martes, 20 de agosto de 2013

Entrevista a Julian Ichim: un activista político canadiense en la “maravillosa Tierra de la Libertad”

Erasmo Magoulas (especial para ARGENPRESS.info)

“Desde que comencé mi actividad política, he sido arrestado por ello más de 35 veces, mi teléfono fue pinchado, mis correos vigilados, y las organizaciones donde he trabajado han sido infiltradas”.

E.M. Con 35 años de edad, tú llevas casi 20 en el activismo político y social en Canadá. Háblame de tus comienzos como activista en éste país.

J.I. Yo crecí en el seno de una familia pobre que llegó a Canadá desde un país de la Europa oriental. Mis dos padres, aún con educación universitaria ambos, tuvieron que hacer trabajos de limpieza para mantener a sus seis hijos en una casa de dos dormitorios. Durante mi noveno año escolar yo trabajé en un proyecto de estudio histórico sobre el FLQ (Frente de Liberación de Québec 1963-70), un grupo político-militar que estaba luchando por la independencia de Québec y por el socialismo. Mientras profundizaba mi conocimiento del caso, fui comenzando a desarrollar una gran comprensión de los análisis políticos, ideológicos, de nacionalidad y antropológicos del FLQ. Mi proyecto obtuvo una “F” la evaluación más baja, por que mi análisis no correspondía con la visión que sobre el tema tenía la dirección de mi escuela.

Comencé a interesarme cada vez más en los análisis de clase. ¿Por qué en una de las más ricas naciones del planeta, existe pobreza y aún miseria? ¿Por qué la gente que vivió aquí desde siempre (las Primeras Naciones y otras culturas nativas), vive hoy sin agua corriente, mientras algunos de los hijos de los colonizadores viven en mansiones? Estaba claro que la cosa no pasaba por trabajar duro o ser un buen muchacho, mucha gente en este país trabaja muy duramente, pero no llega a ninguna parte, era obvio que dentro de ésta Nación había otras naciones, y aquellos que eran ricos, no lo eran por algún designio misterioso del Cosmos, si no por que se lo habían robado a mucha otra gente que vive en éste país y a otra mucha que vive en otros.

Moverse de la teoría a la praxis fue casi natural, y eso trajo como consecuencia inmediata ser atacado por un grupo neo-Nazi. Ocurrió frente de mi escuela secundaria, fui golpeado brutalmente mientras los profesores no hicieron nada. Una semana más tarde yo con un grupo de amigos nos unimos a una red anti-fascista para defender nuestro barrio, y de allí salieron otras situaciones que movilizaron a nuestra comunidad, para encontrar soluciones a otros problemas.

E.M. Parte de tu activismo en la política canadiense está relacionado con el desarrollo de la conciencia social de la población joven, sobre el tema de los ajustes estructurales del neoliberalismo contra los derechos a la salud, educación y servicios sociales. ¿Cómo fueron los comienzos con las organizaciones juveniles en Ontario, y como está la situación en el presente?

J.I. El motivo de organizar grupos juveniles no fue sólo el combate contra los recortes y la lucha contra los ataques a nuestros derechos sociales, si no también crear una alternativa al “Estado proveedor”. Eso lo hicimos en ciertas áreas de la enseñanza, y la alimentación. Eso fue posible con la creación de nuestro propio espacio, el primer centro juvenil canadiense, donde nosotros discutimos los problemas y llegábamos a soluciones.

El Estado trató de etiquetarnos como criminales antisociales y requisó nuestro centro en forma regular. Estos ataques por parte de la policía demostraban la certeza de nuestros análisis, que el Estado no quiere soluciones, sino una situación de crisis en la cual pueda intervenir y entonces imponer sus propias soluciones. En otras palabras el Estado no quiere que nosotros seamos actores políticos.

Dentro de este encuadre de análisis y acción, nosotros participamos con otros movimientos opuestos a los recortes neoliberales, no con la intención de retornar a la economía keynesiana del “Estado de bienestar”, si no para que la misma gente pueda ser partícipe de las decisiones.

Por la falta de análisis de este tipo por parte de los líderes sindicales, enormes movimientos como los de los días de acción –finales de 1996- contra el derechista Gobernador de Ontario Mike Harris, fracasaron.

La traición (por parte de los sindicatos amarillos y algunos partidos llamados progresistas) de las movilizaciones masivas contra el neoliberalismo en Ontario, ha creado dos situaciones, la primera una desilusión con los partidos políticos y el sindicalismo burócrata y una segunda, el espacio para un análisis y una política más radical. Este movimiento de movilizaciones masivas fue liderado por jóvenes y también por trabajadores, como los pertenecientes al local 1005 de la ciudad de Hamilton, Ontario.

De cualquier manera, la traición al movimiento contra Mike Harris, por parte de los líderes sindicales, creó un clima de desilusión y una idea cínica en mucha gente con respecto a lo político. La implementación de las mismas medidas neoliberales por parte del nuevo Premier de Ontario, Dalton McGuinty, del Partido Liberal, dejaron en muchos la idea de que no valía la pena hacer nada, mas que aceptar las medidas de reforma estructural. El crecimiento de la desesperanza y el creciente desempleo, llevaron a muchos por el camino del consumo de drogas, el cual es un problema en aumento. En el último año, solamente en Kitchener, una ciudad de 300 mil habitantes en el S. O. de Ontario, la heroína fue declarada una epidemia por el número de muertes a causa de su consumo. A pesar de esto, hay un creciente descontento con el sistema entre los jóvenes, quienes ven que no tienen futuro, y la memoria de las luchas pasadas es como combustible para pensar las futuras. Después de todo fueron los jóvenes quienes estuvieron en la primera línea de combate durante la reunión del G20 –finales de Junio del 2010-, y son ellos los que están creando solidaridad con las luchas de los pueblos indígenas y con las luchas del Tercer mundo.

E.M. ¿Cómo evaluarías el proceso de deterioro del “Estado de bienestar” en Canadá y particularmente en la Provincia de Ontario a través de estos últimos 20 años?

J.I. Uno sólo necesita caminar las calles de una ciudad canadiense para darse cuenta del deterioro económico y social. Las fábricas que empleaban a gran número de gente en Kitchener, una ciudad que otrora fuera industrial, de la Provincia de Ontario, hoy están cerradas. Muchos comercios tienen que cerrar por falta de ventas. Los refugios para los “sin techo” tienen todas sus plazas ocupadas constantemente. La educación superior es inalcanzable para la mayoría de los jóvenes, y los que logran alcanzarla, quedan con una deuda financiera monstruosa. Se podría decir que la mano de Adam Smith es tan invisible que no se ve, por lo menos para solucionar los problemas.

Beneficios que hace unos años la gente los consideraba hechos inamovibles, como las pensiones y los contratos colectivos de trabajo, hoy los ve desaparecer, y no sólo para los trabajadores manuales, si no también para los trabajadores de la educación, por ejemplo. Los sindicatos son actualmente organismos sin fuerza ni vocación para defender los intereses y los derechos de sus afiliados. El año pasado se dio un caso paradigmático del poder del capital con respecto al trabajo; en la ciudad de London, Ontario, la empresa Caterpillar cerró sus instalaciones, porque los trabajadores se negaron a aceptar 50 % de reducción en sus salarios. Hoy la única seguridad para el trabajador o el desempleado es la lucha.

El hecho es que el gobernante Partido Liberal se vio forzado a detener algunos de los recortes en el área social, por que la gente se movilizó y luchó para frenar las medidas neoliberales.

E.M. Tu activismo político y social en Canadá comenzó prácticamente con la desaparición del bloque de países del Este europeo, del llamado Socialismo real. Tiempos difíciles para apoyar ideas socializadoras. El movimiento Zapatista, la solidaridad con la Revolución cubana, el bolivarianismo, y los nacionalismos populares, entre otros fenómenos políticos, trajo cierta esperanza a la izquierda revolucionaria. ¿Cuánto de estos movimientos nacionalistas-populares y revolucionarios marcaron una influencia en tu pensamiento clásico del marxismo?

J.I. El colapso de la Unión Soviética ha demostrado en concreto el fracaso del capitalismo. Desde que F. Fukuyama ha declarado que la humanidad ha alcanzado el fin de la historia, uno ha visto más y más luchas revolucionarias de las masas, probando que su teoría estaba equivocada. En la Europa del Este las promesas del capitalismo terminaron siendo una pesadilla para la mayoría de la población de ese continente.

Mi pensamiento político siempre ha estado influenciado por los movimientos de liberación nacional, particularmente los de América Latina. La Cuba revolucionaria durante el “Período especial” ha probado al mundo entero que hay un remedio alternativo a las amargas recetas del Fondo Monetario Internacional. Con la pérdida del 80% de su capacidad de intercambio comercial, el incremento de las medidas genocidas del bloqueo estadounidense, nadie en la Isla fue abandonado a su suerte, y la niñez fue la población más protegida. Todo lo contrario podríamos verlo en el caso Argentino durante los gobiernos de Menem y la Alianza (Fernando de la Rua), cuyas medidas económicas dictadas por los organismos financieros internacionales llevaron al colapso económico y social de ese país.

La Revolución bolivariana como los movimientos nacionales y populares en otros países de A.L., son la continuación histórica de las luchas de Bolívar, Martí, y tantos otros, contra la Doctrina Monroe, la Enmienda Platt y demás proyectos colonialistas. Como revolucionarios del Primer mundo nuestra obligación es apoyar todos los movimientos que apunten a derrotar el yugo colonial.

El mismo Marx hablaba acerca de cómo la acumulación de la riqueza de los Estados Unidos vino de la explotación de los recursos de los países de su área de influencia y neo-colonias. Cualquiera que crea en la lucha de clases dentro de un país en particular, también debe creer en la lucha de clases entre países.

E.M. ¿Cómo ha sido tu relación con los aparatos represivos del Estado (policía y servicios de inteligencia) desde que tú comenzaste tu trabajo como activista político y social? También me gustaría saber tu relación con el aparato de adoctrinamiento, los medios corporativos, las escuelas, universidades e iglesias.

J.I. Desde que yo comencé mi trabajo político-social fui arrestado más de 35 veces, con sólo una condena, mi teléfono ha sido pinchado, mis correos vigilados y mis organizaciones infiltradas. Desde 1996 hasta el 2006 yo he estado en la cárcel o con arresto domiciliario. La mayor parte del tiempo estuve esperando la fianza y en condiciones que me prohibían cualquier actividad de organización o asociación con personas con actividad política.

En ese tiempo muchas de las victorias que logramos fueron a través de la acción directa contra los aparatos de represión, la no negación – o mejor dicho la afirmación - de los principios. El aparato represivo busca que los activistas renieguen de sus principios, para desmoralizarlos y convertirlos en provocadores sin principios ideológicos. Nosotros tenemos el derecho de ser activistas políticos y si hay por parte del Estado intentos de arrebatarnos ese derecho, debemos pelear para defenderlo.

En relación con otras instituciones nosotros hemos colaborado en determinados casos, y hemos negado colaboración en otros, por ejemplo hemos colaborado con ciudades como la de Stratford, S.O. de Ontario (con una población de 30 mil habitantes), en la implementación de programas juveniles contra las drogas, pero cuando el caso fue brindar apoyo a las Olimpiadas del 2010, las cuales destruían tierra sagrada de los nativos canadienses, nuestros principios anticolonialistas nos forzaron a estar del lado de los nativos, y oponernos firmemente a ese proyecto.

