miércoles, 24 de julio de 2013

Colombia: La bajeza de su alteza

Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

La retórica engañosa sobre la paz expresada por JM Santos ante el congreso de Colombia, el día de la fiesta patria, muestra el fracaso de sus modelos, minero, agrario y cafetero, y de la desindustrialización del país a causa de los TLC neoliberales firmados recientemente.

Pero además, detrás de tal engaño pacifista se debe mirar con detenimiento, cómo detrás de todo, está el estallido definitivo de la burbuja militarista sobre la derrota guerrillera creada hace varios años por la cúpula militar y los asesores yanquis, (como el cutido veterano Kevin Scott quien según voceros del Pentágono se vino de vacaciones con un machete a una de las bases estadounidenses en el Guaviare y se internó en una “zona roja”), a las grandes, combativas y prolongadas movilizaciones sociales que han perdido el miedo, y a la muerte inútil de algunos cuantos súper-entrenados soldados, según Caracol, fueron los mismos héroes veteranos que le dieron muerte fríamente “a un hombre casi ciego herido y solo”, llamado Alfonso Cano.

“La paz hasta el último muerto inútil” enunciada por Santos, finalmente ha quedado establecida en el nuevo esquema de guerrear en medio de la negociación como otra línea roja más; férreamente establecida por los beneficiarios del Plan Colombia: la oligarquía militarista cipaya y su sostenedores estadounidenses, quienes ya no necesitan de la vigilancia de los DH por parte de la ONU, porque están blindados por el Fuero Militar para fusilar “blancos legítimos” que acabaron de estrenar en el Catatumbo y en las protestas de los pequeños mineros.

Para decirlo en breve; JM Santos en el último año de su mandato, no tiene ninguna otra enseña de acogida popular para agitar hacia el futuro que la paz, convertida en el trapo roji-azul de su reeleción presidencial.

Y esto explica por qué razón, él quien desde hace muchos años conoce las convicciones legalistas y electorales del dirigente del MOIR Jorge E Robledo, lo acusa ante el país de ser el instigador de la violencia reactiva de los pequeños mineros del occidente de Caldas.

Si se tiene el antecedente de una bajeza semejante, hecha en enero del 2006, cuando Santos acusó a quien hoy es su ministro de Trabajo Rafael Pardo, de haberles propuesto a las FARC unirse a las fuerzas de oposición para impedir la reelección de Uribe Vélez, y conociendo a su Alteza; no es difícil ver allí otra de sus típicas jugadas electoreras destinada a consolidar su reeleción: incidir sobre el grupo de Izquierda llamado Polo-Moir, con todo el Poder presidencial y mediático para romperles su estrategia electoral:

Por un lado estarían quienes apoyan el “anti-santismo radical” del senador Robledo, pero por el otro estarían quienes, desde una posición de izquierda progresista apoyarían la reeleción de Santos para evitar el regreso triunfal de Uribe Vélez al Poder.

Y de paso, a través de la bocina mediática, incidir sobre el proceso de Unidad Popular que se está dando en las calles y carreteras de Colombia; dándole al MOIR un liderazgo popular en las movilizaciones sociales que nunca ha tenido ni tendrá, porque este es un grupo reformista y legalista cuya estrategia está centrada en sostener su umbral electoral y dar apoyos nominales a las movilizaciones populares para ganar votos, pero sin participar efectivamente en ellas. Con lo cual se da un codazo a los verdaderos dirigentes populares que valerosamente han conducido y seguirán conduciendo desde la base y abnegadamente (sin visaje) la convulsión popular por la verdadera Paz con justicia social, la Democracia real y participativa, y la Soberanía de las Gentes del Común que se avecina.

¿O será que Santos, necesita por sobre cualquier otra consideración, cuatro años más de la inmunidad diplomática que le da ser presidente de Colombia, para así eludir astutamente la orden de captura emitida por la justicia ecuatoriana por la acción criminal de Sucumbíos?

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Rupturas y secuencias: ¡Bolívar vive, nuestra lucha sigue!

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

Para asegurar la independencia de medio continente, Simón Bolívar no escatimó esfuerzo alguno. A su innegable condición de conductor y estratega militar exitoso, se unían una férrea voluntad y una personalidad política fraguadas a través de su formación ideológica autodidacta, sus lecturas selectas, su reflexión acertada y su contacto directo con personas que pudieran ampliar y enriquecer su visión del mundo, incluyendo a aquellas que fueran sistemáticamente segregadas por el injusto sistema de castas impuesto por el régimen colonial español, cuyos brazos y corazones ansiosos de libertad hicieron posible la Patria nueva de América.

En este esfuerzo interminable por construir un modelo de sociedad republicana que sirviera de luz a los pueblos de la Tierra, El Libertador visualizó que ello sería posible librando más batallas contra el colonialismo heredado, implementando una nueva concepción educativa, cuyos fundamentos básicos exaltaran los valores que constituirían siempre la conciencia republicana y/o ciudadana de todos y todas, de modo que ya no existiera ninguna desigualdad ni privilegios basados en el color de la piel, la condición económica ni el lugar de origen.

Todo esto, a la larga, tendría que materializarse en la conformación de una gran nación que -a diferencia de las ex colonias británicas al norte de nuestro continente, lo mismo que de Europa, pese a lo iniciado por los franceses en 1789- se destacara más por sus virtudes cívicas y demócratas que por la extensión de su territorio y sus grandes riquezas materiales, en donde cualquier hombre y mujer vivieran realmente en libertad, “buscando sólo el mérito”, según lo expresara el mismo Libertador. En tal sentido, a esto último habría que agregar lo que afirmara el Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa de este insigne caraqueño respecto a que éste “pensó en un hombre moral, capaz de hacer justicia y de pedirla para los otros, soldado de la libertad, respetuoso de la ley y amante de la Patria, es decir, el ciudadano completo”. Con ello siempre en mente, Bolívar veía en una educación popular ampliamente extendida y sustentada en la idiosincrasia del pueblo la vía más que adecuada para alcanzar realmente la independencia integral de nuestra América.

Por eso mismo, “ese Bolívar ilustrado, librepensador, activo, fecundo, curioso, insatisfecho, inagotable -al decir del poeta Gustavo Pereira en su obra “Simón Bolívar, escritos anticolonialistas”- no había asumido la lucha emancipadora suramericana cual simple y pura rebelión para cambiar las formas. A diferencia de los aristócratas mantuanos a los que por orígenes pertenecía, su compromiso es de transformación total, no sólo de la realidad política. Su postura ante el mundo es la de quien se sabe instrumento no de un deber -deber, más que mandato expreso de las masas populares desposeídas, incorporadas en gran medida durante los primeros años de la guerra a los ejércitos realistas- sino de acendrados ideales de ruptura de un orden, de sed de gloria justiciera, de aquel fuego sagrado que impulsaba su voluntad a contrapelo de decepciones y descalabros”. En esto radica su vigencia y su grandeza, por lo que Bolívar, el hombre diáfano y de las dificultades a quien tanto temen las oligarquías internas y externas de siempre, seguirá viviendo en nuestras luchas y nuestras esperanzas revolucionarias de construir un mundo cada vez mejor que el actualmente existente.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Alfredo Carbonel: "Esas leyes (las mineras) hechas en el menemato han sido amplificadas y mejoradas en la época kirchnerista"

Andrés M. Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Con el tucumano Alfredo Carbonel, integrante de Pro Eco, conversamos sobre la realidad de esa provincia vapuleada por la megaminería, los agronegocios y la perversión gubernamental.



Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Mejor que decir es hacer

Hugo Blasco (ACTA)

A más de doscientos años de la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” y a casi siete décadas de la “Declaración Universal de los Derechos humanos” la vigencia plena de esos derechos esenciales sigue pendiente en el mundo, la región y en nuestro país.

Sin embargo debemos reconocer que mucho se ha avanzado en la lucha por los mismos en particular el desarrollo de causas judiciales por delitos de lesa humanidad, que permitió el juzgamiento y condena a responsables del genocidio en Argentina.

El accionar permanente de los organismos de derechos humanos y otras organizaciones sociales, sindicales, culturales y políticas permitieron avanzar a pesar de las leyes de la impunidad, los indultos, la indiferencia de muchos gobernantes y la actitud reaccionaria de sectores de la Justicia.

El saldo es positivo pero aún insuficiente porque no nos podemos conformar como Pueblo con un número de condenados que no llega a los quinientos genocidas.

Es impensable que un grupo tan reducido haya sido capaz de aterrorizar nuestro país durante tanto tiempo. En realidad debemos hablar de decenas de miles de responsables.

Por lo tanto lo que resta es investigar y mucho. En tal sentido el Estado tiene las herramientas más idóneas para llevar adelante tan ardua tarea en carga de los organismos estatales en general, de inteligencia en particular y el Poder judicial.

Pero nada de eso es posible si no existe la voluntad política de hacerlo.

Nos preocupan algunas declaraciones de la Presidenta cuando sostiene que en el 2015 desea entregar el mando presidencial con los juicios terminados; o cuando hace una caracterización equivocada sobre las Fuerzas Armadas sosteniendo que han tenido conductas antipopulares recién a partir de 1930 y no antes; o cuando trata de sostener la propuesta de Milani como Jefe del Ejército a pesar de las denuncias que obran contra el militar desde hace años.

Las dudas y la preocupación nos asaltan de inmediato. ¿Cómo se puede hacer para cerrar todos los juicios en diciembre de 2015?

¿Acaso no se va a seguir investigando? Alemania, setenta años después del nazismo no ha cerrado el proceso.

¿El Ejército de Roca, la Semana Trágica o la Patagonia Rebelde eran de signo nacional y popular?

La propuesta de ascenso de Milani, ¿se condice con el compromiso de respeto a los derechos humanos?

Hay que tener presente que la denuncia de Olivera es de 1984.

La pregunta es ¿cuántos casos como el de Milani existen y hace que haya muchísimos personajes siniestros agazapados “protegidos” por la falta de investigación y juicio?

No alcanza con la postergación del tratamiento de su pliego hasta diciembre. Debe ser inmediatamente separado de su cargo hasta que haya una sentencia firme.

Si el Gobierno nacional o la Presidenta se equivocaron lo mejor, lo más sano es reconocerlo y rectificarse. Una sola duda los obliga a dar marcha atrás con la propuesta.

Caso contrario la apelación a la lucha por los derechos humanos es oportunismo, demagogia y perversidad.

Hugo Blasco es Secretario de Derechos Humanos de la CTA.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina, Misiones: La “Reforma Agraria” de Closs y Rovira

Alicia Rivas Zelaya (ACTA)

En Misiones miles de familias sobreviven en condiciones infrahumanas, hacinados en las ciudades en precarias casillas, ranchos o inquilinatos. En las chacras resisten el avance de la forestoindustria, la falta de precios para las producciones agrarias, la tenencia precaria de sus tierras. El brutal desalojo de campesinos en Puente Alto y Las Coloradas, que puso en agenda la problemática de tierras en la provincia.

