martes, 3 de septiembre de 2013

La agresión contra Siria en el contexto de los dilemas doctrinarios de la política exterior de Barack Obama

Leyde E. Rodríguez Hernández (especial para ARGENPRESS.info)

En el momento en que publico estas notas, el Sistema Internacional vuelve a contraerse por la brutal situación de guerra provocada por los militaristas estadounidenses, con el anuncio de una nueva escalada agresiva contra Siria.

La situación es muy tensa. Barack Obama está bajo la feroz presión de los círculos militaristas más guerreristas del Imperio y de la ultraderecha asociada al Complejo Militar-Industrial. Una acción militar contra Siria no cuenta con el respaldo de un número considerable de los aliados europeos de los Estados Unidos, ni de la mayoría del pueblo estadounidense, ya cansado de un largo periodo guerrerista, bajo diferentes pretextos mentirosos, sin resultados beneficiosos para su nación.

Con un posicionamiento unilateralista, los Estados Unidos pretenden pasar por encima del Consejo de Seguridad de la ONU, y no le interesa la conclusión de los expertos en armas químicas del organismo internacional. Las consecuencias de esta nueva aventura militar podrían ser catastróficas no solo para Siria, sino para toda la región, incluyendo los intereses de los Estados Unidos, pues deberán soportar la respuesta de los agredidos. Esta guerra podría internacionalizarse. Pudieran ser varios los frentes, pues Irán ya advirtió que “si atacan a Siria, el fuego también llegará a los sionistas de Israel”. Por lo visto, esta nueva guerra del siglo XXI contra Siria, aunque no se declare, es también contra Irán y Rusia. Así, los Estados Unidos revelan que la guerra, como un instrumento de su política exterior, es una vía para frenar la emergencia de una estructura multipolar del Sistema Internacional y, asimismo, desafiar la tendencia inevitable hacia la decadencia del Imperio norteamericano.

La guerra de los Estados Unidos contra Siria no podría analizarse alejada del amplio contexto de las doctrinas, teorías y dilemas de la política exterior de los Estados Unidos, lo cual se expone en los párrafos siguientes:

Doctrinas, teorías y dilemas de la política exterior de los Estados Unidos

Con posterioridad al ascenso del demócrata Barack Obama al poder estadounidense, en enero del 2009, fue conocida la llamada “Doctrina Obama”: un documento de 72 páginas denominado Revisión de la Postura Nuclear (NPR), con el supuesto objetivo de reducir el número y el papel de las armas nucleares en la política de “defensa” de los Estados Unidos.

Se consideró que esa revisión ha sido la más exhaustiva después del fin de la confrontación bipolar. Por esta vía, los Estados Unidos se “comprometieron” a no utilizar el arma nuclear contra otros Estados no poseedores de armas nucleares, a condición de que ellos respeten las disposiciones del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) del año 1968. Quedó claro que, para los países que no cumplieran esta regla dictada por Washington, todas las opciones de una represión militar continuaron vigentes, tal y como explicaron las doctrinas de política exterior enunciadas por las administraciones precedentes.

De este modo, la “Doctrina Obama” ratificó que los Estados Unidos no renunciaban al uso del arma nuclear, cualesquiera que sean las circunstancias, manteniéndose así la estrategia de la disuasión nuclear en resguardo de los intereses del bloque de países occidentales liderados por los Estados Unidos. Esta proyección doctrinaria de la administración Obama colocó la prevención del riesgo terrorista como una prioridad, pues también estimó que la probabilidad de una guerra nuclear mundial se había alejado, pero el riesgo de un ataque nuclear de carácter terrorista contra los Estados Unidos o sus aliados siguió latente y con tendencia a aumentar en el futuro.

Esta doctrina reconoció que los Estados Unidos y China son cada vez más interdependientes, pero expresó inquietudes por los esfuerzos de China para actualizar sus armas nucleares en el contexto de amplias intenciones estratégicas en el siglo XXI, a pesar de que los arsenales nucleares de China seguirán siendo, en las próximas décadas, mucho más reducidos que los depósitos nucleares de los Estados Unidos y Rusia.

En la época de Obama la carrera armamentista mantuvo su espiral ascendente. La industria Boeing produjo nuevos proyectiles de alcance global hipersónicos. Este productor confirmó haber puesto a prueba, con éxito, el proyecto misilistico X-51. Este misil permitiría atacar a cualquier Estado, en cualquier parte del mundo, en menos de una hora. El Pentágono dedicó a este proyecto armamentista 500 millones de dólares, para la verificación de sus posibilidades reales, antes de emprender la producción a gran escala del misil.

Obama presentó a sus aliados en Europa el proyecto de despliegue de componentes del sistema antimisil en territorio polaco, surtido de misiles Patriot, vehículos blindados militares y unos 100 soldados estadounidenses, que se unieron al entrenamiento de las tropas nacionales. El gobierno polaco, en correspondencia, suscribió, en el año 2010, otro anexo al pacto con los Estados Unidos relativo al emplazamiento de misiles receptores SM-3 (Standard Misil-3) en un plazo de tres años, lo cual se inscribió en el renovado plan del sistema antimisil, propuesto por Obama en el mes de septiembre del 2009. La postura estadounidense siempre insistió en que la base de misiles balísticos de los Estados Unidos en Polonia, no estuvo dirigida contra Rusia, pues su finalidad es proteger a Polonia de la supuesta amenaza nuclear y de los mísiles de Irán.

A principios del 2009 fue aprobada la “Doctrina de Guerra Irregular” por Obama, priorizando esa forma de beligerancia sobre la convencional. Según sus preceptos, en la guerra irregular, el campo de batalla no tiene límites, las tácticas y estrategias difieren de las tradicionales. La contrainsurgencia y la subversión, además del uso de las fuerzas especiales, para ejecutar operaciones clandestinas de guerra, son las principales técnicas empleadas en la desestabilización, “desde adentro”, del adversario. La administración Obama compartió la visión imperial de que el mundo es un campo de batalla.

En correspondencia, fachadas y agencias como la Organización de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el National Endowment for Democracy y Freedom House, entre otras, fueron utilizadas para canalizar dinero a los actores que promueven la agenda de Washington, y en la penetración de la “sociedad civil” en países estratégicamente importantes para los intereses imperiales.

Simultáneamente a las operaciones militares en Iraq y Afganistán, el Pentágono libró una guerra de “diplomacia pública”, más bien secreta, contra Irán, Georgia, Ucrania, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Colombia, México, Perú, Yemen, Paquistán, Filipinas, Somalia y Siria, organizada bajo el Mando de Operaciones Especiales (SOCOM),1 que llegó a tener presencia en 60 naciones al concluir la era de George W. Bush, y dispuso de unos 57 000 especialistas de las fuerzas armadas estadounidenses desplegados en 75 países ubicados en el Medio Oriente, Asia Central y África Oriental.

El SOCOM es un microcosmos del Departamento de Defensa integrado por componentes de tierra, mar y aire. Tiene presencia global con facultades y responsabilidades militares. La estructura esencial del SOCOM es el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC, siglas en inglés), que informa y responde directamente al presidente estadounidense, y tiene la misión fundamental de perseguir y asesinar a sospechosos de terrorismo en cualquier “oscuro” lugar del planeta, en correspondencia con la doctrina de W. Bush. Esta estructura de acciones militares encubiertas tiene su propia división de inteligencia, aviones no tripulados y de reconocimiento, satélites y “ciberguerreros”. El velo de clandestinidad que envolvía a esas fuerzas especiales empezó a rasgarse bajo la administración Obama, después del operativo que terminó con la vida de Osama bin Laden, el 2 de mayo de 2010, en Paquistán, demostrando que los soldados de los Estados Unidos tienen “licencia” para matar en cualquier parte del mundo donde se encuentren desplegados.

Según las informaciones del Pentágono, los Estados Unidos están enfrentados a la gran amenaza futura de las tecnologías cibernéticas, lo que requerirá de la coordinación civil y militar para proteger las redes contra imaginarios ataques. Se estimó que más de 100 organizaciones de inteligencia extranjeras intentaron irrumpir en las redes estadounidenses. Los mayores proveedores del Pentágono –incluyendo Lockheed Martin, Boeing y Northrop Grumman- invirtieron en el creciente terreno de la cibertecnología y el ejército reconoció haber logrado considerables avances en la protección de sus propios sitios en un trabajo conjunto con sus afiliados en el sector privado.

El gobierno de Obama dictó instrucciones precisas para militarizar el espacio cibernético. Su estrategia abarcó el establecimiento de una exhaustiva colaboración con otras naciones a fin de convertir a Internet en un foro “más seguro” y permitir la aplicación de leyes que intensificarán la vigilancia cibernética. El ciberespacio fue definido como un terreno que puede propiciar conflictos bélicos, pues los Estados Unidos responderán a actos hostiles en el ciberespacio provenientes de otros países, por lo que tomó medidas para aprobar una mayor cooperación entre la Agencia de Seguridad Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional. En estas instituciones recayó la responsabilidad de proteger la información sensible, las redes e interceptar las comunicaciones extranjeras. Como en el aspecto nuclear, la estrategia manifestó que los Estados Unidos se reservan el derecho de usar todos los medios necesarios: diplomáticos, militares, económicos e informáticos, en forma apropiada, para salvaguardar sus intereses y la de sus aliados.

Con Obama se mantuvieron los planes de ataques preventivos o de represalias militares contra supuestas amenazas a la “seguridad nacional”. Dichas operaciones especiales, que no requirieron la aprobación del Congreso, formaron parte del diseño de una estrategia de ataques militares contra Irán, en caso de la agudización de la confrontación por el programa nuclear de Teherán, cuyas autoridades afirmaron que poseía un carácter netamente civil y pacífico.

Esta estrategia había dado continuidad a la doctrina “Conmoción y Pavor”, una teoría de ataque militar elaborada por Harlam K. Ullman, expiloto y profesor del Colegio Nacional de Guerra de los Estados Unidos, recogida en un libro de ese mismo nombre, que fue acogida con entusiasmo por el Pentágono y aplicada en Iraq. Esta concepción desplazó a la llamada “Doctrina Powell”, que sirvió de base a la guerra que emprendió George Bush (padre) para expulsar a las tropas iraquíes que invadieron Kuwait. La “Doctrina Powell” consideró que los Estados Unidos solo debían arrojarse a un conflicto militar después de desplegar en el teatro de operaciones una fuerza insuperable y teniendo muy claro el objetivo y la estrategia de salida.

En los tiempos de Obama, Ullman, por su parte, concibió las acciones bélicas utilizando una fuerza más pequeña, pero con gran superioridad tecnológica y apoyada en una intensa guerra psicológica que impresionara y convenciera al enemigo de la inutilidad de cualquier resistencia al poderío estadounidense.

La gran estrategia exacerbó la aspiración de los Estados Unidos de seguir siendo el único Estado en ejercer una dominación militar de espectro completo en la tierra, el aire, los mares y en el espacio, con el mantenimiento y la extensión de bases militares, tropas, portaaviones y bombarderos estratégicos sobre y en casi cada latitud y longitud del planeta.

El arsenal utilizado para neutralizar y destruir las defensas aéreas y estratégicas, de prácticamente todas las fuerzas militares importantes de otras naciones, consistió en misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos adaptados para el lanzamiento en submarinos, misiles cruceros, bombarderos hipersónicos y bombarderos estratégicos “super stealth” capaces de evitar la detección por radar y evitar las defensas basadas en tierra y aire. Unido a este poderío, los Estados Unidos perfeccionó e intensificó los programas de guerra espacial para paralizar los sistemas de vigilancia y mando militar, control, comunicaciones, informáticos y de inteligencia de otras naciones, llevándolas a la indefensión en todos los ámbitos.

