martes, 27 de agosto de 2013

"Ataque a Siria. Estados Unidos y sus aliados, brotes de paroxismo y lejos de la Paz"

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

El objetivo del ataque es apuntar al primer blanco que significa destruir el centro estratégico del alto comando Sirio que es el espacio del Presidente Assad y su entorno y erradicar la capacidad de reacción.

El impacto local y global facilitaría la operación siguiente: La entrada de una fuerza de combate. No se descarta que la operación se efectúe con el pretexto de proteger la misión de inspección de la ONU. En efecto, la misión de la ONU es probable que maneje varias opciones y lleve ese doble objetivo de investigar el uso de armas químicas y entregar el pie de apoyo multilateral para la intervención militar.

La inmovilidad del Consejo de Seguridad de la ONU ante la anunciada intervención militar es preocupante. La actual presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU la tiene Argentina, que no asegura neutralidad por la pérdida de popularidad de la presidenta Sra. Cristina Fernández. Una gestión de Argentina en la presidencia del Consejo que resulte mínimamente a favor de Siria, generaría más clima anti gobiernista.

Si efectivamente el gobierno de Barack Obama hubiera estado interesado en los DDHH en Siria, habría tenido la voluntad política de negociar anticipadamente con sus aliados y con Rusia un acuerdo de detener el conflicto y evitar lo que hoy día aparece inminente: un bombardeo con el sólo objetivo de derrocar un gobierno. Dos años seis meses de un conflicto que puede acabar de la forma en que siempre se pensó: Con un bombardeo; que tomó más de 100.000 víctimas fatales y demoró 30 meses llevarlo a cabo.

Independiente del resultado de la operación, el vencedor político y militar ha sido el gobierno Sirio. Los grandes derrotados de ocurrir el bombardeo son la Alianza Occidental con la Liga Árabe e Israel y Naciones Unidas por permitir tal desenlace. Todo era evitable por cierto si se hubiera aplicado precisamente un respeto genuino por los Derechos Humanos por parte de los países obstinados en derrocar un gobierno.

Resulta entre sorprendente y contradictorio escuchar a jefes de estado como Obama, Cameron y Holland y algunos de sus funcionarios, hablar de derechos humanos violados por el gobierno sirio y su ejército en una guerra donde ellos han contribuido a inyectar terrorismo hasta que se convirtió en protagonista. Cada vez que arengaron que Bashar al Assad debía renunciar, en el fuero interno lo deseaban liquidar y lo hicieron para instigar más violencia.

Treinta meses ha durado la aberración del lado que no quiere negociar y solo persigue derrocar en un propósito convertido en obsesión. Existe una falla de estatura de estadista en estos líderes, sobre todo cuando argumentan que el conflicto, “es ahora un tema de luchas sectarias complejas en las cuáles es difícil incidir e intervenir”.

Por qué no se hizo el mismo raciocinio 15 meses, 10 meses antes. Ahora se dieron cuenta. Por qué el mal cálculo de que no podrían derrocar un gobierno con el método elegido. Por qué ahora el único método es el bombardeo por la implantación de una falsa evidencia. No son preguntas. Son afirmaciones.

Al haber estado recientemente en Damasco, pude tener una visión cercana a toda esa zona periférica del noreste y al suroeste de la gran ciudad donde se ha combatido y que consiste en la gran batalla por la capital.

Puedo confirmar lo que señala el periodista Timothy Bancroft- Hinchey. “En una zona en la que el ejército árabe sirio (gobierno) ha estado haciendo constantes avances y donde las fuerzas de oposición terrorista han sido duramente golpeadas, no tiene sentido para las fuerzas del gobierno utilizar gas nervioso, y no tiene ningún sentido usarlo contra gran número de civiles, incluidos niños, que parece constituyen la mayoría de las víctimas”. (Siria: El falso y predecible ataque con armas químicas. (21 de Agosto 2013. Traducción de Pravda).

Si la OTAN liderada por Estados Unidos ataca unilateralmente con un puñado de aliados a Siria como en Kosovo y el Consejo de Seguridad de la ONU no actúa en propiedad, Siria con sus aliados pueden replicar. El artículo 51 de la Carta de la ONU es claro. Se respetaba durante el período de la bipolaridad y guerra fría, Estados Unidos y la Alianza Transatlántica la han violado permanentemente desde Irak 2003.  

Es la bola de fuego que anunciaba el canciller Iraní. Si ese es el propósito de atacar a Siria para derrocar a Bashar al Assad, la bola de fuego no le conviene a Estados Unidos y a sus aliados.

La nueva situación en Egipto con un gobierno militar de transición, orientado a la secularidad y combatir el terrorismo Takfkirista que porta la ideología de al-Qaeda,está estrechamente ligada a la lucha de Siria para mantener su independencia y el pluralismo cultural.

De suceder el ataque, la Alianza Transatlántica se quedará cada vez más aislada de la política exterior moderna que no está por la supremacía total y se estacionará lejos de la Carta de Naciones Unidas.

El senador republicano John McCain señaló a los medios el viernes pasado que “dejar pasar esto”, por el uso de armas químicas supuestamente del gobierno Sirio, “es entregarle un cheque en blanco a cualquier otro dictador para usar armas químicas”. Es grotesco que un ex militar que contribuyó a masacres en Vietnam como MCain, y que es miembro de una corriente republicana neofascista que invadió América Latina, Asia y África con dictaduras y crímenes en el pasado siglo, se pronuncie en esos términos.    

Le planteo el tema al revés a este senador que proponía bombardear Siria desde el año pasado y que es partidario de bombardear Irán desde hace más de una década.

Si Estados Unidos ataca a Siria y logra el objetivo de asesinar al presidente Bashar al Assad, se estaría imponiendo el argumento que con el uso de terrorismo y mercenarios protegidos políticamente,  se puede derrocar a gobiernos que se oponen o no forman parte de la Alianza Transatlántica.

Lo que llega al límite del paroxismo, es la propuesta de John McCain, Laurent Fabius el canciller francés, así como del primer ministro Cameron, para bombardear Siria sin la aprobación del Consejo de Seguridad, debido a un supuesto ataque con armas químicas del ejército Sirio, no comprobado. El argumento de las armas químicas cada vez está más desacreditado y no ha servido. Entonces hay que operar unilateralmente.  

La desprolijidad de los videos (mostrando víctimas) que se subieron a Internet fuera de Siria el día anterior al supuesto ataque, ha sido el sello de la operación organizada para derrocar al gobierno. La desprolijidad ha sido deliberada porque lo que interesa es el objetivo. “Cuando se comió la salchicha no interesa cómo ha sido fabricada”, es una frase que ilustró operaciones propias de la época de Ronald Reagan.

Barack Obama parece emular a Reagan. Al revisar su política exterior, se observa un Obama funcionando con la dualidad de cualquier presidente aplicando la doctrina de la supremacía: Discurso idealista y práctica realista.

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Huelga del salario mínimo en Estados Unidos

Alberto Ampuero (especial para ARGENPRESS.info)

Las protestas por conseguir salarios más altos se extienden por Estados Unidos. Unas veces son protagonizados por los empleados de Walmart. Otra por los trabajadores de McDonald's, Burger King y Wendy's, anunciando una nueva huelga nacional el 29 de agosto: "porque ya no pueden seguir manteniendo a sus familias con los salarios que reciben en la industria de comida rápida".

Piden un salario mínimo de 15 dólares por hora, más del doble de los actuales 7.25 que se pagan en la mayoría de las tiendas de comida rápida.

Son las voces de un problema que arrastra la mayor economía del mundo.

La situación no se debe a la actual recesión económica sino a una tendencia que se ha ido acentuando desde los últimos 30 años.

Según los analistas, la capacidad de la economía de Estados Unidos de crear buenos trabajos está decayendo mientras hay más empleados ocupando trabajos malos.

Según los datos del Proyecto para una Ley de Empleo Nacional, la economía de Estados Unidos tiene ahora un 7.,3 % menos empleos de salario medio que antes de la crisis pero los trabajos con salarios más bajos están un 8.7 % por encima de los niveles de entonces.

Esencialmente, la mitad del empleo creado desde mediados de 2009 es trabajo a tiempo parcial. A esto se le añade el hecho de que las nuevas ocupaciones están por lo general peor remuneradas que antes de la crisis.

Comercio, restaurantes y hotelería son los sectores que más empleo crearon el último año, el 22 % del total, pero ahí los sueldos son más bajos, de entre 350 y 520 dólares a la semana. De hecho, son las ocupaciones peor pagadas las que están detrás del reciente incremento del empleo. Esas categorías en julio representaron el 52 % de los nuevos contratos.

Robert Reich, ex secretario del Trabajo en el Gobierno de Bill Clinton, señala que uno de los grandes factores en el desplome en los ingresos y beneficios para trabajadores tiene que ver con la pérdida de poder de negociación del trabajador y los bajos índices de afiliación sindical, que generan trabajos malos. Entre los grupos más afectados están los latinos, los negros y las mujeres.

Muchas razones se pueden dar para definir un mal trabajo. Se pueden incluir condiciones peligrosas o difíciles en el lugar de trabajo, largas horas laborales, descansos cortos, pocas o ningunas vacaciones pagadas. Sin embargo, el salario, seguro de salud y plan de retiro, son los que mejor reflejan las características de un empleo.

Las protestas por los bajos salarios coinciden con el debate para elevar la paga mínima por hora trabajada y que esta se vincule a la evolución del coste de la vida.

"Nuestras familias, comunidades y economía dependen de que los trabajadores ganen un salario justo", dice Nancy Salgado, que ha trabajado en un restaurante McDonald's en Chicago por 10 años y gana el salario mínimo estatal en Illinois, que es de 8.25 dólares la hora, sin beneficios médicos ni de seguridad social.

Además dependen de los vaivenes del negocio, cuyos gerentes pueden recortarles drásticamente y sin aviso las horas de trabajo en caso de que las ventas bajen.

Otra particularidad de estos empleos de horario flexible es que no garantiza a los empleados horas mínimas ni fijas de trabajo y por tanto tampoco ingresos mínimos.

Pero la flexibilidad suele ser unilateral porque estos trabajadores siempre están "de guardia" por si el negocio requiriera más manos en caso de un aumento circunstancial en las ventas, lo que les impide buscar ocupaciones alternas con las cuales podrían equilibrar sus ingresos.

Jonathan Westin, director de la asociación Fast Food Forward, que en julio pasado lanzó la huelga en Nueva York, dijo que los trabajadores también están luchando por el derecho a formar un sindicato que los represente sin que haya represalias.

La iniciativa Fast Food Forward está encabezada por una amplia coalición de organizaciones comunitarias, de derechos civiles y sindicatos en Nueva York, donde se lanzó el esfuerzo más ambicioso hasta ahora para sindicalizar a trabajadores del sector de "comida rápida" en el país.

