lunes, 15 de julio de 2013

La otra cara de la globalización neoliberal: La globalización de la pobreza

Miguel Romero - Pedro Ramiro (VIENTO SUR)

"Somos la primera generación que puede erradicar la pobreza". En el año 2005, en las campañas de promoción de los Objetivos del Milenio, este eslogan expresaba, a costa de olvidar la historia real de las luchas de las generaciones anteriores y las razones por las que no consiguieron vencer, el optimismo autosatisfecho con que se afrontaba entonces en los países del Norte la erradicación de la pobreza del Sur. Porque era obvio que cuando se hablaba de “pobreza” se hacía referencia a otros países y pueblos, los del Sur global. Ocho años después, buena parte de esa “generación” está más preocupada por librarse de la pobreza cercana que por erradicar la lejana.

La crisis capitalista que estalló en el año 2008 está transformando el mundo con una radicalidad que sólo tiene parangón en los orígenes del capitalismo. Como diagnosticó Karl Polanyi en su imprescindible La gran transformación: "El mecanismo que el móvil de la ganancia puso en marcha únicamente puede ser comparado por sus efectos a la más violenta de las explosiones de fervor religioso que haya conocido la historia. En el espacio de una generación toda la tierra habitada se vio sometida a su corrosiva influencia"/1. El triunfo del neoliberalismo en los años ochenta del siglo pasado dio inicio a una “segunda corrosión”, que arrasó las economías de los países del Sur con los planes de ajuste estructural y comenzó una demolición sistemática tanto de los sistemas públicos en los que estaba basado el Estado del Bienestar como de los valores morales asociados a ellos.

Al comienzo de la crisis financiera que hoy sufrimos, se hizo célebre una frase del entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, llamando a "refundar sobre bases éticas el capitalismo". Expresaba así los temores de las élites hacia el rechazo social a un modelo económico desnudado por la caída de Lehman Brothers y las tramas ocultas de la financiarización que, en aquel momento, sólo empezaban a emerger. Lamentablemente, esa contestación no llegó a alcanzar ni la fortaleza necesaria ni una expresión política significativa en los países del Centro, con la excepción de la organización Syriza en Grecia.

Una vez comprobada la debilidad del adversario, cambió radicalmente el sentido de la “refundación”. "Claro que hay lucha de clases. Pero es mi clase, la de los ricos, la que ha empezado esta lucha. Y vamos ganando". El lema del multimillonario Warren Buffett, que como tantos otros -George Soros en primer lugar- ejerce de filántropo en los ratos libres con las migajas de sus actividades de especulación financiera, resume la dinámica fundamental de la situación internacional: ciertamente, asistimos a un intento de “refundación del capitalismo”, pero no sobre “bases éticas”, sino sobre las bases de la lucha de clases y por medio de la acumulación por desposesión -según la expresión de David Harvey- de los bienes comunes y públicos, y de los derechos sociales y las condiciones para una vida digna de la gran mayoría de la población mundial/2. Las políticas de ajuste estructural de los ochenta y noventa en el Sur imperan ahora en la Unión Europea con fundamentos similares y nombres diversos: austeridad, disciplina fiscal, reformas, externalizaciones.

Este es el marco general de la “globalización de la pobreza” que es el tema del presente artículo. Llamamos así a la lógica común que produce y reproduce el empobrecimiento de las personas en todo el mundo, tanto en el Norte como en el Sur. Pero es necesario analizar las diferencias en los procesos políticos y económicos creadores de pobreza, en sus consecuencias materiales en la vida de las clases trabajadoras y en las percepciones sociales que se tienen de estos procesos. Mostraremos también el rol que, desde los gobiernos de los países centrales y las instituciones multilaterales, quiere asignarse al mercado y a las grandes empresas en la erradicación de la pobreza, así como el papel residual que va a cumplir la cooperación internacional para el desarrollo tras el estallido del crash global.

Somos conscientes de que las categorías, que utilizaremos indistintamente, Norte/Sur o Centro/Periferia simplifican la realidad, en general, y especialmente en lo que se refiere a la pobreza. Sin duda, hay muchos “Sures”, e incluso dentro de un mismo continente hay una enorme distancia política y social entre, por ejemplo, México y los países de la Alianza Bolivariana para América (ALBA). En los límites de este texto, trataremos de analizar por qué todavía pueden señalarse excepciones a esta regla, que aún permiten establecer diferencias significativas en el tratamiento que se da a la pobreza en los países centrales y periféricos. Para ello, partiremos de datos fiables, entre los que no está, por cierto, el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, que en el año 2011 situaba a Chipre en el muy honorable puesto 31 y con tendencia ascendente; por tener una referencia, Venezuela ocupaba el puesto 71 en la misma clasificación.

Entre la pobreza y las “clases medias”

Según una interpretación ampliamente difundida, la crisis capitalista está siguiendo un curso paradójico que cuestiona los esquemas tradicionales sobre la jerarquía Norte-Sur: mientras que las economías del Centro, especialmente la de la Unión Europea, bordean o se hunden en la recesión, las economías periféricas, sobre todo las de los países llamados “emergentes”, mantienen año tras año altos niveles de crecimiento, por encima del 5% del PIB. Una de las consecuencias de esta asimetría es que la pobreza ha hecho su aparición en el Norte como un problema político importante, con un gran impacto social, mientras que, a la vez, parecería estar en retroceso en el Sur. Frecuentemente, se asocia esta situación con el estado de las “clases medias”, nuevo mantra sociológico que se ha convertido en el criterio de medida de numerosos fenómenos sociopolíticos relevantes, desde la movilidad social a la crisis de la democracia.

Hay en estos enfoques datos relevantes que dan cuenta de cambios profundos en la situación internacional: por ejemplo, la relativa y desigual autonomización de los países del Sur, bajo el liderazgo de aquellos que forman parte de los BRICS -Brasil, India, China y Sudáfrica; no cabe incluir a Rusia desde ningún punto de vista en la categoría “Sur”-, respecto a los “viejos” imperialismos, EEUU y la UE/3. En lo que se refiere a la lucha contra la pobreza, sin embargo, esta consideración del contexto internacional es más que discutible. Empezaremos por el Sur, planteando dos tipos de problemas: el primero, la valoración de los logros alcanzados en la erradicación de la pobreza; el segundo, el uso y la manipulación de la categoría “clases medias”.

Con la habitual afición de los políticos del establishment a las cifras redondas, el secretario general de Naciones Unidas ha contado los mil días que quedan para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y se ha mostrado extraordinariamente satisfecho de los logros ya alcanzados. En especial, porque en los últimos doce años "600 millones de personas han salido de la pobreza extrema, lo que equivale al 50%". El cálculo es cuanto menos engañoso: según el Banco Mundial, en 1990 el 43% de la población mundial vivía con menos de 1,25 dólares al día, mientras en 2010 esta cifra ha caído al 21%; esta es la reducción a la mitad a la que se refiere Ban Ki-Moon. Pero no informa ni de las condiciones de extrema pobreza que siguen existiendo cuando se supera la barrera de los 1,25 dólares de ingreso diario -más del 40% de la población mundial sobrevive con menos de dos dólares al día-, ni de que cerca de 1.300 millones de personas siguen viviendo por debajo de ese nivel. Al final, esa reducción de la pobreza extrema se debe a los grandes países emergentes, fundamentalmente a China, y no tiene nada que ver con las políticas y proyectos inspirados en los ODM ni tampoco con la ortodoxia económica imperante.

En la presentación de esta nueva campaña, que tuvo lugar el pasado 2 de abril en la Universidad de Georgetown bajo la marca de "Un mundo sin pobreza", el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, afirmó: "Nos hallamos en un auspicioso momento histórico, en que se combinan los éxitos de décadas pasadas con perspectivas económicas mundiales cada vez más propicias para dar a los países en desarrollo una oportunidad, la primera que jamás hayan tenido, de poner fin a la pobreza extrema en el curso de una sola generación". No puede tomarse en serio un proyecto que tiene como punto de partida una visión tan poco consistente de la situación internacional, en la que por cierto no podía faltar la ya habitual coletilla generacional.

La ingeniería estadística sobre las “clases medias” merece una mayor atención. Un reciente estudio publicado por el Banco Mundial/4 propone un cambio importante en la caracterización y medición de la pobreza: lo más significativo es el uso del concepto de "seguridad económica", entendido como "baja probabilidad de volver a caer en la pobreza". De ahí nace una nueva categoría, la población "vulnerable", una estación de paso desde la pobreza hasta la entrada en la "nueva clase media", formada por quienes han alcanzado la "seguridad económica" y garantizarían la "estabilidad económica futura". La suma de pobres, vulnerables y clase media supone el 98% de la población latinoamericana; por tanto, la medida del éxito en la lucha contra la pobreza sería una movilidad social ascendente hacia la clase media. Esto es lo que, según los autores, está ocurriendo, ya que "la clase media en América Latina creció y lo hizo de manera notable: de 100 millones de personas en 2000 a unos 150 millones hacia el final de la última década". Nos estaríamos acercando, siguiendo esa argumentación, a un continente de “clases medias” que habría superado definitivamente el peso determinante de la pobreza.

Aunque los criterios cuantitativos sean sólo unos de los que deben ser tenidos en cuenta en el análisis de la pobreza, en ocasiones son imprescindibles para concretar los términos del debate/5. Si hacemos caso al Banco Mundial, se considera pobres a quienes tienen ingresos inferiores a 4 dólares; estos vienen a representar el 30,5% de la población latinoamericana. Las personas que tienen entre 4 y 10 dólares al día serían las “vulnerables”, el 37,5% de la ciudadanía de América Latina. Por encima de los 10 hasta los 50 dólares de ingreso diario estaría la “clase media”, el 30% de la población continental. Por último, el 2% restante son los considerados “ricos”, que ingresan más de 50 dólares al día. Tomando como referencia el salario mínimo existente en Ecuador, unos 300 dólares mensuales, podemos comprobar, en fin, que con un ingreso como este se tendría acceso a la “clase media”. No parece, pues, que tal clasificación sea razonable: lo suyo sería concluir que, al menos, el 68% de la población latinoamericana es pobre. Y además, continuando con la referencia ecuatoriana, vemos que esa “clase media” se compondría, en realidad, de trabajadores con ingresos de entre uno y cinco veces el salario mínimo, es decir, quienes están entre un frágil escalón por encima la pobreza y el nivel medio-alto de la población asalariada.

Brasil aparece como uno de los principales estandartes utilizados para justificar todo este proceso de ascenso de las “clases medias”. Así, el Gobierno brasileño define como clase media a quienes alcanzan un ingreso per cápita mensual de entre 291 y 1.019 reales,/6 de manera que el 54% de la población del país pertenecería a esta supuesta “clase media”. En la última década, 30 millones de personas (el 15% de la población) habrían “salido de la pobreza”, ya que pasaron a disponer cada mes de ingresos superiores a 250 reales. Teniendo en cuenta que en Brasil el salario mínimo es de 678 reales, esta “clase media” tendría unos ingresos que oscilarían entre el 42% y el 150% de un salario mínimo. Con semejantes criterios, parece fácil alardear de que Brasil sea ya un país de “clases medias”, unas “clases medias” cuyos ingresos no permiten siquiera alcanzar una cobertura digna de las necesidades básicas.