Estos elementos sustentaron el concepto de Ataque Global Inmediato que, concentrado en una embestida centralizada de varios misiles de armas convencionales muy precisas, en apenas 2 ó 4 horas, destruiría las infraestructuras críticas del país blanco, y así lo obligaría a capitular. El concepto de Ataque Global Inmediato tuvo el propósito de asegurar el monopolio de los Estados Unidos en el campo militar y ampliar la brecha entre ese país y el resto del mundo. En combinación con el despliegue del sistema de “defensa” antimisil, que supuestamente deberá mantener a los Estados Unidos inmune contra ataques de represalias de Rusia y China, la iniciativa de Ataque Global Inmediato convirtió a los Estados Unidos en un dictador global de la era moderna.

Esencialmente, la doctrina nuclear de los Estados Unidos en la nueva estrategia de “seguridad nacional” formó parte de una diplomacia que se condujo con impunidad total. La estrategia facilitó la planificación de un gasto militar para el año 2011 de 750 000 millones de dólares, 31 000 millones más que en el 2010, y casi 100 000 millones más que en el 2009, según el Instituto de Estudios de la Paz de Estocolmo (SIPRI)2. La parte más sustancial de ese exorbitante gasto militar estuvo dirigido al sostenimiento de sofisticados sistemas de armamentos para sus fuerzas navales y aéreas, lo que hizo pensar en un despilfarro de recursos financieros y que debieron ponerse en práctica medidas de contención para los gastos militares.

Casi un tercio del descomunal presupuesto, exactamente 250 000 millones de dólares anuales, se dedicaron a mantener las 865 bases e instalaciones militares que los Estados Unidos tiene en más de 40 países; y no fueron desdeñables los 155 000 millones de dólares que paga el Departamento de Defensa a 766 000 contratistas privados. En su conjunto, el costo total para el tesoro estadounidense de las guerras en Iraq, Afganistán y Paquistán estuvo en alrededor de los 3,7 millones de millones de dólares, y podría llegar a 4,4 millones de millones de dólares, según el proyecto de investigaciones de costos de la guerra del Instituto Watson de estudios internacionales de la Universidad Brown.

En los diez años transcurridos, desde el envío de las tropas estadounidenses a Afganistán, tras el 11 de septiembre del 2011, los gastos en los conflictos militares sumaron entre 2,3 y 2,7 millones de millones de dólares. Estas cifras continuarían aumentando si lógicamente fueran tenidas en cuenta las obligaciones, a largo plazo, con los veteranos heridos y los gastos en conflictos previstos entre los años 2012 y 2020.

La estrategia estadounidense es de guerra permanente y concedió riendas sueltas a la OTAN, como gendarme global en alianza con Israel, para la continuación de los juegos de guerra en una situación “real” contra Siria e Irán, lo cual probaría la eficacia en la práctica de la iniciativa de Ataque Global Inmediato.

En medio de una intensa campaña mediática y las amenazas de guerra contra Irán, en torno al tema nuclear, Israel y los Estados Unidos realizaron, en el mes de mayo del 2012, las maniobras conjuntas más importantes y de mayor trascendencia en la historia de su alianza. La planificación de este ejercicio militar conjunto, con el nombre de “Desafío Austero”, se produjo cuando Tel Aviv avivó las exigencias de atacar las instalaciones nucleares iraníes, tras la publicación de un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), donde se acusó arbitrariamente a Irán de haber trabajado en la creación de un arma nuclear, que puso al mundo al borde de la guerra con empleo de armas nucleares; un escenario que los Estados Unidos, en alianza con Gran Bretaña e Israel, tiene preparado minuciosamente contra Irán. 3

El informe de la OIEA estuvo en correspondencia con la resolución 1929 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el 9 de junio de 2010, basada en la noción de que Irán es una futura potencia nuclear y una amenaza para la paz global. Asimismo, le proporcionó luz verde a la alianza militar de los Estados Unidos, la OTAN e Israel, para que amenazara a Irán con un ataque nuclear preventivo y punitivo, invocando el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU. La posición de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad quedó fundamentada en supuestos documentos de inteligencia que ofrecieron aparentes indicios de un programa de armas nucleares de Irán.

Los estadounidenses reconocieron, desde el principio, que los documentos no probaron que Irán poseyera una bomba atómica. Lo presentaron como la prueba más contundente, hasta ese momento, de que, a pesar de la insistencia iraní en que su programa nuclear tiene fines pacíficos, ese país trató de desarrollar una ojiva compacta con posibilidades de colocarse en un misil Shahab, cuyo alcance podría llegar hasta Israel y otros países del Oriente Medio.4 Con el informe de la OIEA, una vez más, los Estados Unidos utilizaron información de inteligencia falsa para crear una justificación que les permitiera el objetivo de librar otra guerra. La autenticidad del contenido de dichos documentos fue cuestionada en varias ocasiones, ya que los dibujos no se correspondieron con el misil Shahab, sino con un sistema de misiles norcoreano obsoleto que había sido desactivado por Irán a mediados del decenio de 1990.

Por otro lado, las maniobras “Desafío Austero”, con la participación de más de 5000 efectivos de ambas fuerzas armadas, reflejaron esos impulsos bélicos en la simulación de la “defensa” antimisil de Israel. Los norteamericanos insistieron en que la tecnología israelí resultó esencial para mejorar la “seguridad nacional” y proteger las tropas de los Estados Unidos, especialmente la diseñada para los efectivos militares en Afganistán e Iraq, lo que demostró ser un éxito. El “Desafío Austero” fue otro ejemplo del compromiso histórico de los Estados Unidos con la seguridad de Israel, la que ahora es más amplia, más profunda e intensa que en cualquier otro período en la historia de las relaciones internacionales.

Al mismo tiempo, Obama hizo gala, en el marco de una reunión con la Unión Europea, el 3 de abril de 2009, en Praga, de un doble discurso en el que expuso la esperanza de su gobierno en un mundo totalmente libre de armas nucleares. En su retórica, los Estados Unidos avanzarían en un plan de desnuclearización, porque constituía una responsabilidad moral el progreso en ese sentido, manteniendo un arsenal nuclear “seguro y eficaz”, mientras el avance en la construcción de una “defensa” antimisil dependería del cese de lo que llamó la “amenaza iraní”.

Los idealistas pronunciamientos de Obama tuvieron el antecedente de un texto publicado por el periódico The Wall Street Journal, el 15 de enero de 2008, en el que los antiguos Secretarios de Estado, Henry Kissinger y George Shultz, el expresidente de la Comisión de Defensa del Senado, Sam Nunn, y el antiguo Secretario de Defensa, William Perry, llamaron a la construcción de un mundo sin armas nucleares. Obama, igualmente, prometió actuar a favor de la ratificación, por el Senado, del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, y anunció la preparación de un tratado internacional capaz de poner fin de manera verificable a la producción de materiales fisionables con fines militares.

En realidad, Obama pretendió engañar a la opinión pública cuando se refirió a una humanidad libre de armas nucleares, las que serían sustituidas por otras más idóneas, que permitan aterrorizar a los gobiernos opuestos a su nueva estrategia hegemónica de impunidad total. Obama procuró desnaturalizar la esencia militarista del Imperio al fingir que abandonaba el despliegue de los elementos del sistema de “defensa” antimisil en Polonia y República Checa, proponiéndose priorizar la concepción de una Europa protegida por la OTAN, más que por el sistema antimisil prometido por la administración de George W. Bush.

Sin embargo, la administración Obama retomó los preceptos del Proyecto para un Nuevo Siglo Americano (PNAC), en el que se encuentra toda la proyección ideológica de la cruzada militarista de los Estados Unidos. No es ocioso recordar que enfatizó: “actualmente Estados Unidos no tiene ningún rival mundial. El objetivo de la gran estrategia de los Estados Unidos debe ser preservar y extender esta posición ventajosa el mayor tiempo posible (…) Preservar esta situación estratégica deseable en la que se encuentra los Estados Unidos, en este momento, exige unas capacidades, militares predominantes a nivel mundial”. “El mayor tiempo posible”.5

Por lo tanto, también aquí queda implícita la tesis, ya abordada, sobre la ridícula posibilidad de que los Estados Unidos sean eternamente el amo del mundo. A largo plazo, la política internacional está condenada a hacerse cada vez menos propicia a la concentración de un poder hegemónico en las manos de un solo Estado. Visto así, los Estados Unidos no solo ha sido la primera superpotencia global, sino que muy probablemente será la última.

La razón profunda se encuentra en la evolución de su economía. El poder económico también corre el peligro de dispersarse. En los próximos años ningún país será susceptible de alcanzar aproximadamente el 30 por ciento del Producto Interno Bruto Mundial (PIB), cifra mantenida por los Estados Unidos durante la mayor parte del siglo XX, que llegó a ser del 50 por ciento en el año 1945. Según ciertos cálculos, los Estados Unidos todavía podrían detentar el 20 por ciento del PIB mundial en los próximos años, para caer a un 10 ó 15 por ciento en el 2020; mientras que las cifras de otras potencias: Unión Europa, China, Rusia, India y Japón, aumentarían para igualar de forma aproximada el nivel de los Estados Unidos. Una vez que se haya iniciado el declive del liderazgo estadounidense, ningún Estado aislado podrá obtener la supremacía que gozó los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX.

En la actualidad el declive del poderío estadounidense ya se ha iniciado y el Sistema Internacional tiende inexorablemente hacia la multipolaridad. Estas realidades, y el fracaso de la estrategia guerrerista de George W. Bush, hicieron que el pensamiento estratégico estadounidense debatiera dos opciones posibles con la intención de salvar al Imperio en el siglo XXI.

Para unos, la opción militarista es viable y se aviene a la política impuesta por los sectores neoconservadores de la era de George W. Bush, y el proyecto PNAC. Es una estrategia, como hemos visto, que se sustenta en la agresión y la intimidación. Su objetivo es multiplicar las guerras de agresión e incrementar al máximo los gastos militares, colocando en pleno funcionamiento el Complejo Militar-Industrial, para conseguir crecimiento económico, afianzar el dominio de las multinacionales y, con toda esta fuerza incalculable, amedrentar a aliados y rivales.

En este contexto, la administración Obama hizo un uso creciente de los aviones no tripulados (“drones”), que pueden llevar el siniestro nombre de Predator (“Depredador”) o de Reaper (“Segador o Parca”, la muerte). Los aviones no tripulados persiguieron evitar bajas del ejército en cualquier teatro bélico por medio de la alta tecnología, y se convirtieron en la principal arma de los Estados Unidos en sus esfuerzos para derrotar a Al-Qaeda y espiar los gobiernos que no son del agrado de la Casa Blanca. Por ejemplo, en Paquistán la CIA incrementó drásticamente los ataques con aviones no tripulados (a casi 200) contra objetivos de “alto valor” de Al-Qaeda y del movimiento islamista Talibán.

En Etiopía, desde un aeropuerto civil, la Fuerza Aérea estadounidense operó aviones no tripulados contra presuntos destacamentos terroristas en el Cuerno de África, y la Península Arábiga. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos invirtió millones de dólares en la creación de las condiciones técnicas del campo aéreo en Arba Minch, donde construyó instalaciones para acoger una flotilla de aviones no tripulados equipados de misiles Hellfire y bombas guiadas por satélites. Los “drones Reaper” también ejecutaron misiones en la vecina Somalia, donde los Estados Unidos y sus aliados tuvieron como objetivo la eliminación de los opositores armados al gobierno. Lo cierto es que los Estados Unidos construyó una constelación de bases militares secretas en la Península Arábiga y el Cuerno de África, como parte de sus motivaciones de penetración en el África Subsahariana y por el control militar del Golfo Arábigo-Pérsico.

Aunque Obama deseaba evitar las reacciones críticas a las políticas bélicas, también estuvo obligado a implementar la agenda del gobierno permanente instituido en el Complejo Militar-Industrial. Pero, de todas formas, es conocido que los bombardeos contribuyeron al resentimiento contra la política de los Estados Unidos en las poblaciones de distintos países de Asia, Medio Oriente y África.

