viernes, 23 de agosto de 2013

En Francia, los ricos son cada vez más ricos y los pobres… cada vez más pobres

Salim Lamrani (OPERA MUNDI, especial para ARGENPRESS.info)

Mientras la crisis golpea a las capas populares y a las clases medias, en Francia, las grandes fortunas aumentaron su riqueza en 25% en apenas un año.

Con una producción anual superior a 1,9 billones de euros, Francia, quinta potencia mundial, jamás ha sido tan rica en su historia. No obstante, desde 1945, el país nunca ha tenido a tantos desheredados con más de 8,6 millones de personas que viven debajo del umbral de pobreza, o sea más del 14% de la población. Un informe gubernamental elabora esta alarmante constatación y reconoce “la masificación de una precariedad que alcanza a hogares antes protegidos”.

Los niños y jóvenes en general son las primeras víctimas de la pobreza. “Cada vez más jóvenes adultos y niños sólo conocen la pobreza como condición de futuro”, admite el gobierno francés de François Hollande. En efecto, dos de cada tres nuevos pobres, o sea el 65%, son niños de menos de 18 años. La pobreza de los menores de edad alcanza el 19,6%. En total, 2,7 millones de niños viven debajo del umbral de pobreza. Además, el 21,9% de los 18-24 años, o sea más de un millón de jóvenes, viven en la indigencia. La situación es aún más dramática en las zonas urbanas sensibles (ZUS) donde el 49% de los niños y el 42,5 de los 18-24 años viven en un hogar pobre.

Por otra parte, el 12% de los jóvenes no dispone de un diploma y cada año más de 130.000 salen del sistema escolar sin ninguna calificación. Más del 10% de los jóvenes de 17 años presentan dificultades para leer.

Las mujeres de más de 75 años son también las más vulnerables a la indigencia material. En efecto, el 14,1% de ellas viven debajo del umbral de pobreza. El gobierno reconoce que “la situación de las mujeres de más de 75 años se [ha] deteriorado de modo significativo”.

Lo mismo ocurre con las familias monoparentales, en la mayoría de las cuales el cabeza de familia es mujer. Cerca del 32,2% de ellas viven en la pobreza, o sea un total de más de 1,8 millones de personas.

Poseer un trabajo no es una protección frente a la pobreza. Así, cerca de 1,5 millón de personas activas, o sea el 6,2% de los trabajadores, viven debajo del umbral de pobreza. Varios factores, como la precariedad del empleo, el poco tiempo de trabajo o el nivel de los salarios, explican esta situación.

Entre los inmigrantes en situación regular, la tasa de pobreza supera el 40%. El informe señala que “las personas procedentes de la inmigración siguen siendo las más vulnerables al riesgo de pobreza monetaria”.

A la pobreza se agrega la extrema pobreza (menos del 40% del salario medio, 1.605 euros) que afecta a 2,1 millones de personas, o sea el 3,5% de la población francesa. Las autoridades reconocen que “las situaciones de extrema pobreza se extienden desde hace varios años”. “El incremento la tasa de pobreza al 40% […] ilustra también un deterioro de la situación de los más pobres”, según el informe.

A la pobreza monetaria y a la extrema pobreza se añade la pobreza en condiciones de vida. Cerca del 12,6% de los franceses no tiene acceso “a los principales derechos fundamentales, como el acceso a una vivienda, al sistema de salud, al sistema bancario, al sistema educativo o a la formación”. Así, 3,5 millones de personas declaran padecer frío en su vivienda por no poder pagar la factura energética, y “el 15% de la población metropolitana declara renunciar a cierta atención médica por razones económicas”. La Fundación Abbé Pierre señala que existen 3,65 millones de personas sin una vivienda decente en Francia. Así, en total, el 26,6% de la población francesa sufre pobreza monetaria o pobreza en condiciones de vida.

A guisa de conclusión, el informe gubernamental señala con sobriedad que “sólo las categorías más acomodadas se libran del estancamiento o la disminución de su nivel de vida”. No se extiende sobre el tema y hay una razón para ello.

Los ricos son cada vez más ricos

Si la gran mayoría de los franceses sufren la crisis económica, las categorías más adinerados nunca han sido tan ricas. En efecto, las primeras 500 fortunas de Francia vieron su riqueza global crecer un 25% en un año. Ésta se establece ahora en 330.000 millones de euros y nunca ha sido tan elevada. Incluso aumentó en un 300% en los últimos diez años y representa ahora más del 15% del PIB y el 10% del patrimonio financiero del país. Así, el 0,000001% de la población posee el 10% de la riqueza nacional, dicho de otra manera, el 1/10 de la riqueza se encuentra entre las manos del 1/100.000 de la población.

Esta oligarquía financiera cuenta con 55 personas cuya fortuna supera los 1.000 millones, o sea 10 más que el año pasado. El más pobre de los 500 millonarios posee 64 millones de euros de patrimonio. El top 10 de la clasificación vio su riqueza aumentar en 30.000 millones de euros en apenas un año para alcanzar 135.000 millones de euros. Bernard Arnault, director general de LVMH, posee una fortuna de 24.300 millones de euros, un incremento de 3.100 millones con respecto al año anterior. Liliana Bettencourt, heredera de l’Oréal, presenta un patrimonio de 23.300 millones, un aumento de 7.900 millones. Gérard Milliez del grupo Auchan con 19.000 millones, Bertrand Puech de Hermès con 17.400 millones, el vendedor de armas Serge Dassault del grupo Marcel Dassault con 12.800 millones, François Pinauld del grupo Kering con 11.000 millones, Vincent Bolloré del grupo Bolloré con 8.000 millones, Pierre Castel (cerveza) con 7.000 millones, Alain Wertheimer de Chanel con 7.000 millones y Xavier Niel de Free con 5.900 millones, completan la lista.

Esta concentración extrema de riqueza contrasta con la explosión de la pobreza y de la extrema pobreza en Francia e ilustra la imperiosa necesidad de una justa y equitativa repartición de las riquezas. Semejante poder financiero en manos de una ínfima minoría de opulentos le da una influencia considerable sobre las decisiones políticas que toman los gobernantes y un poder desmesurado sobre los destinos de la nación. Ya en 1789 Maximilien Robespierre advirtió de los peligros que representaba la oligarquía para la democracia y denunció “el yugo de la aristocracia de los ricos, la más insoportable de todas”: “Los ricos quieren todo, quieren invadir todo y dominar todo. Los abusos son la obra y el dominio de los ricos, son las plagas del pueblo: el interés del pueblo es el interés general, el de los ricos es el interés particular”. Quizás sea tiempo de meditar estas palabras…

Salim Lamrani es Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula The Economic War Against Cuba. A Historical and Legal Perspective on the U.S. Blockade, New York, Monthly Review Press, 2013, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade.
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/opiniao/30742/na+franca+os+ricos+sao+cada+vez+mais+ricos+e+os+pobres%85+cada+vez+mais+pobres.shtml

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Egipto es pieza clave para dominio del mundo islámico

Vicky Peláez (RIA NOVOSTI, especial para ARGENPRESS.info)

Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz y la mentira será aplastada en el polvo (antiguo proverbio egipcio).

Hace más de dos años y medio cuando se inició La Primavera Árabe en Egipto, estallando las protestas en el Cairo y otras ciudades del país, la prensa globalizada la bautizó inmediatamente como la “Revolución Democrática Árabe”.

Anunció también el inicio de una nueva época en el mundo islámico a través de elecciones libres y la participación popular en el gobierno. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido las manifestaciones no cesan y cientos de jóvenes que han estado protestando diariamente pierden sus vidas, mientras que el país, sumido en caos, está cayendo cada vez más en las garras de una severa crisis económica, política y religiosa.

La tragedia de Egipto se inició en la época colonial y nunca ha acabado después que el Reino Unido le concedió la independencia en 1922. Ellos cambiaron sus fronteras de acuerdo a los intereses británicos y franceses para no permitir la cohesión nacional e instalaron un reinado que implícitamente seguía subordinado al poder británico. Solamente durante la presidencia de Gamal Abdel Nasser (1956-1970) hubo un tiempo de relativa tranquilidad. Nasser y un grupo de jóvenes oficiales del ejército sacó del poder al rey Fuad II en 1952 cuando Egipto estaba afectado por una aguda crisis, la corrupción, la inoperancia de la Constitución, miseria de la población y el control absoluto por parte de los británicos y los franceses.

En 1956, después de nacionalizar el Canal de Suez, acercarse a la Unión Soviética y adoptar una postura de fuerza antioccidental y de orientación nacionalista, Nasser se convirtió en una prestigiosa figura a nivel internacional y en especial en el Tercer Mundo junto con el primer ministro yugoslavo Josip Broz Tito y el líder de Inda Jawaharlal Nehru. Fue el primer egipcio que gobernaba su país desde los tiempos faraónicos. Nasser trató de industrializar a Egipto para sacarlo de la dependencia colonial. Su actitud nacionalista provocó irritación en Francia y la Gran Bretaña potencias que invadieron el país, lo que utilizó también Israel para apoderarse de la península de Sinaí. Estados Unidos apoyó las presiones de Rusia para el retiro de todas las tropas invasoras porque tenía sus propios planes para el Medio Oriente.

En 1957 el presidente Eisenhower proclamó su doctrina, que prácticamente convertía al Medio Oriente en el segundo “patio trasero” norteamericano. Anunció que “Estados Unidos consideraba vital para sus intereses nacionales y para la paz en el mundo la preservación de la independencia y la integridad de las naciones del Medio oriente”. Con esta doctrina arrancó la Guerra Fría en la región para supuestamente “prevenir agresión armada de cualquier país bajo el control del comunismo internacional”.

Después de la súbita muerte de Nasser en 1970, Egipto bajo la presidencia de Anwar el Sadat (1970-1981) y Hosni Mubarak (1981-2011) reorientó su política internacional y nacional, desvinculándose de la URSS para convertirse en un satélite incondicional de Washington. Aceptó todas las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (WB) abrazando el neoliberalismo y llevando su país hacia el empobrecimiento, la corrupción desenfrenada y cada vez más un espantoso desempleo, especialmente entre los más jóvenes, además de un increíble incremento de desigualdades De acuerdo a uno de los más prestigiosos estudiosos del Sistema Económico Mundial, Samir Amin, “Sadat y más aún Mubarak han trabajado para el desmantelamiento del sistema productivo egipcio, substituyéndolo por un sistema de todo tipo incoherente, basado en la búsqueda de rentabilidad”. Todo esto explica por qué El Cementerio del Cairo se convirtió en un refugio para miles de habitantes de la capital.

La indignación de los estudiantes sin ninguna perspectiva para el futuro, de los pobres cada más empobrecidos y crecidos en el número y de la clase media dio origen a la “Primavera Árabe” en Egipto cuando miles de manifestantes tomaron la plaza Tahrir en febrero de 2011 exigiendo la dimisión de Mubarak. El caos empezó a apoderarse de Egipto mientras el presidente ordenó una drástica campaña de represión. Frente a esta situación Washington decidió que la hora de Mubarak llegó a su fin y le dio la orden de renunciar inmediatamente, rechazando su pedido de 3 o 4 días para terminar con protestas.

El gobierno norteamericano tenía otros planes para Egipto, utilizando sus aliados incondicionales los Hermanos Musulmanes (la Cofradía) que fueron reprimidos tanto por Nasser, como Sadat, llegaron a un acuerdo con Mubarak. Según Gamal Abdel Nasser, “El imperialismo y el colonialismo han proporcionado armas y dinero a los Hermanos Musulmanes”. La Cofradía fue fundada en Egipto en 1928 por Said Ramadán. Al iniciarse la Guerra Fría los servicios secretos norteamericanos empezaron a apoyar en logística y finanzas a los Hermanos Musulmanes. Los servicios secretos de Suiza, donde residía Ramadán, lo caracterizaron en un informe confidencial del 17 de agosto de 1966 como “un agente de información de los ingleses y de los estadounidenses”.