El pasado 1 de mayo en la apertura de sesiones de la Legislatura de Misiones, el gobernador Maurice Closs anunció la toma de posesión por parte del Estado de unas 38 mil hectáreas de tierras en la zona de San Pedro. En medio de aplausos de la abrumadora mayoría oficialista que gobierna también el legislativo provincial, Closs se animó nombrar esta medida como la Reforma Agraria que resolverá la problemática del acceso y la regularización de la tenencia de tierras de cientos de miles de misioneros que disputan el territorio con las multinacionales de la forestoindustria y ahora también del turismo.

El que anuncia la "Reforma Agraria", además de gobernar la provincia desde el 2007 es también un prominente empresario del turismo. Durante su mandato se han destinados inversiones millonarias para dotar de infraestructura -luz, agua, además de las tierras- a grandes empresas hoteleras, incluidas las de él y su familia, que se instalaron en la codiciada maravilla natural del mundo, las Cataratas del Iguazú, muchas de ellas en territorios que le fueron arrebatadas a comunidades indígenas. En la selva Iriapú, unas 300 hectáreas le fueron usurpadas a la comunidad mbya guaraní que lleva ese nombre, las que fueron destinadas a un hotel de 5 estrellas con campos de golf en pleno corazón del territorio indígena.

"Milenariamente ocupamos esta zona, donde ahora se construyen grandes hoteles y cancha de golf, y todo se ve reducido en tamaño y en recursos para nosotros", explicó Miguel Morínigo quien fue cacique de la Comunidad de Iriapú en tiempos en que se logró el reconocimiento de sus tierras aunque en una superficie menor a la que reclamaban. En ese entonces Morínigo no imaginaba la presencia de estos "vecinos".

Este cacique sufrió una terrible persecución tras la lucha por sus territorios lo que lo obligo a emigrar a Brasil por varios años. Si bien hoy está de nuevo en la provincia, no pudo volver a su comunidad y debió conformar una nueva también dentro de las 600 hectáreas. Closs no habló de esto obviamente, tampoco hizo mención a que la provincia lleva casi 10 años de retraso en la efectiva implementación de la Ley de Arraigo y Colonización, sancionada por la legislatura en agosto del 2004, tras años de reclamos de un grupo de organizaciones campesinas que se organizaron en torno de la Pastoral Social de Puerto Iguazú, y lograron esta norma, en medio de una fuerte interna política entre ex socios –Carlos Rovira y Ramón Puerta, el primero gobernador y hoy presidente de la legislatura provincial y el segundo ex gobernador y actual diputado nacional.

La ley 4093 debió regularizar la tenencia de tierras de unas 1200 familias, según el censo realizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Las propiedades que fueron incluidas en la ley de expropiación son aquellas en las que sus ocupantes se mantuvieron firmes en el reclamo y lograron niveles de organización lo suficientemente constantes como para aprovechar un momento político particular para la sanción de la norma. Las tierras bajo dominio registral de CATO, FERBUEL, COLONIZADORA MISIONERA Y PUENTE ALTO –ex intercontinental Compañía Maderera, pasaron a formar parte de la superficie a expropiar.

Desde la visibilidad misma del conflicto, que incluyó cortes de ruta, marchas, movilizaciones hacia la capital provincial, solidaridad de organizaciones sociales, campesinas de todo el país, el oficialismo encarnado ya en ese entonces por el Frente Renovador se opuso a cualquier posibilidad de expropiación. Se trató a los campesinos como intrusos y hasta se llegó a agitar el fantasma de una invasión de los “sin tierra” de Brasil. Por la proximidad con la frontera, muchos campesinos hablan el portuñol –mezcla de portugués con español- lo que sirvió para instalar la idea de que quienes demandaban tierras no eran argentinos. Sin embargo el censo de la UNaM despejó las dudas. En su gran mayoría eran argentinos y es más muchos de ellos tenían en sus documentos estas propiedades como lugar de residencia al momento del nacimiento.

La ley se aprobó el 26 de agosto del 2004. Las organizaciones campesinas celebraron este precedente “histórico” para la pelea por el acceso y la tenencia segura de las tierras, pero se prepararon para seguir luchando por el cumplimiento. El entonces gobernador Carlos Rovira vetó parcialmente la ley, introdujo modificaciones y devolvió a la legislatura. Rovira no quería la expropiación de la totalidad de las propiedades en conflicto, solo las superficies ocupadas y así se sancionó.

La demorada implementación de esta ley posibilitó la continuidad del desmonte ilegal de parte de los titulares registrales amparados en la complicidad de funcionarios provinciales, según denuncian los campesinos incluidos en esta norma y que aguardan desde hace casi 10 años los títulos de propiedad que les permitirían entre otras cosas acceder a servicios básicos como la energía eléctrica, programas de asistencia para productores familiares o créditos para sostener los emprendimientos productivos.

En principio se fijó un plazo de 5 años para la finalización del proceso de expropiación y adjudicación de las tierras, pero la gran mayoría de las familias aún hoy esperan la entrega de los títulos de propiedad. “El Estado estaba obligado a comprar esas tierras desde el 2004, la aplicación de la ley de Arraigo y Colonización se demoró demasiado, por eso llegamos a esta situación”, destacó Vilmar Vas de la Coordinadora Central de Tierras de Pozo Azul, en medio del último gran conflicto que se desató en la provincia tras el brutal desalojo de campesinos que vivían y producían en Puente Alto y las Coloradas, tierras pertenecientes a la empresa Colonizadora Misionera pero que quedaron fuera de la superficie a expropiar.

Puente Alto y Las Coloradas

La madrugada del lunes 8 de abril de este año, 26 familias de pequeños campesinos asentados en Puente Alto y Las Coloradas, paraje Mondorí se despertaron con un impresionante despliegue de efectivos policiales, que a fuerza de gritos y golpes irrumpieron en sus viviendas y sin mayores miramientos empezaron a sacar muebles, colchones, ropa, a romper bolsas con mercaderías. El patio de sus casas se pobló de uniformados quienes fueron cargando las pocas partencias en camionetas policiales y en vehículos provistos por el presidente de la empresa que pidió el desalojo. La brutalidad del operativo, en medio de una instancia de negociación que las familias habían logrado días antes s con funcionarios municipales, provinciales y referentes de la empresa, sorprendió a los campesinos.

El gobierno provincial apostó a que este operativo pasara como un hecho más, justificado por una orden judicial firmada por el Juez Antonio Cuenca a partir de una causa penal interpuesta por los propietarios de Colonizadora. Es más, la versión oficial se aferró a que la policía de la provincia actuó resguardando el legítimo derecho a la propiedad privada y evitó mencionar el desproporcional operativo que incluyó a unos 300 policías, carros hidrantes, y camionetas del titular registral de las tierras. No hubo tampoco mención a la represión con la que se pretendió desalojar un corte de ruta que protagonizaron inmediatamente estas familias y las torturas de las que fueron víctimas 11 vecinos y productores que fueron detenidos por la policía sobre la ruta 17.

“Tras el desalojo, nadie se hizo cargo. No vino ningún funcionario. Sin embargo en las mesas de dialogo habían participado el Director de tierras privadas Felipe Domínguez, del MAM, y el Intendente Dos Santos quien ayer dijo estaba en Posadas. El Ministro del derechos Humanos dijo que desconocía el tema”, relató desde la zona Martín Sereno único periodista que pudo acceder al lugar a pesar de la negativa de la Policía. No contaban con la presencia de Martín, quien rápidamente difundió fotos del operativo y las voces de los campesinos desesperados ante la pérdida de sus casas y sus fuentes de trabajo. Tampoco contaban con la firme decisión de las familias de resistir en la ruta ni la inmediata solidaridad de organizaciones sociales, gremios, asociaciones de pequeños campesinos. Es de destacar que durante las primeras semanas un solo legislador provincial, Héctor Bárbaro del partido Agrario y Social, se acercó hasta las familias para gestionar desde la liberación de los detenidos hasta la atención de cuestiones básicas como la alimentación y salud.

“Es para ver el desastre que hacen con los colonos, hasta ahora la gobernación ni la intendencia se hicieron presentes, no dieron la cara. Encontré las ventanas reventadas las puertas abiertas, mi casa es un agujeros, soltaron los chanchos, las gallinas, los bueyes están todos sueltos por ahí, Estamos solos para pelear por lo que nosotros tenemos. Ahora nosotros nos quedamos sin nada para trabajar, no sabemos dónde llevaron nuestras cosas, yo estoy con mi esposa y mis hijos, dónde vamos a ir”, relató Marcelo uno de los campesinos desalojados y lamentó que los estén empujando a vivir como mendigos al costado de las rutas.

El trabajo de Martín Sereno posibilitó romper el cerco mediático que pretendió imponer el gobierno, como represalia el juez lo imputó a él y Ricardo Javier, otro periodista de la zona, del delito de instigación al corte de ruta.

“Esta nueva variante de la criminalización y judicialización es un grave precedente para nuestra democracia y un atentado a los derechos humanos no solo de los periodistas sino de aquellos sectores vulnerables que buscan hacer visible sus demandas a través del trabajo de estos comunicadores”, se destacó desde la CTA Misiones. Hubo un fuerte reconocimiento a la labor de estos comunicadores que permitieron que la información de este desalojo circulara por los demás medios locales y tomara trascendencia nacional.

Desde el día del desalojo Marcelo junto a otras 25 familias permanecen al costado de la ruta provincial N° 17 sobreviviendo bajo carpas de naylon negros, soportando lluvias, intensos fríos y con la incertidumbre a cuestas. La resistencia de estas familias junto a la solidaridad de organizaciones sociales, gremios, asociaciones de campesinos y algunos partidos políticos, más la persistencia de medidas de fuerza como cortes de ruta y el paro nacional de la CTA que tuvo en Misiones como eje central la pelea por la tierra forzó al gobierno provincial a firmar, a principios de mayo, un acta acuerdo que incluía la relocalización de los campesinos y la devolución de sus pertenencias, incluido las cosechas que quedaron en las chacras de las que fueron desalojados.

A más de un mes de ese acuerdo y casi 3 meses del desalojo 25 adultos y unos 100 niños siguen esperando recuperar sus casas y las chacras para producir y garantizarse condiciones mínimas de subsistencia.

Ecos de la lucha de Mondorí

Además del compromiso de relocalización de las familias desalojadas en Mondorí, la visibilización de ese conflicto, posibilitó la agilización de otros reclamos emblemáticos en la provincia. El pasado 6 de junio la legislatura provincial aprobó la expropiación de 600 hectáreas de la multinacional Alto Paraná S.A. reclamadas por campesinos de la organización PIP -Productores Independientes de Puerto Piray. Un hecho que parecía impensable hace unos meses, debido no solo a la resistencia de la empresa sino también a la postura de funcionarios provinciales y municipales a favor de “defender la propiedad privada de la multinacional”.

“Es un hecho histórico hemos conquistado 600 hectáreas de tierra para nuestra organización, pero lo más importante es que demostramos que se puede expropiar tierras a Alto Paraná” sostuvo Miriam Samudio referente de PIP.

