jueves, 5 de septiembre de 2013

Conflicto en Siria. La actividad terrorista como negocio y su lugar en el mercado

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Con el ataque a Siria, Estados Unidos y la alianza de naciones empeñadas en derrocar al gobierno no solo aspiran a crear más caos, sino que resultará en la erradicación de una inmensa base de datos y de pruebas sobre los cuarteles generales que han financiado la actividad terrorista en Siria.

Es así que la crisis en Siria resulta ser el escenario más representativo de un fenómeno cuyo rasgo esencial es el estrecho vínculo de las fuerzas opositoras al gobierno, con un denso mundo corporativo de las empresas subcontratistas que aprovisionan los esfuerzos bélicos destinados a desestabilizar estados, con terroristas, mercenarios, armamento y equipamiento.

Arabia Saudita, Reino Unido, Turquía, Israel, Qatar, y el propio Estados Unidos con sus agencias de inteligencia descuajeringadas después de 2001, tienen mucho interés en no dejar rastro de los crímenes cometidos por el terrorismo, porque son todas naciones implicadas en la actividad terrorista en Siria por omisión o participación.

Sin embargo el alcance de la operación es mayor. Desestabilizar estados para luego reorganizarlos en clave de globalización bajo el dominio del capital transnacional es un negocio. Como cualquier otro, atraviesa fronteras sin embargo como fenómeno de subcontratación de la actividad terrorista, está fuera de la regulación, no paga impuestos y trabaja con descentralización. En la apariencia, no hay estados ni corporaciones globales detrás. Se enfoca en un mercado de guerras intermedias que opera a través de la contratación de mercenarios y terroristas.

Un referente bien directo es el modelo de subcontratación en los organismos de seguridad de Estados Unidos que comienza a crecer en 2001 (Voelz, G.J.2006). La idea es romper el centralismo en base a competitividad y el crecimiento exponencial de la comercialización en la actividad terrorista. El sistema se usa en Afganistán, Irak, Chechenia, Sinkiang (China), Cachemira, Pakistán, Yemen, Mali, Sudán, India, entre otros lugares. La idea es desestabilizar. Medha Chaturvedi señala en un revelador artículo, (IPCS (Institute for Peace and Conflict Studies, septiembre 2011), que la subcontratación en la actividad terrorista es un fenómeno creciente.

El sistema no exhibe una línea de comando definida debido a que la operación no tiene afiliación a ningún grupo específico o alguna ideología. Esta condición perturba la labor de detectar y prevenir. La naturaleza internacional del sistema de subcontratación de actividad terrorista se amplió de tal forma y en sofisticación, que puede prescindir de la utilización de terroristas identificados. Mientras más limpieza en su hoja de servicios mejor.

Con el incremento de la comercialización en la actividad, el dinero se sobrepone a la ideología y de allí que Arabia Saudita y Qatar que disponen de mayores recursos sin regulación de leyes, han podido inyectar grandes volúmenes de capital en las actividades terroristas en Siria y no se descarta que ese capital esté circulando en las franquicias que amenazan a otros estados más allá de Siria.

El velo propagado de que se enfrenta a un radicalismo islámico desbocado, impide ver la verdadera naturaleza del negocio y de quién lo maneja. Coincidentemente, aparte de Israel, los países menos expuestos a este circuito de actividad terrorista 2.0, han sido Arabia Saudí, Qatar y el resto de las monarquías del Golfo Pérsico. Precisamente son los estados que funcionan en estrecho contacto con las compañías transnacionales de los recursos energéticos. Se pueden trazar algunas líneas de análisis respecto a qué tipo de estados u organizaciones les interesa la desestabilización de otros estados.

No es necesariamente siempre atribuible a “sectas extremistas del Islam”, como se propaga. Aún así, no se ha descartado que agencias de inteligencia de países como Arabia Saudita, EEUU, Reino Unido, Francia, Turquía, Jordania e Israel, en el caso específico del frente Sirio, colaboren con Al Nusra y grupos de yihadistas para destruir el estado Sirio..

La naturaleza de la actividad terrorista como negocio, se comienza a detectar con más claridad en India debido a la calidad e independencia de los analistas Indios. Los ataques terroristas en Mumbai (2008, 2006) entregan un hilo conductor hacia algunos supuestos acerca de quién estuvo detrás de esa serie de ataques y la percepción de que el dinero juega un rol más importante que la ideología. Las operaciones son cometidas por criminales anónimos de bajo perfil y que permanecen convenientemente como anónimos. “Mueren y nadie los reclama. Sólo importa que se haga el depósito en una cuenta bancaria en cualquier parte del mundo”, señala un ex -oficial de inteligencia.

Muchas dudas existen respecto al financiamiento y desarrollo de la subcontratación en el terrorismo convertido en negocio. ¿Donde están los cuarteles generales? ¿Son pequeñas y medianas empresas que compiten entre sí, con una lealtad nunca vista, ni siquiera en los carteles del tráfico de drogas? La inhabilidad de investigar una gran cantidad de cabos sueltos, por ejemplo en Siria, en donde se ha detectado un esfuerzo terrorista con más de 20 nacionalidades envueltas en las olas de terror, comienza a preocupar al esquema de seguridad global. "Aún en casos donde se ha establecido una guía para llegar a alguna conclusión, luego se desvanece por la brecha de información”, dice un oficial Indio en una nota de Josy Joseph, (TNN, Julio 17, 2011).

Con el incremento de la comercialización en la actividad, el dinero se sobrepone a la ideología y de allí que Arabia Saudí y Qatar que disponen de mayores recursos sin regulación de leyes, han podido inyectar grandes volúmenes de capital en las actividades terroristas en Siria y no se descarta que ese capital esté circulando en las franquicias que amenazan a otros estados, más allá de Siria.

No obstante, se deben considerar objetivos políticos en el uso del negocio de la subcontratación en la actividad terrorista, por ejemplo, la desestabilización de centros urbanos importantes en ciertas regiones importantes para la seguridad estratégica de las naciones que compiten por la supremacía. En política siempre hay un objetivo y esta vez el terrorismo ha sido un gran aliado, es negocio y es política a la vez. Nunca fue diferente. La gran diferencia es que ahora es más letal y hay menos fiscalización. La institucionalidad vigente ha sido cooptada por ese temor al dinero y a la violencia. El esquema perfecto para que el capitalismo global subsista como lo hemos visto hasta ahora.

La actividad terrorista como negocio y su lugar en el mercado, es lo que tiene a Estados Unidos en la cuerda floja y de allí el empecinamiento en derrocar al gobierno Sirio.

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Entrevista a Guillermo Almeyra, editorialista internacional de La Jornada (México): Un ataque a Siria corre el riesgo de extenderse a toda la región

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)
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Mario Hernandez (MH): Estamos en comunicación con Guillermo Almeyra para seguir conversando acerca de la situación en Siria. Al respecto, el Ministro de Defensa ruso informó sobre la detección de dos misiles de largo alcance que impactaron en aguas del Mediterráneo en la parte más oriental en dirección a las costas de Siria y el gobierno israelí se adjudicó de inmediato las acciones militares. ¿Qué significado tiene este hecho?

Guillermo Almeyra (GA): Hay una asunción de la responsabilidad por parte del gobierno israelí aunque en realidad es una prueba de Estados Unidos que no podía sin el permiso del Congreso que Obama está gestionando, lanzar una provocación, pero lo hace de todos modos, para demostrar la determinación, además para poner hechos consumados frente al Congreso norteamericano. Israel asume la paternidad de un hijo ajeno aunque también, por supuesto, está de acuerdo. Pone la cara en nombre del papá.
Lo de Estados Unidos ni siquiera tiene nombre porque dicen que tienen todas las pruebas pero no las presentan. Ninguna prueba. Por otra parte, la comisión de la ONU que estuvo en Siria todavía está estudiando las pruebas. Hay declaraciones del gobierno sirio que entre los muertos por gas hay más de un centenar de soldados sirios que estaban en los barrios gaseados. Es sumamente difícil que el gobierno sirio haya atacado con gas a sus propios soldados.
Hay declaraciones de mercenarios que dicen que se les fue de las manos el manejo del gas provisto por Arabia Saudita.
Todo indica que lo más probable fue la utilización del gas por una parte de la oposición, que está dividida. Apenas se produjeron los acontecimiento en Egipto salieron a la calle un montón de gente contra el gobierno de Assad, que no es un niño de pecho, pero lo hicieron desarmados. Se sumaron todos los mercenarios, incluso según Francia hay más de 120 franceses, que forman el ala extremista vinculada a Al-Queda y financiada por Qatar y Arabia Saudita. Esos sectores que están perdiendo en el campo de batalla, porque no tienen aviación ni artillería pesada, es probable que hayan utilizado el gas y lo hicieron mal.

MH: Estaba leyendo que el gobierno de Estados Unidos ha publicado un dossier “Valoración del uso de armas químicas por el gobierno sirio”. ¿Qué información manejás al respecto?

GA: Este dossier merece muy poca confianza porque es indudable que tienen todo un servicio propio de espionaje y de los países árabes, de Jordania, Qatar y Arabia Saudita. ¿Te acordás cuando el general norteamericano Colin Powell exhibió en la ONU un frasquito con ántrax diciendo que tenía pruebas y fotos de grandes depósitos de Saddam Hussein y no había nada?
Ellos tienen informaciones que Siria tiene armas químicas y seguramente es así, pero una cosa es que las tengan y otra muy distinta que las usen. Tampoco hay que confiar en Assad. Debe tener las armas químicas como las tenía Hussein que gaseó a los kurdos y a los iraníes con el apoyo de Estados Unidos Este último país debe mezclar datos concretos de concentración de ese tipo de armas en determinados lugares. Han publicado fotografías aéreas de las fortalezas. Mezclan datos concretos con fabulaciones. Mienten para justificar la agresión. Si tuvieran las pruebas concretas las exhibirían y no lo han hecho, en ningún lugar del mundo, ni siquiera en Estados Unidos

Estados Unidos dice que no va a ocupar Siria… salvo que se vea obligado

MH: Mencionaste a los kurdos y ayer leía que hay una gran movilización de alrededor de 50.000 guerrilleros en previsión de una posible invasión a Siria y algo similar ha sucedido, según información de esta mañana, respecto de la movilización de Hezbolla en el Líbano. En todos los puestos de guardia han sido reemplazados los combatientes experimentados por jóvenes.

GA: Un ataque a Siria corre el riesgo, como dice el mismo presidente de ese país, de extenderse a toda la región. En Siria hay kurdos y los de Turquía e Irak están movilizados solidariamente. Se extendería la guerra a varios países. Hezbolla está en Líbano. La guerra civil allí sería inevitable, porque una guerra en Siria, insisto, es también una guerra interconfesional.
Los salafistas y Al-Queda sostenida por Qatar y Arabia Saudita, están dispuestos a acabar con todas las otras minorías, con los alauitas que apoyan a Assad, los cristianos de diversas confesiones que también lo hacen, con los palestinos que son mitad cristianos y la otra mitad musulmanes que a veces apoyan a Assad y otras son críticos, es decir, todo eso se transformará en una matanza generalizada. Todo el mundo peleando contra todos. Habrá una reconstitución inmediata de todo el mapa de Medio Oriente y también probablemente un ataque a Israel, ya que si Assad se encuentra contra la pared podría disparar contra Israel, cosa que jamás ha hecho, o alguien en nombre de Siria podría hacerlo o contra un barco francés o yanqui que esté cerca, con lo cual justificaría la agresión y la ocupación.
Estados Unidos dice que no va a ocupar, salvo que se vea obligado. Esa salvedad abre el camino a una posterior intervención si se desata el conflicto.