En los planes de los Estados Unidos, la Cofradía debería ser utilizada para no permitir a los militares o a los liberales convertir Egipto con sus 85 millones de habitantes y con un ejército fuerte y bien armado en una potencia regional que alguna vez retome el nasserismo. Para Washington ha sido preferible mantener este país, estratégicamente importante en el ajedrez de lucha por el dominio del Medio Oriente, en un estado de rivalidad interna y caos provocado para mantener la docilidad de los contrincantes y así asegurar los intereses norteamericanos.

Hace poco la agencia de noticias bahreiní al-Wasat informó sobre un estudio realizado por investigadores militares y especialistas en seguridad de Estados Unidos que concluía que para finales del 2015 deberían caer cuatro fuerzas militares más poderosas del Medio Oriente: Egipto, Siria, Irán y Arabia Saudita. Se supone que cada uno de ellos representa un peligro en potencia para la seguridad de Israel. La cofradía en esta perspectiva, igual que al-Qaeda, que recientemente fue reconocida por Hillary Clinton como creación de Norteamérica, podrían ser las piezas claves para lograr este propósito. Frente a esta perspectiva no es de extrañar la reciente visita del jefe del servicio de inteligencia de Arabia Saudita, Bandar bin Sultán, aka Bandar Bush a Rusia para encontrarse con el presidente Vladimir Putin para adquisición del armamento ruso.

Después de la caída de Mubarak, los militares tuvieron que asumir el poder en el período de transición entre 11 de febrero de 2011 a 30 de junio 2012 cometiendo varios errores en el manejo del país, reprimiendo a los manifestantes y mostrando un irrespeto a los derechos humanos. En las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 16 de junio de 2012 ganó el candidato de los Hermanos Musulmanes Mohamed Morsi con el 52 por ciento de los votos. Así la Primavera Árabe aseguró el ascenso de los islamistas en Egipto, Túnez y Libia siguiendo el diseño de Washington. También los Hermanos Musulmanes consiguieron la mayoría parlamentaria, cambiando su nombre por el Partido de la Libertad y Justicia.

En realidad la Cofradía nunca ha sido un movimiento religioso sino una organización que usa la religión para sus fines políticos. Desde su fundación en 1928, siempre han asumido la posición anticomunista, antisocialista, antiprogresista y antidemocrática. Como lo explica Samir Amin, durante las huelgas de obreras de 2007-2008 votaron en el parlamento contra los huelguistas, posteriormente apoyaron a los latifundistas en su lucha contra los movimientos campesinos.

Al asumir el poder no quisieron cambiar nada y aceptaron incondicionalmente, en un país en crisis, las recetas de austeridad aconsejadas por el Fondo Monetario Internacional y siguieron la misma política de Hosni Mubarak. Igual como los militares, reconocieron la hegemonía norteamericana en la región, la paz con Israel y apoyaron la política de Washington en relación a Siria. También emprendieron la represión contra los laicos y cristianos, representando los últimos el 10 por ciento de la población nacional. No se escaparon de su ira los periodistas que se atrevían a criticar el régimen de Morsi.

Las protestas explosionaron otra vez cuando un grupo de jóvenes llamado Tamarod (Rebelde) y usando la redes virtuales, movilizó a millones de personas el pasado 30 de junio y llenaron las calles para exigir la salida de Morsi justamente en el primer aniversario de su asunción al poder. Lo interesante fue que el número de los manifestantes que salieron a las calles el 30 de junio pasado era superior a los que protestaron contra el gobierno de Mubarak en febrero de 2011. El ejército decidió entonces dar su apoyo a los descontentos lanzándoles el mensaje: “ustedes se movilizan y nosotros los apoyaremos”. El primero de julio el ministro de defensa, Abdel Fatth El-Sisi entregó al gobierno de Morsi un ultimátum exigiendo su renuncia en 48 horas, así el 3 de julio pasado el ejército tomó el poder deteniendo al presidente y a los más radicales dirigentes de la Cofradía.

Desde este momento la violencia se apoderó otra vez de Egipto, esta vez desatada por los Hermanos Musulmanes y sus simpatizantes, que en su mayoría son gente pobre. Para el pasado 20 de agosto habían sido destruidos más de 50 iglesias y negocios cristianos, de acuerdo el periódico egipcio al-Ahram. Más de 800 egipcios perdieron la vida y más de 3.300 resultaron heridos. La directora general de la UNESCO expresó su preocupación por la preservación del patrimonio cultural nacional, después que los partidarios de Morsi saquearan el Museo Nacional de Malawi (MNM) y devastaran varios monumentos religiosos de gran importancia en Cairo y Fayoum.

Mientras todo esto sucedía en Egipto, Washington tomó una posición ambigua como de costumbre: de un lado condenó a los militares por el uso de la violencia contra los que están apoyando a Mohamed Morsi y por el otro no suspendió la ayuda militar que es de 1,5 mil millones de dólares al año. Solamente congeló 285 millones de dólares para el desarrollo económico. Después de varios días de violencia, la situación para el 22 de agosto aparentemente se ha estabilizado pero nadie sabe cómo se resolverá la situación. El diario al-Ahram opina que Egipto necesita un hombre fuerte, posiblemente un militar como el actual ministro de defensa El-Sisi que tiene todos lo chances de ganar las próximas elecciones. Ya el jefe del servicio secreto de Egipto (GID), Bandar Bush aseguró el apoyo saudita a las fuerzas armadas de Egipto y expresó su solidaridad con El-Sisi.

Nadie sabe qué curso tomará la situación en Egipto. Los líderes de los Hermanos Musulmanes están detenidos y existe la división interna entre los antiguos militantes y los jóvenes, entre los radicales y los moderados. A la vez la población en general está cansada de violencia y aboga por la paz y la estabilidad, sabiendo que solamente las fuerzas armadas podrían garantizarlas. Por el momento Estados Unidos no sabe qué hacer y tiene que guiarse en su política hacia Egipto por los países del Golfo Pérsico y en especial por Arabia Saudita.

Finalmente será el pueblo egipcio que decidirá qué hacer, siguiendo las palabras del profeta Mahoma: “No paséis el tiempo soñando con el pasado y con el porvenir; estad listos para vivir el momento presente”.

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Dos ciclos en la historia de la clase obrera en Argentina

Nicolás Iñigo Carrera

¿De qué puede hablar un investigador mejor que de investigación? De temas del campo específico de su conocimiento, en este caso de la historia de la clase obrera y del movimiento obrero en Argentina.

El tema y el momento histórico

Desde la década de 1980 y hasta hace unos diez años el tema al que me voy a referir estuvo casi proscripto del mundo académico. La ofensiva dirigida por los cuadros del capital más concentrado también se desplegó en el campo intelectual, utilizando, entre otros, el discurso de la pérdida de centralidad o “desaparición” de la clase obrera, dirigido a debilitar y aislar las luchas de los trabajadores. Es con la culminación del ciclo de rebelión social iniciado en diciembre de 1993 y que alcanzó su punto máximo en diciembre de 2001, que perdieron espacio esas imágenes deformadas de la realidad y se volvió imposible negar el lugar que han tenido y tienen los trabajadores tanto en la actividad productiva como en la lucha política en Argentina del siglo XX hasta la actualidad.

Esta es una demostración más de lo falaz que es el discurso que promueve un conocimiento científico construido al margen de la sociedad, de los procesos históricos reales: mientras la ofensiva del capital más concentrado fue exitosa hubo quienes pudieron soñar con un “historia más profesional”, “más alejada de los requerimientos de la sociedad”, “menos comprometida”, totalmente funcional a aquella ofensiva. Cuando ésta encontró un freno en la rebelión popular las temáticas de las clases sociales, de la confrontación social y de la clase obrera recuperaron, al menos en parte, un lugar.

¿Qué vamos a entender por “clase obrera”?

Las clases sociales se constituyen en procesos de lucha, delimitados por las condiciones en que se reproduce la vida social. La clase obrera la constituyen los expropiados de sus condiciones materiales de existencia, que, por tanto, sólo pueden obtener sus medios de vida bajo la forma del salario, lo obtengan o no, y que toman conciencia de su interés y confrontan con otras clases. Esa toma de conciencia, en la clase obrera, puede remitir a dos aspectos que hacen a su situación: su condición de asalariada y su condición de expropiada. Según cuál sea el aspecto de su situación del que toma conciencia, así será la meta que busque alcanzar, la estrategia para lograrla y las alianzas que establezca en los enfrentamientos sociales que libre.

Con estos instrumentos vamos a analizar la historia de la clase obrera argentina, sobre la que en los últimos años ha habido y se están produciendo importantes avances en el conocimiento, que van mostrando, por ejemplo, elementos de continuidad entre el movimiento obrero de los años 30 y el que surgió después de 1943-45, las luchas del movimiento obrero con conducción sindical peronista entre 1946 y 1955, y, lo más importante, las luchas obreras en casi todas las provincias argentinas que ha terminado con el mito de que la clase obrera y el movimiento obrero hasta los años 40 estaban circunscriptos a Buenos Aires y Rosario.

Voy a presentar una periodización de la historia de la clase obrera, y señalar algunos hitos de su historia, centrándonos en su lucha, sin negar la importancia fundamental de los partidos, cuya historia es inescindible de la historia de la clase obrera, pero sin limitar a ellos la mirada, recortando la realidad.

Dos momentos en el desarrollo del capitalismo argentino

La moderna clase obrera es fruto de las relaciones capitalistas, es condición pero también el producto necesario del capital. En Argentina las relaciones capitalistas tienen una fuerte expansión en el último tercio del siglo XIX, con la nueva inserción del país en el mercado mundial. A partir de la década de 1870 y durante alrededor de un siglo el capitalismo se desarrolló más en extensión que en profundidad, con los consiguientes procesos de atracción e incorporación al sistema productivo de masas de población.

El proceso de expansión de las relaciones capitalistas, en buena impuestas mediante la coacción extraeconómica sobre la población existente (y también sobre la que fue incorporándose mediante la inmigración, aunque aquí jugó también un papel importante la coacción económica), dio lugar a resistencias que fueron previas al surgimiento de la moderna clase obrera.

El ciclo de desarrollo de capitalismo principalmente en extensión duró casi un siglo. Aproximadamente en la década de 1950 el capitalismo argentino comenzó a desarrollarse principalmente en profundidad, es decir a expandirse en territorios donde ya eran dominantes las relaciones capitalistas. Con la expansión en profundidad, que alcanzó su plenitud desde mediados de los años ’70, predominó el movimiento de repulsión por sobre el movimiento de atracción. Ese es el momento que estamos transitando desde hace aproximadamente cuatro décadas, más allá de las políticas de gobierno que puedan plantearse para paliar los efectos de ese proceso de repulsión.

Ciclos

Se pueden señalar dos grandes ciclos en la historia de la clase obrera argentina, de alrededor de cincuenta años cada uno, cada uno de los cuales llega a su punto culminante poco antes de finalizar. Hoy estaríamos recorriendo un tercer ciclo, que habría comenzado entre fines de los ’70 y comienzos de los ’80.

