran liberados, pero la causa siguió su inexorable avance, con las acusaciones fundadas en testimonios arrancados a golpe limpio.
El lunes 17 de junio comenzó el juicio a los 12 trabajadores que quedaron acusados por delitos que van desde el homicidio calificado del policía, ascendido a comisario post mortem, hasta la coacción agravada por la que se agravia el gobierno provincial, constituido en querellante a la par de la familia del policía. Al fiscal de cámara que debía intervenir en el debate no le dio la cara para sostener las imprecisas y genéricas acusaciones, y, después de pedir tres veces la anulación del requerimiento de elevación a juicio, se apartó, y convocó al fiscal de primera instancia para que lo reemplazara.
La primera jornada del juicio mostró sin fisuras de qué se trata esta causa. Se leyeron las acusaciones, que dejaron a la vista la forma absurda en que se seleccionó arbitrariamente a estos 12 trabajadores, entre más de setecientos, para aleccionar al conjunto. Un aleccionamiento que rindió sus frutos, con aquellos gendarmes llegados de apuro instalados en forma permanente en la zona, imponiendo un régimen de vigilancia que cercena el activismo obrero y secciona los lazos solidarios.
Con la presencia de trabajadores petroleros y de militantes de ADOSAC, ATECH, ATE, PO, DO, PTS, el cuerpo de delegados de la línea 60 y otras organizaciones nucleadas en el Comité de apoyo por la absolución de los compañeros petroleros de Las Heras, las rejas custodiadas por prefectos de la Cámara de Caleta Olivia se poblaron de afiches y banderas. Los jueces resolvieron que el juicio sea oral, pero no público, ya que sólo permitieron el ingreso a la sala de las partes y sus abogados, y un par de periodistas acreditados. Apenas si colocaron un parlante en el hall del edificio, desde donde medio centenar de compañeros pudimos seguir las alternativas de esa primera audiencia, que terminó abruptamente cuando varias defensas plantearon las muchas nulidades de la amañada instrucción. Fueron cuestionadas la presencia del fisco provincial como querellante; se reiteró la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio que violan el principio de congruencia; se denunció la nulidad de las indagatorias realizadas bajo tormentos y se confrontó el intento del fiscal de desistir de varias decenas de testigos e incorporar a libro cerrado las actas de las declaraciones fabricadas en la instrucción.
CORREPI estuvo presente en representación del Encuentro Nacional Antirrepresivo, junto a los compañeros de AGARRE (Acción Grupal Antirrepresiva Estatal) de Comodoro Rivadavia. Por la mañana, realizamos una conferencia de prensa en la sede de la CTA comodorense, convocada por AGARRE, en la que intervinieron el compañero Carlos Platowski, delegado de LAN y militante del PTS, y María del Carmen Verdú de CORREPI. Luego, viajamos a Caleta Olivia, donde asistimos al juicio y denunciamos en los medios que cubrieron la audiencia su naturaleza persecutoria. Al mismo tiempo, en la ciudad de Buenos Aires, las organizaciones del Comité de defensa nos movilizábamos del Obelisco a la Casa de la Provincia de Santa Cruz.
La presidenta del tribunal oral decidió postergar una semana el debate, para resolver los planteos sólidos y contundentes de las defensas, de manera que el juicio se reanudará el lunes próximo.
Es necesario redoblar los esfuerzos para dar visibilidad a este juicio que pretende ser una instancia de disciplinamiento para el conjunto de la clase trabajadora, y que amenaza concretamente a los trabajadores acusados con prisión perpetua.

Ni tragedia ni accidente: otro crimen del capital
Horas después del choque del tren chapa 16 contra la estación Once, el 22 de febrero de 2012, decíamos: “No debemos confundirnos y debemos llamar a las cosas por su nombre: este fue un crimen social”. Un crimen producido por la lógica misma del sistema de explotación capitalista, que privilegia la ganancia sobre cualquier otro valor.
El choque de Castelar produjo el sabor amargo de la repetición, esta vez con menos víctimas por esas casualidades de los horarios y los sentidos de circulación, igual de criminal, con los mismos protagonistas y los mismos chivos expiatorios.
Los trabajadores como víctimas, y el estado como responsable, esta vez de manera mucho más difícil de justificar para sus defensores, a partir de la intervención decretada sobre TBA después del 22 de febrero. Y también los trabajadores, los maquinistas, presos y acusados como únicos responsables de las muertes y las heridas, incluso las propias.
“Estamos investigando la falla humana”, dijo a pocas horas del hecho el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, “el tren funcionaba bien”. Los maquinistas y los guardas fueron detenidos e indagados por estrago doloso, y aunque se los puso paulatinamente en libertad, siguen imputados, junto con otros trabajadores de los talleres EMFER, del mismo grupo Cirigliano socio del estado y co-responsable de estas nuevas muertes. Los funcionarios y empresarios, mientras tanto, siguen contando sus billetes y celebrando que el servicio del tren Sarmiento se reanudó, para seguir trasladando como ganado a los trabajadores de la zona oeste a las fábricas, las obras en construcción y los comercios donde los mismos que los matan con trenes sin freno los explotan a diario.

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