Para los favorables al ejercicio de un poder blando (Soft Power) o “imperialismo inteligente”, teoría defendida por Brzezinski6, se trató, en la práctica, de lograr los mismos fines de los Estados Unidos en el escenario internacional, pero por medio de formas de violencia menos directas y visibles, contando menos con las intervenciones militares directas de las fuerzas armadas estadounidenses, que resultaron muy costosas, y más con los servicios secretos, las maniobras de desestabilización, las guerras por medio de países interpuestos y también con acciones de desestabilización interna incitada por métodos encubiertos y la corrupción.

Los estrategas militares estadounidenses distinguieron tres tipos de guerras a desencadenar:

a) Las guerras de alta intensidad: se trata de enfrentamientos entre grandes potencias del tipo de las dos guerras mundiales.

Muchas veces se omite toda referencia al inminente riesgo de una guerra nuclear entre dos potencias mundiales o regionales, pero la amenaza existe y podría hacer desaparecer a la especie humana.

b) Las guerras de intensidad media: comportan también un compromiso militar estadounidense directo, pero contra potencias o países mucho más débiles.
Por ejemplo: Yugoslavia, Iraq y Afganistán.

c) Las guerras de baja intensidad o indirectas: no comportan un compromiso militar directo de los Estados Unidos, logrando que otros combatan por ellos. Provoca conflictos entre países vecinos y son utilizados movimientos paramilitares, mercenarios y/o terroristas.

El término “baja intensidad” es engañoso, puede dar la impresión de que los daños son menores, pero en realidad, solo son mínimos para los Estados Unidos. Por ejemplo, la guerra llamada de “baja intensidad” desencadenada por los Estados Unidos contra el Congo (antiguo Zaire, a través de los ejércitos de los vecinos Ruanda y Uganda, y de diversas milicias) dejó cinco millones de muertos y paralizó el desarrollo de ese país. Lo mismo sucedió con los conflictos de baja intensidad promovidos en Centroamérica durante los años 80` del siglo pasado, y la guerra de la OTAN contra Libia, apoyada por mercenarios y las monarquías del Golfo Pérsigo aliadas a la estrategia estadounidense.

A diferencia de la etapa de George W. Bush, la estrategia Brzezinski, en la administración Obama, privilegió el tipo de guerras de baja intensidad o indirectas, no con una intención moral, sino simplemente para lograr fines político-militares por vías más “inteligentes”, que van desde las campañas mediáticas de demonización, embargos y bloqueos comerciales, golpes de Estado, y bombardeos, hasta ocupaciones terrestres, entre otras acciones.

El método de guerras de baja intensidad o indirectas persiguió dos ventajas: devolverle a los Estados Unidos una imagen internacional de autoridad moral y facilitar una menor inversión en el Complejo Militar-Industrial, lo que permitiría una cierta mejoría a la economía estadounidense en un momento de crisis económica global, en la que no debía descuidarse la competencia e interdependencia con otras potencias mundiales.

Parecía que después de las experiencias en Iraq y Afganistán, el Imperio haría, en el futuro, menos guerras directas, de modo que el movimiento progresista internacional contra la guerra, que atraviesa una indudable debilidad, respondería aún menos ante unas estrategias más discretas de los Estados Unidos, lo cual pudo verse en Europa durante la guerra injusta contra Libia, cuando la opinión pública quedó anestesiada por la gran prensa, y hasta los partidos políticos tenidos por progresistas, en el más amplio espectro de la llamada izquierda, apoyaron la zona de exclusión aérea y la agresión militar aprobada por la ONU, para proteger a los civiles víctimas de una supuesta represión por el presidente libio Muammar Al-Gaddafi. El caso de Libia demostró que la política estadounidense alterna sus métodos, y que los Estados imperialistas no podrán enmascarar su accionar brutal y agresivo en el escenario internacional.

El discurso que Obama pronunció al recibir el Premio Nobel de la Paz, aportó una viciada interpretación de la doctrina de la “Guerra Justa”. Esta es una doctrina que se caracterizó, desde siempre, por su enorme elasticidad para ajustarse a las necesidades de las clases dominantes en sus diversas empresas de conquista. Buscando apoyo en esta tradición teórica, Obama sentenció que una guerra es justa “si se libra como último recurso o en defensa propia; si la fuerza utilizada es proporcional; y cuando sea posible, los civiles son mantenidos al margen de la violencia”. De este modo, la versión original de la doctrina experimentó una nueva redefinición para una mejor adecuación a las necesidades del Imperio y culminó entrelazada con la teoría de la “Guerra Infinita” desarrollada por los teóricos reaccionarios del Nuevo Siglo Americano”, que acompañaron a George W. Bush en la justificación de sus agresiones militares a lo ancho y a lo largo del planeta.7

La doctrina de la “Guerra Justa” no resultó suficientemente flexible para que el Imperio otorgara una justificación ética a sus guerras de rapiña. Había que ir más lejos y la teoría de la “Guerra Infinita” fue la respuesta a esa necesidad de expansión de los Estados Unidos. Pero no hubo ni hay causa justa para desencadenar masacres e invadir otros pueblos, algo crucial para la ética y la teoría política tradicional.

La administración Obama asimiló como propia la política de mentiras que argumentó la existencia de armas de destrucción masiva en Iraq; que Osama bin Laden y Saddam Hussein compartían un proyecto político contra occidente; o que la población afgana dio la tarea a bin Laden de concertar los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001; o que el Muammar Al-Gaddafi reprimió deliberadamente a su pueblo; y que esas razones eran suficientes para los salvajes bombardeados contra esos países. En la peculiar visión de los círculos dominantes del Imperio, la concepción de “Guerra Justa” se convirtió en la “Guerra Infinita”.

Todo esto ubicó ante nuestros ojos que los Estados Unidos recurren a la guerra en cualquiera de sus variantes, porque sabe que un Sistema Internacional multipolar es ya una tendencia irreversible. Su gran estrategia consiste en detener, a toda costa, el empuje sostenido de un conjunto de países emergentes como China, Rusia, Brasil, India e incluso Irán, un fuerte competidor regional para Israel.

Un tratamiento especial merece la guerra que Obama desencadenó con la OTAN en Libia, otra “guerra preventiva”, con el pretexto de la “protección de civiles”. Supuestamente para evitar una masacre, los Estados Unidos y la OTAN, atacaron militarmente a un Estado soberano, sin que mediara amenaza alguna a la paz y la seguridad internacionales, y desataron una operación de “cambio de régimen”.

En esta guerra, además del empleo de las tecnologías militares más avanzadas y letales, los medios de comunicación fueron utilizados en calidad de armas de combate por los emporios financieros mediáticos que lucran con los conflictos y la reconstrucción de los países bombardeados.

La intervención militar en Libia y la creciente amenaza militar a Siria e Irán fueron parte de las respuestas oportunistas de los Estados Unidos y Europa al colapso de su sistema de dominación y saqueo en África Norte y Medio Oriente, con el surgimiento de movimientos genuinamente populares en Túnez, Egipto y otros países, lo cual estuvo también interrelacionado con la estrategia para apoderarse de grandes reservas de petróleo, agua y confiscar activos financieros en tiempos de grave crisis económica y social del sistema capitalista.

La guerra contra Libia representó para los estrategas estadounidenses un nuevo modelo de acciones militares pretendidamente más eficaces y menos costosas, pues la estrategia de George W. Bush comprendió la ocupación de los países, mientras que la de Obama supuso una aparente operación de liberación nacional en apoyo a supuestas revoluciones locales. Estas concepciones pretendieron rectificar los errores y las pérdidas económicas de las guerras en Iraq y Afganistán, con la puesta en práctica de un tipo de agresión militar sin bajas, sin tropas terrestres, cuyos costos recaerían fundamentalmente en los aliados europeos. Los estrategas estadounidenses estimaron que el esquema de intervención militar en Libia, también podría aplicarse contra otros países contestatarios a la política del bloque de países miembros de la OTAN.

A la desestabilización de un país, mediante la subversión, las operaciones encubiertas y las sanciones económicas, se le llamó “desarrollo de un movimiento nacional”, porque estuvo enmarcada en la política de “cambio de régimen”, y dio continuidad al uso de la fuerza militar bruta desarrollada por George W. Bush. Lo que demostró que las actuales doctrinas militares de los Estados Unidos, y de la OTAN, son aun más agresivas que las precedentes, y que la llamada “periferia euroatlántica” abarca al resto del planeta.

Nadie podría tener dudas de que América Latina y el Caribe fueron incluidas en esta concepción. El redespliegue de la IV Flota, el desarrollo de bases, fuerzas y medios militares norteamericanos para intervenir en cualquier punto de la región; el golpe de estado contra Venezuela en el año 2002 y luego el golpe petrolero; la sedición en Santa Cruz en Bolivia, el golpe militar en Honduras y el intento de golpe en Ecuador encajan perfectamente en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos divulgada el 27 de mayo del 2010. 8

Este documento manifestó que América Latina y el Caribe siguieron constituyendo una prioridad en la Estrategia de Seguridad Nacional y en la gran estrategia del establishment estadounidense, para poder mantener el acceso y control sobre los recursos naturales y económicos, el dominio de los mercados, el acceso a las fuentes primarias de energía, la preservación del sistema de colonización ideológico, cultural y la contención de aquellas fuerzas políticas, movimientos o procesos revolucionarios que pretendan desafiar las bases fundamentales de su dominación global.

Y toda esa hostilidad imperial se debió a que, desde América Latina y el Caribe, surgieron poderosas y dinámicas alianzas regionales, que buscaron configurar un espacio político de independencia respecto a los Estados Unidos y la Unión Europea, respetuoso de las particularidades y las diversidades de cada nación. La Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) avanzó en un proyecto de vanguardia de gobiernos progresistas y antiimperialistas, buscando fórmulas de rupturas con el orden internacional imperante y fortaleciendo la capacidad de los pueblos de hacer frente, colectivamente, a los poderes fácticos.

A ello se añadió que sus miembros dieron un impulso decidido a la consolidación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), bloque político que federó a los 12 Estados soberanos de Suramérica, con el fin de agruparlos en lo que El Libertador Simón Bolívar llamó “una Nación de Repúblicas”. Y más allá, los 33 países de América Latina y el Caribe trabajaron unidos para el paso histórico que fundó en una entidad regional, los días 2 y 3 de diciembre del 2011, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para la integración real de la región y la consolidación de la independencia y la soberanía de “Nuestra América”, sin la presencia de los Estados Unidos y Canadá.

Un informe del Consejo de Relaciones Exteriores, presidido por la antigua representante de Comercio de los Estados Unidos, Charlene Barshefsky, y el general James T. Hill, excomandante del Comando Sur de los Estados Unidos, e integrado por legisladores, políticos, asesores, reconocidos especialistas y guiado con la asesoría de Julia Sweig, directora de Estudios de América Latina de dicho Consejo, reconoció la tendencia señalada en el párrafo anterior, cuando calificó de “obsoletos los principios de la Doctrina Monroe”; que “la política estadounidense ya no puede estar basada sobre la suposición de que los Estados Unidos es el actor exterior más importante en América Latina” y que “el destino de América Latina está, en gran medida, en las manos de América Latina”.9

Independientemente de que la situación geopolítica haya sido compleja para la administración Obama, en el antiguo traspatio de los Estados Unidos, en lo inmediato, existe una gravísima amenaza para la paz mundial tras el desencadenamiento de un nuevo ciclo de guerras coloniales, con el siniestro objetivo de darle un segundo aire al sistema-mundo capitalista en crisis estructural, pero sin ponerle ninguna clase de límites a su voracidad consumista y destructiva. La guerra colonial de la OTAN contra Libia tuvo como motivo real apoderarse de sus riquezas. Todo lo demás se subordinó a este objetivo.10 Los despliegues de sistemas antimisiles en diversas regiones del mundo estuvieron dirigidos a proteger las tropas e instalaciones de los Estados Unidos y la OTAN, para el éxito de esta nueva cruzada imperialista de dominación global.