MH: También se conocieron declaraciones del diario chino Global Times, cercano al P. C. Chino que señala: “las fuerzas mundiales opuestas a una intervención militar estadounidense en Siria deben unirse e impedir un ataque occidental contra ese país. Si este ataque se produce estas fuerzas mundiales deben apoyar la resistencia del gobierno sirio. Es necesario que Rusia e Irán suministren una ayuda militar directa al gobierno sirio”.

GA: Está clarísimo. China sabe perfectamente bien que es un blanco posterior. Lo fue en Yugoslavia desde el primer bombardeo a Belgrado, de entrada bombardearon la Embajada china. Después Estados Unidos dijo que fue un error, que no conocían, pero resulta que había sido inaugurada por el vicepresidente de Estados Unidos Sabían perfectamente dónde estaban.
Rusia y China, que por otra parte en el campo militar actúan juntos, están en la mira de Estados Unidos
Si en Siria no toman posiciones contra un ataque, o lo limitan, o advierten para que no lo hagan, abren el camino para una agresión más fácil contra ellos. No hay que separar lo de Siria con la necesidad de Estados Unidos de atacar Irán -también Israel tiene sus propios planes concretos, declarados-y, sobre todo, con el despliegue de tropas y alianzas militares en todo el Pacífico frente a China, de modo tal de no dejarle salida ni para el comercio normal.
China se siente amenazada y sabe que estas guerras locales en lugares aparentemente secundarios del globo terrestre, después se pueden transformar en una guerra mundial como sucedió con la Revolución española. La intervención de Hitler y Mussolini preparó la invasión al resto de Europa.

MH: Para ir cerrando, según un estudio del Washington Post y ABC News, el 59% de la población estadounidense se opone abiertamente a un posible ataque con misiles propiciado por el gobierno de ese país contra Siria.

GA: Es importante y tendría su peso, pero el establishment, los que deciden en Estados Unidos, y Obama que es su instrumento, se guían más por las relaciones de fuerza en el Congreso que por la relación social con su población. No será la primera vez que los gobernantes estadounidenses harán entrar al país en una guerra a pesar de la voluntad pacifista del pueblo.
Desde el punto de vista histórico recordemos que el mismísimo Roosevelt tuvo que enfrentar una opinión pública que estaba en contra de la guerra mundial y le presentó el hundimiento de la flota en Pearl Harbour a pesar de que sabía perfectamente bien que los japoneses lo estaban preparando y, sin embargo, dejó que fuese hundida para presentarle a la población norteamericana un hecho consumado y llevarla a la guerra.

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La permisibilidad del estado en Chile con el terrorismo en Siria

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Un equipo periodístico de Televisión Nacional de Chile (TVN), ingresó a Siria recientemente en forma ilegal a través de frontera de Siria con Turquía. El objetivo consistía en producir un programa sobre la actual crisis en ese país. El Ministerio de Información de Siria me indica que el equipo de la televisión chilena de propiedad estatal, aunque funciona como empresa pública autónoma, “para poder entrar recibió el apoyo de Al Qaeda”. Textual.

La información anterior es tajante y si bien proviene de una fuente oficial, no se aleja de lo señalado por un editor del canal, el Sr.Villavicencio, cuando dice: "Fue muy difícil que pudieran entrar a la zona de conflicto… Ojo, que no entraron por Damasco, sino por el lado norte del país, en la frontera con Turquía, que es donde se encuentran los rebeldes y una fracción de Al Qaeda".emol.28 de agosto2013)

Al infiltrarse por la frontera de Siria con Turquía, el equipo de TVN viola los procedimientos del estado sirio. La acción es todavía más grave al haber buscado el apoyo de las organizaciones opositoras que por necesidades de supervivencia en el combate se vinculan con redes terroristas. La permeabilidad del grupo opositor a la inyección terrorista en el empeño de derrocar al gobierno es alta e indesmentible.

Por este factor, TVN ha cruzado una línea. Desde el punto de vista del respeto a normas básicas en el ejercicio de informar sobre un conflicto armado empañado por la desinformación parcial y sesgada, lo recomendable consistía en haber usado los canales oficiales.

Es ampliamente conocido que el procedimiento para el desempeño de cualquier medio informativo extranjero en Siria, consiste en solicitar la visa correspondiente al Ministerio de Información. Es el procedimiento utilizado por muchos medios entre otros, Sky News, The New York Times, Irish Times, Clarín y La Nación de Argentina. El hecho de haber recibido el apoyo de las fuerzas opositoras que intentan derrocar al gobierno y que como se ha constatado, incluye a redes terroristas, reviste suma gravedad y debe darse a conocer a la opinión pública en su dimensión política más completa tratándose de un conflicto plagado de terroristas

TVN al ser una institución de propiedad estatal tiene la obligación de respetar el protocolo y los procedimientos en el marco de las relaciones bilaterales con el gobierno de la República Árabe Siria. El hecho que una organización de propiedad del Estado utilice organizaciones vinculadas con el terrorismo constituye una señal de alarma y es necesario investigarlo. De ser así, se habrían violado acuerdos internacionales y los protocolos existentes. En este sentido, la legalidad de las acciones de funcionarios que actúan en nombre del Estado chileno entra en cuestionamiento al involucrarse con organizaciones globalmente reconocidas como terroristas. Imaginemos que un equipo de la Televisión Nacional Argentina, en el caso de existir, entre clandestinamente a Chile para reportar sobre el conflicto Estado Chileno- Pueblo Mapuche.

Televisión Nacional de Chile si fue apropiadamente advertida del contexto en Siria, debió haber sido menos desprolija. La crisis abarca un amplio rango de efectos colaterales. Uno de ellos es el estrecho vínculo de las fuerzas opositoras al gobierno con un denso mundo corporativo de las empresas subcontratistas que aprovisionan los esfuerzos bélicos destinados a desestabilizar estados, con terroristas, mercenarios, armamento y equipamiento.

La subcontratación en la actividad terrorista es un fenómeno creciente. No exhibe una línea de comando definida debido a que la operación no tiene afiliación a ningún grupo específico o alguna ideología. Con el incremento de la comercialización en la actividad, el dinero se sobrepone a la ideología y de allí que Arabia Saudí y Qatar que disponen de mayores recursos sin regulación de leyes, han podido inyectar grandes volúmenes de capital en las actividades terroristas en Siria y no se descarta que ese capital esté circulando en las franquicias que amenazan a otros estados más allá de Siria.

El contexto de la guerra irregular en Siria es muy diferente a otras confrontaciones, Ex -Yugoslavia, Afganistán e Irak vienen a la mente. El gobierno no ha declarado toque de queda y menos estado de sitio, como lo he observado en otros conflictos de desestabilización o guerra internas en Bangladesh, Afganistán, Sudán, Cachemira y Assam (India), Mozambique e Irak. El rasgo determinante de esta guerra, más allá del drama humanitario, ha sido que el gobierno Sirio no ha interrumpido en ningún momento el flujo de actividad libre y desarrollo del país.

Este rasgo notable del estado Sirio pudiera haber sido reportado en una producción televisiva que fue sumamente sesgada, alejándose del foco principal en el conflicto como es la lucha contra el terrorismo.

En los momentos que el gobierno de Barack Obama hace esfuerzos desesperados por ganar el favor público mundial y de su país para una intervención militar sin justificación y legitimidad alguna, el producto de Televisión Nacional de Chile exhibido al público y que seguramente está en la señal internacional, no es solo un oprobio propagandístico, sino que demuestra la permisibilidad del estado chileno respecto a cumplir La Resolución Anti Terrorista de la ONU, 1373, de septiembre del 2001.

El instrumento de carácter normativo y universal, solicita que se usen todos los medios para denunciar el terrorismo y sus redes. TVN contó esta vez con la colaboración de estas redes aunque haya sido en la noble tarea de informar al público. Desde esta resolución, para la misión del canal estatal habría sido apropiado denunciar el terrorismo que asola al país levantino.

Estos instrumentos como la Resolución 1373, si bien no restringen la libertad de informar, recomiendan alta selectividad en el ejercicio de informar. El estado de Chile debe evitar caer en el libre albedrío en materia de terrorismo. No se puede legitimar aventuras de pantalla que violan normas internacionales por muy atractivas que sean para el clamor público y la rentabilidad.

Más allá del abogar por la libertad de información y de que el objetivo haya sido humanitario, el episodio ha sido una provocación al gobierno Sirio. El objetivo no exime a la forma, menos cuando se cruza la variable terrorismo. Hubo permisibilidad y la investigación está pendiente.

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Colombia. Tratado de Libre Comercio, Deuda, y Soluciones Temporales a la Crisis Agraria: ¡Las calles y pueblos tienen la última palabra!

CADTM Colombia (especial para ARGENPRESS.info)

Las manifestaciones y protestas por parte de agricultores en Colombia están a punto de completar dos semanas. En un país caracterizado históricamente por el abandono y falta de apoyo al desarrollo de zonas rurales, los campesinos decidieron desde el 19 de Agosto 2013 salir a protestar por las carreteras de toda Colombia. Las manifestaciones aglomeran un diverso grupo de sectores y regiones del país, desde cultivadores de papa en Boyacá, pasando por productores de leche en Nariño, hasta llegar a cultivadores de arroz y tomate en el Huila.

Si bien las características específicas de los problemas de cada uno de estos sectores son diferentes, existen una serie de elementos comunes entre estos. Entre ellos se destaca la dificultad de competir con productos importados de bajo costo que entran al país en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con los Estados Unidos, apreciación del tipo de cambio, altos costos de los insumos y fertilizantes, así como la falta de apoyo del gobierno al sector agrícola en la forma de preparación técnica, créditos y subsidios. Tomados de conjunto estos elementos muestran que más allá de ser un problema coyuntural, la problemática del campo colombiano tiene un carácter estructural. Las protestas en este sentido responden a la maduración de un conflicto social y económico de larga data.

Ante esta situación el gobierno ha adoptado un discurso disociado de la realidad. En un primer momento, a una semana del comienzo del paro, el Presidente Santos negó la existencia misma de este. Solo ante el recrudecimiento de los bloqueos de carreteras, así como las denuncias de abuso de fuerza por parte de la Policía Nacional, el Presidente se retractó de su afirmación. Así, en el curso de 3 días, se pasó de una situación donde el discurso oficial del gobierno negaba la existencia de problemas, a uno donde se reconocía una crisis generalizada del sector agrario.

Las respuestas propuestas por parte del gobierno no difieren mucho de su discurso. Más que proponer un replanteamiento generalizado de la política en el sector agrario, el gobierno se circunscribe a plantear remedios de corto plazo los cuales en última instancia solo alargan la agonía de los campesinos colombianos que viven día a día del producto de la tierra. En el caso del TLC, el gobierno propone la implementación de salvaguardas que temporalmente permiten aumentar las tarifas arancelarias en una serie de productos agrícolas. Así mismo, propone la eliminación de aranceles para insumos con el objetivo de reducir los costos de estos. Finalmente, como sucedió en el caso de los caficultores, el gobierno ha propuesto el establecimiento de subsidios destinados a mantener precios mínimos para los productores.