El primer ciclo, en el que emergió la clase obrera, se extendió desde la década de 1870 hasta la década de 1920, y tuvo como hitos fundamentales la manifestación del 1º de Mayo de 1890, la huelga general de noviembre de 1902, y la simultánea sanción de la Ley de Residencia, la huelga general de mayo de 1909 (Semana Roja), la contraofensiva desde el régimen de dominación con motivo del Centenario en 1910 y, poco después, la sanción de las leyes electorales propiciadas por Roque Sáenz Peña, las huelgas de marítimos y ferroviarios en los inicios del gobierno de Hipólito Yrigoyen, la Semana de Enero de 1919, su punto culminante, y su finalización con la huelga general de junio de 1921. El segundo, se extendió desde la década de 1920 y los primeros años de la década de 1930 hasta la década de 1970, y tuvo como hitos fundamentales el 1º de Mayo de 1936, el 17 de octubre de 1945, el derrocamiento de Perón en 1955, los “azos” de1969 y culminó en las jornadas de junio y julio de 1975.

El primer ciclo

Si bien la primera huelga registrada ocurre en 1878, es en los actos y movilizaciones del 1° de Mayo de 1890, realizados en Buenos Aires, Rosario, Chivilcoy y Bahía Blanca en demanda de la jornada de 8 horas y protesta por la matanza de Chicago, que confluyen las tres direcciones concertadas de la lucha de la clase obrera, incluyendo la lucha política.

El siguiente hito lo constituyen las primera huelgas generales declaradas por una central obrera, en noviembre de 1902 y diciembre de 1904. Y, a la vez, la sanción de la Ley de Residencia, dirigida a perseguir a los militantes extranjeros dentro del movimiento obrero: una de las políticas que el régimen de dominación existente se dio ante el movimiento obrero. En 1904, con el frustrado Código del Trabajo, se esbozaba la otra política: su integración en el sistema institucional.

El siguiente hito lo constituyó la Semana Roja de 1909, cuando por primera vez la cúpula del Poder Ejecutivo tuvo que negociar directamente con las direcciones de las organizaciones obreras (FORA, UGT, Sindicato del Rodado) la resolución de la huelga. Y la respuesta desde la clase dominante: la destrucción de locales sindicales y de la prensa obrera en medio del fervor “patriótico” del Centenario y la Ley de Defensa Social, que ilegalizó la propaganda anarquista, “exageración neurótica de la revolución social” creada por el socialismo, y amenazó a todas las corrientes del movimiento obrero que, excepto los pro-patronales Círculos de Obreros Católicos, fueron consideradas enemigas del orden por las clases dominantes; incluso el Partido Socialista, que privilegiaba la lucha parlamentaria y rehuía a la huelga general.

Como puede advertirse, lo que predominó hasta ese momento fue la confrontación de los trabajadores contra el sistema institucional, que tendía a cerrarse frente a la nueva clase emergente. Pero en 1910 la entrega del gobierno nacional a la orientación innovadora encabezada por Roque Sáenz Peña constituyó también un hito en el proceso de incorporación de la clase obrera al sistema institucional político. La imposibilidad del sistema político para dar cabida a las distintas expresiones políticas burguesas y obreras con existencia real en la sociedad argentina planteó la necesidad de una nueva ley electoral que daba la posibilidad de acceso a los órganos gubernamentales de los partidos políticos excluidos hasta entonces por el fraude electoral. Quedaron creadas de esa manera las condiciones para la incorporación al sistema institucional político de una parte importante de la clase obrera: directamente a través del partido Socialista e indirectamente a través de la relación que se estableció entre la FORA (IX Congreso) y, después la Unión Sindical Argentina, con los gobiernos radicales, neutralizándose así las orientaciones que postulaban un cambio de raíz del sistema.

El Partido Socialista, lejos de ser una “flor exótica”, estaba directamente vinculado a una parte del movimiento obrero y participó del proceso de luchas desarrollado en la primera década del siglo desde una perspectiva política que enfatizaba la participación electoral y la acción política dentro de la legalidad; con la nueva ley electoral logró tener representación parlamentaria nacional y en algunos gobiernos municipales.

Se afirma que el PS y su principal dirigente, Juan B. Justo, eran liberales. ¿Puede ser liberal quién postula la propiedad colectiva de los medios de producción? En la conferencia titulada “El socialismo” (1902) Justo resumió los rasgos fundamentales de lo que él entendía por socialismo diciendo: “El socialismo es la lucha en defensa y para la elevación del pueblo trabajador que, guiado por la ciencia, tiende a realizar una libre e inteligente sociedad humana, basada sobre la propiedad colectiva de los medios de producción”. Una concepción del socialismo que rechaza la conciliación y aceptación acrítica de la realidad social sino que lucha por la transformación de esa realidad, que abarca los intereses inmediatos de los oprimidos por las condiciones que impone el régimen social de producción y dominación, pero que no se limita a esa defensa de los trabajadores contra las condiciones de la explotación sino que se propone la construcción de una nueva humanidad, su elevación por encima de la condición inhumana impuesta por el capitalismo, la eliminación de la explotación misma. Lucha que tiene un sujeto concreto: el pueblo trabajador, que en la medida en que existen condiciones que no dependen de su voluntad, necesita conocer los mecanismos y tendencias que rigen la realidad en que está inserto, para lo cual requiere de la ciencia, del conocimiento riguroso y preciso de esa realidad, para poder actuar en ella. Con una meta, que hace a su interés histórico: la construcción de una libre e inteligente sociedad humana. Libre porque elimina la explotación, la alienación de la actividad vital, de su producto y de su mismo ser humano, que sufren los trabajadores respecto de los apropiadores de la riqueza socialmente producida. Pero también libre porque toma conciencia de las condiciones reales en que se desarrolla su vida y en las cuales debe desenvolver su lucha. Por eso inteligente, porque ha tomado plena conciencia de sí y del mundo en que está inserta. La condición material y social (la base) que hace posible esa sociedad libre y conciente es la propiedad colectiva de los medios de producción; esto es la supresión de las relaciones mercantiles y de la apropiación privada de los instrumentos que hacen posible la reproducción social de la vida. Lejos del liberalismo que le atribuyen tanto los que quieren apropiárselo para esa corriente ideológica como los que lo atacan por postular una organización de los trabajadores políticamente independiente, la referencia a la necesidad de la propiedad colectiva afirma que, ni la pequeña propiedad, incapaz de potenciar la fuerza productiva del trabajo en medida suficiente para satisfacer las necesidades de la humanidad, ni la gran propiedad basada en la apropiación del trabajo ajeno y la competencia, pueden constituirse como base de una sociedad libre e inteligente . Cabe agregar que en la concepción de Justo, una sociedad sin opresión incluía las relaciones entre países, considerando como la “mayor calamidad la dominación extranjera”, planteando la resistencia al “imperialismo norteamericano, inglés o alemán [si] quisiera tratarnos como a Puerto Rico” e invitando, para ello, a “frecuentar los stands” [de tiro] como publicó en La Vanguardia del 11 de enero de 1902.

Profundamente reformista y partidario de la lucha parlamentaria en detrimento de otras formas de lucha posibles, sin embargo declaró “santa” a la rebelión de “la masa fecunda y laboriosa”, en el Prólogo de 1909 a Teoría y Práctica de la Historia, y contempló la posibilidad de mejorar los gobiernos “mediante el voto, y si es necesario, mediante el fusil” (La Vanguardia; 11 de enero de 1902). Es bueno recordar que, durante la vida de Justo, el partido Socialista mantuvo abierta, al menos en sus declaraciones, y ocasionalmente en la práctica, como ocurrió el 1º de mayo que abrió la Semana Roja de 1909, la utilización de la huelga general y lucha callejera.

Por su parte, el gobierno radical encontró un interlocutor en la central mayoritaria, la FORA IX Congreso, junto con sus principales sindicatos. De esta manera la lucha económica por intereses inmediatos de las fracciones obreras mejor posicionadas por su capacidad de afectar la actividad económica comenzó a penetrar en el sistema institucional político y jurídico. Pero cuando el movimiento huelguístico se desarrolló, tanto en extensión como en profundidad, encontró los límites del régimen social vigente: la llamada “Semana Trágica”, las huelgas en La Forestal (Santa Fe), la Patagonia y Las Palmas (Chaco), derrotadas alrededor de 1920 mediante el uso de la fuerza armada, con la ayuda de civiles armados, son ejemplos de la política del gobierno radical cuando el movimiento huelguístico alcanzaba a otras fracciones proletarias o salía de la mera lucha reivindicativa inmediata para cuestionar, en los hechos, el orden establecido.

El segundo ciclo

En el segundo ciclo, la tendencia a penetrar el sistema institucional pasó a ser absolutamente predominante. La situación objetiva de la clase obrera argentina tuvo importantes modificaciones en el campo de la actividad económica, cuando se potenció el desarrollo industrial en la década de 1920 y más aún a partir de la década siguiente por la llamada “sustitución de importaciones”.

Dentro de este ciclo podemos señalar un hito en 1936, con el intento por constituir una alianza social que tomara forma política, en el que el movimiento obrero organizado sindical y políticamente tuvo un lugar preponderante, tal como quedó de manifiesto en la huelga y acto del 1º de Mayo de 1936, que reunió a 100.000 personas en Buenos Aires, actos multitudinarios en Santa Fe y Mendoza y numerosos en otras localidades de todo el país , convocados por la dirección de la CGT y que logró la adhesión de los partidos políticos opositores al gobierno, cuyos principales dirigentes hablaron junto con los de la central obrera en el acto realizado en Buenos Aires. El significado principal de la participación obrera en la incipiente (y finalmente frustrada) alianza fue el desarrollo de su lucha por conquistar la libertad política y democratizar el régimen político y social, condición necesaria para poder tener alguna influencia sobre el poder estatal.

El hito más importante de este segundo ciclo, se produjo en octubre de 1945. La estrategia obrera de penetrar el sistema institucional político para formar parte de él en las mejores condiciones posibles, pero sin pretender modificarlo de raíz, alcanzó su meta bajo una nueva forma política: el peronismo, en la que se alineó la mayoría de la clase obrera, y también la parte de la clase obrera alineada en la alianza antiperonista tuvo como meta formar parte del sistema institucional. Como parte de la alianza triunfante en 1945 - 1946, los trabajadores ocuparon un amplio espacio social y político, en lo que constituyó un gigantesco proceso de ciudadanización, que incluyó también un lugar prominente en el gobierno para dirigentes del movimiento obrero organizado sindicalmente.

Es en ese momento cuando la cuestión nacional pasa a primer plano, como puede apreciarse en el nuevo estatuto que se da la CGT en 1950, aunque con un claro matiz nacionalista, al tiempo que la meta de una sociedad socialista es dejada de lado incluso en el discurso. Desde su nueva inserción en el mercado mundial durante el último tercio del siglo XIX, Argentina fue considerada como un claro ejemplo de país formalmente independiente pero sujeto a las redes económicas y diplomáticas de Inglaterra, es decir un país dependiente. Sin embargo, la bandera de la liberación nacional no tuvo relevancia para el movimiento obrero durante el primer ciclo de su historia, lo que sí ocurrió durante el segundo ciclo. ¿Por qué ese cambio? La respuesta más difundida es que devino del surgimiento del peronismo, que hizo de lo nacional un eje fundamental de su discurso frente al internacionalismo dominante en el movimiento obrero pre-peronista y que hubo un cambio en la composición nacional de la clase obrera, que dejaron de ser inmigrantes europeos para ser argentinos nativos (descendientes de inmigrantes u originarios del interior del país) y extranjeros asimilados a la cultura nacional a partir de los años ’30. Sin embargo, las investigaciones han mostrado los elementos de continuidad en el movimiento obrero antes y después del peronismo, como el uso de los símbolos patrios en los actos de la CGT y del PS en la segunda mitad de la década de 1930 o los objetivos enunciados en el acto del 1º de Mayo de 1936 que muestran que las metas antimonopólicas y antiimperialistas estaban presentes en el movimiento obrero mucho antes del surgimiento del peronismo. Por otra parte, la cuestión a un mero cambio en el lugar de nacimiento queda invalidada al recordar los numerosos militantes anarquistas, socialistas y comunistas de origen criollo. A sólo título de ejemplo quiero mostrar algunos casos que muestran una realidad más matizada: 1) En el tiroteo que se produjo el 1º de mayo de 1904, en la manifestación anarquista, hubo numerosos heridos y varios muertos; entre ellos “un obrero oscuro, apellidado Ocampo, de raza indígena, nacido en el selvático y misterioso Chaco” que murió haciendo fuego contra la policía; “Ha muerto matando” . 2) La historiografía oficial ha destacado que Radowitzky era extranjero, abonando así a la imagen de un movimiento obrero foráneo; quizás porque fracasó en un hecho similar o quizás para ocultar que entre los anarquistas había muchos nativos, no se recuerda que poco menos de dos años antes, en enero de 1908, el obrero mosaísta anarco comunista Francisco Solano Rojas (o Reggis), nacido en la provincia de Salta, le había lanzado una bomba al mismísimo presidente Figueroa Alcorta. 3) El comisario Romariz describe el local de la FOM en la Semana de 1919, donde había un gran número de trabajadores, “(...) en su mayoría correntinos, quienes cuchicheaban en guaraní sin dejar un solo instante de mirarnos”, con “evidente (...) resolución de resistir cualquier orden de despejar o abandonar el local que pudiéramos impartirles” .