Es verdad que, para evaluar esta cobertura, también hay que tener en cuenta otros factores; sobre todo, la extensión y calidad de los servicios públicos al alcance de los ciudadanos y, por tanto, el volumen de gasto social destinado a ellos. Por eso es muy importante tener en cuenta que, en cuestiones económicas básicas, Brasil, como la gran mayoría de los países del Sur, se somete a la ortodoxia dominante: con nueve días del pago de la deuda externa podría cubrirse todo el presupuesto del programa Bolsa Familia, eje de la política asistencial y de la base electoral del partido gobernante/7. Si podemos decir que con la crisis capitalista los programas de ajuste estructural han viajado del Sur al Norte, los fundamentos del Estado del Bienestar, por el contrario, no han hecho el viaje desde el Norte hasta el Sur.

Dice David Harvey que "el crecimiento económico beneficia siempre a los más ricos". Efectivamente, ellos están siendo los principales beneficiarios del crecimiento en los países del Sur, de ahí que el incremento del PIB se vea acompañado del aumento sostenido de la desigualdad. La bonanza económica no está produciendo un incremento de esas ficticias “clases medias”, sino de millones de empleos precarios, con bajos ingresos, mínimos derechos laborales y grandes carencias en servicios sociales. “Trabajos brasileños” se les llama, precisamente, en algunos análisis sociológicos con sentido crítico. Pero son mucho más habituales los enfoques afines a las ideas del Banco Mundial, que en sus versiones más delirantes llegan nada menos que a llamar “neoburguesía” a la “clase media”.

No han terminado los procesos de empobrecimiento en el Sur, pero es cierto que se han modificado. Sustancialmente, sólo en aquellos países -como Venezuela- que están realizando un esfuerzo considerable más allá del incremento de los ingresos de los trabajadores pobres, apostando por el establecimiento de potentes redes públicas de educación, vivienda y sanidad. Sin embargo, en la gran mayoría de los países, se ha pasado de la extrema pobreza al empleo extremadamente precario, en un camino que además tiene vuelta atrás. Si las frágiles expectativas de movilidad social ascendente se quebraran, una posibilidad nada descartable dadas las actuales perspectivas de la economía global, la situación en el Sur tendería a parecerse más a las revoluciones árabes que a los ficticios paraísos de la “clase media”.

Extensión y percepción social de la pobreza

En la Unión Europea, antes del estallido de la crisis financiera, 80 millones de personas -el 17% de la población- sobrevivían en la pobreza. En el año 2010, la cifra había aumentado hasta los 115 millones de personas (23,1%) y se estimaba que un número similar se encontraba "en el filo de la navaja"/8. Pero, para entender la situación actual, hay que considerar la etapa anterior al crash global. Porque si es significativo y alarmante el crecimiento de la pobreza, también debía haberlo sido que antes de 2008 la pobreza fuera ya una lacra masiva tanto en la Unión Europea como en España, donde entre 2007 y 2010 pasó de afectar a 10,8 millones de personas (23,1% de la ciudadanía) a 12,7 millones (25,5%).

La extensión de la pobreza es, sin duda, un problema de primera magnitud. Creemos, sin embargo, que no explica por sí sola que en cinco años la pobreza haya pasado de ser considerada por la mayoría de la población europea como un problema marginal y ajeno, “invisible”, cuyo control quedaba a cargo de las organizaciones asistenciales y con mínimos subsidios públicos, a afectar a la situación y los temores de esa mayoría de la ciudadanía que se consideraba liberada para siempre de “caer en la pobreza”. Se afirma ahora que la pobreza se ha hecho más intensa, más extensa y más cíclica. De estas características hay que destacar la tercera, que indica una tendencia al incremento de la pobreza sin “brotes verdes” en el horizonte, estimulada por las políticas que se imponen implacablemente en la Unión Europea, sin alternativas creíbles a medio plazo. La pobreza se ha hecho “visible” en la UE no sólo porque haya más pobres, sino fundamentalmente porque se ha masificado la conciencia del riesgo de caer en la pobreza/9.

Diagnosticar el problema como una “crisis de las clases medias” es una simplificación que no permite entender ni las causas de la crisis actual ni las condiciones básicas para revertir esa tendencia al empobrecimiento. También en los países del Norte este es un concepto manipulable y fundamentalmente subjetivo: un mileurista era hace unos pocos años el símbolo de la precariedad, hoy sería considerado un miembro más de la “clase media”. Es más útil considerar en su conjunto los elementos principales, bien conocidos, que han ido produciendo la corrosión de la “seguridad social”, con minúscula, característica fundamental del Estado del Bienestar: el paro masivo, de larga duración y con subsidios decrecientes; el incremento de los “trabajadores pobres” porque el trabajo precario y sometido al poder patronal ya no asegura ingresos suficientes para una vida digna; los recortes drásticos en el empleo en la administración y en los servicios públicos, que amenazan al funcionariado; el riesgo de no poder hacer frente a las deudas contraídas en la etapa anterior, que permitieron una burbuja de alto consumo en las clases trabajadoras pese a la tendencia generalizada a la caída de los salarios desde los años noventa; el deterioro de la calidad de la sanidad y la educación, y el aumento de los pagos a cargo de los usuarios que sirven para avanzar en su privatización.

Todo este conjunto de medidas responde a una lógica común que es el principio fundamental de la economía política neoliberal: la reducción sistemática del coste directo e indirecto de la fuerza de trabajo. En condiciones de relaciones de fuerzas muy favorables para el capital, eso termina desgarrando las redes de seguridad que constituían la base de estabilidad del sistema. Es aquí, en la debilidad de las clases trabajadoras, incluso aquellas que consideraban un logro garantizado el empleo estable de calidad, con sanidad y enseñanza básica públicas y gratuitas y jubilación en condiciones dignas, donde ha nacido el pánico a la pobreza y, al mismo tiempo, la impotencia para hacerle frente. Y es que, a diferencia de la situación en muchos países periféricos, donde con independencia de la orientación política de los gobiernos se ponen en marcha políticas focalizadas en la pobreza -habitualmente por razones de gestión de conflictos y construcción de clientelas electorales, muy alejadas de la idea de solidaridad-, en los países del Centro, y particularmente en la UE, las políticas que se aplican siguen sometidas a la “regla de oro” de privilegiar los intereses del capital sobre las necesidades de la población, tratando la atención social a la población empobrecida como un lastre y recortando sistemáticamente los fondos destinados a ella. En este contexto, que el año 2010 haya sido etiquetado como el "Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social" no deja de ser un sarcasmo.

Desde los primeros estudios de los conflictos sociales característicos de la sociedad capitalista, se ha considerado un rasgo fundamental de la clase obrera la “inseguridad” en las condiciones de vida. Cuando, gracias a las políticas propias del Estado del Bienestar, pareció que esta característica desaparecía para una gran parte de la población trabajadora, la categoría de “clase media” cumplió la función de certificar esa nueva situación: "Hemos dejado de ser clase trabajadora", vino a decirse entonces. El neoliberalismo desarrolló con éxito "una demonización de la clase obrera", según la expresión de Owen Jones en su excelente reportaje Chavs,/10 tratando a esta como un grupo social en declive, cuyos ingresos no provienen del trabajo sino de los subsidios públicos.

Generalizando la inseguridad social y aproximando la amenaza de la pobreza, la crisis está debilitando estas barreras ideológicas que fragmentaban el tejido social de las clases trabajadoras. Pero no caerán si no se enfrentan a alternativas que comprendan que sólo puede lucharse eficazmente por la erradicación de la pobreza venciendo a quienes la producen.

Mercado y empresas para “luchar contra la pobreza”

"El capital, las ideas, las buenas prácticas y las soluciones se extienden en todas direcciones"/11. Sumidos en una crisis económica, ecológica y social como nunca antes había conocido el capitalismo global, estamos asistiendo al final de la “globalización feliz” y a la demolición de la belle époque del neoliberalismo/12. Pero las grandes corporaciones y los think tanks empresariales insisten en no darse por aludidos; lejos de cuestionar su responsabilidad en el actual colapso del sistema socioeconómico y en la crisis civilizatoria, las empresas transnacionales vuelven a presentarse como el motor fundamental del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Según el pensamiento hegemónico, la gran empresa, el crecimiento económico y las fuerzas del mercado han de ser los pilares básicos sobre los que sustentar las actividades socioeconómicas de cara a combatir la pobreza. Eludiendo su responsabilidad en el origen de la crisis sistémica que hoy sufrimos, así como el hecho de que ellas están siendo precisamente las únicas beneficiarias del crack, las grandes corporaciones nos proponen más de lo mismo: que el fomento de la actividad empresarial, la iniciativa privada y el emprendimiento innovador sean los argumentos fundamentales para la “recuperación económica”.

Esta reorientación empresarial consiste en aplicar, junto con una táctica defensiva basada en el marketing, una estrategia ofensiva para pasar de la retórica de la “responsabilidad social” a la concreción de la “ética de los negocios” en la cuenta de resultados mediante toda una serie de técnicas corporativas. Y su objetivo no es el de atajar las causas estructurales que promueven las desigualdades sociales e imposibilitan las condiciones para vivir dignamente a la mayoría de la población mundial, sino gestionar y rentabilizar la pobreza de acuerdo a los criterios del mercado: beneficio, rentabilidad, retorno de la inversión. Es lo que hemos denominado pobreza 2.0 y constituye uno de los negocios en auge del siglo XXI/13. En los países del Sur global, por un lado, eso se traduce en el deseo del “sector privado” de incorporar a cientos de millones de personas pobres a la sociedad de consumo; en el Norte, por otro, significa la no exclusión del mercado de la mayoría de la población, una cuestión central ante el creciente aumento de los niveles de pobreza en las sociedades occidentales como consecuencia de las medidas económicas que se están adoptando para “salir de la crisis”.

"Ya es hora de que las corporaciones multinacionales miren sus estrategias de globalización a través de las nuevas gafas del capitalismo inclusivo", escribían hace diez años los gurús neoliberales que llamaban a las grandes empresas a poner sus ojos en el inmenso mercado que forman las dos terceras partes de la humanidad que no son “clase consumidora”. "Las compañías con los recursos y la persistencia para competir en la base de la pirámide económica mundial tendrán como recompensa crecimiento, beneficios y una incalculable contribución a la humanidad", decían entonces/14. Hoy, las corporaciones transnacionales han asumido plenamente esta doctrina empresarial y han puesto en marcha una variada gama de estrategias, actividades y técnicas que tienen como objetivo que las personas pobres que habitan en los países del Sur se incorporen al mercado global mediante el consumo de los bienes, servicios y productos de consumo que suministran estas mismas empresas. “Responsabilidad social”, “negocios inclusivos” en “la base de la pirámide”, “inclusión financiera”, “alfabetización tecnológica” y, en definitiva, todas aquellas vías que permitan lograr el acceso a nuevos nichos de mercado se justifican con el argumento de que van a contribuir al “desarrollo” y la “inclusión” de las personas pobres. Pero, como recalcó Evo Morales en la última Cumbre Unión Europea-CELAC, "cuando nos sometemos al mercado hay problemas de pobreza; problemas económicos y sociales, y la pobreza sigue creciendo".