Si bien estas propuestas permiten aliviar de manera inmediata la difícil situación de los campesinos colombianos, lo cierto es que el gobierno no está en capacidad de mantener este esquema de subsidios y protección más allá de unos cuantos meses. Ello se debe al marco institucional asociado a la adopción del TLC por parte del país. La eliminación de aranceles a bienes agrícolas adoptada al momento de firmar dicho acuerdo es de carácter permanente. Debido a este cambio, se ha observado un inusitado aumento de las importaciones de alimentos en Colombia. Entre 2012 y 2013, primer año de vigencia del TLC, las importaciones de bienes agrícolas de Colombia desde Estados Unidos aumentaron en un 70%. (1)

Para disminuir la entrada de importaciones, el gobierno ha propuesto el uso de salvaguardas. Dentro de las regulaciones del TLC estas permiten aumentar temporalmente las tarifas ante situaciones excepcionales como las que vive el país actualmente. Sin embargo, solo pueden utilizarse entre 1 y 3 años, con renovación requerida en el segundo año. Más allá del tercer año, el uso de este tipo de mecanismos queda prohibido por parte del acuerdo (2). Es decir que futuros gobiernos que tengan interés en proteger la producción nacional por medio de cambios en la política arancelaria del país se verán imposibilitados por las restricciones impuestas por el TLC. En tal evento, tanto los productores nacionales, como la soberanía alimentaria del país, quedaran de nuevo indefensos ante las importaciones de alimentos.

En cuanto al tipo de cambio, la apreciación experimentada por el peso colombiano a lo largo de los últimos años pone en seria desventaja a los productores nacionales, al reducir artificialmente el costo de las importaciones. Los principales factores detrás de esta dinámica son la alta entrada de capitales al país asociadas con actividad en el sector minero, así como capitales golondrina buscando beneficiarse del diferencial de tipo de interés. La única respuesta del gobierno ante esta situación ha sido la esterilización de los flujos de capital por medio de la emisión de deuda de corto plazo. En los últimos 2 años tal estrategia le ha costado al gobierno cerca de mil millones de dólares, en la forma de pérdidas registradas por parte del Banco de la Republica, a cambio de moderar mas no eliminar completamente la revaluación. Frente a esta política la alternativa es la implementación de controles de capitales, como ya se ha hecho anteriormente en el país. Sin embargo, como en el caso de las salvaguardas, el país no puede utilizar este mecanismo debido a las restricciones impuestas por el TLC, las cuales prohíben este tipo de controles. Así, el tipo de cambio del peso colombiano y con ello la suerte de los productores nacionales siguen sujetas a los vaivenes de la especulación financiera.

El costo de los insumos y fertilizantes es un caso similar a lo que ocurre con las salvaguardas y los controles de capitales. El problema clave en esta área es la concentración en la estructura de mercado. La razón por la cual en Colombia los precios de los fertilizantes pueden llegar a estar entre 25 y 35% por encima de los precios internacionales esta asociada con el hecho que solo 4 empresas controlan entre el 80 y 90% del mercado en el país (3). La disminución en las tarifas aunadas a las restricciones fitosanitarias y de calidad en el TLC mantendrán esta estructura, cambiando solamente los proveedores. Ello se debe a que las restricciones fitosanitarias y de calidad, requieren de la utilización de semillas y fertilizantes certificadas. Estos son provistos por las grandes compañías de la agroindustria como Monsanto, las cuales obligan a los cultivadores a comprar paquetes tecnológicos completos. En el caso de aquellos cultivadores que se resistan a este esquema productivo, se arriesgan a la destrucción de
sus cultivos y semillas como queda demostrado en el documental 9.70. (4)

Finalmente, en lo que respecta a los subsidios, estos representan tal vez la peor alternativa disponible. Ante la falta de protección y apoyo a la agricultura por parte del gobierno, los subsidios solo mitigan de manera temporal el carácter estructural de la baja productividad de gran parte del sector agrícola en Colombia. En líneas generales, los subsidios tienden a beneficiar a la agroindustria en el país, la cual dispone de fácil acceso a crédito por su tamaño y altos niveles de productividad, sin ayudar de manera estratégica a mejorar las condiciones de producción y de vida de los pequeños y medianos campesinos que viven cosecha a cosecha.

Ante esta situación se requeriría un aumento significativo de los recursos que destina el país, no para subsidiar, sino para invertir en el desarrollo de las capacidades y potencial de la agricultura en el país, por medio de la tecnificación y especialización productiva de la economía campesina. Sin embargo, una mirada al presupuesto de la Nación revela una situación bastante diferente. Mientras que en el presupuesto de 2013 el sector agricultura recibió recursos por 3,7 billones de pesos (1,9 millardos de dólares) en 2014 el sector recibirá 2,1 billones de pesos (1,1 millardos de dólares). Esto representa una disminución del 43%, justo en el año en que además del TLC con Estados Unidos, se espera entre en vigencia el TLC con la Unión Europea.

No solo el sector agrícola ve reducida su participación sino que en general la estructura del presupuesto de Colombia muestra la poca atención que recibe el campo. Los recursos del sector representan un 1% del total del presupuesto de 2014. Mientras tanto el sector Defensa, básicamente los recursos de la Policía y Ejercito Nacional, recibirá 27,7 billones de pesos (14,5 millardos de dólares), es decir 14 veces los recursos destinados para agricultura. Mas grave aun, mientras los campesinos protestan y se manifiestan en contra del olvido estatal, el gobierno destina 44,7 billones de pesos (23,3 millardos de dólares) para el pago de la deuda, o 23 veces los recursos de agricultura. Al sumar los recursos destinados al pago de la deuda y el sector defensa, estos representan el 37% de los recursos totales del presupuesto de 2014. Esta cifra es el equivalente de los recursos de agricultura, educación, salud, inclusión social, transporte y vivienda.

Los números dejan en claro que mas allá de buscar resolver de manera estructural los problemas del campo colombiano, el gobierno busca soluciones de corto plazo que le permitan posicionarse de cara a las elecciones que tendrán lugar en el país en el primer semestre de 2014. El costo de esta estrategia necesita ser sopesado, no solo frente a la futura reaparición de la misma serie de problemas que enfrenta hoy en día el sector agrícola, sino más importante aun frente a una posible conclusión exitosa de los diálogos de paz que se llevan a cabo en la Habana. Ante la oportunidad histórica de lograr una solución negociada al conflicto armado, Colombia no se puede dar el lujo de continuar desatendiendo las tensiones sociales y económicas que dieron lugar originalmente al periodo de violencia que ya dura más de 60 años. Al parecer las calles y pueblos de Colombia, y en especial su capacidad de seguir presionando por cambios al gobierno, tienen la última palabra al respecto.

Notas:
1) Senado de Colombia, "Las cifras confirman que Colombia es el gran perdedor del TLC con Estados Unidos: senador Robledo”, disponible en: http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/17127-las-cifras-confirman-que-colombia-es-el-gran-perdedor-del-tlc-con-estados-unidos-senador-robledo?tmpl=component&print=1
2) Kruger, P., Denner, W., Cronje, J., (2009), “Comparing Safeguard Measures in Regional and Bilateral Agreements”, ICTSD, Issue Paper No. 22, disponible en: http://www.felixpena.com.ar/601E3B3C-6746-4557-94CC-F5797C8D5827/FinalDownload/DownloadId-2F6930DBBF715AF28B555E4E17B13590/601E3B3C-6746-4557-94CC-F5797C8D5827/contenido/negociaciones/anexos/2010-09-safeguardweb.pdf
3) El Espectador, “Colombia, campeón mundial en precio de fertilizantes”, disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/colombia-campeon-mundial-precio-de-fertilizantes-articulo-440962
4) En este documental se muestra el caso de un grupo de cultivadores de arroz del departamento del Huila, los cuales se ven forzados a destruir sus semillas en el marco de los lineamientos del TLC con Estados Unidos. Ver, Documental 9.70 de Victoria Solano, disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=kZWAqS-El_g

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Chile. A 40 años del golpe: Recuerdan quema de libros y obras de arte

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

La imaginación de Ray Bradbury se quedó pequeña cuando en 1953 escribió su célebre novela Fahrenheit 451, llevada al cine en 1966 por François Truffaut. La realidad siempre supera a la ficción: la sociedad donde se quemaron públicamente libros y estuvo prohibido poseerlos, y más aún leerlos, fue establecida en Chile el 11 de septiembre de 1973 por la dictadura cívico-militar promovida por la derecha política, las clases propietarias de la economía y el inefable Estados Unidos.

Los periodistas que trabajaban para la dictadura llamaban a los medios para avisarles cuándo y a qué hora habría una gran quemazón de libros, obras de arte y afiches políticos. Para las mentes de estos sujetos se trataba de un gran acontecimiento digno de conocerse urbi et orbe. Obviamente, todos los medios, prensa y televisión, eran favorables a la dictadura y, además, cultivaron la mentira con entusiasmo y sin rubor.

Los libros ardiendo a 451 grados Fahrenheit, o 233º Celsius, fueron fotografiados y filmados con estupor por los corresponsales extranjeros y los reporteros criollos. El académico Ramón Castillo, Director de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales, dedicó gran parte de su vida a recuperar los libros que se salvaron porque se escondieron y consiguió hasta tres videos sobre esas infernales quemazones que los corresponsales extranjeros registraron in situ con sus cámaras en los atroces días de septiembre de 1973.

Ahora todo ese material puede verse en una la Exposición Biblioteca Recuperada Libros Quemados y Escondidos a 40 años del Golpe, en la Biblioteca Nicanor Parra, de la UDP, Vergara 324, de lunes a sábado, entrada gratuita y abierta a todo público. El canal popular Señal 3 de La Victoria, del sur de Santiago, entrevistó al académico Ramón Castillo, quien relata cómo recuperó ese material. El trabajo de la Señal 3 comienza con terribles imágenes de quemas de libros de 1973, dignas de verse.


Entrevista a Ramon Castillo Director de Arte UDP y Curador from SEÑAL 3 LA VICTORIA on Vimeo.


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El carácter de la transición política: Reportaje a Jorge Altamira

PRENSA OBRERA (especial para ARGENPRESS.info)
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¿Cuál es, a su juicio, el panorama político del país al cabo de las Paso?

Se ha abierto una transición política con algunas características pre-revolucionarias. El núcleo de esta situación es que replantea las crisis catastróficas que signaron la salida de la dictadura, el retiro anticipado de Alfonsín, la crisis del ‘tequila’’ -en 1994/6, y la bancarrota de 2001/2.

