miércoles, 10 de julio de 2013

Si da para comer... la dignidad

Alberto Maldonado (especial para ARGENPRESS.info)

Un caso entre muchos; el medio siglo que el pueblo cubano aguantó la arremetida del imperio y de los pelucones, que abundan estas tierras llamadas latinoamericanas. Fidel, Raúl y los barbudos, militantes de la Sierra Maestra, no le dieron sino orgullo a este pueblo; y el resultado es que aguantó medio siglo (más de 50 años) al gran imperio del norte, los Estados Unidos de Norteamérica; y a los imperitos que hoy lloran porque en este Ecuador (un poco más de 14 millones de habitantes) se ha aprobado y ha sido puesta el ejecútese de rigor, la llamada Ley de Comunicación Social, que los periódicos nuestros, con eterna mala fe, la titulan “Ley de Medios”.

Digo esto porque el sermón del neoliberalismo ha introducido como verdades eternas: el que la dignidad no da para comer. En el mundo en que vivimos, es momentáneamente cierto; la dignidad no da para comer sino a largo plazo; pero hay pueblos que resisten y se supone que les matan de hambre; y resisten. El caso reciente del Presidente de Bolivia es muy decidor, por varios sentidos. Al pobre Evo Morales le tuvieron a mal andar los países que se dicen defensores de la democracia y de los derechos humanos; y tuvo (con suerte) que aterrizar en Viena ya que le negaron sus espacios aéreos, Portugal, España, Italia y Francia. Y fue suficiente para que sepamos que existe todavía el imperialismo y sus lacayos, porque buscaban afanosos a Edwar Snowdem, quien había revelado lo que todo el mundo sabía: que el gran imperio del norte (los Estados Unidos) persiguen al contratista señor Snowdem, por haberse atrevido a denunciar que el gran imperio espía al que es y no es.

Los presidentes de la UNASUR (algunos) se dieron cita en Cochabamba (Bolivia) para darle las satisfacciones del caso al Evo, que se enorgullece de ser indio puro, no mezclado, como algunitos en este Ecuador, comenzando por el actual Jefe de la CONAIE que, según el Presidente Rafael Correa, en una de sus últimas locuciones sabatinas, dijo que el señor Carlos Pérez G no era indio puro sino mulato, como somos la mayoría de los ecuatorianos y como son la mayoría de los latinoamericanos que conozco.
Dicho lo cual todos los presidentes allí presentes y los delegados de los ausentes, dieron al Evo las satisfacciones del caso y firmaron una proclama que, de seguro, tendrá algo o mucho en las próximas reuniones de la Unasur y de la OEA..

A lo que voy: que la dignidad no da ese rato para comer, sino a largo plazo. Eso es lo que no entienden el gran imperio del norte y los imperitos, que no se han quitado el gesto que tuvieron hace 500 años; y que no les sirvió sino para llevarse el oro y la plata que pudieron y para dejarnos el idioma, en nuestros nacientes países. Entre ellos, el Ecuador, que ocupa una pequeña franja hacia el Pacífico y que no pasa de los 14 millones de seres humanos. Lo dijo uno de los Presidentes presentes en Cochabamba (creo que fue Rafael Correa) sino hay que graduarnos de sirvientes, que todavía los siervos del imperio (los europeos) han querido localizar al Snowdem ese en el avión presidencial del Presidente Evo.

No más que doy gracias de vivir para contarlo. ¿Quién fue el Presidente que declaró a la Embajadora de los EE.UU. persona non grata para los ecuatorianos? ¿Quién fue la única Asamblea (la de Montecristi) que declaró a la Base de Manta como territorio sagrado ecuatoriano y mandó a pasear (en Colombia) a los norteamericanos? ¿Quién fue el Presidente que rompió relaciones con la “hermana” Colombia por el ataque de Angostura (en Sucumbíos, en el oriente ecuatoriano), cuando el actual Presidente Manuel Santos, era el Ministro de la Defensa del “hermano” país? ¿Quién fue el Presidente que alertó sobre lo que le había pasado al Evo Morales y trató de que la UNASAUR actuara frente a los imperitos, que se creían 500 años atrás? Por todo lo dicho es que nuchos ecuatorianos (y latinoamericanos) seguimos siendo correistas a pesar de que no hemos recibido nada a cambio. Las preguntas sobran y bastan.

Podíamos seguir ad infinito; lo que ocurre es que no esperábamos que este “mono” del Rafael hiciera lo que está haciendo. No dijeron que los partidos comunistas y los socialistas (no, al estilo europeo) y todo aquel que pintara “zurdo” era objeto de menosprecio. Solo los viejos comunistas y sus muchachos podían hacer la revolución socialista. No contábamos para nada con tipos como el Rafael que de puro capricho está haciendo a su modo la “revolución”. Cierto es que no ha confiscado (todavía) nada a nadie; no por eso podemos despreciarle. Está haciendo lo que muchos de los perros que pasaron por Carondelet no hicieron nada. más bien dicho, hicieron lo que el gran imperio le impuso; y nada más. Los otros como que le hicieron el caldo gordo a los que no hicieron nada. Y sacaron provecho de esto. Pregunto ¿dónde ha quedado el Movimiento Popular Democrático (MPD) para muchos ecuatorianos? ¿Dónde han quedado los de Pachakutec?. Y no sigo, para no cansarles.

Cuando leo que el gran imperio “amenaza” a nuestros paisitos con suspenderle la ATPDEA (como se diga en castellano) les recuerdo que ese invento fue del gran imperio, como una especie “de premio” por lo que hacían en torno al combate a las drogas. Se suponía que en los EE.UU. nadie consumía nada; peor drogas. Y que los “culpables” eran Colombia, Perú y Bolivia (el Ecuador, sin remedio por las cercanías) era un territorio de pasada. Hoy quieren, el gran imperio y los imperitos europeos, que toda la culpa caiga sobre nuestros países. Lo cierto es que el gran invento fue por las drogas; pero eso fue hace tiempos, diría mi abuela. Hoy, la ATPDEA es como si solamente nuestros países se beneficiaran con aquello. Hoy el último eslabón” conocido, es el señor Snowdem, que es buscado por el gran imperio. por cielo y tierra (a pesar de que todo el mundo sabe que no puede salir del aeropuerto de Moscú) ya que el extécnico de la CIA sabe que en estos países de Sudamérica no le pueden buscar.

Digo (/es un decir) que la ATPDEA (o como se escriba) no solo perjudica a los naturales de este Ecuador sino a los que se nutren de esta disposición, que es facultativa del Congreso de EE-UU. Tendrán que dedicarse a vender otra cosa los gringos ya que los ecuatorianos que se dedicaban a esa tarea o tienen que cambiar y buscar otros mercados; y, lo más probable es que tengan que pagar el 6.7% de interés que no pagaban, para seguir manteniendo el negocio. Eso es lo que ha pasado. Ojalá se metan donde no les dé el viento, los imperialistas su 6.7%, que aquí en el este Ecuador, no vamos a sufrir por esos 23 millones de ahorro. Que los mercados para nuestras flores hay por montones. Ya que se sacrificarán 4 o 5 gringos por la resolución de no darle a este Ecuador más el 6.7%; y los 23 millones que sirvan para no meter la pata otra vez, y dejarle al Evo tranquilo.

Pregunto: ¿perseguían al Evo Morales por indio, metido a Presidente de Bolivia, o por indio? No sé qué es lo primero: si el huevo o la gallina.

Pero que los gringos se quedaron sin huevo y sin gallina.

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Memoria histórica: Matanza de prisioneros, Alan García y la izquierda peruana

Luis Arce Borja (especial para ARGENPRESS.info)

Los hechos sangrientos ocurrieron entre el 18 y 19 de junio de 1986. En tres prisiones del Perú (Lurigancho, El Frontón y El callao), fueron asesinados más de 300 prisioneros del Partido Comunista del Perú (PCP) más conocido como Sendero Luminoso. Alan García Pérez era presidente y fue el principal responsable de este abominable crimen. Pero si bien es cierto que García fue el actor principal, no actúo solo. Para ejecutar su plan criminal contó con la complicidad de Izquierda Unida (IU) conformada por el partido comunista ex pro soviético, Patria Roja, PUM, Unir, y otros. En esta matanza también participaron como cómplices la alta jerarquía de la iglesia católica y una serie de organizaciones no gubernamentales (ONG) ligadas al dinero de la socialdemocracia europea y fundaciones de los estados unidos.

¿Por qué Alan García Pérez ordenó a las fuerzas armadas y policiales exterminar a los prisioneros maoístas?

Esta sanguinaria acción no fue un error de cálculo ni un exceso del gobierno y de los militares, como posteriormente se dijo. Esta matanza se había preparado minuciosamente y con mucha anticipación. En 1986 el Estado y sus fuerzas represivas perdían la guerra frente a la subversión maoísta. Desde julio de 1985 cuando García Pérez asumió el gobierno, con el apoyo de la izquierda legal (Izquierda Unida) se comprometió a terminar con la subversión en 100 días. Como señaló el mismo PCP, el gobierno de García y las clases políticas del Perú, habían soñado con “sangrientos y negros planes de un golpe devastador, decisivo que llevara al aplastamiento de la guerra popular”.

La matanza de junio 1986 fue calculada como parte de la guerra contrainsurgente. Las fuerzas maoístas desde 1980 crecían y se desarrollaban vigorosamente en todo el territorio peruano. Así los militares que no ganaban una sola batalla contra los guerrilleros, en solo dos días eliminaban a más de 300 prisioneros desarmados y encerrado en espacios reducidos. El problema para García Pérez y sus aliados políticos de izquierda y derecha, era que Sendero Luminoso amenazaba con traerse abajo el frágil andamiaje del Estado y todo su sistema parlamentario y judicial corrompido. Ni las tropas policiales ni las fuerzas armadas eran capaces de contener el avance de la subversión senderista. En 1988 el general del ejercito Adrián Huamán Centeno, jefe del Comando Político Militare de Ayacucho en 1984, admitía que no se precisaba ser un estratega para darse cuenta de lo que estaba pasando, y que la ausencia de democracia y de autoridad estaba siendo llenada por Sendero luminoso. La revista SI en abril de 1987 decía “silenciosamente Sendero luminoso está ganando la guerra”. “Perdemos la guerra” decía la misma revista en abril de 1988

¿Por qué referirse a estos hechos que constituyen parte de la historia de la lucha del pueblo peruano?

Han transcurrido 27 años de estos hechos sangrientos y desde la derecha y la “izquierda” se pretender tergiversar los hechos y borrar de la memoria histórica de esta matanza. Por una parte Sendero Luminoso (SL) principal victima de esta masacre ahora convertido en Movadef (Movimiento por amnistía y derechos fundamentales) ha cambiado de rumbo y sus consignas de 1986, “genocidio que el pueblo no olvidará y que sólo él sancionará!” y la “sangre derramada jamás será olvidada” han sido reemplazadas por su slogan “solución política, amnistía general y reconciliación nacional”, lo que significa el perdón de los criminales de la prisiones en 1986, incluido Alan García Pérez, que sin ninguna sanción penal, se prepara para ser nuevamente presidente del Perú en el 2016. Por su parte los personajes de lo que fue Izquierda Unida (IU) sin remordimientos de por medio se presentan como si alguna vez habrían estado contra el crimen de los penales. Ellos fueron cómplices de Alan García y encargados de santificar a García cuando ya se había consumado el crimen masivo de prisioneros.

Como lo denunció el PCP mediante un documento del 1986, la dirección de Izquierda Unida y principalmente Alfonso Barrantes, su líder, fueron “corresponsales y cómplices de esta matanza”. En efecto, días antes de los hechos de los penales el presidente García consultó su plan criminal con los representantes de las organizaciones políticas. Alfonso Barrantes Lindan, jefe de IU y en nombre de todas las organizaciones de este grupo dio su aprobación y se comprometió a defender al presidente. Hay que recordar que para la época IU y el gobierno estaban unidos en un “frente antiterrorista”. El objetivo era la derrota de sendero Luminoso. Posteriormente a la matanza IU publicó un comunicado (26 de junio 1986) y pedía al parlamento controlado por el APRA la formación de una “comisión de investigación”. La “Comisión Investigadora” se formo y la presidencia recayó en un funcionario de IU. En su conclusión final alegó que el presidente García no tenía responsabilidad cabal en estos hechos, y que en todo caso fue un error entregar los “penales a los militares”.