Alto Paraná es una de las principales empresas forestales que concentra tierras en Misiones, contamina el medio ambiente y dilapida las fuentes de trabajo, según vienen denunciando organizaciones sociales, de pequeños campesinos y los propios trabajadores de la multinacional nucleados en el Sindicato de Papeleros de Alto Paraná.

La resistencia forzó visibilizar la problemática

Las reacciones y repudios al brutal desalojo obligaron al gobierno provincial a reconocer la gravedad de la problemática de tierras en Misiones. Sin embargo el anuncio de la toma de posesión de 38 mil hectáreas, incluidas en la Ley de Arraigo y Colonización, está lejos de resolver el problema que afecta a una gran parte de la población. Miles de familias, a lo largo de estos últimos años, fueron expulsadas de las chacras, empujadas a las ciudades en búsqueda de trabajo, y obligados a engrosar los cordones de pobreza de Posadas, Garupá, Eldorado, Oberá.

La falta de acceso y tenencia segura de tierras no solo afecta a la población rural, cada vez más se ve en las ciudades. El acceso a las viviendas que construye en Misiones el IPRODHA –Instituto Provincial de desarrollo Habitacional- se vuelve cada vez más difícil para la una población que no posee trabajo en blanco y si lo posee no llega al mínimo de ingresos que se exige al núcleo familiar para ser “beneficiario” de las viviendas “sociales”.

Según el censo nacional de población Misiones tiene una población que supera el millón de habitantes, es una de las provincias más densamente pobladas de la región. Cerca del 8 por ciento vive en casillas, ranchos o precarios inquilinatos.

Miles de misioneros sobreviven en condiciones infrahumanas, sin posibilidades de acceder a un lugar digno donde vivir en las ciudades y expulsados de sus pequeñas unidades productivas en una disputa absolutamente desigual por el territorio con grandes multinacionales o con funcionarios provinciales que desde la función pública pueden acaparar tierras.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

La Argentina según Monsanto: Consideraciones y advertencias de una realidad jurídica invisibilizada

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES DEL MEDIO AMBIENTE
.

I) Exordio

La agrobiotecnología en el orden jurídico argentino en relación a la liberación de semillas modificadas genéticamente (órgano vegetal genéticamente modificado - OVGM) comienza a tener relevancia recién con la vigencia del Decreto n° 2.183 a partir del 21 octubre 1991 que aprueba una nueva reglamentación de la Ley de Semillas (20.247), derogando las anteriores reglamentaciones. Posteriormente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca crea la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) -Resolución n° 124 del 24 de octubre de 1991 designándola como autoridad de control en la ejecución de planes y políticas en materia de tecnología agropecuaria agroindustrial.

No obstante, el inicio concreto de la agrobiotecnología a gran escala se da a partir del año 1996 con la aprobación comercial del primer evento de transformación genética vegetal a favor de la empresa Nidera S. A. denominado 40-3-2 en soja con tolerancia al glifosato. (1)

Un organismo vegetal genéticamente modificado (OVGM) es aquella planta, a la que se le ha agregado por ingeniería genética (un procedimiento esencialmente biológico) uno o varios genes con el fin de ajustar ciertos rasgos para hacerlos resistentes a ciertas plagas. El empleo de la ingeniería genética o transgénesis en los vegetales es lo que se denomina agrobiotecnología o biotecnología vegetal.-

Se trata de un paquete tecnológico que comprende una semilla transgénica (ovgm) asociada con agroquímicos que se le aplican al cultivo, no afectándolo, a fin de eliminar plantas biotipos vegetales e insectos considerados indeseables para la producción biotecnológica con el objeto de un aumento en la rentabilidad del cultivo.

La problemática que ha generado la aplicación de estos paquetes tecnológicos (semillas y agroquímicos asociados) es que su liberación al medio ambiente no ha gozado de una certidumbre científica sobre inocuidad. Todo lo contrario, el desarrollo de la actividad agrobiotecnológica trajo aparejado en Argentina un proceso de grave afectación a la biodiversidad biológica, acompañado de un alto régimen de deforestación (principalmente del bosque nativo chaqueño) en afán de ampliar la frontera agrícola, y lo más preocupante, importantes implicancias crónicas y hasta graves en la salud humana en las regiones donde dichos paquetes son aplicados intensamente.

De las efectos adversos al medio ambiente de los paquetes tecnológicos da cuenta el propio Poder Ejecutivo Nacional a través de la Secretaría de Política Ambiental en un informe de Marzo del 2008 “El avance de la frontera agropecuaria y sus consecuencias"(2). La Argentina es el tercer país del mundo donde más se ha desarrollado y se aplica in situ la agrobiotecnología, después de Estados Unidos y Brasil)

En ese informe el propio estado Argentino señalo que "Las compañías biotecnológicas argumentan que cuando los herbicidas son aplicados correctamente no producen efectos negativos ni sobre el hombre ni sobre el ambiente. Los cultivos transgénicos a gran escala favorecen aplicaciones aéreas de herbicidas y muchos de sus residuos acumulados afectan a microorganismos como los hongos micorríticos o la fauna del suelo. Pero las compañías sostienen que el glifosato se degrada rápidamente en el suelo y no se acumula en los alimentos, agua o el propio suelo. El glifosato ha sido reportado como tóxico para algunos organismos del suelo, sean controladores benéficos como arañas, ácaros, carábidos y coccinélidos o detritívoros como las lombrices y algunas especies de la microfauna. Existen reportes que el glifosato también afecta a lagunos seres acuáticos como los peces y que incluso actúa como disruptor endocrinológico en anfibios. El glifosato es un herbicida sistémico (se desplaza por el floema) y es conducido a todas las partes de la planta, incluidas aquellas que son cosechables. Esto es preocupante ya que se desconoce exactamente cuánto glifosato se presenta en los granos de maíz o soja transgénicos, ya que las pruebas convencionales no lo incluyen en sus análisis de residuos de agroquímicos". (3)

Durante estos últimos quince años, y por razones de urgencia y necesidad el análisis de la problemática de los paquetes tecnológicos se centro exclusivamente en fijar - judicialmente y/o legislativamente - limites razonables a las aplicaciones aéreas o terrestres de los agroquímicos con el fin de distanciarlas de los centros urbanos o poblados.

Sin embargo a la par de esa tarea maratónica emprendida principalmente por los cuerpos sociales afectados por la exposición a las aplicaciones de agroquímicos (verbigracia: Madres de Barrio Ituzaingo Anexo y vecinos de Malvinas Argentinas en la Provincia de Córdoba, Red Salud Popular Ramón Carrillo en la Provincia de Chaco, Cepronat y vecinos de San Jorge en la Provincia de Santa Fe, vecinos de Colonia Senes en la Provincia de Formosa y Alberti en la Provincia de Buenos Aires) obteniendo inclusive importantes sentencias judiciales al respecto; la otra arista del paquete tecnológico ha sido soslayada: la semilla transgénica (OVGM), con ello su análisis de riesgo, el procedimiento de aprobación y las implicancias normativas y económicas.

II) OVGM. Órganos Vegetales Genéticamente Modificados

En la Argentina la aprobación de los OVGM la realiza la Secretaria de Agricultura y Pesca de la Nación. Se trata de un procedimiento administrativo regulado por la Resolución SAyP 701/11 donde intervienen tres órganos técnicos:

1) la CONABIA y Dirección de Biotecnología que realizan un dictamen en relación a la evaluación de los riesgos para los agroecosistemas; la actuación esta regulada en la Resolución 763/11. (4)

2) SENASA y Comité Técnico Asesor para el Uso de OGM (CTAUOGM) efectúan un dictamen respecto a la evaluación del material para uso alimentario, humano y animal; su actuación esta regulada en la Resolución 412/02. (5)

3) Dirección de Mercados Agrícolas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre los impactos productivos y comerciales.) Su actuación esta regulada en la Resolución 510/11.(6)

El procedimiento de aprobación de los OVGM debería estar contemplado dentro de una ley marco de presupuestos mínimos de ley de biotecnológica y bioseguridad, cuestión que no sucede, o bien inserta en un capítulo de la ley de semillas 20247. Se trata de materia propiamente legislativa. Ergo la reglamentación vigente (Res. SAyP 701/11 y 763/11) vulneran el principio de división de poderes consagrado en el articulo 1 de la Constitución Nacional

En la materia, a su vez, resulta aplicable la ley 24.375 que ratifica el Convenio Sobre Biodiversidad Biológica (7). Sin embargo la Argentina no ratifico el Protocolo Adicional de Cartagena (8) que establece normas precisas de bioseguridad en materia de biotecnología. Esta omisión no es menor, la Argentina al no haber ratificado el Protocolo de Cartagena no ha asumido responsabilidad internacional y no ha incorporado al orden jurídico interno normas precisas que la obligan a adaptar los procedimientos internos de aprobación de los ovgm a pautas estrictas sobre procedimientos de análisis de riesgos ambientales que la reglamentación espuria vigente omite deliberadamente.

A ello debe sumarse el disfuncionamiento de los órganos técnicos de la CONABIA y SENASA conforme surge de los informes de la Auditoria General de la Nación (AGN). (9)

Así en relación a la CONABIA en el año 2002 la AGN señalaba.” Este equipo de auditoría no verificó el cumplimiento de las normas sobre los OGM ni la efectiva participación de todos los miembros de evaluación y consulta en la CONABIA para la autorización de introducción y liberación en territorio argentino de la semilla transgénica soja RR. Si se considera que el 98% de la producción de soja del país es semilla transgénica, los aspectos que hacen al impacto ambiental, la producción agropecuaria y la salud pública, deben ser rigurosamente controlados por el Estado.” (10)

En relación al SENASA la situación no era distinta, en el 2012 la AGN concluyo que se está en presencia de un organismo “al que se le han otorgado atribuciones que no puede cumplir adecuadamente”. Luego agrega que “la deficiente actuación del SENASA en este campo no fue por falta de normas sino por falta de cumplimiento de las mismas”. (11)

La AGN señala la necesidad de que la Dirección de Agroquímicos y Biológicos - DIRABIO - (que funciona en la órbita del SENASA) efectúe exámenes periódicos de los productos ya registrados para determinar si procede la cancelación del registro de habilitación o la reclasificación de los mismos. Todo ello en concordancia con lo establecido por la FAO en su versión revisada del “código internacional de conducta para la distribución y utilización de plaguicidas”. El informe de AGN sostiene expresamente que “es imprescindible que el Estado extreme las medidas de control sobre los agroquímicos en todas las etapas” y que “se realicen monitoreos permanentes de los alimentos para detectar la presencia de residuos, con el fin de garantizar la salud de los ciudadanos”.

III) El fin de lucro, tiene un límite: La vida no se patenta

Las empresas agrobiotecnológicas encabezadas por Monsanto Argentina SAIC han reclamado históricamente al Gobierno Argentino el pago adicional de un canon por el uso de los agricultores de las semillas transgénicas que aquellas le comercializan, alegando derechos exclusivos de propiedad intelectual. No alcanza el pago de la venta de la semilla, además es necesario incluir el pago de un canon adicional, en concepto de patente.