De un lado, tenemos la crisis cambiaria en un marco fuertemente inflacionario, cuyo nivel es mayor al que registran las estadísticas debido a la distorsión que ocasionan diversos congelamientos en la oferta de servicios. A esto hay que sumar el elevado déficit de importaciones de energía y la sistemática caída de los precios internacionales de las exportaciones de Argentina. Brasil representa una amenaza poderosa debido a varios factores: la recesión, la fuerte devaluación del real y la discusión cada vez más intensa de congelar el Mercosur en favor de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. La desvalorización de la moneda, por parte de Brasil, ha forzado una aceleración de la devaluación del peso en el mercado oficial. El impacto político de los desequilibrios económicos se manifiesta en la necesidad del gobierno de recurrir a un impuesto al salario, que abarca a más de dos millones de trabajadores. Los remedios del oficialismo a esta crisis (cedines, baades, supercards) han fracasado, pero han dejado establecida una devaluación financiera del peso a 9/10 por dólar. La relevancia de la crisis financiera / inflacionaria en la transición política ha quedado expuesta en la convocatoria de CFK a la cúpula capitalista para discutir una acción de emergencia hacia octubre. Argentina se encuentra en el umbral de su enésimo ajuste violento de la economía, que será enfrentado por fuertes reacciones populares. En el oficialismo y en la oposición se procura elaborar algo así como una ‘sintonía fina’ de este ajuste, con probabilidades remotas de éxito.

El agotamiento económico y político del gobierno explica el “cambio de frente” de la burguesía nacional, que reclama la eliminación de los ‘cepos’ y una la obtención de una libertad de acción, fundamentalmente para reanudar el endeudamiento internacional y por lo tanto el ‘ajuste’ del tipo de cambio. La emergencia de Massa corporiza este “cambio de frente”, aunque su planteo no difiere del que formula el FAP desde mucho antes. El Frente Renovador ha adquirido prominencia por esta razón. Es, precisamente, la caracterización de CFK, con una demora de dos años, cuando llama a discutir con los ‘titulares’, precisamente el bloque de la burguesía que ha sostenido al gobierno durante la década, con varios baches en el camino. Las características pre-revolucionarias potenciales de la situación actual obedece a la conjunción de un descontento simultáneo de las clases poseedoras y de las explotadas (por razones antagónicas), de los de arriba y de los de abajo. A la hora de evaluar el ritmo que podría tener esta crisis, la conclusión (inevitablemente provisoria) es que será relativamente rápida, esto porque hay un reflujo generalizado de las economías llamadas emergentes, o sea que se acentúa la crisis mundial, y porque el “cambio de frente” de la burguesía parece bastante generalizado.

¿Cuál cree que será la reacción del peronismo; volver a unirse o continuará la fragmentación?

El peronismo, en rigor, se ha convertido en una entelequia; simplemente denomina a distintos aparatos del Estado y en especial a diferentes camarillas, pero no tiene el carácter de movimiento popular, que el kirchnerismo intentó re-construir en forma tardía (Bicentenario); no es casual que sus dirigentes más vistos provengan de la Ucedé (Massa, Boudou, Etchegaray, incluso Scioli). La emergencia de un movimiento popular tendrá, en la próxima etapa, una expresión política diferente, seguramente de la izquierda revolucionaria (luego de algunas transiciones episódicas). El massismo está obligado a reclutar a una mayoría de intendentes y gobernadores, pero se trata de una tentativa difícil y por sobre todo convulsiva, e incluso podría dejar expuesta con mayor amplitud una fragmentación que se alimenta por la diversidad de apetitos que compiten; es a lo que apuesta el cristinismo para continuar como primera minoría y procurar, a partir de esta condición, el protagonismo principal para hacer este trabajo de recomposición -ballotage en 2015. De cualquier modo, será Scioli el beneficiario de una sucesión -y ya ha reclamado internas abiertas en un ‘peronismo’ que no existe en forma oficial.

La dislocación de los partidos tradicionales es la expresión de treinta años de fracasos políticos de la burguesía argentina. La base popular de ellos emigra hacia la izquierda, algo que se ha acentuado en las elecciones pasadas. Una concertación espuria de aparatos ‘peronistas’ acentuaría la adhesión de su vieja base popular hacia la izquierda combativa.

¿Cree posible que un partido o una alianza de izquierdas llegue al gobierno en 2015 o en 2019?

Es posible que una alianza “de izquierdas” (FAP, Unen y ex Proyecto Sur, Coalición Cívica, CTA) llegue al gobierno en 2015, pero con una salvedad: debería aceptar el lugar de segundo violín de una unión nacional con la fuerza del ‘peronismo’ que emerja con mayor relieve. Esto ocurrirá inevitablemente si se desarrollan los elementos pre-revolucionarios de la situación actual; como lo explicó Engels hace mucho, todos los componentes del sistema político burgués (derecha-izquierda) tienden a formar un bloque único ante amenazas extremas. Es difícil, sin embargo, que esa izquierda pueda ganar las elecciones presidenciales en caso de un desarrollo menos convulsivo.

¿Qué características debería tener para usted una alianza de izquierdas para Argentina, en el actual panorama de crisis económica y financiera mundial?

A partir de esa caracterización del momento histórico -crisis capitalista-, una alianza de izquierda debe tener un carácter anticapitalista, lo que significa expropiación de las grandes corporaciones y bancos, y gestión por parte de los trabajadores. Es la aplicación de este programa lo que podría dar un enorme impulso a la mejora de la calidad de vida de las masas laboriosas. La forma política de este programa debería ser un gobierno de trabajadores. Precisamente, la perspectiva que abre el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

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Argentina: Ahora los socios civiles del genocidio también van al banquillo

Emilio Marín (LA ARENA)

Los juicios por delitos de lesa humanidad no solamente han aumentado en cantidad. Son de una calidad superior pues están comenzando a sentar a varios empresarios y cómplices civiles en el banquillo de los acusados. Era hora.

Esta nota sobre la responsabilidad criminal de los empresarios con la dictadura reconoce varias motivaciones. Una fue el 7 de mayo pasado, cuando Fiat se vistió de gala para recibir a la presidenta de la Nación que llegaba a Córdoba para la inauguración de la planta de tractores New Holland (NH). Esta había recibido préstamos millonarios del programa del Bicentenario en condiciones que industriales nacionales, no multinacionales como la de Turín, hubieran querido para sí.

En la ocasión la presidenta fue flanqueada por Natale Rigano, presidente de Fiat Industrial; Cristiano Rattazzi, de Fiat Argentina e histórico impulsor del modelo neoliberal, y Sergio Marchionne, presidente mundial de Fiat, quienes destacaron el aporte de la Nación para el proyecto NH.

La mayoría de los sectores progresistas decidieron concurrir a la planta de Ferreyra para festejar lo que veían como un día memorable: una planta ampliada con la presencia de la jefa de Estado. El cronista creyó que no se debía festejar con los ejecutivos de una empresa que tuvo gran responsabilidad en los crímenes cometidos por el III Cuerpo de Ejército.

Obreros torturados

Dos meses más tarde, en la megacausa "La Perla", que juzga los crímenes de los grupos de tareas del general Menéndez, el testigo Jorge Argañaraz, obrero de Fiat Materfer al momento de su secuestro, en noviembre de 1976, declaró sobre los torturadores: "al segundo o tercer día aparecen con álbumes fotográficos pertenecientes a los trabajadores de Fiat, pero los álbumes pertenecían a la empresa, decían Concord, Materfer y Grandes Motores Diesel; la empresa le había provisto a este grupo de tareas definitivamente estos elementos".

Argañaraz recuperó la libertad, pero 30 trabajadores de Fiat siguen desaparecidos, entre ellos siete incluidos en ese juicio: Eduardo Castello Soto, Luis Alberto López, Mario Oviedo, Raúl Suffi; Daniel y Pascual Ortega, y Pedro Finger.

A los popes de Fiat, en vez de créditos oficiales habría que darles cédulas de citación a indagatorias...

Familia Iaccarino

Otra de las motivaciones del cronista para esta nota fue que el 21 de julio pasado recibió un mail de Carlos Iaccarino, en su nombre y de su hermano Alejandro, con la recopilación de antecedentes, notas y el fallo del tribunal Oral Federal de La Plata 1, presidido por Carlos Rozanski e integrado por Pablo Jantus y Pablo D. Vega, sobre el "caso Iaccarino". Al ir leyendo tanta data, creció el interés por escribir algo al respecto.

Carlos, Alejandro y otro hermano, Rodolfo, y sus dos padres fueron secuestrados en noviembre de 1976, algunos en Santiago del Estero y otros en La Plata, por la dictadura militar-cívica. Se los privó ilegalmente de la libertad y se los pasó, con tormentos y torturas, por catorce centros de detención, de ellos nueve clandestinos, como el tristemente célebre COT Martínez, que funcionaba en la zona norte de Buenos Aires y que se hizo conocido porque allí estuvo secuestrado Jacobo Timerman.

¿Los Iaccarino eran trabajadores como los de la Fiat? No. Eran empresarios que tenían campos, propiedades, algún avión ejecutivo y perdieron todo como otros 266 empresarios víctimas de secuestros por los militares y socios civiles, según la estadística de uno de los Iaccarino.

A esta familia les robaron todo, fraguando una venta por un precio que nunca se pagó. Un avión y 25.000 hectáreas de campos, valuados en 10 millones de dólares, desaparecieron.

El 10 de junio de 2013 el tribunal platense falló en esta causa y lamentablemente sólo condenó a dos ex jefes policiales de la Brigada de Lanús, Bruno Trevisan y Jorge R. Ferranti, a penas muy leves, de 3 y 4 años de prisión. Los halló culpables sólo de "vejaciones y severidades" dejando de lado la acusación de privación ilegítima de libertad y tormentos. Los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández apelaron tan errónea resolución, de la que solamente estuvo exento Rozanski, quien votó en minoría.

La labor de Carlos y Alejandro Iaccarino está más que justificada en lo que tiene de búsqueda de justicia y reparación. También hay otro aspecto loable, pues ellos buscan organizar a los empresarios nacionales víctimas de aquella represión y delitos. Con tantos cómplices de la represión en las cúpulas de UIA y AEA, vendría muy bien una representación realmente nacional de empresarios locales.

¿Cuáles valores?

Hablando de cómplices empresarios del terrorismo de Estado, todos fueron parte de la banda de José A. Martínez de Hoz, como el procesado Juan Alfredo Etchebarne, ex titular de la Comisión Nacional de Valores. El juez federal Daniel Rafecas tomó tal determinación acusándolo de ser corresponsable de al menos 23 secuestros de empresarios en la causa Industrias Grassi-Banco de Hurlingham.

Esos detenidos estuvieron en Campo de Mayo bajo la autoridad militar del general Roberto Roualdes, segundo de Carlos G. Suárez Mason. Como el militar no podía tener precisiones en los interrogatorios, pedía colaboración y asistencia a Etchebarne de la CNV, quien les enviaba funcionarios para orientar esas preguntas a los cautivos.

El objetivo era robarles sus participaciones empresarias, sacarlos del medio y favorecer a otros grupos económicos, más allegados al videlismo y el superministro de Economía. El mismo Martínez de Hoz, que falleció en marzo pasado cuando aún no había condena en su contra, estaba procesado con prisión preventiva por un caso similar, de secuestro a dos empresarios Gutheim, padre e hijo, a raíz de un convenio para venta de algodón a Taiwán. Ese negocio debía ser para peces más gordos que esos dos secuestrados.Según el actual titular de la CNV, Alejandro Vanoli, hubo al menos 141 empresas que fueron apropiadas por procedimientos ilegales, secuestros y torturas de sus legítimos dueños, once los cuales fueron asesinados. Es estudio de la entidad debe haber servido de base para la decisión de Rafecas, de promover el procesamiento del responsable en tiempos de la dictadura. Otra buena actuación del juez, a pesar de las acusaciones en su momento de Amado Boudou, que amagaron con costarle la carrera judicial.