E.M. Canadá es conocido internacionalmente como el país de la libertad, algunos hasta dicen que esa libertad se disfruta en proporciones exageradas. Posiblemente esto es así porque muy poca gente en Canadá ejercita su derecho a la protesta, o su derecho a organizarse alrededor de una misma demanda, queja o disconformidad social, económica o política, u organizarse por los abusos del poder, especialmente en tiempos como este, donde el “Estado de bienestar” da un paso atrás ante las demandas cada vez más antipopulares de las corporaciones y las élites financieras. ¿Cómo has disfrutado tus derechos a la libertad de actividad política, de organización, de circulación, etc. durante estos años de activismo?

J.I. Es difícil de explicar. Cuando alguien golpea mi puerta lo primero que pienso es que es la policía que viene a arrestarme, por algo que supuestamente pude haber hecho meses atrás.

Tus amigos y camaradas pueden darse vuelta en contra tuyo como informantes. Se te va restringiendo la circulación de determinadas áreas de la ciudad, hasta que prácticamente no puedes salir de tu domicilio, sin ser arrestado.

La libertad es algo relativo. Tú eres “libre” hasta el momento que tú comienzas a pensar diferente o eliges actuar acorde a tus principios. Si yo no creyera en el triunfo de nuestra causa, y si yo no hubiera visto los sacrificios de mucha gente en favor de mi defensa, al costo de la seguridad de ellos mismos, yo definitivamente hubiera sido otra persona.

E.M. Tu activismo, casi desde el principio te llevó al terreno de la solidaridad internacional con movimientos como el nacionalismo revolucionario vasco, y el movimiento de soberanía del pueblo de Irlanda del Norte, los grupos de apoyo a la Revolución cubana y especialmente en la última década la solidaridad con los 5 Héroes cubanos. Cuéntame más acerca de este trabajo de solidaridad, y que significa ser un activista en favor de éstas causas desde Canadá.

J.I. El Che Guevara una vez dijo, “Envidio a los activistas que viven en Norteamérica, por que ellos viven en la panza del monstruo y pueden luchar contra él desde adentro”, parodiando las palabras de Martí “Conozco al monstruo porque he vivido en sus entrañas”. Nosotros aquí en el Primer mundo tenemos la obligación de apoyar a aquellos que están resistiendo y luchando contra los sistemas de opresión que benefician a los países altamente desarrollados. Como revolucionarios nosotros debemos ser internacionalistas no sólo de palabra, si no que con la misma energía que luchamos por nuestros derechos, debemos luchar por aquellos que arriesgan su vida frente a la alianza imperialista internacional, de la cual Canadá es parte.

Nosotros estamos luchando contra el mismo enemigo, el colonialismo y el imperialismo, y la derrota del imperialismo en cualquier parte le da un golpe muy fuerte a la maquinaria que esclaviza, a muchos seres humanos, en todo el mundo. Cuantos más policías me persigan a mi, menos habrá para disparar contra activistas por los derechos de las Primeras Naciones, cuantos más “marines” desembarcan en Irak menos estarán preparados para invadir A.L.

Norteamérica ha tenido su bota de colonizador sobre el cuello de muchos pueblos por mucho tiempo, es nuestro deber cambiar esa situación, para que los pueblos decidan su futuro por si mismos.

E.M. Tu activismo social y político no sólo ha sido blanco de ataques por parte de los organismos represivos del Estado canadiense, si no también por parte de grupos de extrema derecha. ¿Cómo has visto a través de estos años, la posible vinculación entre estos grupos y las fuerzas policiales?

J.I. Cuando comenzamos nuestro trabajo político, nuestros principales enemigos fueron los grupos fascistas. Sólo con la creación de una alternativa, el centro juvenil, y usando éste como lugar de formación social y mostrándole a la gente quien era nuestro enemigo, nosotros estuvimos en condiciones de movilizar a la comunidad y desplazar a los grupos fascistas. En este punto era obvio que los organismos policiales no sólo toleraban a los gruos de extrema derecha sino que los apoyaban.

E.M. Cuéntanos sobre los cargos que deberás enfrentar en Septiembre de este año, y también me gustaría saber algo más sobre la historia de tu proceso judicial en estos últimos 10 años.

J.I. Creo que he dicho bastante sobre esto, pero para ampliarlo los lectores pueden dirigirse a este sitio: http://julianichim.wordpress.com/2013/07/22/the-political-persecution-continuesmy-next-court-date/

E.M. ¿Cómo el poder judicial canadiense bloquea el activismo social y político y hace difícil la vida de los activistas anti-sistema?

J.I. Te brindare una panorámica sobre la criminalización del activista político y social desde el mismo momento del arresto, y como esto impacta en su vida.

El oficial de policía te arresta, te esposa, te lleva a la estación de policía, allí te desnudan, te dicen que tienes que doblarte y toser, si el policía se siente muy “macho” se pone unos guantes de látex y hace una revisión completa de tu cuerpo.. Te ponen en una celda solitaria, en algún momento si eres una persona de suerte te darán un sándwich de algo. Al rato te sacarán para tomarte las huellas digitales, si te resistes, (muchos de nosotros lo hacemos), el policía con la ayuda de algún otro, te golpeará tus manos contra la mesa hasta que las abras. Serás llevado esposado frente al juez, si por cualquier razón tu caso es postergado, serás nuevamente esposado, metido en un vehículo con otros detenidos y otra vez vuelto a la comisaría, donde comenzará nuevamente el denigrante proceso de revisión de tu cuerpo desnudo. Te meterán en una celda con delincuentes comunes que estarán dispuestos a darte una golpiza por el sólo hecho de tirar el agua del inodoro a una “hora incorrecta”. Cualquier cosa, aún algunos derechos, son un privilegio que se te puede retirar en cualquier momento. Cuando tú eres declarado inocente, nadie te devuelve lo que has perdido.

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España: En descomposición

Jaime Richart (especial para ARGENPRESS.info)

La democracia no está en la impostada invocación de la Constitución y del Estado de Derecho, ni en los llamamientos aparatosos y afectados al respeto por las instituciones y las figuras o figurones de las mismas que son los políticos, los miembros de los gobiernos, los tribunales o la realeza...

La democracia y su nivel se juzgan por la catadura de sus políticos, gobiernos y tribunales; en definitiva sus dirigentes. Pero en este país la ciudadanía es tratada por sus tutores como un menor de edad, además incapacitado; en último término, un convidado de piedra que asiste mudo a las constantes fechorías de la mayoría de sus gobernantes centrales, autonómicos y municipales, sin más participación en esa imitación de democracia que la de poder acudir cada cuatro años a las urnas para elegir a profesionales de la mentira, del engaño y de la promesa baldía. Y la ciudadanía no tiene otra opción que o dejarse engañar como mal menor, o desentenderse de comediantes infectos que ni siquiera hacen reír.

Así España, a cualquier observador exterior o interior, se le aparece como un país en descomposición. Es posible que en la economía esté la causa, pero si ahora la depresión material y moral es patente y ni siquiera quienes lo disfrutan han de sentir bienestar, temerosos de una explosión social, antes no era menor la decadencia a causa de la hybris, es decir, la desmesura. En todo caso, a la euforia suele suceder la depresión. Y en ella estamos...

Siempre soñé con un país donde las artes, los oficios y la Naturaleza eran los dioses a adorar; donde no había noticias porque todos sus huéspedes vivían en armonía y la armonía nunca es noticia; un país donde "la justicia estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interés, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen" donde "la ley del encaje aún no se había sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no había qué juzgar ni quién fuese juzgado"...

Y ahora resulta que me encuentro en un país que sólo me produce pesadillas: los políticos como clase, los banqueros, los empresarios y la realeza, pilares del sistema, aparecen como auténticos forajidos; la justicia protege con rodeos al poderoso y persigue al débil sin rodeos. Las artes y los oficios tradicionales están devaluados, y la Naturaleza constantemente violada... No hay ocio ni trabajo. Y el que hay, aparte de la hostelería, sólo consiste en convencer a contraer necesidades antes no sentidas. No hay distingos entre el ocio activo y el trabajo ocioso, ni apenas actividades creativas; ni siquiera propiamente recreativas, pues los condicionantes económicos abortan cualquier energía que mayoritariamente no esté dirigida al sobrevivir. Ni tan siquiera se considera "trabajo" digno de retribución la dedicación de los progenitores a la crianza y educación de su prole, que sería lo propio de una sociedad superior de altas miras.

El sistema propicia, alienta y potencia la noticia, pues el periodismo vive de ella; un periodismo que más bien solivianta a la ciudadanía, para obtener réditos de lo escabroso y lo enfermizo; unos periodistas que copan los empleos en las televisiones y las comparecencias retribuidas en los platós sin dejar espacio alguno, ni siquiera ocasional, a miles de colegas suyos; convirtiéndose así en los sustitutos de los clérigos, en los sumos sacerdotes que aleccionan sin más éxito que estos a la hora de contribuir a la felicidad de la ciudadanía...

La "noticia", y la publicidad con la que hace contubernio y alimenta el alto horno de la curiosidad malsana, se enseñorean de la vida pública como privada. Cuando realmente existe, la noticia sólo versa sobre la desgracia y sobre conductas alevosas, abusivas o delictivas de individuos de quienes la ciudadanía esperaba servicio y ejemplaridad. Y si no existe, magnifica la insignificancia o sencillamente la fabrica...

España atraviesa una crisis material, sanitaria, educacional, científica, industrial, moral y psicológica, para una gran parte de la población, muy cercana al estado de posguerra. Y apunta en otoño a una general sublevación. Pero para superarla y situarse al nivel civilizado y juicioso de una sociedad madura, sospecho que todavía necesita por lo menos medio siglo más. Sin embargos, sus dueños repiten una vez tras otra, como un aburrido mantra, que éste es el menos malo de los sistemas posibles. Pues sepan que sí esto es así y no se encuentran pronto otros caminos, poco a poco las grandes masas de población sentirán que no vale la pena vivir o bien se alzarán en una revolución para olvidar...

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Israel, Egipto y Colombia

Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

Los ejércitos de estos tres estratégicos países, en su respectivo orden, son los más grandes beneficiados de la inversión militar exterior del gobierno de los Estados Unidos, y esta sobre-determinación obliga a que cualquier análisis del desenvolvimiento dialéctico de sus contradicciones internas, tenga que ser leído o interpretado, siempre, en clave geo-estratégica: Lo externo se ha sobreimpuesto en estos países al desarrollo de lo interno. Ya no es posible entender el complejo problema geoestratégico del Estado Israelí en el cercano Oriente, sin la presencia del complejo militar- Industrial y financiero de los Estados Unidos, en donde juega un papel fundamental el llamado “Lobby Judío de New York”.

Y si no se utiliza la clave geoestratégica, tampoco es entendible lo que está pasando en Egipto, en donde tres fuerzas al cual más reaccionarias y sanguinarias se están disputando a muerte la llamada revolución egipcia: 1-El ejército egipcio construido con esmero durante décadas por el US Army, 2- La Hermandad Musulmana y 3- El liberalismo laico pro- Yanki.

¿Por qué habría de ser Colombia una excepción, cuando el Gobierno de los Estados Unidos ha invertido más tiempo y talvez más dinero que en Egipto, en el entrenamiento, sostenimiento y puesta en marcha de la pavorosa máquina militar de 500 mil hombres armados que se llaman Fuerzas militares de Colombia?

Si no se tiene la clave geo-estratégica, no es posible entender por ejemplo el golpe arrasador que el Presidente JM Santos dio a la cúpula militar colombiana el 13.08 2012, ante la presencia directa en Bogotá del Vicepresidente de los Estados Unidos, John Kerry.

