martes, 17 de septiembre de 2013

Las armas y la muerte

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

“Prefiero despertar en un mundo donde Estados Unidos sea proveedor del cien por ciento de las armas mundiales”
Lincoln Bloomfield, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

I

Cuando nuestros ancestros descendieron de los árboles y comenzaron a caminar erguidos en dos patas hace dos millones y medio de años, por vez primera en la historia fabricaron un objeto, un elemento que trascendió la naturaleza. Ese inicio de la humanidad estuvo dado, nada más y nada menos, que por la obtención de una piedra afilada; en otros términos: un arma. ¿Es que la historia de nuestra especie está signada entonces por ese inicio? ¿Las armas están en el origen mismo del fenómeno humano?

Sí, sin ningún lugar a dudas. La violencia es humana, no es un “cuerpo extraño” en nuestra constitución. Ahora bien: ¿cómo fuimos pasando de la agresión necesaria para la sobrevivencia a la violencia humana, al desprecio del otro, a la industria de la muerte actual? La organización en torno al poder igualmente es humana; los animales, más allá de sus mecanismos instintivos de supervivencia, no ejercen poderíos. Nosotros sí. En esa dialéctica (¿quién dijo que un “blanco” vale más que un “negro”, o que una mujer es “menos” que un varón?..., pero esa dialéctica marca nuestras relaciones), el uso de algo que aumente la capacidad de ataque es vital. Lo fue en los albores, como necesidad para asegurar la lucha por la sobrevivencia (la piedra afilada, el garrote, la lanza), y lo sigue siendo hoy día. Ahora bien: las armas actuales en modo alguno están al servicio de la supervivencia biológica; las armas actuales, desde que conocemos que la historia dejó de ser la pura sobrevivencia en alguna caverna y en constante lucha con el medio ambiente natural, las armas de las sociedades de clases, entonces, están al servicio del ejercicio del poder dominante, desde la más rústica espada hasta la bomba de hidrógeno.

Sigmund Freud en su senectud, como reflexión más filosófica que como formulación de la práctica clínica, con la sabiduría que puede conferir toda una vida de aguda meditación, habló de una pulsión de muerte: retorno a lo inanimado. De allí que el psicoanálisis pueda hablar de un malestar intrínseco a toda formación cultural, a toda sociedad: ¿por qué hacemos la guerra? Se podrá decir que la organización social vertebrada en torno a las clases sociales lleva inexorablemente a ellas (y por tanto, a la producción de armas). Queda entonces en pie la pregunta: ¿pero por qué el ser humano construyó esas sociedades estratificadas y guerreristas y no, por el contrario, organizaciones horizontales basadas en la solidaridad? El socialismo es la propuesta que apunta a construir esas alternativas. ¿Lo lograremos alcanzar? ¿Será realizable lo que proponía el subcomandante Marcos en Chiapas: “tomamos las armas para construir un mundo donde ya no sean necesarios los ejércitos”, o la pulsión de muerte nos arrastrará antes a la autodestrucción como especie?

Salvo poquísimas, insignificantemente pocas armas fabricadas para el ámbito de la cacería, la parafernalia armamentística con que hoy contamos los seres humanos está destinada al mantenimiento de las diferencias de clases. Es decir: seres humanos matan a otros seres humanos para mantener su poder, y básicamente, para defender la propiedad privada, para saquear a otros en nombre de la apropiación privada. Y también para “resolver” conflictos de la cotidianeidad. Los desquiciados que alguna vez, armas en mano, matan a otros congéneres como suele suceder con bastante frecuencia en Estados Unidos, no es la pauta dominante. Las armas están para otra cosa: ¿se fabrica un tanque de guerra o una mina antipersonal para cazar lo que luego nos comeremos? Obviamente no.

Contrariamente al espejismo con que –por error o por mala intención– se presentan las armas como garantía de seguridad, es por demás evidente la función que en verdad cumplen en la dinámica social: son la prolongación artificial de nuestra violencia. ¿De qué estamos más seguros teniendo armas? Quienes nos matan, mutilan, aterrorizan, dejan secuelas psicológicas negativas e impiden desarrollos más armónicos de las sociedades son, justamente, las armas. O, dicho de otro modo, somos seres humanos que hacemos todo eso valiéndonos de esos instrumentos a los que llamamos armas, desde una pistola hasta un submarino con carga nuclear.

Pero las armas no tienen vida por sí mismas, claro está. En realidad, son ellas la expresión mortífera de las diferencias injustas que pueblan la vida humana, de la conflictividad que define nuestra condición. Son los seres humanos quienes las inventaron, perfeccionaron, y desde hace un tiempo con la lógica del mercado como eje de la vida social, quienes las conciben como una mercadería más (¡vaya mercadería!).

