miércoles, 3 de julio de 2013

Gobiernos europeos y comisión europea: Caniches de Estados Unidos

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

La prohibición, decidida por los Gobiernos de España, Francia, Italia y Portugal, de sobrevolar sus respectivos territorios al avión que conducía al Presidente de Bolivia Evo Morales, además de violar los principios más elementales del derecho internacional y particularmente del derecho diplomático, ha mostrado de manera esperpéntica el grado de sumisión de la mayoría de los Gobiernos europeos y de la Comisión Europea al Gobierno de Estados Unidos.

Este lacayismo no data de ayer pero su punto de inflexión se produjo a raíz de los atentados contra las torres gemelas en setiembre de 2001 y se montó sobre la histeria antiterrorista a escala mundial fomentada desde Estados Unidos.

En lo que se refiere al uso del espacio aéreo europeo, Estados Unidos asumió su control ese mismo año.

En noviembre de 2001 el embajador Francis X. Taylor, Coordinador de Antiterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos escribía lo siguiente:

“Los aliados de la OTAN han acordado proveerle a Estados Unidos la amplia gama de ayuda que solicitamos. esto incluye uso ilimitado de su espacio aéreo, instalaciones de bases, puertos marítimos, logística… …Hemos desarrollado también un Programa de Interceptación de Terroristas (TIP), que utiliza modernos sistemas de bancos de datos computarizados para ayudar a identificar terroristas potenciales que tratan de cruzar las fronteras internacionales. Este programa tendrá máxima efectividad en los países que son centros importantes de transporte.” (Embajador Francis X. Taylor, "Terrorismo: politicas y medidas antiterroristas estadounidenses ”,Oficina del Coordinador de Antiterrorismo, Departamento de Estado de Estados Unidos en Agenda de la Política Exterior de los Estados Unidos de América. Publicación Electrónica del Departamento de Estado de Estados Unidos. Volumen 6, número 3, noviembre de2001. http://usinfo.state.gov/journals/itps/1101/ijps/pj63tayl.htm).

Esto sirvió para que los Gobiernos europeos dieran su consentimiento para los llamados “vuelos secretos de la CIA”: los yanquis utilizaban el espacio aéreo europeo para trasladar presuntos terroristas a prisiones secretas donde eran sometidos a torturas.

Dick Marty, relator especial de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la cuestión de los vuelos secretos de la CIA reveló a principios de junio de 2007 que entre 2002 y 2005 la CIA mantuvo personas encarceladas en prisiones secretas de Polonia y Rumania.

Afirmó también que un acuerdo secreto concluido entre Estados Unidos y la OTAN en octubre de 2001 permitió a la CIA proceder a esas detenciones y realizar otras actividades ilegales en Europa.

En marzo de 2007 Dick Marty, en cumplimiento del mandato recibido de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa presentó al Comité de Asuntos Legales y de Derechos Humanos de la misma, un Memorándum Introductorio sobre las “Listas negras del Consejo de Seguridad” [(AS/Jur (2007) 14-19 March 2007 ajdoc14 2007 Committee on Legal Affairs and Human Rights - UN Security Council black lists - Introductory memorandum- Rapporteur: Mr Dick Marty, Switzerland, Alliance of Liberals and Democrats for Europe].

El Relator concluye que las “listas negras” no sólo violan derechos fundamentales sino que desacreditan a la lucha internacional contra el terrorismo. El Informe tiene como anexo un estudio sobre la cuestion realizado por Symeon Karagiannis, profesor de derecho público de la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo. La Asamblea Parlamentaria aprobó en junio de 2007 el Informe de Marty sobre las prisiones secretas y en noviembre del 2007 la Comisión de Derechos Humanos y la de Asuntos legales de la misma Asamblea aprobó su informe sobre las “listas negras”.

Este control del espacio aéreo europeo por parte de Estados Unidos, con el consentimiento expreso de los Gobiernos europeos, ha servido ahora para prohibir al avión que conducía al presidente Evo Morales sobrevolarlo, con el pretexto de que llevaba a bordo a Snowden.

Las revelaciones de Snowden son una actualización de lo que todo el mundo interesado sabe desde hace ya bastante tiempo: los servicios anglosajones (Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá y Nueva Zelandia) tienen desde hace años un sistema llamado ECHELON mediante el cual espían a todo el mundo, con la finalidad sobre todo de actuar con ventaja en el plano económico, so pretexto de vigilar las actividades terroristas.

Lo nuevo aportado por Snowden, entre otras cosas, es que los progresos tecnológicos para interceptar y seleccionar millones de comunicaciones diarias han superado ampliamente a ECHELON y que los grandes de Internet, como Google, Facebook y Yahoo, (todos estadounidenses) transmiten toda la información que circula por sus redes a los servicios de “seguridad” estadounidenses. SWIFT, el sistema internacional de transaciones financieras también está totalmente controlado por los mismos servicios de espionaje.

Si tuvieran un mínimo de dignidad, los gobernantes europeos deberían agradecer públicamte a Snowden y ofrecerle asilo politico.

En cambio, se basan en un rumor de que Snowden (un terrorista para el Gobierno de Estados Unidos) estaría a bordo del avión de Evo Morales, para actuar servil y precipitadamente, violando las reglas más elementales del derecho internacional.

Cabe destacar la actitud del Presidente Hollande, que con toda hipocresía simula enterarse recién, a raíz de las denuncias de Snowden, del espionaje estadounidense y -“pour la galerie”- se indigna, “exige” que el espionaje cese “inmediatamente” y algunos días después su administración se somete desvergonzadamente a las órdenes de “Big Brother”.

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El tema de Edward Snowden y el nivel de tensión en las relaciones internacionales

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Cuando el Gobierno de Bolivia denuncia este martes pasado que su Presidente, Evo Morales "fue secuestrado por el Imperialismo y está retenido en Europa", es un indicador claro -esperemos aislado- de la actual crisis política de la globalización.

El Gobierno de Bolivia hizo un llamado a "los pueblos y Gobiernos progresistas de América Latina a pronunciarse" y celebrar una reunión extraordinaria para tratar el asunto. "América Latina está siendo pisoteada", dice la declaración.

Es gravísimo y si fue por una orden de Estados Unidos, estamos frente a la acción unilateral de un país que no respeta el derecho internacional.

Algo le está sucediendo al gobierno de Barack Obama que se le ve como con exceso de ansiedad y vehemencia por marcar el argumento de que Estados Unidos es la potencia mundial con el derecho de intervenir en cualquier región del planeta con armas, argumentos y recomendaciones. En el caso de Egipto es patético. En la declaración oficial de la Casa Blanca sugiere y advierte lo que deberían hacer los actores políticos para solucionar la crisis.

Pregunta: ¿Quién le ha dado esa potestad a Estados Unidos para involucrarse tan directamente en los asuntos internos de los países como en los tiempos más tensos de la era Reagan? Claramente es una comunidad internacional que no reacciona y que está en su mayoría cooptada por el factor económico de la inversión extranjera y el peso del capital transnacional. También se constata la actual fragilidad del multilateralismo encarnado en su organismo político mayor, - la ONU -. Es una causa importante para el actual estado de situación en las relaciones internacionales. No es la única, pero es la que tiene un peso político más considerable del que se le atribuye en el actual clima de tensión.

Al negar varios países europeos el otorgar tránsito libre para el aterrizaje del avión en que viajaba el presidente de Bolivia, por suponer la presencia en el avión de Edward Snowden, un ex miembro de las operaciones de inteligencia de Estados unidos, es probable que se haya atravesado el margen de tolerancia en el grado de tensión en las relaciones internacionales. Lo de Francia, Portugal, España e Italia al impedir tránsito libre al avión del presidente boliviano, es una agresión a Bolivia en el más puro estilo de los halcones de la OTAN que llevaron adelante el exterminio de Gadafi y su gente.

Este asunto va más allá de un tema policial o de seguridad estratégica en el sobreprotegido mundo de la inteligencia militar. Es un tema de relaciones internacionales y de los fundamentos actuales en política exterior. La pregunta es básica: ¿Se terminó la guerra fría? ¿Existen aún ambiciones por el control y la supremacía planetaria en las potencias?

Desde las invasiones de Afganistán, Irak, Libia y la actual situación de guerra en Siria, el multilateralismo que representa la ONU no se ha recompuesto a los niveles del período que antecede al desplome soviético. Es válido preguntarse entonces si fue tan clave la existencia de la ex URRS en la legitimidad y fortaleza del multilateralismo, para contener la supremacía de las potencian occidentales. Ahora parecieran estar desatadas en la onda expansiva que promovía el ex vicepresidente Dick Cheney y su equipo cuando era secretario de defensa en 1992. La idea consistía en que terminada la URSS, se presentaba la oportunidad única de prevenir que nunca más a Estados Unidos se le pusiera un poder igual o mayor al frente. (Nicholas Lemann. The New Yorker,April 1, 2002). El plan consiste en recuperar o más bien, usar el poder que está a disposición porque el espacio de la ex URSS no ha sido ocupado.  

Esta situación que hace explotar la salida de Snowden de Estados Unidos y que congrega la preocupación de las cinco potencias que ocupan un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, no es un hecho aislado sino que responde al nivel de tensión interna que vive Estados Unidos por haberse involucrado en tres guerras Afganistán, Irak y Siria en menos de una década. Pero este es un aspecto del problema. Ha comenzado a establecerse en concreto ahora el anunciado Nuevo Orden Mundial y éste de facto surge desde las fauces de la OTAN. Consiste en la supremacía total, la receta universal para los equilibrios unilaterales.

Las invasiones a Afganistán, Irak, el derrocamiento de Gadafi y la actual intervención militar en Siria, replantean la antigua aspiración de la Alianza Occidental por la supremacía total que había quedado suspendida después de la caída de la Ex URSS, sea por fallas propias en la Alianza o por el surgimiento de nuevas amenazas muy probablemente de fabricación propia.

La agresión de un grupo de países de la Alianza Transatlántica a Bolivia exhibe la más clara faceta del actual estado de situación en las relaciones internacionales. No es muy distante de lo que se le está haciendo a Siria con el envío unilateral de armas a terroristas violando la Carta de Las Naciones Unidas. El clima de beligerancia en ascenso de las protestas ciudadanas dentro de los países y también en las relaciones internacionales, expresa la crisis política de la globalización.

La globalización no es solo intercambios comerciales, interdependencia económica y el impacto global de los vaivenes en las bolsas mayores o, el uso de comunicaciones avanzadas. La globalización se expresa también en el orden de las relaciones políticas de los países, que en este momento atraviesan un periodo de incertidumbre y desconfianza institucional, el cual lleva a revivir los tiempos peores de la guerra fría.

El actual orden mundial no es el de la Carta de Naciones Unidas, una suerte de Constitución para el planeta con parámetros bien marcados y sencillos: Paz, seguridad y protección para las naciones en función de su pleno desarrollo con mucha cooperación, solidaridad y esfuerzos para la igualdad y no la supremacía. En esto la Carta es muy clara.

