miércoles, 7 de agosto de 2013

Brasil: Lula, el FSP y las izquierdas

Narciso Isa Conde

El ex-presidente Luiz Ignacio Lula da Silva (Lula), líder del otrora antiimperialista y anticapitalista Partido de los Trabajadores de Brasil (PT), desde la tribuna del XIX Encuentro del Foro de Sao Paulo-FSP llamó a las formaciones políticas allí presentes “a escuchar los mensajes de los ciudadanos que se manifiestan” y de paso afirmó “que los partidos de izquierda se ha quedado viejos”.

Justo en el instante en que Lula pronunciaba esas palabras, tenía lugar, en la puerta de ese escenario, una manifestación, mayormente integrada por jóvenes, que coreaban contra él y el PT; precisamente en un periodo en el que se han producido enormes movilizaciones callejeras cuestionando los resultados de sus gestiones presidenciales y la de Dilma Rousseff, registrándose a la vez un gran descenso de la popularidad del PT y de la actual presidenta.

Mas allá de sus indudables méritos históricos y del aprecio personal que le dispenso, pienso que Lula no está en condiciones de ofrecer cátedra ni de izquierda ni de revolución a la humanidad.

• Un balance desalentador.

A mi entender desperdició una gran oportunidad para darle inicio a la transformación revolucionaria de Brasil. Se “cuadró” a la izquierda, moderándose progresivamente (incluso desde antes de ser gobierno), para terminar “bateando” a la derecha en cuestiones fundamentales:

-Optó por dejar intacta la institucionalidad liberal-burguesa de ese país, obviando el gran tema de la refundación del estado brasileño en dirección a la creación de una democracia participativa e integral, a través de una Constituyente Popular. Se quedó incluso muy lejos de los procesos auspiciados por Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia.

-Administró el Estado con prácticas clientelistas, asistencialistas, tráfico de influencia y corrupción; al extremo de generar situaciones escandalosas, que obligaron posteriormente a Dilma Rousseff a destituir y sancionar altos funcionarios de su gobierno involucrados en delitos de Estado.

-Favoreció a niveles sin procedentes en la historia del capitalismo brasileño a la gran burguesía financiera e hizo concesiones insólitas a los grandes capitalistas depredadores de la Amazonía.

-Instrumentó una política anti-pobreza frágil, fundamentalmente basada en el asistencialismo en gran escala; aprovechando la bonanza del capitalismo local para derramar una parte del excedente, a manera de dádivas, en favor de indigencia, sin promover los necesarios cambios estructurales en las relaciones de propiedad, en los servicios básicos, y sin incorporar la pobrecía brasileña a estructuras productivas estables.

-Auspició la expansión del capitalismo al compás del crecimiento de las desigualdades, acompañándola de una sensible -pero inconsistente- reducción temporal de la pobreza extrema; provocando a su vez graves carencias en los sectores medios y fuertes incertidumbres en las nuevas generaciones.

-Hizo suyo -y de la cúpula del PT- el proyecto de imperialismo brasileño, desde una especie de nacionalismo de gran potencia, timorato unas veces, conciliador otras y medianamente firme en ciertas ocasiones respecto a los imperialismo mayores (estadounidense y europeo), expresándose esto último en su participación en nuevos bloques independientes.

Todo esto ha conducido a los gobiernos “petistas” a evadir la cuestión esencial del desmonte del modelo neoliberal, a no atreverse a revertir las privatizaciones y las desregulaciones fundamentales, y a desechar la opción de un orden alternativo post-neoliberal; quedándose corto incluso hasta en la implementación de políticas propiamente socialdemócratas, rondando más bien por los predios de “neoliberalismo light” o de una mezcla de neoliberalismo con algo de socialdemocracia.

Y todo esto tiende a distanciar a partidos y líderes que dijeron ser de izquierda, revolucionarios, transformadores/as -e incluso socialistas y hasta comunistas- de los sentimientos y anhelos de la juventud y del pueblo trabajador más concientes, de los movimientos ambientalistas contestatarios y de los nuevos sujetos políticos-sociales anticapitalistas. Tiende, por tanto, a envejecerlos.

Sí, todo eso, además envejecerlos, los derechiza, los acomoda, los torna medianamente conservadores: los asemeja a los llamados partidos tradicionales.

Sucede así en Brasil y en nuestra América, pero también en Europa como él mismo apunta, en Asia, en África…

Y si lo dudan, sería bueno indagar y profundizar sobre lo que le está pasando al poderoso Partido Comunista de China.

• El FSP fue hegemonizado por esa forma de envejecer y de moderarse.

Le ha pasado, por demás, en promedio, al propio Foro de Sao Paulo, involucionando hacia posicionamientos centristas, no sin altibajos y contradicciones significativas.

Las cúpulas del PT, del PRD de México, de los sectores moderados del Frente Amplio de Uruguay y del FMLN de El Salvador, del Partido Socialista de Chile (cuando estuvo activo en el Foro), entre otros,han tenido mucho que ver con esa involución.

El propio Lula tiene una alta responsabilidad en esos asuntos, como también han gravitado en ese mismo tenor las relaciones interestatales entre partidos progresistas y de izquierdas en el poder y la burocratización de sus vínculos internacionales; incluido una parte de aquellos partidos que al interior de sus sociedades han sostenido posiciones transformadoras, sin atreverse a enfrentar debidamente las corrientes conservadoras en el seno del FSP y sin auspiciar articulaciones revolucionarias a su interior y fuera de sus fronteras que impulsen su radicalización.

-Recordemos la resistencia al ingreso de los nuevos movimientos políticos-sociales en igualdad de condiciones que los partidos.

-Recordemos como se le quitó el nombre inicial de Foro de los Partidos de Izquierda.

-Recordemos la reiterada resistencia al ingreso de las organizaciones revolucionarias con tradición político-militar.

-Recordemos la exclusión de Chávez y del Movimiento V República antes de ser gobierno, cuando una parte de los partidos más influyentes del Foro asumieron el estigma de “golpista” en su contra.

-Recordemos la ignominia de la expulsión soterrada de las FARC-EP del FSP (cuya pasada membresía ha sido ahora hipócritamente mencionada por Lula en el discurso comentado, como muestra de diversidad).

-Recordemos la negativa a establecer vínculos con los zapatistas mexicanos.

-Recordemos el veto a H. Batasuna como observador europeo en momentos de represión en su contra.

-Recordemos como la Secretaría Internacional del PT se prestó a acorralar a una parte de las izquierdas revolucionarias dominicanas para favorecer el ingreso y la permanecía del PLD, del PRD y grupos satélites (dos polos neoliberales de la derecha dominicana). Igual en otros casos parecidos.

-Recordemos el mal trato que recientemente se le dispensó a Piedad Córdoba y al potente Movimiento Macha Patriótica en el XVII Encuentro.

-Y examinemos, por fin, las enormes déficits del FSP en el accionar antiimperialista, la movilización popular y el internacionalismo revolucionario a escala continental y mundial; sin negar su valor como escenario de intercambios, de relaciones diversas, de conocimiento mutuo, de declaraciones solidarias con causas justas y de importantes debates.

• El FSP y la necesidad de la Internacional Anticapitalista.

No soy de los que niegan esos y otros valores del Foro de Sao Paulo, menos aun de los/as que apuestan a su desaparición. A su existencia y mejores aportes me siento históricamente vinculado, entendiendo que a raíz de la debacle del “socialismo real” y sus efectos depresivos jugó un papel estelar.

 Sí creo, que además de ese espacio heterogéneo, las izquierdas anticapitalistas mundiales, las fuerzas socialistas-comunistas -incluida la nueva izquierda revolucionaria enfrentada al capitalismo (social, cultural, intelectual, juvenil, feminista, ambientalista)- necesitan sus propios espacios de articulación, coordinación, acción y iniciativas comunes en materia de democracia de calle y creación de contra-poder y poder popular. Necesitan confluir en una gran INTERNACIONAL ANTI-CAPITALISTA.

Estoy convencido de la necesidad del deslinde –sin obviar alianzas puntuales, frentes y espacios comunes más amplios, y vasos comunicantes y coordinaciones unitarias- entre las izquierdas transformadoras y las izquierdas que ha optado por el reformismo y/o por insertarse burocráticamente, administrar y reformar limitadamente, sin determinación de ruptura, el sistema capitalista neoliberal.

• Renovación revolucionaria.

Como entiendo que es preciso renovar y rejuvenecer todo el movimiento transformador, a partir de la necesaria admisión de las grandes dificultades que presentan las izquierdas revolucionarias que se conformaron en el curso del pasado siglo para entender y asumir las nuevas dimensiones y características del capitalismo y los nuevos desafíos par abolirlo.

Para entender y asumir la cuestión de clase a la luz de la impronta neoliberal y de otras mutaciones dentro del sistema de dominación.

Los nuevos sujetos político-sociales anticapitalistas, la trascendencia y evolución de la opresión de género y las modalidades de las nuevas vanguardias revolucionarias.

El impacto de la cuarta oleada tecno-científica, la cuestión racial, los graves problemas medio-ambientales, los nuevos códigos de la juventud, el valor de la defensa de la libertad de opción sexual.

Para comprender las consecuencias destructivas de la militarización y de la gansterización extrema del imperialismo actual y las características de la presente crisis de la civilización burguesa… y para actuar en consecuencia.

Después de lo acontecido en el PT, en el Brasil bajo su administración y en el Foro de Sao Paulo bajo su influencia, no luce ni basta colocarse en un podio por encima de todas los/as mortales de las izquierdas (falsas y verdaderas), para enrostrarle su envejecimiento real e invitarlas a escuchar los mensajes de los/as ciudadanos que se movilizan… sin analizar a fondo las causas y la direccionalidad de esas justas indignaciones y movilizaciones masivas, obviando olímpicamente las responsabilidades propias, insoslayables por demás, en esos resultados que están siendo cuestionados desde las bases juveniles y populares de la sociedad e ignorando –o tratando superficialmente- la derechización y las inconsecuencias de la cúpula “petistas” (y del propio Lula) que ayudaron la generarlos.

Así no, camarada Lula.

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La economía de mercado ha fracasado

Jaime Richart (especial para ARGENPRESS.info)

Se oye a menudo decir a los entusiastas bien acomodados que el socialismo real fracasó con la caída del muro de Berlín. Aparte de que eso fue una peripecia y sigue vivo en países preocupados por la igualdad, con la friolera de 1.500 millones de chinos, la economía de mercado es en sí misma un fracaso, sostenido sólo con un permanente lavado de cerebro en distintas direcciones. Falta conciencia de que la vida regalada de quienes la disfrutan es posible gracias a las estrecheces, unas veces, y la miseria, otras, de millones y millones de seres humanos cercanos... o lejanos. Falta conciencia de que justo el desequilibrio y la desigualdad atroces entre individuos, entre clases sociales y entre sociedades enteras es el caldo de cultivo o el soporte del "éxito" de la democracia burguesa de mercado.

El mundo -el mundo que no son las élites políticas, económicas y financieras, sus dueños materiales- está pidiendo a gritos en todos los países soluciones que se aparten del "mercado" ya agotado; es decir, soluciones socialistas, cooperativistas, colectivistas, comunistas, estatalistas. Justamente lo contrario de lo que el dominio de los neoliberales impone a sangre y fuego al orbe. El mundo integrado por grandes masas de población medidas en miles de millones, repudia ya esa economía. Una política y un pensamiento únicos amparan el choque de las fuerzas económicas, destruyendo de paso el planeta al compás de la pugna sorda orquestada por un plantel de economistas que no hacen otra cosa que certificar progresivamente la defunción del mercado mentirosamente libre,como la fórmula menos mala de organización social posible.