La iniciativa busca sindicalizar a trabajadores de Taco Bell, Burger King, McDonald's, Domino's Pizza y más en esta ciudad. Se calcula que unos 50 mil trabajadores están empleados en esa industria en Nueva York.

A la vez, la iniciativa afirma formar parte de la lucha a nivel nacional por trabajadores de salarios bajos en varios sectores, como los de Walmart, el mayor empleador privado del país.

El movimiento Fast Food Forward, que comenzó con una campaña local en Nueva York, ya se ha ampliado a otras partes del país.

Trabajadores de restaurantes de comida rápida como McDonald's, Burger King y Wendy's de Chicago, Nueva York, Saint Louis, Detroit, Milwaukee y Seattle, entre otras ciudades, irán a la huelga el 29 de agosto, a la que se espera se puedan sumar los empleados de tiendas como Macy's, Sears y Dollar Tree, que trabajan por el salario mínimo.

"Será una de las acciones más grandes", aseguran.

Alberto Ampuero es periodista de Riverside, California.

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Chile. Prueba INICIA: malos resultados y también malas soluciones

Miguel Caro (especial para ARGENPRESS.info)

Nuevamente los resultados de algún instrumento de evaluación nos machaca la archisabida mala calidad de la educación en Chile. Esta vez se trata de la prueba “Inicia”, instrumento que mide los conocimientos disciplinares y pedagógicos de quienes han egresado de las instituciones que forman profesores en nuestro país.

El resultado es brutal: en promedio un 60% tuvo rendimiento insuficiente, lo cual permite concluir que la gran mayoría de quienes rindieron la prueba no manejan los conocimientos fundamentales que hacen posible ejercer en el campo profesional. De hecho, la mayor parte de los promedios están bajo el 50% de logro y en algunos niveles o materias se sitúan en torno al 30%. Esto significa que la gran mayoría de quienes rindieron la mencionada prueba están más que reprobados, a pesar de estar ya egresados y “listos” para ejercer su profesión.

Existe sin embargo un problema que condiciona esta conclusión: la participación en ella fue voluntaria y quienes la rindieron no sobrepasan el 14% de los egresados, por lo que sus resultados no son estadísticamente representativos y, por lo tanto, no permiten establecer un juicio generalizable sobre la calidad de la formación entregada en por el conjunto del sistema. Vale decir, todo el esfuerzo y la inversión realizada no otorgan la posibilidad de obtener información específica que permita diagnosticar adecuadamente y construir políticas en esta materia, por más que intuitivamente consideremos verosímil el resultado general.

No obstante, el tema de fondo es otro, y tiene que ver con el sentido mismo de esta prueba, con su nivel de pertinencia y validez como mecanismo de evaluación externa de la formación inicial docente en Chile. A todas luces carece de sentido aplicar una prueba al final de un proceso, cuando la inversión ya está hecha y no hay posibilidad de revertir los resultados. Por ello, es una mala política pública apostar a ciegas o dejar hacer y luego evaluar para esperar qué ocurre; en tal sentido, la medida termina siendo un mecanismo más de validación de la libertad de enseñanza que un elemnto de corrección.

La prueba Inicia es también un instrumento de escasa validez como predictor de la futura calidad docente. No puede predecir porque no evalúa las dimensiones fundamentales que están involucradas en el ejercicio profesional, principalmente la relacionada con el desempeño. Efectivamente, sólo mide conocimientos adquiridos sobre ciertos ámbitos del saber profesional, pero no el modo en que se puede desenvolver un egresado frente a situaciones de ejercicio real de la docencia. En este sentido, es completamente errado sostener que un alumno estudioso, que tenga comprensión de ciertas materias pueda ser efectivamente un buen docente, cuando lo que está involucrado en esto último es un conjunto de capacidades y disposiciones que sobrepasan el mero conocimiento y que se refieren a ámbitos vocacionales, socio-comunicativos o valóricos y de interpretación, diseño y ejecución a partir de múltiples referentes y situaciones contextuales diversas, etc.

Un alumno brillante que no sea capaz de comunicar adecuadamente a niños, que no empatice en situaciones relacionales y humanas complejas o que no pueda construir conocimiento desde el diálogo con personas no expertas (entre otras tantas situaciones de desempeño), podrá rendir muy bien una prueba de conocimientos, pero no será necesariamente un buen profesor.

Desde allí, la obligatoriedad de la prueba como la solución propuesta por el MINEDUC, sólo generará un espejismo de lo que pudiera ser un futuro buen desempeño profesional. Para que tenga cierta validez tiene que cambiar aquello que se evalúa con el propósito de determinar con mayor claridad el carácter predictor de la prueba. En este sentido -y valga la pena decirlo- evaluar el desempeño no es algo imposible y hay múltiples formas de hacerlo. Se puede, por ejemplo, considerar el reporte final de la práctica profesional (que responde a situaciones variadas de ejercicio profesional guiado) como un elemento significativo de la evaluación, asignándole un porcentaje relevante del total de las ponderaciones y, junto a la medición de los conocimientos indispensables, configurar un juicio más completo.

Tampoco se resuelve mucho con aumentar el puntaje PSU al ingreso. Es errado también creer que el problema se arregla con elevar los requisitos de selección si esto se apoya en las variables selectivas de la PSU. Esta medida en sí misma no tiene mayor valor, porque finalmente es el mismo paradigma cognitivo-contenidista que está a la base del juicio, el que no da cuenta del desenvolvimiento en el plano de la actuación de un sujeto profesional, en cuanto capacidad de movilización de saberes y de una reflexión situada, cuestión que requiere fórmulas particulares más que respuestas de manual o preestablecidas.

Abordar el problema desde la raíz -junto con cambiar el carácter del instrumento- implica intervenir en el proceso de formación propiamente tal, propiciando la instalación de contenidos, metodologías y circuitos de trabajo adecuados y fundamentos adecuados. Este es un tema que no se quiere tocar porque supone cuestionar uno de los principios del sistema educativo actual, cual es la libertad de enseñanza, principio que otorga la potestad a los proveedores privados de los servicios para conducir la formación como mejor les parezca. Recordemos, por ejemplo, que los estándares de formación inicial que se han estado aprobando no tienen carácter imperativo; son sólo recomendaciones.

Que no se quejen entonces las autoridades, porque mientras exista un modelo de formación docente bajo lógicas de mercado, lo que ocurra al interior de las instituciones dependerá de la voluntad de cada entidad particular; difícilmente la regulación formal podrá enfrentar exitosamente esta situación, pues no hay en juego principios ni orientaciones comunes y obligatorias.

No es entonces la selección al momento del ingreso -basada en conocimientos- ni el castigo al final de los egresados de pedagogía (inhabilitándolos para ejercer) lo que va a cambiar las cosas en educación. Tener mejores profesores pasa, más bien, por cambiar el modelo de formación docente, modificando las condiciones, requisitos y orientaciones del proceso, no como simples recomendaciones, sino como políticas de carácter público que respondan al interés nacional y que condicionen la existencia misma de los programas académicos.

Debe producirse, además, una evaluación intermedia que permita corregir el rumbo a tiempo y propiciar un concepto de formación docente pertinente para los desafíos del país en este ámbito. No sólo no basta con que sean sólo conocimientos, sino que estos tienen que responder a enfoques actualizados y orientados a producir una profesión reflexiva, autónoma y fundada en principios humanistas, democráticos e inclusivos.

En el marco del actual gobierno y del consenso duopólico, dada la persistente presión social, pareciera haber interés por intentar regular en alguna medida la formación de profesores, pero no la voluntad política para cuestionar la libertad de enseñanza como el principio sagrado en esta materia. Cuestionar aquello significa crear un Sistema Nacional de Formación Docente, de carácter público, con instituciones y mecanismos estatales fortalecidos y en donde la participación de instituciones privadas esté condicionada al cumplimiento de los requisitos definidos por la deliberación ciudadana. Para ello se requiere por cierto, un gobierno, una constitución y formas de participación de nuevo tipo.

Miguel Caro R. es Profesor y Director Departamento de Educación Universidad Arcis.

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Paraguay bajo la doctrina de la inseguridad nacional

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

La Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), que tantos abusos, represión, violaciones torturas, crímenes y robos domiciliarios como botín de guerra, generó en el subcontinente americano desde 1964 hasta 1989, cobrándose unas 150 mil vidas, se ha instalando en Paraguay, con la militarización del país aprobada por las dos cámaras del parlamento y ordenada el sábado 24, por el Presidente Horacio Cartes.

Desplazando a la policía de su tradicional misión, este tenebroso juego diseñado por el Pentágono y aplicado durante un cuarto de siglo por sus esbirros locales en el Caribe y centro y sur de América, ratifica la monstruosa concepción de monopolio del poder político y financiero, que es la matriz ideológica del capitalismo.

El decreto de suplantar a la policía por el ejército, a sólo diez días del nuevo gobierno, obedece a la propuesta relanzada por el Consejo Hemisférico de Defensa de las Américas, ese instrumento geoestratégico de Estados Unidos replanteado el año pasado en un seminario en Punta del Este, Uruguay, que estudiosos de temas políticos-militares interpretan como una suerte de Golpe de Estado de baja intensidad, haciendo co-participar a las fuerzas armadas con gobernantes elegidos en las urnas y formalmente democráticos, los cuales pueden quedar como subalternos.

La decisión de Cartes, y frente a los primeros hechos que denuncian organizaciones campesinas de los departamentos escogidos para el despliegue, conduce al país por un sendero peligroso para la paz pública, bajo el argumento de que la policía es incapaz de aniquilar al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una entelequia o fantasma revolucionario profusamente alimentado por la derecha político-empresarial y su brazo difusor que es la prensa corporativa, convertido en un excelente pretexto para reprimir los movimientos favorables a la justicia social.

El Fiscal General Javier Díaz Verón sostiene que la incautación reciente en dos estancias de 1.727 kilos de cocaína y 839 de marihuana, confirma “la información de que existirían vínculos entre los narcotraficantes y el EPP”, sospecha que circula desde siempre entre la población, desconfiada de la figura de guerrilla que vocifera la prensa de derecha, sin que muestre ninguna fundamentación ideológica ni fuentes de financiación del grupo armado que lleva más de una década en el candelero.

“Bajo la excusa de la lucha contra el EPP, el Congreso renuncia a su papel de contralor y otorga peligrosamente poderes discrecionales a una sola persona” y, tipificando con vaguedad supuestas amenazas al orden y funcionamiento institucional, habilita al Poder Ejecutivo a hacer uso de las FFAA para cuestiones de seguridad interna, declaró el exFiscal Casañas Levi, al manifestarse “preocupado por el proceso democrático”.

Juan Martens, con un Masterado en Política Criminalística, es otro jurista, entre varios colegas, que expresa inquietud y rechazo al voto parlamentario, y sostiene que el mismo “hasta puede ser considerado anticonstitucional, porque los militares no tienen atribución ni preparación para una tarea que corresponde a la policía nacional”.