Y somos nosotros, los seres humanos organizados en sociedades clasistas hondamente marcadas por el afán de lucro económico individual que el capitalismo dominante en estos últimos siglos impuso, quienes transformamos el negocio de las armas (que es lo mismo que decir: el negocio de la muerte) en el ámbito más lucrativo del mundo moderno, más que el petróleo, el acero o las comunicaciones.

II

Cuando hoy decimos “armas” nos referimos al extendido universo de las armas de fuego (aquellas que utilizan la explosión de la pólvora para provocar el disparo de un proyectil), el cual comprende un variedad enorme que va desde lo que se conoce como armas pequeñas (revólveres y pistolas –las más comunes–, rifles, carabinas, sub-ametralladoras, fusiles de asalto, ametralladoras livianas, escopetas), armas livianas (ametralladoras pesadas, granadas de mano, lanza granadas, misiles antiaéreos portátiles, misiles antitanque portátiles, cañones sin retroceso portátiles, bazookas, morteros de menos de 100 mm.), a armas pesadas (cañones en una enorme diversidad con sus respectivos proyectiles, bombas, explosivos varios, dardos aéreos, proyectiles de uranio empobrecido), y los medios diseñados para su transporte y operativización (aviones, barcos, submarinos, tanques de guerra, misiles), a lo que hay que agregar minas antipersonales, minas antitanques, todo lo cual constituye el llamado armamento convencional. A ello se suman las armas de destrucción masiva, con poder letal cada vez mayor: armas químicas (agentes neurotóxicos, agentes irritantes, agentes asfixiantes, agentes sanguíneos, toxinas, gases lacrimógenos, productos psicoquímicos), armas biológicas (cargadas de peste, fiebre aftosa, ántrax), armas nucleares (con capacidad de borrar toda especie de vida en el planeta).

Siendo amplios en la definición, si hoy día los teóricos de la guerra pueden hablar de una “guerra de cuarta generación” sin derramamiento de sangre, pero conflicto que da resultados aún más promisorios para el ganador que todas aquellas armas que provocan muerte y destrucción, habría que hacer entrar allí la enorme batería de instrumentos que permiten esta guerra “en las mentes”, guerra mediática y psicológica. ¿Son también los medios de comunicación, en toda su amplísima gama, parte de ese arsenal? En algún sentido, sí: computadoras, internet, televisores y teléfonos inteligentes son “armas” que sirven no para matar, pero sí para neutralizar al enemigo. El tema es complejo, y al menos dejémoslo planteado como interrogante. ¿Cómo hemos llegado a una guerra “sin efusión de sangre” pero más victoriosa que cualquier invasión militar?

Toda esta cohorte de máquinas de la muerte en modo alguno favorece la seguridad; por el contrario, son un riesgo para la humanidad. El mito de la pistola personal para evitar asaltos y para conferir sensación de seguridad es solamente eso: mito. En manos de la población civil, muy rara vez sirve para evitar ataques; en general, sólo ocasionan accidentes hogareños. Y en manos de los cuerpos estatales que detentan el monopolio de la violencia armada, los arsenales crecientes –cada vez más amplios y más mortíferos– no garantizan un mundo más seguro sino que, por el contrario, hacen ver como posible la extinción de la humanidad (de liberarse todo el potencial bélico atómico con que cuentan las fuerzas armadas de la actualidad, la onda expansiva llegaría hasta la órbita de Plutón haciendo fragmentar completamente el planeta Tierra, y pese a ese extraordinario poder de disuasión, no estamos más seguros, sino justamente todo lo contrario). ¿Por qué los misiles nucleares estadounidenses serían “buenos” (¿pacíficos?) y los de Corea del Norte o los de Irán no?

No obstante la cantidad de vidas cegadas y el dolor inmenso que producen estos ingenios infernales que la especie humana ha inventado, la tendencia va hacia el aumento continuo de su producción y hacia el perfeccionamiento en su capacidad destructiva. Así entendidas las cosas, no puede menos que decirse que el negocio de la muerte crece. Crece, y mucho, porque es rentable. ¿Se entiende el sentido de la tesis freudiana entonces?