Al mismo tiempo, en los países centrales, donde también están aumentando los niveles de pobreza y desigualdad, en vez de emplear los recursos públicos en políticas económicas y sociales que pudieran poner freno a esa situación, las instituciones que nos gobiernan no se han salido de la ortodoxia neoliberal y han emprendido toda una serie de contrarreformas que van a contribuir a aumentar el empobrecimiento de amplias capas de la población. Y las grandes empresas, en este contexto, están rediseñando sus estrategias para no perder cuota de mercado: "En Madrid, Londres o París también hay favelas, aunque no se llamen así", sostiene un experto brasileño en “la base de la pirámide”, "es un mercado creciente que compone la nueva clase media con poder de consumo"/15. [15] Gigantes como Unilever, por ejemplo, ya están pensando en trasladar aquí estrategias que antes probaron que funcionaban en países del Sur/16. Pero, aunque algunas multinacionales están viendo cómo aplicar en Europa la lógica de los “negocios inclusivos”, la mayoría de las grandes corporaciones ha optado por no innovar demasiado cuando lo que se trata es de seguir incrementando los beneficios: la continuada presión a la baja sobre los salarios/17 y la expansión de la cartera de negocios a otros países y mercados han sido, hasta el momento, las vías preferidas por las empresas para continuar con sus dinámicas de crecimiento y acumulación.

La tendencia a considerar el incremento del crecimiento económico como la única estrategia posible para la erradicación de la pobreza se ha visto reforzada desde que estalló la crisis financiera. Con el actual escenario de recesión, las grandes corporaciones pretenden incrementar sus volúmenes de negocio y ampliar sus operaciones en las regiones periféricas para así contrarrestar la caída de las tasas de ganancia en Europa y EEUU. Por su parte, los gobiernos de los países centrales abogan por un aumento de las exportaciones y de la internacionalización empresarial como forma de “salir de la crisis”. Según la doctrina neoliberal, la expansión de los negocios de estas compañías a nuevos países, sectores y mercados redundará en un incremento del PIB y, por consiguiente, en una mejora de los indicadores socioeconómicos, fundamentalmente en el aumento del empleo. «La única solución posible para superar la crisis y volver a crear puestos de trabajo es recuperar el crecimiento económico», resume el presidente de La Caixa, quien para lograrlo propone «buscar nuevas fuentes de ingresos, diseñar nuevos productos y abrir nuevos mercados»/18.

A pesar de que las afirmaciones acerca de una correlación directa entre el crecimiento del PIB y los avances en términos de desarrollo humano no resistirían ningún análisis serio, la idea de que crecimiento económico es equivalente a desarrollo se ha hecho dominante en el discurso de la “lucha contra la pobreza”. De esta manera, las referencias al crecimiento de las economías nacionales -cuantificadas exclusivamente a través del aumento del PIB- como vía para la superación de la pobreza no solo forman parte de toda la arquitectura discursiva de la agenda oficial de desarrollo, sino que además se están pudiendo llevar a la práctica mediante la asignación de medios y recursos públicos para las estrategias de fomento de la actividad empresarial y de los “negocios inclusivos”. Esto es así porque las principales agencias de cooperación y los gobiernos de los países del Centro, así como los organismos multilaterales, las instituciones financieras internacionales e incluso muchas ONGD, avalan este discurso y trabajan por incorporar al “sector privado” en sus estrategias de desarrollo.

De la cooperación internacional a la filantropía empresarial

La cooperación para el desarrollo, en tanto que política pública de solidaridad internacional, difícilmente encuentra encaje en este marco. Y es que, en las contrarreformas estructurales que se imponen en la actualidad, la cooperación internacional no está teniendo un destino diferente al del resto de los servicios públicos: la privatización y la mercantilización. No puede decirse que en los últimos años se haya provocado un cambio de rumbo en la senda emprendida por los principales organismos y gobiernos que lideran el sistema de cooperación internacional, sino más bien lo contrario: en el marco de la búsqueda de alternativas neoliberales para huir hacia delante con la actual situación, la crisis ha llevado a que toda la renovada orientación estratégica de la cooperación para el desarrollo se refuerce y cobre aún más sentido.

Por eso, estamos asistiendo a una profunda reestructuración de la arquitectura del sistema de ayuda internacional con vistas a reformular el papel que han de jugar, tanto en el Norte como en el Sur, los que se considera que son los principales actores sociales -grandes corporaciones, Estados, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil- en las estrategias de “lucha contra la pobreza”. La hoja de ruta para los próximos tiempos parece clara: otorgar la máxima prioridad al crecimiento económico como estrategia hegemónica de lucha contra la pobreza, considerar al sector empresarial como agente de desarrollo en las líneas directrices de la cooperación, reducir los ámbitos de intervención estatal a determinados sectores poco conflictivos y limitar la participación de las organizaciones sociales en las políticas de cooperación para el desarrollo/19.

Ya no es posible "seguir exportando tanta solidaridad", las "circunstancias han cambiado" y los compromisos contra la pobreza han de reorientarse "hacia nuestro territorio". Eso afirmaba el pasado mes de septiembre el consejero de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Jorge Cabré, para justificar la decisión de su Gobierno de poner fin a las políticas de cooperación internacional. Es sólo un ejemplo de cómo, siguiendo una línea argumental similar, tanto el Gobierno central como la mayoría de las administraciones autonómicas y municipales del Estado español eliminaron o redujeron drásticamente sus presupuestos para cooperación al desarrollo en 2012. Y para este año, lejos de augurarse una recuperación -cierto es que existen algunas excepciones a esta tendencia generalizada-, caminamos en la misma dirección: como ha denunciado la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, a los 1.900 millones de euros que se recortaron el pasado año se le sumarán este otros 300 millones más. Con todo ello, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española pasará a suponer solamente el 0,2% de la renta nacional bruta, lo que nos retrotrae a niveles de principios de los noventa. "Fue un error perseguir el 0,7%", dice ahora el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Jesús Gracia, renunciando así a la que desde hace dos décadas ha sido una de las reivindicaciones fundamentales de las ONGD en el Estado español y que los sucesivos ejecutivos se habían comprometido a cumplir firmando el Pacto de Estado contra la Pobreza.

En los años ochenta y noventa, la cooperación internacional contribuyó a apoyar el Consenso de Washington y las reformas estructurales que posibilitaron la expansión global de las grandes corporaciones que tienen su sede en los principales países donantes de AOD. Hoy, la cooperación al desarrollo ya no cumple un papel fundamental para la legitimación de la política exterior del país donante, como lo venía haciendo hasta el comienzo de la crisis financiera. Aunque aún puede seguir desempeñando un rol secundario en la proyección de imagen internacional, su función esencial es la de asegurar los riesgos y acompañar a estas empresas en su expansión global, así como contribuir a la apertura de nuevos negocios y nichos de mercado con las personas pobres que habitan en “la base de la pirámide”.

En el caso que nos toca más de cerca, todo ello se articula en torno a la famosa marca España, un proyecto para atraer capitales transnacionales a nuestro país -con EuroVegas como modelo bandera- y fomentar la internacionalización de las empresas españolas: en palabras de José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, "los intereses de España en el exterior son en gran medida intereses económicos y tienen a las empresas como protagonistas". Esto se constata, sin ir más lejos, en el presupuesto del ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para este año, en el que se observa que la partida de cooperación para el desarrollo ha disminuido el 73% entre 2012 y 2013 mientras, en el mismo periodo, han subido el 52% los fondos para la acción del Estado en el exterior a través de sus embajadas y oficinas comerciales/20.

Nos hemos habituado a escuchar con frecuencia, en el discurso oficial, una frase que se repite a modo de justificación: "Bastante tenemos con la pobreza de aquí como para preocuparnos de la de otros sitios". Es evidente que los últimos gobiernos españoles, tanto el actual como el anterior, han incumplido una y otra vez sus compromisos sobre la cooperación internacional y la lucha contra la pobreza a nivel mundial/21. Y a la vez, no es verdad que, a cambio, se estén destinando más fondos para afrontar la extensión de la pobreza en nuestro país. Aquí y ahora, esa labor se está dejando en manos de algunas ONG y de las grandes empresas, recuperando la obra social, la caridad y la filantropía como forma de paliar las crecientes desigualdades. Mientras crece la desigualdad a marchas forzadas -desde 2007, la diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre en España ha subido un 30%-,/22 resurge con fuerza la filosofía del “neoliberalismo compasivo”, basada en la idea de que pueden paliarse la pobreza y el hambre aportando “lo que nos sobra”.

"Cada vez más gente de la que imaginas necesita ayuda en nuestro país", decía Cruz Roja en sus anuncios para el último "Día de la Banderita", poniendo el foco en la pobreza “local”. "Cuenta conmigo contra la pobreza infantil", ese era el lema de la pasada campaña navideña de La Caixa y Save the Children, añadiendo lo de “infantil” para darle un toque adicional de sentimentalismo. Y tenemos muchos más ejemplos de cómo las grandes corporaciones están intentando reapropiarse de las buenas intenciones y de la solidaridad de una ciudadanía cada vez más preocupada por el incremento de la pobreza y el hambre: desde la filantropía de Amancio Ortega, patrón de Inditex y tercer hombre más rico del planeta, que ha donado 20 millones de euros a Cáritas (el 0,05% de su fortuna), hasta los spots tipo "siente a un pobre a su mesa" que han publicitado diferentes ONGD,/23 pasando por el auge de los bancos de alimentos, a los que han anunciado donaciones grandes empresas como Mercadona o Repsol. Hace años, la “solidaridad de mercado” se medía en base al dinero recaudado en los telemaratones, hoy parece computarse a partir de la cantidad de bolsas de comida que pueden donarse a las organizaciones asistencialistas.

Repensando el modelo de desarrollo

"No es una crisis, es una estafa", gritan los manifestantes que protestan por la privatización de la sanidad, la educación y el agua. Y efectivamente, no hay otro nombre mejor para explicar el hecho de que los grandes capitales privados estén saliendo reforzados de la crisis mientras, por el contrario, la mayoría de mujeres y hombres van perdiendo empleo y vivienda, sanidad y educación, pensiones y derechos sociales conquistados en el último siglo. En este contexto, los cambios sustanciales para luchar contra la pobreza sólo pueden darse confrontando, en alianza con las organizaciones políticas y sindicales y con los movimientos sociales emancipadores, a las reformas económicas y los ajustes estructurales que cada día producen y reproducen un mayor empobrecimiento.

Ante el desmantelamiento de la cooperación como política pública de solidaridad internacional, la única forma de no perder ese sentido solidario que ha presidido las actividades de muchas organizaciones españolas de cooperación internacional en las dos últimas décadas es trabajar, aquí y ahora, en la formulación y puesta en práctica de una agenda alternativa de desarrollo en la que la cooperación solidaria se entienda como una relación social y política igualitaria, articulada con las luchas y los movimientos sociales emancipadores. No podemos pensar que vamos a aliviar la pobreza con lo que nos sobra, hace falta otro programa político. Trabajando en la construcción de alternativas solidarias que pueden contribuir a la resistencia social frente a los procesos de empobrecimiento y, en un futuro, a ganar fuerza para revertirlos, es decir, para cambiar de raíz la economía política dominante, tutelada por la dictadura de la ganancia. En eso estamos.

Texto publicado en Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 121, 2013, pp. 143-156

Miguel Romero es editor de la revista VIENTO SUR y Pedro Ramiro es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad.

Ver en línea : PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, nº 121, 2013.