La corporación mediática y monopolista, con Clarín a la cabeza, se queja ahora de las funciones regulatorias que la ley ha otorgado a la CNV y algún fallo judicial consideró inconstitucional alguna de las facultades conferidas por su artículo 20. Debe ser porque extrañan los tiempos de Etchebarne y la picana.

Habrá que leerlo a Verbitsky

Otro estímulo para escribir hoy sobre este tema fue saber que Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky van a presentar el 14 de septiembre próximo un libro de su autoría, titulado "Cuentas Pendientes". El adelanto de Siglo XXI dice que ambos, "junto con un equipo de prestigiosos autores, sacan a la luz los casos de complicidad civil y económica con la dictadura. Esos casos involucran empresas como Ledesma, Ford, Acindar, Techint o Mercedes Benz, cuyos directivos están acusados o sospechados de entregar trabajadores que luego fueron desaparecidos, así como organismos creados para extorsionar empresarios poco afines y expropiar sus bienes, como sucedió con Papel Prensa y con los hermanos Iaccarino".

Habrá que leerlo. Ahora sí va a estar bueno Buenos Aires...

Blaquier al banquillo

La otra motivación del artículo fueron los avances en la causa contra Carlos P. Blaquier, dueño del ingenio Ledesma de Jujuy, procesado junto con otro directivo, Alberto Lemos, por veintinueve desapariciones en aquella provincia durante 1976. Son dos causas, una conocida como la de la detención del médico y ex intendente Luis Arédez y otros detenidos, y otra llamada del "Apagón".

El monopolio azucarero, que además cuenta con plantas de fabricación de papel, bioetanol y 155.000 hectáreas, fortaleció estos tentáculos durante el terrorismo de Estado. En rigor desde antes, pues parte de los presos políticos lo fueron en Jujuy antes del golpe, cuando allí gobernaba el peronismo derechoso de Snopek, Martiarena y Paleari (Milagro Sala debe saber de estos antecedentes de la dupla Fellner-Barrionuevo).

El ingenio aportó las listas de sospechosos, las camionetas y hasta dependencias para que los detenidos fueran trasladados y concentrados. De allí, golpeados, más de 200 personas partieron hacia comisarías en aquellas aciagas jornadas de julio de 1976 y 30 nunca más regresaron con vida.

El 25 de julio pasado se realizó la marcha por el Apagón, de Calilegua a Libertador San Martín, con una concurrencia masiva de 50.000 personas. El cronista se acordó de sus amigos Jorge Weisz (ex dirigente obrero del Ledesma) y los abogados Carlos Patrignani y Pablo Bernard, todos desaparecidos en Ledesma, y de otros que no conoció personalmente, como el médico Luis Arédez (sí a su hijo Ricardo, quien le mandó la invitación a la marcha), Carlos Zamparini y otros militantes populares de Jujuy.

Ese 25 de julio se piantó un lagrimón por los recuerdos de tanta gente querida y desaparecida. Y hoy ese lagrimón se convirtió en esta nota, en sonrisa por el procesamiento de Blaquier y Lemos.

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Más problemas para el acusado de la Tragedia de Once: Toman la fábrica de Colectivos de Cirigliano

Carlos Saglul (ACTA)

Se sumó un nuevo problema para Sergio Claudio Cirigliano, implicado en la causa que investiga 51 muertes y alrededor de 700 heridos en la tragedia ferroviaria de Once. Los trabajadores de su fábrica de colectivos, Tecnología Avanzada en Transporte, decidieron tomarla. Hay temor sobre el posible vaciamiento de la empresa.

Roberto Gómez delegado de los trabajadores explicó: “estamos esperando la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, mientras hay otra delegación de compañeros negociando en la cartera nacional”. Gómez agregó que el conflicto “detonó con el despido de 13 compañeros”.

Cuando se realizó esta nota los trabajadores de Tatsa, una de las firmas del Grupo Plaza-Cirigliano, mantenían bloqueado desde el lunes el tránsito de la avenida General Paz a la altura de Miguelete, en el límite de Capital con el partido bonaerense de San Martín. “Estamos esperando la confirmación de la conciliación. Sólo con los compañeros adentro vamos a aceptar comenzar a negociar”, explicaron a ACTA.

Cirigliano no se ahorró algunos pasos de comedia, apenas se inició el conflicto. Se metió en su oficina para asegurar que lo mantenían allí a la fuerza. La parodia no duró demasiado. Por esas horas, un conocido suyo, el ex subsecretario de Transporte, Ricardo Jaime quedaba procesado. Ambos están implicados en la causa de la tragedia de Once.

Mas allá de los despidos, los trabajadores están preocupados por el posible vaciamiento de la empresa. “En este mismo predio funciona otra empresa, la que Cirigliano usaba para reacondicionar los trenes. Ahora después de los accidentes le quitaron todos los subsidios”. Los Cirigliano manejan a través de Plaza y otras empresas, la gran parte del transporte urbano de pasajeros de Buenos Aires. La Justicia investiga si precisamente los subsidios estatales que desviaron del mantenimiento de los trenes, no se convirtió en el capital que precisamente les sirvió para armar tamaña corporación de transporte.

"¿Cómo van a decir ahora que no hay colectivos que fabricar, si siguen siendo los dueños de semejante cantidad de colectivos que necesitan reponerse periódicamente? Acá la canilla que se cerró, es otra. Estamos preocupados por la fuente de trabajo”.

Cirigliano es dueño de 21 de las 135 líneas de colectivos en la Capital Federal y varias más en La Pampa y Bahía Blanca, propietario de ómnibus de larga distancia, y tendría también intereses en el exterior. No sólo se enriqueció con los subsidios de los trenes, sino también a través de los destinados a los colectivos. Se le atribuye la frase: “Los funcionarios son como los colectivos: no andan sin combustible”.

La compañía que dirigen, Grupo Plaza, es el principal accionista del holding Comercio Metropolitano de Transporte (Cometrans), empresa que en la actualidad transporta miles de pasajeros por día en Capital Federal, Gran Buenos Aires y ciudades del interior. Cirigliano incursionó en varios ramos. La publicidad es uno de ellos. Un tipo creativo: cuando las monedas para pagar el transporte comenzaron a desaparecer, y por los días en que se lanzó desde el gobierno la tarjeta SUBE, constituyó la empresa Ticketrans, destinada a elaborar un pasaje único para el transporte. También generó otra empresa dedicada a fabricar los conversores de televisión para la estatal Televisión Digital de Argentina.

Al cierre de esta nota los trabajadores se disponían a realizar una asamblea para decidir los pasos a seguir, y ver si se confirmaba la conciliación obligatoria. Aunque ninguno se engañaba: este conflicto recién comienza.

A continuación la nómina de subsidios y empresas de Cirigiliano recopilado por la Agencia Nacional de Noticias:

- TBA $ 10.373.269

- T. Automotor Plaza $ 10.117.106

- Ecotrans $ 8.476.938

- El Rápido Argentino $ 114.478

- TOTAL $ 29.081.791

Fuente: Secretaría de Transporte. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y servicios.

Empresas de los Cirigliano incluidas en el listado de beneficiarios de gas oil a precio diferencial de mayo (por m3):

- T. Automotor Plaza 2.140,2 m3

- T. Mariano Moreno 140,2 m3

- Ecotrans 976,7 m3

- Plus Ultra 454,5 m3

- El Rápido Argentino 390,9 m3 (*)

- TOTAL 4.102,5 m3

(*) Esta compañía presenta una impugnación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Fuente: Secretaría de Transporte. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y servicios.

COMETRANS
El Holding liderado por Grupo Plaza, fue creado en los noventa para participar en el proceso de concesiones y privatizaciones de los servicios ferroviarios y subterráneos de transporte de pasajeros. Controla las siguientes empresas:

- Trenes de Buenos Aires (TBA): Explota el servicio de trenes de la ex línea Mitre y Sarmiento

- Tecnologia Avanzada en Transporte (TATSA): Dedicada a la fabricación de micros

- Emprendimientos Ferroviarios (EMFER): Fábrica de carrocería de trenes

- Sistemas Integrados de Gestion (SIG) SA: Soluciones orientadas a nuevas tecnologías aplicadas al transporte

Entre 1994 y 2000 tuvo la concesión de Metrovías y desde 1998 hasta 2007 participó de la explotación del Metro de Río de Janeiro, Brasil a partir de su anticipación en el consorcio Opportrans.

GRUPO PLAZA
Explota los siguientes servicios urbanos de pasajeros:

- Transporte Aut. plaza: líneas 114, 124, 133, 140, 142, 143

- Mayo Transporte Automotor: línea 141

- Transporte Mariano Moreno: línea 36

- Transporte 104

- Ecotrans: líneas provinciales 253, 321, 322, 317, 503 y 635

Los servicios de media y larga distancia:

- Transporte Automotor Plaza

- Dumas Cat

- Plus Ultra Mercobus

- El Rápido Argentino

Además de:

- Pasajes Express: Agencia de viajes.

- Sig SA: Servicios de tecnología informática, gerenciamiento y desarrollo de proyectos de software y tecnológicos.

- Transmedios: Publicidad callejera.

Empresas de los hermanos Cirigliano:

Claudio Cirigliano

- Yaniel SA: Actividad agropecuaria

- Invercla Inversora SA: inversora

- BCAUSTRAL SA: inversora

- Ibancor SA: transacciones inmobiliarias

Mario Cirigliano

- BCAUSTRAL SA: inversora

- Travel shop SA: marketing.

Fuente datos: Revista Desafío Económico.

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A través de una carta a la Presidenta: La Confederación Sindical de las Américas condena la represión en Argentina y apoya a la CTA

ACTA

En una carta firmada por el Secretario General de la CSA, Víctor Báez Mosqueira, la organización condena la represión llevada a cabo en las últimas semanas en las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén y Jujuy y demanda que el gobierno nacional tome medidas urgentes para el cese de los hostigamientos contra los trabajadores.

La CSA inicia así una campaña de solidaridad firmada por diversas centrales sindicales del continente, exigiendo al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, el respeto al derecho de protesta por las legítimas demandas de los trabajadores.

Esta declaración de la CSA representa un contundente respaldo a las movilizaciones sociales encabezadas por la CTA en las diversas provincias, a su vez que reivindica la actitud de lucha frente a los avasallamientos por parte de nuestra central. La lucha continuará mañana jueves 5 con una manifestación de la CTA a Plaza de Mayo, reclamando el cese de la represión y criminalización de la protesta social.

São Paulo, 04 de septiembre de 2013

Señora Presidenta: Cristina Fernández de Kichner Presidenta de la República de Argentina Presente

La Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) expresión continental de la Confederación Sindical Internacional (CSI) que en la región representa a más de 50 millones de trabajadoras/es ha sido informada por su afiliada en Argentina, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), sobre la escalada de represión que se está produciendo en tres provincias de Argentina, con consecuencias directas hacia el movimiento obrero.

Según nos informa la CTA, en las últimas dos semanas han tenido lugar preocupantes hechos de represión contra trabajadoras/es y movimientos sociales en las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén y Jujuy.