Los economistas son modernos augures que se equivocan a troche y moche haciendo de la exhibición de sus recetas un juguete infantil o un juego de azar que aburre. Si no fuese así, si tales "expertos" no analizasen humo, callarían ante la fuerza, una y otra vez, de los hechos consumados de un mercado incontrolable; de un campo que no admite ni puertas ni leyes aunque todos simulen lo contrario. No merecen respeto. Los economistas sólo aciertan a posteriori. Mientras, se dedican a ejercicios de especulación carente de interés. No se esfuercen: la economía de mercado esté superada y ellos sobran. Pues, aunque a veces parece que remonta tras sucesivas recesiones, la magia no dura. Pues no basta, como dice Shakespeare, levantar al caído: luego hay que sostenerle en pie. Y sostener por mucho más tiempo esa concepción económica, política y social en tiempos de la generalizada lucidez popular y tan sombrías expectativas acerca de los recursos de la tierra, es inaguantable. Otra cosa es que los que manejan y sacan provecho del mercado lo mantengan a punta de pistola. Su contumacia es infinita. Tanto que son capaces, para defenderlo, dar lugar a que el mundo estalle, bien por una guerra total (la salida hasta ahora de las crisis extremas) bien por la revolución mundial de todos los desfavorecidos del mundo. Pero admitan de una vez que habría que intentares otra fórmula...

Lo que ya está fuera de duda, al menos en tanta mente despejada no contaminada por el academicismo, es que abandonar la economía a las tensiones y veleidades del mercado controlado por mafias y lobbys mundiales es el modo seguro de acabar con la civilización...

En la economía socialista, cooperativista, colectivista, estatal insta está la solución. Lo único que queda por despejar es cómo combinar el modelo, con la libertad individual dependiente en todo caso de la Naturaleza y de la fatalidad. Sin embargo, esto no debiera ser muy complicado, pues en las democracias burguesas donde tanto culto se rinde a la libertad, los que viven en la miseria, los que viven desesperados y los que se quitan la vida o se la quitan a los demás, es decir los desgraciados, saben bien que esa libertad no sirve para nada. Pregúntese sí no a esos 3 millones de españoles, mujeres y hombres, sin empleo y sin subsidio hasta qué punto tienen interés en celebrarla.

La aritmética es bien ilustrativa a estos efectos, y debería sacarnos del error de que éste es el mejor de los sistemas posibles. Porque aparte de esos 3 millones sin socorro en este país y otros millones que malviven a expensas de la filantropía, aparte de, por ejemplo, 50 mil niños malnutridos en Cataluña y muchos más en el umbral de la pobreza, el siguiente dato es estremecedor: los 300 más ricos del mundo poseen riqueza superior a la que suman 3.000 millones de personas, la mitad de la población del planeta. En definitiva, 300 seres humanos que, con la complicidad de unos miles de políticos, economistas y otros figurones, y la colaboración de ejércitos y policías, deciden el destino de la humanidad y del planeta y nos impiden pensar con claridad y, sobre todo, decidir sobre un modo superior de organizar la sociedad...

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Con la violencia del Estado bajo la piel

Claudia Rafael (APE)

De uno y otro lado, el Estado las escolta. Con sus estandartes férreos. Las arrinconó primero en el desabrigo de la villa cotidiana. Las subió una y otra vez al tren de olvidos para arrojarlas en la gran ciudad, a estirar su mano de infancias a las caridades sobrantes del bienestar. Se les presentó luego ese Estado de uniforme en un despacho en el que un escritorio fue sexo y rabia. Y las arrojó a un tribunal que simplemente hizo su fría crónica en un manojo de documentos y expedientes. La violencia se calzó el traje del Estado una y otra vez y las sometió incluso, al deber de la maternidad.

Cuando el vientre le creció de golpe y se engrosó su cintura, no pensó en aquellas noches oscuras de pasillos y de crueldad. Sólo deseaba volver el tiempo atrás pero las redondeces invadían tercamente su cuerpo niño y simplemente ya no hubo manera de detener los días y salió otra vida que berreó desde sus entrañas. Que sacudió los bracitos. E intentó hundirse en ella por prepotencia de deseo. Ese universo que para ella, en cambio, era hueco y glacial. A los 15, la utopía, para esa infancia de maternidad áspera y destemplada, no se vistió de fresias ni de tulipanes. Todo fue rudezas vanas. Todo fue deseo ajeno. Que quedó resumido en un expediente judicial en el que se lee que seis ex policías federales y un agente penitenciario fueron procesados por “abuso sexual agravado por acceso carnal y por ser cometido por personal de seguridad en cumplimiento de sus funciones”. Un expediente que se abrió en 2011 pero que, como suele ser en estas partes abandónicas y devoradoras del mundo, quedó arrinconado en la nada por largo tiempo.

Ella con sus 15 y su hermana de 13 salían en aquellos días de la villa, ese país de soledades y tormentas en ciernes, donde el sur es conurbano rotundo. Saltaban al tren y asomaban los ojos por las ventanillas vidriosas y ajadas y a veces, sólo a veces, sentían que podían subirse a una alfombra mágica que las llevaría lejos del mundo y las depositaría en un paraíso. Lejos. Muy lejos.

En este otro mundo, tangible y pétreo en cambio, un grupo de integrantes de la Policía Federal las recibía, las llevaba a una pensión de la calle Warnes, a las oficinas de terminales del ferrocarril, al cuartel de la Policía Montada, en Cavia al 3300, de Palermo, tan ajeno a su villa de cartón y barro, de aguas servidas y olor a riachuelo, de pasillos de paco y pronta muerte. El sexo rabioso era el pasaporte a unos pocos pesos. A un par de bolsas de comida.

El expediente se abrió cuando alguien no quiso. Un suboficial de la Policía Montada las ofreció como objetos desechables a otro. Y ese otro –en aquel día que le significaría luego el vacío de sus pares y su estructura- simplemente habló con ellas, las escuchó y las llevó a denunciar. En una causa que deambuló largo tiempo por los andariveles de la burocracia judicial y llegó al borde de la instancia de archivo porque simplemente –según el fiscal- se trataba de “cuestiones sociales”.

La historia se repite. Replica en los márgenes. Golpetea hasta hundir en el lodo. Deja al desnudo y desviste de sueños. Una, dos, cien veces.

Hay que armar el “árbol de los deseos”, había dicho María Fernanda Berti a sus alumnos, en una escuela del Conurbano. “No a las violaciones ni a los orales”, escribió José que no iba más allá en su relato porque él simplemente plasmaba un deseo para colgar en el árbol. Cerrar fuerte los ojos y esperar que alguna vez se transforme en tangible. Pero no le ponía las palabras que sí aparecen en el barrio cuando todos hablan por lo bajo de la “policía petera”, ésa en la que la institución violenta chicas de 12, 13 ó 14 en el barrio de cartón que es presa y rehén de la fuerza.

Son para ellos como muñecas de trapo deshilachadas. Que se apretujan. Se violentan. Se arrojan a un costado. Se vuelven a usar. Se toman por asalto. Apenas unos minutos. Una hora. Un manojo de impiedades. Objetos del deseo de esos sujetos de uniforme que reciben órdenes y acometen vidas. No hay llantos de desconsuelo que los detengan. Porque son la nada para ellos. En esta tierra que les predestinó el sitial injusto de la vereda de la vida. A ellas. Con sus 13 y sus 15. Y no les regaló besos en la espalda ni acurrucos de ternura. Ni les dibujó un cardumen de corazones en el alma. Ni tampoco les dedicó una semilla de amor eterno en la piel. Simplemente las arrinconó de pura violencia. Les estampó un uniforme como reaseguro de esa cárcel a la que las llevaron sin promesa de retorno. Y las devolvieron adultas. Y sin resquicio de infancia.

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Boletín informativo de CORREPI

CORREPI

Walter Bulacio: A fuerza de lucha, (¿esta vez sí?) el 24 de septiembre llega el juicio / Criminalidad de uniforme en tres actos / Gatillo fácil en vivo y directo en Canadá / Otro asesinato en la comunidad Qom.

Walter Bulacio: A fuerza de lucha, (¿esta vez sí?) el 24 de septiembre llega el juicio
Con 22 años de demora, a 4 años de la elevación a juicio y tras varias suspensiones, finalmente se fijó fecha para el inicio del debate oral y público contra el comisario Miguel Ángel Espósito, ex titular de la comisaría 35ª y jefe del operativo policial desplegado el 19 de abril de 1991 en las inmediaciones del Estadio Obras.
No es necesario, a esta altura, recrear demasiado los hechos que ocurrieron ese viernes a la noche, cuando centenares de jóvenes fueron arrestados en una “razzia” durante un recital de rock. Walter Bulacio, de 17 años, salió la mañana del sábado 20 de la comisaría en ambulancia, con un grave cuadro neurológico, consecuencia de la tortura. Una semana después, murió.
A lo largo de la infinita causa judicial, cada gobierno hizo lo suyo para garantizar la impunidad de los represores.
El gobierno de Menem, cuyos ministros y demás operadores se turnaron para apretar jueces y fiscales, fue el encargado del encubrimiento inicial. El comisario, cuyo hermano solía aparecer en la conferencias de prensa presidenciales custodiando al primer mandatario, recibió la defensa oficial del cuerpo de abogados del ministerio del Interior, del que entonces dependía la policía, hasta que prefirieron recurrir (como sucedería 20 años después con los policías en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra), a un prestigioso y caro estudio del poder, el mismo que por entonces defendía a ministros como Cavallo, secretarios como Matilde Menéndez y empresarios socios del poder como Yabrán.
Durante el gobierno de la Alianza, además de sostener la inmovilización de la causa, que desde abril de 1996 hasta 2008 se mantuvo en la misma etapa, y de excluir a la mamá de Walter y a CORREPI de la querella, el presidente De la Rúa contrató, para contestar nuestra demanda internacional, al académico Daniel Pastor, que años después sería el primer director de la academia de “formación” de la policía Metropolitana de Mauricio Macri. Convencido defensor de la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, el Dr. Pastor, en nombre del gobierno nacional, negó que Walter fuera torturado y defendió al estado argentino con los mismos argumentos de la defensa del comisario en la causa interna. Cerca del juicio en Costa Rica, el actual precandidato de UNEN y ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra fue nombrado como juez ad hoc de la Corte IDH para representar los intereses del gobierno argentino.
Cuando Eduardo Duhalde llegó a la presidencia, encomendó el asunto a su ministro de Seguridad Juan José Álvarez, su socio en la represión del Puente Pueyrredón. Para evitar el juicio y condena internacional, reconocieron la responsabilidad del estado argentino por la detención ilegal, tortura y muerte de Walter por decreto presidencial. Total, había sido “otro gobierno”. No contaban con que poco nos interesaba una declamación discursiva, y que insistiríamos en celebrar el juicio para que la Corte IDH se expidiera sobre las normas y prácticas represivas en Argentina.
El 18 de septiembre de 2003, la Corte IDH condenó al estado argentino –que a último momento trató de relativizar el alcance de su reconocimiento de responsabilidad- y le ordenó terminar con el sistema de detenciones arbitrarias (averiguación de antecedentes, contravenciones y faltas, razzias, procedimientos “de entrega del menor”, etc.).
Fue el turno, entonces, de los gobiernos kirchneristas, que se dedicaron a incumplir la sentencia internacional mientras, con su particular estilo, anunciaban a cada rato su “cumplimiento”. Cristina Fernández, de la mano de Aníbal Fernández, anunció la exoneración del comisario Espósito, que, agotado por los escraches, llevaba para entonces 12 años jubilado. Cada vez que la Corte intimó al estado a informar sobre los motivos de demora en el cumplimiento de las cuestiones de fondo de la condena, contestaron con rodeos y eufemismos, y hasta mandaron al secretario de DDHH, Eduardo Luis Duhalde, a presentarse como querellante en la causa interna. Mientras tanto, ampliaron todas las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, incorporaron otras fuerzas, como gendarmería y prefectura, al control territorial y batieron todos los records en materia represiva.
Hoy, agotadas las excusas, llega el juicio, que empezará el 24 de septiembre a las 10:00, ante el TOC nº 29.
Ya lo dijimos cuando, en 2011, se había fijado otra fecha. Este juicio, el intento definitivo de consolidar la impunidad, además de llegar tarde, llega mal.
El comisario Miguel Ángel Espósito será el único acusado. Bien acusado está, pero habrá demasiadas sillas vacías. Espósito, como los comisarios que dirigieron la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, como el comandante Chiappe que dirigió el operativo en el Puente de Corrientes, como cada policía que aprieta el gatillo contra un pibe pobre o un militante, o como cada guardiacárcel que tortura un preso, es sólo el ejecutor. Ninguno de sus mandantes enfrentará una acusación.
Tampoco se lo juzgará por la muerte de Walter, ni por las torturas a los restantes 73 detenidos. El objeto del juicio será, exclusivamente, la detención ilegal. Que no es poco, pero no alcanza. Nunca alcanza la justicia del mismo sistema que reprime por necesidad fundante de la clase que domina.
Vamos a estar en ese juicio, aunque la máxima pena que legalmente podremos requerir sea de 6 años de prisión; aunque sea la mejor prueba de cómo el sistema se defiende al costo de entregar un peón, que hoy, tan viejo y enfermo que habrá una unidad coronaria permanente por si colapsa, ya no le sirve para nada.
Vamos a estar ahí, y esperamos que muchos nos acompañen, pero no porque necesitemos una sentencia que será tan incompleta e inútil como el juicio mismo.
Vamos a estar porque la lucha no se apaga. Crece y crece, con cada pibe que, en un recital, una marcha o una cancha de fútbol, canta “Yo sabía…”, con cada familia que no se resigna a que la policía haya fusilado a su hijo y se suma a la militancia antirrepresiva, con la convicción profunda y constante de que la única respuesta posible, frente a la represión, es la organización independiente y la lucha consecuente.