III

El negocio de las armas no se parece a ningún otro. Debido a su relación con la seguridad nacional y la política exterior de cada país, funciona en un ambiente de alto secretismo y su control no está regulado por la Organización Mundial del Comercio, sino por los diferentes gobiernos. En general –y esto es lo preocupante– los gobiernos no siempre están dispuestos o son capaces de controlar las ventas de armas de forma responsable. Asimismo, lo más frecuente es que las legislaciones nacionales en la materia, si la hay, sean inadecuadas y estén plagada de vacíos legales. Además, los mecanismos existentes no son obligatorios y apenas se aplican. ¿Quién de quienes ahora puedan estar leyendo este texto conoce en detalle cuántas y cuáles armas dispone el gobierno del país en que vive? ¿Alguna vez fue informado de ello? Muchos menos aún: ¿alguna vez se le consultó algo al respecto?

El negocio de las armas no es transparente. Por no ser de conocimiento público se maneja con extrema cautela sin estar sujeto casi a ninguna fiscalización. Por eso, las diversas iniciativas internacionales de la post Guerra Fría para fiscalizar este tipo de transacciones han resultado inútiles. Los intereses económicos, políticos y de seguridad hacen de este rubro un sector misterioso y peligroso, intocable en definitiva.

Desde el año 1998 los gastos en armas han comenzado una tendencia alcista después de haber llegado a su nivel más bajo en la era de la post Guerra Fría. En el 2000 éstos fueron de alrededor de 798.000 millones de dólares (25.000 dólares por segundo); a partir de allí comenzaron a trepar aceleradamente, y la fiebre antiterrorista desatada después del 11 de septiembre del 2001 los ha catapultado en forma espectacular, sobrepasando ampliamente el billón de dólares anual. Por lejos, hoy en día constituyen el rubro comercial más infinitamente rentable entre todos, el que más volúmenes de dinero mueve y el que más rápido crece en términos de investigación científico-técnica.

En el campo de las armas todo es negocio, tanto fabricar un submarino nuclear como una pistola. Incluso las llamadas armas pequeñas, con un poder de fuego más bajo que otras de las tantas armas que llegan al mercado, son un filón especialmente rentable. Más de 70 países en el mundo fabrican armas pequeñas y sus municiones, y nunca faltan compradores, tanto gobiernos como personas individuales (fundamentalmente varones). Las ventas directas de armas pequeñas (pistolas, revólveres y fusiles de asalto) a otros gobiernos o entidades privadas corresponden al 12 % de las ventas totales de armas en todo el planeta. El resto está provisto –¿astucias de la razón o burlas de la historia? diría Hegel– por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aquellos que se encargan (¿se encargan?) de la paz y seguridad del mundo: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China. Estados Unidos es en la actualidad el principal productor y vendedor mundial de armamentos, de todo tipo, con un 50 % del volumen general de ventas (aunque el sueño de más de algún funcionario de Washington, como lo dice nuestro epígrafe, sea aumentar ese porcentaje).

Ante todo esto: ¿qué hacer? ¿Comprarnos una pistola para defendernos? Apelar a campañas de desarme y de no uso de armas, al menos las pequeñas (pistolas y revólveres), es loable. Pero vemos que eso no alcanza para detener el crecimiento de un negocio poderosísimo. Apelar a la buena conciencia y al fomento de la no violencia es una buena intención, pero difícilmente logre su cometido de terminar con las armas ¿Con eso detendremos a multinacionales de poder casi ilimitado como Lockheed Martin, Raytheon, IBM, General Motors?, ¿o a gobiernos que basan sus estrategias de desarrollo nacional en la comercialización de armas? Cada nueva guerra que comienza (y continuamente está comenzando una) responde a frías estrategias mercadológicas pensadas en desapasionados términos comerciales. ¿Pulsión de muerte o no?

IV

La lucha contra la proliferación de las armas es eminentemente política: se trata de cambiar relaciones de poder. No es posible que los mercaderes de la muerte manejen el destino humano. No es posible…., pero sucede. Eso es lo que marca la dinámica internacional. Ahora bien: dado que es así, confiando en que otro mundo sí es posible, que las utopías son posibles, debemos plantearnos alternativas. Naturalmente el ser humano, desprovisto de alas, no vuela. Pero gracias a nuestro inconmensurable deseo de lograrlo ¡ya llegamos al planeta Marte! Y eso no se detiene. Cada vez, sin alas propias, volamos más lejos. Plantearse las utopías es lo que nos hace caminar (o volar…, para el caso). Como decía alguna pintada memorable del Mayo francés de 1968: “Seamos realistas. Pidamos lo imposible”.