Tampoco puede reducirse la explicación a una cuestión cultural. En la búsqueda de las condiciones que le permitieran modificar su situación social el movimiento obrero procuró ser parte de la dirección de la alianza que se postulaba para gobernar la nación. Y esta misma postulación planteó la necesidad de tener una imagen de conjunto de la sociedad y fijar políticas que fueran mucho más allá de sus reivindicaciones económicas inmediatas. La meta de participar en el gobierno del estado-nación introdujo la necesidad de disputar el dominio de ese territorio (país dependiente) con las potencias imperialistas.

En esa disputa por el lugar que ocuparía en la alianza política de la que formaba parte pueden señalarse varios momentos dentro del período 1946-1955, en que el movimiento obrero, aun con conciencia burguesa, pretendió disputar a las fracciones burguesas la dirección de la alianza política: por ejemplo, con la constitución y resistencia a la disolución del partido Laborista en 1946 y en el Cabildo Abierto del 22 de agosto de 1951, cuando postuló la candidatura vicepresidencial de Eva Perón. Esa disputa por la conducción de la alianza tuvo su continuidad en el vandorismo de la década de 1960.

El desplazamiento del gobierno y proscripción de la alianza peronista en 1955 constituyó otro hito, que puso de manifiesto la imposibilidad de la forma de organización social vigente (el capitalismo), y por ende del sistema institucional, de contener a la totalidad de las fracciones sociales que la conforman. Aproximadamente a mediados de la década de 1950 el capitalismo argentino había dejado de desarrollarse predominantemente en extensión para comenzar a hacerlo predominantemente en profundidad. Este cambio de dirección, que anunciaba el fin del dominio del capital industrial, ponía a todas las clases, fracciones y capas sociales ante una nueva situación en la que los lugares que ocupaban, y aún su existencia misma, quedaban librados al desenlace de la confrontación entre ellas en defensa de sus respectivos intereses.

Las luchas del movimiento obrero por recuperar el territorio perdido fueron dando lugar a una radicalización de sus metas, que quedó expresada en sucesivos programas: el aprobado en el Plenario Nacional de Delegaciones Regionales de la CGT y de las “62 Organizaciones” de La Falda en 1957, el del Plenario Nacional de las “62 Organizaciones” aprobado en 1962 en Huerta Grande, y el Programa del 1º de Mayo de la CGT de los Argentinos en 1968. En los tres programas la meta de la emancipación nacional se entrelazó con la de la liberación social. Cabe aclarar que, si bien las organizaciones que sostuvieron estos tres programas fueron mayoritariamente peronistas, esas banderas eran asumidas también por los sindicatos de conducción socialista marxista.

Sin duda otro hito puede señalarse en las luchas de calles del año 1969. Allí la lucha obrera desbordó el sistema institucional al tiempo que el proletariado industrial se convirtió, con los levantamientos populares de 1969 en Rosario y Córdoba, en clase dirigente de una fuerza social que tenía como metas de liberación nacional y social, prefiguradas en los años previos.

El último hito que podemos señalar en este ciclo son las jornadas de movilización obrera desarrolladas en junio y julio de 1975 en que el conjunto del movimiento obrero se movilizó contra el intento de establecer como política económica el programa de la oligarquía financiera, que sólo podría ser impuesto, mediante el uso de la fuerza material, al año siguiente.

Se cierra aquí el segundo ciclo en la historia de la clase obrera argentina, al mismo tiempo que comienza a superarse la traba que al desarrollo capitalista ponía el agotamiento de su desarrollo en extensión. Este cambio en la dirección predominante en el desarrollo del capitalismo subyace al proceso de formación de tres fuerzas sociales en diferentes grados de constitución, que confrontaron en la década de 1970. Esas tres fuerzas sociales expresaron los intereses contrapuestos de las clases sociales fundamentales en Argentina de ese período que, ante el agotamiento del desarrollo capitalista en extensión, luchaban por imponer al conjunto de la sociedad formas distintas de organización social. La burguesía personificación del capital más concentrado, devenida oligarquía financiera y entrelazada con el capital concentrado a nivel internacional, expresaba y propugnaba el desarrollo del capitalismo en las nuevas condiciones mundiales, con el apoyo de buena parte de la pequeña burguesía acomodada. La burguesía menos concentrada, con su programa de relativa defensa del mercado interno, su territorio productivo, fundamentalmente mediante el “pacto social” entre el movimiento sindical y las organizaciones empresarias, encabezaba otra fuerza social con base en la parte mayoritaria del movimiento obrero organizado sindicalmente. La tercera fuerza, que propugnaba la superación del capitalismo y planteaba como meta el socialismo, tenía su base en una parte de la clase obrera y el pueblo, incluyendo fracciones de la pequeña burguesía. Las tres fuerzas contaban con cuadros sindicales y políticos y, dado el estadio por el que transcurría la lucha, militares: cuando se define la forma de organización social que ha de regir por un período más o menos largo y está en juego la misma existencia de fracciones sociales, la situación se define mediante el uso de la fuerza material.

De esa confrontación emergió triunfante la oligarquía financiera, e impuesta por la fuerza de las armas la forma de organización afín a sus intereses, los siguientes veinticinco años contemplaron su desarrollo y el intento por construir el necesario consenso y las resistencias a ese consenso.

Analizar este tercer ciclo en la historia de la clase obrera argentina requeriría otra exposición tan larga como la que acabo de hacer.

Sólo quiero cerrar diciendo que, pese a la ofensiva que en el campo intelectual ha tratado de imponer la imagen de que la clase obrera ha perdido centralidad en la sociedad argentina, todos los resultados de investigación, tanto propios como de otros grupos d investigación, muestran que los trabajadores asalariados no sólo constituyen aproximadamente las tres cuartas partes de la población económicamente activa sino que han sido los principales protagonistas de las protestas y luchas sociales tanto en la última década del siglo XX como en el presente siglo.

Nueva fase del desarrollo capitalista argentino. La Argentina del capital financiero. ¿Desaparece la clase obrera?

Durante las décadas de 1950 y 1960 y los comienzos de la siguiente se desarrolló un ciclo ascendente de las luchas populares en el mundo capitalista, que tuvo sus manifestaciones tanto en las mejores condiciones de inserción de los obreros en los países imperialistas como en los procesos de liberación nacional y social que recorrieron los países del llamado “Tercer Mundo”. En la década de 1970 se desarrolló la ofensiva del capital orientada imponer las condiciones necesarias para contrarrestar los resultados que aquellas luchas, teniendo como base la necesidad de revertir, aunque fuera momentáneamente, la caída de la tasa de ganancia.

La ofensiva capitalista mundial tomó formas específicas en cada país, según las características fundamentales de su sociedad. En Argentina estas características pueden resumirse en tres: 1) el capitalismo, medido en términos de expansión de las relaciones salariales, se encuentra desarrollado, involucrando esas relaciones a aproximadamente un 75% de la PEA, con su correlato, en el campo de las relaciones políticas, en el proceso de ciudadanización de los trabajadores que culminó con el peronismo. 2) Argentina es un país dependiente, y que, por ende, no tiene la posibilidad que sí tienen los países centrales de descargar sus contradicciones sobre los países a ellos subordinados. 3) En Argentina se entrelazan tres estructuras económicas de la sociedad: capitalismo de estado, capitalismo de economía privada y pequeña producción mercantil, de las cuales obviamente las más fuertes son las dos primeras. El resultado de las políticas llevadas adelante por esos gobiernos, en el marco de la ofensiva capitalista ya señalada, fue una nueva articulación entre capitalismo de estado y capitalismo de economía privada que rompió las trabas existentes a la acumulación capitalista.

La ofensiva capitalista

Ese desarrollo dio lugar a los procesos de expropiación y repulsión que recorrieron toda la sociedad durante las décadas de 1960 y 1970 y a las consiguientes resistencias por parte de las fracciones sociales afectadas.
. Los hitos que pueden señalarse en la construcción de esa hegemonía son la manera en que se resolvió la guerra por las Malvinas, el acuerdo que permitió la salida del gobierno militar y las hiperinflaciones de 1989 y 1990.

La situación objetiva de la clase obrera

¿Qué ocurrió con la clase obrera? Veamos primero sus condiciones objetivas, que pueden resumirse en “máxima jornada de trabajo con mínimo salario” para la parte que conseguía vender su fuerza de trabajo, mientras crecía la parte que, imposibilitada de obtener esos medios de vida por el salario, se hundía en el pauperismo.

La ofensiva capitalista en el campo intelectual anunció la pérdida de centralidad e incluso la “desaparición de la clase obrera”. Estas afirmaciones buscaron sustentarse en la disminución del porcentaje de asalariados dentro de la Población Económicamente Activa (73,8% en 1970, 71,5% en 1980, 64,6% en 1991): una lectura de la información censal que ni siquiera tenía en cuenta el crecimiento de los asalariados en términos absolutos: 5.190.790 en 1960; 6.380.500 en 1970; 7.147.327 en 1980; 7.980.327 en 1991. Claro que este discurso requería de una licencia teórica: asimilar la categoría censal “Asalariado” a “Clase Obrera”, ocultando la presencia de expropiados de condiciones materiales de existencia ocultos bajo la categoría censal Trabajador por Cuenta Propia (TCP); en otra de sus versiones este discurso era posible porque se circunscribía la “clase obrera” a trabajadores asalariados manuales de la rama industria manufacturera.

Claro que una lectura más rigurosa de la información censal mostraba que el Proletariado (Clase Obrera en el sentido que lo estamos aplicando en este trabajo) pasó de 68,3% en 1960 a 70,2% en 1980, 61,5% en 1991 y 69% en 2001. Datos que mostrarían una estabilidad en su peso relativo, si no fuera porque no están incluidas aquí las porciones de pequeña burguesía en proceso de proletarización, que han crecido notablemente. En cuanto al proletariado industrial en sentido restringido (los obreros de las fábricas), que como en todas las sociedades capitalistas, da cuenta de un número relativamente pequeño, tuvo una caída en su peso relativo, sobre todo en relación con el conjunto del Proletariado: 12,4% en 1980, 5,8% en 1991 y 4,5% en 2001 . Esta caída en términos relativos del proletariado industrial no sólo muestra una disminución en su número sino, más aún, el crecimiento de otras capas y fracciones de la clase obrera, y sobre todo de la parte de ella que constituye una población sobrante para las necesidades del capital. Y ésta es la principal transformación en la clase obrera en esta fase del capitalismo argentino: el cambio en las proporciones entre la parte activa y la parte que, bajo diferentes modalidades, resulta sobrante para las necesidades inmediatas del capital.