Criminalidad de uniforme en tres actos
Primer acto: El 25 de julio, Juan José Vallejo, un productor agrícola chaqueño, viajaba por una ruta tucumana en su camioneta Toyota Hilux junto a su hija de 16 años y un amigo paraguayo. En una rotonda, los detuvo un auto sin identificación, con policías de civil. Con el argumento de una mala maniobra, secuestraron el vehículo y los detuvieron.
En la comisaría de Yerbabuena, los separaron. A Vallejo le informaron que si no pagaba $30.000, le iniciarían una causa a él y su amigo, y entregarían la nena a una red de trata para la prostitución. Aterrado, más aún cuando oía llorar a su hija en otra habitación, y veía que los demás policías uniformados pasaban por su lado como si el cuadro fuera lo más normal del mundo (cosa que así era), el hombre aceptó comunicarse con su familia para que juntaran el dinero y se lo giraran.
A la mañana siguiente, Vallejo, escoltado por policías de civil, intentó retirar el dinero de dos oficinas de la empresa por la que le giraron la plata, pero el monto era mayor que las reservas que tenían, por lo que secuestrado y secuestradores terminaron en un banco. Allí, Vallejo se las arregló para susurrar al cajero lo que estaba pasando, sin decir que sus captores eran policías. El empleado del banco avisó a sus superiores con discreción, e intervino la custodia del banco, que los detuvo y dio aviso a la fiscalía de turno. Todo terminó con 27 policías de la Brigada de Investigaciones Norte presos, y el jefe de la policía provincial autofelicitándose porque los poliextorsionadores fueron detenidos por otros policías… que no sabían de quiénes se trataba, claro.
Segundo acto: Hace más de 15 días, Alcides Díaz Gorgorio, oficial de prefectura que cumplía funciones en la comisión de enlace con las fuerzas de la secretaría de Seguridad, ingresó al domicilio del candidato peronista no kirchnerista Sergio Massa, en un coqueto e híper seguro barrio privado de Tigre. Disparó contra una cámara de seguridad con una pistola calibre 22 con silenciador, y robó una caja fuerte que contenía pesos, dólares, joyas y dos pen drives (nada más normal que guardar pen drives en la caja fuerte, ¿no les parece?).
La noticia no trascendió, ni siquiera cuando el prefecto fue detenido, lo robado recuperado (excepto los pen drives) y se identificó a otros dos prefectos, hoy con pedido de captura. La cosa se supo recién cuando, el 4 de agosto, el periodista oficial Horacio Verbitsky lo publicó en Página/12, ironizando sobre la “inseguridad” en el municipio que el candidato pone de ejemplo de su política “contra el crimen”.
A continuación, Massa salió a denunciar en una conferencia de prensa que no difundió lo ocurrido por pedido del fiscal, que quería mantener la cosa en reserva dada la condición de empleado del gobierno nacional, y en la secretaría de seguridad, del ladrón. Calificó el hecho como simple robo, pero señaló como sugerente que el prefecto usara un silenciador, que se llevara algo tan poco valioso materialmente como los pen drives, y anunció desafiante: “No nos van a asustar”.
Minutos después, el secretario de Seguridad Coronel Sergio Berni, es decir, el jefe del chorro, replicó que, en realidad, el prefecto era militante del espacio político del intendente de Tigre, que era su puntero y que hacía seguridad en el barrio como parte de su plan de “seguridad”.
Entre semejante chisporroteo de acusaciones cruzadas, lo que los dos pasaron a segundo plano, es que, de nuevo, el chorro tiene uniforme.
Tercer acto: El 18 de noviembre de 2012, el policía bonaerense Luciano Duarte entró a los pasillos de la villa El Tropezón, en San Martín, y fusiló de un disparo al adolescente Diego Salto. Su relato fue que pasó por ahí “para cortar camino hacia la estación” (¿?) y que le quisieron robar el bolso donde tenía plata y una laptop. La verdad, descubierta a fuerza de organización de la familia con CORREPI, y con el coraje de los chicos del barrio que se atrevieron a declarar, es que el día anterior el policía había dado plata a uno de los “soldados” de la villa para que le comprara droga, pero no quedó conforme con la entrega, por lo que volvió para cobrársela. Confundió a Diego con el pibe que había visto a la entrada del barrio y lo mató.
Sin embargo, más de una docena de testimonios no habían servido a la fiscal de San Martín para ordenar la detención e indagatoria del policía, hasta que, a fin del mes de julio, se enteró que el bonaerense está malherido y detenido en otra causa, a cargo de la fiscalía de al lado.
Resulta que don Luciano Duarte, que seguía trabajando como si nada después de fusilar a Diego, como oficial subayudante en la comisaría 11ª de Tres de Febrero, protagonizó, como tituló Clarín, “un raid delictivo”: “Amenazó a una quiosquera, robó un coche, asaltó una estación de servicio y un puesto de diarios”. Como la policía lo persiguió y se tirotearon, y el polichorro quedó herido en el abdomen, lo detuvieron y trasladaron al hospital, sin saber que era un colega.
La fiscal de la causa Salto, al enterarse, se apuró a pedir, también, la detención. Total, ya está detenido por el robo, y quizás ahora les cree a los amigos y vecinos de Diego.
Tres hechos diferentes, en tres lugares distintos, que muestran quiénes son los que protagonizan la criminalidad cotidiana, y, de paso, ponen en evidencia que no es lo mismo, para un fiscal, balear un pibe en un barrio que robar un auto, incluso si sos policía.