Hoy día la producción de armas no es un negocio marginal, ligado a circuitos delincuenciales que se mueven en las sombras: es el principal sector económico de la humanidad. Y como consecuencia, esto significa que cada minuto mueren dos personas en el mundo por el uso de algún tipo de arma (casi 3.000 al día, mientras que el siempre mal definido e impreciso “terrorismo” internacional, si hablamos en términos estadísticos, produce 11 decesos diarios). Desmontar esta tendencia humana del uso de armas se ve como tarea titánica, casi imposible: es terminar con la violencia, es terminar con las injusticias. Y ahí la reflexión freudiana cobra sentido, en cuanto nos permite ver la magnitud monumental de la temática en juego. ¿Se trata de luchar contra nuestra naturaleza? ¿Cómo ir contra esta energía primaria, original?

Que la muerte sea un destino ineluctable, de raigambre natural incluso, es una elucubración. Quizá sí (es una hipótesis teórica, y como tal puede servir para explicar el mundo. O tal vez no, y haya que desecharla); quizá sí, decíamos, y la destrucción completa del planeta nos espera a la vuelta de la esquina por la catástrofe termonuclear que podría producirse. Se supone que somos “muy” racionales, aunque no se sabe qué “loco” puede dar la orden de lanzar el primer ataque nuclear. ¿No podrá haber errores? Los actos fallidos (apretar un botón por error, por ejemplo) son lo más normal de nuestra especie. Pero pese a que la magnitud de la tarea propuesta pueda ser titánica, es absolutamente vital seguir planteándosela como requisito para la permanencia de la especie, y para una permanencia más digna. Quizá sea imposible terminar con la violencia como condición humana, aunque eduquemos para la convivencia tolerante. Los países más “educados” son los que más hacen la guerra, y con las armas más letales. Pero es imprescindible seguir luchando contra las injusticias y apuntando a una convivencia solidaria. Lo contrario es avalar el darwinismo social y la supervivencia del más fuerte.

Plantear que “otro mundo es posible” no significa que se terminará la conflictividad, que viviremos en un paraíso bucólico libre de contradicciones y que el amor sin límites se derramará generoso sobre todos los habitantes del planeta (¿alguien se creerá eso todavía?). Pero sí alerta sobre que es necesario apuntar a una sociedad que se avergüence, y por tanto reaccione, ante el negocio de la muerte. La causa de la justicia no puede aceptar la muerte como business. ¿O sí? ¿Triunfará finalmente la pulsión de muerte entonces? Apostemos firmemente porque sí es posible cambiar el curso de la historia. Si pudimos llegar al planeta Marte y liberar la energía del átomo, o domesticarnos y dejar de ser animales, ¿no será posible plantearnos no seguir matándonos?

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Política exterior panameña al servicio del gobierno colombiano

Olmedo Beluche (especial para ARGENPRESS.info)

El afán del gobierno panameño para ponerse al servicio de los intereses más reaccionarios e imperialistas del mundo no tiene límites. Desde 2009, cuando asumió el poder Ricardo Martinelli se han sucedido tomas de postura, declaraciones y ridículas metidas de pata sin cesar. Ahora resulta que Panamá, por orientación del presidente colombiano Juan M. Santos, se inmiscuye en un diferendo que acaba de resolver un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que ha delimitado las fronteras marítimas entre Nicaragua y Colombia.

Martinelli pretende servir de punta de lanza a la política colombiana que no quiere reconocer el fallo del tribunal internacional emitido a fines de 2012. En una entrevista televisiva (Telemetro 11/9/13), Martinelli alega haber conversado con Santos "con referencia a unas extensiones, unas pretensiones de extensiones territoriales que tenía el gobierno nicaragüense que desafortunadamente además de incluir a Colombia y Costa Rica, incluían a Panamá".



En ese mismo programa, Martinelli, dejó entrever que su postura frente al asunto de los nuevos límites marítimos de Nicaragua establecidos por La Haya, tiene relación con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Colombia, que busca beneficiar a los exportadores de zapatos y textiles de Zona Libre de Colón castigados con una tarifa proteccionista colombiana. Martinelli dio a entender que Santos condicionó la firma del TLC a la firma de "una carta de protesta contra los nicas" que promueve Colombia, con Costa Rica y Panamá para presentársela al secretario general de la ONU. Un toma y daca.

La política exterior panameña se arrastra por el mundo

Sin medir consecuencias, ni mucho menos el peso específico de Panamá en el mundo, ni su papel supuestamente "neutral" por razón del canal, el móvil de la política exterior de este gobierno ha sido actuar como perrito faldero emitiendo ladridos y esperando a cambio una sobadita en la cabeza y oír el "buen chico".