El Ejército paraguayo, al igual que todos los aparatos represivos uniformados del mundo, tiene su doble face, una de honra y otra de deshonra, una heroica, dando la vida el grueso de los uniformados por defender la soberanía patria, y otra cobarde, la de los oficiales entreguistas y corruptos, al servicio de potencias extranjeras.

Ese perfil contradictorio es ocultado en la historia oficial que se enseña desde el hogar alienado hasta todos los niveles de instrucción, sustentado en el adoctrinamiento que imparten los medios de comunicación, que presenta a todos los militares desbordando glorias bien ganadas en los campos de batalla, aunque la mayoría de éstas se han desarrollado al interior del país y los vencidos han sido parte de los propios pueblos.

Ese relato, que por décadas ilustra la historiografía oficial impuesta en todas las instituciones públicas y privadas, omite sistemáticamente importantes pasajes, y en particular minimiza la participación de la población en la defensa de la patria, con el sólo fin de engrandecer a las fuerzas armadas, en agradecimiento de la oligarquía por poder contar con ella para mantenerse al abrigo de la repulsa popular.

El Ejército paraguayo atesora un pasado honroso, cultivado en el transcurso de los dos dramas bélicos que ha sufrido esta nación, el de 1865/70, en la Guerra de la Triple Alianza, contra Argentina, Brasil y Uruguay, y el de 1932/35, en el fratricida enfrentamiento con Bolivia, ambos países defendiendo intereses de la familia Rockefeller, usurpadora del petróleo y otros recursos naturales.

En ambas guerras, el protagonismo central correspondió al pueblo, por sus sacrificios en vidas y generosidad en su entrega en defensa del suelo patrio, pero años después, aunque en coyunturas diferentes, la misma población sobreviviente más de una vez ha sido reprimida por muchos uniformados que, en la hora heroica, estaban a su lado.

Ese viraje traicionero jamás ha motivado la más mínima autocrítica de la institución, la cual, además, es calificada desde muchos ángulos, como uno de los estandartes de la gran corrupción que mantiene el país con tres millones de pobres y la mitad con hambre, aunque en las dos últimas décadas solo un alto oficial ha sido condenado por delitos económicos.

El período más tenebroso, sin duda, ha sido el ocupado por la tiranía del General Alfredo Stroessner, entre 1954 y 1989, cuando formó el trípode Partido Colorado-Gobierno-FF.AA., que dejó más de 500 desaparecidos y miles de presos, violados, torturados, vejados y exiliados, recuerda el Doctor Rogelio Goiburú, quien está al frente de la Secretaría Nacional de Investigación y Memoria de los Desaparecidos.

Imposible esperar autocrítica cuando buen número de los autores directos de esos crímenes continúan ejerciendo funciones estatales y algunos de los más radicales en esa ferocidad, que habían optado por la discreción en los últimos años, son ahora convocados por Cartes para misiones de alta responsabilidad.

El voto mayoritario del parlamento, autorizando al mandatario a desplazar a la policía de su misión natural de control de la ciudadanía, además de constituir una humillación para ese cuerpo, da carta blanca al ejército abriendo las compuertas a una escalada represiva que ha comenzado en zonas del este-norte, cercanas a la frontera con Brasil, y foco del mayor tráfico de drogas y contrabando de infinidad de mercaderías.

Expertos norteamericanos, colombianos e israelíes en narcotráfico y terrorismo, tendrían a su cargo la asesoría de los contingentes, repicando acciones de cerco, atemorización, despojo y desplazamiento de las poblaciones indígenas y campesinas que, desde hace muchos años, se registran en Centroamérica y, en particular, en la propia Colombia, con cinco millones de expulsados de sus campos ancestrales por los paramilitares al servicio de la mafia traficante y de los latifundistas.

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La fuga del penal de Ezeiza

PUENTE UNO

María del Carmen Verdú, presidenta de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) dialoga con Puente Uno sobre la fuga del penal de Ezeiza y del actual estado de la represión en la sociedad y en las cárceles perpetrada por las fuerzas de seguridad.

María del Carmen Verdú nació en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires y se recibió de abogada en 1983. Desde 1977 trabajó como maestra de inglés y francés. En 1984 comenzó el ejercicio independiente de la abogacía y se especializó en derecho civil (daños y perjuicios) y penal. A poco de egresada de la universidad, formó, con un pequeño grupo de compañeros, la “Asociación Amuayu por los derechos humanos” (Los que van, en mapuche). La cotidiana represión policial, encarnada en los fusilamientos de gatillo fácil; la aplicación sistemática de torturas y la muerte de personas en cárceles y comisarías y las detenciones arbitrarias pronto ocuparon el primer lugar en la atención de la minúscula organización, que comenzó a vincularse con víctimas y familiares de víctimas de ese tipo de hechos, brindando el patrocinio jurídico y promoviendo su organización para encarar colectivamente la denuncia antirrepresiva. En mayo de 1992, fracasados los intentos por incorporar a la agenda de los organismos de derechos humanos tradicionales la represión en democracia, Verdú, con algunos militantes de aquel grupo inicial, y otros, acercados a partir de la visibilidad del caso Bulacio, constituyó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) [Fuente Herramienta].

A continuación presentamos los audios del reportaje

Distintas alternativas de represión que usa la policia en la sociedad argentina


El gobierno nacional acosado por las denuncias de tortura y de muertes en las cárceles federales, anunció con bombos y platillos que iba a hacer un cambio cultural en el servicio penitenciario.


Entrevista completa


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CFK, la entrega que algunos llaman "liberación"

Gustavo Robles (especial para ARGENPRESS.info)

CFK ha dicho que, por segunda vez, va a reabrir el Canje 2005 que el kirchnerismo aseguró en aquellos días "jamás se iba a reabrir". Un buen ejemplo de cómo actúa el cipayaje: dicen una cosa (a favor del Pueblo) y hacen otra (a favor de los saqueadores y explotadores imperialistas). De esa manera resultan las cosas cuando uno se somete a las reglas de los dueños del mundo: sus instituciones siempre van a cuidar los intereses para las que fueron creadas.

El fallo de los tribunales de Nueva York del viernes pasado no puede sorprender a nadie, entonces. Pretender lo contrario, es creer en la existencia de Papá Noel y los Reyes Magos. Lo de CFK y toda su corte de cipayos no es más que cacareo para la tribuna, y demuestra la gran mentira a la que el kirchnerismo ha sometido al pueblo argentino todos estos años: nos dijeron que el problema de la Deuda estaba resuelto, y resulta que ahora vemos que nada hay más lejos de ello. También nos dijeron que se podía ser un país "soberano" sin sacar los pies del plato de la globaización, como si fuera posible desde un país subdesarrollado y dependiente como lo es Argentina, hacer que el Imperialismo acepte nuestros términos dentro del orden que ellos han creado: los titiriteros del mundo se nos ríen en la cara.

Así es que estos "paladines de la liberación" son los que mejor han pagado en toda nuestra historia al Sistema Financiero Mundial: 174.000 MILLONES DE DÓLARES desde 2003. A confesión de parte... Y no termina ahí la cosa, porque por la cláusula de "igualdad" que los bravos "soldados de la patria" encabezados por Néstor, Cristina y Lavagna introdujeron en aquel Canje, los que aceptaron la quita podrán exigir la totalidad de la "deuda", tal como seguramente cobrarán los "otros" buitres que no aceptaron ninguna y acudieron a la "justicia" de la metrópolis... Con "antiimperialistas" como éstos, para qué necesita amigos el Imperio...

Mienten. Mienten tanto que se creen su propio verso, y parecen olvidar sus propios hechos. Sin que le tiemble el pulso, CFK tuvo la cara lo suficientemente firme como para decir que "nunca fue parte de un gobierno que se endeudó", como si no hubiese formado en las filas del equipo menemista que destruyó nuestro aparato productivo y con ello el trabajo de millones.

Algunos delirantes, desde supuestas posturas "de izquierda", nos quisieron -y nos quieren- hacer creer en todo este tiempo que "Él y Ella" no sólo merecen el mármol de los héroes defensores de nuestro patrimonio, nuestra identidad y nuestra soberanía, sino que tienen estatura de estadistas. Ningún estadista genera políticas que se vuelven en contra de su propio discurso. Lástima que el ridículo que hizo esta buena señora en su nueva aparición en cadena nacional, lo terminamos sufriendo en nuestra vida cotidiana todos los que habitamos este hermoso suelo. El kirchnerismo va a dejar el país en peores condiciones financieras que en las que lo tomó.

Nuestro pueblo, si quiere ser soberano, debería darse cuenta que eso no se consigue pagándole al Imperio la "deuda" que ellos mismo nos inventaron. Ni entregándole nuestros minerales a la Barrik Gold, ni nuestro petróleo y gas al Chevron de Rockfeller. Ni creyéndole y apoyando a todo el cipayaje, que no se agota con el kirchnerismo y su verso, sino con sus intentos de perpetuarse a través de un cambio tipo gatopardo como el massismo, o directamente, con todo aquél que no quiera enfrentar para terminar con la abyecta realidad creada por el Capitalismo.

Hoy, más que nunca, queda claro que la única opción civilizatoria y humana sigue siendo Socialismo o Barbarie.

Ojalá se entienda antes de que no nos quede nada que algún canalla nos quiera saquear.

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Luis Zamora: “Rechazamos reabrir una vez más el canje que Néstor Kirchner había asegurado, por ley cerrojo, que estaba cerrado para siempre

“Rechazamos la decisión de reabrir una vez más el canje que Néstor Kirchner había asegurado, ley cerrojo mediante, que estaba cerrado para siempre, y hacerlo para pagarle a los que el mismo gobierno llama buitres usureros que compraron esos bonos al 15% de su valor nominal y que el fallo de EE.UU. ordena pagarlos al 100%, con dólares de reservas cada vez más escasos precisamente por los pagos formidables que ha confesado la presidenta del orden de los 170.000 millones de dólares. y el permiso sin restricciones, en estos años, de fugas y remesas de sumas igualmente formidables, reservas que no son del gobierno sino resultado del esfuerzo del trabajo argentino.

En síntesis una nueva agachada de cumplir un fallo norteamericano que intenta ofender a Argentina llamándola "deudora recalcitrante" pero es la presidenta la que nos insulta más al contestar que en todo caso el país es un "pagador serial". Parece que a mayor injuria y apriete, más se humilla el gobierno. La presidenta agregó que hay una ‘ minoría que dice que no hay que pagar’ pero que eso es ‘disparatado’. Ya sabemos la lógica: no pagarles a usureros buitres como exigimos nosotros desde hace treinta años es disparatado y poco responsable, en cambio no pagarles el 82 % móvil a los jubilados es coherente y serio. Para nosotros pagarles a unos y no pagarles a otros es lisa y llanamente un robo".

Luis Zamora es candidato a diputado de Autodeterminación y Libertad.