El problema se suscita en que el sector agrobiotecnológico para ese canon adicional por derechos de propiedad intelectual (patente) ha encontrado un obstáculo en nuestro orden jurídico que acertadamente establece que las variedades vegetales no son producto de un invento sino de un descubrimiento que nace de la aplicación de procedimientos esencialmente biológicos, y por lo tanto no son materia patentable.

En efecto, en la Argentina no está permitido el patentamiento de plantas y procedimiento esencialmente biológicos. El artículo 6 de la ley 24481 (ley de patentes) es claro y excluye la patentabilidad a toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza. Luego el Decreto reglamentario 260/96 especifica que no se considerara materia patentable a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos. El patentamiento otorgaría derechos exclusivos a los obtentores (empresas biotecnológicas) por un plazo de tiempo sobre sus semillas transgénicas, concediéndose el uso solo frente al pago de una regalía.

Y la fundamentación ontológica de la impatentabilidad de las plantas y variedades vegetales - como se adelanto ut supra - es correcta y reside en que la materia viva como las plantas no son inventos sino descubrimientos científicos, lo que hace necesaria la exclusión de patentabilidad a fin de que la concesión de derechos de propiedad intelectual dificulte el avance de la ciencia, que es justamente uno de los objetivos de la ley de patentes.

En consonancia con ello en la Argentina rige la ley 24376, la cual recepciona las directivas de la UPOV versión Acta del año 1978.-

La UPOV es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.(12) Se trata de una organización intergubernamental que se creó a partir del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales adoptado en París en 1961 (y revisado en los años 1972, 1978 y 1991). Su objetivo,, es proteger a las obtenciones vegetales mediante un derecho de propiedad intelectual.

El Convenio de la UPOV es el fundamento para la concesión, a los obtentores de variedades vegetales, de un derecho de propiedad intelectual específico al mundo vegetal, distinto de la patente: el derecho de obtentor; sobre el cual el art 27 del decreto 2183/91 reglamentario de la ley de semillas 20.247 le reconoce al obtentor el pago de un arancel.

El acta 1978 de la UPOV (13) que rige en nuestro país a través de la ley 24376, reconoce el derecho del agricultor al uso propio de la semilla (conservar una parte de su cosecha para volver a sembrarla en la siguiente temporada como así también para emplear la variedad como origen inicial de variación con vistas a la creación de otras variedades, y posterior comercialización de estas.) porque limita el derecho de los obtentores a cobrar regalías. La excepción es en caso de uso comercial de las variedades patentadas. Esto es, que el agricultor debe pagar la semilla cuando la compra al semillero, pero no cuando -luego de la cosecha- reserva una parte para la próxima campaña como cuando la usa para emplearla con vistas a la creación de otras variedades ya sea para uso propio como para comercializarlas. Asimismo el plazo de los derechos de obtentor son de 15 años.

Paralelamente a la adopción de las convenciones de la UPOV, se negociaron varios acuerdos bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio, que tienen relevancia en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual sobre semillas.

La mayoría de los Acuerdos de la OMC son el resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay celebradas en 1986-1994 y se firmaron en la Conferencia de Marrakech en abril de 1994. Los 60 acuerdos, anexos, decisiones y entendimientos productos de la Ronda Uruguay quedan comprendidos en una estructura simple con seis partes principales: un acuerdo general (el Acuerdo por el que se establece la OMC); acuerdos con respecto a cada una de las tres amplias esferas de comercio abarcadas por la OMC (bienes, servicios y propiedad intelectual); solución de diferencias; y exámenes de las políticas comerciales de los gobiernos.

El Anexo 1C, que constituye el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC - TRIPS en Inglés) (14), dispone, en un Artículo 27 relativo a las patentes:

"Materia patentable

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. (...)

2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:
a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC".

Este acuerdo ADPIC-TRIPS no define que exactamente que podría ser un "sistema sui generis eficaz" para la protección de la propiedad intelectual de las obtenciones vegetales. A pesar de la aparente flexibilidad que brinda la cláusula sui generis, la protección de variedades vegetales del tipo que ofrece UPOV fue presentada regularmente como la única opción sui generis válida para el Sur.

Como consecuencia, muchos países latinoamericanos se unieron a UPOV como respuesta a las exigencias del acuerdo ADPIC. Así lo hizo la Argentina en el año 1994 pero al Acta 1978 que aun estaba abierta para la ratificación.

Esto también es el resultado de la presión ejercida por los países desarrollados, que buscan la uniformización mundial de las leyes de protección de la propiedad intelectual para favorecer a la grandes empresas multinacionales no solo a través de convenios globales como los de la OMC sino también mediante tratados y acuerdos bilaterales sobre comercio e inversiones.

La actitud Argentina de suscribir al Acta 1978 de la UPOV fue simultánea con la de muchos países. Ante ello la OMC ejerció presión ante varios países directa e indirectamente para poner en vigor el Acta 1991 de la UPOV, ya que sentía afectada la vigencia del ADPIC y su alcance ante la continuación de la vigencia el Acta 1978 de la UPOV, la cual quedo sin efecto en 1998 ante la entrada en vigencia del acta 1991 (aquella solo sigue vigente para los países que la ratificaron, entre ellos Argentina) (15)

Las reglas de la UPOV 91 son contundentes y notablemente distintas a la UPOV 78:

1) No autoriza a los agricultores a vender semillas a otros agricultores,

2) Prohíbe la multiplicación o reproducción de semillas

3) El uso propio de las semillas se sujeta a límites denominados “razonables”, entendiéndose por ello una restricción de cantidad de semillas, hectáreas o especies que gozaran del privilegio del agricultor con una adecuada compensación.

4) Resultan patentables todas las variedades de plantas

5) Crea derechos exclusivos de los obtentores por el término de 20 años.

6) Permite una doble protección, ya se por la ley de patentes como de semillas.

La inteligencia de la UPOV 91 es clara es construir un muro de contención sobre las semillas transgénicas llamándolas invenciones del hombre lo cual conlleva un valor económico (derecho de propiedad intelectual) que debe ser protegido con recelos dejando de lado los derechos individuales de los agricultores (uso propio, venta y multiplicación libre de las semillas), a lo que la UPOV 91 llama privilegios.

Por ello en nuestro país las empresas agrobiotecnológicas - principalmente Monsanto - siempre se mostraron disconformes ante la vigencia de la UPOV 78 y la actual ley de semillas atento al alcance de los derechos del obtentor y las excepción del agricultor.

Sin embargo la presión de las empresas agrobiotecnológicas - con Monsanto a la cabeza - a fin de que se modifique ese status jurídico y procurar el establecimiento de derechos exclusivos por el uso de las semillas transgénicas es evidente y urgente para sus ambiciones económicas (16). Es que el plazo de 15 años de uso exclusivo que fija la UPOV 78 ya no alcanza y de hecho caduco en los primeros eventos de soja, maíz y algodón transgénicos, por lo tanto sus usos ya son libres de todo arancel. Si bien el decreto reglamentario 2183/91 fijo un plazo de protección de 20 años para los obtentores, por la regla de ley superior y posterior rige el plazo de 15 años estipulado en la ley 24.376 que incorpora al ordenamiento jurídico interno los parámetros de la UPOV 78.

Sobre los siguientes eventos las empresas agrobiotecnológicas ya no gozan de la protección de las normas de la UPOV 78

Frente a ello era necesario reinventar el negocio. A tal fin las empresas a partir del año 2010 relanzaron el proceso agrobiotecnológico realizando nuevas variedades vegetales bajo el argumento de un mejora tecnológica que iba a demandar menos cantidad de agroquímicos, cuando en realidad sucedió todo lo contrario. Conforme los números que la propia CASAFE (16) revelo públicamente el uso de agroquímicos siguió en franco ascenso.

Ese plan de negocios, viene acompañado de una estrategia diseñada minuciosamente. En efecto las empresas agrobiotecnológicas con el impulso de Monsanto reactivaron la entidad de contralor denominada ARPOV.

ARPOV es la Asociación Argentina de Productores de Obtenciones Vegetales, y su fin primordial de esta asociación es realizar consolidar un reclamo directo: que la Argentina proteja las variedades vegetales a través de las leyes de patente y/o semillas reconociendo derechos exclusivos y limitando el uso propio de las semillas a los agricultores. Para ello ARPOV viene desarrollando un lobby de precisión cirujana y abarcativo de todos los estamentos sociales.

En efecto en relación los agricultores, Monsanto a través de ARPOV impuso a los agricultores un modelo de contrato de regalias extendidas con cláusulas absolutamente abusivas y que están en sintonía con las directivas de UPOV 91; limitando así el uso propio de las semillas a los agricultores contratistas e imponiendo una regalía extendida a favor de las empresas agrobiotecnológicas. (17)

En virtud de tal contrato el agricultor solamente puede utilizar la semilla que ha reservado para su propia siembra. Toda semilla reservada para "Uso Propio" sólo puede ser utilizada por el productor en su propio establecimiento. Si se tratara de una variedad que se encuentra bajo el Sistema de Regalía Extendida, deberá abonar la regalía correspondiente al obtentor, tal como lo indica la situación contractual.

La propia Monsanto se jacta de señalar que ya cuenta con mas de 9 mil contratos para la utilización de las semillas transgénicas en el periodo 2013 y 2014 (entre el 65 % de los productores) a través del sistema de regalías extendidas.

Y hasta los grandes medios nacionales han dado cuenta de la operatoria creada por Monsanto e implementada a través de ARPOV. Así se puede leer en la Nota de Clarín Cómo se concretará el pago de las regalías en el Suplemento Rural del 22 de Febrero de 2013 "¿Cómo va a funcionar el pago de regalías por la nueva soja RR2 + Bt? Rafael Cavanagh, gerente de soja de Monsanto, lo explica paso a paso: Para comprar Intacta (tal el nombre de esta nueva tecnología), el productor tiene que haber firmado previamente una licencia de uso, que va a decir que se compromete a reconocerle a Monsanto un canon tecnológico y pagar por él. Esto será independiente de a qué empresa le compre la semilla. La licencia es de por vida y no implica compromiso de compra.

Monsanto tendrá una base de datos con los productores que firmaron esas licencias, a la que aportarán Nidera y DonMario con sus clientes que decidan utilizar la tecnología.

El canon tecnológico se va a pagar por separado de la semilla, porque el gen es de Monsanto, que dará la licencia de uso, mientras que el germoplasma es de cada semillero. Todavía está por definirse cómo se hará operativamente el pago del canon tecnológico.

Este año, el valor del canon se definirá entre julio y agosto. Será un valor por tonelada, pero en Monsanto no largan prenda sobre cuánto será. Cavanagh sólo dice que lo que pretenden “es que la tecnología y el sistema se adopten rápidamente, por lo cual buscaremos que el precio permita su uso masivo”.