En particular la CTA denuncia los siguientes hechos: En Tierra del Fuego, y como respuesta a las luchas sindicales recientes, el gobierno provincial se ha empecinado en perseguir a militantes sociales, criminalizando la protesta social a través de procesamientos judiciales de trabajadores docentes y camioneros. El conflicto surgió por incumplimiento por parte del gobierno provincial de los acuerdos paritarios, mediante ausencias y dilaciones de sus representantes, además de la persecución, mediante sanciones y descuentos salariales a trabajadores que realizaban medidas de fuerza en defensa del Instituto estatal de Seguridad Social.

De similar manera, en la provincia de Jujuy se produjeron hechos de represión ante manifestaciones y huelgas encabezadas por trabajadores estatales en reclamo de mejoras salariales y condiciones de trabajo. La represión más grave se llevó a cabo el pasado miércoles 27 de agosto, con más de 20 heridos y 100 detenidos, entre ellos el Secretario de Interior de la CTA, Fernando Acosta y otros compañeros de la CTA.

En la provincia patagónica de Neuquén, una movilización de más de 5000 personas en oposición al acuerdo de la petrolera estatal YPF con la multinacional Chevron, terminó con una brutal represión de las fuerzas policiales durante más de 5 horas. La represión dejó a más de 25 compañeros heridos, incluido uno con bala de plomo, lo que demuestra la brutalidad de las fuerzas policiales.

La CSA/CSI condena estos hechos de represión contra el movimiento sindical y social, y solicita de su gobierno se adopten urgentemente medidas necesarias para que los gobiernos provinciales detengan inmediatamente estas actitudes represivas.

Atentamente, Víctor Báez Mosqueira Secretario General.

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Thalía, la muerte por sífilis y la justicia tan injusta

Claudia Rafael (APE)

Algún día el Estado será llevado con un par de esposas hasta el gran banquillo. Tres o cuatro querubes lo custodiarán hasta allí. Cantarán canciones que respirarán alivio. Un jurado serafín se mirará a los ojos y sabrá claramente, sin libros ni códigos espurios, cuál será la condena. Ya no más esclavitudes. Ya no más criminalizaciones. Ya no más olvidos abandónicos. Ni tampoco dedos que señalarán hasta el hartazgo.

Johana Devia tiene 20 años. La Justicia elevó hacia ella su brazo acusador. Le marcó los días y las noches. La desnudó ante el mundo. Le gritó una y mil veces asesina de niños. Se preguntó dónde dejó Johana el incuestionable instinto maternal cuando decidió golpear a su niña y además, contagiarle una enfermedad venérea. La estigmatizó desde la prensa connivente. Le regaló tapas de diarios. Minutos y horas de canales y radios de su provincia. La imputó en el territorio de los hombres de las leyes y las sentencias de “lesiones y contagio a sabiendas de enfermedad venérea” de Thalía, su beba de cuatro meses. Y cuando la niña murió de paro cardiorrespiratorio el fiscal Julio Rivero le amplió la imputación a homicidio calificado por el vínculo. Porque los ojos de la justicia, amparados en la Ley N° 12.331 de Profilaxis, de 1936, determinaron que contagió a su bebé concientemente. Que decidió hacerlo, quizás cargada de rabia porque el padre no quiso darle el apellido. O tal vez porque, para la mirada del fiscal, los pobres de toda pobreza –abandonados hasta el hartazgo por cada uno de los estamentos del Estado- descargan sus iras amasadas en sus niños y niñas. Porque Johana, como María Ovando, cargarán de por vida con el sanbenito de la culpa que el Estado les donó con oropeles. Porque como pecado irredimible, hay una cuota de sus culpas que no la borran los sobreseimientos tribunalicios. Queda ahí, en la garganta, como punzante angustia atravesada para todos los días. Porque hay dolores que quedan cincelados para siempre aunque la Justicia atine a maquillar un perdón que no siente.

Johana vive con su mamá en una casita del norte de Río Cuarto. Arrinconada a los márgenes. Donde el olvido social estructura los días. Alguna vez osó pedir ayuda económica por tevé, en esas desnudeces que tanto placer generan en ciertos medios. Con su beba, la que llevaba su apellido, llegó entre los brazos al Hospital San Antonio de Padua. Era 21 de julio. La pequeña Thalía tenía fracturas en los brazos. Y los estudios médicos determinaron que padecía de sífilis. Ergo: había sido golpeada y -cómo dudarlo señor fiscal- su mamá había determinado transmitirle adrede una enfermedad venérea. La Justicia, el Estado, han sido vastamente entrenados para no dudar. Si es una historia de manual, pensaron. Las escenas se sucedieron velozmente: Johana llegó con Thalía, de brazos fracturados y enferma de sífilis; los médicos denunciaron “el caso”; la policía informó al fiscal Julio Rivero y –para cerrar el círculo perfecto- Johana fue detenida y rápidamente imputada. Primero por las lesiones y contagio y luego, por homicidio.

“Por más que la Justicia reconozca el error, por más que se haya dado cuenta y diga que no tuve nada que ver y por más que me sobresea; con lo que me hizo, me condenó para siempre”, dijo la chica después. Cuando el mismo fiscal Rivero tuvo que reconocer que todo había sido un error. Que la abuela, de 42 años, no había cometido criminal “abandono de persona” de su nieta. Que el “comportamiento despreocupado” que se le había adjudicado a Johana eran –ni más ni menos- producto de la criminalización de la pobreza. Que la autopsia determinó que las fracturas de la pequeña Thalía eran producto de la fragilidad ósea que le provocó la sífilis. Bastaría hacer un vuelo rasante por las antiquísimas teorías precolombinas. Aquellas que condujeron al hallazgo de esqueletos con lesiones óseas de aparente origen sifilítico en asentamientos neolíticos.

Cada año nace un millar de bebés con sífilis en Argentina. Y en América latina, es la infección congénita más importante: concentra el 25% de los 12 millones de nuevos casos anuales en el mundo.

Sin embargo, la Justicia eligió a Johana como trofeo. La expuso. La castigó simbólicamente. La llevó a la picota de las madres condenadoras de hijo. Como a María Ovando a la que enjuició por el crimen de su pequeña Carolina, de tres años. A ella que deambuló con su niña en brazos por kilómetros y más kilómetros hasta que el cuerpecito se fue endureciendo de pura hambre vieja y desnutrición enquistada. A María, que con sus manos cansadas de picapedrera cavó un pocito en la tierra para darle sepultura.

La Justicia tomó a Johana como botín, igual que a Librada Figueredo, más de una década atrás. Que estuvo presa dos años hasta que un tribunal la liberó de culpa y cargo y simplemente le dijo: señora, puede volver a su casa. Pero que la tuvo como rehén en sus manos y tras las rejas porque su José, de dos años y medio y Silvia, de tan solo un año se le murieron por desnutrición como cientos y cientos de niños misioneros. Usted hizo abandono de persona seguido de muerte y agravado por el vínculo, le había gritado la Justicia en la cara.

Algún día el Estado será llevado con un par de esposas hasta el gran banquillo. Tres o cuatro querubes lo custodiarán hasta allí. Cantarán canciones que respirarán alivio. Un jurado serafín se mirará a los ojos y sabrá claramente, sin libros ni códigos espurios, cuál será la condena.

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Argentina, la memoria en ruinas: El kirchnerismo y los Centros Clandestinos de Detención

HIJOS LA PLATA - AGENCIA WALSH

El Estado argentino se ha dedicado a gestionar los ex Centros Clandestinos de Detención con la misma ambigüedad con que encara el resto de sus políticas de Derechos Humanos. En particular se han dedicado a privilegiar algunos lugares por sobre el conjunto de la ex dependencias militares y policiales del Terror de Estado, a “resignificarlos” como si se tratara de cualquier galpón cultural, a marcarlos como prebenda que premie el apoyo a su proyecto político, o bien como simples emprendimientos inmobiliarios públicos o privados.

Desde junio de 2011 existe una ley nacional (N° 26.691) que declara Sitios de Memoria a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de represión ilegal hasta diciembre del ‘83. Claro, el articulado destaca que la ley comprende sólo los lugares sobre los que existen “pruebas suficientes sobre su funcionamiento como CCD” y que la constatación se hará sobre la base del informe de CONADEP, del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y los testimonios en procesos judiciales.

La responsabilidad de la secretaría de DDHH de Nación en este tema es central, no sólo porque gestiona el ANM, sino porque según la ley es autoridad de aplicación de políticas que completen las investigaciones sobre los Sitios, actualizar su nómina, gestionar la cesión de los espacios, preservarlos, recuperarlos y transmitir la memoria histórica de lo que allí sucedió.

Ocurre que, a través de la Red Federal de Sitios de Memoria, la Secretaría que conduce Martín Fresneda se ha dedicado exclusivamente a lo que denominamos la política de “la baldosa y la foto”. Al 24 marzo 2013, el área de prensa de la Secretaría informa triunfalmente que “ya suman 60 los lugares señalizados en todo el país por estar vinculados al terrorismo de Estado”, es decir que, aun siendo la señalización una acción sesgada del organismo por sobre su responsabilidad de investigar y preservar los espacios, sólo han señalizado el 10 % de los 600 CCD identificados por la CONADEP hace 28 años.

Cuatro experiencias concretas ilustran la desidia que señalamos sobre los Sitios de Memoria:

BIM3

Lo ocurrido con el predio del ex Batallón de Infantería de Marina N°3 (BIM3), ubicado en 122 y 52, límite entre La Plata y Ensenada, muestra un camino de desidias abonado con negocios inmobiliarios del Estado.

El accionar represivo de la Armada en la zona operaba a través de denominado “Grupo de Tareas Nº 5”, desde el BIM3 y en conjunto con el Hospital y Liceo Naval, el destacamento de Subprefectura de Río Santiago y, por lo menos, el CCD “La Cacha”. Los marinos tuvieron fuerte participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Swift y Astilleros.

El BIM3 funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de la infantería de Marina Eduardo Fracassi, Roberto Wulff de La Fuente y Oscar Abriata, y han sido identificados decenas de represores como los vicealmirantes Luis Mendía, Antonio Vañek, Pedro Santamaría, Juan Lombardo, el capitán de Fragata Biglioni (alias “Pato”) y el capitán de corbeta Galindez (alias “Lobo” o “Bruto”). Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de detenidos desde y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas.

No habiendo resguardado nunca la Justicia las 9 hectáreas del lugar como prueba judicial, la Marina se desprendió de los terrenos en diciembre de 2000 y los cedió a un holding empresario chileno, que propuso instalar un centro comercial con hipermercado, cines, y patio de comidas. El proyecto generó una disputa entre La Plata y Ensenada por la instalación de hipermercados, que se destrabó cuando la Provincia evaluó negativamente el impacto ambiental de la iniciativa.

En julio de 2001 desde HIJOS La Plata y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentamos en la Cámara Federal un recurso de no innovar sobre el predio hasta que se completen las investigaciones. Tres años más tarde se propuso instalar una alcaldía para alojar presos, a lo que se Ensenada se opuso con un proyecto de expropiación.

En octubre de 2005 HIJOS y AEDD enviamos una carta al Secretario de DD.HH. nacional, Eduardo Luis Duhalde, donde sumábamos información sobre los represores de la FT5 y exigíamos que el presidente Kirchner expropiara para investigarlo y darle uso educativo y cultural. Nada de eso sucedió.