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Bienes comunes y modelo productivo: Pascua Lama, minería transfronteriza, crisis, y resistencia de los pueblos

Ramón Gómez Mederos (ACTA)

La importancia de un promisorio freno al proyecto Pascua Lama del lado chileno, y la consideración de un posible cierre en plena etapa de construcción de su infraestructura logística y edilicia, pone de manifiesto las contradicciones y fundamentalmente las falacias, con que se han construido en el imaginario social, las benevolencias del modelo minero depredador, inscripto en una política hegemónica global, que destina a nuestras naciones a ser proveedoras de commodities y materias primas.

Es una política homologada por el consenso de Washington (Item:Elimination of the barriers to the foreign direct investments) y los intereses de los países desarrollados como Europa, Japón y EEUU, pero además, una política de influencia y cooptación, por parte de las naciones emergentes más influyentes (Brasil, China y Rusia), en cuanto a aprovechar las ventajas jurídicas y económicas que brindan nuestros países. Es decir, estamos en el medio, indefensos, ante el avance sin límites de los intereses de las naciones más poderosas sobre nuestros territorios.

El conflicto y la posterior retirada de la minera Vale de la provincia de Mendoza, dueña en Malargüe, de Potasio Rio Colorado, con una inversión inicial de 6000 millones de dólares, justificado en una suerte de argumentación menciona: “que en el contexto macroeconómico actual los fundamentos económicos del proyecto no están alineados con el compromiso de Vale”, muestra como esta poderosa minera de Brasil, además miembro del Mercosur, influye en la economía de Argentina. Recordemos que Vale tiene también en la provincia de San Juan, junto a Golden Arrows, el Proyecto de minería metalífera, Mogote, hoy en plena etapa de exploración.

La justificación reciente que expuso Jaime Bergé, presidente de la Cámara Minera de San Juan, con respecto al conflicto con Vale dice que, “La situación de Vale en Mendoza le pega al país, es una realidad. Los costos internos argentinos siguen creciendo respecto al dólar y eso choca. Chocó en Vale y en el tiempo chocará a Veladero y a los demás por el peso que significa producir”. De estos dichos se desprende, que las mineras deberían tener aún más beneficios de los que hasta ahora tienen, con la ley de inversiones mineras 24196.

La resolución de la corte de Copiapó, del vecino país de Chile, que ha hecho posible paralizar Pascua Lama, fue por incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental desde 2009 en adelante, por daño al ecosistema glaciar en el que se encuentra el emprendimiento minero. La transnacional Barrick Gold, símbolo mundial de innumerables daños ambientales, e inclusive acusada de violaciones a los derechos humanos en distintas partes del mundo, por las poblaciones, la prestigiosa Amnistía Internacional y por Corp Watch; aduce, a pesar de haber prometido cumplir todas las exigencias ambientales de la legislación de ambos países (Argentina y Chile) y de utilizar tecnología de punta para no producir daño al ecosistema, ya en el año 2006 los glaciares Toro 1,Toro 2 y Esperanza, habían reducido su superficie en un promedio del 70% , gracias a la intervención de la compañía.

La matriz energética

Barrick Gold llegó al punto de proponer, en un supuesto pan de manejo, el traslado de un glaciar colindante, llamado “Guanaco”, utilizando palas mecánicas. La autoridad ambiental regional en Chile descartó la propuesta mediante una resolución del 15 de Febrero de 2006. Aun así Barrick Gold, después de “acatar” la resolución, presentó abiertamente la construcción del botadero Nevada Norte, en un sector que cubría enteramente un glaciar de roca.

Pascua Lama, al igual que otros megaproyectos, re fundamenta y coteja una modificación de la matriz energética nacional, que incide directamente en la población; para tener una idea de la magnitud del consumo energético de estos, tres ejemplos importantes: Bajo La Alumbrera (de la inglesa Xtrata Cooper ) en la provincia de Catamarca, consume 1583GwH/a, es decir el 80% del consumo de Tucumán; en el caso de Pascua Lama ( Barrick Gold), el consumo estipulado es de 930 GwH/a, el 85% de consumo de la provincia de Salta, y Potasio Rio Colorado, el 83% de lo que genera Atucha I 1848 GwH/a. Es decir que la economía nacional transita un camino totalmente condicionado a este nuevo esquema energético, he impacta directamente sobre el transporte público, sobre el de carga y la economía en general. Para generar energía en la República Argentina, el porcentaje de las fuentes primarias es del 43,63 % para el Gas, el 40,20 % en el caso del petróleo y el 6,04 % de la hidráulica, como las tres formas más importantes.

En la oferta energética de Argentina, las fuentes primarias se ocupan para generar energía térmica, energía hidráulica y energía nuclear respectivamente. Lo que se deduce de aquí, es que la relación entre lo que se genera de energía para el consumo normal en la actualidad, y lo que será necesario a partir del tremendo consumo de estos proyectos, es que, no hay tantas posibilidades de generar más de lo que hasta ahora se genera, debido a que pasamos de ser exportadores de recursos energéticos para generar esta, a ser importadores, con lo cual, o es para estos grandes consumidores o para la población en general.

Esta modificación, en términos sustanciales, cuantitativos y cualitativos, en el cual Pascua Lama es un punto más del modelo en general, incide sobre todos los rubros de la economía y el consumo ciudadano, incidencia que se desprende de una política de priorización del modelo capitalista primario y extractivo. La argumentación de una forma combinada, primaria y a la vez industrial de sustitución de importaciones, es desenmascarada por la crisis energética evidente, la cual se hace cada vez más aguda.

El proyecto Pascua Lama y su freno reciente, pone en cuestión el marco estratégico en el cual éste se enmarca, el extractivismo no sólo como modalidad de acumulación capitalista en términos económicos, sino también como una estructura que modifica y re categoriza los sistemas fronterizos, es decir, la desaparición exacta y objetiva de las fronteras nacionales, en donde estas mega-estructuras se asientan, “la fragmentación territorial, con áreas relegadas y enclaves extractivos asociados a los mercados globales”.

Extractivismo y soberanía nacional

Estas fragmentaciones territoriales, son además el producto directo de una estrategia a nivel mundial, no solamente del esquema del mercado global en sí mismo, sino de una forma de dominación territorial del capitalismo monopólico generalizado a escala planetaria; si bien la minería transfronteriza evidencia una transformación de la frontera del estado nación tradicional, esta solo tiene características tácticas, si se lo mira solo como un hecho en sí mismo, (es decir, solo como una iniciativa económica de una empresa transnacional). Lo que en realidad está en juego, es la distribución territorial y la enajenación de la nación en sí , a partir de la categorización del territorio, como centro de interés específico, en cuanto a su riqueza en recursos naturales (bienes comunes), por parte de “Los estados hegemónicos más fuertes, que van alimentando cada vez más su poderío en este juego de reparto del mundo, y a su vez, consolidando una nueva institucionalidad supranacional, dominada por los estados fuertes”.

Pascua Lama, en la frontera argentina–chilena, Majaz - Río Blanco y Ecua corrientes en la frontera Ecuatoriana–Peruana, El Mutún, exponente orográfico ubicado en una zona biogeográfica amazónica del Pantanal, en la frontera boliviano-brasileño, dan cuenta en simultaneo, de la importancia estratégica del modelo minero transfronterizo a nivel suramericano, y la intensiva presencia de las transnacionales mineras en el continente.

Para la Argentina y Chile, el tratado minero establece un ámbito de aplicación específico, entre los paralelos 23, 49 y en un sector del paralelo 51, cuya superficie es de aproximadamente 550.000 Km2.

El Tratado de Integración y Complementación Minera, suscripto en la provincia de San Juan, República Argentina, y Antofagasta, Chile, el 29 de Diciembre de 1997, y promulgado el 24 de marzo del año 2000, bajo la ley 25243, sienta las bases jurídicas por el que se hace posible el proyecto Pascua Lama y las demás iniciativas de minería transfronteriza. Este acuerdo binacional constituye, entre tantas cosas, la entrega de los recursos hídricos compartidos para uso a discreción por las transnacionales mineras, donde existan proyectos mutuos o no.

Este es el caso específico, sacado a la luz por el diario El Tribuno, de Salta en el año 2008, un plan que prevé bombear a la puna chilena, 6000 litros de agua por segundo desde pozos subterráneos que ya empezaron a construirse en el 2007, en las zonas de la Quebrada del Agua, Laguna Socompa, el Salar de Llullaillaco y el Salar del Río Grande, a muy pocos kilómetros de la línea cordillerana que separa Salta de Antofagasta; los 6000 litros de aguas serían bombeados desde dos acueductos que nacerán en Socompa y Sico, hacia Antofagasta, con destino a las minas La Escondida y Chuquicamata de la australiana BHP Billiton. La construcción del acueducto hasta La Escondida desde Socompa, costaría 203 millones de dólares, y la línea a Chuquicamata desde Sico, 224 millones de dólares. Las empresas asociadas al proyecto cobrarían 1,5 dólares el metro cúbico durante 20 años, lo cual les redituaría 5700 millones de dólares.

Es cada vez más claro, el esquema de dominación y las nuevas funcionalidades a que han sido destinados los estados dependientes, en donde estos van “convirtiéndose en estructuras de administración de los intereses globales de los actores mencionados del bloque imperial y perdiendo cada vez más su función como representantes de sus comunidades políticas”.

De igual manera, el cierre promisorio del proyecto binacional Pascua Lama, nos da cuenta del poder que tienen los pueblos a la hora de las grandes decisiones, y de como la organización de la resistencia al sistema en general y sus versiones de acumulación, va teniendo sus frutos, que aunque pequeños, de gran incidencia en la estructuración del bloque hegemónico regional.

Ubicación geográfica

Pascua Lama se define como un proyecto “binacional”, orientado a la extracción de oro y minerales a cielo abierto en el norte cordillerano de Argentina y Chile. Teniendo en cuenta que solamente en oro, Pascua Lama producirá 17 millones de onzas, se extraerá oro, plata y cobre por el método a cielo abierto -con uso de cianuro de sodio- para obtener metal doré (oro y plata) y un concentrado de cobre.

En territorio argentino, el proyecto binacional Pascua Lama se ubica a 300 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan, Departamento de Iglesia, Provincia de San Juan. La zona donde se asienta este proyecto es llamada Valle del Cura, específicamente en la cabecera de la cuenca del río Turbio, tributario del río de Las Taguas. Por el lado chileno está localizado en la cabecera de la cuenca del Río del Estrecho, en la comuna de Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama. Las localidades afectadas más próximas en territorio chileno, son Chollay, por el río del Tránsito; y El Corral, por el río San Félix, ubicadas a 35 Km y 55 Km de distancia respectivamente.

Artículo publicado en el Periódico de la CTA Nº 96, correspondiente al mes de julio de 2013.