La manifestación más evidente de la superpoblación es la desocupación abierta. Desde la década de 1960 y hasta casi fines de la de 1980 la tasa de desocupación máxima rondó el 6% de la PEA; en algún momento excepcional alcanzó al 7%, pero, en general, fue inferior al 6%; la tasa mínima fue de alrededor de 3 ó 4%. Fue en 1988 cuando el índice de desocupación abierta rompió su tope histórico y comenzó a oscilar entre el 7% y 9% de la PEA. Después creció hasta alcanzar, en 1995 al 18,4%. Descendió más tarde hasta el 12% pero volvió a crecer hasta alcanzar 21,5% en mayo de 2002. Desde ese momento, en que alcanzó el máximo registrado en la historia argentina, descendió hasta ubicarse abajo del 10% y llegar hoy a algo más del 7%. Es decir que este mínimo de hoy está todavía un poco por encima de lo que había sido el máximo habitual hasta fines de la década de 1980. Otra manifestación fácilmente observable de la superpoblación relativa la constituye el llamado subempleo o subocupación horaria, cuyos índices registran un movimiento similar al de la desocupación abierta.

La desocupación abierta y la subocupación son sólo una de las manifestaciones de la superpoblación relativa. Por eso, cualquier argumentación acerca de la magnitud de la desocupación abierta se vuelve ociosa cuando nos referimos al tamaño del conjunto de la población sobrante para el capital. Ésta se mantuvo encubierta en la década de 1970 y primera mitad de la de 1980 bajo diferentes formas, entre ellas el empleo estatal: recuérdense las estimaciones realizadas al respecto por cuadros intelectuales y políticos del capital más concentrado desde los años ’80 a la fecha . A partir de 1988, como dijimos, la superpoblación relativa se manifestó como creciente desocupación abierta.

Pero ya desde la mitad de los años ’80, apareció también como población subsidiada. Debe recordarse que estos subsidios, con distintos nombres (Caja PAN, Plan Trabajar, Plan Jefas y Jefes de Hogar, Plan Familias, Manos a la obra, Programas Nacionales de Empleo –PEC, Asignación Universal por Hijo y muchos otros) se sucedieron desde la década de 1980, mostrando que una importante proporción de la población argentina, expropiada de sus condiciones materiales de existencia, tampoco puede obtener sus medios de vida bajo la forma del salario. Es decir, que no puede reproducir su vida en las relaciones sociales propias del sistema capitalista y constituye esa capa que, sumida en el pauperismo y subsidiada, es constituida como pauperismo oficial.

El peso de la superpoblación constituye un rasgo central del capitalismo argentino y señala un cambio estructural: el proceso de su descomposición.

Sólo este cambio estructural del capitalismo argentino permite explicar las condiciones vigentes durante las últimas tres décadas en el mercado de fuerza de trabajo y en el consumo de la fuerza de trabajo en Argentina. En lo que hace al primero, se mantuvieron los salarios por debajo de los niveles de comienzos de la década de 1970, algo que primero se logró mediante el uso de la coacción extraeconómica abierta, tal como fue aplicada entre 1976 y 1983, con medidas contra el movimiento obrero organizado sindicalmente (disolución de la CGT, intervención de sindicatos, detención de dirigentes, secuestro y desaparición de militantes), presencia de tropas en las fábricas y una legislación que prohibía las huelgas. Desde entonces, a pesar de haber pasado por momentos de alza y momentos de baja, los salarios se mantuvieron en el nivel fijado a partir de 1976. La situación pareció variar después de la insurrección espontánea de diciembre de 2001. Con el cambio en las políticas de gobierno, que impulsaron la actividad económica, como lo indica el crecimiento del PBI a altas tasas, hubo un aumento en los salarios respecto de la década anterior, pero dentro de los niveles establecidos desde mediados de la década de 1970.

Parte de los asalariados deben vender su fuerza de trabajo fuera de toda protección legal, en condiciones de inestabilidad y precariedad (el llamado “trabajo en negro” o “no registrado”), que es otro rasgo que se ha incrementado en el último cuarto de siglo. Además, los cuadros del capital financiero lograron en 2000 comenzar a convertir esa condición laboral en la forma normal de trabajo: la llamada “ley de flexibilización laboral”, impulsada por ellos a lo largo de la década de 1990, volvió legal lo que no lo era, y, a pesar de que fue derogada posteriormente, la tendencia a incorporar cláusulas de flexibilización en los convenios colectivos, aunque algo menor, se mantuvo después de 2003, habiéndose incrementado constantemente en lo que hace a la organización del trabajo .

Las condiciones impuestas en el mercado de fuerza de trabajo, primero por la fuerza de las armas y, una vez establecidas, por la presión del incremento de la parte de la superpoblación abiertamente observable, y sancionadas por el sistema jurídico, fueron acompañadas, y, a la vez, viabilizaron los cambios tecnológicos, incluyendo la organización del trabajo, en la esfera de la producción gobernada por el capital más concentrado. En el mundo de la fábrica, durante la década del `90 se profundizaron y/o se extendieron las tendencias propias de la gran industria: subordinación del factor subjetivo al factor objetivo, aumento de la fuerza productiva del trabajo, homogeneización de la calificación del obrero y apropiación de su saber por el capital .

Debe señalarse que, aunque aumentaron la explotación del proletariado industrial, a la vez estas nuevas condiciones colocaron a una fracción obrera en una situación potencial de mayor control del proceso productivo.

Las protestas y luchas de los trabajadores

A pesar del cambio cualitativo que acabamos de referir, que transformó la relación de fuerzas objetiva desfavorablemente para la clase obrera y otras fracciones populares, los trabajadores asalariados siguieron siendo un sujeto principal de las protestas y luchas desarrolladas en las últimas tres décadas y media.

Sin embargo, también en este aspecto se impuso el discurso de la pérdida de centralidad de la clase obrera como sujeto, reemplazada por “nuevos movimientos sociales”. Pero, a contramano de ese discurso, la observación de la realidad mostró una situación diferente.

En primer lugar, el grado de afiliación sindical de los trabajadores asalariados en Argentina se mantuvo y mantiene entre los más altos del mundo. Entre 1979 y la actualidad ha habido más de 40 huelgas generales nacionales, casi todas ellas con una efectiva adhesión superior al 50% y muchas de más de 80%. Aun en el apogeo del gobierno militar, en 1979 y 1981, si bien imbricadas en las luchas en las alturas, hubo dos huelgas generales, y otras tres antes del fin de ese gobierno. Son vastamente conocidas las trece huelgas generales realizadas durante el gobierno radical entre 1984 y 1989, aunque mucho menos se recuerdan las nueve huelgas generales declaradas durante los años de gobierno justicialista, entre 1992 y 1999, a pesar de la histórica vinculación entre el partido gobernante y el movimiento sindical y del involucramiento de algunos sindicatos en las políticas de privatización de empresas estatales, instauración de la jubilación y seguros de trabajo privados y su participación en la propiedad de empresas. Una de estas huelgas, en septiembre de 1996, reunió a 70 mil personas en Plaza de Mayo, en la segunda más numerosa movilización política de la década, y, poco después, la amenaza de la CGT de declarar una huelga general por tiempo indeterminado contribuyó a frenar las reformas neoliberales dirigidas a “flexibilizar” las condiciones de trabajo, privatizar los bancos estatales, etc. Las ocho huelgas generales convocadas durante el siguiente gobierno radical, en 2000 y 2001, y las tres convocadas en 2002 muestran la persistencia del instrumento. Las huelgas generales posteriores sólo fueron convocadas por la Central de Trabajadores Argentinos y fueron más limitadas.

Hay un rasgo de estas huelgas generales que debe tomarse especialmente en cuenta: cuando fueron convocadas como “huelga general con movilización”, tuvieron la capacidad de vincular y articular en un mismo momento la protesta y la lucha de distintas fracciones y capas de la clase obrera, incluyendo los más pobres, y de incorporar a otras fracciones sociales populares, en todo el país. Esto no significa ignorar que, en determinados momentos, formas que habían sido casi irrelevantes en la historia argentina, pasaron a ocupar el primer plano, como, por ejemplo, las revueltas del hambre en 1989 y 1990 y 2001; en esas oportunidades, y como manifestación de la fase de descomposición que recorre el capitalismo argentino, la capa más pobre de la sociedad, impedida de obtener sus medios de vida más imprescindibles dentro el marco jurídico vigente, sólo pudo hacerlo mediante el delito. También los llamados “cortes de calles” y cortes de ruta”, llevados adelante por asalariados ocupados y desocupados y pequeños propietarios, ocuparon un lugar relevante; pero, contrariamente a la imagen vulgarizada por los medios de comunicación, los asalariados ocupados fueron el principal “cortador” de rutas; sólo a comienzos de 2001 los desocupados alcanzaron, por poco tiempo, el primer lugar. Algunos “cortes de ruta”, como por ejemplo los de Cutral-Co (Neuquén) (1996, 1997), Jujuy (1997), Gral. Mosconi (Salta) (1997, 1999, 2000, 2001) y Corrientes (1999), en los que los asalariados estatales tuvieron inicialmente un papel protagónico, devinieron cualitativamente distintos y alcanzaron la forma de lucha de barricadas, en manos de los jóvenes desocupados. Los asalariados estatales fueron protagonistas principales de los motines (como los de Santiago del Estero y La Rioja en 1993) y desde 1990 forzaron la renuncia de varios gobernadores (por ejemplo, en Jujuy, Santa Cruz y Chubut).

En 2001 los asalariados de empresas privadas daban cuenta del 14% de los hechos; pero también en este aspecto la salida de la crisis significó un cambio: creció la participación de los asalariados privados que, fortalecidos por la mayor demanda de fuerza de trabajo, en 2003 y 2004 protagonizaron el 20% de los hechos realizados por asalariados, en 2005 realizaron 24,4% y en 2006 su participación creció a 43,6%, para descender en 2007 a 30,9%.

Correspondiéndose con el crecimiento de la parte más visible de la población sobrante para el capital, la que está abiertamente desocupada, pudo observarse el protagonismo hasta ahora desconocido que tomó esa parte de la clase obrera desde la segunda mitad de 1990 y durante los tres primeros años del presente siglo. Algunas de las movilizaciones convocadas por las organizaciones que agrupaban principalmente a los desocupados llegaron en 2001 a cumplir el mismo papel articulador de las huelgas generales con movilización, convocando a miles de trabajadores ocupados y desocupados y a pequeños propietarios.

Las llamadas “organizaciones piqueteras” fueron una refutación práctica del discurso que consideraba imposible que esa parte de la clase obrera, los desocupados, se organizara: en apenas cuatro años realizaron un enorme avance en la organización sistemática de la lucha. Sin embargo, fueron los trabajadores asalariados ocupados y la organización sindical los principales protagonistas de las protestas y luchas no sólo durante las décadas de 1980 y después de 2003 sino también durante la década de 1990. Del total de 7.643 hechos de rebelión que registramos en el ciclo que se desarrolló entre diciembre de 1993 y diciembre de 2001, 55,7% fueron realizados por asalariados, 9,8% por la pequeña burguesía, 8,4% por estudiantes, 5,7% por “pobres”. De los hechos realizados por asalariados (4.256), el 66,7% corresponden a asalariados ocupados y 17,5% a desocupados. También es contundente observar quiénes convocaron: el 37,2% de los hechos fue convocado por organizaciones sindicales, el 7,2% por organizaciones empresarias, 7% por organizaciones político-sindicales o de desocupados, 6,8% por organizaciones estudiantiles y hubo 6,3% de hechos sin convocatoria (espontáneos); los “nuevos movimientos sociales” quedaron subsumidos en “Otros” (6,9%); en una cuarta parte de los hechos (25,3%), que corresponden en su mayoría a los saqueos de 2001, no hay datos de convocante.