No cabe esperar mucha comprensión de las sutilezas de las relaciones diplomáticas en el mundo por parte de un grupo de arribistas ignorantes que sólo piensan en plata. Estuvieron entre los primeros, con el ex canciller J. C. Varela a la cabeza, que legitimaron el golpe de estado en Honduras, en 2009. Para congraciarse con los sionistas Martinelli se pronunció por una Jerusalén israelita, desconociendo al pueblo palestino. Peor aún, junto colonias como Micronesia, fue de los pocos países que se negaron a reconocer la representación de Palestina en la ONU. Martinelli metió la pata al opinar en un diferendo entre China y Japón por unas islas.

Recientemente, por orden de Estados Unidos, detuvo un barco coreano "sospechoso de contrabando de drogas", las cuales nunca se encontraron, pero si varias toneladas de azúcar y un arsenal que Cuba enviaba a Corea para su mantenimiento y devolución (al decir de Cuba). Pese a que el móvil de la detención no se probó, el gobierno panameño actuando como supuesto gendarme internacional mantiene retenida a la tripulación, al barco y su carga, yendo más allá de lo prudente, que habría sido negar su paso por el canal y devolverlo a aguas internacionales.

¿En qué consiste el conflicto colombo nicaragüense?

Desde el punto de vista geográfico no hay margen para el conflicto, pues cualquiera que mire un mapa puede apreciar que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina están prácticamente en la plataforma continental de Nicaragua. La razón del diferendo es histórica: originalmente, en razón de la geografía, el archipiélago hizo parte de la Capitanía General de Guatemala (a la que pertenecía la actual Centroamérica), desde 1544. Pero las islas al igual que la costa caribeña de Centroamérica empezó a ser objeto de incursiones y colonización por ingleses y escoceses, desde 1629.

El imperio español tuvo a lo largo del tiempo diversas estrategias para preservar su control del avance inglés, una de ellas fue que en 1803, Carlos IV, decidió pasar la administración de este archipiélago, y de toda la costa caribeña conocida como de "Los Mosquistos" (desde el Cabo Gracias a Dios hasta el río Chagres en Panamá) al virreinato de la Nueva Granada, el cual, a través del puerto de Cartagena garantizaba el comercio y el control militar. Una interpretación, la que defiende Nicaragua, asegura que esta decisión no implicaba segregar esta zona a la Capitanía de Guatemala, sino una decisión administrativa para resolver un problema coyuntural.

Alcanzada la independencia de España, las Provincias Unidas de América Central reclamaron la Costa de los Mosquitos y el archipiélago de San Andrés, pero la Gran Colombia alegó que las islas soberanamente se habían adscrito a la Constitución de Cúcuta de 1822 pasando a ser parte del estado bolivariano. Durante el siglo XIX, la federación centroamericana y Nicaragua (después) tomaron control de la Costa de los Mosquitos pero el archipiélago siguió en poder de Colombia.

En 1928 se firmó el Tratado Esguerra - Bárcenas, ratificado mediante el Protocolo de 1930, por el cual Colombia reconoció la soberanía nicaragüense sobre la Costa de los Mosquitos (Cabo Gracias a Dios hasta el río San Juan) y las islas de Mangle Grande y Chico, a su vez Nicaragua reconocía la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés. El tratado expresamente no incluyó los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana y no fijó límites marinos con precisión.

En base a los vacíos del tratado de 1928, Colombia de modo unilateral, en la década de 1960, intentó fijar como límite marítimo entre ambos países el meridiano 82, al occidente de las islas. Con lo cual la controversia quedó reavivada, hasta que en febrero de 1980, el gobierno nicaragüense surgido de la Revolución de 1979, repudió por completo el tratado de 1928 por haber sido impuesto en un momento en que Nicaragua estaba invadida por Estados Unidos, no pudiendo defender sus derechos legítimos.

En diciembre de 2001, el gobierno de Nicaragua formalizó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reclamando la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y repudiando el Tratado de 1928. Colombia, por su parte, en 2003, presentó objeciones formales a la demanda ante la CIJ, reclamando el archipiélago y los límites en el meridiano 82.

En diciembre de 2007, la CIJ se pronunció sobre las objeciones colombianas, diciendo: 1. Se declara incompetente para considerar controversia de soberanía colombiana sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina por estar zanjada esa materia en el Tratado de 1928, al que considera legítimo; 2. Pero establece que, fuera de esas tres islas el Tratado de 1928, no aclara los límites marítimos de ambos países, ni la soberanía sobre otros islotes del área, por lo que se declara competente para fijarlos de acuerdo a lo reclamado por Nicaragua.