El orden mundial trazado y que se expresa en esta afrenta a Bolivia, proviene de la alianza entre Estados Unidos y la Unión Europea para retomar la agenda inconclusa, como es la expansión global para que ningún poder alternativo se le ponga al frente.

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De firmarse la paz en Colombia...

Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

Las dos orillas, el nuevo portal de internet creado por el pazólogo León Valencia, anuncia que su ong Arco Iris está próxima a concluir una investigación de campo realizada en “9 de los 200 municipios epicentro de la guerra, para conocer cuáles podrían ser las dificultades del postconflicto” en Colombia. El titular del anuncio es revelador: “De firmarse la paz, ¿Qué pasaría en las zonas del conflicto?” (1)

En este informe preliminar se anuncian 9 conclusiones, aunque por ahora solamente destaquen 3 de ellas:

1- Habrá un aumento de los conflictos por la tierra (llamados por ellos horizontales) es decir entre Comunidades, Vecinos, o incluso familiares, surgido de la inseguridad jurídica de los títulos de propiedad y del destino futuro uso que se le dé a la tierra, y desde luego, por la manipulación de las expectativas que hagan los dueños tradicionales de las tierras a través de los organismos del Estado que controlan.  

2- Como respuesta a los avances del proceso de paz de la Habana, (bastante anticipada y presumiblemente ligada a la campaña presidencial); los Terratenientes locales y regionales y sus aliados oficiales (que el investigador denomina en su lenguaje post-moderno “elites”) están reforzando la estrategia paramilitar con el objetivo claro de: a) Cuidar la tierra despojada y continuar el despojo, b) Ocupar las zonas que dejen las FARC u otras guerrillas, c) “Limitar y controlar el surgimiento de liderazgos sociales y políticos en las regiones” que están brotando vigorosamente. Es decir como el mismo investigador lo describe, ”este último objetivo de estos grupos, tal vez sea el más complicado, pues se podría repetir lo que el país vivió con la Unión Patriótica o UP; cuando una alianza entre élites políticas regionales y locales, narcotraficantes y agentes Estatales liquidó la oposición política naciente”.

3- La tercera conclusión según el investigador tiene dos aspectos: a)… “A diferencia de otros procesos de paz, esta vez los guerrilleros que salgan a la paz, no se irán a las ciudades como lo hicieron los del M19, o los miembros de la Corriente de Renovación Socialista; por el contrario se quedaran en los municipios donde hicieron presencia, y allí intentaran participar en política, hacer activismo social, y en general reconstruir sus proyectos de vida”.

…Y b) “Sin embargo, estos municipios no tienen funcionarios públicos preparados para la administración del Estado, carecen de ingresos estables, y sobre todo, no tienen control territorial real en sus municipios”.

Esta investigación de campo, además de confirmar lo ya sabido con respecto a los “preparativos” de los terratenientes, militares con todos sus aliados, y de ponerle una “pizca” de desconfianza al ambiente negativo del gobierno Santos sobre el futuro del proceso de paz de Colombia; torna demagógicas, por no decir vacías, las perentorias palabras de Humberto de la Calle, cuando al iniciar el nuevo ciclo de conversaciones dijo:

“Para que haya participación de las FARC en política son necesarios dos tipos de garantías. Por parte del Estado, para su seguridad y para que hagan oposición dentro de la legalidad. Y de parte de las FARC se requieren garantías de que dejarán las armas y que actuarán lealmente dentro de las reglas de la democracia”.

Después de leer ese informe preliminar, dan ganas de preguntarle en negativo al investigador sobre el titular:- Bueno, y en caso de no firmarse la paz ¿Qué pasaría? ¿Nada, cómo afirma persistentemente JM Santos?

O nos volveríamos a encontrar dentro de cien mil muertos como le pronosticó Alfonso Cano a De la Calle en 1991.

1) http://www.las2orillas.co/de-firmarse-la-paz-que-pasaria-en-las-zonas-del-conflicto/

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Michelle Bachelet y la posibilidad de las reformas pendientes en Chile

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Para muchos me atrevo a asegurar, Chile es un país no reconciliado que no ha cerrado la etapa de la transición de dictadura a democracia.

Así quedó demostrado en el debate político entre la coalición de derecha que respalda al actual gobierno y la oposición de centro y de izquierda que intenta vencer en la elección de noviembre, al desarrollarse las recientes elecciones de primarias presidenciales. La tensión llegó a un nivel de beligerancia pocas veces observado en el periodo post dictadura.

Volvieron los fantasmas del fascismo velado y la caza de brujas impidiendo una conversación más abierta acerca de las reformas políticas y sociales pendientes en un país con una democracia de baja calidad participativa producto de una Constitución que las impide.

Es curioso, la población en Chile durante más de 20 años acepta vivir en una democracia dependiente y condicionada por una elite política que se repartía los cupos y las cuotas de poder. No es que en el resto de las sociedades capitalistas en vías de desarrollo sea demasiado diferente. El tema es que en Chile se llegó al extremo y pocos dijeron poco muy tarde. Y, lo que es peor: el sistema político y los partidos quedaron amarradas en su propia Catch 22.

Chile es quizás el modelo de país que adoptó el actual modelo socioeconómico con mayor desregulación, mayor concentración de poder político y económico en el mundo, de allí que se ubica entre los 15 países con mayor desigualdad. No es que la población chilena lo haya querido así. Fue obligada constitucionalmente a aceptar el modelo, a tener un modo de vida que ahora aparece inaceptable por las protestas sociales desde 2011.

Se piensa, y muchos chilenos así lo sostienen, que Michelle Bachelet puede liderar ese proceso del cierre de una etapa de dictadura a democracia que en Chile está pendiente.

La ex -presidenta con su ventaja holgada obtenida en las recientes primarias presidenciales del 30 de junio, de convertirse en presidenta por segunda vez abre esa posibilidad como nunca antes, porque la gente está exigiendo cambios especialmente en la concentración de riqueza y poder. Anteriormente fue presidenta en el período 2006-2009 y su plataforma programática de reformas fue acosada y diezmada por los quórums calificados de la actual Constitución que maneja la derecha y que ha sabido usar en forma inteligente para mantener el status quo.

La recién investida candidata de la Nueva Mayoría, una coalición de centro izquierda que ha costado una enormidad formar, en un proceso largo de debate no exento de contradicciones profundas, tiene el poco usual desafío de administrar una adhesión anticipada de 1 millón 500 mil electores, obtenida en esta primaria llevada a cabo el 30 de junio.

Esta votación resulta ser una “encuesta directa”. Sobre una muestra de tres millones de votantes el dato es contundente. Antes de estas primarias había doce candidatos, ahora hay ocho. Entre todos ellos hay solo una persona que tiene en concreto una adhesión de 1 millón 500 mil votos.

Este es un capital político adquirido por adelantado y no a través de una campaña política de los próximos cuatro meses. La elección es en Noviembre. Al revisar los resultados desagregados, en un 30% de comunas que tienen un buen grado de representatividad socioeconómica nacional, la votación de Michelle Bachelet duplica y en algunos casos casi triplica la votación conjunta de los dos contendores de la Alianza de derecha. En comunas excepcionales de altos ingresos la Alianza en cambio corre con mucha ventaja.

Por el significativo porcentaje de participación, el resultado de estas primarias combatidas y en un punto amenazadas, debido a la incertidumbre creada por la toma de colegios por el movimiento estudiantil, es como una anticipación de la elección presidencial en Noviembre. Los lugares de votación en Chile son principalmente los establecimientos educacionales. En algunos casos la fuerza pública desalojó algunos colegios con violencia cuestión que de alguna forma empañó el periodo preparatorio de estas primarias que han sido fuertemente combatidas por los sectores más críticos del sistema político en Chile.

Esta vez la participación ciudadana se vio reforzada frente al escenario de una reciente modalidad de voto voluntario e inscripción automática con solamente una experiencia anterior -las elecciones municipales de octubre 2012 donde hubo un 57% de abstención. Las dificultades de último minuto por las incertidumbre en algunos lugares de votación por las tomas de colegios, crearon el clima encendido de una democracia asediada y puesta en duda.

Los medios en general han contribuido al clima de escepticismo en buena parte de la población hacia el político y las instituciones de la política, fundamentalmente partidos y aparato de gobierno. Aún así, acudieron a votar más de tres millones de personas que representan 22.6 % del padrón electoral de 13.3 millones. Los cálculos previos de analistas y dueños de encuestadoras apuntaban a 1 millón 300 mil votantes en el mejor de los escenarios. La tendencia en las opiniones marcaba que un 10% del padrón sería lo óptimo para que el ejercicio tuviera una mínima legitimidad. Varios analistas consagrados en algunos medios señalaban que las primarias eran un “tongo”.

El “tongo” le ha significado a la coalición de gobierno enfrentar un escenario complejo, apenas obtuvo el 27% del votante, en estas primarias. El candidato elegido en estas primarias por la derecha Pablo Longueira, no solamente tendrá que disputar votos con Bachelet. Hay seis candidatos más para disputarlos. El espacio de la centro-derecha se ha agotado porque con Longeira el discurso se radicalizó contra Bachelet.

Su posibilidad de expansión electoral por los resultados de las primarias, consiste en abrir espacios a las temáticas de los otros seis candidatos que también agitan el discurso anti Bachelet y anti Nueva Mayoría. En Alfredo Sfeir representando al Ecologismo, Marcel Claude desde el Humanismo, Roxana Miranda del Partido Igualdad, el economista Franco Parisi, el independiente Tomás Jocelyn-Holt y Marco Enríquez-Ominami del PRO), residen las fuentes de votantes que permitirían la continuidad de la centro- derecha en La Moneda para evitar el triunfo de Bachelet.

Para muchos de estos candidatos, la carrera presidencial recién comienza ahora, después del “tongo de las primarias”, como muchos de ellos afirmaron. Es probable que sea al revés. Que el verdadero tongo comience con una falsa oposición al oficialismo y que se forme una alianza de todos contra Bachelet y su Nueva Mayoría. A partir del resultado de esta primarias hay que estar atentos a los slogans de las próximas movilizaciones.

¿Cuál sería el título que más podría sintetizar el significado de 1 millón 500 mil votos que obtuvo Michelle Bachelet en estas inéditas primarias?

“La gente la quiere”. Así responde Magali Catalán ante la pregunta apostada en la primera línea de personas aglomeradas esperando entre cámaras, cables y cuerpos de la prensa que aparezca la vencedora de la primera elección primaria presidencial oficial de la historia electoral de Chile. “Aunque la gente también quiere cambios”, agrega.

Sencilla, generosa, unitaria, mientras agradecía a sus compañeros de contienda, José Antonio Gómez, Claudio Orrego y Andrés Velasco, que a su vez mostraron generosidad y gallardía en la derrota. Los tres comprometieron sus esfuerzos para ampliar esa Nueva Mayoría que se instituye alrededor de su candidatura. Síntomas de una nueva política, esperemos. Michelle Bachelet fue clara en la agenda futura. Puso el énfasis en la dura tarea de una elección presidencial que no está ganada y advierte que se debe trabajar mucho.