En este período la visión mesiánica de los Estados Unidos prevaleció y sus aliados fueron más o menos tenidos en cuenta en las aventuras militares del Imperio. La Unión Europea dependió más que nunca de los conceptos estadounidenses sobre la guerra y las supuestas amenazas a la seguridad internacional. La administración Obama, a pesar de su retórica, no descartó la opción nuclear y privilegió el sobredimensionamiento militar y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Prevaleció el desplazamiento estratégico de la disuasión a la prevención. Esta fue la lógica para el lanzamiento de nuevas guerras que siguen teniendo sus orígenes en el excepcionalismo estadounidense, el cual postula que la seguridad de los Estados Unidos no debe depender de una persona y que ella podría justificar por sí misma un ataque preventivo. Los sucesos acaecidos en el escenario internacional, desde el 11 de septiembre del 2001 hasta la actualidad, dejaron comprender, de forma descarnada, esa premisa histórica del Imperio.

En esas condiciones geoestratégicas, la política exterior de los Estados Unidos trasladó la “guerra” contra el terrorismo de la periferia al centro de la estrategia de “seguridad nacional”, sin abandonar los planes de la militarización del espacio y de la supremacía militar por medio de la construcción de un Sistema Nacional de Defensa Antimisil (SNDA): el núcleo central de una acción de repercusión mundial, para el afianzamiento del poder militar estadounidense en un nuevo siglo vaticinado por la preeminencia de la alta tecnología y la conquista del espacio cósmico.

No pocos coincidieron en que Obama intentaría darle al liderazgo de los Estados Unidos más atractivo, pero sin que los Estados Unidos estuvieran dispuestos a compartir el poder con otros Estados o aceptar sin condiciones las reglas del multilateralismo. Y que por tanto, a lo largo de su mandato, Obama enfrentaría el juego de la política internacional con posturas diversas:

a) El unilateralismo en las situaciones de interés geopolítico para los Estados Unidos. Entendido como el poder de decidir quién, en cada momento, es el enemigo, pues el unilateralismo es igualmente el poder de actuar en soledad en el orden político y militar.

b) El bilateralismo selectivo, con las principales potencias en el Sistema Internacional.

c) Un multilateralismo residual, cuando las dos primeras opciones se revelan insuficientes o inadaptadas en determinadas situaciones.

En el caso de la guerra contra Siria, cuando los Estados Unidos actúa sin dejar margen alguno a los intentos en curso para alcanzar una solución política al conflicto, con total desprecio hacia las opiniones de numerosos países, incluidos algunos de sus principales aliados, y minimiza a las Naciones Unidas, el Presidente de los Estados Unidos asume un unilateralismo que le permitiría operar militarmente en soledad, cometiendo actos violatorios del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas que provocarán más muerte y destrucción y llevarán, ineludiblemente, a la intensificación del conflicto por el que atraviesa esa nación árabe.

Leyde E. Rodríguez Hernández es autor de los libros: “Insurrección de la Palabra: Crónicas de Política Internacional" y "De Truman a Obama: Poder, Militarismo y Estrategia Antimisil de los EEUU". Editorial Letra Viva, La Florida, Estados Unidos, 2013. http://editorialetraviva.homestead.com/Catalogo.html.

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Estados Unidos y su guerra sin fronteras

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

Tal como lo expone el sociólogo Miguel Ángel Contreras Natera, “con el 11 de septiembre, la administración de George W. Bush ha intensificado una guerra permanente, sin fronteras territoriales, ni plazos temporales, que viola las cuestionadas normas del Derecho internacional y pone en jaque la autoridad menguada de las Naciones Unidas.

En el caso particular de las decisiones posteriores al 11 de septiembre, la ONU demostró su ineficacia para restringir poder cuando están en juego asuntos que el gobierno de los Estados Unidos no está dispuesto a someter a la decisión de otros Estados. En sus primeras formulaciones, la guerra contra el terrorismo del gobierno de George W. Bush logró imponer un consenso alrededor de la idea de que todos los terrorismos son iguales y con una visión maniqueísta promovió la exacerbación de los enfrentamientos identitarios de carácter nacional, cultural o religioso, tanto locales como globales. La célebre frase o se está con nosotros o se está con ellos se convirtió en la semiótica de la guerra”.

Bajo tal concepción unilateralista e innegablemente imperialista, el actual inquilino de la Casa Blanca, Barack Obama, ha desarrollado su política exterior, de modo que su país ejerza en consecuencia un rol incuestionable de máximo rector del planeta, imponiendo sus intereses políticos, económicos y militares a diestra y siniestra, invocando para ello razones de seguridad nacional. Todo esto contando con la complicidad abierta y silente de los gobiernos de Europa y de los demás continentes que prefieren secundar la política guerrerista yanqui antes que perder la oportunidad de obtener alguna migaja del botín; sin importar que se viole el viejo principio de la no injerencia en los asuntos internos de cualquier país soberano, aparentando que se hace por razones humanitarias. Esta situación de alto riesgo para una paz duradera en el mundo entero, al margen de los regímenes que los gobiernan, ha logrado que una diversificada mayoría de grupos sociales estén reaccionando en contra de las pretensiones estadounidenses y ante la ineficacia (más bien, complicidad) de la ONU para frenarlas. Así, mucha gente ha descubierto tardíamente que Obama no es el imaginado paladín de la paz que premiara el Comité del Premio Nobel sino que, independientemente del color de su piel (al igual que la ex Secretaria de Estado Condolezza Rice), éste es parte de ese conglomerado político-empresarial-militar neoconservador que controla el poder en Estados Unidos desde los días de la administración de Ronald Reagan (el mismo que armara y catalogara de combatientes por la libertad a los grupos contrarrevolucionarios que enfrentaron al primer gobierno sandinista de Nicaragua).

Contrario a lo que pudieran alegar, quienes justifican las acciones belicistas del imperio global yanqui -en una guerra que no distingue frontera ni tiempo algunos, debieran molestarse en entender que ahora no se trata de una confrontación en el plano ideológico, como se quiso hacer ver a propósito de la pugna de Estados Unidos con la desaparecida Unión Soviética en lo que se conoce históricamente como la Guerra Fría. En la actualidad se hallan en grave riesgo algo más que intereses geopolíticos. Se trata de preservar, incluso, más que la paz, la cultura y la soberanía de todos nuestros pueblos, puesto que se amenazaría -sin ánimo sensacionalista- todo trazo de vida en la Tierra de permitírsele a Estados Unidos continuar con sus planes expansionistas.

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La caja de Pandora y la caja de Cristina Kirchner

Mario Cafiero (INFOSUR)

La mitología griega nos cuenta que Pandora y su caja fue el engaño con el que el dios Zeus quiso vengarse de Prometeo, por haber éste revelado el secreto del fuego a los humanos. Al abrir la caja, se propagaron todos los males que estaban allí ocultos. Análogamente podemos decir que muchos argentinos creyeron que el kirchnerismo era un regalo del cielo para la Argentina. Con sinceridad les pregunto a los que aún creen, si no ha llegado la hora de evaluar si lo que aparecía como un regalo, era en realidad un presente griego, como la famosa caja de Pandora.

Las noticias de estos días son una clara muestra de cómo los males se siguen propagando en nuestro país; los males del problema eterno de la deuda, de los “impuestos a las ganancias” que siguen pagando los trabajadores y de la escandalosa de la entrega del petróleo a Chevron, con brutal represión incluida. De esto último no voy a hablar porque con Javier Llorens hemos hecho un pormenorizado análisis de ese descomunal negociado, disponible en: http://www.proyectosurbuenosaires.org/

Vamos al tema de eterna deuda. La presidente reconoció por primera vez la verdadera política de la deuda en el gobierno K. Textualmente dijo: “La Argentina ha pagado, entre el año 2003 y el año 2012, este país al que califican como deudor recalcitrante 173.733 millones de dólares…Digamos que más que deudores recalcitrantes somos pagadores seriales.”.

Lo que no dijo la Presidente es que la deuda pública actual asciende al equivalente de más de 240.000 millones de dólares. O sea que, cuando caímos en default en el 2001 debíamos 145.000; desde el 2003 a la fecha pagamos 173.000 y todavía hoy debemos 240.000. Fui uno de los poquísimos diputados que el 2005 me opuse al canje de la deuda de Kirchner y Lavagna. Lo hice con los fundamentos de un informe que preparamos con Javier Llorens: ¡Oh Juremos con deuda morir!. Lamentablemente no nos escucharon.

Cabe agregar ¿como hizo la Argentina para no caer en default –o sea en cesación de pagos- de los bonos de la deuda?. Sencillamente dejando de pagar otras obligaciones internas, o sea entrando en cesación de pagos con los jubilados que acumulan más de 500.000 juicios paralizados y tomando prestado forzosamente de otras cajas del gobierno nacional -principalmente el Banco Central- y tomando de los recursos de las provincias, a partir de restringir los fondos de coparticipación federal de impuestos.

Además de esta sangría del pago de la deuda, en los últimos años se fugaron alegremente fuera del país más de 90.000 millones dólares. Asimismo los giros de dividendo y utilidades de las empresas extranjeras alcanzan el record de más de 4.500 millones por año.

Cuesta creer que el debate en la Argentina siga siendo como atraemos inversiones o prestamos del extranjero, cuando el problema es exactamente inverso: ¡como retenemos el ahorro y la riqueza nacional que se nos escapa como en un colador!. Cuesta creer que se diga que hay que apoyar este nuevo canje porque de lo contrario se traiciona la Patria. Traición estúpida es haber pagado con sangre y sudor una deuda ilegítima y fraudulenta, sin antes haberla auditado; y creer estúpidamente que el único camino es volver a endeudarse.

Luego de 10 años de hegemonía política, electoral y parlamentaria absoluta del kirchnerismo, donde se pudo con holgura plantear una reforma impositiva para repartir los esfuerzos equitativamente; una reforma financiera para retener y canalizar el ahorro argentino hacia la inversión y una reforma de la coparticipación para mejorar las condiciones de vida – la salud, la educación, la seguridad, etc- a todos los argentinos. Nada de eso se hizo y ahora están las consecuencias.

Finalmente, la mitología griega dice que lo único que se preservó dentro de la caja es la ESPERANZA. Tengo yo también la esperanza que a pesar de todo, los argentinos podemos reencontrar un rumbo de prosperidad, paz y justicia.

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Alcira Argumedo (especial para ARGENPRESS.info)

Distintos sucesos nacionales e internacionales darían cuenta una vez más de la subordinación neocolonial de nuestro país, que el gobierno ha reforzado aunque intenta velarlo tras un discurso supuestamente nacional-popular.

En los últimos días de agosto, distintos sucesos nacionales e internacionales darían cuenta una vez más de la subordinación neocolonial de nuestro país, que el gobierno ha reforzado aunque intenta velarlo tras un discurso supuestamente nacional-popular. El escandaloso acuerdo secreto YPF-Chevron -dócilmente aprobado por el gobernador y la legislatura de Neuquén, a instancias de la Presidencia- es parte de la geoestrategia de Estados Unidos en su acelerada decadencia y, al mismo tiempo, se vincula con el tema de la deuda externa y la nueva apertura del canje, como una manifestación más de los estatutos del coloniaje, que reconocen la jurisprudencia norteamericana ante cualquier conflicto.