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Rivero, Malvinas, 180 años después

Carlos del Frade (APE)

“El domingo 26 de agosto de 1833 estalló la rebelión encabezada por el gaucho Rivero. El y siete de sus compañeros se alzaron en armas y pasaron a cuchillo a Mathew Brisbane, a Ventura Pazos, a William Dickson, al alemán Wagner y a algunos otros. La bandera británica fue arriada del mástil de la gobernación y en su lugar se izó la enseña de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Las Malvinas volvían a estar en manos nacionales, merced al coraje de un puñado de criollos, hartos de los atropellos y el despojo. Aquellos valientes contaban con que desde Buenos Aires llegarían los refuerzos que respaldarían aquel acto de coraje. El pueblo porteño exigía que se enviara tal expedición.

Pero nada de ello se hizo e inexplicablemente los esfuerzos argentinos se centraron en estériles protestas diplomáticas. Los que sí regresaron a Malvinas fueron los británicos. La mañana del 7 de enero de 1834, a poco más de un año del despojo de nuestras Islas Malvinas, la goleta de guerra "Challenguer" al mando del teniente Henry Smith, se hizo presente en Puerto Soledad. Los soldados británicos desembarcaron y tres días después, el 10, la enseña inglesa volvía a ondear en el mástil de la gobernación malvinera. Ante la lógica desproporción numérica, Rivero y sus gauchos debieron huir, buscando refugiarse en el interior de las islas. Smith ordenó la despiadada persecución de nuestros patriotas”, escribió el guionista e investigador Armando Fernández.

Antonio Florencio Rivero, nacido el 7 de noviembre de 1808 en Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, junto a sus compañeros peones explotados por los ingleses reconquistaron las Malvinas. Rebelión clasista, recuperación nacional. Apenas su nombre apareció como título de una copa del torneo de fútbol de primera división del año 2012.

La historia de Antonio Rivero es la evolución de la Guerra del Paraná a las Malvinas, el viaje que junta las experiencias políticas que van desde Belgrano, Artigas y San Martín hasta Rosas, la distancia que separa los dibujitos que están presentes en los billetes de 5 a 20 pesos, los que tienen al Libertador, por un lado, y al Restaurador, por otro.

Una existencia bien de abajo. Como la de los miles que hicieron de verdad el sueño colectivo inconcluso de una nación independiente.

-Por lo menos un treinta por ciento del total de soldados que pelearon en Malvinas, eran trabajadores del campo o provenientes de familias liadas al trabajo rural – dice el coronel Esteban Alberto Solís, jefe del departamento de Asuntos Civiles del Teatro de Operaciones Malvinas, en marzo de 1982, recuerda el periodista y escritor Roberto García Lerena en su muy buen trabajo, “Los peones de Malvinas”.

La vida de Rivero, entonces, es un relato que supera los límites de su propia crónica individual. Desde el artiguismo original que abrazaron sus paisanos en el siglo diecinueve a la necesaria reivindicación de la soberanía en Malvinas, ahora, en el tercer milenio. Rivero fue condenado por la historia oficial argentina.

Aquella que todavía forma la conciencia de millones y millones.

El 15 de noviembre de 1947, Enrique de Gandía, presidente por entonces de la Academia Nacional de Historia, publicó en el diario “La Capital”, de Rosario.

“Por los cientos de pruebas indiscutibles que hacen del gaucho un hombre sin ley, sin moral, sin religión, sin principios, sin concepto de patria y sin ideal. El gaucho era esto y querer negarlo es esfuerzo antihistórico y antipatriótico. No sabía de leyes, no conocía ninguna religión, raptaba y abandonaba mujeres, huía del trabajo, no se detenía ni ante el robo ni ante el crimen, nunca tocó la guitarra ni supo poesías, ni soñó con patrias ni ideales políticos…El gaucho de la historia está en los documentos, especialmente en los archivos policiales”, expresó. Una lapidaria condena contra los que hicieron posible la Argentina. Los que sangraron con Belgrano, Güemes, Artigas y San Martín.

Los gauchos de a pie, los peones, y los que cabalgaban, son considerados criminales por el padre de la historia oficial argentina.

Fenomenal desprecio contra los de abajo, contra los que son más, contra los que trabajaron y trabajan para que la felicidad sea de todos y no el privilegio de unos pocos.

No será casualidad, entonces, que esa misma Academia Nacional de Historia reduzca a Rivero a un bandolero y que se sume a la visión que los ingleses impondrán sobre el prisionero luego de atraparlo en Malvinas. La visión de los ingleses será la visión de los historiadores oficiales argentinos. Los que escriben el pasado definirán, entonces, el desprecio contra lo popular, contra los de abajo, contra las mayorías: los pueblos originarios, los esclavos, los gauchos y los peones. De allí la necesidad de recuperar la historia de Rivero. Su coraje individual es la síntesis de la resistencia de lo colectivo contra la doble condena que siempre quiere abatirse sobre las mayorías: la sumisión al extranjero y la subordinación a las minorías dominantes dentro de los límites geográficos de cualquier país. La doble dependencia, nacional y social.

Para el escritor Hugo Alberto Bottazzini, en su novela histórica “Rivero”: “Hoy, transitando un nuevo siglo, presionados por una deuda externa impagable que nos exprime y nos acosa, cuando ni siquiera nos quedan las joyas de la abuela para hipotecar, cercados por multinacionales que manejan las comunicaciones, los transportes, los combustibles…y los gobiernos, sólo nos queda la inocente vendetta de ver una y mil veces el gol de Maradona…o leer lo que en realidad mereció ser la historia del gaucho Rivero”, sostiene en el prólogo de su excelente trabajo.

Este 26 de agosto se cumplen 180 años de aquella rebeldía de clase que generó la reconquista de Malvinas. Una lucha que continúa porque los intereses ingleses hoy están más fuertes que nunca, no solamente en las islas, sino en el territorio continental argentino.

Fuente: “Peones heroicos. El sargento Cabral y el gaucho Rivero, de San Lorenzo a Malvinas”, del autor de esta crónica.

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Documento de la RNMA: La Corte, Clarín, el Gobierno y los Medios Comunitarios, Alternativos y Populares

RED ECO

La Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) difundió un documento relacionado con la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia para el próximo miércoles 28 de Agosto. Expresa que en la misma se determinará la validez o no de “…cuatro artículos (41, 161 en su totalidad y 45, 48 parcialmente) de la ley de medios son constitucionales o no para aplicárselos al grupo Clarín.”, y que esto “…no comprende al resto de la ley aprobada por el Congreso, que continúa aplicable desde su promulgación.” A continuación transcribimos el documento.

LA CORTE, EL GOBIERNO, CLARÍN Y LOS MEDIOS COMUNITARIOS, ALTERNATIVOS Y POPULARE

Luego de muchas idas y vueltas judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver si cuatro artículos (41, 161 en su totalidad y 45, 48 parcialmente) de la ley de medios son constitucionales o no para aplicárselos al grupo Clarín.

La decisión de la Corte, ya sea a favor de la validez o por la inconstitucionalidad de esos artículos, no comprende al resto de la ley aprobada por el Congreso, que continúa vigente y aplicable desde su promulgación.

La aclaración vale para entender que no está en juego –nunca lo estuvo- toda la ley ni tampoco la aplicación integral de la misma para el resto de los actores, dentro de los cuales hay otros grupos oligopólicos que ya han presentado sus planes de adecuación a la ley (en general son propuestas de transferencias interfamiliares más que adecuaciones al espíritu de la norma). Esto es así por cuanto las acciones ante la Justicia han sido interpuestas solamente por el grupo Clarín.

La audiencia pública informativa, convocada por el máximo tribunal para el próximo 28 de agosto - como paso previo a su fallo-, permitirá que cinco amicus curiae del Gobierno Nacional y cinco del grupo Clarín esgriman sus argumentos a favor y en contra de la constitucionalidad de los artículos. Si el fallo es por la inconstitucionalidad, sólo alcanzará al Grupo Clarín en cuanto a la aplicación de los cuatro artículos. Los otros grupos deberán cumplir con la ley salvo que también inicien acciones legales. Sin embargo, de ser el fallo a favor de Clarín se podría suponer que la AFSCA no avanzaría en la desinversión con los demás grupos concentrados de medios.

Adhesiones a rnma@rnma.org.ar

Desde la AFSCA se afirma: “Si queremos lograr la incorporación de nuevos actores primero debemos avanzar en la desconcentración. Por eso nuestra preocupación es que se destrabe la situación judicial para avanzar en el cumplimiento íntegro de la ley”.

Que el gobierno y la AFSCA continúen sosteniendo la estrategia de que la aplicación integral de la ley está supeditada al fallo de la Corte solo puede entenderse como una decisión política. Entonces, en caso de que los artículos se declaren inconstitucionales (es una posibilidad ya que los votos están divididos) esto llevaría al gobierno, como hasta ahora, a seguir por el camino de dilatar su aplicación o hacerlo parcialmente.

En esta disputa binaria, reafirmamos nuestra histórica posición anti-monopólica y desconcentradora que recogen los artículos cuestionados por el grupo Clarín. También recordamos nuestro histórico reclamo de la anulación del decreto 527/05 que beneficia a varias de las corporaciones que deberían desconcentrar. Y, al igual que lo hiciéramos el 7D, le decimos NO tanto a los monopolios privados como a los gubernamentales.

A 4 años... sin Plan Técnico ni 33%

A dos meses de que se cumplan los 4 años de sanción de la ley vemos con preocupación la situación de nuestro sector - el de los medios comunitarios, alternativos y populares – al que se lo cita cada vez que se desea mostrar cuán democrática es la norma.

Se avanza en el reparto del espectro sin cumplir con lo que la ley exige como condición previa: la elaboración del Plan Técnico. Este mapeo del espectro permitiría, en primer lugar saber cuanto está ocupado y por quienes y cuánto está libre. Y luego planificar la reserva del 33 % para los prestadores sin fines de lucro, según marca la ley, lugar en el que deben tener prioridad los medios de nuestro sector, como expresión de diferentes actores sociales y políticos con su diversidad de voces y de discursos.

Más allá que existan zonas del país en que ese 33% no sea ocupado hoy en su totalidad, el Estado debe tener una política de promoción y ayuda para el desarrollo y la multiplicación de estos medios.

La elaboración del Plan Técnico de un espectro finito, debe obedecer no solo a criterios técnicos sino también a una política que desde el Estado consista en la socialización del espectro para dar cabida a multiplicidad y diversidad de sectores como garantía real de la democratización de la comunicación.

Licencias, autorizaciones y adjudicaciones directas

Sin haber elaborado el plan técnico ni hecho la reserva del 33%, desde octubre de 2009 hasta fines de julio de este año se han entregado 895 autorizaciones de FM a los tres prestadores que enuncia la ley: de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro. De ese total, sólo 28 fueron para entidades sin fines de lucro. Es decir, un 3,1 %, muy lejos del 33% previsto en la ley.

Autorización (art.37 y 149) y adjudicación directa (art.49) son dos mecanismos que la ley prevé para entregar licencias sin concursos.