En 2006 el gobernador Solá firmó el proyecto para la expropiación del terreno. Por entonces, el rector de la Universidad de La Plata, Gustavo Azpiazu, comenzó a gestionar la construcción de las facultades de Psicología y Humanidades en el predio, junto con el debido “Museo de la Memoria”. Para ello consiguió 15 millones de pesos permutando con YPF SA el complejo que la empresa tenía en Florencio Varela, y donde funcionaban laboratorios del Centro Tecnológico y el Centro Regional de Estudios Genómicos de la UNLP, por un terreno de las mismas dimensiones que la Universidad tenía en Berisso y donde la petrolera instaló la Estación de Bombeo del Poliducto La Plata-Puerto Rosales. Grandes negocios para ambas partes.

En julio de 2010 Scioli completó la cesión de los terrenos del BIM al nuevo rector, Fernando Tauber, con la obra de la nuevas facultades ya adjudicadas. En enero de 2011, al inauguar la Universidad de Florencio Varela en los ex predios de YPF, la presidenta anunció que los fondos para construir en el ex BIM3 finalmente estaban disponibles. Y en Abril de 2012 se inauguró la nueva sede de la Facultad de Psicología, mientras el Dr. Tauber declaraba: “hoy comienza a tomar forma un viejo anhelo de nuestra comunidad”. Seguramente se refería menos al ideario de Memoria, Verdad y Justicia que a la continuidad del proyecto inmobiliario en la nueva sede de la facultad de Humanidades, obra que se estima inaugurada para los primeros meses de 2014, y que está mucho más avanzada que la causa N°35 por los crímenes de la “FT5”, que duerme su siesta impune en el tribunal del hoy renunciado Juez Corazza, y tiene sólo 9 represores procesados desde septiembre de 2011.

ARANA

En la provincia de Buenos Aires los funcionarios kirchneristas vienen injuriando la memoria de los CCD de manera repetida. Así sucedió con el predio del Destacamento de Arana, en las afueras de La Plata, donde el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) anunció el hallazgo de restos óseos calcinados en abril de 2008 en las excavaciones realizadas en torno de un muro que divide el patio interior del exterior del lugar. Casi instantáneamente, la entonces secretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho, adelantó que el gobierno provincial pretendía que el lugar "se convierta en un Museo de la Memoria porque allí están las cenizas de los militantes populares". Inmediatamente, el espacio “Justicia Ya” de La Plata comenzó a solicitar al gobernador Scioli y al juez Corazza la necesidad del desalojo de la policía bonaerense del destacamento policial, ya que la dependencia continuaba funcionando regularmente, y entendiendo que la tarea principal era conservar las excavaciones efectuadas por el EAAF y poder avanzar en la realización de excavaciones pendientes y peritajes sobre el interior del lugar, ello resultaba, cuando menos dificultoso en el estado de ocupación del inmueble. Tras una larga insistencia, en 2009 el Juzgado de Corazza solicitó al ejecutivo bonaerense el desalojo del Destacamento de Arana. Sin embargo, la iniciativa oficial sobre el predio siguió adelante. Voceros de la secretaría anunciaron por entonces que la obra se realizaba “con el objetivo de preservar la prueba judicial”. Derotier de Cobacho consideró que “Arana es memoria, es respeto por nuestros desaparecidos, por los sobrevivientes y por sus familiares. Es la forma que hoy tiene el estado provincial de acompañarlos y decirles esto jamás va a volver a ocurrir”. “Justicia Ya” respondió con un comunicado titulado “No al museo del horror” donde afirmó su repudio a cualquier proyecto de memorialización que implique la convivencia con las fuerzas represivas y la exhibición de restos humanos, ya que “la presencia y ocupación del lugar por la misma fuerza que lo convirtió en un centro de tortura y exterminio (…) significa una gravísima afrenta a la verdadera justicia y por lo tanto a la memoria colectiva de toda la ciudadanía”. Desoyendo toda las críticas de los organismos, el gobernador Scioli apuró su agenda en medio de la campaña electoral, y el 6 de octubre de 2011, tras inaugurar obras de un laboratorio en teleconferencia con la presidenta Cristina Fernández, participar de un “encuentro con la militancia 2.0”, en exclusiva comitiva oficial y con la policía funcionando en la entrada del predio, presentó las obras de Arana. La prensa de gobernación difundió un escueto comunicado donde se afirmó que “la tecnología adoptada permite minimizar el impacto producido sobre el terreno a preservar, dada la sensibilidad y las características de los hallazgos”. En verdad el gobierno de la provincia invirtió 758.000 pesos para montar la iluminación y el mejorado del camino de acceso, más una estructura flotante de hierro y vidrio sobre las fosas halladas. Para minimizar los reclamos de los organismos, pero con el “museo del horror” ya inaugurado, Scioli afirmó que se comprometían a trasladar la presencia policial del edificio que funciona delante de las nuevas obras, cosa que aún hoy no se realizó.

La medida fue una muestra más de cuál es la verdadera política de Derechos Humanos de la gestión Scioli, que pretende darse aires progresistas cuando es en realidad la conducción política de la fuerza de seguridad más corrupta y asesina de nuestro país. Medidas como esta afectan la memoria de los sobrevivientes y la búsqueda de los familiares mucho más de lo que el Estado parece contemplar.

CAMPOMAR

El grandioso negociado que pende sobre el predio de la ex fábrica textil Campomar de Valentín Alsina, partido de Lanús, sintetiza la impunidad con tres actores: la Justicia desestima las denuncias acumuladas por un grupo de vecinos sobre el funcionamiento del predio en dictadura, una empresa privada socia del kirchnerismo realiza allí un jugoso emprendimiento inmobiliario, y el poder político local y nacional convalidan la situación de impunidad.

En julio del año pasado la presidenta anunció en videoconferencia el lanzamiento del proyecto “Nuevo Valentín Alsina”, un emprendimiento de departamentos suntuarios con que el intendente Darío Díaz Perez pretende disfrazar la vista del ingreso a su partido desde Capital Federal. La construcción es regenteada por la empresa Electroingeniería, una ex humilde firma cordobesa fundada en los ’70 por los hermanos Ferreyra que, de dedicarse a construir tableros eléctricos, pasó con el kirchnerismo a conformar el poderoso Grupo Eling SA que realiza tendidos eléctricos interprovinciales y grandes emprendimientos como Yaciretá, Termozulia y el Corredo Amazónico a Bolivia.

Auspiciada por el Banco Provincia y el municipio de Lanús, la empresa promociona el emprendimiento como “Edificios en Altura con Calidad de Vida, una importante oportunidad para adquirir un inmueble en un lugar estratégico del país. Ubicado a 15´ del Obelisco”. La inmobiliaria “Díaz Perez” de la familia del intendente ofrece los departamentos a estrenar desde 200 mil dólares.

Con este panorama, los vecinos se decidieron a investigar el pasado del predio. Establecieron que en Valentín Alsina era vox pópuli que en la ex fábrica Campomar funcionó un centro clandestino de detención, que en el predio fueron hallados dos cráneos humanos (uno entre el ‘80 y ‘82 y otro en abril del ‘84), que en ocasiones descendían en el terreno helicópteros con personal militar, que en las calles que circundan a predio se hallaron en dictadura ropas manchadas de sangre, y aportaron un testigo ex detenido desaparecido que afirma haber sido alojado en el predio en su paso por 3 CCD de la zona.

Con esa información, y el patrocinio de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentaron una medida de amparo ante la Cámara Federal de La Plata, encargada de investigar los CCD del “Circuito Camps”.

En septiembre pasado los jueces Vallefín, Compaired, Nogueira, Calitri y Alvarez otorgaron una medida cautelar para preservar el predio. Mientras incorporaron informes de la CPM, de la SDHN, el EAAF, receptaron testigos e hicieron un reconocimiento del lugar. Luego la Cámara decidió extender la cautelar, pero delimitó el alcance de la medida sólo sobre parte del predio. Allí mandaron a Gendarmería a pasar un georradar que detecta remoción del terreno, pero sin control judicial. Finalmente, los jueces a los que nunca les alcanzan las pruebas para investigar a los genocidas concluyeron en que no hay prueba suficiente para afirmar que el lugar fue un CCD y habilitaron a la empresa a continúa construyendo con el compromiso de informar a la Cámara si se encontraba algo. Sin embargo, el camarista platense Leopoldo Schiffrin opinó en disidencia que como no se agotaron los medios investigativos y existe duda razonable sobre la utilización del predio para tareas represivas en dictadura, no se justifica plenamente el levantamiento de la medida de no innovar. Los vecinos piden que se termine de investigar como se debe.

En diciembre pasado la política de la placa y la foto llegó a Valentín Alsina: en un acto con presencia del intendente, de funcionarios de las secretarías de DDHH de Nación y provincia, y de ex detenidos acólitos del gobierno K, se señalizó la Comisaría 3ra de Valentín Alsina como ex CCD y actual Sitio de Memoria. Obviamente, no hubo ni una palabra sobre Campomar, ubicada a 5 cuadras de allí. Nadie querría arruinar un acto político para perder un gran negociado.

LA ESMA

Pero sin dudas el punto cúlmine de la gestión de los espacios de Memoria como cotos del circooficialista es lo que sucede en la ex ESMA. Desde la Agrupación HIJOS La Plata repudiamos oportunamente la afrenta a la memoria de los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos realizada el fin de año pasado en el predio por el elenco de intrépidos y obsecuentes funcionarios kirchneristas del Ministerio de Justicia y la Secretaría de DDHH de la Nación, que realizaron, defendieron (y minimizaron el cachetazo que significó hacer) “un asado” en uno de los mayores lugares de exterminio de la última dictadura. Frente a esta canallada, acompañamos a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en su reclamo por un debate serio respecto al destino de los espacios de memoria.

En la “Propuesta para el predio de la ESMA y el campo de deportes” que la AEDD hizo en 2004, mientras se discutía ampliamente los futuros usos del espacio cedido por el Estado Nacional el 24 de marzo de ese año, se aportaban criterios sólidos y fundamentados para lo que se avizoraba como una utilización desmedida del predio. Los compañeros decían claramente que para revertir tantos años de políticas de impunidad implantadas desde el Estado era clave el reconocimiento pleno de la existencia de centros clandestinos de desaparición y exterminio “sin desvirtuar su significación como tales a través de su utilización para otras actividades” y que “no puede ni debe diluirse lo que allí ocurrió detrás de otras actividades, aunque se trate de prácticas que estén vinculadas a los DDHH en su concepción más general”. Desde entonces, la Asociación se oponía a lo que se venía perfilando como “la instalación de instituciones educativas u oficinas públicas”, porque “se establecería un movimiento rutinario y cotidiano de alum
nos, profesores, funcionarios, empleados, público y proveedores e implicaría la instalación de la infraestructura necesaria (bares, kioscos, comedores, guarderías infantiles, playas de estacionamiento) que vaciarían de contenido los lugares donde se planificó, se puso en marcha y se concretó un genocidio”. Y se sugería que “no se produzca ningún cambio al tejido histórico de valor cultural”, y que en caso de darse “los cambios que se realicen sean esencialmente reversibles” y “tengan un impacto mínimo”.