En cuanto a las metas de los hechos realizados por los Asalariados Ocupados, fueron variando siguiendo el movimiento del ciclo económico: a comienzos de la década de 1990 predominaban las demandas de aumentos de salarios; hacia 1995 fueron desplazadas por la protesta por salarios adeudados y contra los despidos, que se intensificaron con la recesión que comenzó en 1998 y que culminó con la crisis de 2001; con la salida de la crisis volvió a predominar la demanda de aumento de salarios.

En síntesis, el Proletariado y la Pequeña Burguesía en proceso de proletarización, que forman la categoría Asalariados, son quienes dan cuenta de la mayor cantidad de hechos de rebelión y su organización sindical es el principal convocante a esos hechos. No ha habido, en este aspecto, un cambio respecto de períodos anteriores . El Proletariado mantiene su preeminencia en la calle, aunque, a diferencia del proceso histórico desarrollado en las décadas de 1960 y 1970, las luchas registradas no exceden, ni se proponen exceder, los límites del régimen de organización económico social vigente. Todas expresan el interés de los trabajadores en tanto asalariados y ciudadanos, pero no en tanto expropiados.

Esa preeminencia del Proletariado y de la organización sindical en los hechos de rebelión no ha encontrado, sin embargo, una correspondencia con el lugar que ocupan los cuadros sindicales y políticos de los trabajadores en las instituciones políticas. Si en la década de 1970 el movimiento obrero organizado sindicalmente detentaba un tercio de los cargos legislativos obtenidos por el partido Justicialista, así como las vicegobernaciones de muchas provincias, hoy su representación parlamentaria es mínima y su presencia en los ejecutivos poco menos que inexistente.

Sin embargo, en el último año o poco más, se ha hecho observable un hecho novedoso con relación a las metas que se plantea el movimiento obrero organizado sindicalmente: la búsqueda de un espacio político propio, expresado en el cambio que implica pasar de ser “columna vertebral” a ser “cabeza” del movimiento nacional . El intento por ocupar cargos políticos que exceden la defensa del interés inmediato para proyectarse al conjunto de la sociedad, manifestado no sólo por la dirección de la CGT sino practicado por dirigentes de la CTA, nos plantea el siguiente interrogante: ¿estamos frente a una recuperación de la tradición obrera desplegada desde la década de 1930 de postularse como dirección de la alianza social de la que forma parte?

Nuevos problemas

Después de analizar las transformaciones en la sociedad argentina y en la clase obrera el interrogante que debemos plantearnos es en qué medida los cambios que hemos registrado son manifestaciones de un movimiento orgánico, estructural, del capitalismo argentino o sólo han sido un resultado coyuntural y pasajero de la llamada “política neoliberal” y de la crisis económica. Y si se trata de un movimiento orgánico, los cambios en la estructura económica de la sociedad, como el crecimiento de la desocupación a niveles desconocidos en el país, que se hicieron más evidentes durante la depresión y crisis que se extendió entre 1998 y 2003 ¿fueron sólo manifestación de un momento de pasaje en el reordenamiento capitalista, al que siguió una nueva expansión en extensión o se trata de rasgos que hacen a la naturaleza misma de esta fase del desarrollo capitalista argentino? Si esto último es verdad esos rasgos están mostrando cuál es el movimiento orgánico del capitalismo argentino: el desarrollo de su descomposición. El crecimiento de la población sobrante para el capital, observable en el aumento de la desocupación y subocupación registradas , de la población subsidiada y el empleo estatal, hace a la naturaleza del capitalismo argentino actual. Por eso difícilmente los sujetos, formas de lucha y organización de esa parte de la clase obrera desaparezcan de la escena política. Pero los trabajadores asalariados ocupados son, y lo han sido a lo largo de todo el período considerado, el sujeto fundamental en los procesos sociales y políticos en Argentina.

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- Kuczynski, Jürgen; Evolución de la clase obrera; Madrid, Guadarrama, 1967.
- Kühl, Livio y otros; “La industria y la ocupación de fuerza laboral”; en Una política industrial para la Argentina; Buenos Aires, Club de Estudio; 1983.
- Marx, Karl; El Capital, Tomo I; Siglo XXI Editores, 1975.
- Marx, Karl; Miseria de la Filosofía; Buenos Aires, Siglo XXI, 1975.
- Marx, Karl; El dieciocho brumario de Luis Bonaparte; Moscú, Editorial Progreso, s/f.
- Matsushita, Hiroshi; Movimiento obrero argentino 1930 – 1945; Buenos Aires, Hyspamérica, 1983.
- Munck, Ronaldo, Ricardo Falcón y Bernardo Galitelli, Argentina from Anarchism to Peronism, London and New Jersey, Zed Books, 1987.
- Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos; Estudios sobre los orígenes del peronismo; Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.
- Observatorio del Derecho Social – Central de Trabajadores Argentinos; La negociación colectiva 2003 – 2007. Un estudio comparativo con el período 1991 – 1999, en particular sobre la regulación de jornada y organización del trabajo.
- Ortiz, Ricardo M.; Historia Económica de la Argentina; Buenos Aires, Ediciones Pampa y Cielo, 1964.
- República Argentina – Cámara de Diputados, Diario de sesiones; 1910, tomo I.
- Román, César Manuel; “Los cambios en la protesta: los trabajadores de las estancias y saladeros. El caso del oriente entrerriano (1850-1862)”, en Pimsa-Documentos y comunicaciones 2004, Buenos Aires, 2005.
- Romero, Luis Alberto; “La historiografía argentina en la democracia: los problemas de la construcción de un campo profesional”; en Revista Entrepasados, Año V, Nº 10, comienzos de 1996, Buenos Aires.
- Torre, Juan Carlos; “Acerca de los estudios sobre la historia de los trabajadores en Argentina”; en Anuario del Instituto de Estudios Histórico Sociales de la UNCPBA, Nº 5, Tandil, 1990; pp. 209 – 220.

Nota de Redacción: Disertación realizada por Nicolás Iñigo Carrera en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al ser nombrado Personalidad Destacada de la Cultura.

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La Multisectorial contra la Hidrofractura ocupa pacíficamente el yacimiento de Chevron El Trapial

8300WEB - ANRED

Desde el espacio que nuclea organizaciones en contra de la explotación de gas y petróleo no convencional informaron que “durante la semana previa al debate en la Legislatura, hacemos esta acción para sacar a la luz lo que pretenden mostrar como un ejemplo de gestión, cuando los casos de derrames y contaminación se suceden cotidianamente” . El yacimiento El Trapial está ubicado a pocos kilometros de la ciudad de Rincón de los Sauces, provincia del Neuquén, y es operado en la actualidad por Chevron. Se trata de una ocupación pacífica que comenzó hace algunos minutos.

La Multisectorial contra la hidrofractura detalló a través de un comunicado que “El Trapial es el segundo yacimiento de petróleo más importante del país, detrás de Cerro Dragón en la Provincia de Chubut. Está ubicado a 70 kms de Rincón de los Sauces. En 2011, Sapag le extendió la concesión del área por 20 años más. Así, Chevron se aseguró la explotación de la joyita neuquina hasta el 2032. Chevron tiene previsto perforar más de 120 pozos en los próximos 3 años y posee el 85% de la concesión que comparte con la Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial) que tiene el 15 % restante”.

Más adelante, explicaron que “los derrames y la contaminación son incidentes criminales y no son señalados por las autoridades responsables porque la impunidad que Sapag/Coco le ofrecen a la empresa Chevron, no tiene que ver sólo con las cuestiones financieras y económicas como la libertad de retenciones o el libre giro de divisas al exterior, sino que fundamentalmente le garantizan ninguna política de control o fiscalización sobre los desastres ambientales que generan a diario”, a lo que agregaron que “ya existe una gran contaminación, y los responsables de causarla son los que están tomando la decisión de promover la HIDROFRACTURA. Para empeorar aún más la situación nos presentan a CHEVRON como la salida a la situación de gravedad que ellos mismos han provocado”.

“Durante la semana previa al debate en la Legislatura, hacemos esta acción para sacar a la luz lo que pretenden mostrar como un ejemplo de gestión, cuando los casos de derrames y contaminación se suceden cotidianamente”, resaltaron desde la Multisectorial: “ante esto convocamos una vez más a toda la población de Neuquén y de Río Negro a movilizarnos para expresar nuestro más enérgico repudio al PACTO CHEVRON – YPF y a LA HIDROFRACTURA como metodología para extraer Gas y Petróleo NO CONVENCIONAL. Este 28 de Agosto, o el día que se trate nos movilizaremos vecinos y vecinas, organizaciones sociales, políticas, sindicales, feministas, de derechos humanos y comunidades Mapuce, a la Legislatura de la Provincia de Neuquén”.

Reproducimos el comunicado completo:

Estamos viviendo en estas semanas uno de los escándalos sin precedente relacionado a la entrega de soberanía sobre un recurso tan estratégico como el energético. Pasan los días y vamos entendiendo porque el escándalo crece, cuando ni siquiera a los/as legisladores/as de Neuquén les permiten acceder al pacto firmado por YPF con la descendiente de la Estándar Oil de Rochefeller: la multinacional Chevron. A pesar de esta situación, la mayoría de los/as legisladores/as neuquinos/as pretenden avalar ciegamente un acuerdo que desconocen.

Sin embargo, mientras nos preparamos para impedir el aterrizaje de Chevron en Vaca Muerta, debemos saber que este imperio norteamericano tiene en su poder, hasta el año 2032, el segundo mayor yacimiento de petróleo del país que se denomina “El Trapial”. Los niveles de contaminación y abuso de poder en el Trapial son ocultados por la propaganda oficial y es, justamente, desde esa situación que condenamos la profundización de esta política de saqueo y muerte que la sociedad Cristina Fernández/Jorge Sapag ha puesto en marcha.

Cuando el gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51% de las acciones de YPF, creó la ilusión de recuperar la capacidad de control de este recurso estratégico. Cuando la Secretaría de Energía de la Nación (según lo que ha publicado en su Web) denunciaba a un conjunto de empresas responsables de la declinación de la producción hidrocarburífera en el lapso 2009-2012 que obligaba a la importación cada vez mayor de energía; la ilusión de soberanía se acrecentaba. No obstante es importante destacar algunos llamativos datos:

Las dos empresas más condenadas fueron Total y ¡Chevron! La caída global de producción en el país en el periodo indicado fue de 12%, pero la caída de los pozos concesionados a Chevron fue de 35%. Y lo mismo ocurrió con el gas: la caída de producción del país fue del 9% y la baja en la producción de Chevron fue de 61%. La caída en reservas (es decir, la diferencia entre lo que se produce y lo que se repone) fue aún más escandalosa: según la misma Secretaría de Energía, entre 2007 y 2011, las reservas de petróleo de Chevron cayeron un 50,02% y las de gas mermaron 78%, mientras que la caída promedio de reservas como país fue de 5,3% y 19% en petróleo y gas respectivamente.

¿Cuál es el negocio, para que a una empresa que estaba por ser sancionada por semejante expoliación y nada de inversión, se la haya premiado con todas las ventajas excepcionales que van surgiendo del pacto secreto YPF/Chevron y del decreto 929 de CFK?

Una burla más: en la página 26 del Informe Mosconi, Axel Kicillof, viceministro de Economía, explicó que YPF debía ser estatizada, entre otras cosas, porque Repsol “encaró una clara estrategia de salida del país y una política depredatoria, tanto en términos de producción de hidrocarburos como de desinversión”. Entonces, ¿POR QUÉ LE ADMITE A CHEVRON LO QUE LE CONDENA A REPSOL?