Notas:
1/K. Polanyi, La gran transformación, La Piqueta, Madrid, 1989, p. 66.
2/ D. Harvey ha desarrollado recientemente las modalidades de esta acumulación, como puede verse en esta entrevista de E. Boulet al geógrafo británico: «El neoliberalismo como “proyecto de clase”», Viento Sur (web), 8 de abril de 2013.
3/ No es el tema central de este artículo, pero dejemos claro que no hay nada que lamentar en esto que podríamos llamar “desoccidentalización”, por más problemática que sea la nueva relación de fuerzas a nivel global desde el punto de vista de los intereses de las mayorías sociales.
4/ F. H. G. Ferreira, J. Messina, J. Rigolini, L. F. López-Calva, M. A. Lugo y R. Vakis, La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. Panorama general, Banco Mundial, Washington, 2013.
5/ Los principales datos que aquí vamos a citar están tomados de J. L. Berterretche, "Los tramposos delirios de los tecnócratas del Banco Mundial", Viento Sur (web), 8 de abril de 2013.
6/ El tipo de cambio es de 1 real = 0,38 euros. El salario mínimo en Brasil es de 678 reales, por tanto, unos 257 euros.
7/ El 42% del presupuesto federal brasileño se destina al pago de la deuda pública. Los presupuestos de educación y sanidad equivalen solamente al 8% y 10%, respectivamente, de esta enorme sangría de los fondos públicos.
8/ Así lo recogía el diario El País, 30 de marzo de 2013, pp. 4-5.
9/ Diferentes estudios alertan de ello: Intermón Oxfam, por ejemplo, en Crisis, desigualdad y pobreza (Informe nº 32, 2012), pronostica que en España pasaremos de tener 12,7 millones de pobres (27% de la población total) en 2012 a 18 millones (38%) en 2022.
10/ O. Jones, Chavs. La demonización de la clase obrera, Capitán Swing, Madrid, 2012.
11/ Eso afirma el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, Visión 2050. Una nueva agenda para las empresas, Fundación Entorno, 2010).
12/ R. Fernández Durán, La quiebra del capitalismo global: 2000-2030. Preparándonos para el comienzo del colapso de la civilización industrial, Libros en Acción, Virus y Baladre, 2011.
13/ Hemos desarrollado ampliamente estas ideas en: M. Romero y P. Ramiro, Pobreza 2.0. Empresas, estados y ONGD ante la privatización de la cooperación al desarrollo, Icaria, Barcelona, 2012.
14/ C. K. Prahalad y S. L. Hart, "The fortune at the bottom of the pyramid", Strategy and Business, nº 26, 2002.
15/ "En Madrid hay favelas aunque no se llamen así", El País, 3 de septiembre de 2012.
16/ «En Indonesia, vendemos dosis individuales de champú a dos o tres céntimos y aún así obtenemos un beneficio decente», afirma un ejecutivo de la compañía en «La pobreza regresa a Europa», Público, 27 de agosto de 2012.
17/ En este año, por primera vez los excedentes empresariales (46,1%) han superado a las rentas salariales (44,2%) en el cómputo del PIB español.
18/ I. Fainé, "Crecer para dirigir", El País, 2 de noviembre de 2011.
19/ G. Fernández, S. Piris y P. Ramiro, Cooperación internacional y movimientos sociales emancipadores: Bases para un encuentro necesario, Hegoa, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2013.
20/ CONGDE, "Análisis y valoración de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013", 8 de octubre de 2012.
21/ Plataforma 2015 y más, "España lidera la reducción de la Ayuda Oficial al Desarrollo y lleva la cifra de cooperación a su mínimo histórico", 3 de abril de 2013.
22/ Cáritas, Desigualdad y derechos sociales. Análisis y perspectivas, Fundación Foessa, 2013.
23/ Acción contra el Hambre, por ejemplo, nos invitaba a dar un donativo por cada “menú solidario” que consumiéramos en uno de los «Restaurantes contra el hambre» que formaban parte de la campaña; en una línea similar, Intermón Oxfam nos llamaba a sentarnos en su "Mesa para 7.000 millones".

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"Las Corporaciones Transnacionales y la simetría en los Golpes de Estado"

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Una diferencia de tiempo de 40 años en los ciclos del capitalismo global aparece como una minucia al observar el poderío de las corporaciones transnacionales y su rol en el manejo político interno y externo de las naciones. El golpe de estado que destituye al Presidente Mohamed Morsi en Egipto, en este sentido exhibe cierta similitud con el golpe de estado de 1973 en Chile que destituye a Salvador Allende.

Con una diferencia de 40 años, la semejanza mayor reside en el contexto de una crisis económica mundial y el rol del capital transnacional para enfrentarla. La otra por cierto es el derrocamiento de un gobierno democráticamente elegido bajo un cuestionado requerimiento de la sociedad civil para la intervención de las Fuerzas Armadas.

Mohamed Morsi pertenece a los islamistas moderados de los Hermanos Musulmanes y en su conducta política demostraba capacidad y autoridad. Algo sucedió bruscamente en el ambiente interno que cualquiera de sus propuestas por reconstruir un país institucionalmente diezmado por décadas de dictadura, era rechazada por ser interpretadas como la incorporación del islamismo en la conducción del estado.

La Hermandad Musulmana, la agrupación política que respalda a Morsi y que hoy reclama su regreso como presidente, había captado un clima de gran expectativa popular por reformas. El alto grado de corrupción institucional, la violación de las leyes y los derechos humanos, el aumento de la pobreza y el manejo económico equivocado de Hosni Mubarak abrieron la crisis institucional que derivó en su elección como presidente.

El descalabro económico y social comenzó a ser vinculado con el rol penetrante del capital transnacional en el corazón estratégico de la nación.

En Egipto las Fuerzas Armadas constituyen el principal cliente y operador de las Corporaciones Transnacionales (Marshall-Stacher.2012). Egipto además ha sido un actor clave en los equilibrios políticos de la región e intermediario importante, sino decisivo, en las negociaciones entre el Gobierno Palestino e Israel. Con esta gravitación no puede experimentar inestabilidad por ningún motivo.

Estabilidad y moderación son dos situaciones que el gobierno de Mohammed Morsi no estaba asegurando y el escenario aparecía imprevisible. Es así que la decisión del golpe de estado, más allá de las manifestaciones populares, haya contado con el apoyo de las compañías trasnacionales, hoy por hoy, los dueños de la mayor parte del capital que fluye en los productos internos de las naciones.

Esa preponderancia del capital de las corporaciones transnacionales estaba asociada a la corrupción en el gobierno, incluyendo al ejército, el actor clave que tiene las riendas del poder. Al levantar el grueso velo, la presidencia de Morsi tenía los días contados.

El clima económico y social exige que las corporaciones transnacionales formen parte del diseño de políticas públicas en un modelo de interacción más agresivo del que se ha constatado hasta el momento. Es la hora de la reactivación del lánguido capital y de la profunda reforma institucional que requiere el modelo privatizador ultra abierto, sin asfixia estatal y de libre competencia desregulada implantado en la década de 1980.

Con Morsi Egipto había adoptado un camino mixto, respetando la demanda de contener el rol del capital transnacional en los asuntos de estado y reivindicando demandas sociales de 40 años.

En Chile, Salvador Allende fue elegido democráticamente con una agenda de reformas centradas en la nacionalización de los recursos estratégicos en manos de corporaciones multinacionales. Su proyecto de inyectar formas autónomas de autosuficiencia productiva significaba una amenaza al predominio de las transnacionales y de ser exitoso el experimento podía expandirse en la región. El resto del proceso se conoce y ha sido medianamente analizado aunque nunca lo suficiente. Lo concreto es que bajo la crisis económica internacional que se avecinaba producto del estancamiento de las economías industrializadas, las medidas de Allende eran anti sistémicas en el contexto global.

El crecimiento promedio anual de los países de la OECD en el área industrial se reduce al 1.7 % entre 1973 y 1979, desde el 5.1 % de 1968-1973 (Arrizabalo, X.Edit.1997), que incita a revisar todo el mecanismo de la ralentización de la inversión y su efecto para la productividad. Es el despertar de la criatura dormida. -el mal llamado modelo neo-liberal-, que le atribuyen a la escuela de Chicago y que siempre estuvo allí al acecho desde la invención del capitalismo y que de liberal no tiene nada, al menos en el concepto del liberalismo con justicia social.

El golpe de estado a Salvador Allende, coincide con el período de gestación del ajuste estructural a las economías en el nivel global que se implanta en la década de 1980, donde Chile surge como historia exitosa en su aplicación al desmantelar al estado en su rol de intermediación entre capital y sociedad. Allende como Morsi, recibe un país institucionalmente frágil y políticamente dividido. Asume en medio de una impasse interna entre los sectores opuestos a la izquierda que representaba. El asesinato del general René Schneider fue la gran señal del síntoma de la enfermedad que se desataría posteriormente: Un país con una ciudadanía desprovista de mínimos derechos.

El golpe en Chile 40 años atrás, fue incubado por las Corporaciones Transnacionales, hecho que forma parte de la tradición escolástica del estudio de la economía global, (Barnett y Muller. The Global Reach.1974).

Frente a la crisis económica mundial de la década de 1970 y que incubaba una mayor en la década de 1980, como queda demostrado por los sucesivos golpes de estado en Chile y en la región, el gran capital transnacional no podía permitir desestabilizaciones; menos de sectores izquierdistas anti corporaciones transnacionales.

En el caso de Egipto, la matriz del problema intrínseco no han sido las rigideces de la Hermandad Musulmana. Frente a la actual crisis económica y política, esa zona debe ser controlada por el capital transnacional y sus recursos formar parte de los activos de la globalización. Mientras más previsible mejor. En Chile no fue diferente en 1973. Las naciones deben constituir unidades estables para la rentabilidad de una fábrica planetaria.

Salvador Allende como Mohammed Morsi se abrió a la negociación. Son contextos locales diferentes. No se está comparando a la Unidad Popular que apoyaba a Allende con la Hermandad Musulmana. Aún así, ambas experiencias son homologables porque la disputa en política ha sido generalmente entre la moderación y el radicalismo en sistemas socioeconómicos que experimentan una crisis aguda. Como la historia ha enseñado en algunos casos, en el fragor de la convulsión social, la línea que separa una desestabilización mayor sin horizonte y una verdadera revolución ciudadana - que al parecer es lo que se está reclamando en muchos países- más que ser delgada, simplemente no puede existir. Especialmente cuando un polo de poder – el del capital transnacional- ha avasallado las expresiones democráticas, absorbiendo en su dominio a los poderes del estado, por la sencilla razón de tener los medios para hacerlo.

En la sociología de naturaleza más abstracta, se recurre con frecuencia a Max Weber para establecer parámetros analíticos que en definitiva derivan en postulados éticos para evaluar las conductas políticas de personas o instituciones. Desde esta perspectiva, si existe una institucionalidad que rompe barreras éticas con una naturalidad pasmosa y muy pocos la enfrentan, esa es la del mundo corporativo de las compañías transnacionales.

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La cumbre del Mercosur y los desafíos para la región

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

La cuestión global, no sola internacional, está en la discusión de la región sudamericana en estas horas de cumbre de presidentes del Mercosur reunidos en Montevideo.

No es una cuestión de relaciones entre los países, sino de estructura y jerarquía en el orden mundial capitalista. Es que lo que acaba de hacerse evidente a la sociedad mundial es el papel de EEUU en la orientación del sistema global.

Sea por el espionaje estadounidense o por la agresión imperialista al presidente boliviano producida la semana pasada, el antiimperialismo reaparece como desafío de época. No es nueva la denuncia sobre el carácter imperialista de EEUU y la subordinación europea, sin embargo, en estas horas se transformaron en hechos evidentes.