Izquierda Unida apoyo la candidatura electoral de Alan García en 1985. Pero no hay que creer que los hechos abominables de los penales disuadieron a los jefes de la izquierda legal de alejarse de García. Nada de eso.

Esa santa alianza prosiguió cuando ya el gobierno aprista había cometido cientos de crímenes, no solo en penales, sino también en los pueblos alejados de la capital. Así por ejemplo, un año después de la matanza de las prisiones, Jorge del Prado, un “encallecido revisionista” como era conocido en los predios de la izquierda, decía en 1987 que “la aplastante derrota” de los dos partidos de la derecha (Acción Popular y el Partido Popular Cristiano) fue una acción concluyente “en apreciable medida, aunque con distintas alternativas, Izquierda Unida y el Partido Aprista”. Del Prado hacia referencia a las elecciones de 1985 que ganó el APRA y García Pérez y haciendo abstracción de la realidad y en exceso de oportunismo seguía repitiendo que el jefe del APRA no era de la derecha peruana, sino más bien de izquierda. (Jorge del Prado, informe del 28 de mayo de 1987).

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Argentina: El régimen privatista de los ’90 se mantuvo sostenido por los subsidios públicos

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

A 10 años de gobierno kirchnerista entrevistamos a Julio Gambina, economista de izquierda.

Mario Hernandez (MH): Estamos en comunicación con el economista Julio Gambina. Comenzamos el programa haciendo referencia al crimen social de Castelar, no me gusta llamarla tragedia y precisamente hoy publicaste un artículo: “El fracaso de las privatizaciones”. Me quedé con varias cosas, pero en particular con una que quisiera que desarrollaras. Se trata de tu afirmación: “La rebelión popular de 2001 golpeó duro en el paradigma ideológico del neoliberalismo, pero la institucionalidad estructural no mutó y así como los ferrocarriles siguieron siendo administrados por empresas privadas, el régimen privatista se mantuvo instalado y sostenido por subsidios públicos, muy pocas empresas privatizadas fueron estatizadas y cuando ocurrió se explicó por falencias o incumplimientos explícitos en la operatoria de la actividad, tal el caso del Correo, algunas líneas ferroviarias y el propio sistema de jubilaciones en plena crisis mundial durante el pico que afectara al mundo financiero en 2009”.
Te interrogo sobre esto porque en “¿Sin Salida?” venimos desarrollando una serie de entrevistas que pretenden hacer un balance de estos diez años de kirchnerismo. Hace dos semanas comenzamos con Claudio Katz. Particularmente, me llamó la atención esta afirmación tan fuerte que “la institucionalización no mutó”.

Julio Gambina (JG): Para tratar de ser didáctico puedo ampliarlo a distintas esferas de lo que llamo lo estructural-institucional.
En los ’80 y, sobre todo en los ’90, se modificó de manera muy importante la relación capital-trabajo, favoreciendo la flexibilización laboral y salarial con un impacto claro en una redistribución regresiva del ingreso, con merma de salarios, crecimiento del desempleo, el subempleo, la informalidad en el trabajo y esos son temas que se mantienen.
Fijate que pese al importante crecimiento económico en la última década del nivel de actividad y el empleo, el último dato estadístico del Indec señala que el 34.6% de los trabajadores están en situación informal.

Los subsidios a las empresas privadas superan el gasto en salarios de la administración pública

MH: En el propio empleo estatal es muy alta la informalidad.

JG: Altísima, pese a que era más grave en 2001-2, a una década de crecimiento económico muy importante, como pocas veces ha habido en Argentina, la situación de la flexibilización salarial-laboral y el impacto que tiene en la desindicalización, sigue siendo importante.
Lo mismo ocurre en el ejemplo que estás sugiriendo que es el tema de las privatizaciones. En Argentina, hubo un cambio muy claro en la función del Estado transformado en un soporte de la rentabilidad de los grandes capitales. Hoy el presupuesto vigente tiene una asistencia en subsidios a empresas privadas que es superior a todo el gasto en salarios de la administración pública nacional.
Es normal escuchar una crítica al empleo público, a cómo el Estado resuelve muchas cuestiones políticas con empleo estatal, y nos encontramos que hoy el nivel de subsidios a las empresas privadas es superior a la totalidad del salario de maestros, médicos, policías, empleados administrativos, etc. La totalidad del empleo público tiene un gasto menor que el gasto en subsidios a empresas privadas, con lo cual queda claro que han pasado diez años de gobierno kirchnerista y la orientación del presupuesto público sigue marcando niveles de inequidad y de favorecer a la iniciativa privada.
Ha cambiado la función del Estado, por eso no hay definiciones de reorientación de ese cambio a través de la apropiación de empresas. El caso más evidente es el de la expropiación parcial de YPF y lo primero que hace la empresa con gestión pública es una asociación con Chevron para que haga inversiones y desarrollar la tecnología de la fractura hidráulica, el fracking, para avanzar en la explotación de hidrocarburos no-convencionales. Es decir, que más allá de la gestión pública o privada, seguís teniendo una YPF que antes gestionada por Repsol servía al capital externo y ahora gestionada por el Estado sigue haciéndolo, lo que motivó renuncias en el Directorio.

Más allá del ‘Adiós al Alca’ del 2005, también existe la participación argentina en el G20

MH: Me sorprendió la renuncia de Basualdo, un duro crítico a toda la política de los ’90.

JG: Ese es un dato concreto que tiene que ver con diferencias con el proceso. Obviamente, eso no se ventila. Con Basualdo hemos compartido y ha sido uno de los constructores intelectuales de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en los ’90. Estuvo y está co-participando del gobierno lo que supone que tengamos lecturas diferenciadas. Hay mucha gente que las tiene, pero participa honestamente y con convicción del proceso de gobierno y cuando se dan situaciones de esta naturaleza se generan algunas contradicciones como la que estamos planteando. Pero quiero insistir que en esa orientación que significó la relación laboral por un lado, o el papel del Estado por otro, no veo que haya cambios sustanciales en el patrón que define la situación.
Algo similar pasa con las relaciones internacionales donde se destaca mucho que durante estos diez años ha habido un acercamiento con Venezuela y en 2005 el NO AL ALCA. Es cierto, pero al mismo tiempo Argentina ha sido parte del G20, que es el núcleo mundial donde las potencias hegemónicas han decidido resolver el tratamiento de la crisis mundial del capitalismo y la respuesta por un lado es el ajuste, claramente visibilizado en Europa y, por otro, el salvataje de los países capitalistas más desarrollados y a sus empresas en crisis. Pensá que EE. UU. que se dice tiene una política diferenciada de la europea, porque Europa tiene una política de austeridad y EE. UU. emite todos los meses U$S 85.000 millones para sostener el nivel de actividad en el país, eso no se hace en beneficio de las mejores condiciones de vida de los trabajadores y los sectores estadounidenses empobrecidos. La política de salvataje, sea de Japón, EE. UU. o Europa, con más o menos austeridad, es la que viene empujándose desde el G20 y Argentina, junto con Brasil y México, participan de ese organismo que una de las pocas cosas que ha resuelto es fortalecer la potencia mundial del FMI cuando éste estaba prácticamente en la lona.
La crisis mundial empieza en 2007-8 y hacia 2006 Brasil al igual que Turquía, Argentina y Rusia, habían cancelado la deuda con el FMI y éste prácticamente se había quedado sin funciones. La realidad es que el G20 revivió al FMI, facilitó la ampliación de su capital y recientemente el Parlamento argentino aprobó la capitalización de nuestro país en el FMI.
Entonces, más allá del ‘Adiós al Alca’ en 2005, que reivindico y destaco, también existe la participación argentina en el G20 y el fortalecimiento del FMI. En general, todo aquél que piense críticamente la situación mundial sabe cuál ha sido en décadas pasadas y en el presente el papel del FMI, del BM y de los organismos financieros internacionales.

En los últimos tres años las empresas más rentables fueron los bancos

El sentido del comentario de esta nota en la que aludo al tema de las privatizaciones es que hay novedades institucionales que plantearon Videla y Martínez de Hoz y no pudieron materializarlas por la resistencia popular, que sí lo hizo Menem en los ’90, que continuaron con la Alianza y, lamentablemente, todavía subsisten. Quizás la más emblemática de todas las medidas sea la Ley de Entidades Financieras aprobada en 1977. Cuando Martínez de Hoz dejó el Ministerio de Economía en 1981 planteó que el instrumento más revolucionario que habían generado en el gobierno de Videla había sido esa ley que favoreció el proceso de extranjerización de la banca y la apertura de la cuenta de capitales sea para inversiones extranjeras o el crecimiento de la deuda pública. Fue un instrumento fundamental para la inserción subordinada de Argentina en la economía mundial de los ’70 generando las condiciones para el gran ajuste de los ’80 y la profundización de esa entrega subordinada en la división internacional del trabajo en los ’90. Hoy sigue habiendo la misma Ley de Entidades Financieras y sigue habiendo extranjerización de la banca como sistema bancario hegemónico.
Fijate que 2001-2 comienza con una crítica social extendida a la banca, principalmente a la banca privada extranjera y en los últimos tres años las empresas que más rentabilidad han tenido fueron los bancos. Han pasado diez años y esos bancos que presentaban balances complejos y que llevó a muchos a retirarse del país, que se visibilizaron como el problema principal y que mucha de la bronca del ‘que se vayan todos’ se orientaba hacia ellos, prácticamente todos tuvieron que blindar sus vidrieras, excepto el Credicoop, porque se las rompían en las protestas, movilizaciones y las broncas que había. El resultado que tenés de todo eso es el restablecimiento de una banca extranjera en el sistema financiero argentino y su preeminencia como sector altamente rentable al que se le mantuvieron todas las eximiciones de impuestos durante todos estos años.

MH: Quisiera que volviéramos al tema de los ferrocarriles. El sábado pasado lo escuché a Ing. Rosendo de “Salvemos al tren” señalando que si los subsidios dados a los operadores privados, los hubiera utilizado Ferrocarriles Argentinos, hoy tendríamos trenes como en Francia, que son de los mejores del mundo. Sin embargo, días antes de la masacre de Castelar, el 9 de junio, en la contratapa del Suplemento Económico de Página 12, Claudio Scaletta escribía lo siguiente: “Contra lo que barruntan los sectores neoliberales más recalcitrantes, esos que ven en el oficialismo una versión acriollada de chavismo, o hasta de castrismo encubierto, el kirchnerismo no estatiza con fruición. No opera por fuera de la historia. No se trata de un sector trotskista al que todo le parece inmediatamente posible”.
Este comentario referido a los ferrocarriles ignora que la necesidad de re-estatizarlos se cae de madura. La situación no da para más, no se trata de ser trotskista.

Los argentinos no comemos soja pero sí pan, facturas y pastas

JG: Además, escribir de esa manera es una falta de respeto hacia cualquier organización. Cada cual tiene derecho a pensar como quiera y a discutirlo en sociedad. Hay que ser respetuoso a todo nivel, pero me animo a complejizar más el análisis y decir que tampoco sé si los subsidios hubieran ido a una empresa pública hoy tendríamos un mejor servicio porque cambió la función del Estado paralelamente al cambio de modelo productivo en Argentina.
El ferrocarril es funcional para que el grupo Urquía traslade sus productos desde la provincia de Córdoba hasta el puerto de Rosario desde donde salen la soja y sus subproductos.
La privatización del ferrocarril le sirve a Urquía, político y empresario vinculado al kirchnerismo, que termina desembocando en un puerto privado en Rosario. Allí tenés las terminales privadas, el tren privado y el desarrollo de la soja que subordina buena parte de la producción argentina.
Hoy tenés estímulos a la política triguera porque está cayendo brutalmente la producción de trigo que es una de las producciones tradicionales y emblemáticas de Argentina. El tema es importante porque los argentinos no comemos soja pero sí pan, facturas, pastas, es decir, el trigo sirve para hacer harina y ésta para fabricar los alimentos que te mencioné, por lo tanto, tiene que ver con nuestra dieta.