Presencia efectiva y todo poderosa, que hizo imposible que el chafarote y energúmeno Mantilla, con su segundón León Riaño (además de los otros héroes de la patria que salieron como perros por la puerta de atrás) reaccionaran dándole un golpe militar a JM Santos, tal como lo venían preparando con asesoría de Uribe Vélez, para destruir el proceso de paz que se adelanta en la Habana.

Como se dice en castellano colombiano: Si Kerry no hubiera estado ese día en Bogotá, otro gallo hubiera cantado en ese gallinero. Pero estaba allí para dar todo el apoyo político y militar necesario a su cliente JM Santos y eso, es lo que importa. Las Fuerzas militares no se dividieron, ni se convirtieran en el “árbitro” de la riña entre los antiguos socios Uribe Vélez y JM Santos. Ascendieron sustitutos sumisos a Santos cuyos nombres fueron dados por los asesores militares norteamericanos que conocen bien a sus pares colombianos; la guerra contrainsurgente contra el “enemigo interno comunista” continúa con sus 9 bases norteamericanas que controlan y amenazan toda la Región Andino amazónica y, se prepara una exhibición de colmillos a la “expansionista y chavista Nicaragua” para que no se le vaya ocurrir darle entrada en sus aguas del Caribe a los chinos de la RP China. Lo dicho: la geo-estrategia externa ha decidido la situación interna colombiana a favor de JM Santos y su posible reeleción. Uribe ha sido mutilado de una buena parte de su brazo armado legal.

Pero como siempre hay un pero, otros elementos han entrado en juego. Me refiero primero, a la inercia de los sumisos militares “ascendidos” quienes siguen con su gastado plan llamado ridículamente “ Espada de Honor”, consistente en No dar combate terrestre como en Arauca donde les eliminaron toda una fuerza, sino en matar individualmente por vía aérea, algunos descuidados jefes de escuadra o de columnas guerrilleras (que inmediatamente son remplazados) dizque como mecanismo mediático para debilitar a las organizaciones guerrillas y obligarlas a firmar su rendición en la Habana; cuando de sobra saben que lo que ellos llaman en su argot militar ”la recomposición de las guerrillas” radica en su volcamiento total y unitario hacia la política y hacia la lucha de masas plena.

Entonces, como un disco rayado que ya le hemos escuchado durante una década, el nuevo comandante del ejército colombiano Juan Pablo Rodríguez, desde el periódico de la familia Santos el Tiempo (17.08.2013) nos repite lo mismo que dijeron Padilla de León, Mantilla , Navas y el propio presidente Santos cuando era ministro de defensa de Uribe Vélez:: “La Paz es la victoria”(1) . Así. A secas.

Claro que la paz es la victoria, pero no del ejército colombiano y su guerra contrainsurgente de baja intensidad fracasada, como sus cúpulas dicen. Tampoco es victoria militar de las guerrillas. La paz es la victoria de la gente del común o Pueblo trabajador, quien mediante su movilización cada día más consiente, unitaria y masiva (este es el segundo elemento en jugo) está imponiéndole a la oligarquía Consular colombiana su consigna de Paz con Justicia Social y Soberanía, es decir una verdadera Solución Política al conflicto social armado, que JM Santos ayudado por el inquisidor Ordoñez, el Fiscal Montealegre y algunas Ong oficiales como las que ayudaron a redactar el Informe “Basta Ya”, están pretendiendo transformar en una Solución Jurídica, la que para más geoestrategia, quieren hacer depender de la justicia estadounidense.

Esperemos que se convenzan, después de analizar en clave geoestratégica el para agrario y popular que hoy 19 de agosto, se está llevando a cabo por toda la geografía colombiana.

1) http://www.eltiempo.com/justicia/entrevista-con-el-general-juan-pablo-rodriguez-_13000942-4

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Crisis energética: El sistema eléctrico argentino

MORENO

No resulta novedoso proclamar que el sistema eléctrico de nuestro país está en una coyuntura crítica. Casi todos los técnicos del sector -con excepción de los responsables de algunas empresas y los funcionarios oficiales- aún con diagnósticos diversos, vienen denunciando el deterioro creciente del servicio, la difícil ecuación económica que afecta a las finanzas del Estado y de subsectores de la actividad, y las vacilaciones e incongruencias que caracterizan a las políticas aplicadas por las autoridades. Tampoco es novedad para los usuarios que sufren los cortes y las caídas de tensión en el suministro por lo que, particularmente este verano, sus manifestaciones de protesta han ido creciendo en intensidad.



El origen de la crisis

Hoy día no es un secreto para nadie que, si bien el deterioro se hizo evidente en la última década, las raíces de la crisis están en las reformas aplicadas en la década de los ´90. La generación y el transporte troncal de energía eléctrica fueron entonces librados al mercado, dejando de ser un servicio público. Dentro de la política global de privatización de las empresas del Estado, se desmembraron Agua y Energía Eléctrica, Hidronor, Segba; se vendieron -o se concesionó la explotación- de la gran mayoría de las plantas generadoras ; se fragmentó la distribución en el área metropolitana de Bs As y la operación de transporte en alta tensión; se multiplicaron las empresas pero se redujo drásticamente el personal, sobre todo técnico, y se eliminaron las escuelas de formación y capacitación; se privatizaron distribuidoras provinciales.

La nueva normativa, que se iniciara con la sanción del Marco Regulatorio del sector -ley 24065-, fijó reglas de operación y comercialización que favorecieron a las empresas, las que hicieron grandes ganancias desde los primeros años de los ´90 ; la destrucción de la integración vertical dio origen a un esquema de no regular la generación y sí hacerlo con el transporte y la distribución, donde aumentos en la base se trasladaban hacia el consumidor final. En ese período la instalación de equipos de ciclo combinado y de turbinas de gas recompuso por algún tiempo la potencia disponible, pero luego no se invirtió en nuevas máquinas porque, en general, las empresas aplicaron las utilidades a operaciones financieras o las remitieron a sus casas matrices en el exterior. Se produjeron cambios en la propiedad de las empresas, que se fue concentrando, y hacia fines de los ´90, ya no operaba la tan especial ´libre competencia´ en la generación, ni la prohibición para una misma firma de poseer intereses simultáneamente en los distintos subsectores de generación, transporte y distribución.

Tras años de crecimiento económico y aumento de la demanda de energía, la salida de la convertibilidad monetaria a principios del 2002 y la conmoción de la economía que generó, alteraron aún más el equilibrio del sector en su conjunto, por los reajustes irregulares en la asignación de costos y distribución de cargas impositivas entre los distintos sectores y en las tarifas. Así el marco regulatorio eléctrico, que fuera fijado en el marco de la convertibilidad, fue reglamentado y modificado innumerables veces, y también ignorado o violado en disposiciones y acuerdos con las empresas del sector.

La falta de inversiones suficientes en el sector llevó a un deterioro progresivo del servicio, tanto en la potencia disponible como en la confiabilidad y calidad del suministro. Simultáneamente se iba produciendo la caída en la extracción de gas natural, mientras aumentaba su peso como principal fuente primaria en la generación eléctrica, sin olvidar que, desde mediados de los 90, ´se intensificaron las exportaciones.

La última decada

En 2004, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) advirtió a las autoridades del área sobre la crisis que sobrevenía en el sector, y que involucraba al suministro de gas, cuya producción estaba cayendo. El Gobierno nacional elaboró entonces un Plan Energético 2004-2008 en el cual comprometía: la ejecución de diversas obras en generación, transporte y distribución; la aplicación de un plan de ahorro de energía; medidas de normalización de los mercados mayoristas de electricidad (MEM) y del gas (MEG); consolidación de acuerdos para importación de gas (con Bolivia), fueloil (con Venezuela) y energía eléctrica (con Brasil).

En lo que concierne a la generación, hasta varios años después la potencia instalada creció mas lentamente que la demanda , a pesar de que se encararon -como obras principales por su potenciala terminación de la central nuclear CNA II y la elevación de la cota de Yaciretá (la cota de 83m de Yaciretá se alcanzó en 2011, y CNA II no está aún operativa). En los últimos años se incorporaron centrales de turbogas y centrales de gas en boca de pozo y se convirtieron centrales en ciclos combinados. También hubo incorporación de autoproducción por parte de grandes empresas industriales y de extractoras de gas, que alimentan al Sistema Interconectado una vez satisfecho su consumo. Pero seguramente la peor medida adoptada en los últimos tiempos es el plan de Generación Distribuída, por el que se incorporan equipos móviles alimentados con fuel oil o gasoil-de pocos megawatt de potencia, bajo rendimiento, fuertes emisiones al ambiente- que se instalan en zonas o ciudades para cubrir el déficit de generación. La mayor parte de toda la potencia incorporada aumenta la dependencia del gas y los combustibles líquidos.

Se han incorporado algunas obras hidroeléctricas menores, pero recién ahora se aprecian progresos en las gestiones sobre Garabí-Panambí (compartida con Brasil, en el río Uruguay), Los Blancos (en Mendoza) y las centrales Kirchner-Cepernic (río Santa Cruz), mientras se posterga Chihuido, en el río Neuquén. Sobre la central en el brazo Aña Cua -en Yaciretá- y sobre Corpus (también sobre el Paraná y compartida con Paraguay) parece haber solo declaraciones. En los últimos años se ha puesto en marcha el programa de expansión de energías renovables (GENREN): se han inaugurado varios parques eólicos (principalmente en Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires) y hay muchos otros en proyecto, pero su contribución a la oferta global es todavía poco relevante; mucho menor aún es la de los generadores solares y con biocombustibles.

Hoy día apenas se satisface la demanda de potencia, en particular la máxima de pico que, entre 2002 y 2012, aumentó más del 60%, llegando a 22.000 MW este año, mientras que la potencia incorporada, casi toda financiada por el Estado, sólo aumentó un 30%.

Y casi nada se ha hecho para moderar la demanda; el plan de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE, en dos etapas, 2004 y 2005) solo consistió en aplicar premios y castigos al ahorro o aumento del consumo comercial y residencial con pautas muy discutibles e incomprensibles para la mayoría de los usuarios, lo que no produjo consecuencias significativas, lo mismo que incentivar el uso de lámparas de bajo consumo, o de limitar la iluminación pública. Luego el plan PRONUREE (Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía, decreto 140/2007) estableció muchas líneas de acción en el corto y mediano plazo y para muchos sectores del consumo, pero poco y nada de ello se implementó y los resultados fueron prácticamente nulos.

En el transporte en alta tensión, dentro del Plan Federal de Transporte de ampliación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y con el Fondo Fiduciario de Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) se concretaron varias de las obras programadas: la 3ª. línea de Yaciretá y las interconexiones NOA-NEA, Choele Choel a Pto Madryn a Pico Truncado, Comahue-Cuyo y la línea “minera” La Rioja-Recreo. Menos se ha logrado en la distribución troncal (en 133kV y 220kV), gestionada a través de seis empresas, las Distros Troncales, con jurisdicción en distintas regiones o provincias, lo que en ocasiones dificulta los acuerdos sobre las obras y su financiación.

La distribución en baja tensión es el subsector más sensible al malestar de los usuarios: los cortes y caídas de tensión en el suministro son originados en su mayor parte por las fallas en el equipamiento -subestaciones, cámaras, cables- y, de no ser así, igualmente la empresa distribuidora es responsable del correcto suministro de electricidad, por ser un servicio público y por estar fijado en los contratos originales Hoy día las protestas más frecuentes y virulentas de los usuarios de servicios públicos son generadas, principalmente en el AMBA, por las fallas del servicio eléctrico y las deficiencias en las reparaciones que, la mayoría de las veces, se deben al escaso personal dedicado, a su condición de tercerizados y su consecuente escasa experiencia profesional. Y este verano en el AMBA, ante los cortes, proliferan los grupos generadores portátiles en viviendas colectivas y pequeños comercios y talleres.