Chevron llegó a administrar 23 concesiones, de las cuales hoy conserva 3. La supuesta apuesta al país sólo fue para exprimir algunas de esas concesiones donde generó los altos niveles de desinversión, ya mencionados. Hoy la concesión más importante que conserva es, precisamente, el Trapial.

Empeorando la situación en el año 2010, se firmó entre Chevron y la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medioambiente en nombre de la Provincia de Neuquén, un acuerdo por el que eximen de remediación ambiental a dicha empresa del pasivo ambiental con el que reciben el área conocida como el Sauce. Esto claramente evidencia la política llevada adelante por el gobierno provincial. Es decir, el gobierno provincial no sólo permite que las empresas depreden el recurso, vaciando el yacimiento, sino que además la falta de control permite que destruyan y contaminen las zonas de extracción. No conforme con esto, el mismo gobierno garantiza a la próxima empresa, que no tendrá que reparar los daños ocasionados por la anterior. O sea, NADIE VA A PAGAR NI A REMEDIAR EL PASIVO AMBIENTAL QUE SE GENERÓ A CAUSA DE LA DESIDIA EMPRESARIAL O CAPITALISTA. Pasivo ambiental es contaminación y esa contaminación es la muerte de la población por no tener agua, tierra ni aire sano y la extinción de cualquier proyecto productivo a futuro.

¿Qué ocurre hoy en el Trapial?

El Trapial es el segundo yacimiento de petróleo más importante del país, detrás de Cerro Dragón en la Provincia de Chubut. Está ubicado a 70 kms de Rincón de los Sauces. En 2011, Sapag le extendió la concesión del área por 20 años más. Así, Chevron se aseguró la explotación de la joyita neuquina hasta el 2032. Chevron tiene previsto perforar más de 120 pozos en los próximos 3 años y posee el 85% de la concesión que comparte con la Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial) que tiene el 15 % restante.

Es por eso que, durante la semana previa al debate en la Legislatura, hacemos esta acción para sacar a la luz lo que pretenden mostrar como un ejemplo de gestión, cuando los casos de derrames y contaminación se suceden cotidianamente. LOS DERRAMES Y LA CONTAMINACIÓN SON INCIDENTES CRIMINALES y no son señalados por las autoridades responsables porque la impunidad que Sapag/Coco le ofrecen a la empresa Chevron, no tiene que ver sólo con las cuestiones financieras y económicas como la libertad de retenciones o el libre giro de divisas al exterior, sino que fundamentalmente le garantizan ninguna política de control o fiscalización sobre los desastres ambientales que generan a diario.

Ya existe una gran contaminación, y los responsables de causarla son los que están tomando la decisión de promover la HIDROFRACTURA. Para empeorar aún más la situación nos presentan a CHEVRON como la salida a la situación de gravedad que ellos mismos han provocado.

Ante esto convocamos una vez más a toda la población de Neuquén y de Río Negro a movilizarnos para expresar nuestro más enérgico repudio al PACTO CHEVRON – YPF y a LA HIDROFRACTURA como metodología para extraer Gas y Petróleo NO CONVENCIONAL.

Este 28 de Agosto, o el día que se trate nos movilizaremos vecinos y vecinas, organizaciones sociales, políticas, sindicales, feministas, de derechos humanos y comunidades Mapuce, a la Legislatura de la Provincia de Neuquén.

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CHEVRON-YPF: “Una historia, repleta de traiciones, contradicciones y mentiras”

Alejandro Garay (INFOSUR)

El próximo 28 de agosto, la legislatura neuquina aprobará el decreto que pone en marcha el acuerdo YPF-CHEVRON.

El próximo 28 de agosto, la legislatura neuquina escribirá una nueva página en la historia, una página llena de incoherencias, traiciones, entregas y mentiras.

En una muestra más de la falta de garantías e indefensión en la cual nos encontramos los argentinos y peor aun los neuquinos, los diputados del MPN, del Frente Para la Victoria y sus aliados de Nuevo encuentro MUN, aprobarán el decreto provincial 1208/13, decreto que pone en marcha el acuerdo YPF S.A. – Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos del Neuquén, y en el cual se oculta de manera siniestra, el PACTO GOBIERNO NACIONAL – CHEVRON.

Este pacto que denunciamos desde diferentes organizaciones, priva al pueblo neuquino, del poder decidir sobre de que manera queremos desarrollar nuestra industria y como queremos explotar nuestros recursos energéticos, además de violar los principios constitucionales, violación que es avalada por el poder judicial, gracias a la manipulación de las leyes que realiza el poder político de la provincia y el poder económico local y extranjero, que incoherentemente muchos dicen combatir.

Esta no es una simple anécdota, esto es mucho más grave aún que incluso las privatizaciones de los 90´, hoy no solo hablamos de saqueo, sino también de contaminación y muerte. No bastan las miles de publicaciones, que de manera fehaciente, se declaran en contra de la fractura hidráulica, para la explotación del petróleo y el gas NO CONVENCIONAL.

Lejos de querer esclarecer las razones por las cuales, ambos gobiernos (nacional y provincial) realizaron por decretos, modificaciones a las actuales leyes y reglamentaciones vigentes en materia económica, energética y de medio ambiente, para favorecer “inversiones” de las multinacionales del saqueo, corrupción, contaminación y muerte, siguen en la impostura de defender lo indefendible y no escuchar el reclamo popular que sigue creciendo.

No pueden ser las supuestas “inversiones”, superiores al bien común, a la sustentabilidad del ambiente, a la vida. Esta historia ya la hemos vivido, ya nos han realizado promesas inconclusas, ya nos han vendido varias veces espejitos de colores, ya “…Hemos guardado un silencio, bastante parecido a la estupidez…”

“Nuestros sistemas de inquisidores y verdugos no sólo funcionan para el mercado externo dominante; proporcionan también caudalosos manantiales de ganancias que fluyen de los empréstitos y las inversiones extranjeras en los mercados internos dominados”. “Se ha oído hablar de concesiones hechas por América latina al capital extranjero, pero no de las concesiones hechas por los Estados Unidos al capital de otros países… es que nosotros no damos concesiones” advertía allá por el 1913, el presidente norteamericano Woodrow Wilson.
Él estaba seguro: “un país – decía – es poseído y dominado por el capital que en él se haya invertido”. Y tenía razón.
Es América latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde afuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo”•
(Fragmento del libro “Las venas abiertas, de América latina” de Eduardo Galeano).

Que vigente se siente este fragmento del libro de Galeano, y es que la realidad demuestra, que a pesar del esfuerzo producido por las grandes mayorías populares, conscientes del vaciamiento del estado, poco se ha logrado.

Vivimos una historia repleta de traiciones, llego la hora de decir ¡BASTA!.

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Patética figurita repetida

Cecilia Litvin (Red Eco)

Tras su renuncia luego de la fuga de trece presos del penal de Ezeiza, Víctor Hortel fue reemplazado como jefe del Servicio Penitenciario Federal por Alejandro Marambio, quien ya había ocupado ese cargo entre 2007 y 2010. La designación de Marambio causó rechazos inmediatos de parte de aquellos sectores que conocieron de cerca su anterior gestión y que vuelven a poner en debate la necesidad de una profunda reforma del sistema carcelario.

La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, la Federación Universitaria de Buenos Aires y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) fueron algunos de los organismos que manifestaron sus críticas a la vuelta de Alejandro Marambio a la dirección del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Repasando incluso algunas de las notas publicadas por Red Eco Alternativo entre 2007 y 2010, los años que Marambio desempeñó esta función, se pueden encontrar gran parte de estas denuncias.

Por ejemplo, en 2009 se inició una campaña por los presos de Argentina, ya que la vida y la dignidad de miles de personas tras los muros y las rejas estaban en juego. En el documento que acompañó esta campaña se planteaba el retroceso en el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas ocurrido desde la asunción de Marambio.

También en 2009, el entonces jefe del Servicio Penitenciario le prohibió la entrada a las cárceles al periodista Oscar Castelnovo de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh, quien desde hacía 25 años dictaba talleres en distintos penales. En aquel momento, desde Red Eco manifestábamos que esta medida proscriptiva y arbitraria perseguía el objetivo de silenciar lo que las notas e investigaciones de Castelnovo denunciaban, es decir las torturas, los asesinatos y negociados dentro de las prisiones.

Una de las actuaciones de Marambio que más repudio generó fue el hostigamiento contra el Programa UBA XXII, encargado de garantizar el acceso al estudio universitario a personas privadas de su libertad en cárceles federales.

Durante 2010, el Programa estuvo varios meses sin funcionar en el Centro Universitario Devoto (CUD), lo que hizo disminuir notablemente su matrícula. A través de prácticas de avasallamiento y traslados compulsivos atacó el normal intercambio entre docentes y estudiantes tanto del CUD como del Centro Universitario de Ezeiza.

El 28 de octubre de ese año, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) hizo público un comunicado firmado por su entonces jefe de prensa y difusión Alejandro César Yapur.

Allí se intentaba justificar nuevas medidas de seguridad dispuestas en Devoto: “Estaría acreditado que los internos estaban haciendo secuestros virtuales desde sus lugares de alojamiento y especialmente desde el Centro Universitario Devoto”. (…) “Los celulares ingresarían a través de algunas personas que habitualmente concurren al Centro Universitario Devoto”. (…) “Entre los comprometidos judicialmente con el ingreso clandestino de celulares se encontraría un docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires”.

En el comunicado además se señalaba que de los 48 egresados del CUD que luego recuperaron su libertad, once reingresaron a la cárcel por cometer nuevos delitos, por lo que concluían que “la sola concurrencia a ese espacio académico no garantiza la resocialización que dicen alcanzar muchos de los beneficiados con su concurrencia”.

En este marco hubo allanamientos, hostigamientos a docentes, represión a estudiantes, generando que algunos de los internos realizaran una huelga de hambre que en algunos casos duró hasta 54 días.

Para el CEPOC, la primera gestión de Marambio se caracterizó por el intento de limitar la acción de las organizaciones de derechos humanos, la labor de la Procuración Penitenciaria y la presencia de la Universidad de Buenos Aires en las cárceles, además de negar la existencia de hechos de malos tratos y torturas, que existieron y existen en las unidades penitenciarias. Ejemplo de esto es la denuncia que el procurador penitenciario Francisco Mugnolo realizó en 2008 ante la Corte Suprema de Justicia porque el gobierno le impedía realizar auditorías en las cárceles federales para dar a conocer las gravísimas torturas y violaciones de los derechos humanos que sufrían los presos.

En el mismo sentido, Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, presidentes de la CPM, señalaron que durante aquellos años Marambio no mostró ninguna voluntad de modificar el cuadro de situación en las cárceles federales sino todo lo contrario. “En ese mismo sentido propició la defensa corporativa de los agentes penitenciarios acusados de tortura, destinando incluso a sus letrados a la defensa de los denunciados. Además, ofició como interventor de la cárcel de Mendoza cuando se produjeron los hechos de tortura que se hicieron públicos a través de un video filmado por el propio personal penitenciario (…). En el mismo orden, durante su gestión fueron múltiples las protestas por el trato privilegiado que el SPF daba a los presos involucrados en causas por delitos de lesa humanidad”, manifestaron a través de un comunicado.

La LADH sumó otra denuncia contra la primera gestión de Marambio: “Desde 1983 se habilitó un mecanismo de visitas especiales, a cargo de la Liga, para los compañeros y amigos de los presos por razones sociales y políticas que fue respetado por todos los gobiernos constitucionales. En el año 2008, el Dr. Marambio comenzó a poner trabas y más trabas hasta terminar clausurando lo que se consideraba un derecho adquirido por el campo popular”.