Gatillo fácil en vivo y directo en Canadá
La madrugada del 27 de julio, la ciudad de Toronto, Canadá, despertó al sonido sordo de las balas, esas que siempre vienen del mismo lado: las que en todos los rincones del planeta parten del brazo armado del sistema y se estrellan en las paredes del corazón del pueblo.
Sammy Yatim, de 18 años, quien había migrado al país con su familia proveniente de Siria desde hacía cinco años, fue acribillado por efectivos de la policía de Toronto en las inmediaciones del centro de la ciudad. Subido a la línea 505 del servicio TTC de tranvías, Sammy había pedido tanto al resto de los pasajeros como al conductor que bajaran del vehículo. Llevaba un pequeño cuchillo en la mano, no sabemos por qué. Tampoco nos interesa saberlo. Lo que sí sabemos es lo que sucedió después (el video grabado por los testigos del hecho resulta más que descriptivo:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=htV6JdVVTJA
La ignominia del escenario habla por sí sola: alrededor de veinte efectivos se despliegan rodeando y apuntándole a un pibe solo arriba de un vehículo vacío; él, en ascuas, cuchillo en mano, escucha. El agente James Forcillo le apunta y le conmina a los gritos que lo arroje. Él lo hace, como confirmaron tiempo después los testigos. Aun así, y no pasados más de cuarenta segundos del aviso, Forcillo abre fuego a matar: se oyen tres disparos. Sammy se desploma. Ya caído, Forcillo termina de fusilarlo descargándole otras seis veces encima para que, sin asco, otro agente le detone una descarga eléctrica de Taser al pecho. Sammy muere en el hospital horas después.
Los aledaños saben que no es un suceso aislado: basta con recordar los casos del taxista Richard Bernabé en 1996 y de Mohammed Ana Bennis en 2005, así como el de Freddy Villanueva, joven de 18 años, hondureño, asesinado en el norte de Montreal por estar jugando a los dados en un parque en agosto de 2008, y cualquier caso de gatillo fácil que pudiéramos citar de los que se suceden tanto en nuestro país cada veintiocho horas como en todas partes; y así como saben que no es aislado, es que la población salió a decir basta con sus familiares a la cabeza.
Mientras tanto, el jefe de la policía, Bill Blair, delegó la completa responsabilidad en las manos de sus cónyuges –la Unidad de Investigaciones Especiales de Notario- simulando un supuesto duelo y alegando que “se está investigando el caso (…)” y que “la población tiene derecho a reclamarle a la policía de Toronto”, al tiempo que el agente Forcillo era suspendido en acto de sus funciones, no sin la respetuosa salvedad de que el estado siga, hasta que la noticia trascienda demasiado, pagándole sus haberes mensuales de verdugo.
Nada de esta situación nos toma por sorpresa –aunque siempre dañe el acto mismo de la muerte impune-. El país que se vende internacionalmente como candelabro ejemplo de los DDHH y la correcta moralidad no es más que uno de tantos ejemplos de los que podemos valernos para comprender la sistematicidad con que el sistema capitalista legitima la garantía de su dominio de clases.
En tiempos en que el FMI le ha marcado a la economía canadiense que achique los puestos de trabajo, cuando las leyes antiterroristas y las que criminalizan la protesta están a la orden del día, nosotros denunciamos lo de todos los días: el gatillo fácil no es elemento aislado, es evento de diario e internacional, es herramienta sistemática de una sociedad dividida en clases destinada a la dominación capitalista, y frente a ello nuestra respuesta deberá seguir siendo, acá como en Canadá, o hasta que choque China con África, la organización y la lucha.
Las aparentes paradojas del kirchnerismo y la seguridad: gendarmes hasta en la sopa y candidatos de sirena azul para los tiempos que llegan.
Si uno busca en el diccionario de la Real Academia Española el significado de la palabra PARADOJA, encuentra: 1. adj. desus. paradójico. // 2. f. Idea extraña u opuesta a la común opinión y al sentir de las personas. // 3. f. Aserción inverosímil o absurda, que se presenta con apariencias de verdadera. // 4. f. Ret. Figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicción.
El gobierno nacional, enrolado en un rasgo del peronismo tradicional como es de la conciliación entre las clases sociales y los sectores en general de una sociedad moderna, cuenta entre sus temas principales (y por tanto, centrales en esta carrera eleccionaria burguesa) el de la “seguridad”.
Como un rostro de Jano, el gobierno tiene una versión agradable y convincente para los diversos sectores que pretende cooptar, ya sea para la militancia o para el simple voto: una es la que, cada vez que tiene la oportunidad, la propia presidenta expresa jugando a la víctima, y que tiene que ver con el supuesto “costo político” que el gobierno ha tenido que costear en los últimos 10 años “por no reprimir”. Esta versión es para los seguidores “progresistas” y bienpensantes del gobierno.
Otra versión, preparada para sectores más conservadores, es la que la presidenta y sus acólitos exponen cuando promocionan inversiones millonarias en seguridad o destacan el crecimiento exponencial de las filas en las fuerzas represivas del estado.
En estos tiempos de elecciones, vienen bien dos nuevos ejemplos concretos de esta última versión: por un lado, el spot publicitario de Martín Insaurralde, donde el precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires (de pasado duhaldista, buen alumno de Aníbal Fernández, otro duhaldista ex-intendente de la zona sur del conurbano bonarense, responsable político por las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y apuesta fuerte de Cristina Fernández) expone su concepto de la seguridad a partir de su experiencia en Lomas de Zamora.
En el spot afirma que destinó el 10 % del presupuesto a “seguridad” y que más de 100 patrulleros vigilan Lomas en busca de una “seguridad integral”, lo que, por supuesto, es un eufemismo mediocre, un concepto vacío de contenido con el que se disfraza la militarización territorial emprendida por el gobierno.
Con tanto humo, el bello fiero fuego no se ve: Martín Insaurralde no se diferencia demasiado de Sergio Massa o de Mauricio Macri. Lo único que los separa son las listas. En su gestión, como le gusta decir a él, designó al frente de la subsecretaría de Seguridad de la municipalidad de Lomas de Zamora a Elizabeth Caamaño, mano derecha de Eugenio Burzaco, reconocido macrista que estuvo a cargo de la policía Metropolitana y era asesor de seguridad del gobernador de la provincia de Neuquén, Sobisch, el año que asesinaron al maestro Carlos Fuentealba. "Especialista" en seguridad, es un apologista de la mano dura, integrante de la Fundación Pensar y dueño de la consultora de seguridad Templar. Elizabeth Caamaño, su mano derecha durante una década, fue, además, asesora de la policía Metropolitana, asesora legal y coordinadora de asesores de Eugenio Burzaco, y asesora en comisiones y jefa de despacho de Burzaco cuando fue diputado en el Congreso de la Nación.
Esto no sorprende. En 2011, el kirchnerismo puso al frente del Consejo Escolar de Lomas de Zamora a Raúl Magallanes, ex miembro de la policía bonaerense de Camps y Etchecolatz durante la última dictadura militar, imputado en causas por delitos de lesa humanidad. La lucha que encabezó el sindicato de ATE, zona sur, y que fue acompañada por numerosas organizaciones, entre ellas CORREPI, logró forzar la renuncia del represor (ver Boletines nº 639, 647 y 661). Además de esto, llevó en sus listas a represores como el ex jefe del grupo Halcón Daniel Abaca, y al comisario general Salvador Baratta (ver Boletín Informativo nº 615).
El otro ejemplo, se refiere a las declaraciones del ministro de Seguridad Puricelli, quien apareció en estos días, fervoroso, al anunciar la duplicación (sí, DUPLICACIÓN) de efectivos de la Gendarmería Nacional desde el 2004. Esa celebración de la militarización ya aludida, que pone a los gendarmes, como todos sabemos, a vigilar los barrios y a asesinar pibes en lugar de cumplir con su función original, la de cuidar las fronteras del país, si es que para algo sirven, vino acompañada por una frase que exime de comentarios: “el compromiso del gobierno nacional por la seguridad pública no es circunstancial ni está sujeto a una campaña electoral”, además de remarcar al largo gobierno del matrimonio Kirchner como el “más importante en materia de seguridad de los últimos 50 años”.
Puricelli además cargó contra la prensa, que según él desconoce “el esfuerzo de los hombres y mujeres que arriesgan su vida por el bien común”.
Aquí se produce la (aparente) paradoja del kirchnerismo respecto a la temática de la “seguridad”: si el gobierno no reprime ¿por qué invierte cifras millonarias en elementos tecnológicos (patrulleros futuristas, cámaras, etc.) y cooptación de personas para las fuerzas de seguridad del estado?
Frente a las declaraciones de Puricelli, esta paradoja puede aparecer en otra formulación: ¿qué sería lo que habría que reconocerle y no se le reconoce a los efectivos de las fuerzas de seguridad? ¿Por qué si un gobierno no reprime y pretende una policía “comprensiva” como abuelitas, pretende que se le reconozca lo realizado en la materia?
Sabemos que la paradoja es aparente, básicamente porque uno de los términos es cierto (el gobierno invierte cifras enormes en pertrechar a su brazo armado) y el otro es falso (el gobierno sí reprime).
No se trata de una paradoja, tampoco de una contradicción, sino de una simple mentira. Ah, el diccionario dice de la mentira: “Expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa”.

Otro asesinato en la comunidad Qom
Hace unos días, supimos de un nuevo asesinato a miembros de la comunidad Qom. Esta vez, se trata de la joven aborigen Juana Gómez (15), quien apareció ahorcada, colgada de un árbol, en el predio de una ex desmotadora en la localidad de Quitilipi, Chaco. La autopsia determinó que la joven fue violada y luego muerta a golpes. Ya sin vida, la llevaron a rastras al predio y la colgaron de un árbol para simular un suicidio.
Un asesinato que se enlaza necesariamente con el fusilamiento en una manifestación de Roberto y Mario López, con las muertes de Celestina Jara y su nieta, o la de Florentín Díaz, con la detención arbitraria y posterior fusilamiento del joven Maximiliano Pelayo, y tantos otros episodios todo en el marco del constante amedrentamiento dirigido a los referentes de la comunidad Qom. Imposible eludir cómo se imbrican los intereses económicos por la apropiación de la tierra con el odio racial de terratenientes y policías que salen a “cazar indios”.
Como hemos repetido tantas veces, estos asesinatos son, también, una arista más de la política del gobierno nacional, que como todo gobierno pro-patronal, se encarga de castigar a quienes salen a pelear por condiciones básicas de vida, como la tierra y la vivienda.
Es cada vez más evidente la convivencia entre grandes terratenientes y gobierno, a pesar de que, a partir de la fuerte repercusión de este último hecho, producto de la denuncia de la comunidad Qom y otras organizaciones sociales, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich saliera a “despegarse”, a reunirse con la familia de Juana y propusiera al estado provincial como querellante en la causa judicial. Mientras Capitanich quiso simular indignación ante “los hechos aberrantes que se están cometiendo”, lo que produce indignación son sus palabras de aparente repudio ante la política que defiende y genera.

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Un viaje hacia las utopías revolucionarias (LXXXV): “Mensajes desde la cárcel”

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)

Recordando aquellos históricos “Cuadernos de Cárcel” escritos en la prisión a que estaba condenado por el fascismo italiano Antonio Gramsci, uno de los más grandes filósofos marxistas del Siglo XX y, por supuesto, sin comparar su profundidad, los mensajes que llegaban de Raymundo Ongaro y Agustín Tosco, en aquel invierno de 1969, fortalecían la resistencia a la Dictadura Militar.

Pese a la represión crecía con fuerza el movimiento opositor que tenía en nuestra CGT de los Argentinos un polo de confluencia.

En esa dirección Raymundo señalaba: “… quiero resumir del modo mas claro posible la línea general que ha seguido la CGT de los Argentinos. Esa línea no es otra que la lucha general del pueblo contra la dictadura, la oligarquía y el imperialismo del dinero”.

Y seguía diciendo: “… Los objetivos de esta lucha no pueden ser otros que el pueblo argentino en el poder. Ese poder no puede ser otro que el de socializar con signo nacional las riquezas y los bienes fundamentales que producimos los trabajadores y disfrutan los capitalistas y cipayos…”.

Concluía afirmando: “… Dentro de esa línea el pasaje de la CGTA a la clandestinidad es no solo el cumplimiento de la promesa que hemos empeñado, sino la única alternativa que la Dictadura nos permite…”.

Por su lado Agustín en sus mensajes manifestaba: “… Tenemos una inmensa fe en que el Pueblo triunfará. Para ello la unidad combativa del Movimiento Obrero, del Estudiantado, de los sacerdotes progresistas, de los hombres y mujeres patriotas, es un factor de fundamental importancia”.

“El neofascismo comunitarista caerá, inexorablemente, aplastado por la conjunción de los esfuerzos inspirados en los sentimientos y pensamientos nacionales, populares y progresistas. La misión de cada uno es construir ese destino, al que la absoluta mayoría del pueblo aspira…”.

Esa fuerza y coherencia era la que estaba presente en los debates que se daban en todo el movimiento popular; de los que dábamos cuenta en nuestra nota anterior.

El surgimiento de organizaciones que recuperaban el Mensaje del Che nos sacudía a todos los que, desde el comiendo de esta década, estábamos convencidos de que sólo por la vía armada se podía disputar el poder en serio, como lo demostraban numerosos experiencias triunfantes en el Tercer Mundo -Cuba, Argelia, Angola, etc-.

En la vereda opuesta a esta propuesta estaban, el Partido Comunista, algunos sectores socialistas y la llamada “izquierda nacional” -Abelardo Ramos, Laclau y Hernández Arregui, entre otros-.

El primero, desde su fundación, estaba determinado por las posiciones de la Unión Soviética, que con el avenimiento de Kruschev y la “desestalinización” planteaba la coexistencia pacífica con los Estado Unidos; coherente con ello, indirectamente, había condenado la experiencia de nuestro compatriota en Bolivia.

Sostenía que no estaban dadas las “condiciones objetivas” para un proceso revolucionario y que este tendría, de producirse, la forma de una revolución democrática burguesa, con una participación de una fracción de las Fuerzas Armadas.

John William Cooke ya había polemizado con Alcira de la Peña, integrante de la dirección del PCA en la Tricontinental reunida en La Habana, ya que entendía que la llamada “revolución democrático burguesa” se había dado, relativamente, y dentro de las posibilidades nacionales, con el primer peronismo -1946 a 1955- al conjugar una burguesía industrialista incipiente, con la clase obrera.

Por lo que el imperativo, luego del golpe contrarrevolucionario de 1955, era avanzar hacia una transformación socialista.

Al respecto señalaba, al hacer el balance de la experiencia guevarista en Bolivia “… Ellos creen que vivimos el tiempo opaco en que los progresos revolucionarios son necesariamente lentos, porque sólo al cabo de una evolución del estado burgués se irán dando condiciones para que la toma del poder por los trabajadores pueda ser posible. Nosotros, en cambio, estamos convencidos de que vivimos una época en que la revolución esta madura y en que la praxis puede apurar las condiciones objetivas”.