La pérdida creciente de su predominio en el Medio Oriente ante el avance de China y Rusia, plantea duros límites a la tradicional capacidad estadounidense de imponer sus intereses mediante acciones militares. La victoria en Irak es en los hechos una derrota política, ante la imposibilidad de estabilizar ese país destruido. Los afganos demuestran una vez más en la historia que es imposible someterlos; intención reiteradamente fracasada de grandes imperios expansivos: entre otros, los árabes en los siglos VIII y IX; los mongoles de Gengis Khan en el XIII, los ingleses en el XIX, los rusos en el XX y ahora los norteamericanos en el XXI. Las tropas invasoras están encerradas en Kabul y no pueden salir de esa ciudad capital, a riesgo de ser aniquiladas. Las pretensiones de atacar a Irán fracasaron en el 2012 por la decisión de China y Rusia de defender a ese país ante una agresión occidental, incluso si ello significaba iniciar una guerra: la reunión en Kazajstán de los cinco integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más Alemania a fines de ese año, fue un paso decisivo en la distensión entre las potencias -antiguas y emergentes- con respecto a la nación persa y un freno más a las aspiraciones hegemónicas de Estados Unidos en la región. En este marco, la irresponsable decisión de intervenir en Siria -con los dramáticos costos en vidas humanas que supone- se asemeja más a un manotazo de ahogado que a sus tradicionales manifestaciones de poder imperial; y las declaraciones del secretario de Estado John Kerry cobran un tinte patético:”Lo que está en juego es la credibilidad de Estados Unidos en tanto líder en el mundo”.

El riesgo cierto de perder el control de las principales áreas proveedoras de crudo alimentó la decisión de explotar los yacimientos no convencionales de gas y petróleo mediante el método del fracking. Dos de las tres mayores reservas a nivel mundial se encuentran en Estados Unidos y Argentina, lo cual garantiza el abastecimiento energético en caso de un repliegue desde el Medio Oriente, sin importar el mayor costo de esta extracción frente a la convencional y las devastadoras secuelas de contaminación de las aguas y quiebra de las rocas del subsuelo. Como continuidad de la política de entreguismo kirchnerista -en 1992 la privatización de YPF o en el 2007 la prórroga de las concesiones de Cerro Dragón por 40 años más- ahora se otorga la concesión de Vaca Muerta por 35 años, haciendo caso omiso a los reclamos de comunidades mapuches y militantes políticos o sociales con sentido patriótico. La zanahoria es una inversión de 500 millones de dólares ahora, con la promesa de 15.000 millones más en el futuro. En los mismos días, Cristina Kirchner se vanagloria de ser una “pagadora serial” de la deuda externa, por haber desembolsado 173.733 millones de dólares durante el ciclo K: significa que desde 1981 los argentinos nos hemos desangrado por un total de 391.907 millones de dólares, pero aún debemos 208.464 millones. Ante estos montos, la promesa de Chevron es una lastimosa propina.

La subordinación neocolonial se complementa, en la farsa del relato oficialista, con las manifestaciones de racismo social del connotado luchador por la democratización de los medios Martín Sabbatella. Indignado porque no dejaban entrar a unos periodistas a la escuela de Morón donde votaba su mujer -candidata en la lista K del barón del conurbano Raúl Othacehé- le gritó al agente Juan Echeverría: “Negro de mierda (…) ustedes no saben quién soy yo y no saben a dónde van a ir a parar”. Todo se relaciona.

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Bienes comunes y modelo productivo: Lozano sobre YPF, Chevron y matriz energética

ACTA

La semana pasada, Claudio Lozano, Diputado Nacional de la CTA por Unidad Popular (UP) se presentó en uno de los pabellones de Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires para declarar, una vez más, principios en torno a la matriz energética nacional, principalmente la realidad hidrocarburífera.

La convocatoria atrajo a jóvenes -y no tanto- estudiantes y docentes que, muchos de ellos, aportan, o lo harán en un futuro, a disciplinas estrechamente familiarizadas con las problemáticas de energía, ejemplo Arquitectura.

El candidato a Senador por Camino Popular, dedicó parte de su exposición a las medidas del Gobierno nacional para estatizar la empresa petrolera Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF) y al inconveniente acuerdo con Chevron para explotar la cuenca Vaca Muerta en la provincia de Neuquén.

Aquí se presenta una desgrabación completa del testimonio de CLaudio Lozano.

"Nosotros fuimos de los que acompañamos la estatización parcial de de YPF, aunque probablemente la hubiésemos realizado de otro modo. Lo hicimos conscientes de que la reincorporación del 51% de las acciones no significaba necesariamente que estuviésemos dando un vuelco en el enfoque global de la política energética Argentina. Eso aparecía como un interrogante, básicamente por la historia previa que habíamos tenido con el gobierno que estaba llevando a cabo la medida. Los pasos siguientes, desde nuestro punto de vista, marcan que, efectivamente, no hubo un cambio estructural en este sentido. Sin embargo, quiero dejar en claro que para nosotros, de todas formas, valía la pena acompañar este proceso. Por lo tanto, y a pesar de discrepar con las medidas que está tomando actualmente el gobierno, es importante que el Estado argentino tenga parte del paquete accionario de la mayor empresa petrolera nacional.

"¿Cómo se llega a la decisión de la estatización parcial? En principio, una historia reciente de depredación de los recursos hidrocarburíferos en Argentina que va acompañada de actividades de alto impacto ambiental que han estado fuera de control. El proceso se complejizó en el momento de la compra de YPF por parte de la empresa española Repsol. A partir de ese entonces, buena parte de las utilidades de nuestra empresa petrolera comenzaron a migrar al exterior. Entre 1999 a 2003, la salida de capitales estuvieron en el orden del 66%, con un aumento que alcanzó al 83% y, finalmente, mediante el acuerdo con Skenazi, las utilidades que giraban fuera del territorio superaban el total que la empresa generaba. A eso es lo que yo llamo proceso de vaciamiento y depredación.

"Lo que aún es elemento de debate son las ventajas que representan disponer de un recurso de esta naturaleza, ventajas que se evidencian entre la diferencia de los costos de producción local y el precio internacional vigente. Esta es la clave de la discusión política: quién o quiénes se apropian de esa renta y de qué manera se utiliza para poder sostener y modificar la matriz energética de nuestro país.

"El contexto previo a la estatización parcial de YPF fue la depredación ambiental del recurso hidrocarburífero y la dilapidación de la renta de dicha explotación. Las consecuencias se materializaron como estancamiento del sector, es decir, un déficit en la relación de producción, consumo y generación de reservas. En 6 meses de este año incrementamos el nivel de importaciones en materia energética; pasando de 9 mil millones a 12 mil millones de dólares.

"Con el planteamiento de estatización parcial comenzaron a aparecer hipótesis de si resolvería estas problemáticas que ya eran planteadas. Con el acuerdo con Chevron, las incertidumbres crecieron. "El primer interrogante surgió cuando YPF decidió recomponer las rentas de las petroleras privadas a partir de la actualización de los precios; en lugar de discutir cómo avanzar en una auditoría general de las reservas hidrocarburíferas y de las concesiones en nuestro país. EL segundo, y más allá de las intercambios técnicos y científicos sobre el real impacto ambiental generado por los mecanismos extractivos de Chevron, lo cierto es que pasa por alto el conjunto de normas ya vigentes que, incluso, son laxas. Además, las condiciones en las que se estableció el acuerdo, no permiten que se estructuren las dinámicas de control necesarias.

"Hay una suerte de retorno a entender los incentivos para la participación del capital privado, asociandolos a los tipos de incentivos presentes en los decretos desreguladores de la década del ’90; en donde lo que aparece es una libre disponibilidad del crudo y de las divisas, la reducción de los aranceles de importación para equipamiento y maquinaria y el manejo del 100% de las divisas de exportación, entre otros conceptos.

"¿Hay efectivamente en Vaca Muerta el volumen de reservas probadas que fundamenten la operatoria extractiva de la cual se está hablando? Por otro lado, en términos de asociación regional, podríamos discutir si tendríamos o no mejores socios. Recordemos que Chevron es una empresa que tiene su historia a nivel local y nacional.

"A pesar del discurso del autoabastecimiento, el acuerdo vuelve a poner el tema del sesgo exportador como una clave en la política hidrocarburífera".

Desarrollo

"Un pozo petrolero convencional utiliza aproximadamente 75 mil litros de agua dulce; mientras que uno no convencional puede demandar entre 30 y 40 millones de litros de agua. El 2% de esa agua inyectada son productos químicos; algunos de ellos, altamente contaminantes, otros, desconocidos por secreto industrial. El 50% del agua con químicos inyectados regresa a la superficie durante la producción, afectando las napas de agua. Ya se vieron precedentes de esto en muchas regiones del mundo. EL 25% de estos químicos son cancerígenos y mutagénicos, el 40% afecta el funcionamiento de órganos internos y el 75% afecta el funcionamiento de órganos sensitivos. Como consecuencia, en Francia se prohibió la técnica del Fracking, al igual que en el Reino Unido, Alemania, Canadá, Suiza, Sudáfrica y varios estados de los Estados Unidos.

"El tipo de explotación planteado en Vaca muerta, propone un mínimo de 3,7 pozos por km2 y un máximo de 7 pozos y medio por km2. Estamos hablando de una explotación de tipo fraking intensivo que supera la densidad promedio establecida, por ejemplo, en normativas norteamericanas que maneja un promedio de 2,6 pozos por km2, e incluso supera la densidad máxima permitida para los pozos de relleno que es de 6 por km2. Uno de los peligros de la explotación tal cual está planteada es la vecindad con el río Neuquén y el manejo de aguas residuales en relación a este afluente y las consecuencias catastróficas que puede aparejar su deterioro.

"En Argentina, por el momento, no existe normativa que regule esta actividad. A esto se le agrega que, según la reglamentación neuquina, tendría que haberse hecho un estudio y un informe de impacto ambiental, que nunca existió. A su vez, no se permitió que la comisión de medio ambiente de la legislatura de la provincia de Neuquén pudiera debatir el acuerdo y lo que se estableció como marco de control es la regulación desde el gobierno provincial y la propia empresa YPF (ya que en el acuerdo, prácticamente no se habla de Chevron).

"Para tener un real acercamiento al impacto ambiental que este proyecto tendrá es necesario un informe con basamento científico, discutir con la comunidad y cumplir con la reglamentación elemental. No es posible que la empresa extractora sea, a la vez, la controladora del proceso.

"De acuerdo a la información disponible, debajo de Vaca Muerta hay otra formación llamada Los Moles, donde también habría hidrocarburos no convencionales. En torno a esta nueva formación, que aparentemente no ha sido concesionada, prácticamente no se habla, ni se la computa a la hora de tomar en cuenta la perspectiva de rendimiento. Dado lo que establece el acuerdo y la conexidad que puede existir entre una cuenca y otra, podría darse el caso de que se considere directamente que la explotación de Vaca Muerta incluye la de Los Moyes. Por lo tanto, no estaríamos discutiendo el usufructo de una cuenca, sino de dos, que podrían tener similares rendimientos.

"La Tasa Interna de Retorno (TIR), que es en dolares y sumamente significativa, lo que genera, es, en realidad, que, si bien se dice que el proyecto demanda 16 mil 500 millones de dólares de inversión, en la práctica una buena parte de este número lo produciría el propio emprendimiento; es decir, que con una inversión de apenas 3 mil 966 millones de dólares, puede iniciarse un proyecto cuya rentabilidad permite financiar el resto de la inversión. En este sentido, lo único que estaría poniendo Chevron son 2 mil 200 millones de dólares. En este contexto, el margen de rentabilidad sería cercano al 800%; en resultados netos: 17 mil 232 millones de dólares.

"Claro que si se incluye la explotación de Los Moyes estas cifras serían muy superiores. ¿Por qué suponemos que esta segunda cuenca será penetrada? Porque se presentaron proyectados 585 pozos de carácter horizontal, que son los utilizados en este tipo de explotación y 1188 pozos de carácter vertical, que podrían ser dirigidos a explotar ambas cuencas.