¿Es Michelle Bachelet, después de estas primarias, la depositaria (política) que mejor interpreta las demandas de cambio que una mayoría de las personas ha expresado desde las movilizaciones estudiantiles y sociales de 2011?

La gente desea ser escuchada y los resultados de estas primarias significan que se dio ese primer paso, que es muy fundacional.

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Argentina. Elecciones 2013: Construir otro camino

En las elecciones primarias de agosto y generales de octubre, no estará en juego sólo la renovación legislativa de medio término. Los votantes expresarán también su balance de la década kirchnerista y cierta inclinación hacia el proyecto que debería sucederlo.
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El gobierno y sus potenciales herederos derechistas han conformado coaliciones de peso que intentarán polarizar los comicios. Las organizaciones de izquierda y del genuino progresismo no alcanzaron acuerdos equivalentes y concurrirán dispersas sin poder generar un voto del mismo alcance. Pero varias expresiones de ese espectro han dado pasos para crear en el futuro esa opción vacante.

En nuestro país no se ha logrado construir hasta ahora una coalición semejante al bolivarianismo de Venezuela, al Syriza de Grecia, o lo que fue el MAS en Bolivia, que luchando por la democratización social y la independencia del país han reunido militancia dispuesta a confrontar con los poderosos, a construir proyectos reales de transformación social con objetivos efectivamente igualitaristas. No existe un frente de esas características capaz de llegar al gobierno a través del voto popular. Una confluencia de ese tipo sería el punto de partida para batallas posteriores frente al poder y las clases dominantes.

Para la izquierda y el genuino progresismo la participación en cada elección cobraría otro sentido si se inscribiera en una estrategia de esa naturaleza. Dejaría de ser una rutina de minorías, marginalidad, testimonio, vedetismo o reyertas internas, para transformarse en un proyecto dirigido a lograr el acompañamiento masivo de los votantes.

Como ocurrió en otros países y en otras épocas de nuestra historia, una construcción así emergería de rupturas en las fuerzas actualmente mayoritarias. Sería el resultado de grandes frustraciones y grandes mutaciones. Este tipo de fracturas y virajes son posibles en los próximos años en torno a procesos combinados y confluentes: el distanciamiento del llamado progresismo K de la conducción presidencial, la separación total del progresismo anti-K de sus aliados derechistas, la superación político-cultural del sectarismo en la izquierda junto con la politización de los movimientos socio-político-culturales.

La paulatina maduración de estos procesos permitiría zanjar el bache político legado por el 2001, cuando una gigantesca rebelión popular trastocó al país sin transformar sus tradiciones políticas. ¿Cuáles son las candidaturas del 2013 que favorecen este proyecto? ¿Qué obstáculos y avances se observan en los campos que deberían nutrir la nueva construcción?

Contradicciones del “progresismo” K

Las enormes tensiones que esta incubando en su interior han quedado pospuestas por la significativa participación de este sector en las listas oficialistas y por el previsible protagonismo de CFK en la campaña. Por el momento todos se alinean con el gobierno en la fuerte disputa que se avecina con Massa por el control del peronismo bonaerense. Se trata de un adversario de peso, proviene de las entrañas del PJ, recurre a la ambigüedad discursiva, a la captación multifacética y al armado territorial que forjaron Menem, Duhalde y Kirchner para conducir el justicialismo. Acompañan con fervor la crítica presidencial al derechismo encubierto de este personaje fogoneado por el establishment y la embajada. Es que EEUU juega también sus fichas frente a un gobierno que no es antiimperialista pero que tiene roces crecientes con el imperialismo.

Cualquiera sea el resultado de esa disputa es improbable que CFK logre habilitar su reelección. Este impedimento seguramente reforzará la negociación de la sucesión con los candidatos de los grupos concentrados, como Scioli o Massa. Estos personajes seguirán navegando en la indefinición, con perfiles de tibieza mediática diferenciados de la furia opositora. Afinarán la agenda conservadora que promueve la clase dominante, apostando a implementar esa política desde el interior o los bordes del oficialismo.

El oficialismo avizora esta involución y supone que un buen resultado del Frente para la Victoria obstruirá esa regresión. Pero ese éxito puede desembocar en un efecto opuesto. Como sus listas aglutinan una ensalada de candidatos dispuestos a sumarse al mejor postor, la mayoría se ubicará en donde sople el viento. Por esta razón el voto K otorga mandato para una imprevisible variedad de posibilidades.

Algunos progresistas integrados al oficialismo suponen que el caudal de movilización popular acumulado por el gobierno permitirá conservar la mayoría parlamentaria y ganarle la pulseada de la sucesión al sciolismo o al massismo. Sin embargo la gran espuma que genera este conflicto oculta el acomodamiento conservador del propio cristinismo.

El redescubrimiento de Bergoglio como un “Papa progresista” es un ejemplo de esta adaptación. Las complicidades de Francisco I con la dictadura y su defensa de causas reaccionarias (como la negación del matrimonio igualitario) fueron abruptamente retiradas del discurso oficial. Mucho más preocupante es el contraste maccartista que hizo CFK entre las banderas rojas y las celestes y blancas, como si fueran símbolos contrapuestos o la represión a la comunidad Qom.

Al aceptar sin cuestionamientos todas las directivas presidenciales bajan la cabeza en los terrenos problemáticos. Así fue con la Ley de ART diseñada por la UIA; con la reapertura del canje para negociar con los fondos buitres, con la ralentización de los juicios por las deudas con los jubilados y la devastación del subsuelo que realizan las compañías mineras.

Han aprobado también los impuestos a los salarios y el espantoso negocio de los concesionarios ferroviarios. Ni siquiera acompañaron a los familiares de la tragedia de Once, que denuncian la continuidad de un sistema perpetuado para maltratar a los usuarios y enriquecer a los funcionarios, las empresas y los burócratas sindicales. Tampoco han alzado la voz contra la protección judicial de los amigos del gobierno, que incrementaron en forma escandalosa su patrimonio personal.

Resaltan los importantes avances democráticos logrados bajo la gestión actual, pero ocultan las manifestaciones opuestas de regimentación política. Elogian la reapertura de los juicios a los genocidas, la anulación de los indultos y el encarcelamiento de los principales criminales de la dictadura. Pero olvidan que estas conquistas no se extienden a ningún terreno que afecte la marcha de los negocios. Por eso se introdujo la Ley anti-terrorista exigida por el GAFI y el Proyecto X de espionaje de la militancia.

También reivindican la Ley de Medios, considerada por los especialistas un modelo a nivel mundial, que comenzó introduciendo principios de desmonopolización en el manejo de la información. Pero silencian la instrumentación actual de esa norma, para forjar un pool de grupos privados (Vila-Manzano) tan nefastos como la red tradicional (Clarín, La Nación). Mientras tanto se congela el otorgamiento de licencias a los medios comunitarios.

Están entrampados en estas contradicciones porque comparten la búsqueda de una mítica burguesía nacional, que protagonice un proceso de crecimiento con empleo e inversión. Están desconcertados porque esos grupos despilfarran las subvenciones estatales, multiplican la fuga de capitales y remarcan precios. Es evidente que ese timón burgués no conduce a la “profundización del modelo”, sino al ahogo de la agenda progresista. Para desarrollar otra perspectiva tendrían que abandonar las alianzas con el PJ, los barones del conurbano y los burócratas sindicales.

Rupturas positivas

Ese estancamiento contrasta con la importante ruptura que concretaron los sectores de centroizquierda del FAP, al rechazar el engendro conservador forjado por ese espacio con el radicalismo. De algún modo esta decisión oxigena el escenario político y en la coyuntura actual permite pensar positivamente sobre la futura construcción de un frente transformador.

En la Ciudad de Buenos Aires el reagrupamiento en torno a Camino Popular expresa una reacción positiva al liberalismo reaccionario de la nueva coalición pan-radical, UNEN, que recrea la Alianza de los ‘90. Este contubernio rivaliza con los conservadores en la búsqueda de bendiciones del establishment y los organismos internacionales. La presencia de Terragno, Prat Gay y Lousteau despeja cualquier duda sobre el perfil regresivo de una alianza, que busca contener el desbarranque de la UCR y pretende recrear el péndulo bipartidista.

Carrió es la atracción mediática de esta alianza. Mantiene aceitadas relaciones con la embajada estadounidense, que gustosamente recibe su invención cotidiana de disparatadas acusaciones. No es casual que sus delirios conspirativos nunca incluyan a hombres de la CIA, el FBI o el Departamento de Estado. Mediante una furiosa campaña contra el gobierno disimula su hostilidad elitista a cualquier expresión popular. Considera que el asistencialismo oficial esclaviza a las masas, impidiéndoles acceder al pensamiento gorila que enaltecen sus seguidores del diario La Nación.

Complementa a Lanata en la entretenida presentación del perimido guión reaccionario del liberalismo. Encubre con ocurrencias la campaña sucia que promueve el multimedio, para obstruir la desinversión que hace cuatro años aprobó el Parlamento.

No pueden exhibir ningún atropello significativo a la libertad de prensa y ocultan todas las evidencias de manipulación empresaria de la información. Aprobaron incluso la gestación del fuero de protección extraterritorial que lanzó Macri para brindar protección a Clarín en la nueva república de la Capital Federal.

La alianza pan-radical se construye atendiendo las demandas formuladas por los caceroleros. Recepta todas las peticiones conservadoras contra el control de cambios, la restricción de las importaciones, el recorte del gasto social y el distanciamiento de Cuba o Venezuela. Lejos de expresar un genérico “malhumor social”, esas marchas representan la continuidad de las movilizaciones de Blumberg y los agro-sojeros, en una tradición heredada de la Libertadora.

Todos los liberales anti-K se han calzado el traje republicano. Defienden la división de poderes y la independencia de la justicia, ocultando la vieja subordinación de la UCR al poder militar, empresario o mediático de turno. Son abanderados de un sistema judicial independiente de los desamparados y sometido a los grupos económicos. La corporación judicial encarcela con rapidez a los ladrones de gallinas y tarda años en emitir alguna sentencia lavada contra los grandes estafadores del Estado.

Capitulaciones y evoluciones

Como la nueva Alianza se apresta a disputar el electorado de Macri, afina un discurso atractivo para la opinión pública conservadora. La corrupción es su gran bandera, puesto que permite hacer mucho barullo sin irritar a los poderosos. Repiten el libreto que desplegaban De la Rúa, Meijide y Chacho Álvarez, cuando prometían erradicar el legado de Menem mediante una simple operación de limpieza moral. Anunciaban la milagrosa resurrección de Argentina a través de un sencillo ordenamiento del dinero malgastado en negocios turbios. Esta fantasía naufragó en el 2001, pero vuelve a emerger con los mismos espejismos.

Los aliancistas suponen que el país puede resolver sus problemas sin luchas populares, transformaciones sociales y confrontaciones con los poderosos. Es el típico mensaje del moralismo superficial. Pero la corrupción que objetan no obedece a la perversión de ciertos individuos o gobiernos, sino a la codicia que alienta el propio capitalismo para enriquecer a las clases dominantes.