“La abstención de los reformistas -continuaba diciendo- no es impuesta por una lectura legible de la realidad, sino que esa abstención es la que prorroga la existencia de las burguesías”.

Terminaba consignando “… Nosotros creemos que depende de una praxis el estallido y la modificación de las condiciones que actualmente impiden llegar a ello. Ellos en cambio sostienen que son las condiciones objetivas las que obligan a no largarse. Esa concepción corresponde a quienes ven la historia como algo externo y ajeno al hombre. El Che, en cambio es tiempo presente y futuro, mensajero de este y nos convoca a esta gran empresa humana…”.

La confrontación con estos sectores se fue haciendo cada vez tensa en la medida en que aparecían las “proto organizaciones” que signarían la década del 70.

Por su lado la llamada “izquierda nacional” que había manifestado su absoluta oposición el Che, pese a su “antisovietismo”, al igual que el PCA, consideraba que había que esperar que surgiera una corriente, al interior del Ejército, de militares “patriotas”, y por eso habían albergado alguna expectativa, inicialmente, en el sector de los “azules” del que formaba parte el dictador Juan Carlos Onganía.

Nosotros, en nuestro “pequeño lugar en el mundo” decidimos profundizar el debate entre los compañeros mas cercanos a la vez que empezamos a colaborar con grupos que se empezaban a preparar, en el país, para “entrar en acción”.

De todo esto hablaremos en nuestra próxima nota. De los socialistas que discrepaban con el reformismo de los dirigentes más conocidos de esa formación política. Del desarrollo de la CGTA pese a la adversidad y a los movimientos del general en Madrid y de la liberación de los compañeros encarcelados.

Manuel Justo Gaggero es abogado. Ex Director del Diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre” y “Diciembre 20”.

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Argentina, San Juan: Allanan el penal de Chimbas por paliza feroz a un detenido

AGENCIA WALSH

La medida fue solicitada por una fiscal y se halló documentación que permitiría reconstruir quiénes fueron los responsables y cómo ocurrió la golpiza contra un preso, que luego fue internado en estado crítico. Se investiga la acción del Servicio Penitenciario local, que demoró su derivación a un hospital y luego lo retiró sin orden judicial ni alta médica.

El penal de Chimbas, en la provincia de San Juan, fue allanado recientemente a pedido de la fiscal federal Katia Troncoso Muñoz, con el objeto de recabar elementos de prueba en la investigación de la golpiza a la que fue sometido el 25 de junio pasado el detenido Federico Elías Fernández Santa Lucía, de 29 años, a raíz de lo cual aún continúa internado.

En el caso resulta singular la actuación del Servicio Peninteciario provincial, que demoró el traslado de la víctima a un centro de salud pese a las recomendaciones médicas y a la orden judicial para que lo hiciera de inmediato. Además, el hecho ocurrió en el mismo penal donde estaban alojados los militares Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes se fugaron del Hospital Militar Central de Buenos Aires luego de obtener la autorización judicial para recibir atención de médicos psiquiatras y dermatólogos a más de mil kilómetros del lugar donde debían cumplir la condena. Tanto en el caso de Fernández Santa Lucía como en el de los militares intervino en el mismo juez, Leopoldo Rago Gallo.

En el allanamiento a la cárcel provincial participó la fiscal Troncoso Muñoz con la asistencia de la Gendarmería Nacional, fuerza de seguridad federal que por el momento custodia de la víctima. La fiscal, que tiene a su cargo la instrucción de la causa, solicitó en este caso asistencia de la Procuraduría contra la Violencia Institucional.

Durante el procedimiento fue secuestrada documentación, que está en análisis, aunque se dejó trascender que permitiría precisar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad del personal penitenciario en los hechos que tuvieron como víctima a Fernández Santa Lucía y abrir el camino a la solicitud de nuevas medidas probatorias.

Al momento de la agresión, el joven interno se encontraba detenido en la Unidad 2 del Complejo Penitenciario de San Juan, ubicado en la localidad de Chimbas, a disposición del juez federal Rago Gallo y de la justicia ordinaria de esa provincia.

Fernández Santa Lucía fue brutalmente golpeado dentro del penal y debido a la falta de atención médica adecuada sufrió un cuadro de meningitis por infección cerebral a raíz de la contaminación que le causó la introducción en el cráneo de un elemento filoso, presuntamente oxidado. El primer pronóstico médico indicó la posibilidad de que la víctima perdiera la visión y le fuera muy dificíl recuperarse.

Después de la golpiza, el interno estuvo alojado más de tres días en el penal, pese a la recomendación del médico penitenciario Zapata Gómez, a cargo de la División Sanidad del penal, para que fuera derivado rápidamente a un hospital fuera de la cárcel. De acuerdo con ese primer diagnóstico, Fernández Santa Lucía presentaba una alteración neurológica post traumática y requería la atención de un especialista, pero esa prescripción médica no se cumplió.

Por esa razón, el padre de la víctima interpuso un habeas corpus correctivo con el patrocinio del defensor público Horacio Garcete. Ello derivó en la orden del juez para que la víctima fuera trasladada. Pero esa disposición tampoco fue acatada de inmediato por el Servicio Penitenciario. El 28 de junio, tres días después de la agresión, el joven seguía en el penal.

Pero una vez que se logró su internación en el Hospital Guillermo Rawson de San Juan, Fernández Santa Lucía fue retirado por personal penitenciario días después, el 8 de julio pasado, sin orden judicial y sin el alta médica, y reingresado al penal de Chimbas. El traslado se produjo en un móvil no acondicionado para personas convalecientes, sin asistencia médica, con la herida de la cabeza sangrante y en un estado de aparente semiconsciencia, dado que minutos antes la víctima no había podido reconocer a su madre.

Ante ese reingreso a la cárcel, el defensor y la fiscal interpusieron otro habeas corpus en resguardo de la integridad de Fernández Santa Lucía y denunciaron penalmente a los funcionarios del Servicio Penitenciario. El juez hizo lugar y actualmente el joven se recupera en otro centro de salud, custodiado por la Gendarmería Nacional.

La causa que se abrió a partir de esta denuncia fue delegada por el juez Rago Gallo en la fiscal Troncoso Muñoz. Es en el marco de este expediente que la representante del Ministerio Público requirió el allanamiento al penal de Chimbas.

Roberto Cipriano García
Procuraduria de Violencia Institucional

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Argentina Jujuy: La Intersindical presentó una denuncia en el INADI contra el Vicegobernador de la provincia Guillermo Jenefes

Los dirigentes de la Intersindical presentaron una denuncia ante el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo) Jujuy en contra del Vicegobernador de la provincia, Guillermo Jenefes, debido a sus expresiones discriminatorias hacia los trabajadores estatales que se encontraban la semana pasada acampando en plaza Belgrano en reclamo de un aumento salarial.
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El delegado del INADI Jujuy, Germán Noro, recibió a Fernando Acosta (ATE), Susana Ustares (APOC), Fredy Berdeja (Judiciales), Olmedo (APUAP), representantes de ASEP y SIEOM y al Secretario General de CTA Jujuy, José Del Frari, quienes mediante un escrito junto a pruebas documentales explicaron cuales eran los fundamentos de la denuncia y por que se enmarca en un hecho discriminatorio.

También se encontraba presente el asesor jurídico de los gremios, Miguel Fiad, quien señaló las expresiones del vicegobernador que se consideran como discriminatorias: “caracterizar a la protesta sindical como una extorsión y querer presentarla como delito”, “no hay que darles nada a estos”, “no hay que abrir ninguna puerta de dialogo”, “esos que chillan que sigan chillando”, “grupos minúsculos”, “se tienen que ir a su casa y pedir civilizadamente un dialogo”, y Fiad agregó, sobre esta última manifestación que es de gravedad ya que apelar a civilización es retrotraer a épocas donde se separaba a las personas entre civilizados y bárbaros y Jenefes termina diciéndole a los policías que no tengan miedo que a ellos los respalda el 57% de los votos y si es necesario vamos a reprimir”.

Otra acción legal de la intersindical es el envío de una carta documento al Gobernador de la provincia Eduardo Fellner para que el gobierno aclare su posición respecto a la amenaza de Jenefes de reprimir a los trabajadores estatales que reclaman una recomposición salarial y trabajo digno.

Cabe recordar que el Vicegobernador Guillermo Jenefes instó a la policía de la provincia a reprimir a los estatales en el marco del acto del día de la policía que se realizó el día viernes pasado en plaza Belgrano simultáneamente al acampe que realizaban los trabajadores de la intersindical.

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Argentina, Santa Fe, Rosario. Tripulantes detenidos: Polizones africanos arrojados en alta mar

LA CAPITAL - REDACCION ROSARIO

El capitán y cuatro marineros de un buque fueron detenidos en Rosario, acusados del homicidio de cuatro polizones congoleños que viajaban en la nave con destino al puerto de Arroyo Seco.

La denuncia fue realizada por representantes de la empresa naviera responsable de la embarcación. El juez federal Nº 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, tomó declaraciones testimoniales a la tripulación, conformada por 21 hombres. Luego de escuchar los testimonios quedaron detenidos el capitán y cuatro marineros, oriundos de Rumania y Filipinas. Uno de los acusados por el incidente se ahogó en el Paraná.

En este contexto, la Justicia federal también investiga otro suceso vinculado al buque, el mismo tuvo lugar el jueves pasado cuando apareció ahogado en el río Paraná uno de los marineros que estaba apuntado como uno de los responsables del incidente con los polizones y ahora deberá establecerse si se trató de un accidente o un homicidio.

El asesinato de los cuatro polizones africanos fue denunciado por la empresa naviera responsable de la embarcación, con sede en las Islas de Marshall, un una ex colonia estadounidense ubicada en Oceanía. El dato sobre el incidente llegó a la firma naviera a través del relato de un tripulante, explicó una fuente judicial.

Según la denuncia, el barco RM Power, un carguero de unos 200 metros de eslora, zarpó en los primeros días de julio de Matadi, el principal puerto de la República Democrática del Congo. En esa terminal ubicada sobre el río Congo a 137 kilómetros del océano Atlántico, el RM Power dejó un cargamento y zarpó nuevamente.

El barco hizo una escala en el también congoleño puerto de Banana, ya en la costa atlántica, y continuó con destino al puerto de la empresa Dreyfus en Arroyo Seco, donde debía cargar cereales.

Allí arribó el dos de agosto y desde ese momento las autoridades de Prefectura Naval y de la Justicia Federal intervinieron en el caso.

En la presentación judicial se señaló que en Matadi siete polizones congoleños o de otra nacionalidad africana habían subido a la nave y se escondieron en el compartimento de la hélice. Sin embargo, durante la travesía fueron descubiertos por la tripulación y el capitán del barco, el rumano Robert Filip, decidió llevarlos de nuevo al Congo.

Sin embargo, cuando el buque retomó su viaje fueron descubiertos otros cuatro ciudadanos congoleños. En este caso, la decisión atribuida por fuentes judiciales al capitán fue la de arrojarlos sin salvavidas a las aguas del oceáno Atlántico.

Días atrás los tripulantes del RM Power, de nacionalidades filipina y rumana brindaron en inglés declaración testimonial en la Fiscalía Nº 3 de Rosario a cargo de Mario Gambacorta. En ese marco uno de los testigos rumanos contó lo que había ocurrido luego de un careo con otro marinero.