La dispersión de empresas distribuidoras en todo el país, de larga historia, se vio agravada luego de las privatizaciones. En particular, la distribución en el área metropolitana (AMBA) y La Plata, que quedó a cargo de Edenor y Edesur, y de Edelap, respectivamente -partiendo de una situación precaria- se fue deteriorando aceleradamente ante el crecimiento del consumo, como resultado de la baja inversión. Fallas importantes en las obras (recordemos el incendio de la subestación de Edesur recién estrenada en 1999 y el prolongado apagón que le siguió) y en la prestación de los servicios de mantenimiento ante fallas, no fueron castigadas debidamente por el ente regulador (ENRE).

La economía del sector

La tendencia de las políticas del Gobierno Nacional ha sido en general, por un lado tratar de sostener la rentabilidad privada, principalmente en el mercado de generadores y transportistas; por otro en la última, tratar de no provocar rechazo de los usuarios hacia el Gobierno, evitando aumentos importantes de tarifas -o retrotrayéndolos-, sobre todo en el sector residencial. Políticas con objetivos similares se desarrollaron en el subsector eléctrico, y en el de los hidrocarburos, principal fuente primaria de la generación eléctrica. Y se han convertido en una pesada carga para el presupuesto nacional, amén de alentar a empresas del sector eléctrico a amenazar con abandonar el sector sino se las subsidia, cada vez más.

A los costos en exceso originados en una estructura sectorial plagada de empresas innecesarias que no compiten, es innegable que aumentaron los costos. Para alentar mayor producción de gas se ha aumentado el precio que deben pagar las usinas eléctricas, pero la diferencia es subsidiada a través de Cammesa; también se subsidia la importación de electricidad y el fueloil -que algunas usinas consumen cuando se les restringe el gasparte del cual también se importa, por falta de capacidad de refinación en el país. También han aumentado los costos laborales, como resultado de los ajustes de los salarios otorgados en el sector ante el proceso inflacionario. Paralelamente las tarifas al consumidor, se han ajustado de manera desigual; los consumidores industriales y comerciales han tenido aumentos mayores que los residenciales. Especialmente en el área de Buenos Aires y La Plata, hasta ahora, se habían contenido los aumentos a los usuarios residenciales; mayores tarifas de base, o el agregado de impuestos con diversas aplicaciones, o el castigo por aumento de consumo, fueron casi siempre rechazados enérgicamente por la mayoría de los usuarios.

Lo mismo sucedió más tarde con la anulación de los subsidios -al consumo domiciliario de gas y electricidad- que se intentó en 2011, y luego se suspendió. Actualmente las distribuidoras del AMBA, Edesur y Edenor, se presentan en situación de alto endeudamiento , que las propias empresas y los técnicos y políticos que las apoyan atribuyen exclusivamente a que las tarifas pagadas por los usuarios del área metropolitana no cubren los crecientes costos. La diferencia con la situación en otras ciudades y zonas del país depende de las tarifas de otras distribuidoras -y también de las cargas impositivas- que fijan los gobiernos provinciales, considerando también la generación de unidades de su propiedad.

Para las finanzas públicas la importación de energía y los subsidios directos a las empresas del sector se ha convertido en un problema de primera magnitud. La importación de energéticos -en parte destinada a usinas eléctricas (el 45% del gasoil) y sin impuestos- ascendió en 2012 a 7383 millones de dólares. El gasoil, el gas natural licuado, el gas natural y el fueloil han ocupado el 2º, 3º, 5º y 6º lugar, respectivamente, en la lista de los productos importados. Los subsidios al sector eléctrico se estimaron en $17.000 millones en 2012.

El último año

El año pasado, ante la difícil situación económica - con la pérdida del superávit fiscal y comercial- el Gobierno Nacional pareció adoptar cambios significativos en la política energética. La toma del control del 51% de YPF S.A. y la sanción de la ley 26741 de Soberanía Hidrocarburífera, anunciaban como objetivos el ejercicio de la soberanía en el sector, el aumento de la producción de gas y petróleo con vistas a la reconquista del autoabastecimiento, la recuperación por el Estado del control y de una mayor renta del sector.

Pero pronto diversos hechos y declaraciones oficiales pusieron en la duda la orientación del cambio, principalmente la reafirmación del carácter de empresa mixta, la pertenencia del dominio jurisdiccional del subsuelo en manos de las provincias, el mantenimiento del objetivo exportador y la integración del directorio de YPF -con personas de orientación privatizadora y provincialista-, el diagnóstico sobre la responsabilidad de Repsol en la gestión de vaciamiento llevada a cabo en YPF y la ausencia de cargos legales a los responsables y la enunciación de la participación privada en proyectos importantes del sector. Luego el decreto 1277/12 que reglamentó la ley 26741, avanzó en la concepción soberanista, centralizando el control del sector, definiendo un plan de inversiones y designando una comisión de planificación y coordinación. Paralelamente, la nueva dirección de YPF presentaba su plan de trabajo en el corto y mediano plazo siguiendo los dictados de la ley, e inició conversaciones con distintas petroleras para lograr mayores inversiones en exploración y explotación. Por ahora la financiación de la expansión de YPF la sostienen prioritariamente los préstamos del ANSES y adelantos del Tesoro Nacional, y para acrecentar sus ingresos YPF ha aumentado el precio de las naftas y emitido títulos en el mercado de capitales. Nada se ha hecho tendiente a la transformación de los contratos de concesión vigentes en convenios de explotación, ni se ha avanzado en la realización de estudios de nivel e independientes destinados a la determinar el potencial hidrocarburífero del país, tanto en lo referido a las reservas convencionales como no convencionales y, en este último caso, sobre las consecuencias económicas, sociales y ambientales que podrían derivar de su eventual explotación.

Producir más gas es una de las prioridades que se fijó YPF; no obstante en el lapso transcurrido desde la asunción del nuevo directorio, la producción total del país, así como la propia- descendió, por lo que recientemente se creó un nuevo plan de incentivos, en reemplazo del anterior “Gas Plus” que no logró aumentar la producción.

Para mejorar las cuentas de la electricidad, así como las de gas, se han creado cargos fijos en las facturas bimestrales -de montos crecientes con el consumo, de hasta $300- con el fin, se dice, de constituir un fondo para que las empresas inviertan en nuevas instalaciones; pero la experiencia no permite ser optimista sobre el proceder de las empresas.

La situación de las distribuidoras de electricidad del AMBA es tan crítica que el Gobierno, a través de Cammesa que administra los subsidios, está ejerciendo un mayor control sobre las mismas. La Comisión de Planificación y Coordinación les ha pedido información detallada sobre los costos, y ha trascendido que se buscaría cambiar la estructura de precios marginales por otra de “costo plus” (precio=costo+ganancia razonable) como la que regulaba los precios de Segba antes de la privatización.

Qué hacer

En el MORENO creemos que las políticas aplicadas hoy no conducen a la recuperación de la soberanía energética que hará posible que la energía se convierta en un bien social en Argentina.

Se mantiene una estructura de protección de los intereses de grandes monopolios: siguen rigiendo normas que mantienen estructuras de precios y un sistema de concesiones por largos períodos, obsoleto ya en casi todo el mundo. El ritmo y la orientación de las inversiones responden, no a las necesidades del país y de una política de integración regional, sino a los intereses y las estrategias globales de las grandes multinacionales, para captar la mayor parte de la renta energética y disponer libremente de ella.

La gestión actual no responde cabalmente a una planificación global del sector energético que abarque todo el país, por las potestades de las distintas provincias y la dispersión de empresas. Además no existe una conducción unificada, porque distintos funcionarios -de YPF, la Secretaría de Energía, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Comercio Interiorinteraccionan entre sí con grandes dificultades, ya que tienen visiones encontradas sobre las políticas a aplicar, o compiten por apoyos políticos.

Para cambiar el rumbo se requiere un control integral del sector por parte del Estado Nacional, con una planificación global y una gestión unificada en grandes empresas estatales, con la colaboración de todas las provincias y el control de organismos oficiales autónomos con participación popular. En el MORENO sostenemos que se debe estatizar el 100% de YPF, renegociar o anular los contratos eliminando la figura de concesión, derogar la Ley Corta, reformar los marcos regulatorios de la electricidad y el gas, prohibir las exportaciones de petróleo y derivados, realizar una auditoría global de reservas convencionales y no convencionales, y un estudio profundo del impacto social y ambiental de las explotaciones.

Pero para hacer posible este cambio de rumbo, debe existir la voluntad política de encararlo; si la hubiera, el pueblo lo apoyará, y será posible fijar nuevas reglas del juego y las empresas las aceptarán; la experiencia de las nacionalizaciones en Bolivia o en Ecuador, muestran que un gobierno genuinamente democrático y popular, tiene el poder para hacerlo.

Presidente: José Rigane
Vicepresidente: Gustavo Callejas
Vicepresidente: Hugo Palamidessi
Vicepresidente: Hugo Rizzuto

MORENO: Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora

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Agenda de política económica luego de las PASO

Julio Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Ya estamos en campaña electoral hacia octubre del 2013. Con el resultado de las PASO el gobierno intentará recuperar consenso electoral desde la política económica, pues uno de los aspectos que se supone deterioró el apoyo es la desaceleración de la Economía y su impacto negativo en los sectores de menores ingresos.

Puede servir para el análisis lo ocurrido en 2009, anterior derrota electoral del gobierno en elecciones de medio turno. La recuperación se asoció a medidas de política económica que incidieron especialmente en el consumo, y que con la evolución de los precios se fueron agotando en los años siguientes. Es probable que ahora se piense en medidas que puedan estimular el consumo, claro que las condiciones de las cuentas nacionales de la economía no presentan la holgura fiscal o comercial de aquella época.

En este tiempo (2009-2013) se achicó el superávit fiscal y comercial, y las reservas internacionales acusan una tendencia preocupante a la baja. Aun así, se presume que existe espacio para incrementar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, medida asumida por buena parte de las propuestas opositoras y que amenazan con ser fuente de conflictividad social. Hacia las PASO se exceptuaron de pago los ingresos del medio aguinaldo, por lo que puede imaginarse se resignen recursos fiscales y motivar al sindicalismo oficial a moderar la presión de 3 millones de trabajadores sujetos del impuesto al salario.

Consumo e inversión con límites

La economía argentina viene de un año muy flojo, con desaceleración en el 2012 y crecimientos de los precios que afecta a sectores de ingresos bajos, y el 2013 no parece ser un año de restablecimiento de elevadas tasas de crecimiento económico. Los pronósticos oficiales, que recoge la CEPAL hablan de un 3,5% de evolución. Ese guarismo se logra vía consumo público o privado, inversiones públicas o privadas y saldo favorable del comercio exterior.

Las tres cuestiones son complejas. Por el lado del consumo no aparecen muchas posibilidades de intervenir, salvo resignando recursos fiscales en momentos de dificultades. Otra opción proviene del incremento de la emisión monetaria con impacto previsible en la inflación. Algunos imaginan el retorno al endeudamiento, por ahora esquivo por presiones de acreedores con demandas de cobro sobre el país.