En el primer caso es para los estados (nacional, provincial, municipal), la Iglesia Católica, los Pueblos Originarios, las Universidades Nacionales e institutos universitarios y las escuelas públicas. Son otorgadas por tiempo indeterminado (artículo 40). En el segundo para los medios de muy baja potencia y en tanto exista disponibilidad del espectro. Además la AFSCA ha avanzado en la entrega de licencias a quienes viene con permisos provisorios anteriores a la sanción de la nueva ley, muchos desde el menemismo, tal como lo permite la norma.

Otro interrogante es cómo se encuadra la reciente entrega de una licencia FM para la Corporación del Mercado Central dependiente de la Secretaría de Comercio Interior conducida por Guillermo Moreno.

Salta a las claras que sin Plan técnico, no es posible controlar que se esté respetando la reserva del 33 % del espectro para las entidades sin fines de lucro y por ende se estén entregando licencias en forma discrecional.

La mayoría de los 895 medios que recibieron autorizaciones estaban operativos pero muchos de ellos en forma posterior a octubre de 2009, en especial los estatales. Por eso resultan inexplicables las reiteradas negativas a reconocer y legalizar a los medios comunitarios, alternativos y populares, mucho de cuyos proyectos son anteriores a la sanción de la nueva ley.

Es decir, o se dan licencias, autorizaciones y adjudicaciones directas solo después de elaborar un plan técnico, o se reconoce en igualdad de condiciones a los medios operativos y se les entregan licencias a los medios de nuestro sector.

Otros reclamos sectoriales

Uno de los reclamos de fondo que realizamos desde que se inició el debate del anteproyecto que luego fue ley, es el del reconocimiento de nuestro sector en forma diferenciada del resto de las entidades sin fines de lucro. Esto no ha sido recogido ni en el texto de la ley, ni de la reglamentación y tampoco en los intentos de aplicación de la norma.

Los hechos lo demuestran: idénticos pliegos para los concursos, los mismos trámites burocráticos, costosas verificaciones técnicas para los equipos, locutores y operadores matriculados, pago a gestoras de derechos, pago de tributos y formas jurídicas que en muchos casos no se condicen con la manera que tienen estos medios para organizarse. Además de colocarnos en el mismo espacio de disputa del espectro con fundaciones y asociaciones que en muchos casos tiene gran poder económico y político.

La ley también prevé (artículo 97) destinar el 10 % de los fondos recaudados por la AFSCA a proyectos especiales de comunicación audiovisual y servicios de comunicación audiovisual de medios comunitarios, de frontera y pueblos originarios.

Recién en julio de este año AFSCA firmó la resolución 1716/13 por la cual llama a concurso a estos medios para que presenten proyectos que, luego de ser evaluados por un jurado ad hoc recibirán subsidios de entre 100 mil y 200 mil pesos. Se destinan 3 millones de pesos pero AFSCA no ha informado cuál es el total recaudado desde 2009 a la fecha que, según informaciones recogidas, superarían los 60 millones. Para poder concursar se necesita como condición sine qua non tener licencia, autorización o reconocimiento (por 753/06 del Comfer) y en la actualidad son solo un puñado de medios que en nuestro sector pueden cumplir con esa exigencia.

Los fondos que se entregarán antes de las elecciones de octubre – y que en el mejor de los casos llegarán a 30 medios - deberán ser ejecutados antes de fin de año. Para que esto pueda lograrse, recibirán más los medios que están en mejores condiciones organizativas y de estructura para poder invertirlos en menos de tres meses.

Esta situación despierta nuestra preocupación no sólo respecto a la discrecionalidad en la entrega de los fondos sino a que quienes sean los destinatarios no sean los medios que más lo necesiten.

Además queremos llamar la atención sobre las situaciones de interferencias que son expresión de la falta de aplicación de la ley por parte de AFSCA, generando una especie de “ley de la selva” en la que los medios comunitarios, alternativos y populares son interferidos por medios comerciales (FM La Caterva en Buenos Aires y Giramundo TV en Mendoza), intereses extranjeros (Radio El Algarrobo de Catamarca y Radio La Negra de El Bolsón) o fundaciones de vinculaciones políticas con el poder (Radio Quinta Pata de Córdoba).

Finalmente, sostenemos que para el objetivo de democratizar la comunicación es imprescindible que la distribución de la publicidad oficial sea transparente y no se la utilice como premio o castigo con cualquier gobierno de turno. Hay pautas establecidas para ello desde la Relatoría de la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otro 7D

Desde la Red Nacional de Medios Alternativos venimos sosteniendo que la democratización de la comunicación, la diversidad y pluralidad de voces y discursos excede a la disputa binaria Clarín-Gobierno.

Decíamos en nuestro documento Antes y Después del 7D, Somos Comunicación que democratizar es mucho más que desinvertir, que la desconcentración no es el único paso para multiplicar voces y discursos y que la adecuación de los monopolios mediáticos a la nueva ley no garantizará por sí sola la democratización de la comunicación. La transferencia de licencias que excedan el tope que marca la ley se hará entre privados que las mismas corporaciones definan. Por lo tanto no se liberará espectro que pueda llegar a ser parte del 33%. Estamos hablando de un proceso de desconcentración que afectaría a 500 de las 5000 licencias que la AFSCA calcula existen en todo el país.

La RNMA manifestó públicamente, desde el principio del debate de la ley, la mayoría de estas opiniones críticas en cuanto al texto de la norma y también de su aplicación. Estas posiciones críticas – fruto de nuestro análisis y de nuestras prácticas cotidianas - que parecieron duras entonces, hoy son sostenidas por muchos actores de la vida social y política, entre ellos otros nucleamientos de medios de nuestro sector.

Desde la RNMA seguimos sosteniendo:

Que la comunicación no empieza ni termina por los medios que son parte de una estructura monopólica sea privada o gubernamental.

Por eso afirmamos que sin las voces que se hacen oír desde sus propios medios, la democratización será parcial. Sin la legalización de los medios comunitarios, alternativos y populares, que ya son legítimos, no habrá democratización plena. La democracia a medias no existe: la pluralidad de voces y discursos es la única herramienta para alcanzar ese objetivo.

Argentina, 26 de agosto de 2013
Red Nacional de Medios Alternativos

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Buenos Aires: Otra batalla ganada en el PAMI

ACTA

Con una concentración en la sede central de PAMI, los trabajadores lograron la reincoporación de los compañeros perseguidos y la vuelta a foja cero del conflicto. Se movilizaron alrededor de 400 jubilados y pensionados por la persecución a compañeros delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA).

El conflicto se inició luego de que los delgados de la sede de Berazategui fueran trasladados debido a persecución política y sin argumentos coherentes por parte de las autoridades.

En ese contexto, a otro compañero se le había descontado un mes de sueldo y suspendido, en la misma delegación.

Por tales motivos se convocó a la manifestación de ayer a la que asistieron representantes de ATE y CTA provincia como Cesar Baliña, Carlos Acosta, Beto González, Miguel del Valle, Juan Ramón Martínez, y Enrique Perezan de PAMI provincia, además de delegados de diferentes seccionales de la institución.

Y gracias a la medida de acción se logró una reunión con el gerente de Recursos Humanos, Fernando Mosquera, en la que se acordó el compromiso de que lo denunciado contra los trabajadores vuelva a foja cero, se le reintegre el salario descontado al compañero, puedan regresar a la delegación de Berazategui, y se retorne a una instancia de diálogo.

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Argentina, Chaco: Peligra la estabilidad de mil docentes

SITECH - ACTA

Ante la aprobación de la Ley de Gestión Indígena en Chaco, peligra la estabilidad de mil docentes. En un comunicado el SITECH-Castelli (Federación de Sindicato de Trabajadores de la Educación de Chaco) denunció nuevamente a la funcionaria del Ministerio de Educación, Guadalupe Mendoza y a diputados del oficialismo por discriminación.

De esta menera el gremio se hizo eco del planteo de docentes criollos, quienes aseguran que la Subsecretaria de Interculturalidad Plurilingüe no permitió que hicieran aportes al proyecto de gestión social, además de otras actitudes.

Sitech Castelli, entidad de base de Federación Sitech, denunció este lunes actitudes discriminatorias por parte de la subsecretaria de Interculturalidad Bilingüe, Guadalupe Mendoza, hacia docentes criollos, por supuestas expresiones vertidas por la funcionaria, durante una reunión con pueblos originarios, donde habría dejado de lado a docentes criollos, a quienes no les habría permitido hacer aportes al proyecto de gestión social.

Asimismo, desde el gremio ratificaron su rechazo al proyecto, ya que aseguran que el mismo afectala estabilidad de docentes criollos, blancos y aborígenes. Además, afirman que la iniciativa es discriminativa y atenta contra la interculturalidad. El anteproyecto en en su art. 23 faculta al Ministerio a crear normas especiales donde la escuela pase a ser de Gestión Comunitaria Aborigen sin dejar posibilidad de ofertas educativas a la Población como por ejemplo Espinilllo, Misión Nueva Pompeya, Wichi, El Sauzalito, Pampa del Indio, Colonia Aborigen, La Matanza, Machagai.

Por otra parte,manifestaron su rechazo categórico a la transformación de la escuela pública, entendiendo que el cambio que se pretende en la mencionada ley atenta contra el art. 7 del estatuto del docente.

Además, los docentes de la zona del interfluvio expresaron su adhesión a una reparación historica de los pueblos originarios (qom, wichies y mocoviés) para la construcción de edificios, y pidieron que el estatuto permita la oferta de modalidad aborígen o indígena.

En esa línea, dejaron muy claro que el proyecto no se condice con el paradigma socio crítico que brega por la integración de los pueblos, multiculturalidad y la interculturalidad .

"El proyecto presentado de gestión social indígena por la diputada Vilma Molina de Palacios fue totalmente inconsulto, arbitrario. Los mismos docentes indígenas plantearon al gremio que se sienten violados por el proyecto, como también las comunidades de los pueblos originarios tampoco fueron consultados como dice un claro refrán: la diputada y la subseretaria Mendoza pusieron el carro delante del caballo", afirmaron.

Asimismo, manifestaron que "estas actitudes de algunos diputados del oficialismo y de algunas autoridades ministeriales como por ejemplo la subsecretaria Mendoza, lo único que pretenden es enfrentar a las comunidades de los pueblos originarios con las distintas comunidades educativas del Impenetrable".

"Pareciera que estos funcionarios no entienden la problemática que ya vive la zona del interfluvio agregar otro condimento sin consultar a las comunidades, hay que sumarle el conflicto de años que en estos tiempo estan expuesto la lucha del pueblo qom con los criollos por la distribución de la tierra. Habría que recordarle a los funcionarios que vivimos en una población multicultural compuesta por criollos, blancos y el pueblo qom", remarcaron.