No todos los gobiernos de la región acuerdan en la calificación de estos acontecimientos, aunque todos los condenan, unos más enfáticamente que otros, es cierto. Esa diferencia está asociada a la mayor subordinación de cada uno de los países integrantes del Mercosur a la política de liberalización empujada por el imperialismo y que se manifiesta en variedad de acuerdos de libre comercio y tratados de defensa de las inversiones externas en convenios bilaterales. Pero también a la subordinación de nuestros países a una institucionalidad gestada por las principales potencias del capitalismo mundial y el gran capital transnacional, caso del FMI, el Banco Mundial, el BID o la OMC.

Dependencia capitalista

El problema es la dependencia de los países sudamericanos respecto del capitalismo hegemónico, y no solo por definiciones más o menos afines a la política exterior de EEUU o Europa. Existe dependencia comercial, sea por exportaciones o por importaciones, en una región que profundiza la dependencia comercial por la venta de productos primarios, el petróleo, el gas, el cobre, la tierra y sus productos a los países hegemónicos del capitalismo global, pero también por la importación de bienes de producción generados bajo licencia de transnacionales originadas en el capitalismo desarrollado. Existe también dependencia tecnológica en toda la línea de producción y servicios, más allá del comercio internacional, en el agro, la industria, el comercio, la banca, el turismo y las comunicaciones. En ese plano se confirma la dependencia financiera reforzada en décadas de liberación al movimiento internacional de capitales, donde la deuda pública es solo una parte, muy importante por cierto, de esa sumisión al régimen del capital.

El orden dependiente en el capitalismo está presente en cada una de nuestras formaciones económicas y sociales. La dependencia es un fenómeno externo e interno a nuestros países. La dominación capitalista en cada uno de nuestros países actúa desde las inversiones externas y la proyección al exterior de capitales originados en nuestros países. A eso sumamos una institucionalidad regional y global subordinada al interés de esos capitales transnacionales sin importar su origen. La dependencia está modelada por la acumulación de capitales, con tendencia a disputar el mercado global. Por eso, más allá de formulaciones políticas más o menos críticas a EEUU o Europa, lo que se necesita analizar en toda la región son los condicionantes estructurales (económicos, políticos, sociales, culturales) y la capacidad para transformarlos. Es una aspiración en las movilizaciones de ayer (los 80´y los 90´) y de hoy, las que gestaron la condición de posibilidad para el cambio político en Sudamérica al comienzo del Siglo XXI. Es algo que no siempre tienen en consideración los gobiernos, limitados en su accionar al campo de “lo posible”, lo que supone negociar la subordinación de un rumbo que termina afianzando la dependencia al capitalismo hegemónico.

La reunión de presidentes de países del Mercosur en Montevideo concentró los temas principales de la agenda política y económica, más allá de la declaración final y los avances institucionales que se materialicen, sea la inclusión como miembro pleno de Bolivia, o de Guayana y Surinam como estados asociados, o la pendiente situación paraguaya. No es un dato menor la presidencia pro témpore asumida por Venezuela, ejercida por primera vez desde su inclusión como miembro pleno sin el acuerdo de Paraguay. Pero más allá de las informaciones oficiales y las discusiones explícitas de los funcionarios de gobiernos, los pueblos hablaron con movilizaciones de trabajadores en Chile, Brasil y la Argentina, las que se articulan con demandas extendidas en defensa de la naturaleza y los bienes comunes como acaba de pronunciarse la CTA. Esas manifestaciones populares se hicieron sentir en reuniones simultáneas de los movimientos populares realizadas en Montevideo.

Desafíos

Por lo señalado se nos presentan algunos interrogantes al respecto. ¿Cómo reacciona la región ante la evidente política imperialista de EEUU y Europa? ¿Por qué seguir negociando tratados de libre comercio entre la región y Europa? ¿Por qué continuar en ámbitos como el CIADI en defensa de los inversores extranjeros? En rigor, el desafío pasa por la denuncia de los convenios internacionales que vinculan a nuestros países con una institucionalidad dominada por EEUU y a la que se asocia Europa. Solo como ejemplo mencionemos la presidencia del FMI ejercida por europeos y del BM por estadounidenses. Es una muestra de un orden surgido a fines de la segunda guerra y que no se corresponde con nuestro tiempo. Enfrentar esa institucionalidad supone cambios nacionales articulados regionalmente.

Somos conscientes que ello es obstaculizado por procesos de integración subordinada que empujan las trasnacionales, EEUU y Europa, como fue el ALCA, o el tratado en curso entre la región latinoamericana, especialmente el Mercosur y Europa. Claro que ya dijimos que la dependencia es también un fenómeno interno, que involucra a capitales locales y a los gobiernos de la región, por lo cual, no alcanza con la denuncia por acciones o iniciativas de España, Portugal, Italia, Francia o EEUU, y se impone un accionar conjunto en defensa de la soberanía popular en una perspectiva de integración alternativa. El no al Alca inspira la negativa a los condicionantes internacionales que mencionamos, e inspira la necesaria profundización de caminos enunciados en nuevos procesos de integración, los que se afianzarán en tanto y en cuanto la participación popular movilizada defina los cursos de acción.

No se trata de recordar anteriores batallas, caso del ALCA, sino pensar en sus actualizaciones, tal el caso de la Alianza del Pacífico o los múltiples acuerdos y tratados vigentes para la seguridad jurídica de los inversores transnacionales. Todos ellos conspiran contra cualquier discurso o pretensión de proyecto emancipador. Como siempre, la palabra la tienen los pueblos, en tanto sujetos conscientes que luchan contra la mercantilización de la educación, la salud, la energía, o el transporte, en defensa de los bienes comunes, del salario e ingreso populares, como del vivir bien o buen vivir re-significado de las culturas de los pueblos originario y campesinos de Los Andes. Ahora que Bolivia se incorpora al Mercosur como miembro pleno debemos asumir el desafío de la discusión del orden capitalista vigente y la posibilidad del “vivir bien” para el conjunto de la población.

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Algo para recordar: respuesta a los economistas de izquierda

Alcira Argumedo (especial para ARGENPRESS.info)

El documento publicado en Argenpress el 3 de julio del corriente por un grupo de economistas de izquierda -“Argentina. Elecciones 2013: construir otro camino”- nos evoca algunas historias políticas que compartimos con varios de ellos y en particular con Julio Gambina. El primer recuerdo significativo se remonta a 1994, cuando ambos participamos en la Mesa Programática del Frente Grande y ambos fuimos derrotados por la posición de Marta Maffei quien, como representante de CETERA y la CTA, afirmó muy convencida que el proyecto del Frente Grande no podía basarse en el que venía debatiendo la CTA desde dos años antes “porque vamos a llegar al gobierno y no al poder”.

Seguramente recordará Gambina que ese fue el aval y el apoyo decisivo para el corrimiento posibilista neoliberal del grupo del Chacho Álvarez, culminando en el gobierno de la Alianza y la convocatoria a Cavallo como Ministro de Economía. Al respecto, es bueno evocar las propuestas programáticas que elaboramos conjuntamente y -según nos enteramos por infidencias ministeriales de entonces- el mencionado Cavallo habría comentado “esto me preocupa, porque es serio”: mejor no pensar qué hubiera significado construir durante varios años una fuerza política alrededor de ese programa, como una alternativa diferente ante la crisis del 2001-2002.

Pero no sería esa la única oportunidad en que los referentes que ahora integran la UP en el frente Camino Popular, eludieran pronunciarse ante el saqueo de las privatizaciones y la estafa de la deuda externa. En la consulta del FRENAPO convocada el 14 y 15 de diciembre del 2001, plantearon una propuesta que no mencionaba ni la necesidad de revertir las privatizaciones, ni una auditoría de la deuda, ni una crítica a la Convertibilidad: precisamente las causas principales del despojo del patrimonio público y del incremento exponencial de la pobreza, la desocupación y la precarización laboral. Asimismo el Partido Comunista apoyaba la Convertibilidad, cuando solamente faltaban cuatro días para que estallara la crisis: es tener poco olfato. Dos años más tarde, en el documento fundacional de una fuerza política promovida por los mismos referentes -que nunca se construyó- tampoco se mencionaban las privatizaciones, aunque sí se enfatizaba que debíamos pagar la deuda externa, porque por entonces estaba en manos de carpinteros, plomeros y otros trabajadores europeos. Sucede que la Socialdemocracia y el Socialcristianismo europeos respaldan a sus corporaciones, principales beneficiarias del saqueo de las privatizaciones y la deuda (Iberia, Repsol, Banco Santander, Telecom, Deutsche Bank, Total y otras) y los sindicatos europeos tienen acciones e intereses en esas corporaciones; por lo tanto, las defienden. A su vez, esos sindicatos progresistas con intereses en las corporaciones son el respaldo financiero principal de sindicalistas progresistas de la Argentina: muchos conocemos cómo funcionan las presiones de los financiamientos internacionales. Si se trata de reivindicaciones laborales, todo bien; pero promover un proyecto político que toque realmente tales intereses, es otro tema. Al respecto, lejos de alejarse del FAP, la UP en Camino Popular ha declarado que para el 2015 continuará respaldando a Hermes Binner como candidato a presidente: coincidimos con la caracterización que de Binner hacen los economistas y para ello basta leer el programa binnerista “20 propuestas para los próximos 20 años”.

Los autores del documento se lamentan que la izquierda partidaria carezca de estrategia y esté signada por el sectarismo; sectarismo que “se verifica en el balance de la década. Presentan al kirchnerismo como una continuidad del menemismo, sin registrar la limitada recuperación de conquistas perdidas que percibe el grueso de la población. Como todo da igual, les parece insignificante el apresamiento de los genocidas presos o la estatización parcial de YPF”. Llama la atención que economistas de izquierda, quienes obviamente conocen los temas económicos estructurales, se escandalicen ante el sectarismo de considerar al modelo K como una continuidad del menemismo: no debe mencionarse entonces la vigencia de la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz; ni la política energética, dado que la nacionalización de YPF bajo la figura de Sociedad Anónima, permite otorgar ahora a la petrolera norteamericana Chevron ese misérrimo 15% del total de lo entregado con la privatización de 1992, cuando el miembro informante en el Congreso fuera Oscar Parrilli. Lo adicional es que se otorga con el fin de explotar gas y petróleo shale mediante la depredadora técnica del fracking, mientras el 85% restante sigue en manos de Repsol, Pan American Energy, ExxonMobil, Shell, Apache o Total. Tampoco debe señalarse que en diez años no se han modificado ni el sistema impositivo de alta regresividad de Cavallo; ni la privatización del comercio exterior y los puertos; ni la privatización y destrucción de los ferrocarriles: paradójicamente, la reversión de estos problemas se incluyen en las propuestas de los economistas “como parte de un programa transformador”. Habrá que esperar algunas décadas más.