Finalmente, el 19 de noviembre de 2012, la CIJ se pronuncia sobre el litigio: 1. Corriendo en algunos sitios el límite del meridiano 82 al mediano 81, 80 y 79; 2. reconociendo la soberanía nicaragüense hasta las 200 millas náuticas, salvo en la aguas que rodean las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los otros 7 cayos en que Colombia conserva la soberanía hasta las 12 millas náuticas alrededor de las islas.

La decisión de la CIJ deja en claro que se refiere a la fijación de límites entre los dos países litigantes, que admite recursos de reconsideración por alguno de los dos, a la vez que deja abierta la necesidad de que Nicaragua renegocie sus nuevos límites con Jamaica y Panamá, con los que antes no tenía, y con Costa Rica y Honduras, en la zonas que antes habían sido negociadas con Colombia y que ahora son nicas.

El gobierno colombiano no quiere aceptar el fallo de la CIJ

Desde que se conoció el fallo de la Corte Internacional, el gobierno y la burguesía colombianos se han negado a aceptarlo alegando una afectación de su soberanía del 50% sobre lo que consideraban su territorio sobre el mar Caribe. Una ola de seudopatriotismo y nacionalismo invadió los medios de comunicación de ese país e incluso se ha considerado seriamente repudiar la pertenencia de Colombia al sistema de la CIJ.

Por supuesto, la estrategia frente al fallo también implica aliarse con los países limítrofes con Nicaragua para crear una situación de desasosiego que impida a aquel país ejercer su soberanía sobre el área delimitada. De ahí la conversación de Santos con Martinelli y, seguramente, con Laura Chinchilla de Costa Rica, y los gobiernos de Honduras y Jamaica. La controversia además viene aderezada con las diferencias políticas, mientras el gobierno de Colombia es cabeza de la derecha continental, el de Daniel Ortega es parte del proyecto bolivariano del ALBA.

Panamá y las fiebres patrióticas de Martinelli

A la burguesía comercial panameña la patria y la soberanía nunca le ha importado mucho, pues es el dinero que hace sonar sus cajas registradoras el único Dios por el que sienten amor verdadero. Panamá fue parte integrante de Colombia hasta 1903 cuando, Estados Unidos deseoso de construir un canal bajo su pleno control soberano, se alió con algunos comerciantes locales para proclamar la "independencia" de Colombia e imponer el Tratado Hay - Bunau Varilla.

Panamá se convirtió así en un "protectorado" (colonia) de Estados Unidos, con Zona del Canal, bases militares e incluso conteo de votos por parte del interventor colonial (gobernador de la Zona). Tan es así que, para zanjar el tema del conflicto surgido con Colombia por "la toma de Panamá", fue un diplomático norteamericano quien negoció el primer tratado limítrofe ente ambos países.

El 5 de agosto de 1914, diez días antes de inaugurarse el Canal de Panamá, el funcionario norteamericano Thaddeus Austin Thompson y el canciller colombiano Francisco José Urrutia firmaron el tratado (Urrutia-Thompson) por el cual Colombia reconoce a la república de Panamá y fija sus límites de acuerdo a una ley de 1855, a cambio de 25 millones de dólares (misma cantidad que exigía el gobierno de ese país por el tratado del canal antes de la separación). Se dice que Estados Unidos aprovechó la crisis de las exportaciones cafeteras por la I Guerra Mundial para imponer el reconocimiento y beneficios para sus empresas petroleras y bananeras, a cambio del dinero.

Los límites fijados en este tratado fueron ratificados por Panamá en 1924 (Tratado Victoria-Vélez) y en un canje de notas de 1932, inclusive por el Tratado de Montería firmado por Omar Torrijos a fines de los 70, cuando entró en vigencia el Tratado Torrijos-Carter de 1977. El hecho es que Panamá, nunca disputo límites terrestres ni marítimos con Colombia, que debieron ser el precedente legítimo si es que en verdad hubiera un conflicto de límites ahora en nuestra nueva frontera con Nicaragua a partir del referido fallo de la CIJ.

Pero aún, luego del traspaso a Panamá del canal y el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas, en el años 2000, por la aplicación del Tratado de 1977, el gobierno panameño firmó acuerdos de seguridad con Estados Unidos cediendo la custodia de nuestro mar territorial y espacio aéreo a los Estados Unidos, entre ellos el Tratado Salas-Becker de 2002, firmado violando la constitución y las leyes nacionales.

Como se puede apreciar por lo dicho, a lo que se podrían agregar otras muchas consideraciones, no es el patriotismo lo que inspira al gobierno panameño, la filosofía que ha inspirado a nuestra clase dominante se resume en la frase: "la soberanía no se come".