Nada de esto fue tenido en cuenta al calor de la almoneda que la cooptación kirchnerista realizó sobre amplios sectores del movimiento de Derechos Humanos, y que puede observarse hoy mismo con la instalación en el predio del “Espacio Cultural Nuestros Hijos” regenteado por la Asociación Meldorek-Madres de Plaza de Mayo, la “Casa de la Militancia”, arriendo del sector oficialista de hijos de desaparecidos cedido por la ministra Alicia Kirchner, el “Centro Cultural Haroldo Conti” que tutela la presidenta y gobierna el obsekuente Eduardo Jozami, el “Archivo Nacional de la Memoria” asignado al ex abogado respetable Ramón Torres Molina, el Canal Encuentro del cineasta oficial Tristán Bauer, el “Instituto Espacio Para la Memoria” integrado por representantes del ejecutivo y legislativo a la par de algunos organismos kirchneristas, y otros kioscos que todas las organizaciones oficialistas recibieron como medida de prenda por su incondicional apoyo al gobierno.

Alak y Fresneda pretenden continuar ahora la avanzada con un proyecto de “Puesta Museográfica” que prevé hasta la alocada idea de ubicar una fuente en el sótano del Casino de Oficiales de la ex ESMA. Y los HIJOS Kapital mostraron recientemente su respeto a la historia y significación del espacio con la realización de un video en el predio, donde los propios referentes de la organización cantan loas a la presidenta disfrazados para un carnaval carioca.

El debate sobre las formas de uso de los sitios de memoria no está cerrado, mucho menos ante la carnavalesca disputa que los sectores oficialistas realizan sobre los espacios. Pero este escándalo nos remite a otra discusión más profunda, que tiene que ver con el rol de los organismos de DDHH en una coyuntura como la actual. Debate que, cada vez más, no escapa a su planteamiento en términos antagónicos: o se legitima a la clase dominante, que retribuye generosamente con cargos y prebendas, o se sostiene una crítica del orden establecido. Pero la crítica no se hace desde los despachos ministeriales, o los espacios físicos recuperados al Estado de ayer para legitimar al de hoy, sino que emerge desde la exploración teórica y práctica, en la formación y en las calles, sobre cómo inscribirse en el campo de la liberación humana. Aquella liberación que no puede ser contenida en los estrechos marcos de la caricatura de la realidad en que la obsekuencia pretende encerrar a los luchadores sociales.

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Otilio Romano llegó a Mendoza y quedó detenido

Cristian Avanzini - Mario Simonovich (MDZOL)

El ex juez, acusado de amparar delitos de lesa humanidad, llegó al aeropuerto Gabrielli a las 23.45, mediante un gran operativo de seguridad. Antes de partir de Santiago fue sometido a exámenes médicos.

"¡Otro cómplice más adentro!”, fue uno de los gritos que se escucharon en la puerta de los tribunales federales mientras el ex juez Otilio Romano ingresaba esposado y con chaleco antibalas apenas arribado a la provincia tras su extradición desde Chile.

El destituido magistrado aterrizó minutos antes de medianoche en el aeropuerto Francisco Gabrielli y, tras más de una hora de trámites burocráticos, salió escoltado por una veintena de uniformados de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Federal.

Romano, quien se había fugado a Chile en 2011, subió a un Peugeot 307 sin identificación. Sin hacer declaraciones a la prensa que se agolpó para cubrir su arribo a la provincia se subió a la parte trasera del auto flanqueado por dos uniformados y esbozó una media sonrisa mientras los flashes de las cámaras lo acechaban.

Una caravana blindada lo escoltó a toda velocidad hasta los Tribunales Federales, donde finalmente quedó detenido a disposición de la Justicia.

“Treina mil compañeros desaparecidos, ¡presentes!”, gritaron a coro unas 50 personas que lo esperaban en 9 de julio y Pedro Molina al ver que la comitiva ingresaba al estacionamiento en tribunales.

Familiares de desaparecidos, miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos y ciudadanos sin bandera se agolparon para celebrar el encarcelamiento de Romano a la espera del juicio, que marcará el fin de una historia que comenzó hace más de dos años luego de la destitución de Romano.

Jornada de extradición

Antes de partir del aeropuerto Benítez de Santiago, el ex juez se sometió a exámenes médicos de rigor, tras ser llevado de Reñaca a la capital chilena.

Horas más tarde, los oficiales de la Policía de Investigaciones en Santiago llevaron al ex magistrado hasta el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez para entregarlo a los agentes de Interpol Argentina, en cumplimiento a la orden dictada por el juez de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien accedió a la solicitud de extradición del estado argentino.

El gobernador Francisco Pérez se mostró agradeció el gesto de la justicia chilena. El mandatario destacó que la extradición representa “un paso más en la hermandad latinoamericana”.

Romano está acusado de amparar delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Argentina.

En 2011 viajó a Chile, tras ser destituido por el Consejo de la Magistratura por amparar delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y permaneció allí prófugo hasta que fue encontrado: a partir de ese momento logró permanecer Chile bajo la figura de "arraigo" y con detención domiciliaria nocturna.

Presentó una solicitud de asilo político que le fue rechazada en 2012, por lo que quedó con prisión domiciliaria a la espera del fallo judicial definitivo.

Romano se encuentra acusado de haber sido partícipe primario en 103 delitos de lesa humanidad, al no haber investigado denuncias por torturas, secuestros y desapariciones cometidas entre 1975 y 1983, cuando se desempeñaba como fiscal federal.

En noviembre comenzará un nuevo juicio en los Tribunales Federales de Mendoza por delitos de lesa humanidad: durante ese proceso Romano será juzgado por 34 delitos de privación ilegítima de la libertad con desaparición de personas, otros 26 casos de privación ilegítima, 36 hechos de tortura, allanamiento ilegal y denegación de justicia.

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Alquileres: Para charlar en la calle

Mario Daniel Villagra (CAFÉ DEL OESTE - ANRED)

¿Quién no guarda recuerdos de los alquileres? Pregúntese, que los interrogantes forman parte de la base del conocimiento. ¿Sabe qué está pensando el sector inmobiliario para el futuro? En la siguiente entrega compartimos ideas sobre los alquileres, y también algunas de las posibles reformas que el sector inmobiliario está pensando para el futuro de los argentinos y argentinas.

El Art 1 de la actual ley de alquileres 23.091 dice: “los alquileres se establecerán en moneda de curso legal al momento de concertarse, será nula, sin perjuicio de la validez del contrato la cláusula por la cual se convenga el pago en moneda que no tenga curso legal”; es decir, no se puede cobrar más de lo que dice el contrato, entonces, ¿por qué una inmobiliaria cobra por encima de lo que dice el contrato, dando recibos que no tienen validez alguna?

Para no quedar fuera de foco, la Cámara de Inmobiliarias, de la mano de Diputados de Frente Para la Victoria, han presentado una triada proyectos, pretendiendo modificar la actual, y recientemente nombrada, Ley de Alquileres. La propuesta dice: “ARTÍCULO 1°. Otorgamiento oneroso del derecho de construir (…) Las jurisdicciones deberán fomentar la construcción de vivienda sencilla, accesible a los sectores de menores recursos”. Es decir, las reformas son pensadas en beneficio de los empresarios de la vivienda, en detrimento de los que pagan alquileres, y con la excusa de ayudar a los que menos tienen.

Otras de las modificaciones que se quieren introducir en la Ley de Alquileres, sugeridas por la Cámara Inmobiliaria, es la iniciativa de extender el plazo mínimo de contrato, que actualmente es de dos, a tres años; es decir, quieren sostener y garantizarse sujetar a los “inquilinos” por más tiempo, cuando ya es hora de que entendamos que somos personas, y que, como tal, estamos todo el tiempo en movimiento y las decisiones no beberían ser arbitrarias cuando existen partes. ¿Se puede justificar una desigualdad?

El caso de las “inmobiliarias buitres”, como las han denominado a todas aquellas a las que se le reportar casos por cláusulas abusivas y retención indebida de dinero, etc. etc, etc. no es un fenómeno nuevo, sino más bien estructural, de raíz. Sin embargo, lo nuevo es que existen organizaciones no gubernamentales como lo es el Centro Argentino de Transparencia Inmobiliaria (CATI), que intentan bregar por los derechos de los inquilinos. Un pequeño y gran aporte en tanto que, en el caso de una real modificación, la palabra de los inquilinos sea contemplada verdaderamente.

No menos cierto es que el problema del alquiler es distinto en cada momento y lugar de la historia moderna. Desde que existe la propiedad privada, hemos dejado de lado, la particularidad, no solamente de nuestro trabajo creador en detrimento del trabajo asalariado, sino también de nuestra vivienda. Una sociedad dividida los propietarios y los expropiados (inquilinos), sino tienen una plena conciencia de autorregulación bajo control social, está condenada a la esclavitud moderna del trabajo asalariado y el pago de un alquiler.

El alquiler, en sí mismo, no es malo. Para aportar una posible solución al problema, despacio podemos comentar que en Cuba, por ejemplo, luego de la Revolución, el alquiler se siguió pagando durante dos años más. Luego de ese tiempo, la casa volvió a tener su particular y el particular la casa propia.

Es más, haciendo menoría, recordemos la “Huelga de los inquilinos” (1907), que es reconocida como una de las primeras victorias dentro de la lucha de clases en argentina, en tanto que se logró frenar la suba de los alquileres, luego de tres meses de huelga, pero además, posteriormente, logran bajar el precio de los alquileres un 30% y establecer una cláusula garantizando el No aumento. A decir verdad, el grueso de la propuesta/protesta era compuesto por mujeres y niños, y una de las consignas era “barrer las injusticias”.

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Argentina, Córdoba. ATE de duelo / Un muerto por la explosión de la Fábrica Militar en Villa María

PRENSARED

Gustavo Cachín, trabajador de la Fábrica Militar de Pólvora de Villa María y afiliado a ATE-Córdoba, murió en la trágica explosión ocurrida esta tarde en el edificio.

“Cachín (32 años) se desempeñaba en la planta amasadora de dinamita y murió a causa de una explosión en su sector de trabajo por causas que aun no fueron establecidas”, manifiesta en un comunicado ATE-Córdoba.

“Nuestro gremio, conforme al compromiso histórico con la defensa de las condiciones de trabajo, brindará a la comunidad la información pertinente respecto a las causas de la explosión, en función que la investigación avance en datos concretos”, dice en otro párrafo la nota.

El gremio también expresa “su profundo pesar por el fallecimiento de Gustavo Cachín y expresa sus condolencias a su familia y compañeros de trabajo”.

El hecho

Según se conoció, el estallido se produjo pasadas las 13 en la planta mezcladora de dinamita y originó varios focos de incendio en los alrededores del predio, causando pánico entre los vecinos.

En el lugar trabajaron varias dotaciones de Bomberos Voluntarios porque tras la explosión se desató un incendio en las inmediaciones.

Eduardo Caiero, secretario del juez federal Ramón Rebak, a cargo de la causa, aportó a los medios apostados en el lugar los primeros datos sobre la explosión y confirmó la muerte de un trabajador por la explosión y que varios sufrieron heridas.

Precisó que el juez federal ordenó precintar las instalaciones donde se originó el siniestro y que se espera la llegada de especialistas judiciales para iniciar pericias.

La Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María depende de la Dirección General de Fabricaciones Militares y funciona en la órbita del Ministerio de Defensa.

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