Al mismo tiempo, olvidan mencionar algunos otros temas: las prebendas escandalosas recibidas por La Barrick Gold o Minera Bajo La Alumbrera para la explotación irresponsable de minería a cielo abierto con cianuro y ácido sulfúrico, sin ningún control; la promoción de las semillas transgénicas de Monsanto y el apoyo a los Grobocopatel y otros pools de siembra, permitiéndoles la destrucción de glaciares y bosques nativos; la negativa a impulsar una auditoría de la deuda -como hiciera Rafael Correa en Ecuador- y la farsa del “desendeudamiento”, con el pasaje de la deuda externa privada a organismos públicos como Anses, Pami, el Banco Nación y el Banco Central: una nueva estatización al estilo Cavallo. Si economistas de izquierda ignoran estas continuidades -y hay otras- no es extraño que los jóvenes de Marea Popular manifiesten, al igual que el gobierno nacional, que la única corporación en la Argentina es Clarín. Ni hablar de la descalificación de las denuncias de corrupción, definidas como “el típico mensaje del moralismo superficial”: no opinan lo mismo los familiares de la tragedia de Once, cuando desde su dolor afirman lucidamente que la corrupción mata.

Por el contrario, para nuestros críticos “la corrupción que objetan no obedece a la perversión de ciertos individuos o gobiernos, sino a la codicia que alienta el propio capitalismo para enriquecer a las clases dominantes”. Estamos perdidos; porque el “capitalismo serio” promovido por los K a partir de la creación de una “mítica burguesía nacional”, presenta serios problemas: los marxistas saben que en sus comienzos toda burguesía, como las burguesías europeas o las más recientes rusas, atraviesan una etapa de acumulación primitiva con robos, sangre y lodo: éste es el caso de los empresarios amigos -y socios- del poder, como Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Cristóbal López, Sergio Schoklender, los hermanos Cirigliano, Eduardo Eurnekián, Enrique Eskenazi, Daniel Vila y José Luis Manzano, Eduardo Elzstain, entre otros; a lo cual se suman las comisiones otorgadas a los funcionarios corruptos por las grandes corporaciones, a cambio de beneficios descomunales e impunidad; junto a personajes como los hermanos Juliá, con sus facilidades para pasar sin problemas por los aeropuertos de Morón y Ezeiza con una tonelada de cocaína o el próspero Héctor Capaccioli y los aportes provenientes del tráfico de efedrina a campañas electorales. Pareciera que el problema son las malas juntas de los Kirchner, porque las denuncias los tocan de cerca: a modo de ejemplo, hace ya veinte años, Ricardo Jaime firmaba junto con Alicia Kirchner y Carlos Zannini el decreto 309/92 del gobernador Néstor Kirchner, por el cual en enero de 1992 se establece una rebaja del 15% de los sueldos, jubilaciones y pensiones provinciales: un precursor del Cavallo de la Alianza. Pero desde la mirada de los economistas de izquierda, los hechos de corrupción no pueden impedirse; denunciarlos es “moralismo superficial”: solamente queda rogar a los dioses para que la “codicia” no sea tan grande.

Nos negamos a aceptar que “el apresamiento de los genocidas presos” sea un mérito exclusivo del kirchnerismo, más allá de su habilidad para apropiarse de la lucha epopéyica de las Madres y los organismos de Derechos Humanos durante casi treinta años, de la cual sus líderes nunca participaron. En cuanto a “la limitada recuperación de conquistas perdidas” que reivindican, efectivamente es muy limitada; en especial teniendo en cuenta las altas tasas de crecimiento que favorecieron al gobierno durante varios años. Si no nos guiamos por las estadísticas del Indec -que hablan de un 5% de pobreza y 1% de indigencia- tal limitación se evidencia dramáticamente en algunos datos: el 75% de los trabajadores entre 18 y 29 años están precarizados, en negro o desocupados, cifra que ronda el 50% de la PEA; la mitad de los asalariados cobra menos de $ 3.700; casi el 80% de los jubilados reciben el haber mínimo, mientras la canasta básica del sector duplica esos montos y se patean hacia delante, esperando que se mueran, los 500.000 juicios iniciados por mala liquidación. La Asignación Universal por Hijo dista de ser universal y alimenta el trabajo en negro, para que no se los quiten; los planes “Argentina Trabaja” y otros subsidios sociales son misérrimos y, lejos de ser un paso para garantizar el reingreso al sistema laboral en condiciones dignas, sientan las bases de un clientelismo que arrasa con la dignidad de los más golpeados: la principal obligación es concurrir a los actos o marchas, bajo amenaza de dejar de percibirlos. Que los economistas piensen que esto no es “continuidad” solamente se explica por razones electorales, si la intención es captar votos desgranados del kirchnerismo. Preferimos no creer que -como ha ocurrido demasiadas veces- por detrás de Camino Popular pueda estar la mano de Oscar Parrilli y sus operadores, piloteando desde las sombras un filo-kirchnerismo orientado a desgastar “por izquierda” la figura de Solanas, que amenaza seriamente las posibilidades de Filmus.

Vayamos entonces al corazón de la crítica, ante la decisión de Solanas de conformar la Coalición Sur en la CABA -integrada por Proyecto Sur, CC-Ari, Partido Socialista, Partido Socialista Auténtico y el grupo La Alameda, junto a otras fuerzas menores- y establecer un acuerdo con los radicales a fin de disputar en las PASO para definir a través de ellas la representación proporcional de cada fuerza, en vez de morderse los talones en las elecciones generales favoreciendo al Pacto Pro-K, que ha sido denunciado por varios legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Las fuerzas que integran la Coalición Sur han firmado un compromiso programático que retoma las propuestas formuladas por el Congreso Partidario de Proyecto Sur a fines del 2012, publicadas bajo el título Bases para un Proyecto Emancipador: se los haremos llegar oportunamente, así los economistas podrán evaluar cuánto más avanzada es esta propuesta respecto de su propio “programa transformador”. Aunque nuestros críticos afirmen que “no es creíble que ha suscripto un acuerdo acotado hasta octubre”, con las tres vertientes radicales que integran el UNEN se acordó la mencionada táctica electoral, pero no se han debatido con ninguna de ellas -es sabido que en el radicalismo existen múltiples y bien diferenciadas corrientes internas- pautas programáticas: a partir de octubre quedan dos años por delante donde se establecerán o no eventuales acuerdos con algunas de sus vertientes. Por lo demás, Prat Gay no nos ha convencido de pagar la deuda (los referentes de UP tampoco pudieron hacerlo en su momento); tampoco nos hemos vendido a la CIA, ni al Pentágono o al Departamento de Estado.

Los antaño defensores de la Convertibilidad de Cavallo -banco Credicoop incluido- formulan una dura condena a esa decisión de Solanas, que para ellos “contradice su nacionalismo popular tan pregonado en los últimos años”. Pretenden además, mostrar que esta torsión venía de antes, en tanto “su adaptación a la derecha fue anticipada por conductas parlamentarias junto al Grupo A”: los desafiamos a que demuestren cuáles de los casi doscientos proyectos presentados por Solanas y el bloque Proyecto Sur o de las respectivas votaciones en estos cuatro años, da cuenta de estas “conductas parlamentarias” que serían de derecha. No obstante, debemos reconocer que en algo tienen razón: efectivamente votamos con el resto de la oposición la ley del 82% móvil que después vetó la presidenta y también votamos junto “al Grupo A” contra la Ley Antiterrorista, promovida por el gobierno y repudiada por todos los organismos de Derechos Humanos, así como la aberrante Ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, que afectará duramente al grueso de los trabajadores, incluyendo los de la CTA.

Como parte de las estrategias electorales de Camino Popular y otras fuerzas de izquierda, claramente asentadas en un ventilador ante su carencia de credibilidad -y eufóricamente difundidas por el amigopolio de medios K- los economistas formulan una condena aterrorizante: “Esta capitulación no quedará enmendada si en el futuro Solanas es marginado de la coalición derechista. Ese previsible desplazamiento no corregirá el daño causado a su declamado proyecto nacional”. Sin descartar que en el futuro pueda haber algún problema en la Coalición Sur -como ha sucedido en tantas experiencias- es posible que la magnitud de esta condena se deba a la bronca de no haber podido tendernos la misma trampa que nos tendieron exitosamente en el 2011 con el FAP, cuando los artífices de la traición fueron nuevamente Víctor De Gennaro y Claudio Lozano, entre otros. Da tristeza y ganas de llorar -al igual que en su patético spot- contemplar cómo, en sus pasos iniciales por la política, lo primero que los jóvenes están aprendiendo de sus mentores es a jugar sucio: un llamado de atención a los integrantes de Marea Popular.

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Criminalización: Con el Proyecto X reúnen pruebas para acusar a seis trabajadores por reclamar sus derechos

LAVACA

Con pruebas colectadas por el Proyecto X, la justicia de San Martín - célebre por validar la obediencia debida y la ley de punto final en 2004- avanza contra seis trabajadores y delegados de las multinacionales Kraft y Pepsico en dos causas elaboradas alrededor de acciones de protesta en reclamo de reincorporación de despedidos y mejoras salariales.

Según pudimos confirmar están imputados del delito de corte de ruta, usualmente usado para criminalizar las manifestaciones, Javier Hermosilla (de la comisión interna de Kraft, por 10 hechos), Leonardo Norniella (despedido en el conflicto de 2009 de Pepsico, 3 hechos), Lorena Gentile (comisión interna de Kraft, 2 hechos), Ramón Bogado (de Kraft y ex integrante de la comisión interna, imputado en 5 hechos), Jorge Penayo (de Kraft, integrante de la anterior comisión interna, 2 hechos) y María Rosario (actual trabajadora e integrante de la anterior comisión, 2 hechos).

De cada uno, Gendarmería hace una detallada descripción de sus movimientos, influencias y acciones durante manifestaciones en 2009 y algunas del 2010 y 2011, en distintos informes pertenecientes al Proyecto X. Las causas contra los trabajadores (n° 481/2009 y n° 620/2010) fueron elevadas recientemente a juicio oral mientras que la denuncia contra el espionaje ilegal de Gendarmería está en plena etapa probatoria.

Botones de muestra

El Proyecto X, así revelado por el propio ex jefe de Gendarmería Héctor Schenone, es un software de Gendarmería Nacional que reúne informes de todo el país desde, al menos, 2004 hasta 2012, referidos a movimientos sociales, gremios, partidos políticos, madres y abuelas de Plaza de Mayo, hijos de desaparecidos, padres y madres de las víctimas de Cromañón, referentes villeros y centros de estudiantes. Contiene desde perfiles de líderes sindicales -detallando la dirección, el estado civil y la capacidad de convocatoria- hasta crónicas sobre reuniones preparatorias de marchas en reclamo de la desaparición de Julio López. En casos como el del sacerdote José María Dipalola, el Padre Pepe, lo cataloga como simpatizante del Partido Obrero, lo cual indicaría que debe moderarse el flujo de alucinógenos entre gendarmes y agentes curiosamente llamados de “inteligencia”. El alcance total del Proyecto X es indeterminado ya que sólo se conoce la información de las personas denunciantes, la cual basta para constatar su ilegalidad.





En Argentina, las tareas de inteligencia se encuentran reguladas por la Ley 25.520, que define en su artículo 2 como “inteligencia” a “la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación”.

No espiarás a tu prójimo

En el artículo 4 de dicha ley se establecen límites precisos e imperativos a lo que está vedado en ese ámbito:

“Ningún organismo de inteligencia podrá:

(…) cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.

Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.

Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.

Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.

Por último, en materia legislativa, en la causa n° 12.144/200 la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, detectó que la Policía realizaba informes sobre organizaciones sociales y políticas y determinó en la Resolución 38/2003 “Organismos de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad Policial” prohibir esas tareas por considerarlas “ilegales”.