MH: Se ha llegado a hablar de importar trigo.

JG: Argentina está perdiendo soberanía alimentaria y hoy hay un conflicto muy serio con Bolivia porque una de las pocas insuficiencias productivas que tiene ese país en materia alimentaria es el trigo e importa harina desde Argentina. El tema es que el precio se ha encarecido para los bolivianos y están en problemas porque le ha aumentado el pan y han tenido que abrir la importación para resolver el problema. Se trata de un pueblo que consume mucho pan al igual que nosotros y, por lo tanto, el problema de la insuficiencia alimentaria derivada de la producción de trigo en Argentina también afecta a Bolivia, con lo cual en vez de pensar en términos de soberanía argentina, boliviana, regional, estamos pensando en una inserción internacional como proveedores de soja y, sobre todo, de soja transgénica. Esto empezó con Cavallo, Menem y Felipe Solá en 1996, pero ya llevamos más años que en ese gobierno produciendo soja. Eso también es parte de lo estructural.
Argentina sojera no fue siempre, es producto de los últimos quince años, de los cuales llevamos diez durante el kirchnerismo. Acordate de los discursos que aludían al “yuyo”. Un tema clave del financiamiento del Estado argentino son las retenciones que constituyen una cifra más que importante de apropiación de renta por parte del Estado y es bueno preguntarse en qué la usa. Recién te mencioné los subsidios a las empresas privadas, pero el gran rubro es el pago de la deuda. Argentina es un gran pagador. Todos los comentarios que leés sobre los instrumentos financieros que se han creado para el blanqueo de dólares están basados en la seguridad que brinda Argentina al pago de sus compromisos externos.
Además, está el pago de la importación de combustibles. En los últimos dos años hemos pagado U$S 9.300 y 10.200 millones. Este año se espera una cifra superior a U$S 13.000 millones y es lo que se aspira a resolver a partir de la expropiación parcial de YPF y el avance sobe los hidrocarburos no-convencionales. No solo se trata que los recursos que se llevan los privados se los dieran a una eventual empresa pública como la ferroviaria, sino habría que discutir que hay un fracaso para los sectores populares con las privatizaciones y el modelo productivo que se instaló de la mano de la dictadura genocida hasta nuestros días, que consolida la concentración de la economía y la extranjerización. No alcanza con tener discursos críticos, que son valorables respecto de las políticas hegemónicas en los ’80 y ’90, sino que se requiere modificar sustancialmente esas reformas institucionales que marcaron a fuego el desarrollo de la economía, la sociedad y el Estado en los últimos 30 años en nuestro país.
Tanto Chile en 1973 como Argentina en 1976 han sido parte de la reestructuración del sistema mundial. En el caso chileno estamos hablando de casi 40 años cuando ese país, Argentina y las dictaduras del Cono Sur fueron el ensayo territorial regional de algo que se iba a generalizar en los ‘80/90 en la economía mundial.

Hay que avanzar en un proceso de “desmercantilización”

MH: Me gustaría que nos explicaras una afirmación que también hacías en la nota publicada hoy por Argenpress: “se requiere pensar y actuar para avanzar en un proceso de desmercantilización”.

JG: Te agradezco la pregunta. La respuesta es sencilla, pero muy sustancial. Lo que ha pasado en estos últimos 40 años es un proceso de mercantilización de la vida cotidiana. Cuando yo era chico no había seguridad privada, muy poca gente acudía a ella, crecientemente se ha generalizado en las canchas de fútbol, en los centros comerciales, en los barrios, por todos lados. Más simple aún, cuando era chico lo que había era educación y salud públicas, todos íbamos al hospital y a la escuela del barrio, crecientemente se ha desarrollado la salud y la educación privadas. Eso significa que la seguridad, la salud y la educación, que históricamente eran derechos constitucionales de los argentinos, crecientemente se han ido transformando en servicios, en mercancías que se compran y se venden en el mercado.
Hace unos cuantos años ibas al médico y jamás pagabas la visita, estructuralmente el tema ha cambiado y ahora las visitas se pagan, los medicamentos son cada vez más caros, el hospital público está desabastecido, la escuela pública deteriorada y, por lo tanto, lo que ha crecido es la mercantilización de la seguridad, la educación y la salud. La vida cotidiana tiene cada vez más que ver con el mercado.
El planteo es ideológico, cultural, profundo, que sí podemos ir contra la mercantilización, promoviendo la desmercantilización. Primero, recuperemos el carácter de derechos de la salud y la educación. ¿Por qué no pensar en la desmercantilización de la energía? Todo es energía, absolutamente todo, fijate en el problema del gas, tan imprescindible, sobre todo ahora que hace frío. Te pregunto y a los oyentes ¿cuál es el gas más caro? El de garrafa. ¿Quiénes lo compran para calentarse? Los pobres, a quienes les cuesta mucho más calefaccionarse que a los ricos y, ni siquiera, porque en la Ciudad de Buenos aires el abastecimiento a través de la red natural es casi total. Todo lo que se hizo en los ’90 fueron gasoductos para sacar el gas de la Argentina al exterior. Siete gasoductos se hicieron en esa década. Nunca se pensaron para abastecer necesidades de la población en el interior de nuestro país. Entonces, la desmercantilización energética sería asegurar gas, luz, energía para toda la población. Eso es desmercantilizar.
Esto no se me ocurrió a mí. Lo planteó el Che Guevara en 1964 en Cuba. Alguien me va a acusar de utópico porque esto es el capitalismo como también se decía del Che en los ’60, y creo que si hay una persona apreciada y querida por los jóvenes y todos aquéllos que queremos cambiar el mundo, es la del Che.
Plantearse la utopía de lo que pueda ser, del querer ser, me parece algo fantástico y Guevara en la construcción primigenia del socialismo en Cuba decía podemos ir contra la Ley del valor, que es la ley por excelencia del mercado capitalista. Ir contra la valorización del capital, de la ganancia, vayamos a un proceso de afectación de la Ley del valor. Eso era desmercantilizar para el Che, fomentar otro tipo de relaciones en la sociedad.
Creo que en 2013 luchar en Argentina por el derecho a la salud y la educación, a la vivienda, no me parece utópico. Es algo muy concreto que puede llenar un programa de transformaciones concretas y posibles en la Argentina de nuestros días.

MH: Te voy a dejar una pelota picando. Fuiste muy crítico con la sojización y estuve leyendo un trabajo de Natanson en Le Monde Diplomatique donde reivindica el desarrollo a partir de la primarización de la economía. En un par de semanas prometo entrevistarte nuevamente pero haciendo de abogado del diablo.

JG: Creo que es legítimo tener opiniones distintas. Esas discusiones ayudan a ver cuál es el modelo productivo, de desarrollo que necesita Argentina. Es un debate legítimo y es bueno que se expliciten argumentos en uno y otro sentido, que es algo que la sociedad argentina no ha hecho. Yo pregunto ¿cuándo Argentina discutió y decidió sojizarse? Es algo que le impuso Monsanto, Syngenta, Dreyfus, las transnacionales de la alimentación, de la biotecnología, que son las que se quedan con la rentabilidad más fuerte de este negocio multimillonario.
Esto afecta hasta a los pequeños productores sojeros que tienen posiciones críticas con este modelo que los subordina a la estrategia de las transnacionales. Hay que debatirlo aunque no lleguemos a un acuerdo.

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Varias independencias, varias dependencias

Carlos del Frade (APE)

Treinta diputados declararon la independencia el 9 de julio de 1816, en la casa de Francisca Bazán de Laguna. Fue un proclama chueca, doblemente mutilada. No estaban todas las provincias argentinas y solamente mencionaba la separación de España.

“Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sud América, reunidos en congreso general, invocando al Eterno que preside el universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protextando al Cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando séptimo, sus sucesores y metrópoli”, apuntaba el texto.

Había un sueño colectivo que venía desde hace tiempo: Provincias Unidas en Sud América. Origen y destino. Un solo país con capital en Cuzco. Por aquello que sangraron los cientos de miles que habían seguido a Tupac Amaru en 1780. El mandato profundo que entendieron Artigas, Belgrano, Güemes y San Martín y que, por lo tanto, los convirtió en líderes populares.

El 19 de julio, en sesión secreta, el diputado Medrano hizo aprobar una modificación a la fórmula del juramento, agregando después de “independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”, la frase: “y de toda otra dominación extranjera.” Allí se completaba la idea surgida en los campos de batalla del continente. Ser independientes “de toda otra dominación extranjera”.

Santa Fe, Entre Ríos, gran parte de Córdoba, Corrientes, Misiones, la Banda Oriental y distintas campañas de Buenos Aires ya habían declarado la independencia un año antes, en el llamado Congreso de los Pueblos Libres, el 29 de junio de 1815, en Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, Entre Ríos, bajo el liderazgo de José Gervasio Artigas. Esa declaración suponía la igualdad de todos los habitantes de estos arrabales del mundo, la distribución de tierras y la elección y remoción de funcionarios de los tres poderes por medio de asambleas populares.

No es casual que las actas secretas del Congreso de Tucumán decidieran acompañar la invasión portuguesa a la Banda Oriental para terminar con Artigas. Buenos Aires y las clases dominantes de cada provincia querían manejar los negocios que antes estaban en manos de los españoles pero no querían saber nada con aquello de la igualdad. Por eso Artigas terminaría en exilio junto a San Martín, Belgrano muriendo en la pobreza y Güemes asesinado a traición por la oligarquía salteña. Por eso Belgrano fue juzgado y amonestado por haber nombrado de manera pública la palabra independencia cuando bautizó a una de las baterías ante las cuales inventaría la bandera como símbolo de esperanza para los desesperados que lo seguían.

La declaración del 1816 no tenía nada que ver con el proyecto artiguista ni tampoco con la idea de Belgrano. Tres independencias en menos de seis años a partir de la revolución de 1810. Después vino otra: la llamada independencia económica que trajo la constitución de 1949 durante el primer peronismo. Los bienes del subsuelo son propiedad inalienables del pueblo argentino, decían los artículos 38 al 40 de aquella carta magna.

Ahora, a 197 años de la declaración de Tucumán es necesario pensar que las principales arterias que alimentan el corazón productivo del cuerpo argentino pertenecen a multinacionales de origen extranjero: soja, petróleo, mineras y automóviles. A lo que hay que sumar la decisión política de Estados Unidos de convertir al territorio argentino en consumidor y exportador de narcotráfico a partir de los años noventa con el tremendo costo de miles de pibas y pibes convertidos en consumidores, consumidos y soldaditos inmolados en la guerra del negocio criminal que viene de arriba hacia abajo.

Varias independencias, varias dependencias.

El desafío del 9 de julio, entonces, será pensar en voz alta hasta qué punto es importante para las mayorías argentinas sentirse independientes, capaces de decidir qué presente y futuro necesitan y con qué recursos harán posibles esos sueños colectivos inconclusos.

A casi dos siglos de la casita de Tucumán, los que son más en estas pampas deberán optar entre pelear por una definitiva independencia o resignarse por pedir permiso para existir a las potencias del mundo.

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Trabajo esclavo

Juan Carlos Giuliani (ACTA)

Confundida entre las noticias de interés general aparece cada tanto, espasmódicamente, información vinculada con el “descubrimiento” de trabajo esclavo tanto en factorías urbanas como en establecimientos rurales, generalmente de la mano de inspecciones realizadas por los “sabuesos” de la AFIP.

A propósito, ¿y el Ministerio de Trabajo de la Nación?, bien, gracias. ¿No es acaso su función la de fiscalizar el cumplimiento de la ley? ¿Cómo llevar adelante esa tarea cuando buena parte del plantel de inspectores de la repartición laboral reviste en negro o está en condición de tercerizado? Mientras el ministro Carlos Tomada está ocupado en lavar su imagen salpicada por la revelación de sus estrechos lazos con José Pedraza, condenado como autor ideológico del crimen de Mariano Ferreyra, el trabajo esclavo de compatriotas y ciudadanos de países limítrofes –mayores y menores de edad- se multiplica como una plaga social en todo el país.