Los aliancistas sólo levantan el dedo contra los sospechosos que ampara el kirchnerismo. Silencian la explosiva denuncia de Arbizu-Banca Morgan -que cajonea la justicia- con la lista de 500 empresarios que fugaron 400 millones de dólares, entre el 2006 y 2008. Sobre este tema mantienen un perfil bajo. Los abanderados de la ética pública, tampoco hablan mucho del tráfico de votos que practicaban con la BANELCO durante el gobierno de De la Rúa.

La participación de Libres del Sur en este contubernio no es sorpresiva. Este sector sufrió una dramática transformación. Primero fue el idilio con el financista Prat Gay y luego la convergencia con la partidocracia de la UCR. Han vivido en forma anticipada el baño de conformismo que suelen tomar los conversos para adaptarse al status quo.

La vergonzosa participación de Solanas en la misma coalición ha sido un golpe más inesperado. Con esta decisión contradice su nacionalismo popular tan pregonado en los últimos años. ¿O acaso implementará la investigación de la deuda externa con Prat Gay? ¿Recompondrá el sistema ferroviario con el ex ministro Lousteau? ¿Erradicará la corrupción con los caciques de la UCR? ¿Avanzará en la nacionalización del petróleo con Terragno? ¿Profundizará una política exterior latinoamericanista con Carrió, que además prefiere los monopolios privadas a los estatales?

Solanas ha resignado su prédica contra el bipartidismo, optando por la típica actitud del pragmático que olvida su trayectoria en función de un cálculo electoral. Por una eventual banca en el Senado archiva un proyecto de muchos años. No es creíble que ha suscripto un acuerdo acotado hasta octubre. Su adaptación a la derecha fue anticipada por conductas parlamentarias junto al Grupo A y ha sido ratificada en la propuesta de confluencia en listas conjuntas para la elección de consejeros a la magistratura. Esta capitulación no quedará enmendada si en el futuro Solanas es marginado de la coalición derechista. Ese previsible desplazamiento no corregirá el daño causado a su declamado proyecto nacional.

Un curso opuesto han comenzado a transitar las corrientes encabezadas por Lozano y De Gennaro que se alejaron del FAP. Esta decisión fructificará si, y solo si, se consolida la ruptura con la estrategia que todavía apuesta a un voto por Binner en el 2015. Este personaje ha sido el principal impulsor del acuerdo con la UCR, siguiendo el modelo de convenios que práctica en Santa Fe. Binner ha ratificado su apoyó al golpista venezolano Capriles y no recuerda a De la Rúa sólo por el tono aburrido y conservador de sus discursos. Su gran preocupación es brindar “confianza” a los capitalistas extranjeros, acordar con los Fondos Buitres y acompañar las peticiones de reconciliación de la Iglesia.

Su figura simboliza alineamientos con la derecha, que comenzaron en el 2008 con la fantasiosa reivindicación de los “pequeños productores”, en las marchas agro-sojeras que auspició la Sociedad Rural. Un líder de esas movilizaciones ha devenido en candidato del PRO (De Angelis) y el otro en vocero del justicialismo derechista (Buzzi).

Cortar definitivamente con estos personajes es la condición para construir una opción creíble del progresismo. Hay que dejar también atrás la inconsistente idealización de Dilma y Mujica como los modelos a seguir en contraposición al kirchnerismo. En Brasil o Uruguay ni siquiera comenzó la implementación de las medidas reformistas que se introdujeron en estos diez años en Argentina.

La izquierda partidaria sin estrategia

En la izquierda partidaria tradicional se registraron pocos cambios para salir del encierro y comenzar a participar en la construcción de un proyecto electoral masivo. Su alianza más destacada, el FIT, nunca propuso un frente más allá de las organizaciones trotskistas. Desarrolla una política excluyente y explícitamente opuesta a cualquier confluencia que incorpore otras tradiciones de izquierda en un armado electoral común.

Este desinterés ilustra como conciben la disputa con todo el espectro restante. Colocan en una misma bolsa a las corrientes más genuinamente progresistas que convergen y se distancian del liberalismo, recurriendo a la misma clasificación simplista que utilizan para asemejar al gobierno con la derecha. Con excepción de ellos mismos, observan a todos los demás como agentes variados de la misma opresión capitalista. Esta miopía condena a su valiosa militancia a dar vueltas una y otra vez sobre el mismo círculo de inoperancia.

Consideran que están muy cerca de colocar un diputado o legislador si repiten el “milagro” de los últimos comicios. Pero si logran ese éxito, no descartable, no será la primera vez que el trotskismo vernáculo obtiene una banca, careciendo de estrategia ulterior. Como se oponen explícitamente a convergencias semejantes al bolivarianismo o a Syriza, sólo imaginan en el 2015 alguna repetición de su presentación actual.

Esa estrechez quedó signada por el rápido naufragio de la Asamblea de Intelectuales que podría haber oxigenado el debate en el FIT y logrado la incorporación de grupos e intelectuales de izquierda no encuadrados partidariamente.

Al cabo de 30 años de experiencia electoral debería resultar evidente que los comicios deben ser encarados como un campo de disputa política masiva y no como un área de reforzamiento ideológico, destinado a militantes y simpatizantes. Al igual que en los sindicatos, los centros de estudiantes o las organizaciones vecinales, las elecciones no son un ámbito para zanjar divergencias teóricas. Observar como un mérito la persistencia en la marginalidad es un síntoma de elitismo y no de fidelidad a los principios.

En lugar de trabajar unitariamente por la construcción de la izquierda que necesitamos, fantasean con un súbito reconocimiento de su liderazgo, en algún momento de la situación terminal que vislumbran para el kirchnerismo. El realismo que se requiere para gestar un proyecto popular, no es compatible con su predilección por presagios apocalípticos, demasiado afines a Carrió.

El sectarismo de estas corrientes se verifica en su balance de la década. Presentan al kirchnerismo como una continuidad del menemismo, sin registrar la limitada recuperación de conquistas perdidas que percibe el grueso de la población. Como todo da igual, les parece insignificante el apresamiento de los genocidas presos o la estatización parcial de YPF.

Tampoco le atribuyen importancia a los conflictos que enfrentaron al gobierno con la derecha. Interpretan los choques por la 125 o la Ley de Medios como pugnas inter-burguesas, como si el aumento de las retenciones o la desinversión de Clarín fueran acontecimientos ajenos al interés popular.

De estas equiparaciones surge la actitud de neutralidad que invariablemente adoptan frente a esas confrontaciones. Sin un cambio radical en este abordaje de la política nacional, la izquierda partidaria seguirá girando en torno a sí misma, sin ningún futuro.

Aprovechar las internas

Las candidaturas que presenta Camino Popular en Capital Federal, como otras semejantes, aún con diferencias en la constitución de las alianzas, también en Capital, en Provincia de Buenos Aires y en las ciudades de La Plata, Rosario y Luján constituyen, en este particular momento político, opciones electorales positivas que permitirían dar los primeros pasos para la conformación futura del frente político social que se necesita para la transformación de nuestra sociedad.

Su presencia permite promover una crítica progresista al gobierno, contrapuesta al mensaje que emite la derecha. Debieran facilitar la construcción de una línea de intervención política que no cuestione el intervencionismo estatal, aunque sí su tardanza, sus insuficiencias, su improvisada implementación y la asociación con grupos capitalistas afines.

Las campañas electorales deben contribuir a explicar que la nacionalización de YPF, el control cambiario pleno y la pesificación integral van en la dirección correcta pero debieron comenzar hace tiempo, como parte de un programa transformador, basado en la reforma impositiva progresiva, el establecimiento del monopolio estatal de comercio exterior, la estatización con control social de los sistemas ferroviario y energético y el control estatal de la banca. Estos son los pilares para desenvolver un modelo productivo de mejoras sociales y reducción de la desigualdad.

Es esencial subrayar que el capitalismo constituye el impedimento estructural para forjar los pilares de ese esquema y de una sociedad de igualdad y justicia. Un régimen asentado en la competencia por beneficios surgidos de la explotación obstruye el logro de aquellos objetivos. Los pueblos indignados que se sublevan en tantos rincones del planeta comienzan a comprender que la causa de sus padecimientos no radica solo en el neoliberalismo, sino en un sistema social al servicio de minorías opresoras. Estas nociones generales debieran ser incorporadas a las intervenciones de campaña para no quedar prisioneros de las viejas formulaciones ambiguas que eluden la batalla frontal contra la explotación capitalista.

Nos resulta particularmente promisoria la participación de una fuerza política de jóvenes, Marea Popular, que decidió pegar el salto a la intervención electoral luego de varios años de una productiva militancia universitaria y barrial. Han demostrado capacidad de construcción y de manejo de alianzas con los partidos de izquierda, para mantener una dirección colegiada y unitaria del estudiantado.

Este sector se forjó librando una batalla política contra el anti-kirchnerismo ciego, que empujó a muchos sectores de izquierda y progresistas al coqueteo con espacios, discursos y actitudes derechistas. Otra contribución más que interesante aportan las vertientes de la autodenominada Izquierda Independiente que con variantes han comenzado a comprender que no se debe abandonar el terreno donde dominan los dominadores y que es necesario jugar también en el terreno institucional.

Fallidas negociaciones por el orden de las candidaturas impidieron en la Capital Federal sumar al MST al acuerdo que se alcanzó en la Ciudad. Como tampoco avanzaron las conversaciones con otras formaciones como AyL, así quedó nuevamente afectada la necesidad de superar la vieja imagen de atomización que acompaña a la izquierda. Sería importante aprovechar la posibilidad que ofrece el régimen de internas abiertas para zanjar en el futuro estas diferencias. Existe un problema mayor, que será necesario dilucidar, si lo que impidió forjar un frente más nutrido fue la subsistencia de prejuicios anti-izquierdistas.

En esta ocasión las PASO anticiparán los resultados de octubre y darán lugar a una movilización de gran alcance. Las internas brindarán visibilidad y espíritu triunfalista a los que emerjan como ganadores de esta primera ronda.

Para nosotros resulta entonces imprescindible fortalecer los espacios del progresismo genuino que den cabida a expresiones de izquierda y anticapitalistas. Un fuerte incentivo a este compromiso puede surgir de los pronunciamientos públicos que iniciamos con este documento así como de la multiplicación de instancias de intervención.

Una nueva generación de jóvenes está irrumpiendo en el escenario argentino con fuertes deseos de transformar el país, en la tradición legada por los militantes de los ‘70. Esa convicción emerge en todos los aniversarios multitudinarios del 24 de marzo. Allí se expresan los anhelos de forjar un proyecto popular, que empalme con los vientos de emancipación que sobrevuelan por Nuestra América. Es el tiempo de comenzar a gestar por otro camino esa alternativa en nuestro país.

Buenos Aires, 30 de Junio de 2013.

Primeras firmas:

Claudio Katz / Eduardo Lucita /Jorge Marchini / Guillermo Gigliani / Guillermo Almeyra / Julio Gambina / Beatriz Rajland / Daniel Campione.