Habrá una lista con el valor que el canon tecnológico tendrá durante toda la campaña, y se podrá pagar en cualquier momento. Por supuesto, será más barato cuanto más temprano se abone.

Cuando se entregue soja Intacta al acopio zonal o al exportador, se deberá avisar que se trata de grano que contiene esa tecnología. El receptor chequeará en el sistema si el productor que envía esos camiones pagó antes el canon tecnológico o no. Y, si no lo hizo, deberá pagarlo en esa instancia." (19)

A su vez ARPOV es la fuerza de contralor de Monsanto y de las empresas agrobiotecnológicas contra los agricultores. Desde su propia pagina de internet dan cuenta de ello: "Los Coordinadores Regionales realizan visitas a campo para realizar el control y la verificación del cumplimiento de dichos contratos de multiplicación registrando todo lo constatado en informes y auditorias que luego son volcadas a un sistema diseñado especialmente para este trabajo y al cual pueden acceder todos los socios, con especial trato respecto a la confidencialidad de datos de cada criadero asociado. Todas las irregularidades encontradas por los Coordinadores son chequeadas e informadas a las empresas obtentoras a través del departamento legal y a partir de allí se procede a ejecutar las cláusulas penales acordadas en los convenios respectivos."

Ese mecanismo Monsanto ya lo aplico con total éxito en Canadá y Estados Unidos. En el caso de Canadá se resalta el episodio del granjero que motivara un documental revelador "David contra Monsanto" (18) que pone a luz el accionar de Monsanto.

A raíz de dicho episodio recientemente agricultores estadounidenses demandaron a Monsanto a fin de poner un límite a las practicas abusivas y arbitrarias de las fuerzas de contralor (similar a los Coordinadores Regionales de Arpov en Argentina). (20) Desde Monsanto señalan que se trata de un porcentaje muy pequeño de agricultores que no respeta este acuerdo. Monsanto tiene conocimiento, a través de las acciones de nuestra empresa o a través de terceros, respecto a las personas de quienes se sospecha que violan nuestras patentes y nuestros acuerdos. (21).

Recientemente (Diciembre de 2012) la Suprema Corte de Estados Unidos en BOWMAN v. MONSANTO CO. ET AL. (22) sentencio que es ilegal que un agricultor haga copias de semillas, por la cuales pagó, si estas han sido genéticamente modificadas -y patentadas- por el gigante de los transgénicos Monsanto

En 1999, Vernon Bowman, de 76 años, compró una variedad de soja patentada por Monsanto resistente a un herbicida fabricado por la misma multinacional. Monsanto restringe el uso de sus semillas a una sola cosecha, lo que implica que, cada año, los agricultores deben comprar nueva simiente y no pueden replantar la producción anterior. Bowman aceptó las condiciones estipuladas en la patente, pero, en 1998, decidió adquirir su grano de un proveedor local, con la esperanza de que contendría semillas modificadas genéticamente por Monsanto. El agricultor las plantó, las fumigó con el herbicida de Monsanto y salvó la variedad que sobrevivió al químico para cultivarla en los años sucesivos. En 2007, la compañía demandó a Bowman por 84.000 dólares (65.000 euros) por violar los términos de la patente. El tribunal superior de justicia americano por un fallo unánime de 9 a 0 le dio la razón Monsanto

Se trata de un anticipo del plan estratégico que Monsanto a través de ARPOV y la instrumentación ipso facto de los contratos de regalias extendidas ya implementa en la Argentina. Por ello la presión esta concentrada en procurar reemplazar el acta 78 de la UPOV por la Nro 91 para controlar todo el mercado agrícola.

El acta UPOV 91 establece claros y amplios privilegios a las empresas agrobiotecnológicas en detrimento de los derechos individuales y en la inteligencia del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Las modificaciones de la UPOV 91 son significativas y no superan el test de razonabilidad constitucional en nuestro orden jurídico (art 28 CN). Asimismo resultan incompatibles con el Tratado Sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO en el ámbito de la ONU, que mas allá que jurídicamente no es vinculante y la Argentina aun no lo ha ratificado fija principios de moralidad universales que no pueden soslayarse.

LA UPOV 91 ignora y desconoce por completo el Tratado Sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO que ya ante la UPOV 91 en la "Interpretación Acordarda" les hacia recordar a las naciones miembros del UPOV ante su frenético reclamo por fijar limites al uso propio de las semillas y obtener un reconocimiento económico para las empresas agrobiotecnológicas que “en la historia de la humanidad innumerables generaciones de agricultores han conservado, mejorado y hecho disponibles los recursos fitogenéticos, sin que se haya reconocido la contribución de esos agricultores. Se arriba al concepto de los derechos del agricultor definiéndolos como los “derechos que surgen de la contribución pasada, presente y futura de generaciones de agricultores en la conservación, mejoramiento y disponibilidad de los recursos genéticos vegetales”. Tales derechos eran atribuidos a la comunidad internacional, (Trustee) para las generaciones presentes y futuras de agricultores, con el fin de asegurar beneficios para los mismos. No obstante, en la práctica no hubo un reconocimiento a los agricultores por su labores de conservación y mejoramiento.”

Monsanto anuncio su retorno en el mercado argentino con un plan de inversión multimillonaria a través de la producción de las semillas Intacta en soja y maíz en el 2010. En verdad lo hizo después de obtener la aprobación por parte de la CONABIA de la primera fase de las mismas, las cuales venia experimentando desde años atrás en los campos argentinos.

Pero se fijaron condiciones:

1) Modificación de la reglamentación 39/2003 sobre aprobación de los eventos de transformación genética vegetal, por otra más laxa, lo cual ya se cumplió con el dictado de la resolución 763/2011 que reemplazo a aquella, para viabilizar con facilidad las aprobaciones comerciales acotando la matriz de análisis de riesgo ambiental.

2) Reforma de la ley de patentes y derogación del decreto reglamentario en cuanto expresamente prevé la no patentabilidad de los vegetales y los procesos esencialmente biológicos y o bien;

3) Derogación de la ley 24376 que establece los parámetros de la UPOV 78 con la sanción de una nueva ley que adhiera a las reglas de la UPOV 91.

4) No ratificación de la Argentina del Protocolo Adicional de Cartagena al Convenio Sobre la Biodiversidad Biológica.

Para la solicitud de estas condiciones, Monsanto - como se adelanto - se ufana abiertamente de haber conseguido la voluntad de mas de 9 mil productores rurales que a través de cláusulas contractuales de adhesión absolutamente abusivas aquellos le han reconocido regalias extendidas a las empresas agrobiotecnológicas. Ahora solo falta que el Gobierno ceda y acepte las condiciones. Monsanto no tiene escrúpulos en tal sentido, en su propia pagina web como en los principales medios ha señalado que esta a la espera del cumplimiento de esas condiciones.

IV) Plan de acción

Deviene necesario y urgente una inmediata regularización de la actividad agrobiotecnología que hasta el día de hoy se ha desarrollado al margen de la Constitución Nacional. Asimismo el estado de situación descripto ut supra exige un plan de trabajo para proteger el avance de la agrobiotecnología a costas de la afectación irreparable a la biodiversidad biológica, la vulneración de derechos individuales y pérdida de la soberanía alimentaria.

En el campo de las aplicaciones de los agroquímicos, resulta inevitable comprender a la actividad agroquímica propiamente dicha en el proceso de evaluación de impacto ambiental, conforme surge de las leyes 24375 y 25675 cuando se prescribe que toda actividad que sea susceptible de afectar significativamente el medio ambiente y la calidad de vida debe estar sometida previo a su ejecución al proceso de evaluación de impacto ambiental.

En lo que respecta a los OVGM, el reproche por inconstitucionalidad palmaria de la reglamentación administrativa es inobjetable, se trata de una competencia puramente legislativa. Sin perjuicio de ello, la reglamentación muestra serias deficiencias constitucionales, pues al no contemplar los parámetros del protocolo de Cartagena sobre normas de bioseguridad, los análisis de riesgos ambientales sobre los ovgm no satisfacen el test de constitucionalidad en cuanto a la obligación del estado de proveer lo necesario e indispensable preservar la biodiversidad biológica (fin de las normas de bioseguridad que contempla el Protocolo mencionado). Los análisis de riesgos ambientales se hacen sobre la matriz agroecosistema y no sobre biodiversidad, y a la par que no se contempla la participación ciudadana en el proceso administrativo, tal como lo ordenan las leyes 24375 y 25675, los análisis no comprenden las distintas regiones y subregiones geográficas del país claramente distinguibles con sus especies en flora y fauna. Asimismo en materia de inocuidad alimentaria los análisis se realizan por plazos muy cortos.

A su vez el plan de acción, exige cautela y sigilo frente a cualquier pretensión de modificación de los cuerpos normativos-legislativos referentes a las patentes y semillas, con la eventual incorporación del Acta UPOV 91 por la cual se reconoce el patentamiento de los vegetales y sus variedades, y de los procesos esencialmente biológicos; y como contrapartida - para el aseguramiento económico y superedificacion del negocio de las grandes empresas y corporaciones biotecnológicas - se restringe irrazonablemente el uso propio de las semillas a los agricultores.

Por lo que se observa, se trata de un proceso de transformación normativa que solo mide variables económicas de las multinacionales, en detrimentos de derechos y libertades individuales. Y para medir el alcance de esa transformación no se puede pecar de ingenuos. El mundo se rige por dos sistemas jurídicos, uno es el régimen de los derechos de las personas que se rige por las normas de la Constitución Nacional, Carta de la ONU, Pacto de San José de Costa Rica, donde se reconoce al individuo, se reconoce su dignidad y autonomía. El otro sistema es el de los derechos de las empresas, que se rige por la normas del GATT - Organización Mundial del Comercio, UPOV ADPIC-. Se trata de órdenes supranacionales, donde los estados asumen obligaciones y responsabilidades a través de instrumentos internacionales como las actas de la UPOV o el Codex Alimentarius. En esos ordenes supranacionales hay predominio eminente y palmario de las naciones con economías superdesarrolladas a la cuales pertenecen las grandes multinacionales.

Las tensiones entre ambos sistemas jurídicos son permanentes. Las empresas se organizan en grandes conglomerados de asociaciones, tienden un tejido de presión en todos los órdenes tanto a nivel internacional (con ADPIC, UPOV 91) como a los niveles nacionales (ejecutivos, legislativos y judiciales) y hasta en los grandes medios nacionales, y así visibilizan un supuesto beneficio económico para la sociedad y como contrapartida invisibilizan los grandes daños socioambientales que ocasiona su actividad como la afectación a las libertades individuales.

Obtienen modificaciones reglamentarias expeditivas de las administraciones a medida de sus negocios, logran sanciones de leyes que se ajustan al sistema jurídico de la OMC, y como contraposición logran silencios legislativos en materia de normas que procuran la protección de los derechos de los individuos, y como si no bastara ello hasta alcanzan una impermebealización de los poderes judiciales.