La agricultura, la construcción, la minería, los rubros textiles y gastronómicos son el ámbito subterráneo e ilegal donde se sumerge la vida y la muerte de miles de personas. La Relatora Especial de la ONU para Formas Contemporáneas de Esclavitud, Gulnara Shahinian, ha dicho que “la servidumbre doméstica o la esclavitud es una situación en la que un individuo vulnerable es forzado, por coerción física y/o moral, a trabajar sin una remuneración financiera real, cuando es privado de su libertad, y se encuentra en una situación que es contraria a la dignidad humana”. Trabajar sin descanso, con un pago mísero y una vida peor. Así sobreviven en condiciones infrahumanas los integrantes del eslabón más débil del capitalismo del Siglo XXI. A pocas cuadras del Obelisco en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires o en los yerbatales misioneros.

El 30 de marzo de 2006 seis personas de nacionalidad boliviana, cuatro chicos, una mujer y un hombre, murieron en un incendio ocurrido en un taller textil que funcionaba en el barrio porteño de Caballito. Las denuncias sobre el trabajo esclavo en la "Reina del Plata" estallaron como fuego de artificios en los grandes medios de comunicación con la misma volatilidad que identifica a la cultura del videoclip. La revelación de casos de explotación y abuso perpetrados por los aspirantes a conformar el nuevo elenco de la "burguesía nacional", constituye la punta del iceberg de un negocio fabulosamente millonario al que el Gobierno, por acción u omisión, no se anima a colocar en el centro del debate y, por consiguiente, está muy lejos de erradicar.

Por el contrario. El empinado dirigente de la UIA, Ignacio de Mendiguren, admitió durante una reunión de textiles con funcionarios del Ministerio de Economía y la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, que la informalidad laboral en ese sector industrial alcanza el 78%. Quien fuera uno de los abanderados y principal beneficiario del proceso de devaluación de la economía después de la crisis del 2001, se sentó frente a los funcionarios responsables de velar por el cumplimiento de las leyes y, sin ponerse colorado, confesó que su sector las viola con total impunidad.

Los Capitanes de la Industria tienen coronita. Parece que evadir impuestos, tener trabajadores en negro, en algunos casos reducidos a la servidumbre y esclavitud, y victimas de trata y tráfico de personas, no contar con las condiciones de higiene y seguridad, etcétera, no es un delito porque ningún funcionario público se asombró. Más aún, Rial les prometió a los empresarios presentar una normativa que modifique integralmente la actual Ley de Trabajo a Domicilio que data de 1945. Es decir que no sólo no los investiga por sus delitos, sino que les promete cambiar la ley que ellos abiertamente dicen infligir.

La precarización laboral es una soga que asfixia la dignidad del trabajador. Un veneno que corroe al conjunto de la sociedad: alrededor de la mitad de las personas que tienen empleo está en negro. A casi treinta años de democracia resulta perentorio restituir la totalidad de los derechos arrebatados por la dictadura a los trabajadores. La oleada neoliberal de los ‘90 demolió la legislación protectoria del Derecho del Trabajo y arropó el trabajo informal lastimando hasta la médula la autoestima de quien no tendrá jubilación, obra social, aguinaldo y vacaciones.

Hace 200 años la Asamblea del Año XIII eliminó la esclavitud en la Argentina. Sin embargo, esta infame metodología de violar los derechos humanos persiste, de modo más sutil pero igualmente humillante. El trabajo en negro ahonda la catástrofe social. Su vigencia en el tiempo está directamente vinculada con la falta de libertad y democracia sindical. Esa legión de trabajadores precarizados son los desaparecidos civiles. No figuran en ninguna base de datos, muchos no tienen documentos, cobertura médica, ni asistencia social El fraude laboral es ejercido por las patronales al amparo de un sistema que les da cobertura. El Estado -Nacional, Provincial o Municipal- es uno de los principales precarizadores.

El Gobierno en estos últimos años ha avanzado sustancialmente en el reconocimiento de derechos civiles a las minorías. Un paso importante y valorable para construir una sociedad más justa e integrada. Pero está en mora en la reposición de los derechos sociales de las mayorías: Trabajo y salarios dignos; Salud, educación y vivienda; 82% móvil para nuestros jubilados y devolución del PAMI a sus legítimos dueños; Universalización y unificación de las Asignaciones Familiares; Derogación del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores convencionados; Salario Mínimo, Vital y Móvil igual a la Canasta Familiar; Nueva Ley de Prevención y Reparación de Daños Laborales que elimine las ART y devuelva al Estado su rol de garante de la Seguridad Social; Libertad y democracia sindical; Derogación de la Ley Antiterrorista para clausurar la criminalización de la protesta.

La trata de personas, vía su reducción a la servidumbre, es una realidad signada por una impunidad tan alevosa que, incluso, escandalizó a quien hoy es el Papa Francisco. El trabajo esclavo, que en nuestro país cuenta con el paraguas protectorio de importantes factores de poder, funciona como el combustible que inflama las ganancias extraordinarias del capitalismo en esta parte del fin del mundo.

Juan Carlos Giuliani es Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA.

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Ferrocarriles. Jorge Hospital: “Reclamamos reestatización bajo control de los trabajadores y expulsión de los concesionarios”

OTRAS VOCES, OTRAS PROPUESTAS - ANRED

El trabajador ferroviario Jorge Hospital, que integra la agrupación Causa Ferroviaria y se desempeña como guardatrén en la estación Lavallol, de la línea General Roca recibió amenazas de acciones legales tras una serie de denuncias hechas por el accionar de los empresarios Cirigliano, Roggio, y Romero, concesionarios de líneas de trenes y propietarios de talleres de arreglo de material rodante.

Luis Angió y Ernestina Arias, en Otras Voces, Otras Propuestas, programa que se emite por AM 690 y www.laretaguardia.com.ar los martes a las 20 dialogaron con Jorge Hospital, trabajador ferroviario que integra la agrupación Causa Ferroviaria y se desempeña como guardatrén en la estación Lavallol, de la línea General Roca.

Tras una serie de denuncias hechas por el accionar de los empresarios Cirigliano, Roggio, y Romero (concesionarios de líneas de trenes y propietarios de talleres de arreglo de material rodante) recibió amenazas de acciones legales por sus revelaciones.

“No es la primera vez que lo denunciamos. Hemos anticipado junto con otras agrupaciones de trabajadores el Cromañon ferroviario que se terminó concretando con la masacre de Once y recientemente con el choque en Castelar” aseguró Hospital, y enfatizó que siempre han denunciado el vaciamiento cometido por parte de los grupos concesionarios de los trenes.

Similar situación se vive en la línea Roca: la concesión estaba a cargo del empresario Sergio Taselli (titular de la empresa Metropolitano y gestor de los ferrocarriles hasta el año 2007). Tras ser apartado, asumió Ugofe, una unión transitoria entre los empresarios Roggio, Romero y, hasta la masacre de once, Cirigliano (quienes hasta ese momento tenían la concesión de la ex línea Sarmiento). “Denunciamos que ante la expulsión de Cirigliano del Sarmiento, los que se hicieron cargo son sus socios: no es una salida para el ferrocarril que lo siguieran gestionando quienes malversaron fondos durante mucho tiempo”.

Respecto al choque de trenes ocurrido el 13 de junio pasado en Castelar, Hospital aseveró que “el gobierno no rompió con estos empresarios” y ahora, que los subsidios no les retribuyen a partir de la operación del servicio, los grupos económicos “se refugian” en las obras públicas (que tienen contratos millonarios por parte del gobierno) y las ejecutan “con mano de obra tercerizada como se denuncio en ocasión del asesinato de Mariano Ferreyra hace 2 años.”

Por este motivo la empresa concesionaria le solicitó, a través de una carta documento, que rectifique sus dichos acerca a contratos de obras sobrefacturados y a la denuncia sobre el material rodante obsoleto. “Para cualquier usuario es obvio que las formaciones son de mala calidad. Tienen utilidad proyectada de 30 años, que ya están cumplidos, y tampoco se respeta el mantenimiento correspondiente.”

Perseguido por luchar

Jorge Hospital, como muchos trabajadores que luchan por sus derechos laborales y mejores condiciones de trabajo, ha padecido la persecución gremial. En el año 2003 fue suspendido cuando se presentó como candidato a delegado y ha recibido 2 procesos penales en su contra: en 2005, denunciado por el empresario Sergio Taselli, en ocasión de defender a empleados tercerizados que reclamaban el pase a planta permanente. En el año 2010, el proceso penal fue por parte del entonces Secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi: esto le implicó haber estado preso 2 días por haber pedido que el Ministerio de Trabajo cumpliera con el pasaje a planta permanente de obreros tercerizados y la reincorporación de trabajadores despedidos.

“Hay una política de tratar de descargar responsabilidades en los luchadores que denuncian el vaciamiento y la precarización del servicio ferroviario, en lugar de hacerles pagar a quienes operaron el servicio desde la privatización menemista hasta estos días” manifestó el trabajador, y añadió que en la línea Roca la situación de las formaciones es precaria. “Hay una tecnología que no es de última generación, sino la estándar de hace 3 décadas atrás, que permite que haya un error humano no se produzca una tragedia. Y eso no está extendido a todo el sistema ferroviario: en la línea Sarmiento había un contrato con la empresa Siemens en 2006 para renovar las señales y permitir la instalación de este sistema, y no fue cumplido”.

En este orden, Hospital denunció que en la línea Roca el material rodante está vencido y hay otras cosas que hacen a la precariedad del servicio: además de la escasa limpieza de las formaciones, faltan ventanillas: “fueron desmanteladas por Taselli cuando el aluminio aumentó de precio, y el empresario vendió el material como chatarra”.

Finalmente, Hospital destacó: “reclamamos la reestatización bajo control de los trabajadores, expulsar a los concesionarios y hacerles pagar de su patrimonio lo que han malversado de fondos públicos para reactivar el servicio”.

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La Corte Suprema tiene la última palabra en la nueva ley de medios

Irina Santesteban (LA ARENA)

Al solicitarse el dictamen de la Procuradora General de la Nación, la causa por la inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, ha ingresado en la recta final.

Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró la inconstitucionalidad de la ley que reformaba el Consejo de la Magistratura y la forma de elección de sus integrantes, todas las miradas están puestas en otra causa en la que nuevamente los miembros de ese cuerpo deben resolver si una norma dictada por el Congreso de la Nación se adecua a los preceptos constitucionales. De esta forma, el Poder Judicial pone en vigencia la facultad que le otorga la Carta Magna, que es el ejercicio del "control de constitucionalidad", materia que ha originado intensos debates en los últimos meses.

Poder sobre poder

Es que el Poder Judicial, a través de los jueces y en última instancia, de la propia Corte Suprema, puede cuestionar las normas que sanciona otro poder del Estado, el Poder Legislativo, cuyos integrantes tienen su mandato por imperio del principio de la soberanía popular. Y este es el pilar de nuestro sistema representativo de gobierno, instaurado por el artículo 1 de nuestra Carta Magna. Los diputados y senadores de la Nación son elegidos periódicamente por el voto popular, y al discutir, aprobar y sancionar las leyes, lo hacen en virtud de ese mandato popular. En cambio, el Poder Judicial, que es elegido también por un mecanismo constitucional, pero no tiene su origen en el voto popular, puede, en determinadas circunstancias, como lo ha hecho con la ley del Consejo de la Magistratura, cuestionar y anular una norma sancionada por el Congreso, ejerciendo ese control de constitucionalidad de las leyes.

En la trama judicial

El pasado lunes 1 de julio por resolución unánime de seis de sus integrantes, con la ausencia del juez Carlos Fayt, la Corte Suprema giró el expediente caratulado "Grupo Clarín SA y otros, contra Poder Ejecutivo Nacional, sobre acción meramente declarativa", a la titular de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Luego de su dictamen, los ministros de la CSJ estarán en condiciones de dictar una resolución definitiva sobre la cuestión que desde hace cuatro años ha enfrentado al gobierno nacional con el mayor grupo propietario de medios de comunicación de nuestro país.