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César, desaparecido a los 13 en la Patagonia

Claudia Rafael (APE)

“Retirá la Cámara Gesell”, cuenta que rugieron desde el auto policial. El grito resonó mil veces en la cabeza de Marta. Ya le habían robado a su Bruno. Y la habían prepeado desde patrulleros oscuros para que quitara la declaración de su muchacho de los expedientes. Madreabuela Marta vio entrar a su hijo aquella mala madrugada de marzo, hace un año y tres meses, con ese hilo de vida que se le iba de los dedos con la ligereza de la muerte que lo engulló veloz. Cómo imaginar que los monstruos de la historia visitarían su puerta nuevamente. Que golpearían a su casa, sobre la ruta 25, frente a los aromos del barrio Oeste de Trelew, para arrebatárselo también a él, a su César, hijo de su hija, que cumplió los 14 vaya a saber dónde. A quien le prometió torta y hamburgueseada para su cumpleaños. Que simplemente salió a las 10 exactas de la mañana de aquel lunes 27 de mayo para el barrio Inta, a visitar a los tíos. Y que ya no dejó huellas. Porque no hay testigos. No hay palabras. No hay más que silencios y ausencia.

No hay más que miedos y rabia enloquecida. No hay más que angustia que se anuda en la garganta y se transforma en desazón pero también en aullido.

La historia es añeja. La Patagonia huele a sangre demasiadas veces. Acribilla y cincela muerte en los cuerpos jóvenes. Como a Bruno Rodríguez Monsalve, tío de César, hijo de Marta, que volvió apenas por un día a su provincia, cuando era testigo protegido de una densa historia penal contra la policía, y lo acuchillaron. Como a Braian Hernández, de sólo 14, demolido por los plomos policiales en su nuca, culpable de una travesura infantil. Como Julián Antillanca, muerto por policías en una noche de boliche en Trelew. Como a Atahualpa Martínez Vinaya, de sangre mapuche y aymara, que a los 19 lo destrozaron de puro plomo en Viedma. Como a Daniel Solano, que quiso alzar la voz en Choele Choel para defenderse de los asedios patronales a los cosecheros de la manzana y nunca nadie más lo vio. Como a Guillermo Garrido, “suicidado” con un golpe en la nuca en un calabozo policial en El Bolsón. Como a Iván Eladio Torres, desaparecido en manos de la policía chubutense y con una seguidilla de muertes violentas de seis testigos de la causa.

Cuando César Monsalve desapareció, faltaban 21 días para el inicio del juicio por el asesinato de su tío. Ese juicio ya terminó y con la absolución, el 28 de junio, nadie es ya responsable por su muerte. El gran crimen de Bruno fue estar en una celda policial por sus raterías marginales cuando nueve policías violaban a un chico de 16 años y luego, contarlo. Asumirlo. Denunciarlo. Hasta la muerte misma que no se distrajo ni siquiera un instante y estuvo ahí, lista para el filo rápido de cuchillo, ese día en que volvió a su provincia para tramitar el DNI.

Es un círculo que no cesa. Hoy es su sobrino el que falta. El que no dejó huellas. No hay cuerpo. Como no hubo cuerpo 30.000 veces. Como no hubo cuerpo de Jorge Julio López. Como no lo hubo de Luciano Arruga. Como no hubo ni habrá cuerpo miles y miles de veces. Por lo tanto César está vivo. La causa –relató la abogada Verónica Heredia a APe- fue recaratulada por la Cámara como “desaparición forzada”. “Allanaron 25 lugares y no hay rastros”, contó. Comisarías, hospitales, una cárcel y nada resulta.

“César es alto, mide un metro 70. Tiene el pelo negro y rulos. Corto. La tez morena. Es lindo”, relata Cintia, su mamá, a APe. Ella tiene 29 años. Tenía los mismos años que César cuando supo que esa vida se le había instalado en su cuerpo. Y vivieron siempre, todos, con Marta. Nunca se fueron de la casita sobre la ruta. Hasta que cuando le mataron al hermano el miedo ganó a Cintia que huyó de Trelew con su ramillete de críos pequeños. Pero César quiso quedarse con la abuela. Allí, donde “vivió toda su vida”, iba a primer año de secundaria. Y hacía “changuitas cortando pasto o ramas de árboles”.

Cintia desgrana que “me siento re mal. No puedo hacer nada. Tengo las manos atadas. Nadie lo vio. Nadie sabe nada. Nadie cuenta nada. Lo único que sé es que él jamás se iría así como así. Hoy nuestra vida es un loquero. Pienso en el César y la cabeza no me da más. Yo en mi corazón tengo paz porque siento que está vivo, pero no sé dónde…”.

César cumplió 14 años y su vida es toda ausencia. César aroma desesperanza. Como siempre, o casi siempre, en los márgenes de la Historia. Allí donde el olvido entierra las huellas o las destroza. Allí donde los brazos del Estado arañan la piel y escarban los sueños hasta despedazarlos. Allí donde las voces que se alzan no resuenan nunca más allá de su terruño.

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De esclavistas a una cooperativa de la comunidad qom

LA RETAGUARDIA

A partir de una iniciativa de la Fundación La Alameda y la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, el juez federal Ariel Lijo ordenó que unas maquinarias textiles, allanadas en tres talleres clandestinos, fueran entregadas en comodato a la Comunidad La Primavera-Qom en Formosa para la creación de una nueva cooperativa sin trabajo esclavo. El desmantelamiento comenzó el miércoles 26 de junio pero la presión de los esclavistas demoró el operativo, que finalizó en la madrugada del jueves, gracias también a la colaboración de cartoneros. Dialogamos con Tamara Rosenberg, de La Alameda, en medio del allanamiento y nos describió las características de estos talleres y la tarea prevista junto a los Qom.

Los talleres allanados fueron tres, uno en la calle Santander, otro en Doblas y el tercero en Del Barco Centenera. Así describió a uno de ellos Tamara Rosenberg, en diálogo con La Retaguardia: “el de Santander era una casa conectada al taller con un montón de pasadizos y puertas secretas que simulaban ser paredes donde atrás no había nada, pero resulta que atrás había un taller donde aparentemente trabajaban más de cuarenta personas, al menos esa es la cantidad de personas que se encontró en el momento del allanamiento hace poco más de un mes. Lo que más nos impresionó fueron las habitaciones donde dormían los costureros que en algunos casos eran habitaciones muy pequeñas y había dos a las que se accedía por ventanitas y no tenían más de un metro de altura, era peor que un nicho, había que estar agachado y ahí había dos camitas. Condiciones infrahumanas como nunca habíamos visto en tantos años de ver talleres clandestinos”.

De este taller se llevaron cinco de las máquinas que estaban destinadas a la Comunidad Qom La Primavera, pero el problema comenzó en la calle Doblas porque allí eran diecinueve las máquinas destinadas a Formosa. Al momento de la entrevista con La Retaguardia, Rosenberg comentó que el operativo se encontraba en desarrollo pero con la presencia de alrededor de veinte talleristas, comandados por Alfredo Ayala, líder de los esclavistas, que estuvo en el lugar todo el día, tratando de impedir la carga de los camiones con destino al norte del país: “nos llamó la atención que durante la salida de las maquinarias en Santander estaban en una actitud muy pacífica, como si supieran que de ahí iban a salir pocas máquinas, pero en la calle Doblas se pusieron un poco más nerviosos, y bloqueaban la entrada al camión, y ahí hubo una situación más tensa. Hubo presencia de Gendarmería durante casi todo el día, si hubiésemos estado con presencia solo policial seguramente hubiera habido incidentes graves”, explicó Rosenberg, relacionando este hecho con un operativo efectuado en 2009, cuando se rescató a una víctima de trata laboral en un taller clandestino de la calle Lacarra de Parque Avellaneda. En esa oportunidad, también se acercó Ayala, pero luego comenzaron a aparecer muchas personas que terminaron dándole una feroz golpiza al referente de La Alameda, Gustavo Vera, que salvó su vida de milagro: “en ese caso, la policía en un momento liberó la zona para permitir que esa banda de talleristas casi lo linchen”, recordó Rosenberg, diferenciando una situación de la otra.

Los tres talleres allanados en esta ocasión se ubican en el Parque Chacabuco, una zona de la que La Alameda no recibía comúnmente denuncias por presencia de talleres esclavistas: “en la medida en que se van haciendo denuncias en un barrio, y como los jueces no proceden como lo hizo en este caso Lijo que incautó las maquinarias, los talleres se van trasladando de un lugar a otro. Algunos se trasladan a la provincia y otros a diferentes barrios de la capital, pero parece que ahora Parque Chacabuco está siendo un punto donde se están instalando los talleres”.

La Alameda y la CGT son los depositarios judiciales de estas máquinas incautadas y resolvieron darlas en comodato a la Comunidad La Primavera Qom de Formosa. La idea surgió a partir de una conversación con el qarashe Félix Díaz: “viajamos dos compañeros para poder reunirnos con la gente que pudiera estar interesada en llevar adelante un emprendimiento –relató Rosenberg a La Retaguardia–, porque más allá de la decisión de Félix, las propias hermanas y hermanos de la comunidad son los que van a llevar adelante este emprendimiento. De entrada hubo mucho entusiasmo, todavía no habíamos vuelto a La Alameda y ya nos iban llamando para preguntarnos en qué podían ir adelantando para acondicionar el lugar e incluso ya tienen pensado mucho sobre la comercialización porque siendo una comunidad con casi cuatro mil personas, en lugar de comprar la indumentaria que entra por Paraguay la idea es que ellos mismos puedan autoabastecer a la comunidad, en principio de toda la indumentaria básica, porque también estaban pensando en hacer uniformes escolares, guardapolvos, como que ya tienen vislumbrada la capacidad productiva que van a poder llevar adelante y cómo comercializarla, lo que es muy importante”.

De las veinte personas con las que se reunieron en Formosa solo dos tienen alguna noción del oficio, por lo que La Alameda realizará una capacitación intensiva y estarán a su disposición para lo que necesiten.

“Lo que nosotros veíamos como un punto a favor es que a diferencia de los costureros que salen de talleres clandestinos y tienen como un individualismo muy marcado y es difícil que se incorporen a trabajar en cooperativas, más allá de que con algunos lo venimos logrando, la Comunidad Qom ya tienen una visión colectiva de la vida, entonces como que todo el proceso de generar ese emprendimiento lo vemos como más fácil, más allá de las situaciones adversas a las que se enfrentan todo el tiempo”, agregó al respecto la integrante de la Fundación.