Los "aires de guerra" que inspiran las expresiones de Martinelli provienen de cosas más prosaicas: 1. La afinidad política con Santos en la extrema derecha latinoamericana; 2. Los favores políticos concretos que Álvaro Uribe hizo a Martinelli en su campaña de 2009; 3. Los crecientes nexos comerciales y económicos entre la burguesía colombiana y altos funcionarios panameños; 4. La penetración creciente de capitales colombianos que se han adueñado de casi toda la industria nacional y parte del negocio inmobiliario; 5. Hay temor real en algunos sectores de que Nicaragua concrete su canal con apoyo de los chinos. En broma y en serio se dice acá que poco a poco estamos volviendo a ser un Departamento de Colombia.

¿Qué posición debe defender el movimiento obrero y popular panameño?

En primer lugar no ser tontos útiles ni carne de cañón de los intereses crematísticos de las burguesías panameña y colombiana. Lamentablemente, algunos dirigentes políticos de izquierda en Panamá trastabillan dándole credibilidad a Martinelli. Ojo, que el nacionalismo es progresivo si enfrenta al imperialismo y al colonialismo, pero se convierte en un veneno cuando se usa para enfrentar a los pueblos.

Si, como establece el propio fallo de noviembre de 2012 de la CIJ, Nicaragua debe negociar con Panamá la nueva frontera marítima, procedamos a la negociación exigiendo lo justo sin inventar demandas absurdas que nunca se plantearon a Colombia. Tomémosle la palabra al presidente Daniel Ortega, quien respondiendo a Martinelli ha dicho que "debe privar el derecho, ya que imponerse a través de la fuerza de las armas sería regresar a la época de las cavernas" y que ha llamado al gobierno colombiano a un diálogo "para poner en práctica armoniosa la sentencia de La Haya" (La Prensa, Managua, 12/9/13).

Las burguesías latinoamericanas acicateadas por el imperialismo yanqui nos han dividido, toca a nuestros pueblos, a la clase trabajadora, a revolucionarios y socialistas derribar las fronteras y bregar por la unidad bolivariana.

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Paraguay: Eclipse del progresismo

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

Que Paraguay no tiene izquierda es algo conocido, y la ausencia de una organización convencida y comprometida con la transformación estructural de la sociedad, como históricamente se identifica ese bando ideológico, tránsfugas y traidores de lado, la han ido compensando algunas actitudes que se encuadran en la democracia formal, y cierta militancia individual y colectiva de sectores ciudadanos progresistas.

La desaparición de ese universo doctrinario en este país de oficio político gatopardista, que inaugura gobierno y es parte de una Suramérica donde las posturas izquierdistas se reactivan y ganan las calles, es doblemente perjudicial para el pueblo paraguayo y para toda la región, en medio de su complicado proceso de integración regional.

La dignidad cívica viene de perder una oportunidad histórica para rectificar la anacrónica marcha del país, que buscó durante muchos años con heroicas luchas, pero que truncó la debilidad y confusión política de su dirigencia conciliadora, reformista y electorera, que ha facilitado la tarea al nuevo Presidente Horacio Cartes, quien se ha impuesto con el oportunista lema “Nuevo Rumbo”, sin necesidad siquiera de indicar hacia dónde, si hacia arriba, como lo está insinuando la mayor parte de sus primeras medidas, o hacia abajo, hacia el 50 por ciento de población marginada.

Es insuficiente y hasta inconscientemente hipócrita el esfuerzo de esclarecimiento que intentan algunos referentes locales de las cúpulas partidarias, recurriendo a recordar el penoso deterioro de la izquierda europea, como si esa caída estuviera predestinada por los dioses y no por la carencia de convicciones revolucionarias, procurando, de esa forma, explicar y hasta justificar, la lamentable miseria ideológica que protagoniza la realidad política nacional.

La derecha, con los partidos Colorado y Liberal, y la oligarquía empresarial, por su déficit cultural y su incómoda postura para justificar el origen de las fortunas del grueso de sus clanes familiares, adolece de total obsolescencia teórica y moral, rehén de la avaricia y la disputa de cargos y de negociados, lo cual es algo también conocido.

A diferencia de los países vecinos, Paraguay nunca contó en el último siglo y medio, con algo de esa burguesía empresarial paridora de personalidades ilustradas que han liderado partidos y ocupado cargos académicos, carencia que se comprueba en la mediocridad de la política, de la enseñanza y en el bajo nivel de varias profesiones, ni tampoco ha tenido un tejido industrial que emplee a muchos trabajadores y abra espacios a la formación de sindicatos y otras organizaciones en defensa de los asalariados.