Muchas veces se dice que la realidad supera a la ficción, y así tanto películas como novelas que parecían fantasiosas resultan ser pálidos reflejos de situaciones reales. En el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, Ley 26522, conocida como la nueva Ley de Medios, la causa que se ventila desde octubre de 2009 en diferentes tribunales de todo el territorio argentino, ha empequeñecido el laberinto de procedimientos judiciales que relata el escritor Franz Kafka en su célebre obra "El Proceso". Esta novela, que fue publicada luego de la muerte de su autor, constituye un alegato sobre la indefensión del ciudadano común frente a los poderes judiciales, a los que se muestra como intrincados, inaccesibles y misteriosos, pero siempre perjudicando a las personas que no pueden comprender la mayoría de las resoluciones que los afectan. Cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia, ¿o no?

En vigencia

Ya antes de la aprobación de la ley, el monopolio Clarín interpuso una acción de amparo para impedir la continuación de su tratamiento legislativo alegando "irregularidades". Esta petición fue rechazada por el juez nacional en lo Civil y Comercial Federal Número 1, porque su aceptación implicaba una flagrante intromisión en las facultades de otro poder. Sin embargo, luego de su sanción, sí se aceptó el recurso de amparo contra la vigencia de los artículos 45 y 161 de la citada ley 26522, y se hizo lugar a la medida cautelar que suspendió su aplicación en contra del grupo accionante. Ese amparo, a punto de cumplir cuatro años, sigue vigente, incluso por resolución de la propia Corte Suprema de Justicia.

A un lado y al otro

La causa en la que fallarán próximamente los ministros de la Corte Suprema los tuvo como opinantes en otras oportunidades. Por ejemplo, cuando el entonces diputado nacional Enrique Thomas, del peronismo disidente, interpuso una acción de amparo y una Cámara Federal de la provincia de Mendoza hizo lugar a su petición y por una medida cautelar suspendió la vigencia de la nueva Ley de Medios. En esa oportunidad, los ministros del máximo tribunal, por fallo unánime de sus miembros, revocó esa cautelar dictada por la justicia mendocina, aduciendo que cuando un individuo se siente afectado por una ley, no se puede privar de su vigencia a toda la sociedad y que en una decisión judicial "no debe prescindirse de las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo", como es impedir que la comunidad goce de los beneficios de una norma aprobada por el Poder Legislativo. En ese fallo, los jueces cortesanos dijeron que una medida cautelar que suspende la vigencia de toda la 26522, "tiene una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes". Incluso opinaron que "la dispersión de una potestad contralegislativa de semejante magnitud es inimaginable, dado que abriría el camino hacia la anarquía poniendo en peligro la vigencia de todas las leyes".Sin embargo, dos años después, seis de esos ministros "borraban con el codo" lo escrito en aquella oportunidad, y declaraban la inconstitucionalidad de una ley sancionada por el Congreso Nacional, en la causa presentada en contra de la reforma al Consejo de la Magistratura y la elección popular de sus integrantes.

El enigma

Siguiendo con la nueva Ley de Medios, es de esperar que la procuradora general Gils Carbó, quien es además miembro del colectivo Justicia Legítima, que impulsa reformas al Poder Judicial y que se expresó a favor de la elección popular de los consejeros, dictamine por la plena vigencia de esta norma, que en agosto va a cumplir cuatro años de su sanción legislativa. El enigma es la decisión de la Corte Suprema, porque, luego de resolver el rechazo de la cautelar dictada por la Cámara Federal de Mendoza, en otro fallo de mayo del año pasado, también se había referido a esta Ley de Medios, y en particular a la medida cautelar del grupo Clarín y que impedía -e impide- que sus efectos se cumplan en relación a este multimedios. En esa oportunidad en que la Cámara Civil y Comercial Federal, con el fallo de los jueces Francisco De las Carreras y María Susana Najurieta, había fijado la vigencia de la medida cautelar en 36 meses, contando a partir de la notificación de la demanda, lo cual llevaba la vigencia de la ley h
asta octubre de 2013, fue la Corte Suprema la que si bien aceptó la medida cautelar, dijo que ésta era una "medida excepcional" y por ello debía tener un plazo de un año, que finalizaba el 7 de diciembre de 2012.Para no abundar sobre un tema que tuvo mucha cobertura mediática, cuando llegó el momento de finalización del amparo que favorecía a Clarín, la Corte Suprema volvió a intervenir, por el recurso de "per saltum" que presentó el gobierno en contra de otro fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal, y esta vez dijo que la medida cautelar debía continuar su vigencia "hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo" y que ese fallo debía dictarse lo más rápido posible.

Intereses que presionan

Estamos en julio de 2013, a tres meses de aquel plazo dispuesto por la Cámara Civil y que la Corte Suprema había considerado excesivo, con la causa todavía sin resolver, con la medida cautelar vigente, y esperando que se resuelva la vigencia plena de una norma sancionada por el Congreso de la Nación.

De esta forma, la realidad supera a la ficción y se demuestra que algunos intereses tienen más poder que el propio Poder Judicial, a quien la Constitución Nacional le otorgó la facultad de controlar a los otros dos poderes del Estado. El grupo Clarín que posee muchas más licencias de televisión por aire, por cable y de radio de las que permite la ley, ha logrado que durante cuatro años no se le apliquen las normas que en virtud de aquella ley ha dictado la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Mientras el resto de los grupos o empresas o cooperativas que tienen licencias de medios audiovisuales han previsto adecuarse a las normas legales, por el otro lado, un solo propietario, muy poderoso, se resiste a su aplicación. Y lo peor es que quienes lo sostienen en esa pelea, son los mismos poderes instituidos por la Constitución Nacional, que se jactan de ser el "contrapoder", pero de los otros poderes del Estado, los que eligen los ciudadanos. No parecen ser ningún contrapoder de los poderes económicos, que tienen una posición monopólica, justamente lo que la nueva Ley de Medios ha buscado erradicar.

¿Solo para algunos?

La Corte Suprema debe confirmar o revocar, total o parcialmente, el fallo de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal, que declaró la constitucionalidad de los artículos 161 y 41 de la ley, referidos al plazo de adecuación, y las normas de transferencias de las licencias del espacio radioeléctrico (licencias de aire). A la vez, ese fallo de la Cámara también declaró la inconstitucionalidad de una parte del artículo 45, referido al tope de las licencias de cable y del artículo 48, estableciendo que la "concentración indebida" no debía ser aplicada contra el accionante. En definitiva, los jueces supremos deberán resolver si el grupo de Magnetto debe adecuarse al número de licencias que establece la ley, o si ese número es incorrecto, cuál debe ser entonces el límite para las licencias de radio y televisión, y en este caso, abierta o por cable. Y por último, deberá también decidir, si ese límite que pongan es sólo para Clarín o para todas las empresas o cooperativas o propietarios de medios de comunicación audiovisual.

Ahora se verá si la ley es "erga omnes", o sea para todos, o sólo para algunos.

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Un viaje hacia las utopías revolucionarias (LXXXIV): Esperando el 29…

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)

En las semanas previas a aquél 29 de mayo de 1969 que conmovió al país y, a partir del cuál entro en crisis terminal el proyecto de perpetuarse en el gobierno por parte de la Dictadura Militar, que contaba con el apoyo del sindicalismo colaboracionista liderado por Augusto Timoteo Vandor y de las clases dominantes, se produjeron diferentes movimientos, a lo largo y a lo ancho del país.

Los mismos fueron acompañados por el Secretariado de la CGT de los Argentinos encabezado por Raymundo Ongaro.

En diferentes ciudades se movilizaban los trabajadores y los estudiantes, como hemos relatado en nuestras notas anteriores. Un escenario de estos levantamientos, fue la localidad de Villa Ocampo, al norte de la provincia de Santa Fe.

Hacia allí viajamos para acompañar a la delegación de la central encabezada por su Secretario General. En el lugar había comenzado una huelga de los trabajadores azucareros que se oponían al cierre del Ingenio; a los mismos los acompañaban los aceiteros, los estudiantes y el conjunto del pueblo.

Llegamos a la ciudad de Reconquista, en donde residía un joven abogado de Paraná, amigo y compañero, Omar Moreno que con su compañera Susana, asistían y asesoraban a los obreros en conflicto.

Con ellos teníamos fuertes coincidencias ya que entendían, como nosotros, que había que desarrollar una corriente revolucionaria en el interior del peronismo y que el camino para lograr, efectivamente, un poder popular era el de la lucha armada.

De formación cristiana, lectores de Teilhar de Chardin, distribuían, en la zona, la revista “Cristianismo y Revolución” que dirigía Juan Carlos García Elorrio.

Participaban, además, en los campamentos de trabajo que organizaba el sacerdote “Macuca” Llorens a los que concurrían jóvenes -en su mayoría estudiantes - de todo el país, que colaboraban en el mejoramiento de las viviendas de los pobladores, en la ayuda escolar a los hijos de estos y en la entrega de medicamentos. .

“Macuca” -oriundo de la ciudad de Mendoza- formaba parte del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo y retomando lo planteado en la Conferencia de Medellín de 1968 entendía que esta era la forma de recuperar el mensaje de Cristo, que, sin duda y a su juicio, había sido retomado por el Che; más allá de la formación marxista de este.

Como luego lo señalara Raymundo en el periódico de la CGTA, a su regreso… “Fuimos a acompañar a los trabajadores y sectores populares en lucha, a los dirigentes sindicales, estudiantiles y de la iglesia de los pobres. Fuimos a pedir un lugar en la lucha. No era fácil, sin embargo, llegar a Villa Ocampo. Sin la ayuda del pueblo hubiera sido imposible…”

Nosotros teníamos la misma impresión. La ciudad estaba rodeada de un poderoso cerco policial con órdenes precisas de no dejar pasar a nadie.

Ese viaje lo había hecho con Alba, que estaba en un avanzado estado de embarazo, pero que tenía muchos conocidos y familiares en la zona -incluidos sus padres-. Para preservarla decidimos que nos esperara en la casa de Omar.

Este, exhibiendo su credencial de abogado, pidió hablar con el responsable del operativo, que era el Jefe de la Policía de la Provincia Coronel Druetta, quién le ratificó que tenía instrucciones precisas de no dejar pasar a nadie y de reprimir a los trabajadores en conflicto, que ocupaban el Ingenio.

Pese a ello, acompañando a nuestro Secretario General, logramos atravesar el cerco, ya que muchos efectivos policiales no estaban de acuerdo con la represión y decían “péchennos y pasen”.

Al detener el vehículo en el que viajaba Raymundo, los efectivos policiales le preguntaron el nombre y este contesto Ongaro, el policía anotó Raymundo Arnes, y lo dejó pasar.

Grande fue el estupor del militar a cargo de la Jefatura de Policía cuando se enteró que Ongaro no sólo estaba en el pueblo, sino que había hablado ante una impresionante multitud, en el sindicato azucarero.

Este era el contexto en los días previos al 29.

Al regresar a Paraná comenzamos a organizar una exhibición clandestina de la película “La Hora de los Hornos”; una copia de la misma nos había entregado, al despedirnos, Raymundo.

En la misma se muestra la miseria en la Argentina y en América Latina, se destaca la lucha de los trabajadores argentinos desde 1955, y la relación de esta con los Movimientos de Liberación del Continente. Su protagonista es el pueblo y su mensaje la rebelión.

La exhibimos en el Colegio “La Salle”, ya que varios de los docentes de este -sacerdotes salesianos- simpatizaban con el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo.

La sala estaba llena y al final, en el que aparece el cadáver del Che asesinado por la CIA en Bolivia, los concurrentes estallaron en un aplauso cerrado.

Los realizadores de esta, Fernando Solanas y Octavio Getino, en un artículo publicado en el periódico de la CGTA, manifiestan “que este film es una expresión del arte militante que coincide expresamente con el Programa del 1º de Mayo de la CGTA, que es compartido por un número creciente de trabajadores de la cultura”.

En esos días y, como parte de este escenario de luchas, llegó a nuestra ciudad Roberto Sinisgaglia, un gran amigo y compañero al que conocía desde la época universitaria y que formaba parte de la organización que habían conformado Alicia Eguren y John William Cooke, para plantearnos la necesidad de desarrollar una campaña de solidaridad con los compañeros de la Fuerzas Armadas Peronistas que habían sido encarcelados y sometidos a brutales torturas en Taco Ralo; localidad cercana a la capital tucumana.