Aprovechando el diálogo con Tamara Rosenberg, la consultamos acerca de la candidatura como legislador de Gustavo Vera por la alianza Coalición Sur, que lideran Fernando Pino Solanas y Elisa Carrió. Respondió que no es la primera vez que les ofrecen una postulación y que a diferencia de otras oportunidades esta vez consideran que es el momento apropiado para aceptarla: “ahora es como que de alguna manera no quedaba otra opción que aceptar formar parte de esta Legislatura, sin dejar de lado todas las cosas que venimos haciendo desde La Alameda. Al contrario, lo vamos a potenciar, es una buena posibilidad para demostrar que puede haber un legislador honesto, que además tiene una organización por detrás que no lo va a dejar no ser honesto, y que va a poder potenciar todos los proyectos de políticas públicas que intentamos llevar adelante desde La Alameda, sin tener necesidad de estar caminando despacho tras despacho para convencer a diferentes legisladores de que hagan un proyecto de ley en los sentidos en que nosotros venimos trabajando, y demostramos con todos estos años que no decimos cosas que quedan en el aire, sino que las intentamos concretar, más allá de los pocos recursos con los que contamos, pero fuimos demostrando con hechos que todas las denuncias que veníamos motorizando son reales y creemos que esto va a permitir, por un lado, mostrar que se puede estar en política de manera honesta y, por otro, poder potenciar todo el trabajo que viene haciendo La Alameda, contagiando también a otros legisladores de nuestra impronta honesta y si detectamos dentro de la Legislatura cosas que no se están haciendo bien, obviamente vamos a ser los primeros en denunciarlas. Creemos que vamos a tener mucho para denunciar y que no vamos a tener muchos amigos dentro de la legislatura”, aseguró Rosenberg.

En cuanto a por qué integrarán la lista de Solanas y Carrió, agregó: “principalmente porque dentro de todo el espectro de alianzas y demás que se están presentando son uno de los pocos que también llevan la bandera anti-corrupción y adhieren fundamentalmente a todos los principios de la red antimafia que se lanzaron con nuestro congreso anti mafia en abril de este año. Más allá de lo mal visto que están los partidos políticos creemos que son con los que tenemos alguna afinidad más y en la medida en que ellos sigan con esos valores seguiremos juntos, si no no lo haremos”.

Los valores de la Fundación La Alameda son los que generaron que veinticuatro máquinas textiles que pertenecían a talleres que esclavizaban a sus trabajadores viajaran a Formosa, donde formaran parte de una cooperativa de la Comunidad La Primavera. Aquella crítica a la que solía ser sometido el trabajo de La Alameda, en el sentido que denunciaban o rescataban víctimas pero no cerraban el círculo con asistencia o mejoras en las vidas rescatadas, parece ir quedando atrás. Las máquinas, todavía impregnadas con el sudor de los trabajadores esclavos, ya están en manos de los Qom, que también las mojarán con el suyo; ciertamente serán gotas más dignas.

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Argentina, Chaco. Otro aborigen asesinado: Dos policías lo mataron por la espalda y a quemarropa

AGENCIA WALSH

Dos policías asesinaron por la espalda al aborigen Maximiliano Pelayo, de 22 años de edad, en la localidad chaqueña de Fontana. Hubo protesta de familiares y amigos frente a la comisaría. Mañana miércoles, a partir de las 8, organizaciones sociales y pueblos originarios realizarán un corte en la Ruta 11, a la altura de Alvear, en reclamo de justicia.

Comunicado del Frente Popular Darío Santillán:

Desde el Frente Popular Darío Santillán nos solidarizamos con los pueblos originarios ante un nuevo asesinato en Chaco.

A continuación compartimos información recopilada por los compañeros de la agrupación “17 de Julio Nueva Generación”.

Maximiliano Pelayo, de 22 años, miembro de un pueblo originario de la localidad chaqueña de Fontana, fue asesinado por la espalda por dos policías de la provincia. Según la versión oficial, el asesinato se dio en medio de un “enfrentamiento”, pero los vecinos aseguran que la policía lo asesinó a quemarropa. Además, los especialistas aseguran que tras ver el video donde quedó registrado el hecho, se muestra claramente que fue un “fusilamiento”.

El asesinato ocurrió el domingo en el barrio Cacique Pelayo, y circula la información de que la fiscal a cargo de la causa detuvo a los dos agentes involucrados, pero no está confirmado.

Los familiares y amigos de Maximiliano se manifestaron frente a la seccional de Fontana.

Mañana, miércoles 3 de junio, a partir de las 8 horas, la agrupación “17 de Julio Nueva Generación”, junto a diversas organizaciones sociales y de pueblos originarios, realizarán un corte en la Ruta 11 a la altura de Alvear, con el reclamo de justicia.

Convocamos a la manifestación y nos solidarizamos con nuestros pueblos originarios.

Basta de hostigar a los pueblos originarios.

Respeto a sus derechos legítimos.

Justicia por Maximiliano Pelayo.

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El fallo de la Corte declara inconstitucional la piedra angular del modelo sindical argentino

Jorge Yabkowski (ACTA)

Para entender la importancia histórica del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarando inconstitucional el inciso a del artículo 31 de la Ley 23.551 hay que retroceder en el tiempo hasta 1945.

La ley 23.551 fue sancionada en 1988. Sin embargo, el articulo 31, inciso a dando exclusividad de la representación al gremio con personería, nació cuarenta tres años antes.

Las transformaciones de la economía argentina durante la Década Infame habían impactado profundamente en el movimiento sindical. El anarquismo y su creación principal, los sindicatos de oficio, habían perdido peso. Surgían poderosos los sindicatos de rama. La Fraternidad, la Unión Ferroviaria, la UOM, la Federación Obrera de la Construcción. La sustitución de importaciones y la migración interna llevaron a un crecimiento vertiginoso de la clase obrera.

A comienzos de los cuarenta la tasa de sindicalización era todavía baja. Producido el golpe del 43 el gobierno militar conducido por el GOU produce un doble movimiento. Por un lado encarcela y persigue a militantes sindicales. Centenares de ellos (principalmente comunistas) son detenidos y enviados a la cárcel de Ushuaia. Paralelamente, Perón, desde la Secretaría de Trabajo, abre un diálogo con otro sector de la dirigencia sindical y va modelando el proyecto que daría a luz dos años más tarde.

La expresión institucional de ese acuerdo se plasma el 3 de octubre de 1945, dos semanas antes del 17 de octubre. Es el Decreto 23.852 que establece la distinción entre los sindicatos con personería y los simplemente inscriptos, fomenta los sindicatos de rama y da el monopolio de la representación y el derecho de huelga al gremio con personería. El otorgamiento de dicha personería sería una atribución exclusiva del Ministerio de Trabajo.

Esta triada conceptual, base de nuestro modelo sindical de “unidad promovida”, se mantuvo invariable desde entonces. El inciso a del art. 31 de la 23.551 reproduce casi textualmente el Decreto 23.852 de Perón. Esta concepción estatalista de la política sindical del primer peronismo dejó una huella indeleble y fue política de Estado militar, peronista y radical (y por sobre todo patronal y de la burocracia sindical) por 67 años.

Podríamos decir que, retrospectivamente, lo que la Corte dice es que el Decreto 23.852 de Juan Domingo Perón es inconstitucional.

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde el 45. En primer lugar, la firma del Convenio 87 de la OIT a comienzos de los cincuenta.

Luego, la promulgación del articulo 14 bis en la Convención Constituyente del 57 que dice textualmente: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.

Sin embargo, el 14 bis nunca se hizo operativo a través de una ley. Vino después la reforma del 94 que incorporó los tratados internacionales con rango constitucional.

Y más tarde las sucesivas condenas de la OIT exigiendo la reforma de la 23.551 por violar el Convenio 87.

Sin embargo, de la mano de los gobiernos radicales y peronistas que se sucedieron desde el 83 el régimen creado por Perón de personería gremial siguió incólume.

Fue la CTA la que desde comienzos de los 90 encarnó la batalla gremial y social por la libertad sindical.

Por fin, la Corte Suprema post menemista fue la que con sus fallos ATE-PECIFA y Rossi–Hospital Naval la que empezó a dar los golpes finales a una legalidad que atrasaba varias décadas.

El fallo ATE-Municipalidad de Salta tiene aún mayor envergadura que los antes mencionados porque apunta al corazón del modelo. El régimen de personería gremial creado en el 45 ha comenzado a dejar de existir.

En modo alguno esto significa el final del camino. Para que los fallos operen en la realidad en toda su dimensión (y no debamos judicializar cada caso) es imprescindible reformar totalmente la Ley 23.551 reemplazando en primer lugar sus artículos inconstitucionales.

Esa pelea requiere una mayoría parlamentaria que sólo se conseguirá cuando una mayoría política y social se lo exija desde la calle.

Esa es la tarea que nos espera.

Jorge Yabkowski es Secretario de Salud Laboral de la CTA. Presidente de la Federación de Asociaciones Sindicales de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa).

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Argentina, Córdoba. Causa Ayala: Se realizó la inspección en la penitenciaría y en la calle Neuquén al 900

Katy García (PRENSA RED)

La vida cotidiana de unos 820 presos sociales, alojados en esta prisión, se vio modificada por la presencia de una comitiva que recorrió las instalaciones del penal. La estructura panóptica del lugar les permitió a los funcionarios judiciales tomar nota también de la enorme presencia de jóvenes entre rejas.

El objetivo de la visita era realizar una inspección en el marco de la causa Ayala y que fuera solicitada por la defensa. Con la presencia del tribunal presidido por Eduardo Belforte e integrado por los jueces Mario Garzón y Roque Rebak, junto a la fiscal Graciela López de Filoñuk y al defensor Carlos Casas Nóblega (h), se visitaron los pabellones 8 de varones y 14 de mujeres.

Posteriormente, se trasladaron al lugar donde fueron asesinados los ex presos políticos Diana Fidelman, Miguel Ángel Mozé, Ricardo Verón, José Svaguzza, Ricardo Yung y Alberto Hernández, retirados desde esa unidad en patrulleros del Comando Radioeléctrico para ser luego asesinados en la calle.

El testigo citado, Luis Baronetto, describió las características del pabellón 8 y sus celdas correspondientes. Una a una, recordó quiénes las habitaban en aquél momento. Brindó detalles sobre la vida carcelaria antes y después del Golpe de estado, las formas en que se comunicaban y como a través de un hueco de la puerta de madera y del periscopio vieron, desde la celda 2, cuando personal penitenciario los retiraba con las manos atadas hacia atrás, de las celdas 1 y 10, respectivamente.

Además, reconoció las modificaciones operadas en el pabellón como la construcción de una pared al fondo. A la vez,  identificó las áreas administrativas y la oficina judicial adonde fue llevado cuando le informaron el nacimiento de su hijo Lucas.

Ruido de piedras, ruido de muerte

Para Delia Gallará, quien concurrió en representación del área de Investigación del campo de la Ribera este día fue especial. Aunque en su fueron íntimo pensaba que esta visita al penal le permitiría cerrar su historia, nunca pensó que iba a declarar. La fiscalía propuso su participación y el Tribunal estuvo de acuerdo.

Delia explicó que cuando ella cae presa el sistema era de puertas cerradas. Esto significa que permanecían encerradas con llave en celdas individuales pequeñas. La testigo aseveró que al igual que sus compañeras no escuchó gritos pero sí el ruido característico “de las pisadas al cruzar por el llamado callejón de la muerte, cuando se llevaban a Diana”, contó.