Es cierto, hay que reconocerlo, el sistema jurídico de las empresas como Monsanto, el de las variables puramente económicas, suele predominar por sobre los sistemas jurídicos de los derechos humanos de los individuos, y los datos de la realidad reciente en nuestro país no se muestran alentadores. Un claro ejemplo es el fallo de la Corte Suprema de la Nación en el caso de la responsabilidad por contaminación en la amazonia ecuatoriana de la empresa estadounidense Chevron.

Pero no vale la resignación. Debemos considerar que la búsqueda por la prevalencia de los derechos humanos del hombre por sobre los fines puramente económicos de las empresas a costas de la biodiversidad biológica, de la vulneración de las libertades individuales y la perdida de la soberanía alimentaria - como es el caso que nos ocupa - es una utopía digna de asumir y hasta resulta obligatoria, si dimensionamos minimamente las implicancias en las futuras generaciones, pues como bien lo señalara Ernesto Sábato "Solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido".

Referencias:
1) http://64.76.123.202/site/agregado_de_valor/biotecnologia/55-OGM_COMERCIALES/_archivos/res167-1.pdf
2) http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/File/032808_avance_soja.pdf
3) El informe del Estado Argentino “EL AVANCE DE LA FRONTERA AGROPECUARIA Y SUS CONSECUENCIAS” era accidental y aislado y su preparación rápida y expeditiva obedeció a la coyuntura política del momento donde el gobierno Argentino con el dictado de la Resolución 125/08 - que fijaba retenciones móviles sobre las exportaciones de granos (frente al boom sojero) - tuvo una fuerte resistencia de las cuatro entidades representativas del Campo (SRA, CARPA, CONIAGRO y FA) entre Marzo y Mayo del 2008-. Como artilugio para neutralizar el reclamo de las entidades agrícolas, el Gobierno Argentino salio a defenestrar al herbicida icono de la actividad agrobiotecnológica e imputarle al sector agrícola la responsabilidad excluyente en los daños a la biodiversidad que aquel ocasiona.
4) Link para leer la resolución http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/189067/norma.htm;
5) Link para leer la resolución http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/74376/norma.htm;
6) Link para ver la resolucionhttp://64.76.123.202/site/agregado_de_valor/biotecnologia/55-OGM_COMERCIALES/RES_00510_2011.pdf
7) http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml
8) http://www.minambiente.gov.co/documentos/4081_170909_protocolo_cartagena.pdf
9) http://www.agn.gov.ar
10) www.agn.gov.ar/informes/informesPDF2007/2007_002.pdf
11) www.agn.gov.ar/informes/informesPDF2012/2012_247.pdf
12) http://www.upov.int/portal/index.html.es
13) http://www.upov.int/export/sites/upov/upovlex/es/conventions/1978/act1978.pdf
14) http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm
15) http://www.upov.int/upovlex/es/conventions/1991/act1991.html
15) http://es.scribd.com/doc/101687877/Argenleaks-Monsanto
16) http://www.casafe.org/biblioteca/estadisticas/
17) http://www.regaliaextendida.com/preguntas
18) http://www.generandoconciencia.com/Generando/pages/videos/uno-por-uno/David-vs-Monsanto.html
19) http://www.clarin.com/rural/concretara-pago-regalias_0_871112952.html
20) http://rt.com/usa/farmers-monsanto-organic-farms-323/
21) http://www.monsanto.com/global/es/noticias-y-opiniones/Pages/porque-monsanto-demanda-a-agricultores-que-reutilizan-las-semillas.aspx
22) http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-796_c07d.pdf

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Acuerdo YPF - Chevron: Entrevista a Jorge Nauel de la comunidad Mapuche

ATE - ACTA

Jorge Nahuel, representante de la Confederación Mapuche de Neuquén, explica cuales son los peligros que implica la explotación de gas por el método no convencional conocido como Fracking que llevará adelante la petrolera norteamericana Chevron en la provincia patagónica.



Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

La honestidad, o la paja en el ojo ajeno

Néstor Pérez (PRENSA RED)

El periodista Néstor Pérez analiza la relación entre corrupción y poder en clave de ironía. Fragmentos como el enunciado por Tato Bores: “Vos podes ir en cana por cualquier motivo, incluso podes ir en cana sin ningún motivo; ¡pero por corrupto, jamás! El que sí va en cana es el ladrón de gallinas, lo que no se sabe es si va en cana por chorro o por boludo”; son puestos sobre la mesa en plena campaña electoral.

“Ahora entramos en una etapa electoral y todos salen con los dientes nuevos y bien peinados prometiendo el oro, el moro y la máquina de hacer chorizos. Y sacan afiches ofreciendo, como gran mérito, la honestidad. Con lo cual no robar pasa a ser una especie de opcional. Vea: ningún coche hace propaganda diciendo que tiene ruedas o parabrisas. Eso es estándar. Te ponen lo distinto, lo novedoso. Y hoy parece ser que, si sos honesto, sos una especie de GTX Súper de Luxe de la política. Pero, ojo, no exageremos porque ser corrupto tampoco está del todo mal…porque ahora muchos corruptos son tapa de revista, modelos para imitar”.

Veinte años atrás, el genial hombre de la peluca como pícara distinción, y un coraje cívico inquebrantable, les decía a los argentinos, una y otra vez, que Robar no era digno de alguien que había nacido y que dejaría los huesos en esta bendita tierra. Que probablemente fuera fácil, al calor del poder de turno, pero que definitivamente no era digno.

Tato Bores se debe reír de nosotros, en donde quiera que haya ido luego de dejar tras de sí ese tremendo compromiso con el hecho político contemporáneo.

¿Qué diría él de todo esto que nos vuelve a pasar, como en un enloquecido Déja Vú?… Sigamos a Tato: “Le explico, usted después de transpirar la camiseta como funcionario ha logrado, con su modesto sueldo, adquirir una mansión que reíte de “Dinastía”. ¿Lo va a ocultar? ¿Se va a avergonzar? Eso era antes, cuando ser chorro significaba una sanción moral.

Ahora no, ahora ni bien se enteran, vienen de la revista “Tujes” a sacarle fotos a usted y a toda su familia sentados en la cama comprada gracias a sus afanes (afanes de afanar, claro). Y cuando la gente se ve en la foto, les dice a sus hijos: “Ves, nene, si querés triunfar en la vida, ni se te ocurra perder el tiempo en estudiar, ni tampoco seas tan salame de arruinarte el lomo laburando…¿entendés?”.

O sea que mi amigo Luis Barrionuevo, cuando decía que la guita no se hace laburando, la tenía reclara…era como un oráculo. Por otro lado, afanar no solo te cura la úlcera, te baja el colesterol, sino que además, es seguro. Vos podés ir en cana por cualquier motivo, incluso podés ir en cana sin ningún motivo; ¡pero por corrupto, jamás! El que sí va en cana es el ladrón de gallinas, lo que no se sabe es si va en cana por chorro o por boludo”.

Mejor lo dejamos en paz al actor cómico de la nación y retomamos el camino de la crítica a todo aquel que se beneficia de un negocio espurio, dentro y fuera del Estado, entendiendo que ese sigue siendo el imperativo de periodistas que se paran sobre sus propios pies, que se hacen cargo de su verdad, aquella que, al decir de Osvaldo Soriano, “subjetivada y todo consideran la única verdad posible” en esto de los negocios sucios.

Estén los chorros en la mesa chica municipal, en algún rincón oculto del Panal del río o tenga oficinas en Puerto Madero, la corrupción no se debe tolerar como un designio fatal.

Para no caer en la trampa de los que se amparan en proyectos colectivos para cerrar la boca y mirar al techo, rápido envuelvo a los empresarios en la disputa por la renta del retorno, los hombres de negocios sin otra ideología que la plusvalía; esos que mudan de ropaje conforme se modifiquen las firmas de los contratos que cierran tampoco pagan sus tropelías.

Hoy es Cristina, ayer fue José Manuel, mañana podría ser cualquiera que tenga los fondos necesarios. Total, después se ponen un Centro Cultural re piola, con onda, loco, y nadie se resistirá a sus encantos, mucho menos se ocuparán de escrutar en la repetición de negocios con la obra pública.

¿Hay ladrones “nuestros” y ladrones de “ellos”? ¿La pertenencia política habilita categorías semejantes?…”Somoza es un hijo de puta, pero es Nuestro hijo de puta” decía Franklin D. Roosvelt cuando la ferocidad del dictador nicaragüense hacía posibles los negocios sucios del nuevo contrato social estadounidense (New deal) ¿Eso vale? ¿Sirve? ¿A quién?…

Hay un tejido comunitario cuyas heridas tienen que ver con el olvido desdeñoso de las instituciones liberales, el negocio narco, la falta de expectativas, futuros esquivos, políticas públicas difamatorias y muchas veces fraudulentas en sus horizontes inclusivos: ahí están los antiguos dueños de la tierra, los morochos desclasados, los trabajadores debilitados día a día por la excesiva tributación, los tercerizados, y podríamos seguir enunciando lo que el discurso oficial calla.

Pero agreguemos una categoría que precisa de una sutura visible, un remedio ejemplar y continuador de la vieja costumbre de no avanzar sobre lo ajeno. Son los más chicos, esos pibes que se matan por nada. O por todo, no sé. Los que le disputan territorios a la oscuridad y, al mismo tiempo, centralizan la represión estatal.

La impunidad corrompe la pretendida horizontalidad de la democracia; la vuelve oblicua, desafía la física jurídica toda vez que vuelve elástica la norma, y por eso mismo, enteramente arbitraria e ineficaz. Pares entre dispares. Ciudadanos de primera, ciudadanos descartables.

Siempre se robó, no nos corran ahora con esa jactanciosa debilidad de los que creen que se construye un proyecto político sin afanarse algo en el camino, dirán los que antes se atragantaban son la sordidez de los negocios menemistas. Son hoy los mismos que no ceden un casillero en la carrera del crecimiento patrimonial.

En honor de los que se siguen embarrando en los suburbios de la militancia, sin apropiarse otra cosa que no sea la perspectiva política, es que deberíamos examinar los alcances estructurales de la corrupción. Porque son muchos los pibes que miran como el futuro se les escapa sin tener un lazo a mano, mientras los hombres duros del negocio político, estirando al extremo la ironía de Scalabrini Ortíz, * roban porque pueden pero además, para no pasar por otarios…

Notas:
*Raúl Scalabrini Ortiz: “Dos más dos pueden no ser cuatro…aquel que necesitado no roba un banco pudiendo hacerlo, es un otario”.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Viento del sur, mano de obra barata

Silvana Melo (APE)

Dicen que por julio, en este país puesto en los pies del mundo, el viento del sur amanece malhumorado. Se levanta y su furia levanta las heladas. Entonces oscurece el cielo con nubarrones gordos y plomizos, sube el frío hasta los bajos ceros y prohíbe el sol. Como un cuchillo filoso, penetra por todas las ranuras de las casas de chapa, por los agujeros de los techos, por las puertas con puerta en desgano, por las puertas sin puerta, por las ventanas con diario en lugar de vidrio. Hiela a los niños y a los viejos, arruga pulmones, propina la fiebre y la tos, acuchilla a los que duermen en las esquinas. Tira las velas sobre las camas, cierra herméticamente puertas y ventanas y enciende braseros venenosos, intoxica con gas, quema con fuego que debía calentar. El viento del sur, en estos pies del mundo, es la mano de obra barata del Estado.