Las inversiones se dificultan en el corto plazo y por eso la importancia que el gobierno asigna al acuerdo de YPF con Chevron, o los fondos del financiamiento chino en las represas hidroeléctricas en Santa Cruz que se anuncian en esta semana desde Río Gallegos, con la Presidente rodeada de distintos referentes del poder económico local y el sindicalismo afín. El gobernador neuquino señala los límites del Estado para invertir y por ende, la necesaria inversión externa. Ni el gobierno nacional, ni el neuquino opinan sobre la cuestión de fondo que impugna la protesta social, la contaminación y agresión a los recursos naturales y a la población. Toda la argumentación se limita a contrarrestar la crisis energética que este año puede representar una factura de importación de combustibles del orden de los 13.000 millones de dólares, afectando también el disminuido superávit comercial.

La apuesta gubernamental es a favorecer el ingreso de capitales externos. A favor cuenta con un dólar favorable a la importación de bienes de capital, máquinas y herramientas, demandadas junto a bienes suntuarios como los autos de alta gama. Desde el Banco Central o el Ministerio de Economía se promueve el crédito para el desarrollo de la producción e incidir en un ciclo de inversiones que no termina de emerger. Un problema adicional es que toda reactivación productiva supone un crecimiento de las importaciones que debilita el superávit comercial y supone mayores divisas que salen del país y afectan el alicaído nivel de las reservas internacionales, ahora en torno a los 37.000 millones de dólares, cuando habían llegado a 52.000 millones de dólares en el gobierno anterior de Cristina Fernández.

Vale mencionar que la situación mundial de crisis capitalista no favorece el ciclo económico en la Argentina. Los grandes compradores del país presentan problemas en sus tasas de crecimiento, disminuyendo la demanda tradicional, sea por parte de China, de Brasil, EEUU o Europa. Además, sea por la crisis monetaria o la guerra de monedas hay varios países que vienen acelerando los ritmos de devaluación competitiva y que afectan la paridad de la moneda local contra el resto de las divisas. Válido especialmente para el caso del real, la moneda del Brasil. Pese a que la Presidente aseguró que no convalidaría una fuerte devaluación, el BCRA convalida recurrentes mini devaluaciones diarias, semanales o mensuales, que acumuladas suponen una fuerte devaluación que se descarga sobre los sectores de menores ingresos, especialmente los que perciben salarios o ingresos fijos.

Convocatoria al diálogo

Este miércoles 21 de agosto está convocado el poder económico a debatir en Río Gallegos, cuando se anuncien 2 represas hidroeléctricas en Santa Cruz. Puede ser solo una foto, un ámbito para anuncios del gobierno, o espacio para escuchar opiniones de los referentes del capital concentrado que actúa en el país. Si esto último ocurre y existe voluntad de diálogo es previsible resignar ante alguna demanda del poder, sea en materia de tipo de cambio o condiciones para favorecer la rentabilidad empresaria.

La consulta que bien puede hacerse es porque el diálogo con el poder concentrado y no con la mayoría social afectada por las condiciones de funcionamiento del capitalismo local, los que demandan desde el conflicto social, contra el modelo productivo y de desarrollo, o la carestía de la vida.

Si se piensa en constituir sujeto político para un cambio favorable a los trabajadores y sectores populares, éstos son los que tienen que ser convocados a constituirse en bloque popular para el cambio. El diálogo con el poder consolida la capacidad de demanda del bloque de clases dominantes.

Es previsible que junto a la iniciativa política del gobierno por recuperar consenso electoral, se alienten otras iniciativas centradas en el conflicto social, más allá del proceso electoral. Es que resulta inescindible el proceso de lucha cotidiana por la calidad de vida y el devenir de las opciones electorales hacia octubre y en la perspectiva del 2015.

Julio Gambina es Director Académico del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina (CEFJA) y Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP).

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Sobre los K, Massa, el FIT y las escuelas-empresas (Parte II)

Andrés M. Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Con el docente y periodista Juan Carlos Sánchez realizamos un mapeo político de las elecciones nacionales del 11 de agosto. Y -obviamente- como no puede faltar la problemática educativa: la jornada extendida es parte de esta charla.



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El salario no es usura: Los impuestos son de nosotros, las ganancias son ajenas

Inés Hayes (ACTA)

Si bien la definición de ganancia está relacionada con obtener un excedente o una utilidad, el 80% de lo recaudado por el impuesto a las ganancias proviene del bolsillo de los trabajadores y sólo el 20, del Capital. Entre la inflación galopante y el impuesto al salario que deben pagar casi 3 millones de trabajadores, el sueldo que reciben los asalariados por vender su fuerza de trabajo se desvanece en el aire.

La CTA insiste en que se derogue este impuesto regresivo y se cobre el gravamen a quienes se enriquecen a costa de los trabajadores y el pueblo: las multinacionales y la renta financiera.

“Cuando se anunció el 20% de aumento en el mínimo no imponible en enero, nosotros salimos públicamente a decir que eso era la zanahoria adelante del burro porque en realidad esa mejora la íbamos a terminar pagando los propios trabajadores porque quien aumenta ganancias deja de cobrar el salario familiar y así sucesivamente”, dijo Pablo Micheli recientemente en una entrevista radial poniendo sobre la mesa que con la aplicación de los aumentos de paritarias 2013, hacia esta segunda mitad del año, 200 mil trabajadores se sumarán a las filas de los casi 3 millones de asalariados alcanzados por esta carga.

Es de público conocimiento que hace poco, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), conducida por Ricardo Echegaray, anunció una suba interanual del 28,8% de la recaudación. El mayor aumento se produjo por el impuesto a las Ganancias, por el que el Gobierno nacional recolectó $ 12.755 millones, un 44,2% más que en marzo del año pasado.

En el ranking de aumento de recaudación de la AFIP, al impuesto a las Ganancias le sigue el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pagan todos los argentinos en cada uno de los productos que compran. Este año la recaudación por IVA subió 32,8% y acumuló $ 18.234 millones. Lo que no dice el gobierno es que este impuesto afecta a quienes menos tienen, a esa gran multitud de trabajadores que no se ven alcanzados por el Impuesto a las Ganancias porque están en negro, pero son esquilmados impositivamente cuando van a comprar la leche para sus hijos o el pan, si es que todavía pueden pagarlo.

Trabajadores camioneros, mineros, petroleros, bancarios, de las terminales automotrices y operarios de grandes empresas metalúrgicas y siderúrgicas verán caer sobre sus espaldas el impuesto al salario. Pero no son los únicos: empleados de la alimentación, choferes de media y larga distancia, ferroviarios, plásticos, trabajadores de la energía, telefónicos y la mayoría de los operarios de los sectores industriales también perderán parte de sus salarios en manos de un Estado que parece gobernar para las multinacionales, de espaldas al pueblo.

Para poner un ejemplo, si un trabajador que gana 10 mil pesos recibe un aumento de 2.500 -24% de acuerdo a las últimas paritarias-, sólo tendrá en sus manos 1840 pesos porque el resto -660- le será confiscado por el impuesto: más de una cuarta parte del aumento volverá al Estado mientras que otra parte también irá al Tesoro Nacional a través del IVA.

“El 67,8% de los trabajadores de la Argentina que están en blanco del sector privado fundamentalmente gana un salario promedio de 4.560 pesos, entonces estamos hablando que los salarios están lejísimos de los 7 mil y pico que es la canasta familiar. Así que el tema de ganancias está haciendo estragos y ni siquiera se está contemplando la posibilidad de descontarlo o de no pagarlo por el aguinaldo”, agregó Pablo Micheli en la entrevista.

Si bien la CTA estuvo siempre en contra del impuesto al salario, en esta segunda mitad del año la gravedad de esta medida impositiva se acentúa aún más: los casi 3 millones de trabajadores que deben pagarlo tendrán que pagar más que en el primer semestre con lo que, de los aumentos salariales últimos, una parte importante se irá para la AFIP y otra parte será devorado por la inflación. Siguiendo el mismo ejemplo anterior, un trabajador soltero con un sueldo neto de $ 10.000, en marzo pagaba de impuesto 346 pesos pero con el aumento del 14% de mayo tuvo que pagar 668 pesos.

Mientras que los salarios de los trabajadores se desdibujan al ritmo de la inflación y los impuestos al sueldo y al consumo, las multinacionales, los bancos, las financieras se llevan las riquezas nacionales sin tener casi ningún tipo de obligación con el Estado. Para el caso de las megamineras que además contaminan el agua, la tierra y el aire y destruyen las economías regionales, el actual esquema vigente determina un techo máximo del 3% de regalías sobre el valor del material en boca de mina (el valor de venta menos los costos de producción), pudiendo las provincias fijar el porcentual que estimen conveniente, siempre que no superen ese techo. Del impuesto a las ganancias, el 80% proviene del salario de los trabajadores y solo el 20% al Capital. Y no solo los asalariados en blanco deben pagarlo sino que en el caso de los monotributistas, que deben pagarse ellos mismos los beneficios sociales, en la cuota mensual están incluidos el IVA y las Ganancias, incluso a partir de la categoría mínima integrada por los trabajadores que ganan hasta 2 mil pesos por mes.

Los números son más que elocuentes: en los ’90, el 3,4 % de los trabajadores registrados pagaba ganancias; en el 2001 ese índice subió al 8,9% y en la actualidad alcanza al 30% de los asalariados.

Artículo publicado en el Periódico de la CTA Nº 96, correspondiente al mes de julio de 2013.

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De mutantes y educadores

Carlos del Frade (APE)

Los equipos interdisciplinarios de salud mental del municipio rosarino llegan a los barrios y son recibidos como salvadores. Pero no son portadores de milagros. Están convencidos que deben restituir derechos y que semejante tarea no es una cuestión de días y mucho menos de un solo sector institucional o político.

Tratan de reconstruir lazos, puentes entre diversas organizaciones para así intentar un presente diferente al que suele bajar de los que manejan el criminal negocio del narcotráfico.

Son apenas doce personas que buscan ponerle el cuerpo a los resultados de una exclusión que, en muchos casos, tiene más años que las psicólogas, las trabajadoras sociales y los distintos profesionales que construyen esperanzas como pueden.

Ellos y ellas relatan sus experiencias y sostienen que las metodologías cambian de acuerdo a los climas sociales que enfrentan.

Dicen que aparecen palabras que definen a las chicas y los chicos que ya no están en ninguna institución. Los llaman mutantes.

Palabra que comenzó a popularizarse entre los integrantes de la policía provincial en los años noventa y que provenía de una conocida historieta del guionista Robin Wood, “Mark”, un sobreviviente de una guerra atómica que había devastado la humanidad y que sostenía permanentes combates contra los subhumanos, los deformados por los efectos de la radiactividad, los mutantes. Aquellos que querían terminar con el dominio del ser humano sobre la cápsula espacial llamada planeta Tierra.

Es curiosa la vigencia de ciertas palabras. Mutantes ya tiene, por lo menos, tres décadas desde las coloridas páginas de la revista “El Tony” de la ya inexistente editorial Columba.

Para Ana Solhaune, directora durante treinta años de la escuela que funciona en pleno corazón de barrio Ludueña, en el noroeste rosarino, sostuvo que en “esos vacíos, esos agujeros que dejan la discriminación y la exclusión se llenan con droga y violencia".

Dice la excelente crónica periodística que “en 2006 se volaron los techos de tres aulas. Fueron refugio y centro organizador en la gran inundación, padecieron ocho robos en un mismo año, hechos de vandalismo, accidentes con el tren, abusos, golpizas terribles, suicidios. `Hasta un chiquito al que le inutilizaron la mano porque se la pusieron en un horno, y otro nene que perdió un ojo en el recreo, al volar una piedra del lado de la vía`, enumera Ana”.