Al mismo tiempo denunció que “las vejaciones eran sistemáticas” y recordó que junto a Tati Barberis fueron ultrajadas por un militar al que apodaban el “Avispón verde” y que con el tiempo supo que se trataba de Mones Ruiz. “Parecía que le gustaban las jóvenes, rubias, blancas y altas como nosotras”, contó. Delia es la primera vez que declara ante un Tribunal y que ingresa al penal donde permaneció durante un año y medio. Fue impactante conocer que en ese lugar fue violada y que además perdió un bebe.

Posteriormente el Tribunal y las partes se dirigieron al lugar donde fueron asesinadas las víctimas, esto es, en Neuquén al 900 (esquina Benítez). Un grupo de vecinos se acercó a conversar tras lo cual se dio por finalizada la jornada.

Un paso importante

La fiscal López de Filoñuk le dijo a Prensared que la inclusión in situ de la testigo Gallará se produjo porque “al estar presente, y dar a conocer que estuvo en el mismo pabellón que la víctima, y que además trabaja en investigación de La Ribera, el Tribunal, la Fefensoría y yo como fiscal resolvimos que lo haga y al no haber oposición nadie puede objetarla”, precisó.

Asimismo aclaró que si bien el hecho ya está acreditado en la causa Videla, “los dos testimonios que escuchamos son sumamente positivos para la prosecución de la causa y la condena a los que participaron”, afirmó.

En tanto que Casas Nóblega , abogado del imputado evaluó que este acto procesal fue muy importante porque “echa luz sobre la causa; los jueces pudieron ver de donde salieron los detenidos, y en qué lugar se produjeron los hechos tal como fueron relatados en sus distintas versiones”, afirmó. Y agregó que desde el punto de la defensa “permite analizar la postura plasmada por el Comando Radioeléctrico que afirma que hubo un tiroteo. Ver como era el lugar, si había casas, si podían apostarse francotiradores, analizar la edificación, si era una zona poblada para hacer ejecuciones deliberadamente con el riesgo de dejar testigos. Y fundamentalmente porque la sociedad debe conocer la verdad real y lo difícil que es poder reconstruir lo que pasó el 17 de mayo de 1976″, expresó el asesor letrado.

Baronetto consideró que es fundamental preservar el edificio carcelario. “Debe ser declarado patrimonio histórico y sitio de memoria”, dijo sobre el final.

La audiencia se reanudará mañana a las 8:30 en la sede del TOF 2, en Barrio Nueva Córdoba. Durante la jornada que durará unas 5 horas serán proyectados dos testimonios realizados en la causa Videla. Y se prevé que el jueves la fiscalía y la defensa realicen los alegatos correspondientes.

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Argentina: Un juez pidió una solución urgente para los internos de la Unidad 7 del Chaco

CHACO DIA POR DIA

Se basó en informes de la Procuvin y de la Procuración Penitenciaria, en los que se advierte sobre graves violaciones de derechos. Además, solicitó prohibir el traslado de presos a ese penal, y ordenó una "evaluación integral" de todos los detenidos para establecer si deben continuar en esa cárcel.

El titular del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°2, Marcelo Peluzzi, intimó al director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, para que "brinde una solución urgente" a la situación de vulneración de derechos de los internos de la Unidad 7 del Chaco, prohibió el traslado de internos a su cargo hacia ese penal y, entre otras medidas, pidió la colaboración de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) para monitorear las condiciones de alojamiento.

En esa cárcel ocurre, como en otros lugares del país, que parte de los internos proviene desde grandes distancias: en Chaco hay jóvenes alojados cuyo núcleo familiar y lugar de residencia era, hasta su encierro, la provincia o la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. El Servicio Penitenciario suele fundamentar que no tiene vacantes en cárceles más próximas, pero la medida es vista como una forma de destierro y castigo dirigido a determinados internos. Esta situación, explica que un juez de ejecución porteño disponga medidas en relación detenidos que se encuentran a más de mil kilómetros de la sede del juzgado.

La resolución del juez Peluzzi incluye varios puntos que venían siendo reclamados por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Procuvin, en relación al cese de las pésimas condiciones de alojamiento, las torturas y los malos tratos a los que es sometida la población de ese penal, que está en el foco del problema por la cantidad de hechos denunciados últimamente.

Esta decisión judicial es el segundo reclamo que recibe Hortel en los últimos quince días respecto de la situación de la Unidad 7. El juez de Ejecución porteño Axel López le envió el 13 de junio un oficio en el que solicita se "disponga de medidas de intervención directa a los efectos de fiscalizar la actuación del personal de ese establecimiento carcelario e intentar evitar, de una vez por todas, la continuidad sistemática de prácticas que impliquen condiciones crueles de detención".

Con ese antecedente, la resolución de Peluzzi, firmada el viernes pasado, requiere a Hortel que "brinde solución urgente" a la situación del penal y le informe al quinto día de recibir la orden "las medidas que se adoptaron".

El juez Peluzzi también dispuso la prohibición de trasladar internos a disposición de su juzgado desde cualquier otro penal a la Unidad 7, hasta tanto se resuelvan la situación general del penal, con el objetivo de evitar poner en riesgo las garantías constitucionales.

Puntualmente, el magistrado se refiere al artículo 18 de la Constitución Nacional, que ordena que "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de los que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice".

En esa línea, el juez Peluzzi también ordenó a Hortel que, en diez días, efectúe una evaluación integral de cada uno de los internos a cargo de su juzgado y "se establezca si el perfil criminológico coincide con el alojamiento en esa unidad penitenciaria de régimen cerrado". Asimismo, solicitó a la defensora oficial ante el juzgado a su cargo, Patricia García, a efectuar "un seguimiento periódico de los internos" que representa a través de la Defensoría Pública Oficial de Resistencia, y que notifique de manera inmediata cualquier noticia de agravamiento de las condiciones de detención a los fines de tomar medidas en el caso.

Finalmente, estableció la realización de un monitoreo semanal de las condiciones de alojamiento de la Unidad 7, ordenó la realización de una inspección que se realizará mañana en la cárcel junto a funcionarios judiciales y representantes del Ministerio Público del Chacho, y requirió colaboración a la PPN y a la Provuvin.

"Condiciones infrazoológicas"

El titular de la Procuvin, Abel Córdoba, destacó ante Fiscales las decisiones de López y Peluzzi porque "son una excepción en la incondicionalidad general del sistema judicial con las torturas" y reflexionó: "Preocupa saber que si en el sistema carcelario se matara o torturara al doble o triple de víctimas que actualmente, el sistema judicial probablemente siguiera imperturbable, más ocupado en el manejo de fondos que en la muerte de las personas que encierran en cárceles donde el mismo sistema judicial permite condiciones de alojamiento infrazoológicas".

El fiscal consideró que "todo espacio que los jueces dejen en manos de los ejecutores penitenciarios, serán focos de violencia, torturas y muerte" y remarcó que la decisión de Peluzzi "marca un cambio en la práctica judicial de dejar hacer a costa de la integridad de las personas, muchas de las cuáles son encarceladas, sin más prueba que un acta policial, por delitos muchos más leves que los que luego padecen durante el encierro".

Córdoba señaló que los monitoreos y las evaluaciones dispuestas por Peluzzi son "señales claras" contra un "sistema carcelario actual que funciona sobre un esquema violento y que es gobernado por generación de miedo, lesiones y tormentos".

"En ese esquema los jueces son quienes tienen las facultades y el deber de modificar esa situación que de otro modo se profundizará, dado que está arraigado el desinterés judicial por las víctimas de la violencia institucional y la habilitación tácita a llevar al extremo la violencia que no encuentra otro límite que la resistencia biológica de las personas. La tolerancia judicial, cuando la muerte es de una persona marginada, no tiene referencias humanitarias", concluyó el titular de la Procuvin.

Los reclamos

En su resolución, el juez Peluzzi tuvo en cuenta una nota que le remitió la PPN, en la que se detallan problemas en las condiciones materiales de detención de los pabellones de alojamiento y del Servicio de Atención Médica. También lo pone en conocimiento de "recientes antecedentes de violencia institucional y situaciones de conflictividad entre presos allí alojados".

En esa comunicación, la PPN solicitó que se garantice a los internos los derechos que contempla la ley de ejecución penal y "se desarrollen estrategias de prevención de conflictos entre la población penal".

En los considerandos de su decisión el juez también pone de resalto que le confirió un traslado al fiscal de Ejecución Penal, Jorge Andrades, y que este respondió que "nada tenía que opinar acerca de la vista conferida por estar interviniendo" la Procuvin.

La Procuvin, en tanto, le remitió copia al juez del acta de la inspección realizada a fines de abril pasado, "considerando que las situaciones referidas importan la violación de derechos humanos de las personas privadas de su libertad".

La defensora oficial ante el juzgado de Ejecución, por su parte, se valió de los informes de la PPN y la Procuvin, para dictaminar que en la Unidad 7 "se verifica la vulneración de diversos derechos y garantías consagradas constitucionalmente" y enumeró "la vulneración del derecho a la integridad psíquica, física y moral, del derecho a la salud y del derecho a no sufrir tormentos, tortura, pena cruel, tratos inhumanos y degradantes, del derecho a la adecuada alimentación, de la posibilidad de mantener comunicación efectiva con el exterior, donde se incluye no sólo al grupo social de pertenencia sino también a los operadores judiciales".

La Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal viene siendo un reiterado escenario de denuncias por aplicación de tormentos y otros malos tratos. De hecho, la Procuvin viene denunciando diferentes situaciones y solicitando el traslado de detenidos víctimas de violencia institucional.

En ese marco, el fiscal de Resistencia Carlos Amad solicitó la detención de siete penitenciarios de aquél penal por torturas y violación y participó de un allanamiento a esa cárcel luego de recibir una denuncia de un interno a quien penitenciarios habrían encargado el crimen de otro preso.

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Argentina, Trelew. Caso Antillanca: Se revocó el fallo y los policías absueltos irán otra vez a juicio

AGENCIA WALSH

El Superior Tribunal de Justicia revocó la resolución de la Cámara Penal de Trelew en la causa por el asesinato del joven Gonzalo Julián Antillanca, donde cinco policías y una civil acusada de encubrimiento fueron absueltos el 19 de marzo de 2012. Habría un nuevo juicio.

El Superior Tribunal de Justicia revocó la resolución de la Cámara Penal de Trelew en el denominado caso Antillanca y es muy posible que haya un nuevo juicio. La decisión del máximo tribunal se conoció ayer y no fue por unanimidad sino por mayoría. El fallo que absolvió a todos los policías en el hecho que conmovió a la ciudad de Trelew se conoció en la audiencia del 19 de marzo del año pasado y fue dictado por el tribunal que integraron los jueces Alejandro Defranco, Ivana González y Ana Laura Servent. El fallo fue apelado inmediatamente ante el Superior Tribunal que ayer dio su veredicto.