Luego de quebrarse, este tripulante pidió la baja y fue desvinculado de la tripulación. A partir de este testimonio, el capitán del barco y cuatro tripulantes quedaron detenidos imputados en forma preliminar de homicidio.

Este lunes iban a ser indagados por el juez federal Nº 3 Carlos Vera Barros asistidos por la defensora oficial Rosana Gambacorta, pero la medida judicial se suspendió por la ausencia de un traductor.

Según fuentes judiciales, el responsable de la embarcación primero negó el hecho y después lo admitió en su declaración como testigo. “Como estas personas hablan inglés debimos buscar un traductor. Además vamos a tomar contacto con el consultado de Rumania en Rosario para ponerlos al tanto de esto”, explicó el portavoz consultado.

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Argentina, Córdoba: Vecinos de Villa La Maternidad repudian desalojos compulsivos y denuncian represión policial

PRENSA RED

Los vecinos del barrio Villa La Maternidad realizaron una protesta para rechazar “la política de criminalización de los sectores populares que lleva adelante el gobierno de José Manuel de la Sota”, según manifestaron. La marcha, que partió desde el barrio hacia las inmediaciones del Centro Cívico, se concretó en protesta por “los desalojos compulsivos de históricas villas, promovidos por los intereses especulativos de las corporaciones desarrollistas urbanas”.

La protesta también se hizo contra “la persecución y criminalización de quienes se organizan y luchan ante la falta de acceso a la tierra y vivienda, y realizan legítimas ocupaciones de territorios para tener donde poder vivir”.

Además, los vecinos denunciaron que durante la madrugada del lunes se hicieron presentes en el barrio varios móviles policiales, en una actitud “sospechosa” e “intimidatoria”, según manifestaron los habitantes de La Maternidad. Además, aseguraron que “estos acontecimientos son extraños y alarmantes ya que se produjeron previos a la marcha contra la represión y el despojo para decir basta a los atropellos y persecuciones que La Maternidad viene soportando desde el 2003, y se enmarca también en la difusión y pedido de adhesiones a la Denuncia Pública de las represiones policiales en esta década de resistencia contra el desalojo”.

“Los vecinos sufren una represión en forma constante, así como la amenaza de ser desalojados. Anoche mismo (por anteanoche) volvió a hacerse presente la Policía, con su hostigamiento a los vecinos”, señalaron dirigentes de Encuentro de Organizaciones (EO). También, indicaron que “el gobierno criminaliza la resistencia pacífica de los vecinos, dado que, con el pretexto de construir un puente sobre el Pasaje Leticia, hostiga a todos los vecinos”.

La manifestación, según los organizadores, sirvió para poner de manifiesto el descontento “con el proyecto político provincial, que desde hace 10 años pretende desalojar Villa La Maternidad con el objetivo de destinar estas tierras a la especulación inmobiliaria de las grandes corporaciones desarrollistas urbanas”.

Las organizaciones que convocaron a la marcha, denominada “antirrepresiva y contra el despojo”, responsabilizaron “a los gobiernos provincial y municipal de Córdoba, en particular al gobernador De La Sota, el ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y al Jefe de Policía, Ramón Frías, además del intendente, Ramón Mestre, por las gravísimas actuaciones represivas y la imposibilidad de las familias que habitan la villa de acceder a los servicios básicos, así como de realizar mejoras en sus viviendas de acuerdo a sus necesidades, ya que la Policía se presenta e impide cualquier mejora o construcción y hasta destruyendo lo construido”.

Entre las demandas de los vecinos se encuentra “la urbanización de Villa La Maternidad, con plena participación de los habitantes, así como la escrituración de las tierras a favor de sus poseedores, y el diseño de políticas públicas de vivienda, consensuadas con los afectados y que garanticen el ejercicio de los derechos humanos”.

La protesta fue convocada por el Colectivo de Asambleas Socioambientales, la Asamblea Malvinas lucha por la Vida, el Encuentro de Organizaciones, Colectivo Paren de Fumigar, la Multisectorial de Mujeres Córdoba, La Barranquita, el Movimiento Teresa Rodríguez y el Frente Organizado contra el Código de Faltas, entre otras.

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Mega causa La Perla. Geuna: “El objetivo de destrucción fue mostrarnos como cómplices, hacernos sentir sucios”

Katy Garcia (PRENSA RED)

Días atrás, declaró Graciela Susana Geuna, sobreviviente del campo de concentración La Perla. De la audiencia surgió un dato importante relacionado con la ejecución de su esposo Jorge Cazorla. Lo brindará Simón Dasencich, actual funcionario de Correo Argentino, el próximo jueves. “Con este juicio, siento que estoy volviendo a casa”, afirmó, minutos previos a retrotraerse 37 años atrás y revivir su historia y la de cientos de militantes populares entre 1976 y 1978.

Previo a iniciar su relato evocó “a todos y cada uno de los compañeros asesinados” en La Perla. A su marido Jorge Cazorla, a Graciela “la Gorda” Doldán, a su padre, a Liliana Callizo, a Inés Jaimovich y “a quienes tuvieron la valentía intelectual para pensar esta tragedia que nos cambió como sociedad”. Y agradeció al pueblo que la cobijó en el exilio.

La sobreviviente aportó información sobre la estructura represiva, el funcionamiento de los campos la Ribera y La Perla, la lista de prisioneros confeccionadas de manera colectiva entre los militantes una vez que lograron salir del campo. Asimismo, declaró que la mayoría de las mujeres, incluidas las embarazadas, eran torturadas y violentadas sexualmente.

Para la testigo las órdenes de traslado -eufemismo utilizado por el terrorismo para nombrar a los asesinados- eran decididas por los oficiales del conjunto del Destacamento de Inteligencia, del jefe de la Sección Política, del Grupo Calle y de los jefes de Destacamento.

La sección política estaba organizada por mesas y decidía a quién secuestrar. Investigaban a sindicatos, iglesia, estudiantes. Y puso como ejemplo el caso de Alicia Hoff de Hunziker, donde el Grupo Calle intervino el teléfono del papá de Alicia, se enteró que viajaba a Buenos Aires, y que la habían secuestrada junto con (Néstor) Morandini. Mucho tiempo después se enteró por otros testimonios que estuvo en la ESMA.

Recordó además que el día que fusilaron a Di Toffino, González de Jensen y Juana Avendaño de Gómez, Menéndez visitó el campo con “botas altas de equitación y golpeaba con la fusta. Todos escuchamos el helicóptero”, relató.

Nuevo testigo

Ante la pregunta del fiscal Facundo Trotta sobre quién mató a su esposo, señaló a José López. El mismo que le bajó la venda y le dijo: “mirame bien. Cuando te mate, lo último que verás serán mis ojos”.

“Yo no lo vi. Estaba corriendo para un lado y él para el otro. Pero adentro lo decían los militares”, aseveró. “López quería que me mataran porque él sabía que este momento iba a llegar. Me decían: ¿vos lo odias a López? No, pudo haber sido cualquiera. Podría haberlos odiado a todos” agregó. Y contó que tras la publicación de un libro (N de R. Se refiere a “La Perla, historia y testimonios de un campo de concentración”, de Ana Mariani y Alejo Gómez) se contactó con ella Simón Dasensich, ex director de Epec, quien le manifestó su deseo de testificar sobre lo ocurrido el día del secuestro.

- Tu marido no iba agarrado del estribo de un camión. ¿De dónde sale eso? – le dijo el ex empleado de IME.

- Porque me lo habían dicho los milicos- respondió la testigo.

- No, no, ¿qué camión? Estaba esposado atrás, corriendo como podía. Y un tipo puso rodilla a tierra, agarró las dos manos y pum.

- Vio todo y reconoció a uno de ellos…- comentó la esposa de la víctima.

Solicitó que sea convocado a declarar. Tanto la fiscalía como la querella adhirieron al pedido y el Tribunal decidió que concurra el próximo jueves.

Singular y colectiva

Contó que en 1973, vino del interior provincial a estudiar abogacía a los 17 y comenzó a militar en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Al año siguiente conoció a Jorge Omar Cazorla, también estudiante y militante con quien se casó en 1975. En agosto del mismo año fueron apresados junto a Jorge Diez y Ana Villanueva por el Comando Radioeléctrico, detenidos en el D2 y fotografiados.

El 10 de junio del 76, a la siesta, fueron secuestrados violentamente de su casa ubicada en Pringles 69, por una patota numerosa vestida de civil, con ponchos y vinchas. Días antes habían sido fusilados Carlos Oliva, Jorge Diez y Ana María Villanueva, también militantes de la JUP. (1)

A ella la introducen en el baúl de un automóvil del que pudo zafar y tirarse en plena ruta 20 a metros de Industrias Mecánicas del Estado (IME). La testigo relató que el día anterior junto a su esposo habían evaluado que llegado el momento intentarían huir porque ya circulaba el comentario sobre los centros clandestinos.

“Iba como patinando, y cuando pude correr fue la última vez que lo vi a Jorge vivo. Lo miro y me dice: por allá no Gringa. Estábamos llegando ahí, a veinte metros del arco. Y estaban todos bajándose de los autos. Él se tiró en el mismo momento que yo. Eso para mí no es una tristeza, es una alegría porque siento que seguimos juntos hacia el final”, expresó, conmovida.

Logró ingresar a IME. Era la hora en que los empleados se retiraban. Pidió auxilio, abrió la puerta de un automóvil como un intento de lograr que la lleven presa legalmente. “Soldado no deje que me lleven, me matan, no deje que me maten…” imploró. Pero la agarraron. “Me metieron en el auto, atrás, y se sentó un tipo encima de mí y otro al lado. Creo que fue Romero, y me dijo: Tu marido es boleta”, recordó. Pensó que era para desmoralizarla. Pero de inmediato la bajaron a los golpes y le mostraron a su marido que estaba tirado en el baúl de otro auto. “Ahí estaba Jorge. Tenía sangre que le salía por la comisura de la boca, y del pecho”.

Señaló que los responsables del operativo fueron Pedro Vergéz, Jorge Exequiel Acosta, José Hugo Herrera, Luis Alberto Quijano, José “Chubi” López, Héctor “Palito” Romero, Jorge Pereyra – hijo de la Tía Pereyra, feroz represora del D2- y un grupo de militares catamarqueños y riojanos que estaban siendo instruidos.

Vergéz se quedó en la casa armando una ratonera junto a Quijano, quien después le diría”no te hagas problema por el perro y el gato que se lo dejamos a los vecinos”. Meses más tarde lo vio vistiendo el saco que usó su marido para el casamiento.

En La Perla

“Fue todo muy rápido”, explicó. La ubicaron en el pasillo de ingreso, “contra la pared, esposada atrás, y por debajo de la venda veo botas. Pensé soldados, pero después sabría que eran gendarmes, con el tiempo”.

Hubo una rueda de reconocimiento donde le mostraron la ficha de ingreso a la facultad de abogacía. Ella y su marido, habían sido expulsados tras el Golpe de estado.

Después, a la sala de tortura. Había varias personas detrás de ella. En un momento se le cayó la venda y lo vio a Barreiro. “Me desnudaron, me aplicaron la picana grande y la chica, me decían que eran de la CIA, y estaba Fermín de los Santos, controlando la tortura”, evocó.

En este punto del relato reflexionó sobre esta conducta del médico. “Con los años puedo decir: pobre Fermín de los Santos, lo que le han hecho. Pobres todos, lo que nos han hecho. No tenía otra posibilidad”, afirmó y siguió reviviendo.