Aprovechando su presencia y, como era un especialista en política internacional, organizamos una charla en el Club Sirio Libanés para rescatar la lucha del pueblo `palestino y analizar la situación del Medio Oriente.

Pero, y sin perder de vista nuestras tareas políticas, logramos con Mario Arnau, un importante avance en la causa “Trevisán”.

En nuestro recorrido en la zona donde se había encontrado el cadáver del niño brutalmente asesinado, y al entrevistar a los habitantes del lugar -todas quintas- ratificamos, lo que sospechábamos, que ninguno de ellos había sido interrogado por los investigadores de la policía.

Los mismos nos contaron que días antes del hecho observaron la presencia de un individuo de mas de treinta años, que tenía un comportamiento sospechoso que, desapareció, luego de la noche del crimen.

Al comentarle, estos testimonios al Juez, este dispuso citar inmediatamente a los habitantes del lugar, relevó a la Seccional de la Policía de la investigación y decidió que los empleados del Juzgado realizaran las notificaciones correspondientes.

No cabía duda que su primera impresión se había modificado totalmente y empezaba a aceptar nuestro punto de vista sobre la inocencia de nuestro defendido.

En este marco esperábamos el 29.

¿Cómo se desarrollaron el “cordobazo” y las movilizaciones posteriores? ¿Cual fue el impacto del Paro del 1º de Julio decretado por la CGT de los Argentinos? De que forma comenzaron las actividades de las organizaciones revolucionarias y cuál fue el impacto de la ejecución de Vandor?, serán algunos de los temas que abordaremos en nuestra próxima nota.

Manuel Justo Gaggero es abogado. Ex Director del diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre”“ y “Diciembre 20”.

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Cultura, arte, subsidios, Estado y gobierno

Julio Macera (ACTA)

La reciente revelación en el programa de Lanata sobre los pagos del gobierno a los artistas por su participación en eventos oficialistas, así como los distintos subsidios a productos televisivos y/o cinematográficos produjo un revuelo que aun dura, entre los distintos sectores involucrados.

Indignados exigiendo que el Estado deje de subsidiar a la cultura y se ocupe de temas a los que ellos, de ser gobierno, no tomarían en cuenta por un lado y por el otro, tipos que defienden políticas que no mejoran la situación de los trabajadores, levantando la bandera del derecho al trabajo bien remunerado. Ni tanto ni tan poco.

Digámoslo claramente: un Estado al servicio del buen vivir debe garantizar la educación, la salud y el trabajo digno pero, además, tiene un rol indelegable en la promoción de la cultura y el arte. Eso no debería ser discutido, si el Estado no subsidia la cultura esta queda, como en otros temas, en manos del mercado y el negocio privado.

Es falaz la disyuntiva hambre o cultura o vivienda versus arte. La cuestión a discutir es otra y surge de la confusión estado y gobierno.

Lo que el gobierno hace es subsidiar amigos y/o aplaudidores, algo muy distinto a sostener la cultura y ese debería ser el centro del debate y no cuanto se “gasta” en el arte o cuánto cobra un artista.

¿Es posible garantizar esto? Claro que sí y la forma mejor es justamente hacer lo contrario a lo que hace el gobierno hoy.

Lo primero es abrir el debate sobre el modelo cultural que pretendemos, definición que no debería quedar en mano de los funcionarios de turno (Cosia, Abal Medina y hasta De Vido) y ni siquiera de artistas y/o gente de la cultura solamente.

El modelo cultural debe ser debatido por el conjunto de la sociedad y plasmado en una legislación que garantice su cumplimiento efectivo.

Los números de la política de subsidios, por su parte, deben ser públicos para poder ser controlados y auditados por sus beneficiarios, es decir, nosotros.

La cultura es siempre una construcción colectiva y por su carácter está alejada de burócratas y oficialistas. El arte, por su lado, tiene el rol de poner en discusión lo establecido y es por eso que poco tiene que ver con los gobiernos de turno.

Estas definiciones no son utópicas y hay ejemplos concretos en el mundo de que es posible llevarlas adelante. Claro que, como tantas otras cosas, depende de la voluntad política de hacerlo y eso es lo que parece faltarle al gobierno.

Julio Macera es Secretario Adjunto de la CTA Capital.

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Argentina, Jujuy: Un Parque Nacional en problemas

APN - ACTA

El Parque Nacional Calilegua (PNC), ubicado en la provincia de Jujuy, sufre una explotación petrolera que se desarrolla dentro de su área protegida. Los trabajadores denuncian contaminación y pasivos ambientales. Los funcionarios siguen dilatando una respuesta.

Los trabajadores del Parque Nacional Calilegua (PNC), ubicado en la provincia de Jujuy, afirmaron que la explotación petrolera que se desarrolla en el Yacimiento Caimancito en jurisdicción y dominio del área protegida, es una actividad ilegal; que genera grave contaminación y pasivos ambientales. Que esta situación inaceptable pone en peligro no sólo la integridad y conservación del Área Protegida, sino también la salud de las poblaciones vecinas y el agua potable que consumen. Que por ello debe cesar definitivamente la actividad petrolera en el Parque Nacional Calilegua. Que este cierre debe realizarse aplicando un plan progresivo y ordenado que minimice el impacto social y ambiental.

Según los trabajadores, el manejo de los recursos naturales y de los hidrocarburos, basado en la lógica del capital que sólo busca la maximización de los beneficios, "es ajeno a todo compromiso social y genera un permanente avasallamiento sobre el derecho ambiental; el caso de la explotación ilegal de petróleo en el Parque Nacional Calilegua es un nefasto antecedente, emblema del avance de los intereses extractivistas sobre las Áreas Protegidas".

Dejaron en claro, además, que la actual política hidrocarburífera se inscribe en los programas Iniciativa para las Américas y Proyecto de Integración Energética Hemisférica impulsados por EEUU en los ’90, que promovieron la privatización del petróleo y el gas, y la desregulación de los mercados energéticos, facilitando el ingreso de las petroleras a los mercados de América Latina. Argentina adhirió fervientemente a estos lineamientos durante el gobierno de Menem, iniciando el actual modelo extractivista que está en la base de la crisis energética. "El modelo actual consiste en exportar las reservas sin que se amplíen las comprobadas, es decir, no hay inversión en exploración. Son escasísimas las nuevas perforaciones y se superexplotan hasta el agotamiento, los pozos que fueran perforados por la YPF nacional. En los últimos años los hidrocarburos son el segundo rubro de exportación del país, representando alrededor del 20% de las exportaciones totales", expresaron.

En la provincia de Jujuy, el yacimiento Caimancito, venía siendo explotado desde el 2008 por la empresa de capitales argentinos PLUSPETROL, del grupo Bridas, pasó en 2011 a manos de la empresa de capitales chinos, JHP, con la cual la Pluspetrol es socia en emprendimientos en Perú y Ecuador. "Este verdadero “cuento chino” del traspaso les permite a las empresas diluir las responsabilidades que les caben sobre los pasivos ambientales; también lograr la extensión de la concesión argumentando el corto período de tiempo para realizar inversiones", dijeron los trabajadores.

Luego de 40 años de explotación del yacimiento Caimancito, los pueblos vecinos de El Bananal, Yuto, Caimancito, Calilegua, comprobaron que esa actividad extractiva, sin ningún procesamiento en el lugar, no genera empleo en forma significativa, la mano de obra calificada proviene de otros lugares y localmente sólo se obtienen trabajos temporarios y precarios, tercerizados a través de empresas de servicios. Tampoco genera un crecimiento de la infraestructura y de los servicios de sus localidades. Ninguna de ellas posee red de gas natural, siendo que son atravesados por numerosos gasoductos. No cuentan siquiera con servicios elementales como cloacas, servicios hospitalarios dignos, viviendas.

Estas localidades reciben del yacimiento Caimancito solo ríos contaminados y la casi certeza de estar contaminada el agua que consumen; quedando expuestos a los daños a la salud que generan los hidrocarburos y las aguas residuales con productos químicos usados en la actividad, que en ciertos casos tienen efectos cancerígenos o comprometen el sistema nervioso central, la sangre, el sistema inmunitario, el hígado, el bazo, los riñones, los pulmones, el sistema reproductivo, el feto.

Por otra parte, Néstor Sucunza se hizo cargo de la gestión del Parque Nacional Calilegua a principios de año y, si bien aún no resolvió la posición institucional sobre el Yacimiento Caimancito, entiende que hay dos posibilidades para gestionar este contradictorio caso. Por un lado, plantea que se podría obtener un “área de compensación”, la otra alternativa es que, a diferencia de lo acontecido hasta ahora, se maneje el bloque de la mejor manera posible, que sea un “yacimiento modelo” hasta su cierre definitivo.

“Tiene que haber una política institucional para que cuando este yacimiento se extinga, irremediablemente no quede como un pasivo ambiental residual del que nos tengamos que hacer cargo”, advierte. “El yacimiento tiene que terminar como un Parque Nacional, lo que no tengo en claro es quién paga la fiesta”, subraya.

Un manto de incertidumbre acecha el Parque Nacional. Mientras, sus pobladores reciben la contaminación del yacimiento.

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Argentina, La Rioja. Bordagaray, tras el triunfo de Famatina: "las mineras sostienen y apoyan aparatos políticos"

LA RETAGUARDIA

La Rioja rescindió el contrato con la minera Osisko Mining Corporation. A partir del decreto firmado por el gobernador Luis Beder Herrera, la empresa con sede central en Qebec, Canadá, no podrá instalarse en Famatina. El pueblo sabe que se ha ganado una batalla, pero lejos aún está el fin de la pelea, ya que considera que detrás de esta decisión del mandatario provincial existe un interés electoral de cara a los comicios legislativos de octubre de este año y que luego continuará con su explícita política megaminera. Dialogamos con Ismael Bordagaray, intendente de Famatina, sobre el alcance de este logro y la lucha que queda aún por delante; también sobre su alejamiento de la estructura tradicional del PJ, la relación entre estas empresas y la política, y la verdadera injerencia de la minería en los pueblos.

El pueblo de Famatina impidió primero la instalación de la Barrick Gold, y desde hace un año y medio, realiza un acampe en Alto Carrizal un pequeño poblado con una decena de casas al pie del imponente Cerro Famatina. Desde allí, bloquean el acceso de las empresas mineras. Esta semana, la lucha sumó un nuevo triunfo: el gobierno de Beder Herrera rescindió el contrato con Osisko Mining Corporation por lo que esa empresa no podrá explorar la zona. “Nos dimos la licencia de juntarnos y brindar con la familia y decirnos que vale la pena todo lo que estamos haciendo y que hay que seguir adelante pero con mucha precaución; con alegría, pero con los ojos bien abiertos para no bajar la guardia y permitir que ingrese alguna otra empresa”, expresó cauto el intendente de Famatina, Ismael Bordagaray, en diálogo con La Retaguaria,

“Si bien este decreto rescinde el convenio entre el gobierno provincial y la minera, hay una voluntad clara, explícita y manifiesta por parte del mandatario (por Beder Herrera) de continuar con su política megaminera en la provincia y creemos que un poquito más adelante, después de las elecciones, va a volver a cargar contra el pueblo intentando instalar, si no es la Osisko, a algún otro de estos grandes capitales trasnacionales”, agregó el jefe municipal.

Uno de los argumentos más difundidos en defensa de la minería refiere a que genera fuentes de trabajo en las zonas donde se instala. Una afirmación fuertemente desmentida por Bordagaray en relación, por ejemplo, a lo que sucede en las localidades catamarqueñas de Andalgalá y Santa María donde funciona La Alumbrera hace quince años: “los pueblos donde hay megaminería no dejan de ser pobres como somos nosotros, tienen la misma sencillez y pobreza que nosotros. Catamarca no tiene los mismos indicadores que Noruega o Suecia, siguen siendo los indicadores de una provincia pobre del NOA. Por otro lado, se hizo ver que la minería iba a desarrollar los comercios, los proveedores, la mano de obra indirecta, pero tampoco es así porque las grandes mineras traen todos los insumos de afuera y de los grandes centros urbanos porque tienen convenios de compra que los favorecen impositivamente. Ni los combustibles compran en la zona”.