"Esto viene acompañado de un planteo de nivelación de los precios internos con los del mercado internacional. En este sentido, a pesar de que Argentina quiera aporvechar la ventaja de una producción de costos por debajo de los valores internacionales, si luego los precios se equiparan, estaríamos funcionando como importadores de hidrocarburos.

"Respecto a la sección que establece que a partir del quinto año, la empresa podrá contar con con el 20% de la producción para ubicarla en el mercado internacional o, en caso de no conseguirlo, de venderla en el mercado local a precio exterior, habría que tener en cuenta que la puesta en marcha del emprendimiento llevará aproximadamente ese periodo de tiempo. Es decir, la empresa se apropiaría de ese 20% de producción prácticamente desde el inicio de la explotación de Vaca Muerta; disponiendo del 100% de las divisas y regulando precios a niveles internacionales. Esto viene de la mano de la reducción de aranceles de importación de equipos y, lo que es más importante, de una definición de carácter inconstitucional, que es la eliminación de las retenciones a los hidrocarburos.

"El otro tema, es por qué elegir a Chevron. Esta es una empresa que ya existe en Argentina y que si revisamos la concesión de la que dispone, podemos ver que dentro de este proceso de caída de la producción hidrocarburífera, Chevron está por debajo en un 15% respecto al resto de las empresas; es decir, que tiene una pésima performance. Por lo cual, no resulta muy entendible por qué se acuerda con una compañía que actualmente su concesión no está funcionando.

"Por otro lado, Chevron tiene una foja de servicios bastante complicada en sentido de regístro ambiental a nivel mundial. El último y más complejo caso es el ocurrido en Ecuador, en el cual le cabe un juicio por 19 mil millones de dólares por haber puesto en crisis ambiental una parte del amazonas.

"Nosotros consideramos que este es un proyecto inconveniente porque no establece los requisitos medioambientales más elementales; porque creemos que las condiciones del acuerdo le permiten a Chevron prácticamente financiarse con los resultados que el propio emprendimiento genera y, por lo tanto, el aporte de capital será sumamente bajo y la Tasa Interna de Retorno muy grande; porque no queda claro si se esta entregando sólo Vaca Muerta o si, a la vez, se entrega la otra cuenca, Los Moyes; porque se mete, otra vez, en una lógica exportadora, cuando deberíamos estar privilegiando el autoabastecimiento y por los antecedentes de Chevron.

"Por todas estas razones, nos parece que la estrategia oficial no cambia cualitativamente la estrategia energética que venía teniendo hasta el momento en que decidió avanzar en la estatización parcial de YPF.

"Desde nuestro punto de vista, deberíamos transitar otro camino, el de la auditoría integral del conjunto de los yacimientos y reservas que tiene la Argentina. Por otro lado, creemos que hay que avanzar en sentido de la derogación y erradicación de los decretos desreguladores de los ’90 y anular el decreto número 29, que es inconstitucional. No tiene sentido hablar de autoabastecimiento y permitir que sigan saliendo recursos y divisas.

"Creemos, también, que hay que revisar las concesiones del resto del capital privado para generar nuevos acuerdos y, si es necesario, expropiar nuevas cuentas en nombre de la petrolera nacional. Creemos que es mucho más conveniente evaluar acuerdos con la petrolera brasileña Petrobras para explotar la cuenca marina que enfocarse en la producción de hidrocarburos no convencionales.

"Hay dos elementos estratégicos necesarios de ubicar como horizontes.

"El primero, que no podemos seguir operando sobre la base de continuar dependiendo siempre de recursos hidrocarburíferos; es tiempo de modificar la matriz energética nacional.

"El segundo tiene que ver con la orientación productiva. Por detrás de las intenciones de proyectar al país como exportador de hidrocarburos y commodities, se esconde la necesidad de obtener dólares para sostener una industria desequilibrada con bajo aporte de progreso técnico y baja capacidad de generar empleos.

"Ser capaces de pensar otro modelo de desarrollo con un nivel extractivista menor y sobre la sabe de entender que los recursos naturales son una fuente de renta para producir el cambio productivo, es el camino que tiene que tomar la Argentina".

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Una campaña a favor del fracking

Julio Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Una entidad, el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), representativa de las patronales del petróleo y el gas publicitaron una costosa solicitada en los principales medios explicando las bondades de la explotación de hidrocarburos no convencionales, omitiendo los riesgos sobre la población y la naturaleza.

En el IAPG conviven Chevron, YPF, ESSO, PAE, Repsol, Techint, Siderca y entre otros Litoral Gas (recordar la reciente explosión en Rosario).

El Presidente del ente fue Repsol y es hoy difusor de la desregulación y el libre comercio para favorecer el negocio petrolero a costa de las necesidades sustentadas por organizaciones populares a favor del Derecho a la Energía y la democratización de la misma.

Fabulan con empleos y desarrollo de las economías regionales y no tienen en cuenta opiniones de entidades de trabajadores, caso de la FeTERA y la CTA, que entre otras iniciativas promueven una consulta popular en defensa de los bienes comunes.

Tampoco consideran que una veintena de Concejos Deliberantes se han pronunciado contra la técnica de la fractura hidráulica, denominada “estimulación hidráulica” por ellos, necesaria para extraer los hidrocarburos no convencionales.

Reconocen, aunque subestiman la prohibición de esa tecnología en Francia y Bulgaria, y omiten la suspensión de operaciones en algunos estados en EEUU.

Se trata de una campaña para legitimar el acuerdo entre YPF y Chevron y habilitar un mayor desembarque de inversiones externas en la actividad, a partir de las importantes reservas no convencionales reconocidas para el país.

No discuten el modelo productivo y de desarrollo que malgasta hidrocarburos y no diversifica en energía alternativa.

Mucho menos se proyecta la discusión de modificar la orientación primario exportadora de una producción sojera, de minerales y en conjunto de la industria de armaduría al servicio de la inserción subordinada de la Argentina en la división internacional del trabajo, con mayor dependencia y postergación de un proyecto económico que satisfaga las necesidades populares, sean mejores los salarios e ingresos populares, especialmente el 82% móvil para los trabajadores jubilados.

Julio Gambina es Director Académico del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina (CEFJA) y Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP).

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El capitalismo y los pibes de Buenos Aires, Córdoba y Rosario

Carlos del Frade (APE)

Hay 30 mil detenidos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, el primer estado de la República Argentina, y la mayoría de ellos son pibes y pibas menores de veinticinco años. Para la Comisión de la Memoria bonaerense, las fuerzas de seguridad esclavizan a muchos de ellos y les dicen que si no venden drogas o roban les va a pasar lo mismo que a Luciano Arruga, los terminarán matando. En la provincia de Santa Fe, mientras tanto, en los últimos dos años se detuvieron 120 chicos entre 16 y 18 años, relacionados al negocio de la venta de estupefacientes, mientras no hay ni media docena de grandes empresarios detenidos que fueran identificados como inversores en la importación de cocaína. Y en Córdoba, este 6 de setiembre se cumplirá 22 años del asesinato del ex senador provincial, Regino Maders, que denunció, allá por 1991, que la droga era repartida en las camionetas de la Empresa Provincial de la Energía con absoluto conocimiento del poder político de entonces.

Postales que hablan a las claras de la continuidad del negocio narco en las principales provincias argentinas y de su principal consecuencia: la sangre joven derramada en las calles de los barrios de las grandes ciudades.

Por eso es necesario repasar una tentativa de historia política del narcotráfico en estos arrabales del mundo. Porque el narcotráfico no es un fenómeno delictivo aislado, se trata del circuito de dinero fresco que tiene el sistema capitalista.

Enfrentar al narcotráfico es enfrentar al capitalismo.

O por lo menos reducir su ferocidad.

Y comprender las decisiones tomadas por el imperio a partir de los años setenta.

La presidencia de Richard Nixon decidió crear el Departamento Antinarcóticos del Estado norteamericano el primero de julio de 1973. Durante los años sesenta, el gobierno estadounidense impulsó, en primera instancia, el consumo de cocaína con la idea de alentar el heroísmo para ir a Vietnam; luego, a medida que avanzaba la guerra y las derrotas, la administración estatal generó la difusión de la marihuana para apaciguar los ánimos. A fines de los años setenta, Estados Unidos tenía 36 millones de consumidores y el mercado era manejado por los carteles colombianos: los Rodríguez Orejuela, de Cali, y Pablo Escobar Gaviria, de Medellín.

A finales de los años ochenta, la DEA, junto al Comando Sur del Ejército imperial, promovieron la ofensiva final contra esos carteles. El grueso del dinero de los consumidores norteamericanos y del derivado de la exportación hacia Europa debía pasar por la dirección inventada por Nixon.

Fue el momento de buscar una ruta alternativa, una plataforma de exportación distinta que llevara la cocaína y otras sustancias hacia Europa.

Surgió la geografía del segundo productor de éter a nivel mundial, este elemento químico que transforma la hoja de coca en cocaína, y ese país es la Argentina. Eran los primeros tiempos del menemismo. Se democratizó el consumo y comenzaron las exportaciones hacia el viejo continente. De esto dan cuenta diferentes expedientes judiciales en los tribunales federales rosarinos, en particular, y de cualquier otro punto del país, en general.

Un doble negocio para el capitalismo y para Estados Unidos: millones de dólares y miles de pibas y pibes controlados químicamente para que dejen de surgir revolucionarios y, en todo caso, que crezca el delito pero nunca más el pensamiento crítico y la urgencia de cambiar la realidad. Vale más un delincuente que un revolucionario. Doble negocio: económico y político.

En forma paralela, el país de los años setenta, aquel contexto del nacimiento de la DEA, era un espacio donde todavía eran posibles ciudades obreras, ferroviarias, portuarias e industriales como se daba en el Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

A mediados de los años noventa ya no quedaba casi nada de aquello.

Las llamadas reconversiones industriales fueron saqueos de las identidades barriales. El rubro servicio reemplazó al industrial y miles de chicas y chicos se quedaron sin empleo y, por lo tanto, sin futuro.

Los grandes partidos políticos miraron para otro lado. Se acomodaron a la ola de destrucción de las ciudades obreras, industriales, portuarias y ferroviarias.

En la primera década del tercer milenio, los ex barrios trabajadores mutaron en zonas rojas como sucedió en las tres grandes ciudades. Fruto también de la hipocresía de los grandes medios de comunicación que satanizaron esos puntos de la geografía urbana desde el centro de la ciudad, lugar donde se lavaba dinero desde hacía tiempo y en los que comenzaba a hablarse del boom inmobiliario.

Las pibas y los pibes empezaron a sentir su valían menos que los demás y que, para colmo, cada vez tenían menos palabras para decir lo que querían y expresar por qué no querían otro tipo de cosas.

A cuarenta años de aquella decisión del imperio, el capitalismo hace negocios sobre la sangre derramada de nuestros pibes. Es hora de darse cuenta.

Fuentes: Datos oficiales de cada una de las provincias y el cuaderno de investigación “Narcomafias. De Galtieri a Tognoli. Historia política del narcotráfico” que el autor de estas líneas presentará el viernes 6 de setiembre en la Facultad Libre de Rosario, 9 de Julio 1122, a partir de las 19.30.

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Ley de salud mental: De adictos a pacientes

Negui Delbianco (COSECHA ROJA)

La aplicación de la ley nacional de salud mental y la atención de los problemas asociados con las drogas fue el tema que expuso el panel de cierre de la 11ª Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas el pasado viernes. ¿Cuáles son los mecanismos que garantizan la aplicación de la ley nacional de salud mental? ¿Cuál es el marco normativo de las prácticas efectivas de atención a los problemas asociados a las drogas? ¿Qué desafíos o brechas enfrenta el tratamiento desde una perspectiva de derechos?