Según los registros de la Procuración Penitenciaria de la Nación, mientras Marambio fue jefe del SPF murieron al menos 180 personas privadas de la libertad, mientras que la CPM realizó 600 denuncias penales por torturas en las cárceles.

De todos modos, desde el CEPOC afirman que más allá de esta negativa designación, es necesario realizar profundas reformas en el sistema carcelario argentino. En este sentido, señalan que es preciso derogar la ley orgánica del SPF N° 20.416, creada por la dictadura de Lanusse en mayo de 1973 y discutir un nuevo Servicio Penitenciario, desmilitarizado, reducido, que solo cumpla una función de custodia externa de las unidades penitenciarias. “El resto de las actividades que se realicen dentro de la cárcel, deben desarrollarse desde las instituciones públicas respectivas: el ministerio de Educación, el de Desarrollo Social, el de Trabajo, la secretaría de Deportes, etc.”. A su vez, agregan que debe “reglamentarse de inmediato la ley Nº 26827 de creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura: “Garantizando así que las organizaciones sociales y de derechos humanos que trabajamos en la prevención de la tortura y los malos tratos podamos ingresar sin restricciones a recorrer todas las instituciones de encierro, sin aviso previo, hablando de modo confidencial y privado con las personas privadas de libertad”.

En coincidencia, desde la LADH afirmaron “es hora de una reforma profunda que transforme las Cárceles en sitios humanizados para cumplir los objetivos de reinserción social proclamados constitucionalmente y dejen de ser territorios de la tortura, la corrupción, el hacinamiento, la explotación de mano de obra barata para toda clase de ilícitos”.

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Trata de personas: Entre sospechas y deudas

Darío Schapochnik (Red Eco)

El 14 de agosto pasado, en un allanamiento efectuado en un prostíbulo de la ciudad de Salta, fue encontrado el intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, del Partido Renovador de Salta, aliado del Frente para la Victoria en las elecciones salteñas para gobernador de 2007 y 2011. La noticia, no por muy difundida, deja de conmocionar por ser el ejemplo más claro y patético de la complicidad de muchos políticos, jueces, fiscales y policías con la trata de personas.

En su Informe sobre la Trata Sexual en Argentina, elaborado por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), del año 2011, se advierte que las agencias policiales y fuerzas de seguridad, protegen, favorecen, moldean y alientan la actividad; admitiéndose que hay policías, ex policías y ex agentes del servicio penitenciario directamente involucrados. Sin embargo, se señala en el Informe, ello no ha redundado en una investigación sobre las posibles vinculaciones de los tratantes de personas con dichas fuerzas de seguridad.

Además se denuncia la “connivencia estatal, especialmente local, policial y judicial”, y la existencia de “varias situaciones de funcionarios de las fuerzas de seguridad dentro de los prostíbulos”, lo que se debe interpretar como un método de sometimiento a las víctimas. En algunos casos la presencia era permanente, los policías cumplían funciones dentro de la whiskería. En otros era circunstancial, aparecían haciendo supuestos controles. Y en otros, aunque no se tenga fehaciente confirmación, en calidad de clientes.

En algunas causas los explotadores dan cuenta de un arreglo con la comisaría, del pago de una suma semanal (cerca de 400 pesos). Sin embargo, no se registran siquiera una sola investigación judicial que ahonde sobre la participación de funcionarios policiales o públicos. De hecho, a excepción del único caso donde hay un policía procesado, en el resto de las causas no aparecen funcionarios en actividad ni personal de las fuerzas de seguridad imputados. Esto, a pesar de que, según el mismo informe, en un 22% de los procesos se sospecha que existe complicidad de funcionarios públicos o policiales, reflejada en trabas reales de las comisarías donde las familias radicaban las denuncias; demoras en las investigaciones policiales; escuchas telefónicas que implicaban a la comisaría de la zona con los tratantes; y presencia policial en los lugares de explotación

La complicidad de las fuerzas policiales y de seguridad con las redes de trata es tan indisimulable, que incluso la Ley 26.364, que incorporó la figura de la trata de personas al Código Penal, prohíbe que las fuerzas de seguridad que intervengan conozcan la identidad de los denunciantes.

No sólo eso: en la Provincia de Buenos Aires, el Decreto 159 del año 2011, que establece el Protocolo de Actuación para Fuerzas de Seguridad para el Rescate de Víctimas de Trata de Personas Sometidas a Explotación en el Comercio Sexual, expresamente recomienda “no recurrir a personal policial con actuación territorial en la zona de intervención”.

Más aún: el Protocolo de Actuación Relacionado con el Delito de Trata de Personas, que rige la actuación de los fiscales nacionales y de todas las provincias para estos casos, prevé que las tareas de inteligencia en los lugares sospechados se haga “preferentemente con fuerzas de seguridad ajenas a las locales”.

La ya mencionada Ley 26.364, además de incorporar al Código Penal el delito de trata de personas, creó el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Posteriormente, en el año 2012 se modificó dicha Ley, creándose el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

También, en la modificación de 2012 se creó el Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas, al que se le asignó el número telefónico gratuito 145, para recibir denuncias (incluso por mensaje de texto) sobre trata y explotación de personas, en forma permanente durante las 24 horas del día.

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha puesto en marcha ni el Consejo Federal, ni el Comité Ejecutivo, ni la línea 145.

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Paola, “el Flaco” y la policía en una escuela de Cipolletti

Claudia Rafael (APE)

Paola Panizza es muchos mundos. Y los abraza en el colectivo de sus sueños. Mira hacia atrás y se topa con la imagen del “Flaco”, su papá, al que –con sus manitas tenues- intentó asirse aquel día del 77, antes de que las nebulosas del terror se lo devoraran para siempre. Y mira también hacia este presente que le resulta aciago y ve como vio el miércoles 14 de agosto a los hombres de uniforme irrumpir con sus violencias en el patio de su escuela. Ahí en el barrio Anai Mapu, más allá de Circunvalación, donde Cipoletti se hunde y se abruma en las pobrezas viejas. Esas que amasó la historia, el menemismo, el después. Pao Panizza ama las palabras. Las dibuja. Las sacude y, entre surrealismos, las rearma y luego las desmenuza en un salón de clases del CEM 147. Donde los alumnos son –cuenta en entrevista con APe- “los chicos jóvenes que no pudieron terminar la escuela. Por lejanía. Por prejuicios. Porque son de un barrio pobre y estigmatizado”.

Eran las 19.35. Los alumnos habían salido al primer recreo. Algunos ya habían dejado a sus propios críos en el centro infantil una hora quince antes. “Es que la maternidad hizo que muchas chicas dejasen la escuela. Y ahora que existe el centro infantil pueden seguir”, cuenta Paola.

“Ese día miré y vi a un policía en el patio y con la mano sobre el arma. Dijo que buscaban a alguien que había entrado armado. Entré en las aulas y no había nadie extraño. Al rato vi que eran tres policías y se movían rápidamente. Era todo un caos. Salían. Entraban. Les dije que no podían entrar así. Le pedí a uno de ellos que se identificara. Me dijo que era el subcomisario Monsalve. Y me gritó vos no sabés nada ni viste nada. Finalmente se fueron pero antes dijeron vos te quedás a cargo de lo que pase acá”.

Paola Panizza carga ahora con una denuncia “por encubrimiento”. Los policías, en tanto, se apuraron a denunciar que habían allanado una casa del barrio y habían requisado una tumbera. ¿Acaso es extraño?, se pregunta ella y define la misma y eterna historia repetida en los márgenes. “Anai Mapu es extremadamente pobre. La gente vive desde hace años de los planes sociales. Es gente de trabajo pero el trabajo germina muy de a poquito y recién ahora para algunos. Hay muchas tomas. Tierras ocupadas precariamente. Y acá hace frío en el invierno. Y las chapas y el nylon no alcanzan. La juventud acá tiene mucha, mucha calle. Y es esclava de los consumos. Del alcohol. De las drogas. Y son chicos que no acceden al centro. El otro día hicimos una actividad y para muchos fue la primera vez que vieron una obra de teatro. No es fácil para los jóvenes la vida. El alcohol es algo que atraviesa a los chicos. Pero también a los adultos. Hombres y mujeres. Y es mucha la gente que está hundida en la depresión. Los jóvenes son, a su vez, hijos de desocupados”, relata Paola.

Ella es muchos mundos, a la vez. Y por eso, también, es que se mira y dice “a veces me sorprendo de mí misma”. Como cuando le habló, en el patio de la escuela, al subcomisario Monsalve. Pero también aquella otra vez en que quedó frente a frente con el mayor Guastavino, como se hacía llamar Raúl Antonio Guglielminetti, el ex inteligencia, ex triple A, ex traficante de armas, ex guardaespaldas, ex represor en el Atlético (1976-1977), el Banco (1977-1978), el Olimpo (1978-1979) y Automotores Orletti y simplemente le dijo “asesino”. Fue en el Tribunal Oral Federal de Neuquén en el que el 6 de noviembre de 2012 fue condenado a 12 años de cárcel (sumados a los 25 años a que lo condenó el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 2 de Buenos Aires el 21 de diciembre de 2010 y los 20 que le impuso el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Buenos Aires, el 31 de marzo de 2011).

Paola Panizza es muchos mundos. Es esa consigna que abraza concientemente pero que a la vez la abrasa desde los tiempos del silencio, cuando no sabía que era la hija de un desaparecido, y repite: la verdad es revolucionaria. Y es también el recuerdo de Luis Panizza, delegado de la metalúrgica de Loma Hermosa, en el noroeste del Gran Buenos Aires, su papá. Ese al que llamaban “el Flaco”, al que ella ya hace rato superó en edad, que era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Que primero fue preso. Que después, ya en los tiempos en que la Argentina vivaba los goles y arengaba el horror, era clandestino y finalmente, desde aquel día en que quiso acercarse a la metalúrgica, un eterno desaparecido.

Mil veces los recuerdos se entrampan en la nebulosa y desatan un viaje veloz por los túneles del tiempo. Cuando la policía de la subcomisaría 79 del policía Monsalve irrumpió en el patio de su escuela, se sucedieron en batallón los fantasmas.

Y temió la masacre. Que un movimiento en falso de alguno de los chicos de su escuela terminase en sangre. Como terminó en sangre cuando Ulises, de apenas 16 años, alumno del CEM 147, recibió un disparo policial en el ojo aquel sábado de 15 días antes cuando salía con sus amigos del boliche. Como terminó en muerte cuando Braian Hernández, en Neuquén, iba en auto con sus amigos y un policía lo baleó en la nuca. O cuando Atahualpa Martínez Vinaya o Julián Antillanca salían de un boliche.

Y temió la desaparición. Como con Daniel Solano, el joven trabajador de Tartagal engullido en Choele Choel después de reclamar por su salario y por el que fue allanada una comisaría y separados varios policías. Como con Sergio Avalos, diez años atrás, en Neuquén. O con Carlos Painevil, en Allen. O como con su papá, “el Flaco” Panizza, 35 años atrás, en los suburbios del ombligo del país.

No tienen derecho a estar dentro de la escuela, atinó a decir a los policías Paola Panizza. En el corazón mismo de Anai Mapu, el barrio que sigue creciendo entre las pobrezas viejas que pergeñó ese encierro que no tiene rejas y que marca como destino obligado las calles de la domesticación. Los Anai Mapu están diseminados como geografías sin cepos ni murallones pero aprisionan desde el olvido, desde los venenos, desde la irrupción uniformada, desde la ghetización que empuja sólo a sobrevivir. En donde el Estado –diría Galeano- practica el homicidio con premeditación y en donde se exonera la responsabilidad de un orden social que arroja cada vez más gente a las calles y a las cárceles, y que genera cada vez más desesperanza y desesperación.

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