-Pero siempre resucitamos. La virtud fue siempre esa: poder resucitar y generar actividades, espacios, proyectos – remarca la maestra.

Está convencida del valor de las palabras, los talleres pedagógicos y la orquesta barrial, una manera de “generar propuestas para aumentar el capital social y cultural de estos niños”.

“El que cobra en un búnker cobra bien, por eso también tiene que sumar clientes, y el mejor lugar para hacerlo es entre sus pares…La escuela siembra desde el testimonio de los valores, porque nuestra escuela y sus docentes son así; y el otro discurso es el del `aprovechá, metete si ahí vas a ganar bien…` Convengamos que todo esto que pasa, al menos en nuestro barrio, es consecuencia de haber sostenido durante demasiado tiempo una pobreza extrema…Tres o cuatro generaciones que no han visto trabajar a sus mayores, han vivido de las dádivas, el cirujeo o el robo. Vivieron el abandono. Nunca me voy a olvidar que en la crisis de 2000 las únicas que salían porque conseguían un trabajito por hora eran las mujeres. Los hombres estaban desocupados y se quedaban en la casa, a cargo de los chicos, la mayoría estaba alcoholizada. Entonces cuando vos en el arranque de la vida tenés abandono y desconfianza básicas, ¿qué vamos a pretender que estén haciendo los jovencitos nuestros ahora?”, se pregunta la educadora de toda la vida, Ana Solhaune.

Allí están las palabras en la realidad profunda de la cotidianeidad rosarina, entre los mutantes y los que no se resignan a la imposición de pesadillas que predican las minorías.

Fuentes: Suplemento de Educación del diario “La Capital”, Rosario, sábado 17 de agosto de 2013; panel sobre salud mental organizada por el área mencionada en el Hospital de Niños, “Víctor Vilela”, de la ciudad de Rosario, del que participó el autor de esta crónica, el viernes 16 de agosto de 2013.

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“La historia puso a los originarios en un papel oscuro para que la gente tenga miedo”

AGASSAGANUP O ZOBÁ - ANRED

Adrián Ovando, cacique de la comunidad guaraní “Kuarahy Öse Enteroitepeguara” (El sol sale para todos) formada recientemente en el partido de José C. Paz, en el barrio La Paz, contó cómo fue el proceso de organización, la relación con el municipio y sobre las necesidades que las y los hermanos le transmiten. “Nosotros vinimos de diferentes lugares, nos encontramos todos acá y empezamos a dialogar”. También conversamos sobre la recepción que tuvieron por parte de los vecinos: “A veces al indio se lo discrimina mucho, y cuando uno menciona ese nombre, los vecinos dicen que es una persona mala, que no debe estar en ese lugar”.

Adrián explicó en Agassaganup como surgieron sus inquietudes por formar su comunidad: “Nosotros prácticamente hace dos años atrás que estuvimos saliendo con un hermano de la comunidad de José C. Paz y después me independicé. Donde yo estoy somos 40 familias. Nos reunimos, nos organizamos, como debe ser, como asamblea y propusimos lo que realmente somos. Eso es lo más importante, que uno acepte lo que es”.

Luego agregó: “Siempre yo digo que la comunidad no depende del hombre, sino que depende de si uno cree realmente lo que está allá arriba, y a través del espíritu, se transmite a las personas. Todos los hermanos (pueden) ver por esa persona que es capaz de llevar adelante la comunidad. Nos costó un poco, salimos con mi señora, invitamos a la gente, hablamos con los vecinos, y empezamos a decirle queremos formar una comunidad, si ustedes apoyan. Nuestros hermanos empezaron a decir yo soy de tal parte, soy esto, soy aquello. Eso es un poco difícil que cada uno reconozcamos para qué vinimos. Cuando uno empieza a dialogar, empieza a conocerse. Ahí sale más rápido la concertación de esta comunidad”.

Ovando relató cómo, comenzando a caminar por el barrio y las diferentes localidades del Gran Buenos Aires, tomó contacto con hermanos de otros pueblos originarios viviendo en comunidad: “La verdad no teníamos conocimiento que había comunidades originarias alrededor de nosotros. Empezamos a conocer a diferentes organizaciones, comunidades, como los mapuche, los qom, los tobas y guaraníes. La verdad que me asombró bastante conocer y estar con ellos. Están organizados, tienen su personería jurídica. Me sorprendió y me dió esta fuerza para que yo pueda venir a hablar con la gente mía, decirle que ya hay muchos que están organizados, y nosotros tenemos que luchar para ser organizados a un corto plazo”.

MIGRACIÓN FORZADA

Sobre la procedencia de las y los hermanos, relató: “Nosotros vinimos de diferentes lugares, en busca de mejoría para nuestra familia y nos encontramos todos acá, en José C. Paz y empezamos a dialogar. La verdad que somos de diferentes (lugares), de Misiones, norte de Buenos Aires, inclusive de Chaco”. La diversidad de los puntos de llegada de los miembros de la comunidad da cuenta de las carencias a nivel nacional que tienen los pueblos indígenas. Lamentablemente, no es una problemática que se sufre en una solo área regional.

Quisimos saber qué motivos los llevaron a trasladarse hasta el conurbano bonaerense. Al respecto, el cacique manifestó: “La carencia que nos trajo hacia acá (fue) para que nosotros podamos salir adelante. Tenemos familias, chicos, que realmente quieren estudiar y allá donde estamos nosotros a veces es un poco difícil, porque la escuela queda lejos. Vinimos en busca de mejorías y encontramos muchas cosas que realmente están al alcance, como la escuela, que está tan cerca. Casi 30 chicos (están) en la primaria, en la secundaria. Nos organizamos para que podamos ayudarle a ellos y ver que el gobierno nos pueda ayudar en este lugar”.

Cuando Adrián Ovando se refirió al gobierno, nos interesó conocer en qué situación se encuentra su comunidad con el Municipio y los funcionarios del Partido de José C. Paz: “En este momento no me estoy acercando porque me tienen que dar un papel de Derechos Humanos (de la Provincia) para que yo pueda presentar acá en el Municipio para que me pueda actualizar los papeleos. La comunidad ya está reconocida en Derechos Humanos, para que nos puedan dar la personería jurídica”. Este último paso es responsabilidad del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

RECIBIMIENTO EN EL BARRIO

Al preguntarle sobre la repercusión que tuvo la conformación de la comunidad en el barrio La Paz, donde actualmente hoy están asentados, Ovando reconoció que: “Con todo respeto, a veces al indio se lo discrimina mucho, y cuando uno menciona ese nombre, prácticamente los vecinos dicen que es una persona mala, que no debe estar en ese lugar. No es así la cosa, lo que pasa (es) que la historia puso a los originarios en un papel oscuro para que la gente que no (es) originaria tenga un poco de miedo acerca de nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos que demostrar que no es verdadero. Somos personas pacíficas, solamente vinimos a luchar por nuestros derechos, para la mejoría de nuestras familias, de nuestra comunidad, de cada hogar y así, con el tiempo, los vecinos se van a dar cuenta que somos personas que realmente queremos trabajar tranquilos”.

Para terminar esta charla tan amena, el cacique guaraní expresó: “Les estoy agradecidos, que me hayan dado este espacio para que me pueda expresar. Voy a contar con ustedes, y también les quiero decir que cuenten conmigo para cualquier cosa que pueda servirle”. Así, el lazo fraternal con Adrián Ovando y su comunidad, nacía en el aire de Agassaganup O Zobá.

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Baleado con plomo, otra causa que puede complicar a Macri

LA RETAGUARDIA

El 13 de marzo pasado, efectivos de la Policía Metropolitana intentaron desalojar el acampe cultural que se realizaba en la Plaza Seca del Centro Cultural San Martín en apoyo a la toma de la Sala Alberdi, ubicada en el sexto piso del edificio de Sarmiento 1551. Durante aquella madrugada, tres personas fueron heridas con balas de plomo y otras decenas con postas de goma. Pocas semanas después se inició el camino judicial para juzgar a los responsables de la represión.

Abogados de Correpi, Cadep y Copodh se hicieron cargo de la querella en representación de los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) heridos, Esteban Ruffa y Germán Darío de los Santos. El tercer herido con bala de plomo, Mario Fumaroni de la Biblioteca Popular Los Libros de la Esquina, resolvió no presentarse. A poco más de cinco meses del intento de desalojo, dialogamos con María del Carmen Verdú de Correpi para conocer las novedades de la causa. La letrada se refirió a la confirmación que dio el cuerpo médico forense respecto a que Ruffa, De los Santos y Fumaroni fueron heridos con balas de plomo. Además, detalló las nuevas pericias pedidas por la fiscalía en la instrucción.

María del Carmen Verdú explicó a La Retaguardia que actualmente la causa se encuentra en trámite en la fiscalía de instrucción y que recién ahora se determinó a través de una serie de estudios efectuados por el cuerpo médico forense que, efectivamente, las heridas recibidas por las tres personas correspondían a balas de plomo: “era algo para lo que solo se requería observar las historias clínicas, pero los citaron, los revisaron, les sacaron fotos, les hicieron varios estudios de imágenes y demás. En el caso de Esteban Ruffa todavía tiene el proyectil incrustado en la tibia, no ha podido ser removido. En el caso del compañero De los Santos, la bala atravesó su pierna así que el proyectil no pudo ser recuperado; y en el caso del tercer herido el proyectil está secuestrado ya que se pudo recuperar en el hospital luego de recibir atención médica, de manera que no había demasiado que discutir sobre si habían sido o no heridas producidas por disparos de armas de fuego, pero los estudios se hicieron igual. A continuación, la fiscalía no tuvo más remedio que ordenar una pericia que habíamos pedido desde la querella a partir del análisis de las imágenes que surgen de las fotografías que los propios heridos tomaron en el momento inmediatamente anterior y posterior a ser heridos, los videos que obtuvimos de las distintas cámaras compañeras que había en el lugar y los propios videos de los medios de comunicación y demás disponibles. Con todas esas imágenes se ordenó que el cuerpo de policía científica de Gendarmería determine cuál era la posición relativa de cada una de las víctimas y de los victimarios para tratar de determinar de cuál de los distintos grupos de la Policía Metropolitana salió cada uno de los disparos”, explicó.

Verdú señaló que de esta manera se va a poder achicar la cantidad de efectivos involucrados para poder determinar el origen puntual de los disparos y a partir de allí intentar la individualización de los tiradores, algo que para la abogada va a ser prácticamente imposible a excepción de que el único proyectil que disponen para analizar coincida en el estudio del cotejo que se haga eventualmente con las armas que fueron utilizadas: “digamos de paso, que estas armas no están secuestradas pero sí han sido individualizadas con su número de serie como para poder identificarlas en caso de que una pericia sea factible en algún momento”, aclaró.

De esta pericia ordenada por la fiscalía solo puede actuar la Gendarmería, ya que no puede intervenir la Policía Metropolitana pero tampoco la Federal, porque también aparece como potencial imputado: “si bien no intervinieron directamente en el ataque, sí fueron quienes garantizaron el perímetro de seguridad para que la Metropolitana se desplazara y para impedir que tres personas que estaban en la zona intentando llegar al lugar pudieran acercarse”, explicó Verdú a La Retaguardia.