Julián Antillanca fue asesinado la madrugada del 5 de setiembre de 2010 después de ser llevado en un patrullero a la salida de un boliche bailable ubicado en el acceso sur de Trelew. Por este hecho fueron juzgados Martín Solís, Jorge Abraham, Pablo Morales, Laura Córdoba, Carlos Sandoval y Gabriela Bidera. Estos dos últimos acusados de encubrimiento agravado y también absueltos.

Tras la sentencia de marzo de 2012 el caso parecía camino a quedar impune. Pero ahora, la decisión del Superior lo vuelve a colocar en fojas cero. Y con la posibilidad de que tenga que realizarse un nuevo juicio con otro tribunal.

El asesinato del chico, ocurrido la misma noche que los hermanos Aballay también recibieron una feroz golpiza pero lograron salvar su vida, provocó innumerables marchas reclamando justicia. El padre de Julián se convirtió en un emblema de esas marchas y siguió insistiendo aún después de conocido el fallo respecto a que su hijo había sido asesinado por la Policía.

Los jueces argumentaron las absoluciones en lo poco creíble de los testimonios de las dos testigos clave que presentó la Fiscalía, haciendo lugar a los postulados de los abogados defensores Fabián Gabalachis y Gustavo Latorre durante sus alegatos.

Pero para llegar a la absolución de todos los acusados los magistrados también le quitaron validez a los análisis de ADN efectuados en los laboratorios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Algo que el Tribunal dejó muy en claro mediante su fallo es que Julián Antillanca fue asesinado. Los jueces consideraron que el testimonio del médico forense Herminio González fue preciso y contundente, por lo que determinaron que la causa de la muerte fue un traumatismo encéfalo-craneal por los golpes recibidos, para ello no sólo sopesaron su vasta experiencia sino los resultados de los análisis complementarios.

“Aunque Rodríguez Jacob no ve lo que González a primera vista viera, no quiere decir que no existiera”, expresaron en su fallo. Tras lo cual los magistrados desestimaron el testimonio del médico cardiólogo Alejandro Sarries.

El día de lectura de la sentencia se vivieron momentos de tensión en la sala cuando la jueza Ivana González dio a conocer el fallo. Los policías recuperaron de manera inmediata la libertad. El fiscal César Zaratiegui mostró en ese momento su disconformidad y anunció la presentación de una apelación. Ahora se abre una nueva instancia en este hecho que provocó las más diversas reacciones de parte de la comunidad no sólo de Trelew sino también de toda la provincia. Para muchos aquella madrugada de setiembre de 2010 se vivió una jornada de “verdadera furia policial”. Pero los jueces no quedaron conformes con las pruebas y así lo hicieron saber en su fallo.

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Argentina: El triunfo de Famatina

Diego Rojas (PLAZA DE MAYO)

Luego de un año y medio de corte, el gobernador K Beder Herrera disolvió el contrato con la Osisko Mining Company. Una victoria popular.

Finalmente, vencieron. Ellos, los de Famatina. Los habitantes de un pueblito de siete mil personas, que construyeron una asamblea, que cortaron una ruta, que se opusieron a los poderes. Los que dijeron “no”. Finalmente, el gobernador Luis Beder Herrera firmó el decreto 874 que rescinde el contrato entre la provincia y la Osisko Mining Company, una empresa canadiense que quería instalar un proyecto de megaminería a cielo abierto en la región. La oposición frontal de un pueblo venció la posibilidad empresaria de la depredación del medio ambiente, de la usurpación extranjera de los recursos naturales, de la entrega. Luego de un año y medio de lucha, Famatina venció.

“Estamos muy felices -dice Carina Díaz Moreno, una de las dirigentes de la asamblea popular de Famatina-. De todos modos, somos desconfiados de este gobierno y seguiremos manteniendo el corte en el Alto Carrizal, donde empieza el camino que lleva al cordón montañoso del Famatina”.

El corte al que la asambleísta se refiere es el método decidido por el pueblo que impidió, de esa manera, el paso de los representantes de la empresa Osisko Mining Company, que tenían la intención de volar gran parte de las montañas para extraer, con métodos contaminantes, el oro desperdigado en ellas.

“La continuidad y persistencia de dichos acontecimientos de confrontatividad, imposibilitaron hasta la fecha dar inicio a las actividades programadas generando graves consecuencias de orden económico y social a la provincia”, señala el decreto firmado por el gobernador Beder Herrera, que es tanto kirchnerista como menemista. La presidenta Cristina Fernández es una firme impulsora de la megaminería a cielo abierto como forma de impulsar el desarrollo -fallido- de la nación.

“Todo esto pasó luego de la represión que sufrimos en mayo, cuando una patota nos atacó por manifestarnos contra Beder Herrera; luego de que la esposa de un policía fuera trasladado de nuestro pueblo por apoyar la lucha antiminera; después de un año y medio de corte para impedir el paso de la minera”, explica Carina Díaz Moreno a plazademayo.com.

-¿Por qué van a mantener el corte, pese al anuncio del decreto?

-No le creemos nada a Beder Herrera. Cuando era vicegobernador impulsó y aprobó una ley contra la megaminería en la provincia, que derogó ni bien llegó al poder. Hoy intenta que se instale la megaminería a cielo abierto en otras regiones de la provincia, ya que en este pueblo nos opusimos. Nosotros exigimos una ley provincial de prohibición de explotación megaminera en toda la provincia. Queremos que renuncie la diputada Adriana Lima, que traicionó a Famatina e impulsó esta actividad pese a la oposición de todos nosotros. Y queremos que vuelvan a Famatina los recursos que le fueron quitados al pueblo como forma de represalia por parte del gobernador. A la vez, somos alrededor de cincuenta ciudadanos de Famatina procesados por la justicia por luchar. Queremos que nos quiten esas causas. Y por todo esto todavía no vamos a abandonar el corte.

Fuentes de la intendencia de Famatina, cuyo jefe se plegó a la lucha de la ciudad, confirmaron la derogación del convenio con la Osisko Mining Company. Este medio intentó -que había logrado la única entrevista de la empresa durante este tiempo- contactarse con los voceros de la Osisko, pero no logró establecer esa comunicación.

Famatina ya había expulsado a la Barrick Gold, aquella empresa instalada en San Juan, que cuenta con el apoyo de la presidenta Cristina Fernández. Hoy se confirma que acabó con los intereses de otra megaminera, la Osisko Mining Company. Es un pueblito perdido en la cordillera. Sus habitantes deberían ser considerados como un orgullo de la nación.

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Bolivia denuncia en la ONU la agresión contra el presidente Morales

PL

Bolivia denunció hoy ante la ONU "la actitud inamistosa y de flagrante agresión" practicada por Francia y Portugal al retirar de manera sorpresiva los permisos de sobrevuelo del avión que transportaba al presidente boliviano, Evo Morales.

La actitud de esos dos países europeos constituye una violación de los convenios internacionales vigentes, atentando contra la vida y seguridad de un jefe de Estado, apuntó una nota oficial boliviana distribuida este miércoles en la sede de la ONU en Nueva York.

Esa acción obligó a realizar un aterrizaje forzoso en Austria a la nave presidencial de Bolivia y a una reprogramación del plan de vuelo de retorno de Morales "con los consiguientes perjuicios a la investidura del primer mandatario", señala la declaración.

"El gobierno de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional una actitud inamistosa y de flagrante agresión al comunicar la no autorización para que el avión presidencial pueda sobrevolar los espacios aéreos de las Repúblicas de Francia y Portugal", subrayó.

El mandatario viajaba de regreso a La Paz tras participar en Moscú en una cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas cuando las autoridades francesas y portuguesas anularon el permiso de sobrevuelo concedido con anterioridad.

Se trata de conductas discriminatorias y de amedrentamiento generadas a partir de sospechas infundadas y malintencionadas de que la aeronave presidencial estaría transportando al ciudadano norteamericano Edward Snowden, insistió el texto circulado en ONU.

Por su parte, el representante permanente de Bolivia ante las oficinas de Naciones Unidas en Ginebra, Sacha Llorenti, anunció hoy que presentará ante el organismo mundial una denuncia oficial contra la agresión sufrida por el presidente del país sudamericano.

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América Latina condena el incidente con el avión de Morales

RIA NOVOSTI (especial para ARGENPRESS.info)

Países y bloques regionales de América Latina condenaron rotundamente el incidente con el presidente boliviano Evo Morales, que se vio obligado a aterrizar esta noche en Viena después de que varios países europeos le denegaran su espacio aéreo probablemente bajo sospecha de que en su avión viajara el extécnico prófugo de la CIA que desató un escándalo de espionaje a nivel global, Edward Snowden.

Posteriormente, las autoridades austríacas comunicaron que Snowden no estaba a bordo del avión del mandatario boliviano que regresaba desde Moscú tras participar en la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas.

Durante su estancia en Rusia, Morales negó en una entrevista a la cadena RT que Bolivia recibiera ya una petición de asilo de Snowden pero dijo que “si hay una solicitud, por supuesto estamos dispuestos a debatir, a analizar ese tema”. Por el momento, el presidente boliviano partió del aeropuerto de Viena, probablemente rumbo a Canarias donde tiene previsto realizar una escala técnica, informó EFE.

Comentando el incidente con el avión de Morales, el canciller de Venezuela, Elías Jaua, declaró a Venezolana de Televisión que es “insólito lo que acaba de pasar. Interrumpir el vuelo de una nación soberana por la obsesión de cazar a un joven que lo único que ha hecho es decir la verdad sobre un imperio que pretende ser controlador” y llamó a los países de América Latina a “exigir respeto y disculpas por lo que ha ocurrido”.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se mostró indignada por la “el grado de impunidad” de ese acto. “Definitivamente todos están locos. Jefe de Estado y su avión tiene inmunidad total”, manifestó la mandataria en su cuenta de Twitter.

Asimismo, confirmó la probabilidad de que hoy, miércoles, se celebre una reunión extraordinaria de UNASUR, dedicada al asunto. “Mañana va a ser un día largo y difícil. Calma. No van a poder”, escribió la presidenta argentina.

Anteriormente, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño exigió convocar una reunión extraordinaria de UNASUR por el incidente que calificó de una “tremenda ofensa”.

Cuba tachó lo sucedido como un “acto inadmisible, infundado y arbitrario que ofende a toda América Latina y el Caribe”.

De modo semejante se pronunciaron los dirigentes de bloques regionales americanos UNASUR, OEA y CAN. El Secretario General de UNASUR, Alí Rodríguez Araque, calificó de “indignante y absurda” la detención del avión de Morales.

“Lo absurdo es que los afectados con la revelación de Snowden son los países europeos, especialmente Francia, y en vez de actuar en contra de los Estados Unidos, actuaron en contra del país soberano de Bolivia”, dijo Rodríguez Araque citado por la cadena Telesur.

Mientras tanto, el vicecanciller austríaco, Michael Spindelegger, confirmó que Snowden no se encuentra en el avión del presidente boliviano.

“Mis agentes revisaron el avión y no descubrieron a nadie excepto ciudadanos bolivianos”, dijo Spindelegger a los periodistas.

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