La picanearon y como no obtenían información porque les dijo que Jorge manejaba las citas optaron por dejarla. A “ésta loca, así no se la puede interrogar, no entiende nada”, dijeron.

En eso llegaron (Elpidio Tejeda) Texas “el torturador más terrible” y Vergéz. “Estaban furiosos”, porque armaron una ratonera y la gente escapó. “Me agarran entre los dos, con palos de goma con metal adentro”. Le dejaron el ojo negro, le rompieron un diente y la golpeaban contra la pared.

Mientras, Vergéz le decía “tu marido tiene olor a podrido”. Geuna agregó que el tema de los olores era una obsesión para el represor. Cuando ella misma empezó a destilar pus por las heridas se lo volvió a repetir.

Luego es llevada a la zona de las caballerizas donde yacía su marido. “Fue la última vez que lo vi, tirado sobre la paja. Les pedí que me dejaran cerrarle los ojos. Esa fue una primera etapa de tortura que se repitió durante diez días”, declaró ante el Tribunal.

Tres días después la pusieron al lado de Alejandra Jaimovich (17) y de la Negrita Argañaraz que estaba embarazada. Ambas fueron trasladadas con destino al Buen Pastor. “Se fueron contentas. Entonces, con Quijano les mandé saludos varias veces. Hasta que un día me dijo: no te das cuenta que no las llevamos al buen pastor”, sugiriendo que las habían matado.

“Había tanta gente en ese momento en La Perla, que estaban en todas las oficinas”, rememoró. Y escuchó a una mujer que gritaba: no les digas nada hija. Cuando fue a la cuadra las conoció. Se trataba de la señora de Franchi y su hija de 17 a quien torturaban para que les dijera dónde estaba su hermano.

En agosto del 76 y tras un periodo de tortura encarnizado pararon. “Y los hizo parar Barreiro, porque Piero (Di Monti) le había dicho que me estaban torturando”. La testigo explicó que había una competencia entre policías y militares. “Creo que nosotros, a veces, pasábamos entre las grietas de las peleas de ellos. Digamos que eran una especie de gallitos. A ver quién manda acá”, afirmó.

La Gorda Doldán

“Mirá, la gorda, está con nosotros, está colaborando, se ha dado cuenta que estaba equivocada”. Se referían a Graciela Doldán, militante de Montoneros y compañera de Sabino Navarro. Esta práctica, muy común entre los represores era “mostrar” a los cuadros formados de las organizaciones. Pero no era así. Bastó una patadita por debajo de la mesa para darse cuenta. Y, luego, cerca de los baños la Gorda le advirtió que nada de eso era cierto. “Aquí las torturas son terribles, se puede caer, hay que tratar de ayudar a los compañeros para que se rehagan”, le había dicho y comentado que junto a otros compañeros preparaban “el único intento de resistencia organizada”. Junto al psiquiatra Héctor Araujo y su mujer, y la enfermera Tita Buitrago intentaban levantarles la moral a los prisioneros y recolectaban nombres para memorizar.

A Doldán -dijo- la empezaron la torturar en el edificio Ames donde vivía junto a dos jóvenes más. “La tortura era la regla”, remató. La Gorda le había dicho que las caídas no eran aritméticas sino geométricas. Y le confió que había aceptado hacer una conferencia de prensa que finalmente no se hizo. El objetivo era decirle a los demás que “estábamos derrotados, que las caídas eran imparables, y que se fueran y esperaran un nuevo momento, porque no había organización política. Uno estaba frente a la magnitud de lo que estaba pasando. Ella se daba cuenta. Cómo no se dan cuenta los de afuera. Estaba tan enojada. Cuando te pregunten de la JUP vos agrandá, si son 200 decí que son 400 para que piensen que no nos pueden matar a todos y se decidan a luchar políticamente, porque ella quería salvar gente”,explicó la testigo.

Después, “ingresó López a la cuadra con una ametralladora pesada. Pensamos: Trelew. La Gorda dijo: nos matan a todos, pero hay que seguir juntando datos, porque alguien se puede salvar. Y si no queda nadie, algún día van a testimoniar los gendarmes rasos”, pensaban en aquel momento. No está segura si se trataba de una fuga. Pero, seguramente, era un intento de resistir. A Doldan la aíslan entre biombos y a ella cerca de los baños, esposada.

“Después de esto no conozco (actos de) resistencia (llevados adelante por) organizaciones, porque nosotros éramos todos peronistas. Pero hubo otras resistencias por solidaridad, con nuevos vínculos con gente que no conocíamos. Yo recuerdo y llevo en mi corazón a Piero, Liliana y Ana”, atestiguó. No es la primera vez que Doldán aparece en un testimonio como una militante política íntegra. Varios contaron los simulacros de fusilamientos que sufrió. Y esa imagen de despedida, en medio de la cuadra, saludando con los dedos en V, quedó grabada en la testigo.

El previo

La testigo atestiguó que al ingresar al campo se llenaba una planilla a la que denominaban “el previo” donde constaban los datos personales, toda la información obtenida bajo tortura sobre la militancia, la ficha de la facultad de derecho, las fotos de la policía; y se le asignaba un número. “Me tocó el 252. Graciela Geuna, Gringa, JUP, pero nunca firmé nada. O sea para la justicia no existía”, comentó.

También estaban las listas que se confeccionaban por duplicado y se enviaban a la base del Destacamento. Especula que se hacían cruces de información con el área Política y con el campo. También cree que utilizaban la radio para decidir cuestiones como traslados, torturar más a alguien, enviarlo a otras dependencias o ponerlo a disposición del PEN. En el encabezado iban: el número, nombre, alias y agrupación política. Eran pasadas a máquina por cualquiera de los secuestrados. En el caso de Geuna dijo que le tocó hacer por lo menos diez y que venían con tachones (muertes) y agregados (ingresos nuevos).

Durar en la cuadra

En sus anotaciones ayuda memoria había puesto que la vida en La Perla era el horror. Pero al instante le pareció que la palabra no lo definía. Describió que estaban acostados contra la pared, sobre las colchonetas, vendados, y para llevarlos al baño esperaban que hubiera varias manos levantadas. “Nos hacían ir en trencito, agarrados del de adelante, y el gendarme nos llevaba. En general el gendarme raso con nosotros era correcto”, afirmó.

Le dijo al Tribunal que “Al principio no había rejas, había guardias armados en cada extremo de la cuadra”, y que los primeros días se evadía durmiendo.

Contó que los prisioneros limpiaban autos, ordenaban las colchonetas y salían en los vehículos junto a la patota con el fin de señalar militantes para retroalimentar el sistema concentracionario. “Nos querían matar en vida. No nos preguntaban. Aquí no se muere nadie que no queramos nosotros. Ustedes van a hacer esto. Aquí no hay elección”, les ordenaban.

Narró situaciones que trascienden la crueldad. Asesinatos a causa de la picana y el palo, como el caso de María Luz Mujica de Ruarte que murió sola, en las caballerizas; también de Jorge Ruarte, Fernández Zamar y Herminia Falik de Vergara; los traslados, y la adrenalina cuando escuchaban el ruido de los camiones “Menéndez Benz”, los golpes de las “guardias malas” y alguna guitarreada sin guitarra de las “buenas guardias”. Los “enfrentamientos” que en realidad eran ejecuciones y algunos momentos donde se filtraba algún trazo de humanidad como las risas de los jóvenes del Manuel Belgrano que no imaginaban lo que luego les iba a ocurrir.

Nombró a decenas de militantes que vio y le contaron pasaron por el campo para luego ser “trasladados”. Como el caso de Diego Hunziker, Patricio Calloway, Leticia Jordán de Baretta, Alicia María de Muiño, y tantos más.

“No les voy a describir lo que se siente en cada momento de un traslado, porque no se puede”, explicó, conmocionada y agregó que los que eran llamados –por el número o porque les tocaban la espalda- dejaban lo poco que tenían. Y reveló que en los traslados participaban “unidades regulares (del ejército), además de los gendarmes”. Y fue impactante la descripción que hizo de la única vez que vio a una persona que estaba por ser “trasladada”.

Se trataba de Ramírez (Federico), secuestrado junto con Walter Magallanes. Pasó al baño,” vendado con algodones, con una venda en la boca, maniatado atrás, el pantalón mojado y le caían las lágrimas”, describió.

Etapas de la represión

Geuna distingue tres etapas. La primera, conformada por policías, militares y civiles, era el llamado Comando Libertadores de América. “Buscaban generar terror”, afirmó y citó dos casos emblemáticos como los asesinatos de Atilio López y de la familia Pujadas. Contó que Vergéz decía ser el jefe y que se adjudicó la masacre de la familia citada. La misma organización sería autora de otras muertes como las de los estudiantes bolivianos, las hermanas Waquim, y la familia Suárez. “Aparecían muertos porque no tenían donde llevarlos”, especuló.

La segunda, fue el campo de la Ribera donde aparece claramente la presencia militar y funcionó desde noviembre de 1975 hasta el Golpe. La testigo recordó que Vergéz reconoció que había fusilado a un grupo en un pasillo.

Y la tercera, es el campo de La Perla donde actuaban al principio “más policías” hasta que el Ejército asume todo el control. Asimismo destacó que la aeronáutica estaba encargada de llevar a los secuestrados de un lado para otro. Y que la gendarmería garantizaba la custodia del campo.

Los jefes

Según un organigrama que fueron confeccionando a través de experiencias propias y de otros secuestrados “el jefe era Vergéz, Acosta era jefe del Grupo Operativo y Barreiro del grupo de Interrogadores. Había tres suboficiales que se turnaban: Manzanelli, Herrera y Texas. Cuando muere este último asume Vega en su lugar. También estaban Ropero, Magaldi, El Cura, Romero, Jorge Pereyra -el Hijo de la Tía Pereyra – y uniformados de Catamarca”, explicó.

Dijo además que era frecuente la presencia de Diedrich, de la primera sección. También de León, Bolacini y Hermes Rodríguez, del Departamento.

Ante una pregunta de la querella afirmó que “todos secuestraban, todos torturaban”.

Se explayó sobre la existencia de un grupo político que se definía como “peronista y fascista” integrado por Vergéz, Barreiro, Manzanelli, Herrera y Ludueña. Contó que cuando ella se definía como peronista Veegéz además de golpearla le decía que no ensuciara al peronismo. Dijo además que Dietrich era “el cerebro” entre los represores.

Para comprometer a las nuevas promociones de oficiales cambiaron la mecánica de “traslado”. En vez de llevar varios, lo hacían de a tres “para que alcanzara para todos”. La decisión del Tercer Cuerpo según da cuenta la testigo fue para “para ensuciarlos a todos. Y nos usaron a nosotros para consolidar ese pacto”. Al mismo tiempo opinó que “han pervertido a su misma fuerza para cubrirse ellos. Los hicieron cometer crímenes para tapar sus crímenes”.

La tortura sexual

Nombró a todas las mujeres embarazadas que pasaron por el campo y subrayó que “todas padecían torturas”, incluidas ellas. La fiscal le preguntó si la condición de género influía en la aplicación de un plus de perversidad en la tortura sexual.

Respondió que sí y explicó que “en general, las mujeres sufríamos siempre un plus, porque a los hombres trataban de manipularles la mente. A las mujeres, la mente y el cuerpo. Entonces, sí hubo un plus, había todo tipo de abuso, toqueteos, presiones extorsivas. Recuerdo por ejemplo a Herrera, Checchi, que quería revisar a las mujeres haciéndose pasar por ginecólogos, nos revisaba efectivamente”.