A quién investigan

El Proyecto X viola todas estas normas. No existe ningún aval judicial que motive y justifique la infiltración de la Gendarmería Nacional en organizaciones sociales de cualquier tipo. Al contrario: la información recaudada de ese modo ilegal y clandestino se va “blanqueando” en diversos expedientes judiciales, “unas veces de un modo velado, y otras en forma absolutamente burda”, precisa la abogada Myriam Bergman, quien descubrió junto a colegas del CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechs Humanos) la utilización de esos informes en causas contra sus representados.



Más info

Un ejemplo revelador es el de Javier Hermosilla, de quien la Gendarmería Nacional informa de manera especial en la “situación 200645AG009 160/170” perteneciente al Proyecto X:

“Datos de interés: se observó que Hermosilla (miembro de la comisión interna de Kraft Foods Argentina Ex-Terrabusi, y quien estaría alienado al partido obrero (po), proyecta su incidencia sobre el resto de los trabajadores que se refleja en:

de coordinación de las medidas de fuerza (aceptó liberar un carril sobre la Panamericana en sentido hacia Capital Federal).
fue quien mejor explicó el conflicto a los MM CC SS” (se refiere a los medios de comunicación).

La gendarme Calisaya

Esta información era almacenada y analizada en lo que la Gendarmería Nacional llama Centros de Reunión de Información, cuyo software principal tenía base en el edificio Centinela, en el barrio porteño de Retiro. Allí llegaban los informes provenientes de distintas partes del país y se reunían según “archivos”. Los datos almacenados se usaban entonces como fuente de consulta, seguimiento y desarrollo de las actividades de las organizaciones y de los líderes sindicales, tal cual comprobaron los abogados del CeProDH que lo plantearon en su denuncia del siguiente modo:

“La Gendarme Calisaya declara que: “luego lo aclaró a través de la base de datos con que cuenta la fuerza en la cual se desempeña, dado que no era la primera vez que el nombrado encabezaba un corte.

(…) Lo que nos permite concluir que las identificaciones no son llevadas a cabo por un gendarme en particular, sino que son llevadas adelante a partir de las “bases de datos” ilegales con que cuenta la fuerza”.

Te estamos filmando

En este sentido el proceso de uso de la información concluía con una “selección” del material para un objetivo concreto: “de la causa 481/09 surgen fotografías y videos aportados por la Gendarmería Nacional, en las que se le realizan primeros planos a militantes de derechos humanos reconocidas como Elia Espen (Madre de Plaza de Mayo) y María Victoria Moyano Artigas (hija de desaparecidos y nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo y miembro del Centro de los Profesionales por los Derechos Humanos) como participantes de la manifestación. Ellas jamás han sido citadas en una de las tantas causas en curso lo cual también indica que no solo se reúne la información obtenida de las manifestaciones sino que se la clasifica y selecciona”.

El factor común en esa clasificación se centra en la “pertenencia política” de los perseguidos: “Parece que más que la acción concreta, lo que procuran describir a la perfección es la pertenencia política de cada uno”, denuncia la causa presentada por CeProDH y otros organismos.

Personal “de civil”

¿Cómo recaudaba la Gendarmería estos datos para elaborar los informes?

En 2007 la Dra. Marcela Perelman del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) elaboró un informe llamado La regulación de los operativos de seguridad en el marco de las manifestaciones públicas que indicaba la presencia sistemática - no sólo frecuente- de personal vestido “de civil” en las manifestaciones públicas: “Resulta paradigmático el ejemplo de la presencia de personal de seguridad sin uniforme en la zona controlada por un operativo. El hecho de que estos funcionarios pertenezcan o no funcionalmente a áreas de inteligencia no despeja la ambigüedad respecto del tipo de tareas que desarrollan (…). La presencia de personal vestido “de civil” en las manifestaciones es una práctica frecuente, sino sistemática, de los operativos. Esto se desprende de diferentes expedientes judiciales y de las observaciones presenciales del equipo participante del proyecto “Derechos Humanos e intervenciones de instituciones de seguridad en el contexto de manifestaciones públicas”.

A la marcha con el cabo

Los informes del Proyecto X explicitan esta práctica alertada por Perelman y el CELS en boca de los propios gendarmes. En la causa 481/09 (fs. 441/443) el gendarme Raúl Ernesto Sheurman, relata que fue designado con otro miembro de la fuerza, el Cabo Sanabria, para ir a una manifestación y transcribe: “nuestra función allí es solamente observar quiénes están en el lugar, hablar con la gente para saber el motivo del corte, mientras que todo lo referente al restablecimiento del tránsito se encarga el Escuadrón de Seguridad Vial… que vamos al lugar vestidos de civil para mezclarnos entre la gente y determinar quiénes son los que hablan por los altoparlantes, ver quiénes son los organizadores”.

Fotos con celu

En la causa 620/2010 otra gendarme describe el mismo tipo de infiltración: “pudo observar que había tres personas, claramente identificables que evidenciaban ser los cabecillas, dando indicaciones a los manifestantes y siendo entrevistados por medios periodísticos que allí se manifestaban. Por tal motivo, encontrándose la dicente vestida de civil se entremezcló con la multitud, de manera encubierta y comenzó a recabar los datos de las personas en cuestión preguntando entre las personas que se manifestaban, el nombre de los cabecillas, obteniendo los datos de los imputados, Gentile, Norniella y Coria”.

Además de esta caza de datos sobre los líderes sindicales, sus movimientos, la descripción de la marcha, la Gendarmería incluía en los informes fotos y videos de los asistentes. En otro expediente se revela que “la baja calidad de las tomas fotográficas se debe a que se hacen por medio de teléfonos celulares”, para no ser descubiertos.

“Prensa independiente”

¿Cómo se presentaban los gendarmes para entablar conversaciones en la manifestación y acercarse a los delegados?

En la causa 481/09 que tramita en el juzgado de Tres de Febrero, en uno de los videos aportados como prueba y filmados por la Gendarmería Nacional se escucha la siguiente conversación:

Persona 1: Yo soy delegado de la fábrica, quería saber de qué medio sos, porque los compañeros tienen dudas.

Persona 2: Prensa independiente amigo.

Persona 1: No, decime donde porque si no te sacamos a la mierda.

Persona 2: Yo me voy solo, no te hagas drama.

Persona 1: Bueno, ándate.

La careta del “periodista” para acercarse a los manifestantes merece un debate profundo sobre la manipulación de la profesión como excusa de la inteligencia estatal, en la dimensión que merece la infiltración durante 10 años del oficial Américo Alejandro Balbuena en la agencia Rodolfo Walsh.

Muchos de los informes reportan de esta manera informativa el desarrollo de situaciones gremiales como seguimiento de un tema. Así se lee en el Expte. 481/09 del Juzgado Federal de Tres de Febrero: “Señora Juez: Informo a V.S. que en el día de la fecha, siendo aproximadamente las 11:50 hs., utilizando el aparato de telefonía celular nro. 011-154-971-9606 me comuniqué con el Comandante de la Gendarmería Nacional Cristin Rodríguez (tel. 15-3-210-0184), a efectos de verificar cualquier tipo de novedad que pudo producirse desde la última comunicación mantenida en el día de ayer, ante lo cual refirió que si bien mediante las negociaciones desarrolladas ante el Ministerio de Trabajo no se arribó a un acuerdo entre las partes, pudo saber que el gremio se encuentra dividido en dos sectores, uno “radicalizado” y otro “más componedor”. Que este último sector mantuvo conversaciones hasta últimas horas de la tarde de ayer, llegándose a un principio de solución producto de la aceptación de reincorporación del 50% del personal despedido por la Empresa en cuestión”.

6 megabytes

Del edificio Centinela de Campo de Mayo se extrajeron 6 megabytes de documentos del mismo tipo, con información sensible de movimientos sociales, partidos políticos de izquierda, gremios, organizaciones estudiantiles.

Se estima que el alcance de la inteligencia - confirmado desde 2004 hasta 2012 y a nivel nacional- es mucho mayor y mucho peor. Irregularidades en los peritos a cargo de Oyarbide y extraños movimientos de “backup” informativos aumentan la sospecha, y la paranoia.

La historia que cuenta Myriam Bregman a LAVACA acerca de cómo se destapó esta olla lo demuestra.

La lluvia de causas judiciales

“Desde el CeProDH veníamos representando a los trabajadores de Kraft y Pepsico y empezamos a notar que de un momento a otro, año 2009 en adelante, empiezan a llover causas judiciales”.

“Primero empezamos haciendo planteos a la justicia federal de San Martín y de San Isidro para ver de dónde venían las causas, porque nos preguntábamos de dónde salía la información que ellos incluían en el proceso. Trabajadores como Lorena Gentile - de la comisión interna de Kraft- iban a solidarizarse con los compañeros del frigorífico Rioplatense y aparecía ella procesada. Era evidente que había un ensañamiento y sabían dónde estaba y qué estaba haciendo cierta gente”.

El modus operandi

Bregman agrega: “Cuando ya se empiezan a acumular varias causas - en el caso de Javier Hermosilla de Kraft llega a tener 16 causas penales- pudimos trazar un modus operandi de cómo se armaban estas causas, empezar a ver patrones comunes. Y en el 90% de los casos todos los informes en los cuales se basaban los jueces provenían de la Gendarmería Nacional”.

“Esos informes eran informes escritos y en los cuales la terminología era claramente de inteligencia: para referirse a los dirigentes sindicales hablaban de ‘cabecillas’, terminología propia de la dictadura militar que los que hemos actuado en causas de lesa humanidad conocemos muy bien. Incluso el organismo que proveía esto se llamaba Centro de Reunión de Información, que es el mismo nombre que usaba el Batallón 601 para las unidades de espionaje que tenía la Bonaerense en la dictadura”.

“Además se incluían fotos y videos, que mostraban a otra gente que estaba en el corte pero no era procesada. No había una cosa objetiva, había una selección y una decisión de escritorio sobre a quién se iba a imputar y a quién no”, dice la abogada.

La denuncia

Con los datos que pudieron reunirse y el acompañamiento de muchos organismos de derechos humanos (La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Nora Cortiñas y Lidia Espen de Línea Fundadora, CORREPI) el CEPRODH presentó una denuncia el 22 de noviembre de 2011. Bregman: “Decíamos que para nosotros había una red de espionaje, que temíamos que se extendiera al resto del país. Y que había un claro objetivo de perseguir a las comisiones internas combativas - opositoras a los gremios oficialistas y oficiales-. Pedimos también que se allane Campo de Mayo (el Centro de Reunión de Información) y que se tomen medidas urgentes sobre el edificio Centinela para recabar toda la información y los videos que aparecían en las causas”.

La confesión de Schenone

La abogada explica que la denuncia original recayó en el juzgado federal n° 7 de Norberto Oyarbide: “Nos tomó como querellantes rápidamente pero tardó nueve meses en allanar Campo de Mayo. Ya en febrero, cuando se levantó la feria, el jefe de Gendarmería Héctor Schenone levanta un oficio que le había mandado el juez diciendo que no tienen ningún sistema de espionaje y que sí tienen tres sistemas de datos. Uno se llamaba Sistema de Gestión Operativa, otro SAG, que fundamentalmente eran dos bases que compilan la información de los pasos fronterizos y un registro de autos con pedido de secuestro. Y dice que hay un tercero que es “Project X”, dando explicaciones muy dudosas sobre en qué consistía, por lo que todas nuestras miradas se dirigieron a eso”.