Mariano Laufer Cabrera, Macarena Sabin Paz, María Pía Pawlowicz y Alberto Calabrese expusieron sus puntos de vistas desde las instituciones que los representan junto a Ernestina Rosendo como discutidora. Diana Rossi, trabajadora social y coordinadora del Área de Investigación de Intercambios, como moderadora.

El primero en tomar la palabra fue Mariano Laufer Cabrera, abogado coordinador de la Unidad de Letrados de la defensoría General de la Nación, y explicó que “lo primero que todos los actores del Estado -institucionales y judiciales-, tienen que hacer es visualizar a esta ley no solo como una norma sanitaria sino como una norma de derechos humanos. Y segundo, se trata de una norma de orden público, lo que implica que es una ley de cumplimiento obligatorio e inmediato independiente a las políticas y legislaciones que las provincias puedan tener”.

Laufer Cabrera describió que en el caso de que una persona sea sometida a una internación involuntaria se darán dos situaciones. Por un lado, al hacer efectiva la internación se protege un derecho básico como lo es a la salud, pero se restringe simultáneamente un derecho básico de igual jerarquía constitucional como lo es a la libertad personal. “Es en estos casos cuando el Estado debe rodear a esa situación de extrema vulnerabilidad de las mayores de garantías posibles para la persona”, enfatizó el integrante de la defensoría General de la Nación.

Desde la defensa pública, Laufer Cabrera remarcó que con la ley nacional de salud mental se produce un cambio: “El código civil nos dice que debemos sustituir a las personas en sus decisiones y esto es lo que se pone en crisis con este nuevo paradigma. La ley de salud mental nos dice que debemos pasar al modelo social de la incapacidad y que esa persona internada es un sujeto de derecho. La presencia del abogado tiene sentido en cuanto siga su voluntad y se asegure de que la voz del sujeto tenga peso o que por lo menos esa voz será escuchada como la del profesional de la salud”.

En cuanto a las brechas, unos de los interrogantes que planteó el letrado fue sobre cómo se abordarán las problemáticas de las adicciones y qué tipos de prestaciones ofrecerá la ley nacional de salud mental. “Lo que nos preocupa es si habrá una modificación del Programa Médico Obligatorio (PMO) porque sigue teniendo como prestación financiada 12 sesiones de electroshock al año en vez de aumentar las 32 de sesiones para tratamiento ambulatorio”, puntualizó.

Macarena Sabín Paz, psicóloga y coordinadora del equipo de salud mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), planteó en su exposición dos reflexiones sobre las brechas o desafíos existentes. La primera tiene que ver las con la falta de políticas públicas: “El gran desafío es acercar las márgenes entre la normativa y las prácticas. Es necesario que se profundice en las políticas públicas del plan de salud mental”.

“Hemos visto con preocupación que en los puntos del tratamiento de las adicciones, –y entendemos que es un texto borrador– hay dos lugares. Un lugar para ser incluido en servicios comunitarios y, en otro, como un proyecto hacia menores y jóvenes para la prevención del alcoholismo. Esto nos parece escaso”, explicó Sabín Paz.

A su vez, la coordinadora del Cels señaló que la segunda cuestión está relacionada al organismo de revisión que prevé la ley de salud mental y su necesaria puesta en funcionamiento. “Entendemos que en las comunidades terapéuticas uno de los puntos centrales será la aplicación del organismo de revisión porque va impedir la gran cantidad de internaciones forzosas, como también las condiciones en que se lleva a cabo la internación. Y en aquellos casos que tenga sentido la internación, o sea, cuando hay un riegos de vida para si o para otros, que las condiciones sean las adecuadas”.

Para María Pía Pawlowicz, psicóloga e integrante del Área de Investigaciones de Intercambios Asociación Civil, fue importante reflexionar sobre el cambio de paradigma que plantea la ley 26.657 con respecto a la concepción de usuario desde las investigaciones que se llevaron a cabo desde la asociación.

“La ley exige un profundo replanteo de la concepción de los usuarios de drogas como sujetos de derechos, así como también la lectura crítica para con los organismos de atención. No se trata de que el sistema de salud recepte sino que genere una respuesta responsable, articulada y eficaz. Tenemos que entender que el uso problemático de las drogas como un problema social. La criminalización ha estigmatizado, desplazado a los usuarios y los alejó de los servicios preventivos y asistenciales. Como también distrajo los recursos de los sistemas judiciales y de seguridad en la penalización de los consumidores”, explicó Pawlowicz.

“Como podemos intervenir para transformar ampliando derechos del usuario y no para seguir repitiendo la idea que lo pone en ese lugar congelado o con una trayectoria fatalista. Uno de los desafíos será problematizar los estereotipos, las etiquetas rígidas para concebir al usuario como regulador de los riesgos para sí y para el grupo”, expresó la investigadora de Intercambios.

Alberto Calabrese, sociólogo y director de Adicciones de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, Ministerio de Salud de la Nación, cerró la disertación y eligió explicar como se originó la concepción del usuario como adicto. “Nuestra sociedad –a nivel mundial me refiero– eligió dos cosas que están justificando todo esto: un negocio y entronizar un prejuicio. Tengo que hacer una pincelada geopolítica porque sino estamos desvariando sobre un personaje, el adicto, que se lo circunscribe exclusivamente en el uso de sustancias psicoactivas prohibidas. Por lo menos, para el imaginario social. Para ese discurso que se sostiene como sumatoria medico-hegemónica / ético-jurídica. En ese discurso de que abarca todo y a la vez que dice que lo que yo no puedo abarcar, está condenado”.

Una de las cuestiones que Calabrese decidió poner énfasis es en el trabajo que se deberá hacer con los agentes para renovar sus creencias y que dejen de lado el tutelaje como forma absurda y “se convierta en el desafío para hacer un cambio en el otro de sí mismo”.

El funcionario remarcó que “es importante mantener los espacios donde levantemos la bandera de que no está todo hecho, hay mucho por hacer y terminar con la cuestión de la penalización de la tenencia para uso personal”.

Por último, la discutidora Ernestina Rosendo, psicóloga magister en Salud Pública y doctora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, investigadora de la Facultad de Ciencias sociales de la UBA y de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la USAL, expresó que a través de las exposiciones de los panelistas es importante tener en cuenta que en este campo que abarca la ley de salud mental hay distintos actores sociales, con distintos intereses, distintas cuotas de poder y distintas perspectivas sobre lo que consideran o no salud mental. “En una realidad adonde juegan distintos actores sociales con distinto intereses y posicionamientos va a existir un campo de pujas”, fue una de las conclusiones que expuso Rosendo.

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Consumo: Cómo combatir al estigma criminal

Carina Ortiz (COSECHA ROJA)

En la 11° Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, un panel debatió sobre “Drogas y Seguridad”: todos coincidieron en desvincular la problemática de las drogas de la cuestión penal y la necesidad de eliminar el estigma criminal impuesto al usuario. Los panelistas resaltaron el fracaso de la política bélica y la injerencia estadounidense en el tema. A la vez invitaron a pensar la problemática de las drogas como un fenómeno en sí mismo, sin personalizarlo en el usuario.

El primer expositor del panel fue Félix Croux, titular de la Procuradoría Adjunta en Narcocriminalidad, quien hizo referencia a los hechos de violencia y el consumo de drogas. El letrado refirió que si bien socialmente se suele relacionar el uso de drogas con la comisión de un delito ello no puede afirmarse de manera científica u objetiva. Muchas veces la víctima de un robo supone que el autor de ese hecho se encuentra bajo los efectos de las drogas pero es una percepción. Aunque aclaró que ello no significa que el autor del hecho violento no esté bajo los efectos de los estupefacientes, sino que ese dato no puede confirmar. Ello genera que el sistema quede condicionado a la subjetividad de la víctima y a la cifra negra del delito, es decir a aquella que no ingresa al sistema formal.

El abogado sostuvo que existen otros consumos que generan grandes perjuicios como la ingesta de alcohol y el tabaquismo. Respecto a la primera señaló que en los accidentes de tránsito existe una conexión directa entre el alcohol y la gravedad del siniestro. Mientras que el tabaquismo está estrechamente vinculado a las cardiopatías, aunque este consumo no es percibido como un problema criminal sino de salud. Croux resaltó su pretensión de “hacer una separación tajante entre el fenómeno de sustancias y la cuestión penal “. Sostuvo que “flagelo” y “guerra” son los términos que utiliza el Estado en esta problemática y agregó que la reacción penal es siempre una reacción brutal, con respuestas muy primitivas frente a la complejidad social. Y afirmó que hay que pensar la cuestión desde el fenómeno en sí y como la sociedad se vincula con ese fenómeno.

Brígida Renoldi, antropóloga e investigadora del CONICET, hizo referencia al vocabulario estigmatizante que se utiliza en el tratamiento de la problemática de las drogas, sobre todo en los medios de comunicación. Habló del fracaso de la política bélica que se aplica al tema y la falta de visión en torno a las drogas como un problema de mercado. La antropóloga misionera refirió que las políticas de drogas se focalizan más hacia los no usuarios que a los usuarios e hizo mención a la vulnerabilidad del consumidor de sustancias frente al sistema.

El tercer panelista fue el periodista Carlos del Frade, que focalizó su disertación en las víctimas del sistema imperante en el tema. El escritor habló de la injerencia de Estados Unidos en esta problemática y la fragilidad de los jóvenes usuarios de drogas, sobre todo en lugares carenciados donde la lucha por controlar el territorio termina con la vida de “los pibes”. Del frade hizo referencia a la complicidad política y policial en el tema y al caudal económico que manejan quienes controlan el mercado de las drogas, a modo de ejemplo refirió que en la ciudad de Rosario el presupuesto municipal es similar al ingreso anual por la venta de estupefacientes y concluyó en la necesidad de tener una participación activa en el tema y de “decir la verdad con nombre y apellido”.

Por último el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria Hugo Cañón, quien hizo las veces de discutidor en el papel, resumió la postura de los disertantes y coincidió en varios conceptos, entre ellos, la aparición de la DEA como una forma de colonización moderna y la injerencia de Estados Unidos en las políticas estatales. El abogado sostuvo que de los 30 mil detenidos que hay en la provincia de Buenos Aires, la mayor franja de internos son mujeres que en la cadena de comercialización de drogas, se encuentran en el último escalón “el menudeo”. A lo que agregó que en los últimos años se produjo un cambio en el reparto de recursos ilegales dentro de policía donde esos ingresos se acaparan en las altas esferas.

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Ni Menem hubiera dicho algo así

Lucía Abbattista (OTROS CIRCULOS)

Cómo y para qué recordar es uno de los debates que reedita el cruce entre funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que participaban de un asado en la ex Escuela de Mecánica de la Armada e integrantes de una visita organizada por la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos al predio donde operó uno de los principales centros clandestinos de detención de la última dictadura. La profesora de Historia y guía de la casa Mariani-Terruggi Lucía Abbattista estuvo ahí y reflexiona sobre un tema complejo. De los riesgos de “monopolizar la lucha por los derechos humanos” -al punto de desconocer al otro- al oportunismo de Clarín.

El sábado pasado, 31 de agosto, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos convocó a una tercera visita guiada a la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para difundir su posición de rechazo respecto del proyecto de intervención museográfica -con luces y sonidos- en lo que fue el Casino de Oficiales, el principal centro de torturas y alojamiento de los prisioneros en el predio.

Desde La Plata viajamos con el grupo de guías de la Casa Mariani-Teruggi para recorrer el sitio con algunos de sus sobrevivientes y empaparnos de algunas posiciones polémicas en torno a los sitios de memoria. Sabemos que los debates sobre qué hacer o no en ese ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio sin dudas pueden ser largos. Las reflexiones sobre los usos de los espacios de memoria aquí y en el ámbito internacional: interminables.