Puso como ejemplos a Claudia Hunziker y Margarita Salto, que fueron manoseadas. Y añadió que el único caso concreto que conoció fue el de Liliana Callizo porque lo contó. En lo personal manifestó: “tuve extorsiones hasta de Herrera y también toqueteos. Y cuando venía Vergéz, a veces me apretaba los pezones”.

La manipulación

La sobreviviente en su extensa declaración analizó los “procesos de manipulación” a los que fueron sometidos los militantes por los represores para hacerlos aparecer como colaboradores. “El objetivo de destrucción fue mostrarnos como cómplices y hacernos sentir sucios. Es tan eficaz esta manipulación, que las víctimas casi cuarenta años después debemos hablar de este tema”, reflexionó.

Explicó que este método está protocolizado y que busca “romper los lazos, quebrar a la sociedad. Hubo una parte enajenada, y una parte que sigue siendo la misma”, dijo, siguiendo a Pilar Calveiro. (2)Y refirió que “el campo no existe solo, sino en el marco de una sociedad que lo normalizó. El proceso para familiarizarse con los crímenes es antes que nada social. Hubo treinta años de normalización de los desaparecidos por parte de la sociedad”, sostuvo y proclamó que “después de lo vivido, creo más que nunca en la humanidad, por la intransigente, enconada y empecinada búsqueda de justicia en este país”.

De acuerdo con esta tesis dejó claro que todos los secuestrados y secuestradas en el campo de concentración fueron víctimas aun cuando hayan “colaborado” con los represores porque tenían la voluntad minada.

Y en otro tramo del testimonio señaló que los sobrevivientes “éramos mensajeros de la muerte, no éramos cualquier testigo”. Y se acordó que en Israel los padres de Alejandra Jaimovich le preguntaron qué pensaba que pasó con su hija. “Yo creo que la mataron”, les dijo y ellos prometieron luchar por juicio y castigo.

Tras estar secuestrada “a domicilio” partió al exilio. Cuando el avión empezó a elevarse dice que miró hacia abajo y pensó: “Aquí tienen mis muertos, pero, algún día voy a volver”. Y así lo hizo.

Fotografía archivo prensared. Los jueces, durante la inspección ocular en La Perla.

Notas:
1) Durante el Juicio al Comando Radioeléctrico, causa Roselli, fueron juzgados estos asesinatos y condenados los imputados.
2) Pilar Calveiro es sobreviviente de varios campos de concentración. Realizó una tesis doctoral sobre el tema que la editorial Colihue editó en la colección Puñaladas. Poder y Desaparición, los campos de concentración en Argentina.1995.

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La impugnación hecha por la Dirección de Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización a 9 delegados electos, en sus lugares de trabajo, en una convocatoria realizada por ADEMyS, desconoce los avances y el progreso que en materia de Derechos Fundamentales han experimentados las Organizaciones Simplemente Inscriptas en la Argentina ya que ADEMyS es una de ellas

Daniel Jorajuría (ACTA)

La OIT, a través de sus órganos de control: Comisión de Expertos, Comité de Libertad Sindical, y la Comisión de Aplicación de Normas han establecido la incompatibilidad de la Ley 23.551 con el convenio 87 sobre Libertad Sindical, ratificando por Argentina en 1960, y que hoy tienen rango Constitucional.

Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decretado la inconstitucionalidad de varios artículos de la 23.551. Y en este caso el del artículo 41 inc. “c”, que regula la elección de Delegados en los lugares de trabajo.

Sin embargo el Gobierno de Macri se aferra a él aunque ya no rija.

La Corte estableció su inconstitucionalidad, por violar la libertad sindical individual; porque “obliga” al trabajador para ser delegado estar afiliado a un sindicato con Personería Gremial, habiendo una con simple Inscripción, y más grave aún de acuerdo con lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) también viola la Libertad Sindical Colectiva, que es de mayor jerarquía, porque impide a las organizaciones que no tengan Personería, elegir Delegados y desarrollarse en los lugares de trabajo.

El gobierno de Macri con resoluciones como éstas desconoce el Bloque Constitucional de los Derechos Humanos fundamentales que garantizan la autonomía de los trabajadores, para constituir libremente la organización que estimen convenientes. Desarrollar su estrategia sin intervención de los patrones ni del Estado.

Desconoce también la Constitución Nacional, que en su Art. 14 Bis reconoce la organización libre y democrática reconocida por una simple inscripción en un registro especial.

ADEMyS tiene Inscripción Gremial, y en todo caso Macri debiera crear el registro y no perseguir el desarrollo de una organización, impugnando delegados del acuerdo a una ley (23.551) declarada inconstitucional, justamente en lo que se refiere a la elección de delegados.

Macri actúa como empresario y se aferra al viejo modelo sindical, monopólico, corporativo y antidemocrático que ha sido eliminado por la Corte.

En cuanto a las objeciones que hace la dirección respecto del número de delegados, la Dirección erra en la interpretación de la norma ya que la misma establece textualmente el “número mínimo de delegados que represente la Asociación respectiva en cada Establecimiento”; por lo tanto la organización puede ir más allá de los mínimos.

Lo que tiene que saber Macri y su Director de Relaciones Laborales son sus obligaciones establecidas en los tratados internacionales que establecen que: el Estado debe adoptar las medidas necesarias y apropiadas para garantizar el libre ejercicio del Derecho a la Sindicalización y debe garantizar simultáneamente el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para que se ejerza esa libertad; y la elección de delegados es el desarrollo de la libertad Sindical en los establecimientos, y en este caso en los de Educación.

Con resoluciones como éstas de la Dirección de Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización de Macri atrasa en las Relaciones Laborales al siglo pasado. Sólo basta con ver las denuncias de la Comisión Interna de ATE en la Subsecretaria de Trabajo; el trabajo textil esclavo para grandes marcas, las obras que se derrumban matando trabajadores, los lavaderos industriales sin condiciones mínimas de seguridad e higiene, el trabajo no registrado, empresas que no facturan sin inspecciones que puedan prevenir o lo que es peor, el intento de desmantelar la inspección de trabajo dando rienda suelta a toda forma de irregularidades e ilegalidades laborales.

Por eso el Gobierno de Macri sigue fiel a los ideales de los ’90: libertad al capital y los patrones, por un lado, y restricción de los derechos colectivos de los trabajadores, que nos llevaron a los niveles de explotación y exclusión del 2001. Y no ha registrado la lucha que dieron los trabajadores para destruir esa trampa y que tiene en el viejo modelo Sindical Argentino el mejor aliado.

En cambio la Corte Suprema sí lo registró en sus fallos: ATE I, Rossi y ATE II; fortaleciendo el ejercicio de la Libertad Sindical y el Derecho de las Nuevas Organizaciones Sindicales, decretando definitivamente la inconstitucionalidad de la vieja ley 23.551 a la que se aferra el “Ministerio de la Modernización” de Macri.

Daniel Jorajuría es Secretario Gremial de la CTA.

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Macri, fiel a sus ideales neoliberales impide el progreso de los trabajadores

Daniel Jorajuría (ACTA)

El caso ADEMyS, junto con otros casos, son un claro ejemplo de que el gobierno de Macri quiere frenar el progreso de los Derechos Fundamentales y laborales de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires.

La impugnación hecha por la Dirección de Relaciónes Laborales del Ministerio de Modernización a 9 delegados electos, en sus lugares de trabajo, en una convocatoria realizada por ADEMyS, desconoce los avances y el progreso que en materia de Derechos Fundamentales han experimentados las Organizaciones Simplemente Inscriptas en la Argentina ya que ADEMyS es una de ellas.

La OIT, a través de sus órganos de control: Comisión de Expertos, Comité de Libertad Sindical, y la Comisión de Aplicación de Normas han establecido la incompatibilidad de la Ley 23.551 con el convenio 87 sobre Libertad Sindical, ratificando por Argentina en 1960, y que hoy tienen rango Constitucional.

Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decretado la inconstitucionalidad de varios artículos de la 23.551. Y en este caso el del artículo 41 inc. “c”, que regula la elección de Delegados en los lugares de trabajo.

Sin embargo el Gobierno de Macri se aferra a él aunque ya no rija.

La Corte estableció su inconstitucionalidad, por violar la libertad sindical individual; porque “obliga” al trabajador para ser delegado estar afiliado a un sindicato con Personería Gremial, habiendo una con simple Inscripción, y más grave aún de acuerdo con lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) también viola la Libertad Sindical Colectiva, que es de mayor jerarquía, porque impide a las organizaciones que no tengan Personería, elegir Delegados y desarrollarse en los lugares de trabajo.

El gobierno de Macri con resoluciones como éstas desconoce el Bloque Constitucional de los Derechos Humanos fundamentales que garantizan la autonomía de los trabajadores, para constituir libremente la organización que estimen convenientes. Desarrollar su estrategia sin intervención de los patrones ni del Estado.

Desconoce también la Constitución Nacional, que en su Art. 14 Bis reconoce la organización libre y democrática reconocida por una simple inscripción en un registro especial.

ADEMyS tiene Inscripción Gremial, y en todo caso Macri debiera crear el registro y no perseguir el desarrollo de una organización, impugnando delegados del acuerdo a una ley (23.551) declarada inconstitucional, justamente en lo que se refiere a la elección de delegados.

Macri actúa como empresario y se aferra al viejo modelo sindical, monopólico, corporativo y antidemocrático que ha sido eliminado por la Corte.

En cuanto a las objeciones que hace la dirección respecto del número de delegados, la Dirección erra en la interpretación de la norma ya que la misma establece textualmente el “número mínimo de delegados que represente la Asociación respectiva en cada Establecimiento”; por lo tanto la organización puede ir más allá de los mínimos.

Lo que tiene que saber Macri y su Director de Relaciones Laborales son sus obligaciones establecidas en los tratados internacionales que establecen que: el Estado debe adoptar las medidas necesarias y apropiadas para garantizar el libre ejercicio del Derecho a la Sindicalización y debe garantizar simultáneamente el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para que se ejerza esa libertad; y la elección de delegados es el desarrollo de la libertad Sindical en los establecimientos, y en este caso en los de Educación.

Con resoluciones como éstas de la Dirección de Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización de Macri atrasa en las Relaciones Laborales al siglo pasado. Sólo basta con ver las denuncias de la Comisión Interna de ATE en la Subsecretaria de Trabajo; el trabajo textil esclavo para grandes marcas, las obras que se derrumban matando trabajadores, los lavaderos industriales sin condiciones mínimas de seguridad e higiene, el trabajo no registrado, empresas que no facturan sin inspecciones que puedan prevenir o lo que es peor, el intento de desmantelar la inspección de trabajo dando rienda suelta a toda forma de irregularidades e ilegalidades laborales.

Por eso el Gobierno de Macri sigue fiel a los ideales de los ’90: libertad al capital y los patrones, por un lado, y restricción de los derechos colectivos de los trabajadores, que nos llevaron a los niveles de explotación y exclusión del 2001. Y no ha registrado la lucha que dieron los trabajadores para destruir esa trampa y que tiene en el viejo modelo Sindical Argentino el mejor aliado.

En cambio la Corte Suprema sí lo registró en sus fallos: ATE I, Rossi y ATE II; fortaleciendo el ejercicio de la Libertad Sindical y el Derecho de las Nuevas Organizaciones Sindicales, decretando definitivamente la inconstitucionalidad de la vieja ley 23.551 a la que se aferra el “Ministerio de la Modernización” de Macri.

Daniel Jorajuría es Secretario Gremial de la CTA.

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