Por último, aseguraron: "Los docentes queremos dejar aclarado que nosotros apoyamos a los pueblos originarios, que bregamos para que los docentes aborígenes se desempeñen en la docencia, participen de designaciones por orden de mérito, en concursos de ingresos y ascensos de la docencia ya que poseen el titulo de profesores para enseñanza primaria".

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Argentina, Misiones: Primer Encuentro Provincial de Tareferos en la CTA

ACTA

Con la presencia del secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Pablo Micheli, se llevará a cabo el próximo sábado 31 de agosto el Primer Encuentro Provincial de Tareferos en la CTA y Trabajadores en Lucha en la ciudad de Montecarlo, Misiones. Micheli arribará el jueves 29 para desarrollar una intensa agenda de actividades en el norte misionero.

"Desde la unidad y solidaridad de los trabajadores y para poner fin a las prácticas de los grupos que durante décadas entregaron nuestros derechos y banderas de lucha, funcionales a la patronal, y serviles a los intereses de los opresores, es que se organiza el Primer Encuentro de Tareferos en la CTA y Trabajadores en Lucha de la Provincia de Misiones", indica un comunicado gremial.

Y agrega: que se realiza "con el objetivo de pensar desde la articulación con distintos sectores, los problemas de la clase trabajadora de manera integral, en defensa de prácticas democráticas y de los intereses populares, camino a un proyecto de liberación, en donde los que sufren, los olvidados de siempre, se rebelan contra el sistema injusto, explotador y corrupto".

"El encuentro está previsto para el sábado 31 de agosto, a las 9 horas en la Escuela de Frontera Nº 607 de la ciudad de Montecarlo y contará con la presencia del secretario General de la CTA, Pablo Micheli", subraya la nota.

Tras cartón asegura: "Al ser un espacio, pensado desde y para los trabajadores, se reivindican las siguientes banderas:

- Construir poder desde la unidad y solidaridad de los trabajadores.

- El placer de tomar mate no puede descansar sobre la esclavitud del tarefero y pequeño productor.

- La tierra es para quien la trabaja; reforma agraria para terminar con el modelo productivo del monocultivo.

- Por un sistema educativo que propicie una nueva ley de educación para democratizar la educación.

- No a la represas. Que desoyen la voluntad del pueblo y favorecen los intereses de los grandes grupos económicos".

La convocatoria señala que "nos reunimos para construir una agenda que planteé soluciones que terminen con el dolor que genera la explotación, el autoritarismo y la demagogia, para recuperar la política para los trabajadores contribuyendo a darle contenido a esta democracia de consigna y de dirigentes inventados que discuten los problemas e intereses particulares y no los problemas y las dificultades de los trabajadores".

La visita de Micheli a Misiones

Pablo Micheli, secretario General de la CTA, visitará la provincia y realizará un recorrido desde su llegada el día jueves 29 de agosto, acompañado por docentes del Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL-CTA) y secretarios de otras seccionales.

La agenda consensuada para esta visita incluye:

- 29 agosto: Reunión con el MPL por la mañana y por la tarde con el Sindicato de Tareferos, Trabajadores Temporarios y Desocupados de la ciudad de Montecarlo.

- 30 de agosto: Visita a Mondorí.

- 31 agosto: Asamblea General para discutir un programa de lucha con todos los sectores.

Organizan: Sindicato de Tareferos, Trabajadores Temporarios y Desocupados de Montecarlo; Movimiento Pedagógico de Liberación (Sindicato de trabajadores de la Educación); CTA Regional Puerto Rico y Montecarlo.

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Argentina, Jujuy: Amenazan de muerte al "Perro" Santillán y a su familia

AGENCIA WALSH

El secretario General del SEOM, Carlos “Perro” Santillán, y su familia, fueron amenazados de muerte ayer lunes a cara descubierta por el grupo de usurpadores del SEOM, encabezados por Hugo Prieto en compañía de Carlos Impa, Ariel Palacios y otros que anunciaron que en la próxima agresión estarán presentes Milagro Sala y José Bejarano. Sucedió alrededor de las 8.00, en el corralón municipal, donde se había convocado a asamblea para determinar las medidas a seguir por el reclamo de recomposición salarial que vienen realizando todos los gremios estatales. Cuando los municipales empezaban a acercarse al lugar de reunión, irrumpieron en dos camionetas Prieto junto a varios matones, quienes empezaron a insultar y a proferir amenazas.

USURPADORES PROFUNDIZAN CAMPAÑA DE PROVOCACIÓN

A cara descubierta, amenazan de muerte a Santillán y a su familia

El secretario General del SEOM, Carlos “Perro” Santillán, y su familia, fueron amenazados de muerte esta mañana a cara descubierta por el grupo de usurpadores del SEOM, encabezados por Hugo Prieto en compañía de Carlos Impa, Ariel Palacios y otros que anunciaron que en la próxima agresión estarán presentes Milagro Sala y José Bejarano. Ya fueron formuladas las denuncias correspondientes.

Los hechos se produjeron este lunes, alrededor de las 8, en el corralón municipal, donde se había convocado a asamblea para determinar las medidas a seguir por el reclamo de recomposición salarial que vienen realizando todos los gremios estatales. Cuando los municipales empezaban a acercarse al lugar de reunión, irrumpieron en dos camionetas Prieto junto a varios matones, quienes empezaron a insultar y a proferir amenazas.

“El objetivo, sin dudas, era impedir la realización de la asamblea. Al primero que agredieron, tomándolo del cuello, fue al compañero Sebastián López y entonces empezaron los empujones y los golpes”, relató Santillán, quien luego manifestó que “es ahí cuando empiezan a amenazarme de muerte a mí y a mi familia, gritan que lo van a traer a José Bejarano, a la ODIJ y a Milagro Sala”.

Además de Santillán, fueron golpeados y amenazados varios integrantes de la comisión directiva, entre ellos mujeres, quienes en forma conjunta se apersonaron en la Brigada de Investigaciones para radicar la denuncia por golpes y amenazas.

Vale indicar que, finalmente, pudo realizarse la asamblea, donde Santillán brindó un informe de los últimos acontecimientos y alertó contra el vaciamiento del sindicato por parte de los usurpadores. Asimismo, los municipales votaron por unanimidad marcación y retiro de su lugar de trabajo, no sin antes repudiar enérgicamente a quienes se mantienen atrincherados en la sede del SEOM con la custodia de una organización que nada tiene que hacer allí.

Aparecen videos difamatorios en simultáneo con el programa de Lanata

Una hora antes de transmitirse un informe en el programa Periodismo para Todos, donde Santillán contó brevemente cuál era la situación del gremio, los usurpadores publicaron en internet videos difamatorios contra Santillán.

Con respecto a esto, el secretario Gremial, Sebastián López, uno de los agredidos en el corralón, sostuvo que “como no le encuentran por donde atacarlo, lo van a provocar, ayer con estas acusaciones sin fundamento alguno y hoy con tratar de desarmar la asamblea”.

“Como no hay manera, elementos ni motivos para acusarlo al Perro de quedarse con un peso ajeno, lo acusan de mentiroso, pero tampoco especifican cuáles son las mentiras. Porque saben que no es mentira que Santillán ganó con el 63 % de los votos y no es mentira que les dio una paliza electoral”.

“Estos personajes no desmienten las pintadas, no desmienten las amenazas de los compañeros, no desmienten la amenaza con arma de fuego, no desmienten que estén armados en el sindicato. Por acción u omisión aceptan todo”, dijo.

“Dicen que el gremio está trabajando en forma normal. Para nosotros no es normal la portación de armas en nuestro sindicato. Lo acusan a Santillán de causar violencia, pero parece que estas autoridades truchas del SEOM no viven en Jujuy y no saben dónde está radicada la violencia. En realidad, entregaron el sindicato en manos de los verdaderos violentos de Jujuy y ahora no tienen más remedio que salir a defenderlos”.

“No tienen forma ni encuentran manera de cuestionar la trayectoria y la historia de lucha del Perro. Se dan el gusto de atacar al compañero Perro porque saben que no va a responder desmedidamente, se dan el gusto de ensuciar al Perro porque saben que no va a ir a agredirlos gratuitamente, con la impunidad que trabajan sus nuevos jefes. Como no tienen argumentos contra el Perro, salen con esta vieja y trillada mentira que Santillán sería funcionario, cuando todos saben que es un trabajador del escalafón municipal como cualquier otro. Todo esto da vergüenza y esperemos que quienes tienen que actuar lo hagan como corresponde”, finalizó.

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Docentes en huelga acampan frente a Congreso paraguayo

PL

Columnas de docentes paraguayos en huelga, desafiando temperaturas que rondan los cero grados centígrados, llegaron desde bien temprano a la plaza frente al Congreso, donde acamparon para seguir reclamando modificación a la ley jubilatoria.

Los maestros, convocados por la Federación de Educadores de Paraguay y con el respaldo de otros sindicatos, pretenden ocupar la plaza hoy y mañana, días en que sesionarán la Cámara de Diputados y el Senado, encargados de aprobar sus demandas.

La decisión marcó también el nuevo fracaso de las negociaciones sostenidas la víspera con la ministra de Educación, Marta Valiente, legisladores y funcionarios de los ministerios de Hacienda y Justicia y Trabajo.

Al final de las tratativas, la ministra ratificó que el gobierno carece de fondos para satisfacer un incremento en las jubilaciones, solicitud fundamental de los huelguistas, y menos para pagar los adeudos a maestros que están trabajando sin cobrar.

Esto último, según denunciaron los sindicatos, se registró desde el gobierno de Federico Franco al utilizarse las plazas destinadas a docentes para nombrar a activistas políticos con vistas a las pasadas elecciones de abril último.

La única solución que se ofertó a los educadores fue el aumento de la contribución vigente a los fondos de previsión social hechas normalmente por los trabajadores de la educación, para desde ahí obtener recursos e incrementar entonces la jubilación.

Tal propuesta fue rechazada por los sindicatos que, además, señalaron que el Ministerio de Hacienda no entrega hace tiempo el por ciento de salarios de los docentes descontado con destino a la atención médica, el cual debe transferirse a los órganos sindicales.

De acuerdo con la programación de la huelga que continuará vigente hasta el próximo jueves, los docentes pretenden mantener viva su protesta frente al Parlamento hasta mañana, incluyendo la huelga de hambre de unos 50 maestros.

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El paro colombiano es una rebelión de los excluídos, dice líder sindical

PL

El presidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria de Colombia, Eberto Díaz, consideró que el paro nacional en el país es una rebelión de los excluidos, de aquellos que nunca han tenido voz.

Lo que vemos hoy, declaró en exclusiva a PRENSA LATINA, es una gran explosión social a la que se suman más y más sectores. El departamento de Boyacá, por ejemplo, es una expresión de la situación en la que vive el pueblo colombiano, que ya no aguanta más.

En Nariño, Cauca, en el Valle del Cauca, Huila, Caquetá, Tolima, Cundinamarca, es el país el que está en las calles exigiendo esos cambios que necesita la sociedad para construir una verdadera paz, resaltó el también vocero de la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo.