Además, el intendente de Famatina diferenció el desarrollo que puede generar la minería de un elemento que consideró clave: la defensa de la vida y del agua. “Nuestro cerro es el que nos provee del agua y creo que lo que hizo la gente nuestra fue defender el agua como fuente de vida, como recurso muy escaso en la zona; creo que eso nos jugó a favor, la concientización que tenemos todos de la importancia que tiene el agua y el cerro como espacio que nos da el agua, la vida en definitiva”, aseveró.

Respecto a cómo contrarrestar desde el municipio las expectativas que suelen vincularse con la minería, Bordagaray señaló que realizan un fuerte trabajo con la ciudadanía y destacó que a partir de estos conflictos y luchas antiminera, Famatina se ha posicionado como una marca registrada en todo el país: “se nos triplicaron o cuadruplicaron las visitas por turismo, la gente compra nuestros productos como un trabajo que tiene algo artesanal orgánico. Esto nos dio mucha presencia en el país y está beneficiando mucho la economía regional, la gente ve una salida, está entendiendo que tenemos que mantener lo que tenemos y por eso también se defiende esta lucha con uñas y dientes. Quizás nuestro modo de vida para algunos pueda resultar muy humilde, muy sencillo, pero puedo asegurar que tenemos una calidad de vida que sería de envidiar para muchos de los que viven en la capital respecto a lo que es seguridad, salud, tranquilidad. Hay cosas que no tienen precio para nosotros y por ahí lo humilde de nuestras casas se compensa con nuestra huerta, nuestros animales de caza para el consumo, vivimos mucho mejor de lo que piensa la gente. Nosotros privilegiamos un estilo de vida, si bien sabemos que necesitamos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, no hay dudas de que tenemos muchas falencias, pero también valoramos las virtudes. Cuando los ciudadanos pusimos en la balanza lo que supuestamente la minería nos iba a dejar a la población, toda la contaminación y el riesgo certero de que no íbamos a contar con el agua suficiente para sostener la actividad agrícola... ahí es donde nos plantamos y preferimos ser humildes que estar contaminados”.

Bordagaray llegó a la intendencia a través de un frente departamental que llevaba en la misma boleta al actual gobernador: "dos veces fui en la lista con Beder Herrera", asume el intendente, pero hace pocos meses resolvió romper la alianza y rever su pertenencia a ese espacio político: “yo los he defendido, pero nosotros tuvimos serias diferencias con el proyecto nacional desde el momento en que me di cuenta en los ocho viajes que hice a la capital a tratar de que nos den una mano para subsistir, ni siquiera para hacer nada raro, sino tratar de tener los gastos de funcionamiento cubiertos, que no se pare la obra pública, mejorarle algunas cosas a la gente, y ni hubo solución. Todo se canaliza jerárquicamente y el proyecto nacional tiene como referente o aliado estratégico en la provincia a Beder, por lo que nosotros elegimos manejarnos con total independencia de todo el poder político nacional y provincial, y responder en definitiva a quienes nos han puesto donde estamos que son los ciudadanos de Famatina ¿Cómo íbamos a estar nosotros junto con Beder Herrera?, un tipo que en realidad lo que había intentado hacer permanentemente era voltearnos como gobierno, traicionar el pueblo de Famatina. Llegamos con un mensaje y a los meses el tipo nos traicionó, comenzó con estos convenios, entonces decidimos una apertura como espacio político, separarnos de lo que es el bederismo, tal como se lo llama acá, y seguir trabajando nosotros tranquilos, y si Dios quiere más adelante construir algo”.

Antes de ser intendente de Famatina, Bordagaray era asambleísta; de hecho continúa participando de algunos encuentros. Generalmente coordina en cuáles necesitan su presencia para elaborar y profundizar estrategias globales: “siempre digo que fui asambleísta, pero que ahora soy intendente entonces me manejo con cierta autonomía y sé que ellos también quieren manejarse con autonomía respecto a mí lo cual me parece buenísimo, pero cuando hay que definir cosas de fondo nos juntamos todos y cada uno hace escuchar su voz y tratamos de acordar”. Lo cierto es que lo que sucede en Famatina es excepcional, lo “normal” es que quienes se encuentran en cargos políticos tengan otra actitud respecto a las empresas mineras: “creo que las grandes corporaciones tienen mucha capacidad de lobby y sostienen aparatos políticos, tienen aliados estratégicos en todo el mundo, no es solo Argentina”, definió el propio Bordagaray y puso como ejemplo a Peter Munk, el empresario minero más grande del mundo, que tiene no solamente Barrick en Argentina sino también mineras situadas estratégicamente en otros países de Latinoamérica, parte de África y Oriente. “Son estructuras enormes que sostienen y apoyan aparatos políticos, financian campañas; hay muchos políticos que prefieren no tocar a estos intocables monstruos de la economía mundial y sacrificar pequeños poblados como Famatina. El sistema de coimas no solo en minería sino en lo que es la corrupción política obviamente favorece a un grupo selecto, eso lo sabemos todos, y en las provincias los caciques son los gobernadores y hay distritos en los que los mismos gobernadores son propietarios de empresas mineras o socios de subsidiarios de estas grandes empresas, que son los principales proveedores de la logística minera y alquilan cientos de camionetas, brindan equipos viales, hay todo un negociado. La minería beneficia a muy poca gente pero es a un sector de la clase política que hacen grandes negociados de esto, los pequeños pueblos como el nuestro no se ven beneficiados con la megaminería”, explicó Bordagaray.

Mientras las empresas mineras y los gobernantes se asocian solo en su propio beneficio, Famatina mantiene su lucha en defensa del agua y la vida, una pelea que sumó esta semana un round a favor con la rescisión del contrato de la Osisko Mining Corporation.

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Argentina, Tucumán: Agredieron a Alberto Lebbos e impidieron su ingreso a la Plaza Independencia

TUCUMAN NOTICIAS

El padre de la joven asesinada en 2006 quiso llegar hasta el lugar donde estaba la Presidente por el festejo patrio y hacerle llegar su reclamo. Enfrentó a la policía y hubo disturbios. Acusa al hijo de Alperovich por el crimen.

El padre de Paulina Lebbos junto a integrantes de la comisión de "Víctimas de Impunidad" y del Partido Obrero fueron agredidos por la policía al intentar ingresar en la Plaza Independencia, lugar donde Cristina Kirchner encabezó el acto por el 9 de Julio, en compañía del gobernador, José Alperovich.

La idea inicial de Lebbos era encabezar una marcha "pacífica y respetuosa” pidiendo justicia por el crimen de su hija –ocurrido en 2006–, tal como suele ocurrir todos los martes, y de paso aprovechar la visita de la primera mandataria. Su intento de ingresar se vio obstaculizado ante el cerco policial ubicado en 9 de Julio y San Lorenzo. En ese lugar se produjo el enfrentamiento entre los efectivos y los manifestantes que luchaban entrar.

De acuerdo con la información publicada por los medios locales, los testigos del hecho afirmaron que Lebbos quería pasar a toda costa para acercarse hasta la Casa Histórica, donde estaría la Presidente. Pero por el momento no pudo lograr su cometido. Al padre de Paulina, incluso, le tiraron gas pimienta en los ojos.

Tras luchar, los manifestantes, junto a un grupo de periodistas que cubrían la marcha, lograron romper el primer cordón policial. Luego de pasar una de las vallas dispuestas en toda la ciudad, intentaron salvar otro de los cortes cuando fueron detenidos.

"Es muy triste, hemos encontrado un despliegue brutal, un atropello, me han pegado, venimos a manifestarnos en paz y nos encontramos con patoteros y policías, es muy triste lo que está pasando", dijo Lebbos a TN.

"Nos violentaron con una fuerza brutal. Estamos esperando que la Presidenta nos reciba, no solo por el caso de Paulina sino por cientos de casos. Máximo (Kirchner) ha dicho que su papá murió por la política; Paulina también murió por la política", dijo.

El caso

Paulina Lebbos fue vista por última vez el 26 de febrero de 2006 en una zona de bares y boliches de la capital tucumana llamada El Abasto, donde había festejado con amigas la aprobación de un examen, tras lo cual se fue en un taxi no identificado.

Su cuerpo fue hallado mutilado y con signos de haber sufrido golpes a la vera de la Ruta 341, a la altura de la localidad de Tapia, y desde entonces la causa del crimen pasó por tres fiscales, sin que registrara avance alguno.

Su padre acusó a los hijos de Alperovich por el crimen y a su secretario privado, Juan Alberto Kaleñuk. “Alperovich dijo públicamente por todos los medios a fines de abril de 2006 que sabía el nombre del asesino de Paulina y que faltaban horas para atraparlo. Hasta el día de hoy le seguimos reclamando que lo diga, pero lo está encubriendo", denunció.

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Argentina. Se acerca otra Marcha por el Apagón de Ledesma y se calienta el clima

LA RETAGUARDIA

Desde hace treinta años, todos los 20 de julio se recuerda en la localidad jujeña de Libertador General San Martín la Noche del Apagón, en repudio a la sucesión de apagones del suministro eléctrico ocurridos en la zona, y a partir de los que se secuestraron a vecinos y trabajadores del lugar, muchos de ellos aún desaparecidos.

Este año, la movilización, que se realizará el 25 de julio, suma otros condimentos, ya que se lleva adelante pocos meses después de la finalización del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia, en el que se condenó a tres represores, y en el marco de nuevas causas que tienen entre sus imputados al dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y su administrador, Alberto Lemos. Además, la próxima semana los trabajadores del Ingenio llevarán adelante un paro de 48 horas en reclamo de mejoras salariales. En este contexto se ha dado una campaña por parte de los medios tradicionales locales acusando principalmente a Capoma (Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez) de actuar en contra de las fuentes laborales que genera Ledesma.

“¿Por qué no levantar la bandera y defender a nuestra empresa? Si Ledesma desapareciera, Libertador sería una ciudad fantasma. Más del 80 por ciento de la gente que hoy vive de Ledesma, del Estado provincial, de los comercios, desaparecerían, porque no habría movimiento económico. Creemos que hay que separar el tema de los derechos humanos, de los que están juzgando a Blaquier, eso ya está en manos de la justicia y hay que dejarla que actúe, pero no podemos permitir que siempre que se hable de Ledesma se humille, se ofenda, porque no está solamente ofendiendo a la empresa sino al pueblo….

… yo tengo un hermano mellizo que trabajaba como seguridad en el Ingenio San Martín de Tabacal, y en aquel tiempo había un grupo de jóvenes que robaba las naranjas. Eran ladrones porque entraban a una empresa privada, aún así roben una naranja. La conclusión es que uno de los jóvenes que agarraron murió, todos los empleados de esa empresa privada fueron presos. Dijeron que mi hermano era asesino, estuvo privado de su libertad como muchos empleados de esa empresa y cuando se llegó a juicio final quedó absuelto, pero nadie reconoció los tres años que estuvo preso mi hermano. A lo que quiero llegar es que lo que defendieron los derechos humanos fue a un indígena, porque ahora es hermoso slogan decir ‘hay que defender al nativo, al americano, al pobre, a aquel sucito’. Yo creo que los derechos humanos tienen que defender a la sociedad que vive, trabaja y está dentro de los marcos de la ley, no a aquellos que corrompen. Para mí un delincuente que cae preso no tiene derecho, ¿derecho de qué, de matar a alguien, de robar, de eso tiene derecho, y todavía tenemos que darle privilegio? Los derechos humanos tienen que estar para defender a la gente que lo necesita, al pueblo en su conjunto y no a los sinvergüenzas”.

Estas son algunas de las declaraciones de José Mainard, presidente de la Unión de Centros Vecinales, que pudieron escucharse en los últimos días en medios tradicionales de Jujuy. Sirven para entender cómo viene el clima en la previa de la tradicional marcha de repudio al Apagón de Ledesma.