En relación a por qué será tan difícil individualizar a los efectivos que dispararon e hirieron a los manifestantes, la abogada de Correpi especificó que dependerá en gran medida del tipo de munición y arma que hayan sido utilizadas: “las armas que dejan un rastro identificable en el proyectil son las que tienen cañón estriado, y que disparan proyectil único porque son las que reciben en el momento del disparo a través del giro del proyectil al atravesar el cañón una impronta en forma de espiral, que son esas estrías que permiten hacer el cotejo y que son tan únicas como las huellas digitales. En el caso de los cartuchos de escopeta que tienen cañón ánima lisa, aparecen huellas del percutor en la base del cartucho pero no del perdigón, entonces no tenemos todavía confirmación porque no ha podido ser extraído el proyectil que tiene Ruffa, con lo cual si fuese un proyectil múltiple al no saber de qué cartucho vino no vamos a poder identificar la escopeta. De todos modos, todavía tiene la bala adentro de la pierna y solo será posible extraerla en el momento en que los médicos consideren que ha desaparecido el riesgo que hoy todavía hay y que es por lo que se aconseja no obtenerla. En el caso De los Santos, no tenemos el proyectil directamente, tenemos un solo proyectil secuestrado que todavía no se ha determinado si es susceptible de cotejo o no”.

Sin embargo, María del Carmen Verdú fue muy determinante respecto a que para la querella lo principal es establecer la responsabilidad institucional, ya que las responsabilidades individuales en este caso son secundarias: “con esta pericia que se ha encargado a Gendarmería debería poder establecerse con claridad de dónde salieron las balas, si salieron del grupo policial A, B o C. Justamente la pregunta que nosotros hicimos fue esa, dónde estaban las víctimas, cuál fue la trayectoria de los proyectiles, porque las balas no van para cualquier lado, no doblan, no giran, con lo cual sabiendo el punto de impacto y sabiendo cuáles son las potenciales ubicaciones de la boca de fuego de acuerdo al lugar donde estaban los distintos grupos policiales que se ven en los videos, se puede determinar de cuál de los grupos vino el disparo. Establecido que fue un disparo policial podríamos entonces avanzar, después veremos hasta dónde nos deja llegar el poder judicial, pero esto nos permitiría decir que fue tal grupo de combate, dirigido por tal oficial que a su vez reportaba a tal jefe, subjefe, o lo que fuere, y a su vez todos confluyen en definitiva en el ministro de Seguridad y el jefe de gobierno porteños, que también están imputados en la causa a través de nuestra querella”.

Según explicó Verdú, la propia fiscalía agregó un punto en la pericia pedida a Gendarmería que, en palabras de la abogada, no es “para nada inocente”, ya que a esa fuerza “le pidió también que analice las imágenes de los videos para determinar si se ven personas con armas caseras o de otro tipo que no sean policías. Es decir, está explorando la posibilidad de que los compañeros hayan sido heridos por lo que en los partes de guerra se denomina fuego amigo”, dijo la abogada.

Al ser consultada si le sorprendía que desde medios tradicionales que apoyan al gobierno nacional no se menciona este hecho aunque más no sea para “pegarle” a Mauricio Macri (tal como fue el caso de una nota publicada recientemente por Página 12 en la que se enumeran las causas en las que está judicializado el actual jefe de gobierno porteño, ignorando lo sucedido en la Sala Alberdi), la abogada querellante también fue determinante: “en materia de represión no hay internas burguesas que valgan. En materia de represión, que es una necesidad fundante de cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en clases, hay una comunidad de intereses entre distintos gobiernos aún cuando cinco minutos antes o después estén diciendo barbaridades unos de otros para ganar una elección o para mejorar su posicionamiento en la opinión pública, en las encuestas y en los estudios de imagen. Entonces no nos sorprende para nada que los medios más kirchneristas no utilicen, aunque sea por una cuestión oportunista esta causa para pegarle al gobierno de Macri, porque como lo demuestra además la intervención que tuvo la Federal en este hecho, del mismo modo que ocurrió todavía más desembozadamente en el caso del Parque Indoamericano, cuando se trata de reprimir no hay tres, cuatro, cinco, seis o diez bandos, hay solamente dos, el bando de los que explotan y por eso reprimen, y el bando de los que son explotados y por eso son reprimidos”.

Lentamente, entonces, avanza la causa judicial por las tres personas heridas con balas de plomo durante uno de los intentos de desalojo de la Sala Alberdi. Habrá que esperar el resultado de las nuevas pericias para continuar la búsqueda de los responsables materiales de los disparos. Los institucionales, ya están por demás individualizados, pero habrá que ver hasta donde decide llegar la justicia.

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Historias a dos años del crimen: La carnicería del caso Candela

Josefina López Mac Kenzie (OTROS CIRCULOS)

Un testigo muerto el día antes de cobrar una recompensa indebida. Un expediente bajo llave. Y $400.000 en juego.

Tres personas quisieron cobrar la recompensa pública ofrecida por el Estado provincial para quienes “aporten información fehaciente que contribuya a lograr el esclarecimiento, individualización y detención de los autores del homicidio”, ocurrido hace dos años, de Candela Sol Rodríguez. Una de ellas la pidió en febrero de 2012 y murió un año y dos meses después, el día antes de cobrarla. La historia vale la pena.

Roberto Aníbal aportó nombres y direcciones sobre el cautiverio y el asesinato de la nena de 11 años secuestrada el 22 de agosto de 2011 y encontrada muerta, a los 10 días, a 30 cuadras de su casa de Hurlingham, en el conurbano bonaerense. Los datos fueron tenidos en cuenta por los investigadores del caso pero técnicamente, por la normativa que regula el sistema, el testigo no merecía la recompensa: “Mientras no haya sentencia firme, no se paga”, resume Alejandro Inchaurregui, responsable de la Dirección del Ministerio de Justicia y Seguridad donde tramitan las ofertas públicas de pago para quienes contribuyan a esclarecer hechos o a capturar prófugos. Junto a la doctora Adriana Gallo, el funcionario firmó un dictamen negativo sobre el pago de la recompensa a Aníbal.

Pero el testigo insistía; llamados y visitas. Después se supo —él mismo lo contó— que pese al dictamen negativo de los responsables del área, durante todo 2012 otros funcionarios del Ministerio lo habían ilusionado con el “inminente” pago del premio. El ministro Ricardo Casal, el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín, y el comisario general Hugo Matzkin, titular de la Superintendencia General de la Policía Bonaerense, a través de asesores, lo seducían con la promesa de hasta $400.000, una casa y un comercio. Aníbal era carnicero.

En marzo de 2013, más de un año después de su primer pedido, el aspirante a la recompensa se encadenó a la casa de Gobierno bonaerense para reclamar lo suyo. Entonces el gobernador, Daniel Scioli, impartió la orden de que el ministro Casal tomara el toro por las astas. Se reactivó el tironeado expediente de la recompensa para el testigo del “caso Candela”. Y se dispuso pagarle $100.000.

Aníbal no llegó a cobrarlos. Una explosión en su casa de Moreno, en el Conurbano, el 24 de abril, le quemó el 80% del cuerpo y lo dejó a medio día de la muerte. El día anterior había estado en televisión. Y al día siguiente cobraba parte de la recompensa. “Homicidio preocupante”, dijo el vicegobernador. “Accidente”, sostuvieron desde el Ministerio.

Expediente buscado
En la propia Dirección encargada de las recompensas no tienen acceso ni a la resolución que habilitó ni al expediente donde tramitó el pago por los datos sobre Candela: “Dado que el beneficiario falleció la madrugada en que iba a cobrar parte de la recompensa, la misma no se pudo efectuar. Se está a la espera a que los herederos se presenten con una declaratoria que demuestre tal condición. De ese modo podrían acceder al pago de lo que dispondría la Resolución —detalló Inchaurregui ante el pedido de información realizado para esta nota periodística (ver aparte)—. Tal resolución sería la 470/13 y en su contenido el sr. Ministro habría resuelto el pago de pesos $100.000) a dicha persona”.

Familiares de Aníbal cobrarían vía trámite de sucesión. “Cabe consignar —amplió el funcionario— que la oferta de pública recompensa por el esclarecimiento del caso del homicidio de Candela Sol Rodríguez tiene un tope superior de $400.000”.

Consultado por los documentos administrativos del caso (que tienen carácter público), al cierre de esta nota el secretario de Justicia del ministerio, Carlos Enrique Cervellini, de quien depende Inchaurregui, no había respondido. La solicitud de la resolución y el expediente de la recompensa de Aníbal fue formal, en el marco de la legislación de acceso a la información pública (ver aparte).

El expediente buscado estaría en manos del Director General de Administración, Jorge O. Andrade. Y mejor custodiado que la vida del “testigo protegido” Aníbal.

Su muerte hizo reabrir la comisión investigadora del caso pero una reciente denuncia penal la enturbió, como cuenta esta nota de Diagonales: antes de la feria judicial de este invierno, la madre de Candela, Nancy Carola Labrador, a través de sus abogados (Fernando Burlando y Fabián Amendola) solicitó en la fiscalía Nº 8, de Delitos Complejos, de que “se investiguen diversas circunstancias vinculadas a la creación, funcionamiento y conclusiones a las que arribó la denominada Comisión Especial de Acompañamiento para el Esclarecimiento del Asesinato de Candela Sol Rodríguez del Honorable Senado de la provincia de Buenos Aires”.

“No existe otra motivación para este particular damnificado, que llegar al conocimiento real de las personas que causaron la muerte de Candela”, dice el escrito, al que accedió OTROS CÍRCULOS, que apunta al vicegobernador, Gabriel Mariotto, a los integrantes de dicha comisión, a la ex funcionaria Marta Arriola y al juez de cámara de Morón, Adolfo Naldini, entre otros. Habla de “irregularidades” de la comisión y de la “utilización política” del caso, y subraya el dolor ante el “crimen impune”.

Un funcionario cumplió la ley de acceso a la información*

Esta nota periodística —cuyo contenido no compromete el honor de nadie ni la seguridad del Estado— es el resultado de una solicitud de acceso a la información pública realizada el 22 de julio pasado a dos funcionarios del ministerio de Justicia y Seguridad. Uno de ellos, el Director de Registro de Personas Desaparecidas, Alejandro Inchaurregui, respondió. El otro, Subsecretario de Justicia, Carlos Enrique Cervellini (de quien depende Inchaurregui), no.

Los datos fueron aportados por Inchaurregui dentro de los plazos que establece la ley provincial 12.475, de acceso a la información pública. Es la primera vez que algo así ocurre en casi 13 años de vigencia de esta normativa en nuestra experiencia, tanto como periodistas como en el rol docente (a partir del monitoreo que hemos realizado junto a alumnos en el ámbito del Taller de Periodismo de Investigación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, donde estuvimos al frente del aula por más de una década, hasta principios de este año).

Desinformación sobre el marco legal vigente, cultura del secreto y miedo siguen interviniendo a la hora de recibir una “molesta” solicitud de acceso a la información pública. En la provincia de Buenos Aires, donde hay un marco legal incluso mejorado por el decreto 2.549, de 2004, ampliatorio de derechos ya que no exige demostrar el famoso y sinuoso “interés legítimo”, los pedidos en general son ignorados; en el mejor de los casos, respondidos formalmente (sin datos).

Se responde poco y nada. Ramiro Álvarez Ugarte, director del área de Acceso a la Información de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), repasó con OTROS CÍRCULOS su evaluación del funcionamiento de este marco legal en la Provincia: recientemente, ADC realizó 28 pedidos a distintas dependencias provinciales. La cantidad de respuestas con contenido fue 4.

*Por Josefina López Mac Kenzie y Milva Benitez.