La paz, dijo, no se hace en las élites, la paz es la que se hace con el pueblo, construyendo una sociedad democrática.

Al referirse a la detención de uno de los miembros del movimiento Marcha Patriótica, Huber Ballesteros, retenido en una calle de Bogotá el domingo último sin participar de las protestas, Díaz resaltó que eso no es más que un complemento de la política de tratamiento de guerra que el Gobierno le ha dado al paro.

Esa es la política del Estado, tratar por medio de la fuerza de dispersar a los manifestantes, a sus líderes, crear un ambiente de terror alrededor del derecho que tenemos los ciudadanos a expresar lo que creemos.

El dirigente sindical subrayó que esta protesta, que estalló el pasado 19 de agosto, ha reunido a más de 250 mil campesinos y de otros sectores en concentraciones en diferentes regiones, en un reclamo unánime al Estado para que busque soluciones a sus graves problemas sociales económicos y políticos.

Hoy la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia convocó a una plenaria con varias organizaciones para planificar otra gran movilización este jueves a la que se sumarán la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo.

Según lo previsto el Ejecutivo y los líderes de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, tres de los departamentos más afectados por el paro, que hoy cumple su novena jornada, instalarán en Tunja una mesa de interlocución para intentar llegar a acuerdos.

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Venezuela: La opción de magnicidio en la agenda del terrorismo

Mario Esquivel (PL)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ganador de los comicios del 14 de abril, está hoy en la mira del terrorismo internacional tras el arresto de dos personas vinculadas a planes de magnicidio.

La Operación Carpeta Amarilla, a cargo de los servicios venezolanos de inteligencia, ya había puesto al descubierto semanas atrás las intenciones surgidas en encuentros reportados desde posiciones fuera del país, como Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y Colombia.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez, reveló la detención de dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes ingresaron al país el 13 de agosto por el estado de Táchira.

Vinculados a un grupo de 10 individuos encargado de la misión del magnicidio, en el momento del arresto se les ocuparon dos fusiles calibre 5,56 milímetros equipados con miras láser y una decena de uniformes militares venezolanos, con todas sus insignias.

En su momento, el connotado terrorista Luis Posada Carriles, el golpista hondureño Roberto Micheletti y el expresidente de Colombia Alvaro Uribe figuraron entre los mencionados por las autoridades venezolanas de seguridad como vinculados a intentos de eliminación física del mandatario.

Rodríguez, quien es además jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), destacó la cooperación recibida de Colombia, la cual permitió determinar las identidades de los miembros del grupo y los antecedentes de cada uno de ellos.

Los planes de magnicidio se planificaron en primera instancia con la hipótesis de un carro- bomba, luego con un francotirador, para finalmente apostar por la idea de concretar el suceso durante las acciones de gobierno de calle, tomando en cuenta el elevado nivel de exposicion del mandatario.

Esta iniciativa de Maduro gana terreno ante la consolidacion del gobierno, apoyado en un nuevo esquema de gestion pública a lo interno y acciones de relevancia en el plano internacional.

En ese sentido, el propio presidente señaló que la derecha venezolana se apresuró a minimizar el peligro de los planes denunciados, al argumentar su empleo como una cortina de humo para desviar la atención de los problemas internos del país.

Incluso consideran que es un montaje del gobierno para suspender los comicios municipales del 8 de diciembre, en los cuales sectores de la oposición aspiran a ganar terreno en la disputa por 337 alcaldías.

El mandatario afirmó que el intento de magnicidio generó entre ellos "un nerviosismo extraño" al tratar de tomarlo todo "por la burla".

Frente a esa coyuntura, Rodríguez ratificó que los servicios de seguridad velarán por la integridad del pueblo y el presidente de Venezuela.

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Panamá: Empatado el candidato presidencial opositor con el oficialista

PL

Un empate técnico entre el candidato presidencial de la oposición panameña Juan Carlos Navarro y el oficialista José Domningo Arias, revela hoy una encuesta de Ipsos para Telemtro y La Estrella.

Aunque Navarro, candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD) sigue a la cabeza en la preferencia de los electores con 28 por ciento, su simpatía parece amenazada por el aspirante del oficialista Cambio Democrático (CD) que obtuvo un 26. Mientras Navarro pierde dos puntos, Arias gana cuatro.

La encuesta, que se realiza todos los meses entre mil 576 personas, tiene un margen de error de 2,47 por ciento, de allí que las cifras a favor de uno y otro se consideren empate técnico.

Juan Carlos Varela, candidato del Partido Panameñista que ahora está en alianza con el Popular, sigue rezagado con 17 por ciento en la escala de las preferencias de sus compatriotas, un punto menos que en la muestra del mes pasado.

Los indecisos se situaron en 14 por ciento, un punto porcentual menos que en julio, la opción "otros" creció un punto, hasta llegar a 2,0, y los que no irán a votar, no respondieron o no favorecen a nadie suman 13 por ciento.

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Racismo persistente en Estados Unidos a media centuria de King

Jorge V. Jaime (PL)

Medio siglo después del inolvidable discurso de Martin Luther King, el racismo persevera en ser una asignatura pendiente para Estados Unidos, donde están activas leyes discriminatorias tanto en el ámbito federal como en las jurisdicciones estaduales.

El más famoso de los líderes negros norteamericanos pronunció sus célebres cuatro palabras ("I have a dream") el 28 de agosto de 1963 ante un auditorio de 250 mil compatriotas que se reunieron en el Lincoln Memorial al final de la Marcha por el Trabajo y la Libertad.

Fue una alocución cargada de fuerza emocional y política, dirigida a una comunidad afroamericana que ya casi había perdido la esperanza y a un siglo desde el final de la esclavitud, continuaba viviendo bajo indignas variantes de ese flagelo.

Luther King lideró aquella demostración histórica pocas semanas después que chocantes escenas de atropello fueron registradas en Birmingham, Alabama, donde policías bajo las órdenes del alguacil Theophilus Connor agredieron con perros a manifestantes negros.

Fue el mismo verano en que el presidente John F. Kennedy, quien no podía evitar el racismo en su propia tierra, pronunció su también famoso discurso de Berlín. Habló en alemán y exhortó "a garantizar la libertad individual de las personas" tras la llamada Cortina de Hierro.

La March on Washington for Jobs and Freedom fue sobre todo una manifestación de pacifismo cívico, una de las principales pautas programáticas de King, y aunque estuvo monitoreada siempre por 19 mil policías, solo cuatro manifestantes (todos blancos) fueron arrestados.

Desde el boicot contra el transporte de Montgomery iniciado por Rosa Parks en diciembre de 1955, en la orientación ideológica de la comunidad negra también tuvieron impacto otros líderes políticos como Malcom X, Stokely Carmichael, H. Rap Brown, Eldridge Cleaver y Bobby Seale.

Sin embargo, 50 años después de aquellas luchas sociales, los sueños de Luther King se han cumplido solo a medias, pese a que el primer presidente afroamericano, Barack Obama, planea homenajear la fecha el próximo miércoles 28 de agosto.

Junto al escenario actual de un Jefe de Estado negro en la Casa Blanca, persisten en el norteño país leyes racialmente intrusivas y localmente discriminatorias en estados sureños como las dos Carolinas, Arkansas, Texas y Florida.

Una organización no gubernamental de Syracuse, Nueva York, anunció que estará con Obama el día 28 en Washington para rememorar a Luther King y, al mismo tiempo, denunciar la situación de pobreza, insalubridad, desempleo y bajos estándares sociales en que viven muchos negros estadounidenses hoy día.

Walt Dixie, vocero del grupo National Action Network, apuntó que la frase "I Have a Dream" (tengo un sueño) choca con leyes vigentes como Stand Your Ground (dispara primero, en Florida) o la reciente modificación de la Voting Rights Act (sobre derechos del votante).

Dixie recordó que voceros de la sociedad ultraconservadora como Rush Limbaugh, Michael Savage o Bill Bollom transmiten programas de radio o boletines periódicos donde difunden los conceptos más racistas que se les ocurren, algunos solapados, otros no.

En julio último organizaciones comunitarias, celebridades, foros civiles y representantes de la esfera política estadounidense propusieron boicotear al estado de Florida debido al fallo judicial a favor de George Zimmerman.

Un tribunal en el sureño departamento halló no culpable de asesinato al vigilante privado, pese a varias evidencias que lo imputaban por la muerte a sangre fría del joven afroamericano Trayvon Martin.

De concretarse el aislamiento, la operación sería similar a la aplicada en 2010 contra el estado de Arizona, que perdió 141 millones de dólares cuando numerosos grupos suspendieron convenciones que tenían programada en ese territorio.

La principal crítica contra Arizona era la ley S.B. 1070, la cual criminalizaba a la inmigración ilegal; en el caso de Florida los demandantes exigen la invalidación de la polémica legislación "dispara primero".

Esta normativa, usada como argumento de la defensa en el juicio contra Zimmerman, establece que los ciudadanos pueden abrir fuego contra sujetos sospechosos que invadan sus propiedades sin que medie una alerta previa.

El Centro para el Progreso Americano, el cantante Stevie Wonder, el líder político Martin Luther King III, varios gremios de abogados, sindicalistas y activistas comunitarios exhortaron al resto del país a no comprar artículos comerciales floridanos.

Otra normativa en vigor y subrepticiamente discriminatoria es el Acta de Sentencias de 2010, que impone el mismo tiempo de prisión por la tenencia de cinco gramos de crack (consumido mayormente por afroamericanos) que por 500 gramos de polvo de cocaína, usado por muchos adictos blancos.

Un nuevo ejemplo de retroceso legal fue el veredicto en junio de la Corte Suprema, que inhabilitó un artículo del Acta de Derechos del Votante (ADV) relacionado con el chequeo judicial para evitar eventuales procedimientos racistas en comicios generales.

Con una votación de cinco contra cuatro, el máximo tribunal norteamericano desactivó un acápite de la legislación, según el cual el Departamento de Justicia estaba obligado a identificar los estados que requieren una mayor supervisión federal.

La ADV o Voting Rights Act fue sancionada en 1965, entre otras razones, para contrarrestar las prácticas discriminatorias contra la comunidad afroamericana, muy extendidas por aquella época.

Sin embargo, en los últimos cinco años territorios tradicionalmente conservadores como Alabama, Arizona o Texas han tratado de impugnar la normativa al considerar que algunos preceptos interfieren con la soberanía de los estados.

El magistrado jefe John Roberts aclaró que la decisión no significa una invalidación total del acta, sino que el Congreso federal deberá buscar nuevas fórmulas para juzgar a los sistemas electorales departamentales.

Grupos defensores de los derechos humanos como el Pew Charitable Trusts recordaron que, pese a la vigencia de la ADV, Carolina del Sur y Georgia han implementado sutiles procedimientos segregacionistas basados en el requerimiento de identificación para electores.

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