En tres días anduvo la muerte prolífica, llenándose las valijas de gente de allá. De gente de los otros lados, de los arrabales y los márgenes. Donde los ciegos y sordos apenas asoman la nariz para masticar un chori en el barrio días antes de las PASO (que nadie sabe qué son en Lugano ni en Catuna ni en El Carmen ni en Manogasta ni en Palmira). Donde hablan de inclusión y cuando se van apagan la luz y cierran con llave para que nadie se escape de la celda barrial que le tocó. Como en la villa 20 de Lugano, donde el incendio en una casilla mató a dos niños que para los medios no tienen nombre. Tenían uno y seis años e intentaron calentarse con algo que ardió. Estaban solos.

Como en un asentamiento salteño en el barrio El Carmen donde los chicos encendieron fuego, locos de frío. Susana estaba con sus cinco hermanos de 3 a 10 años. Ella tiene apenas nueve y pudo sacarlos a todos. Nadie se explica cómo. De la casita no quedó casi nada. Para el viento del sur ahora son presa mucho más fácil: están en la calle.

Como en Santiago del Estero: un chico de 13 años se durmió al ladito del brasero. Lo encontraron con un hilito de vida, como una milagrería más en Manogasta. De por ahí venía también el cartonero que se murió en Tandil, puro hueso, en una pensión helada ocupada por obreraje santiagueño, mortificado en la cosecha de la papa.

Como Luca Thomas, de 8 años, que se quemó con su madre en el barrio Lourdes de Olavarría. Allí estaban, en el comedor y cocina y habitación, único cuadradito donde vivían todos. Puestos alrededor de una garrafa con pantalla. Que de pronto rozó la ropa y el fuego lenguaraz galopó imparable. Famélico. La policía llegó antes que los bomberos. Porque el barrio está marcado como indomable. Mientras la policía les ponía el cuerpo a los vecinos para que no avanzaran, las salamandras del fuego se devoraban a Lucrecia y a Luca. Y las piedras volaban desde la profundidad de la noche, alumbrada apenas por un fuego solísimo.

Como Maicol Castro, de cuatro años, que vivía en “una vivienda calificada de erradicación de ranchos”, según los diarios riojanos. La verdad era que Maicol, su madre y sus tres hermanos vivían sin luz, entre otras cosas. Y una vela encendida terminó con él en el Hospital de Catuna.

Como el hombre que ya no se levantó esa mañana escarchada. Vivía en una esquina itinerante de San Martín, en Mendoza. Como la niña sin nombre de Palmira, calcinada por una estufa que debía entibiarla. Sólo entibiarla. Pero se cayó y la ira del fuego se llevó a la niña mendocina sin nombre.

Dicen que por julio, en este país puesto en los pies del mundo, el viento del sur amanece malhumorado. Tira las velas sobre las camas, cierra herméticamente puertas y ventanas y enciende braseros venenosos, intoxica con gas, quema con fuego que debía calentar. El viento del sur, en estos pies del mundo, es la mano de obra barata del Estado.

Mata por olvido y sin sueldo. No desobedece porque no puede. Porque es el viento y el viento cuando es del sur se viene frío y extirpado de piedad. Es como un cuchillo: asesina cuando lo empuñan. Y lo empujan. Es la mano de obra barata del Estado. Que primero mata y después envía chapas y colchones si hay sobrevivientes.

El mismo viento es el que se llevará las promesas que quedaron sobre la tarima después del acto de campaña.

El mismo viento.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina, Córdoba. Trabajo infantil: Un niño de 10 años murió en accidente laboral en Freyre

PRENSA RED

Un niño de 10 años de edad perdió la vida el lunes en un accidente en medio de actividades rurales, en un campo ubicado a 4 kilómetros de la localidad de Freyre, en el departamento San Justo, al noreste de Córdoba.

Según informó el sitio www.freyre.com.ar, el fatal accidente ocurrió a las 14.30 en un campo propiedad de la firma Sereno S.R.L., cuando el padre del menor se movilizaba en un tractor remolcando un carro forrajero.

En ese momento, el niño movilizaba el ganado y en un momento cuando intentó subir al tractor, aparentemente, la toma de fuerza del vehículo enganchó la ropa provocando su muerte.

La fiscalía del doctor Oscar Gieco interviene en el caso para investigar las circunstancias del trágico hecho.

Una palpable y cruel realidad

La muerte del menor en ocasión laboral, lamentablemente es una palpable y cruel realidad que se vive, en este caso, diariamente tanto en las ciudades como en las zonas rurales de la provincia de Córdoba porque el trabajo infantil convive entre nosotros, y dentro de las múltiples formas,

Según un informe realizado en 2010 por la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti) la más común precarización laboral en la niñez está en los cortaderos de ladrillos, pero la variedad es inmensa y varía según zonas y, en especial, si se trata de trabajo urbano o rural.

En el trabajo urbano existe en la venta ambulante, en la mendicidad y en los limpiavidrios, entre otras actividades precarias, mientras que en la zona rural está en la siembra, en la recolección de hortalizas y en el corte y recolección de leña

Los últimos datos disponibles de Argentina indican que Córdoba es la provincia con mayor porcentaje de trabajo infantil: lo hace el 8,4 por ciento de los niños de 5 a 13 años y el 30 por ciento de los adolescentes de 14 a 17.

Cifras que realmente son alarmantes porque el trabajo infantil, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “es una de las peores formas de explotación y abuso porque pone en peligro la salud, seguridad y educación de los más chicos, al tiempo que atenta contra su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”.

En definitiva, la muerte del menor en un campo de Freyre es una prueba más del trabajo esclavo infantil y de mano de obra barata, que ningún organismo del Estado municipal, provincial y nacional controla, y que cuando lo hace es para mediatizar el tema en los grandes medios de comunicación, pero sin ir al fondo de la cuestión porque hay fuertes intereses de por medio, y lo más fácil es mirar para el otro lado.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina, Santa Cruz: retrato de una provincia extractivista

APN - ACTA

Conocida como una región de enclaves, tiene un alto porcentaje de precarización laboral y la salud pública es arancelada. Organizaciones sociales y gremiales discuten el modelo de desarrollo anclado en la minería.

“En Santa Cruz es más caro una operación de apendicitis que una onza de oro”. Así expresó Olga Reinoso, Secretaria de Género de la CTA Santa Cruz, el extractivismo en su provincia. Además dialogó sobre las principales problemáticas de las mujeres en San Cruz y de las actividades que llevan adelante respecto de la Campaña Nacional por la Soberanía de los Bienes Comunes que impulsa la CTA Nacional.

A la hora de hablar sobre la condición femenina, Reinoso expresó: "Tenemos en las plantas estatales el 20 por ciento de los trabajadores precarizados y, de ese porcentaje, el 85 por ciento son mujeres. Tenemos alrededor de 50 cooperativas contratadas para el Estado en forma de tercerización de servicios y el 85 por ciento son mujeres. Estos datos quieren decir que en Santa Cruz, la precarización laboral tiene cara de mujer. Las compañeras están absolutamente despojadas de estabilidad social. Venimos llevando adelante Encuentros Regionales en Santa Cruz, ya vamos por el quinto, allí debatimos las prioridades y acciones que tienen que ver con la mujer trabajadora".

Maristella Svampa, licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París, dijo que Santa Cruz es una provincia de enclaves, donde la minería está lejos de ser motor de desarrollo. "Por ejemplo, el año pasado el gobierno provincial reclamó a las corporaciones mineras que ’invirtieran más dinero’ en un fondo de Responsabilidad Social Empresarial. Les pedía 14 millones de pesos por mes para financiar los 14 hospitales de la provincia, poniendo en evidencia la profunda crisis del Estado provincial, en medio de huelgas y reclamos de empleados públicos. Las empresas rechazaron el pedido y eso llevó a una situación de máxima tensión con el gobernador, luego abandonado por el poder ejecutivo nacional".

Desde organismos gremiales y sociales, confirmaron que en Santa Cruz la salud pública es arancelada y ese arancel los pagan los ciudadanos para ser atendidos en hospitales públicos. Representa un ingreso de 63 millones mientras que las mineras por regalías dejan apenas 54 millones. "Es sólo el 3 por ciento de todo lo que se llevan, ya que declaran que salen 1800 millones anuales en oro de los puertos patagónicos", dijeron desde la CTA.

Por otra parte, en la sede de ATE de esa localidad portuaria, Carlos Garzón, Secretario de la Juventud de CTA Santa Cruz y militantes del Frente de Cooperativas de Salud se reunieron con el Ministro de Salud y avanzaron en pos de lograr el pase a la administración pública de los trabajadores.

A este respecto, Olga Reinoso aclaró que "en Santa Cruz venimos dando discusiones salariales y sobre el modelo extractivista y se abrió el Foro contra la mega minería a Cielo Abierto, el Saqueo y la contaminación y estamos en contacto con las cinco asambleas ambientales que existen en la provincia. Es una tarea complicada pero el gobierno se ha encargado de hegemonizar el relato del supuesto progresismo cooptando universidades, organizaciones, medios de comunicación. Por eso estamos trabajando en abrir el debate sobre qué es progreso y qué es desarrollo".

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Demandan justicia por trágicas muertes en cárcel chilena

XINHUA

El representante de las familias de 81 víctimas chilenas de un incendio en 2010 en el penal San Miguel en Santiago, la capital del país, dijo hoy que demandan penas de prisión para los responsables de la que es descrita como la peor tragedia en la historia penitenciaria nacional.

"Que el tribunal llegue al convencimiento que los gendarmes que están acusados cometieron delitos y se apliquen las penas que corresponden a esos delitos", dijo Carlos Quezada, representante de los familiares a medios locales.

Esta semana se inició un juicio por negligencia contra 8 funcionarios de Gendarmería, la institución que custodia las cárceles en el país, por la muerte de 81 internos tras un incendio el 8 de diciembre de 2010 en el penal San Miguel.

En el marco del inicio de las alegaciones, el fiscal que presenta el caso deslizó la posibilidad de que los inculpados no cumplan penas en prisión dada la baja penalidad del delito que se investiga, lo que provocó rechazo en los familiares de las víctimas.

"En este caso, lo que hay específicamente es que se le imputa a sujetos determinados, conductas determinadas que tuvieron incidencia en el resultado, que fue el incendio con resultado de muerte, eso es lo que se está imputando?, indicó el representante legal del caso.

De acuerdo al abogado "se espera que el tribunal diga por primera vez que los funcionarios actuaron de manera deficiente u homicida".

El siniestro provocado por una riña entre internos despertó fuertes críticas a la labor de los custodios por la demora en la asistencia a los reos atrapados y la tardanza en el aviso de alarma de incendio a los bomberos.