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Diego Romero y la justicia: “te duele porque no buscan la verdad”

LA RETAGUARDIA

Tras el fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación que ratifica la condena que recibiera Fernando Carrera en2007, mucho se habló de este caso y de cómo desde la justicia se puede armar una causa y enviar a prisión a una persona, más allá de las pruebas que dan cuenta de su inocencia y de las irregularidades que se llevan adelante.

Lo mismo ocurrió con Diego Romero y Luz Gómez, dos jóvenes que en julio de 2011 fueron con su beba y unos familiares a hacer unas compras en un supermercado y al volver olvidaron en el remise en el que viajaban una mochila, en la que se encontraba el certificado de vacunación de su hija. Meses después la policía les allanó la casa y los detuvo porque la mochila perdida fue encontrada en el lugar donde se había cometido el crimen de un colectivero. Simplemente eso determinó que la pareja fuera acusada y detenida desde entonces. Actualmente ambos están cumpliendo prisión domiciliaria, pero Romero pasó varios meses detenido en un penal. La semana pasada, el fiscal pidió la elevación a juicio de la causa, a pesar incluso de que una prueba de ADN de Romero dio negativo. El lunes las familias de Luz y Diego se movilizaron, junto a organizaciones sociales, en repudio a este pedido. Dialogamos con Diego Romero quien reiteró que no existen argumentos ni pruebas fehacientes en su contra, y se refirió a la cantidad de casos similares al suyo en el que la justicia no busca la verdad sino quedar bien a costa de personas inocentes.

La elevación a juicio pedida por el fiscal de la causa tuvo dos rápidas respuestas. Por un lado, el abogado defensor de Luz y Diego, Eduardo Soares, presentó ya la solicitud de apelación, mientras que sus familias, acompañadas por organizaciones sociales y de derechos humanos, se movilizaron el lunes 12 para rapudiar la decisión de la justicia que pretende enviar a juicio a dos personas que nada tienen que ver con el hecho por el que se las acusa.

“Obviamente nunca tendríamos que haber pasado por esta situación porque somos dos personas trabajadoras que nunca tuvimos problemas con la justicia”, afirmó Diego Romero en diálogo con La Retaguardia desde su casa en Villa Ballester, donde cumple prisión domiciliaria. Aunque desde un primer momento, Luz contó con el beneficio -entrecomillas como aclara Romero- de la prisión domiciliaria, él no: “al poco tiempo de que fuimos privados injustamente de nuestra libertad fuimos a una audiencia y al principio nos dieron la domiciliaria a los dos, pero la fiscal apeló especialmente la mía por eso estuve un año y tres meses en un penal. A Luz le dieron la domiciliaria por una ley en particular. Hasta es injusto el fundamento que han dado, ya que supuestamente es por la nena. A medida que fue pasando el tiempo, las organizaciones se fueron sumando y acompañando esta lucha de la familia. También la prueba científica de un ADN que obviamente dio negativo por el hecho de que esta causa está tan armada, y porque nosotros no tenemos nada que ver con lo que ellos tratan de culparnos. Por todo esto hace cuatro meses que estoy en mi casa. Desde ya que en nuestras domiciliarias tuvo mucho que ver la buena defensa que hizo el Negro Soares, que se lo planteó bien al fiscal y a la jueza en ese momento”, relató Romero a La Retaguardia.

Respecto a la movilización del lunes pasado y a las organizaciones que los acompañan, Romero primero les agradeció, ya que en un principio estaban solos en esta lucha, y luego explicó por qué se suma tanta gente a apoyarlos: “se ven por donde quieras, hasta en la primera hoja de la causa, las irregularidades, las mentiras, cómo te inventan un montón de cosas. Pero por sobre todas las cosas nosotros vamos con la verdad y más ahora que tenemos una prueba científica de un ADN que salió negativo, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias en el sentido de que no nos vamos a callar. Mi verdad no se calla ni tiene precio. Yo estuve en un penal y escuché muchísimos testimonios de gente que no tiene la posibilidad que hoy yo estoy teniendo de poder expresarme, de poder manifestar la injusticia que estoy viviendo, y esta justicia ni siquiera se preocupa en buscar a los verdaderos responsables de esta muerte, porque tanto nosotros como la viuda (del colectivero asesinado) estamos viviendo una injusticia porque ni siquiera están haciendo justicia para esa persona que perdió un ser querido. Te duele porque no buscan la verdad. Lo único que buscan es quedar bien parados”, expresó Romero.

Al ser consultado sobre cómo fue su reacción al enterarse de la confirmación de la condena de Carrera, Romero señaló que están pasando por la misma situación: “la justicia te arrebata del mundo donde vivís, no tiene explicación alguna, te hacen daño psicológico, emocional, y ni hablar de lo económico. Uno viene de familia humilde, porque si uno se pone a pensar en aquellos capitalistas que tienen plata como para pagar un buen abogado ni se preocupan porque no van a pasar por lo que yo o Carrera pasamos. Él cayó en un penal y mucho más tiempo que yo. Fue condenado una y ahora otra vez. Es feísimo. La verdad que el daño que te causa la justicia o las decisiones equivocadas que ellos toman no tienen límites. De la justicia hoy por hoy se puede esperar cualquier cosa. Mi nena en este momento tiene tres años, ella era bebé prácticamente cuando pasó todo esto; que un padre tenga que ver a la hija detrás de las rejas la verdad que eso no te lo quita nadie, por más que el día de mañana digamos que vamos a hacerle juicio al Estado o a la justicia, yo no quiero plata, quiero que simplemente esa gente que me está haciendo pasar esto no estén ni representándonos como Poder Judicial. No quiero que estén arruinando más familias como la que me arruinaron a mí o le arruinan a Carrera o a Alejandro Bordón que también fue otro caso conocido, pero hay muchísima gente que pasa la misma situación, y da tanta impotencia... te hace sentir mal”.

Actualmente Luz y Diego continúan cumpliendo con la prisión domiciliaria. En su casa cocinan pan casero y los fines de semana comidas como ravioles, fideos, empanadas. Además, Luz hace cosas dulces: “esto te mantiene y te saca también un poquito de esta fea realidad que estamos pasando, y gracias a Dios estamos sobreviviendo con las pequeñas cositas que hacemos y les vendemos a los vecinos. Es para que nosotros podamos tener nuestra platita y poder comprarle una leche a mi hija, ya que la justicia ni se preocupa de eso tampoco. Eso te duele, pero estamos acá tratando de no bajar los brazos”.

A pesar del pedido de elevación a juicio, Luz y Diego no bajan los brazos, cuentan con el acompañamiento de su abogado, sus familias y decenas de organizaciones. Lo mismo ocurre con los casos de Fernando Carrera o Alejandro Bordón. Sin embargo, transitar el camino de la injusticia es muy difícil y doloroso, y hay muchos, muchísimos casos similares de los que ni siquiera estamos enterados, pero que pueblan el perverso sistema penitenciario federal.

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Concluyó la inscripción de candidatos presidenciales de Chile

XINHUA

Los nueve candidatos a la presidencia de Chile concluyeron ayer su inscripción oficial para los comicios del próximo 17 de noviembre, cuando también se elegirán 120 diputados, 20 senadores y a los consejeros de las 15 regiones del país.

Todos los aspirantes comienzan desde hoy sus respectivas campañas de manera oficial, pero ya se observan pancartas con sus fotos y lemas en Santiago y en el resto de las ciudades y pueblos del país.

Estas serán las segundas elecciones en las que se aplicará el voto voluntario, después de que en octubre de 2012 debutó esta modalidad en Chile, cuando se registró una abstención cercana a 60 por ciento en elecciones municipales, cifra que podrá repetirse en noviembre próximo.

En las elecciones anteriores a octubre de 2012 el sufragio era obligatorio en Chile.

En esos comicios de alcaldes y concejales más de 13 millones 388.000 chilenos tuvieron derecho a ejercer su voto, pero concurrieron unos cinco millones 400.000, el nivel de abstención más alto desde el regreso a la democracia en 1990.

La primera candidata presidencial inscrita en forma automática fue la ex mandataria chilena Michelle Bachelet, luego de ganar las elecciones primarias organizadas por el Servicio Electoral el pasado 30 de junio, donde venció a tres precandidatos dentro de su coalición Nueva Mayoría, de centroizquierda.

En todas las encuestas la ex mandataria aparece como favorita para ganar en los próximos comicios, pero ella insiste en que "la elección no está ganada", y ha exhortado a sus adherentes a trabajar fuerte para no sólo ganar la presidencia, sino tener una mayoría absoluta en el parlamento, lo cual es clave para los cambios que propone.

La principal rival de Bachelet es la ex ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, quien representa a la derechista Alianza por Chile, ahora en el gobierno, que busca dar continuidad al programa que lleva a cabo el presidente Sebastián Piñera.

Matthei, quien inscribió el domingo su candidatura, admite que Bachelet le aventaja en los sondeos, pero señaló que la diferencia se reduce cada día y que puede vencer en una segunda vuelta.

La candidata de la gobernante Alianza por Chile plantea cinco prioridades para su eventual gobierno: salud, educación, delincuencia, la regionalización y el mejoramiento del transporte público.

Si el ganador de las elecciones presidenciales no alcanza el 50 por ciento de los votos habrá una segunda oportunidad para los dos primeros candidatos con más sufragios.

Un candidato independiente desconocido, alejado de los partidos políticos y de tendencia conservadora, también intentará conseguir llegar al Palacio de La Moneda.

Se trata del profesor y economista Franco Parisi, quien presentó ante el Servicio Electoral 52.000 firmas el 14 de agosto y se convirtió en el primer candidato independiente inscrito.

Cinco días más tarde, acompañado de unos 4.000 adherentes, el candidato Humanista y de la Izquierda Unida, Marcel Claude, registró su candidatura, confiado en su campaña popular y en la convocatoria que hacen diversas agrupaciones locales.

Marcel Claude dijo que "la nueva etapa es ganar la primera vuelta y entrar en segunda vuelta. Esa es nuestra meta".

Por su parte, el periodista y profesor Ricardo Israel, candidato del Partido Regionalista de los Independientes (PRI), formalizó su inscripción el pasado 14 de agosto, al asegurar que "lo que nunca haremos nosotros es decir 'paso' a una pregunta", como lo hizo Bachelet ante un periodista.

Israel aseguró que su candidatura no era "testimonial" y que no se puede dar por ganada una elección.

El quinto candidato en inscribirse fue Marco Enrique Ominami, líder del Partido Progresista, fundado por él mismo.

En los comicios de 2009 Ominami sorprendió al país al obtener el tercer lugar con 20 por ciento de la votación nacional. Esta vez es apoyado por el pequeño Partido Liberal y otros movimientos sociales de izquierda.

Otro independiente es Tomás Jocelyn Holt, ex democratacristiano, quien llegó el lunes al Servicio Electoral con más de 43.000 firmas para validar su postulación.

La candidata del Partido de la Igualdad y dirigente de la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales (ADHA), Roxana Miranda, también presentó su candidatura.

"Esperamos recibir el mismo trato que las candidatas del duopolio (Nueva Mayoría y Alianza por Chile), indicó.

Finalmente, el abanderado del Partido Ecologista, Alfredo Sfeir, registró su postulación, y ante cientos de personas aseguró que el programa de su fuerza política es el único que llegará al gobierno, al señalar que "los otros programas no son gobernables porque no son creíbles".

En las próximas 12 semanas Chile será escenario de mítines políticos en todos los municipios, y debates televisivos y radiales, donde se enfrentarán las ideas y propuestas de los nueve candidatos.

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