Al respecto, Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, señaló que estos discursos son los mismos que alientan buena parte de la sociedad: “seamos realistas, cuando se habla de inseguridad en general se mira sin hacerse cargo de que la inseguridad es producto de todo un proceso histórico que se ha dado en el conjunto de la sociedad justamente para despersonalizarlo y volverlo exclusivamente egoísta, insensible, falto de humanidad y mirar el ombligo permanentemente. Las expresiones de este sujeto son un triunfo de la dictadura cívico militar y de todo el proceso neoliberal que se desarrolló en Argentina. Ahora, esto no nos tiene que escandalizar, nosotros tenemos que pelear contra ese tipo de personas. Además este pobre infeliz habla y dice ‘hubo un muerto por comer naranja’, se ve que tuvo un problema digestivo, ese mensaje es tan retrogrado y lamentable”, comentó Basterra durante el programa radial Oral Y Público.

Quienes defienden a la empresa Ledesma atacan a Capoma (Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez) y otras organizaciones de derechos humanos acusándolos de boicotear al ingenio y las fuentes de trabajo que éste genera.

Julio Gutierrez uno de los referentes de Capoma, explicó que ellos no se manifiestan en contra de la empresa, sino que reclaman justicia hacia los responsables directos, en este caso Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, por lo sucedido en la noche del apagón: “son dos cosas distintas, no se está juzgando a la empresa Ledesma como institución, no tenemos por qué ir en su contra. Se usa el nombre de la empresa para que se mediatice y se llegue a hablar de Blaquier, porque si hablás de él por el nombre no lo conoce nadie”, aclaró. En este sentido hizo referencia a un comunicado que la organización emitió en respuesta a los agravios. Allí recuerdan el caso de empresas alemanas de la época del régimen nazi, que siguieron funcionando más allá de que sus directivos fueron procesados y condenados: “Existen casos comprobados de las cúpulas gerenciales de las empresas alemanas Aceros Krupp, IG Farben Volkswagen que colaboraron con el genocidio que hizo el nazismo durante la 2ª guerra mundial. Estas empresas tuvieron que enfrentar la realidad histórica, con juicios y condenas a varios de sus directivos, pero siguen existiendo y generando actividad productiva”, señalaron en el escrito enviado a la opinión pública y sobre lo que Gutiérrez agregó: “el objetivo es que la gente lo escuche y se entere. Fueron juzgados los responsables físicos en esa época, no fue juzgada la empresa, que por ende sigue trabajando y funcionando. No se va en contra de las fuentes de trabajo, ni tampoco se está pidiendo que cierre la empresa. Acá los responsables son los directivos, que son los que dieron las órdenes para que se presten las camionetas, para que se secuestre, son los que pasaron la lista para que los compañeros que están desaparecidos hoy en día y los que sobrevivieron sean secuestrados y llevados a los centros clandestinos de detención. Eso es lo que se pide que se juzgue”, aseveró Gutiérrez.

En el mismo sentido, Víctor Basterra recordó que en otras épocas, cuando estaban “en la plenitud de la lucha de aquellos tiempos”, tampoco atacaban a la empresa: “no rompíamos las máquinas, no destruíamos las instalaciones; al contrario, lo que hacíamos en todo caso si en algún momento se presentaba la situación era pegarle a la cuestión de la producción, al último elemento de la producción, a lo que ya iba a ser vendido, entonces podíamos llegar a crearle un perjuicio a la patronal. En realidad se está hablando de personas responsables que están perfectamente identificadas. Cuando nosotros hablamos de un cura que estuvo presente en las torturas no hablamos de toda la institución eclesiástica”, ejemplificó.

En medio de estas acusaciones de boicot contra Ledesma, los propios trabajadores nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma votaron en asamblea realizar el jueves 11 y el viernes 12 de julio un paro en reclamo de mejoras salariales. Quienes defienden a la empresa resolvieron movilizarse ese mismo jueves. “Estos mismos periodistas o pseudo periodistas se preguntaban si no era a propósito hacer el paro el 11 de julio como para contrarrestar la marcha de solidaridad con Ledesma –contó Gutiérrez a Oral y Público– y en una entrevista que me hicieron les dije que si iban a salir a defender el trabajo por qué no llamaban también a solidarizarse con el paro por un salario digno. Les preocupa la fuente de trabajo pero no que el salario de los trabajadores sea el mínimo, con el que no llegan a fin de mes, y que se les pague la peor miseria, siendo el ingenio más grande del mundo, ya que ellos se jactan de hacer el mejor papel del mundo”.

En este sentido, Gutiérrez afirmó que no es posible que el Ingenio La Esperanza, que es mucho más chico desde lo económico, haya cerrado un acuerdo salarial de 6.500 pesos de bolsillo para el trabajador y Ledesma esté ofreciendo 5.148 pesos: “me dijeron que yo estaba hablando porque siempre estoy en contra de Ledesma. Eso es lo que se dice. Pero por lo visto se va a hacer muy buena convocatoria para el paro. Van a ser cuarenta y ocho horas y se están programando muchas actividades, como asambleas fuera de la empresa. Estamos al tanto de lo que viene, porque la semana que viene se va a poner más picante. Acá hay algo serio que es que muchos periodistas están usando la teoría de los dos demonios, esto de que en la época de la dictadura hubo dos bandos, una guerra. Acá justifican el Operativo Independencia porque, dicen, se escondían como animales, como bestias dentro de los montes y cuando salían vos no sabías si salías vivo del monte”.

“Estamos al tanto de lo que viene”, dice Gutiérrez y se refiere, por un lado, al paro de 48 horas que los trabajadores del Ingenio realizarán el jueves 11 y el viernes 12 de julio, con la correspondiente contramarcha de quienes defienden a la empresa; y por el otro, a lo que sucederá el 25 de julio. Ese día se desarrollará la Marcha del Apagón número 30, en pedido de justicia, verdad y memoria, y bajo la consigna: “Sí al trabajo digno, No a la impunidad”.

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Evo Morales y el servilismo europeo a Estados Unidos

Héctor Miranda (PL)

La negación del permiso de vuelo y operaciones al avión presidencial de Bolivia por los gobiernos de varias naciones europeas volcó la atención mundial a las relaciones entre el país del altiplano y los implicados en el llamado bloqueo aéreo.

La aeronave, con Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, a bordo, había abandonado Rusia y regresaba a Suramérica, cuando los gobiernos de Italia, Portugal, España y Francia denegaron el permiso de sobrevuelo, otorgado con anterioridad, por lo cual el aparato tuvo que buscar un aeropuerto alternativo, ante presiones por falta de combustible.

El avión realizó entonces un aterrizaje de emergencia en Viena, Austria, donde permaneció el jefe de Estado por 14 horas, en espera de una nueva autorización para volver al país, un tiempo en el cual se produjeron hechos demasiado llamativos como para pasarlos por alto.

Según el propio presidente Evo Morales, durante su estancia en Viena se le acercó varias veces el embajador español en aquel país, Alberto Carnero, con el objetivo de que el mandatario accediera a una requisa de su avión como condición para el país ibérico expedir de nuevo el permiso de sobrevuelo.

Carnero necesitaba comprobar si el ex agente estadounidense Edward Snowden, buscado por Washington y quien se encontraba para entonces en Moscú, era uno de los pasajeros a bordo del aparato o no, aunque no lo dijo abiertamente.

La razón principal, según el canciller español

Desde que los referidos países negaron el paso del avión presidencial, autoridades bolivianas acusaron a Estados Unidos de estar detrás de las referidas acciones, incluso el vicepresidente, Alvaro García Linera, consideró a esas naciones como las nuevas colonias.

España, que llevó la voz cantante por su cercanía con la región, rechazó que Estados Unidos estuviera detrás de los hechos, incluso, en algún momento, negó que se hubiera retirado el permiso de vuelo, en una franca contradicción con lo expresado por el canciller Juan Manuel García-Margallo, quien, sin embargo, confesó que se buscaba a Snowden.

García-Margallo confesó que su gobierno recibió información confidencial de que Snowden iba a bordo de la aeronave, lo cual reafirma las sospechas de la persecución del ex agente como la causa por la que se le negó el permiso de vuelo a Morales, además de despejar dudas sobre la presencia detrás de todo de Washington.

Trabajamos con información que nos llega y una de esas notas de inteligencia decía que Snowden iba a bordo, confesó el canciller español, en unas declaraciones que borran cualquier atisbo de dudas sobre las verdaderas intenciones de la posición de los respectivos gobiernos.

Repudio en Bolivia, solidaridad en la región

La posición de los cuatro países encontró rápida respuesta en Bolivia y mientras el canciller, David Choquehuanca, y Alvaro García Linera condenaban las acciones y llamaban a la solidaridad de la comunidad internacional, organizaciones sociales se declararon en vigilia en respaldo al presidente.

La embajada de Francia fue sede de una vigilia que duró 24 horas, hasta que la aeronave tocó tierra en el aeropuerto de la ciudad de El Alto, mientras los campesinos y otras organizaciones manifestaban su respaldo incondicional al jefe de Estado.

Sobre los hechos, el senador René Martínez declaró en exclusiva a Prensa Latina que la posición de Europa constituye un hecho condenable y sienta un mal precedente, con trazas de criminalidad.

"Lo ocurrido es un hecho condenable, un mal precedente, que, además, tiene trazas evidentes de criminalidad. Si el avión presidencial hubiese estado con limitaciones de combustible, esto podía haber generado un riesgo de consecuencias funestas en la vida de nuestro presidente, Evo Morales", destacó.

Martínez insistió también que la prohibición al avión presidencial de sobrevolar el espacio aéreo de varios países europeos y realizar operaciones "constituye una violación flagrante a las normas de la diplomacia internacional, como son la Convención de Chicago y la Convención de Viena".

"Creo que no puede ponerse en riesgo la vida de un presidente solo por un comentario que a estas alturas resulta ser una mentira de justificación, que tiene nombre y apellido y es responsabilidad del gobierno estadounidense, lamentablemente con la complicidad de Portugal, España, Italia y Francia".

Martínez criticó la posición de los gobiernos de los referidos países y aseguró que "lamentablemente, los colonizadores de ayer son los colonizados hoy, obedeciendo y subordinados a los intereses norteamericanos, que ha permitido esta flagrante violación de normativas internacionales".

"Todo esto va a tener un alto costo político, porque a estas alturas es un hecho criminal el negar el uso del espacio aéreo a una misión oficial que, con absoluta normalidad y el derecho que nos asiste a todos los ciudadanos en el mundo, se trasladaba de un evento internacional hacia su propio país", resaltó el senador.

La Cumbre en apoyo a Evo

A la campaña internacional de respaldo a Evo Morales se sumó la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que realizó una cumbre en Cochabamba con la participación de cinco jefes de Estado del bloque, sin contar al boliviano.

Tres de los presidentes, el ecuatoriano Rafael Correa, el venezolano Nicolás Maduro y la argentina Cristina Fernández participaron antes en un acto de desagravio a Morales, celebrado en el coliseo de La Coronilla, en la referida ciudad.

La cumbre aprobó la llamada Declaración de Cochabamba, la cual denunció ante la comunidad internacional y los diferentes organismos internacionales y multilaterales "la flagrante violación de los Tratados Internacionales que rigen la convivencia pacífica, solidaridad y cooperación entre nuestros Estados".

Firmada por los presidentes de Bolivia, Evo Morales; Argentina, Cristina Fernández; Uruguay, José Mujica; Venezuela, Nicolás Maduro; Ecuador, Rafael Correa; y Suriname, Desiré Bouterse, la declaración condena "el atropello y las prácticas neocoloniales que aún subsisten en nuestro planeta en pleno siglo XXI".

También resaltó "la falta de transparencia sobre las motivaciones de las decisiones políticas que impidieron el tránsito aéreo de la nave presidencial boliviana y su presidente".

Al mismo tiempo, denunció "el agravio sufrido por el presidente Evo Morales, que ofende no solamente al pueblo boliviano, sino a todas nuestras naciones", y "las prácticas ilegales de espionaje que ponen en riesgo los derechos ciudadanos y la convivencia amistosa entre las naciones".

Por otra parte, el documento declara "que la inaceptable restricción a la libertad del presidente Evo Morales, convirtiéndolo virtualmente en un rehén, constituye una violación de derechos no solo al pueblo boliviano, sino a todos los países y pueblos de Latinoamérica y sienta un peligroso precedente...".

El texto rechaza las actuaciones claramente violatorias de normas y principios básicos del derecho internacional, como la inviolabilidad de los jefes de Estado, en tanto exige a los gobiernos de los países mencionados explicar las razones de su decisión.

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