La mayoría de las 81 personas murió producto de asfixia, según informes oficiales.

La tragedia reveló entonces las dramáticas condiciones de hacinamiento en los penales en el país, con cerca de un 67 por ciento de sobrepoblación.

La situación fue abordada mediante un plan de emergencia que implicó la excarcelación en casos de delitos menores y la ampliación de otros penales.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Realizarán pruebas de ADN en los restos del poeta chileno Pablo Neruda

XINHUA

El juez chileno Mario Carroza resolvió la realización de exámenes de ADN para confirmar si los restos exhumados en abril pasado corresponden al poeta Pablo Neruda, en el marco de la investigación de las causas de su deceso en 1973.

"Estamos oficiando al Servicio Médico Legal para que ofrezcan todos los recursos necesarios para su identificación con sus familiares más cercanos de acuerdo a nuevos procedimientos. Si el ADN no coincide con el de sus familiares, estaríamos en condiciones de confirmarlo con muestras de sus padres, que se encuentran inhumados en el sur del país", dijo Carroza.

La decisión la adoptó a petición del abogado Eduardo Contreras, quien representa en esta causa a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

El cuerpo del Premio Nobel fue exhumado en abril pasado para la realización de peritajes científicos en el marco de la investigación de las causas de su muerte.

Carroza está a cargo de investigar las circunstancias de la muerte del intelectual en 1973, pocos días después del golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet.

El juez resolvió realizar las pericias, luego de una recomendación de expertos forenses.

El autor de "Veinte poemas de amor" murió el 23 de septiembre de 1973, dos semanas después del golpe de Estado que derrocó al entonces mandatario socialista Salvador Allende, a raíz -según se informó entonces- de las complicaciones de un cáncer a la próstata que padecía.

En mayo de 2011 en un reportaje aparecido en la revista mexicana Proceso, el asistente y chofer del escritor, Manuel Araya, de 65 años, reafirmó un testimonio entregado a la prensa local en 2004, sosteniendo su convicción que Neruda fue asesinado por agentes del régimen de Pinochet.

De acuerdo al relato de Araya el propio Neruda les comunicó a él y su mujer Matilde Urrutia que era intervenido en forma irregular por médicos del centro asistencial, por lo que les pidió apresurar los preparativos para su salida del país al exilio hacia México.

Las dudas planteadas por el reportaje periodístico llevaron al Partido Comunista de Chile a entablar acciones judiciales en 2011 para determinar las verdaderas causas de su muerte.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Honduras: Asciende a 15 cifra de muerte por dengue en Honduras

XINHUA

El ministro de la Secretaría de Salud de Honduras, Salvador Pineda, confirmó que las víctimas de dengue aumentaron a 15.

"Hemos creado el frente amplio de lucha contra el dengue donde se solicita a las instituciones públicas y privadas integrarse a la lucha", dijo el ministro a periodistas.

Hasta la semana epidemiológica 26 se registran 9.344 casos, en tanto en la última semana hubo un reporte de 958 enfermos de dengue, lo que representa un incremento de 54 por ciento en relación al 2012.

El 21 de junio anterior, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) de Honduras, declaró alerta sanitaria en 112 municipios de los 298 que tiene Honduras.

La Secretaría de Salud confirmó que a la semana 24, que finalizó el pasado 8 de junio, se reportaban 6.833 casos de dengue en todo el año. El ministro director de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Lisandro Rosales, dijo que hay 152 municipios que se encuentran bajo alerta por dengue, de los que 37 están en alerta roja por la alta incidencia de casos.

Según Salud, donde hay más incidencia de la enfermedad es en el departamento de Francisco Morazán (centro) y las ciudades de San Pedro Sula y Choloma (norte),Ocotepeque (occidente), Juticalpa y Catacamas en el departamento de Olancho(noreste). El 29 de febrero anterior, inició una campaña de prevención para combatir el mosquito.

En 2009 se reportaron 12 muertes por dengue hemorrágico, ocho adultos y cuatro niños, y más de 66.700 casos sospechosos de la variante clásica, de los cuales se confirmaron 3.200 En el 2011 y 2012 no se produjeron casos de la variante hemorrágica, contrario al 2010 que se registraron 83 decesos.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

México: El 66 por ciento de jueces desconoce leyes a favor de las mujeres

Anayeli García Martínez (CIMAC)

En México los jueces niegan la justicia a las mujeres porque continúan juzgando con estereotipos, desconocen las leyes contra la violencia de género, y las instituciones especializadas en investigar los delitos son inoperantes.

Con estos argumentos la organización Equis: Justicia para las Mujeres denunciará al Estado mexicano ante el Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo de las Naciones Unidas a realizarse en octubre próximo, por no garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas o inculpadas.

María Paula Castañeda, coordinadora de Proyectos de esta organización, dijo en entrevista que se envió un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para acusar la falta de perspectiva de género en el nuevo sistema de justicia penal (juicios orales).

En el documento, Equis también denuncia la falta de armonización legislativa de las leyes contra la violencia de género y las deficiencias de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).

Este informe, explicó Castañeda, servirá como insumo para que en octubre los Estados miembros de la ONU sometan a México al EPU y evalúen la situación de los Derechos Humanos (DH) en México.

La activista precisó que en junio de 2008 el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, que ahora se conoce como “sistema de juicios orales”.

Con esta reforma se busca un sistema de justicia en el que haya equilibrio entre las atribuciones del Ministerio Público y el juez, se dé mayor relevancia al proceso penal y se genere la contradicción entre las partes en la presentación de pruebas.

Otro objetivo del nuevo sistema de justicia es que no todas las controversias terminen en sentencias condenatorias, es decir, que haya salidas alternativas. Por ejemplo, en el caso de pensión alimenticia y custodia el conflicto puede concluir con un convenio ante el juez.

Sin embargo este sistema de salidas alternativas representa un riesgo para las mujeres porque si bien los juicios de pensión alimenticia terminan en un convenio, no existen mecanismos para que ellas hagan cumplir este acuerdo.

Castañeda explicó que si las mujeres no están en condiciones de igualdad no pueden exigir que se cumpla la pensión alimenticia, y por tanto el convenio queda en una especie de “limbo judicial”.

Por otra parte, Equis monitoreó la implementación del nuevo sistema de justicia y encontró que a pesar de los beneficios del novedoso modelo continúan las viejas prácticas discriminatorias. “Los vicios no se están erradicando”, advirtió Castañeda.

Mencionó que la discriminación no está en el Código Penal o en la ley, es parte de los estereotipos de los operadores de justicia. Ésa es la razón –dijo– de que haya sentencias donde el juez termina culpando a una mujer que fue violada por salir en la noche.

A través de su observatorio de sentencias judiciales, la agrupación encontró que los jueces no tienen perspectiva de género por lo que sugieren que el EPU haga una recomendación específica para que se obligue a la capacitación de jueces en estos temas.

Otro tema de preocupación es que haya leyes contra la violencia de género que tengan distintas definiciones sobre los tipos y modalidades de violencia. Además para Equis estas leyes no concuerdan con los códigos penales de cada entidad.

Mientras las leyes de acceso a una vida libre de violencia son amplias en cuanto a las definiciones de violencia, no tienen mecanismos de exigibilidad; por el contrario, las normas penales contienen definiciones más limitadas, dice el informe.

Esto repercute en que de 240 sentencias analizadas en 15 tribunales superiores de justicia sólo en cuatro casos se mencionaran las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es decir hay desconocimiento de estas normas.

Castañeda agregó que las y los jueces no conocen las leyes ni las aplican en sus fallos, mientras que otros estudios indican que el 66 por ciento de los operadores de justicia no conocen ningún instrumento internacional de DH de las mujeres.

Para revertir esta situación, Equis propone que el EPU recomiende a México crear unidades de género en las instancias impartidoras de justicia a fin de fortalecer la atención de los derechos femeninos.

Por último, Castañeda apuntó que es preocupante la actuación de la Fevimtra, que a cinco años de su creación tiene deficiencias en su mandato porque no puede investigar la mayoría de los casos debido a que sus atribuciones se lo impiden.

Esta dependencia se excusa para no investigar alegando que no tiene facultades si el delito es trata de personas cometido por la delincuencia organizada, si el delito produce efectos en el extranjero, si no es federal, o si lo cometieron las fuerzas armadas.

Información obtenida por Equis señala que en términos de averiguaciones previas, la Fevimtra reporta un número bajo: un total de 624 iniciadas desde 2008 hasta agosto de 2011, y sólo 126 de ellas consignadas

“Muchos de sus logros tienen que ver con capacitación, apoyo en protocolos o apoyo en el seguimiento y persecución de delitos que tienen que ver con trata o violencia contra las mujeres”, acotó Castañeda.

La activista criticó que actualmente la Fevimtra dependa de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que sugirió una reestructuración que fortalezca su accionar.

Consideró que el EPU es una oportunidad para visibilizar este tema y encaminarse hacia un sistema de justicia más fuerte y trasparente, lo cual sería la mejor forma de prevenir la violencia contra las mexicanas.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Recorte de capitales perjudica defensa legal de pobres en Estados Unidos

PL

Recortes presupuestarios dictados por el Gobierno de Estados Unidos están afectando las representaciones legales de las familias pobres norteamericanas, confirmó hoy una organización de defensores públicos.

Un gremio de abogados de Virginia, denominado Federal Public Defender (FPD), alertó al Congreso que la carencia de dinero está causando dilaciones excesivas, falta de profesionalidad en los procesos y la situación podría empeorar a partir de 2014.

Según Michael Nachmanoff, un vocero de FDP, la organización está al borde del colapso y de la incapacidad total, pese a que ha tomado medidas financieras restrictivas desde hace tres meses.

Los efectos del embargo de capitales estatales se están observando en todo el sistema judicial federal, pero sobre todo en procedimientos legales relacionados con individuos de bajos ingresos, dijo Nachmanoff.

Federal Public Defender se vio afectado por una reducción monetaria de 10 por ciento desde marzo, cuando Washington decretó un recorte general de presupuesto y subsidios por valor de 85 mil millones de dólares.

Alrededor de cuatro de cada 10 estadounidenses se han visto perjudicados por el embargo de capitales decretado por Washington en un intento de balancear el presupuesto federal.

Según una encuesta de ABC News y The Washington Post, en el mismo orden aumenta el descontento nacional con la medida de la Casa Blanca: 59 por ciento de los demócratas y el 58 de los votantes independientes critica la acción.

Un sondeo anterior de CBS News había pronosticado que un 27 por ciento de la población se vería afectada, mientras que otro estudio de ABC y el Huffington Post auguró que el impacto llegaría hasta un 25 por ciento.

La congelación monetaria costará en total la evaporación de 750 mil puestos laborales, y una ralentización en la expansión industrial de 0,6 por ciento para final de este año.

También casi cuatro millones de desocupados verán reducidos sus auxilios monetarios, y las reducciones en pagos estatales a hospitales y doctores podrían alcanzar 10 mil millones de dólares.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.