Por esto, en principio no me interesó quedarme a discutir cuando, tras dos horas de conmovedor recorrido por el predio, pasamos frente a la Casa de la Militancia de H.I.J.O.S., en cuyo frente estaba instalada una parrilla y comenzó un intercambio de opiniones entre algunos jóvenes que preparaban el asado y sobrevivientes que ya habían denunciado (en otras oportunidades) lo que entienden como una banalización del lugar.

No había condiciones para el debate, pensé entonces. No después de la imposibilidad que se había evidenciado en enero de este año cuando la Asociación denunció el asado organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Cuando los medios de comunicación que difundieron las posiciones se convirtieron en el centro de la escena. Cuando no salió ni una sola voz oficial a decir “entiendo si eso pudo haber herido a alguien; nuestra apuesta para el espacio es otra; no era intención ofender”.

Seguí caminando con otros compañeros. Pero al rato volví sobre mis pasos. Me acerqué a “la ronda”, y tuve oportunidad de escuchar a un hijo de desaparecidos, funcionario de la secretaría de Derechos Humanos, que para justificar su asado de sábado entre compañeros ¿amigos? en la ¿ex? ESMA, sostenía que «acá» no era como Auschwitz porque «allá» hubo exterminio… Lo dijo burlonamente, despectivamente. No fue un furcio, no fue parte de un retruco que hoy utilizo sacado de contexto.

Lo repitió varias veces. “Aquí no mataron a nadie”, insistía. No sé si era un «nadie» rotundo o relativo. Imagino que tal vez se refería al exacto lugar en donde él estaba parado. Pero dijo una y otra vez «nadie». Al punto que algunos sobrevivientes empezaron a gritar los nombres de compañeros y compañeras asesinados allí durante la tortura o que llegaron asesinados por el grupo de tareas en ocasión de su secuestro. Escena dramática.

Estamos perdidos, pensé. Defender la alegría como una trinchera, recordé a Benedetti, podría ser, en muchos casos… La verdad es que muchas de las iniciativas que se realizan en el Centro Cultural Haroldo Conti, por ejemplo, o desde el Archivo Nacional de la Memoria, me parecen excelentes. Pero negar el exterminio en la ESMA para hacer justificable una forma actual de aprovechamiento del predio es demasiado.

“Te quedaste en el pasado, en el horror”. Dicho como acusación.

“¿Vos dejarías 34 edificios vacíos?”. Parecía una expresión de agente inmobiliario.

“No sos el dueño del lugar”…. Dicho a un sobreviviente organizado que está dando la discusión sobre lo que entiende no debería suceder en ese sitio (así como otros sobrevivientes la dan afirmando otras posiciones)… Lo sé, no es el punto para mí esta vez.

Al funcionario se le gritó que era un boludo… sí. Se agarró de eso para plantear que se lo estaba atacando. La cosa podría haber terminado mal realmente. Decidimos seguir todos caminando.

“Si fuera por ustedes seguirían los milicos acá”, nos gritó un pibe de mi edad (veinte y algo), cuando nos dimos vuelta. La sangre me hervía… ¿De verdad pensarán esos pibes que se puede monopolizar la lucha por los derechos humanos, o la memoria de los desaparecidos y que eso es algo positivo?

Me llaman de Clarín esta mañana; Chicha Mariani les dio mi número. Sabían que había ido gente de la Casa Mariani-Teruggi y querían saber si podíamos dar fe de la situación que relata el comunicado de la Asociación de Ex Detenidos que salió anoche.

¡Ay, Clarín! ¡Siempre listo! Sí, claro que sí. Esas fueron las frases que se respondieron en la ESMA el sábado. Hubiera preferido no escucharlas nunca. No tengo recuerdos de aquel entonces, pero pienso que ni Menem, con toda su soberbia durante la justificación de su propuesta por demoler la ESMA y dar vuelta la página, podría haber afirmado que allí no hubo exterminio. Ni Menem.

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Ratificaron los procesamientos por crímenes de lesa humanidad de Blaquier y Lemos

LA RETAGUARDIA

Tras la confirmación por parte de la Cámara Federal de Salta del procesamiento por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy, de Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, y su gerente administrativo y mano derecha, Alberto Lemos, el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo manifestó que esta decisión es un paso más en la posibilidad de pedir la elevación a juicio de la causa. Blaquier y Lemos están acusados de privación ilegítima de la libertad agravada contra Luis Ramón Aredez, Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián, en calidad de cómplices primario y secundario, respectivamente.

Recién el 23 de agosto de este año, la Cámara rechazó los recursos de apelación presentados por las defensas y ratificó los procesamientos que habían sido dispuestos en noviembre de 2012 por el juez subrogante Fernando Poviña, del Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy.

Para el fiscal Pablo Pelazzo, el significado de este fallo en términos procesales es que se reafirma la convicción a la que había llegado el juzgado de primera instancia para el procesamiento: “este es un paso más que nos pone en condiciones de poder pedir que la causa se eleve a juicio, más allá de las apelaciones que se puedan hacer a casación”, afirmó en diálogo con Oral y Público, aunque aclaró que no ve ningún elemento que justifique que la defensa recurra a esa instancia: “no hay agravio por los cuales se pueda llegar a abrir a Casación y tampoco hay una persona detenida. En estos casos se ha mantenido la situación de libertad de los procesados con lo cual no habría elementos jurídicos para que pueda llegar a un resultado positivo con un planteo en casación”, especificó.

Tras haber sido abogado querellante, Pelazzo es ahora el fiscal que entiende en las causas por crímenes de lesa humanidad en Jujuy. En el marco de la entrevista con Oral y Público afirmó que es “mucho más complejo poder analizar, establecer y probar la complicidad civil, y establecer las relaciones”, sin embargo destacó que el fallo de la Cámara Federal de Salta fue claro al referirse a los elementos de prueba objetivos que se tuvieron en cuenta y a su comparación con las declaraciones de las víctimas: “por dar un ejemplo, los panfletos del sindicato hablaban ya de persecuciones con el uso de camionetas del ingenio Ledesma, también se incluyó la relación entre la empresa y el gobierno militar, los actos posteriores, porque si bien estamos hablando de detenciones del 24 de marzo, la de Melián se produjo en abril, con lo cual no pueden haber ignorado que el préstamo de la camioneta en el mes de marzo había sido para esos hechos, sin tener en cuenta que este fallo no está analizando lo posterior, lo de julio, las relaciones con Gendarmería. Hay una serie de elementos objetivos que se han tenido en cuenta y que no solo lo ha dicho el juez, sino también ahora la Cámara, para llegar a probar la responsabilidad de los imputados”.

El fiscal advirtió además que el hecho de que Blaquier y Lemos sean referentes importantes de la economía jujeña, e incluso nacional, ha generado una mayor demanda de información de parte de los medios: “por un lado están los medios que con buena fe han solicitado esa información, pero también se ha generado que otros medios claramente relacionados con la empresa, hayan hecho una especie de alegato, hablo específicamente del editorial del diario La Nación, donde se hace una selección con pruebas, digamos, que fue presentada beneficiando a la empresa con un alegato previo a la resolución y con todo un cuestionamiento no solamente hacia mi persona sino al juicio en sí mismo. Eso ha demandado también quizás mayor información de parte nuestra, aunque hoy la sociedad puede ver el fallo y ver y leer cada una de las pruebas que se analizaron”.

En su fallo, la Cámara Federal de Salta reconoció la colaboración de Blaquier y Lemos para la realización de las detenciones de Aredez, Gainza y Melián, al manifestar que las fuerzas represivas que actuaron la madrugada del 24 de marzo de 1976 y los días posteriores contaron con la autorización para el uso de vehículos de la empresa.

La resolución también estableció: "tal asentimiento fue prestado por el presidente del directorio (Blaquier) y ejecutada por su administrador general (Lemos), ya que tratándose de una empresa de la envergadura y grado de organización que poseía Ledesma, era imposible disponer de sus vehículos y apoyo logístico, sin instrucciones o aquiescencia del presidente del directorio”.

En este sentido, la Cámara concluyó que se da por sentado que existió tal colaboración consentida de parte de la empresa, y que nada desmiente la imputación que se formula en cuanto que los vehículos fueron entregados voluntariamente: “más aún, al no existir registros de dicha circunstancia y al haberse efectuado los operativos en horas de la madrugada del día en que se produjo el golpe de Estado, cabe deducir que había conocimiento de la ilegalidad del operativo", agregó en su fallo.

Al igual que sucede en otras provincias del país, en Jujuy existen importantes dificultades para que las causas por crímenes de lesa humanidad lleguen a la instancia oral y pública, algo que se debe en gran medida al entorpecimiento que sistemáticamente realiza la justicia en la etapa de instrucción: “en esta causa en particular –explicó Pelazzo– tenemos un ejemplo clarísimo de cómo funciona, no solamente en Jujuy, lo que yo llamo la continuidad de la impunidad ya en democracia a través de mecanismos internos de la justicia, que de alguna manera fueron bastante eficaces con la prolongación de la impunidad en el sentido de no avanzar con las causas, desguazarlas, no cumplir con ningún criterio de investigación en estos casos de lesa humanidad, que tienen particularidades que las diferencian bastante de otras causas. Por ejemplo, dos de las personas que están ahora de defensores de Blaquier y Lemos actuaron en las causas uno como juez y el otro como secretario; y el juez cuestionado que se apartó, que es Olivera Pastor, fue secretario de uno de los defensores que en su momento fue juez. Es tan enrevesado todo que cuesta entenderlo, pero yo no creo que ese hecho haya sido ajeno a la falta de avance en las causas”.

No sólo ciertos sectores de la justicia actúan en función de mantener lo que Pelazzo llamó “la continuidad de la impunidad ya en democracia”, también existen campañas mediáticas que apuntan a meter en la sociedad la idea de que si Blaquier va preso, quienes trabajan en el ingenio Ledesma pueden perder sus puestos. Al respecto, el fiscal manifestó: “el sistema penal argentino no tiene herramientas de persecución contra una persona jurídica, como en otros países sí existe; en nuestro sistema penal la persecución es hacia una persona física. En este caso, más allá de la eventual sentencia que tengamos en relación a estas personas, no se está litigando contra la empresa. La verdad que yo no creo que esté en peligro la existencia de la empresa, muchas personas han señalado ya que los recursos naturales que existen en la provincia no se puedan arrancar de acá y trasladarse a otro lugar del país o del mundo. Además, existen casos donde se ha juzgado a directivos, propietarios de empresas que han seguido funcionando.
Yo creo que son recursos que se están utilizando para generar temor en la sociedad y que también generan algunas reacciones negativas en relación a las víctimas. Se ha señalado a las víctimas como los eventuales causantes de ese posible cierre de la empresa”.

Estas represalias y campañas negativas contra las víctimas del Terrorismo de Estado y contra la lucha de los organismos de derechos humanos pudieron verse claramente en el marco de la última Marcha del Apagón, que se realizó el pasado 25 de julio. Sin embargo, a pesar de que había especulado con generar miedo y división, la marcha número 30 que recorrió como todos los años los kilómetros que separan Calilegua de Libertador General San Martín fue una de las más masivas, superando cualquier expectativa, con la presencia de cerca de cuarenta mil personas.

Tras la confirmación de los procesamientos de Blaquier y Lemos se ha dado un paso más en el camino hacia una instancia oral y pública que juzgue los crímenes de lesa humanidad que han cometido estos dos representantes de la complicidad civil en el Terrorismo de Estado.

Mientras tanto, este miércoles 4 de setiembre comenzará en la capital jujeña el segundo juicio por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, integrado por Fátima Ruiz López, Daniel Morín y Federico Díaz, juzgará a Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Vargas, Carlos Ortiz, Ricardo Ortiz, Mario Gutiérrez, Herminio Zárate y César Díaz, por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio en perjuicio de la docente y militante del PRT ERP, Dominga Álvarez de Scurta.

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