El perito de la SIDE

“En el medio, el Oyarbide pidió que se incorpore un perito de la SIDE de identidad reservada en todas las pericias -relata Bregman-. Esto es algo inexplicable, absolutamente ilegal, porque lo que estaba haciendo es hacernos contra-inteligencia para monitorearnos. Yo hasta que los informes de los peritos no está en el expediente judicial, no me entero de nada. Pero la SIDE tiene inmediato conocimiento”.

Allanamiento secreto en helicóptero

La abogada Bregman destaca otro aspecto: “La manera en que Oyarbide realizó las pericias hizo que gran parte de la información tuviera que volver a ser peritada (por el ahora juez Cassanello). La primera vez que fue a Campo de Mayo lo hizo en helicóptero, una forma llamativa de llegar a un lugar para un allanamiento que nadie debe conocer de antemano. Además, tres días antes salió en Ámbito Financiero que Oyarbide iba a allanar esa sede por Proyecto X. Cuando llegaron a Campo de Mayo lo que hizo la Federal fue solamente copiar los títulos de los archivos que había en las computadoras del Centro de Información. Esto parece un chiste de mal gusto, pero es la realidad. Ni siquiera le llamó la atención un archivo que se llamaba ‘operativos hechos sin orden judicial’, aunque parezca mentira”.



El precinto de Garré y la desmentida de Cristina

“A partir de esto la ministra Garré hace una conferencia diciendo que el sistema era obsoleto y que sólo se trataba de un software -detalla Myriam Bregman-. Y manda a precintar el lugar donde estaba el sistema, es decir el edificio Centinela. Al poco tiempo hay una conferencia de la Presidenta donde desmiente a Garré: dice que el Proyecto X se está usando y es sumamente útil, y que se acababa de encontrar a un camionero que traficaba drogas gracias al Proyecto. Esto tiene un problema, porque si estaba precintado - nosotros vimos las fotografías- no se podía usar. Además, si se usaba para detener camioneros, ¿por qué aparece Norta Cortiñas en el Proyecto X? Fue claramente una arenga política de defensa de la fuerza, un mensaje de aval ridiculizando lo que había dicho Garré”.

“En septiembre de 2012 descabezan a la cúpula de la Gendarmería Nacional”.

Trabajadores a juicio

Sobre la causa contra los trabajadores, dice Bregman: “En este momento están todos los peritos trabajando, la causa está en completa etapa probatoria y va a seguir avanzando. Pero al mismo tiempo el viernes 28 de junio la justicia federal de San Martín citó a varios trabajadores de Kraft para que se notifiquen de la constitución del tribunal que los va a juzgar. O sea que estamos próximos a juicio oral por causas basadas en el Proyecto X, del cual todavía no se sabe su alcance y la justicia no sentenció”.

“Lo que estamos seguros es que ya con lo que está en la causa, se confirma que hay un sistema instalado a nivel país. Tenemos la información de todas aquellas personas que fuimos las que denunciamos. Con ese poquito se encontró muchísimo: informes de distintos lugares del país que abarcan desde Salta hasta Chubut, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Neuquén, distintos gremios, partidos políticos, organizaciones sociales. Todavía no tenemos dimensión real del alcance”.

“Queremos hasta la última prueba que la Gendarmería tiene y por supuesto la destrucción, no queremos que esa información siga estando en manos del Estado”.

La designación de Milani

El nombramiento de César Milani al frente del Ejército Nacional ha motivado el repudio y denuncias de distintos organismos que plantean su actuación turbia en la última dictadura militar.

Fue el propio Arturo Puricelli, actual ministro de Seguridad, quien desde el frente de la cartera de Defensa remitió el legajo de Milani a un fiscal de Tucumán que investiga los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el Operativo Independencia. En el legajo de Milani se constató que era subteniente especializado en inteligencia en el Batallón 601 de Ingenieros de Construcción 141 con sede en La Rioja, pero en comisión en Tucumán.

La causa - que fue archivada en marzo - investiga entre otras la desaparición del soldado Alberto Ledo, quien es señalado como el “asistente personal” de Milani en 1976. Ledo militaba por su parte en agrupaciones de izquierda. Uno de sus compañeros, Enrique Vergara, militante del peronismo de La Rioja y ex preso político, declaró: “Ledo desaparece en una de las tantas rondas que hacía el operativo, al mando del capitán de apellido Sanguinetti, también con destino en La Rioja pero trasladado a Tucumán (…) Nunca Milani ni el Ejército dieron explicaciones de cuál ha sido el destino de Ledo. Han querido esconder el crimen, diciendo que Ledo había desertado de las filas” (Fuente: La Prensa).

Por otra parte el ex soldado Álvaro Illanes declaró que en 1976 Milani “hacía interrogatorios de inteligencia” a los conscriptos en La Rioja, y confirmó a Ledo como el “asistente personal de Milani”. Sin embargo explica otras circunstancias en su desaparición: el 16 de junio: “Me contaron que salió al monte a patrullar solo con suboficiales y oficiales. Al día siguiente, a las 7 de la mañana al hacer la formación de tropa y Molina anuncia que Ledo había desertado con todo su armamento” (Fuente: Clarín).

Myryam Bergman suma otra cuestión sobre Milani: “En la causa sobre el Batallón 601 que incluye a Gerardo Martínez, el juez le pregunta al Ejército cuál es el legajo de Martínez y si tuvo participación. El que contesta es Milani, diciendo que se tenga mucho cuidado, que es un expediente reservado y que no se dé a conocer ese legajo. Es decir que planteó toda una política de protección hacia Martínez”.

El espionaje federal: caso Balbuena

Myriam Bregman también es abogada patrocinante de la Agencia Walsh por el caso de Américo Balbuena, el oficial infiltrado durante diez años en la agencia de noticias.

Su caso ha quedado aislado de todo sistema de inteligencia o infiltración, como si Balbuena hubiese actuado por cuenta propia. Lo cierto es que su causa avanza a demostrar una red similar al Proyecto X en la Policía Federal. “Está en plena etapa de pericias”, cuenta Bregman. “El juez Torres actuó con gran celeridad y allanó rápidamente el lugar donde Balbuena supuestamente reportaba”.

Por qué no es un hecho aislado: “Balbuena se mostraba públicamente, tenía contacto con todas las organizaciones, todos lo conocemos, siempre intentaba ir a la casa de las personas que entrevistaba, se movía de una manera que ahora nos damos cuenta… eso que parecía casi tonto e ingenuo era parte de su trabajo”.

El sistema

Tantas casualidades indican una sistematicidad, desde los distintos ámbitos, aparatos y carteras de seguridad del gobierno: Gendarmería Nacional, policías municipales, SIDE, Ejército. Y desde las propias palabras de los funcionarios avalando estas prácticas: Cristina Fernández, Aníbal Fernández, Nilda Garré, Sergio Berni.

El régimen de vigilancia de Argentina tiene un Estado cada vez más agresivo, no solamente por el solapamiento de estos graves casos de infiltraciones, control y criminalización, sino revelado también por sistemas informáticos recientemente aplicados de identificación de personas: desde la tarjeta SUBE hasta el nuevo sistema biométrico de identificación (Sibios), un programa que permite incorporar a los pasaportes un chip electrónico con datos personales, huellas dactilares e imágenes faciales.

Los progresos técnicos facilitan así lo que parece ser una tendencia a nivel global, pero que en Argentina se dio en los últimos años de manera particular, no sólo desde el estado nacional sino también desde gobiernos municipales (el jefe de gobierno Mauricio Macri procesado por escuchas telefónicas, Ciro James, el “Fino” Palacios, etc.).

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¿El granero del mundo se quedó sin trigo?

Daiana García (Base Económicas - ANRED)

El tema del pan está en boca de todos, pero no para comer. En las últimas dos semanas, los medios de comunicación repetían que iba a faltar la harina y que el precio iba a subir a 18 pesos el kilo, que el pan y los fideos iban a estar más caros que la carne. Pero cuál es el trasfondo de este conflicto. “El problema –afirma este artículo– no sería por la falta de oferta real sino por un error de cálculo del Gobierno, que obtuvo los pesos que necesitaba hace un año, pero ahora se ve en un brete con respecto a un alimento esencial en el consumo de los sectores populares”.

Desde el 2006, el mercado exportador de trigo se encuentra regulado: un año antes de que se venda el trigo, los productores ya saben cuál es el cupo máximo de exportación, en función de la cosecha que se espera y de la necesidad del mercado interno. En junio de 2012, se estimó que se iban a producir unas 13 millones de toneladas de trigo, de las cuales seis se destinarían al mercado interno, una sería para evitar inconvenientes en la previsión, y el resto, seis millones de toneladas, se exportarían. Una vez hecho este cálculo, el Gobierno nacional decidió que era posible otorgar permisos de exportación (los nombrados ROE) para el excedente.

¿Para qué le sirve al Gobierno otorgar permisos de exportación? Mediante este instrumento, el Gobierno puede cobrar las retenciones (impuestos) a las exportaciones por adelantado. Es un intercambio: “yo te dejo exportar mañana, pero vos pagame los impuestos hoy”. La cuenta daba perfecta en junio de 2012, pero en diciembre ya se sabía que la cosecha de trigo no iba a ser tan buena como se esperaba, debido a las inundaciones y a enfermedades en los cultivos. Entonces, la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Guillermo Moreno, que es quien regula los permisos para la exportación, salió a “avisar” que se debían bajar las ventas al extranjero de seis a cuatro millones y medio de toneladas, para evitar el desabastecimiento interno. La medida se tomó efectivamente en marzo de este año.

Como era de esperarse, la respuesta del campo no fue del todo positiva: los productores habían pagado sus retenciones y ahora no podrían contar con el reembolso de dinero que esperaban por vender su trigo en el mercado mundial. En este tire y afloje de poder, los productores y/o grandes comercializadores prefirieron “desensillar hasta que aclare” y dejaron de vender el trigo que debía abastecer al mercado interno. Así, la harina comenzó a escasear, ya que las molineras no tenían trigo para producir la harina necesaria. Para evitar este inconveniente, Moreno salió a avisar que si no vendían la harina iba a aplicar la Ley de Abastecimiento Interno (Ley 20.680/1974), que obliga a los productores a vender a las molineras el trigo que se encuentre dentro de las fronteras nacionales, de forma tal de abastecer el mercado interno. Las amenazas de Moreno surtieron efecto y terminaron por vaciar los silos y llenar las molineras.

Por último, si bien se pudo garantizar la molienda del trigo, no se llegó aún a los seis millones de toneladas necesarias para el consumo interno. Por ello se está intentando mantener el precio del pan a bajo costo. La Secretaría de Comercio fijó el precio del pan en 10 pesos pero, según los empresarios que nuclean a las panaderías, ese precio no permite a los productores ser rentables. El problema, entonces, no sería por falta de oferta real sino por un error de cálculo del Gobierno, que obtuvo los pesos que necesitaba hace un año, pero ahora se ve en un brete con respecto a un alimento esencial en el consumo de los sectores populares. Efectivamente, los hogares de menos ingresos son los más perjudicados por esta situación, ya que son los que gastan una mayor parte de sus ingresos en la compra de pan, fideos y otros derivados de la harina y el trigo, como base de su alimentación cotidiana.

Mientras tanto, el precio del pan “blue” cotiza a 18 pesos y el precio oficial a 10 pesos –pero sólo hasta las 10 de la mañana.

Daiana García es integrante del Base Económicas.

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