En relación a la población activa, es exorbitante el número de sindicatos que existen en el país, algo así como media docena por gremios y a veces por empresas, mayoría alienados en la reivindicación económica y muchos aprovechando las ventajas que da el estatus de dirigente.

Aparte de las combativas organizaciones campesinas, principal fuerza de oposición a todos los gobiernos de turno, aunque sin mostrar mucha conciencia de que estos son meros gerentes del sistema capitalista, la fuerza sindical más esclarecida en el cuarto de siglo último, surgió del gremio bancario, con las debilidades propias de ese estrato social llamado clase media, sin conciencia de clase ni pertenencia social, que ha crecido mucho en el país, incrementando el individualismo corporativo y complicando la lucha de clases, beneficiando a la platocracia en la correlación de fuerzas.

De cara al presente y futuro inmediato del país, el problema se plantea en el campo de las fuerzas políticas que, moralmente, deben representar a la ciudadanía que necesita y desea un país mejor, desafío que compromete a partidos y organizaciones de trabajadores, de la ciudad y del campo, a los movimientos sociales y a todo ese abanico que conforma la juventud y los trabajadores irregulares y los desempleados. El autismo del mundo universitario es cobarde y aberrante.

Los ejemplos de países europeos con trayectorias ejemplares y heroicas en las luchas populares, que sufren hoy la desaparición de la izquierda combativa frente al entreguismo y obsecuencia de sus gobernantes que se han sumado a los atronadores gritos de guerra global que vomita todos los días la genocida clase corporativa, es una vergüenza universal que sólo merece el repudio de los pueblos civilizados que, si no quieren caer en complicidad, deben identificar y penalizar a todos los traidores izquierdistas, y más aún a los patentados de revolucionarios.

La militancia derechista, en todos sus niveles, por confesión y convicción, queda excluida de la lista de traidores, pues ella es leal con su ideología repugnante, aunque a menudo y en varias ocasiones, ambos campos se confundan, basta el ejemplo del Presidente de Francia François Hollande, “socialista”, con su antecesor Nicolás Sarkozy.

Hollande, un personaje anodino, se aupó, sin sorprender, a la cabalgadura europea que cínicamente se dice socialdemócrata, suscribiendo los dictados abusivos de Estados Unidos en política exterior, mientras que al interior de Francia se ocupa de aplicar todas las recetas neoliberales de precariedad laboral y contra el bienestar social. Sin embargo, el problema mayor no es ese mandamás de turno, pues pronto le llega su fin, sino el silencio frente a tanta feloniía, de ese pueblo francés que tanto ha contribuido a la evolución histórica.

Esa triste realidad constituye un alerta para las mujeres y hombres más esclarecidos de nuestro subcontinente, donde la amenaza del retroceso social pende sobre la cabeza de cada persona, mientras demoren en consolidar transformaciones de fondo los procesos de cambio que viven varios países, amenazados por los planes agresivos de las potencias capitalistas que pretenden continuar con el saqueo de los recursos ajenos para mantener su poderío, como siglos atrás lo hicieron para desarrollarse.

Paraguay está entre los países que hacen la punta en el renunciamiento a numerosas conquistas sociales y laborales, que han costado décadas de luchas y el sacrificio de la vida de muchos combatientes en todo el mundo y es, además, un reflejo del caos social que resquebraja los países capitalistas, con la consiguiente pérdida del bienestar que genera la política sometida al mercado y al gansterismo financiero.

Frente a ello, es criminal la debilidad partidaria del progresismo, consecuencia de la atomización, que parece imparable de las fuerzas que deberían constituir la oposición a Cartes, y que tienen ante sí la ventaja de la cuasi desaparición orgánica del Partido Liberal, segundo en electorado, después del Colorado que, a su vez, atraviesa la mayor crisis de sus últimas siete décadas, a pesar de su retorno al gobierno que había perdido en el 2008, y que tiene un Presidente con su bandera pero que no puede controlar.

Hace apenas cinco años, Fernando Lugo encabezó la Alianza para el Cambio, y gobernó cuatro, saboteado a mansalva por los otros dos poderes del Estado, pero avanzando en algunas políticas sociales, hasta que fue derrocado por la traición liberal y la injerencia de Estados Unidos que explotó al máximo la avaricia y ambición de enriquecimiento de muchos dirigentes y parlamentarios.

Ese golpe tuvo el efecto boomerang y terminó por golpear a los golpistas, pues la suya fue una victoria pírrica que apenas duró 14 meses y ha dejado un reguero de denuncias de corrupción y vaciamiento de las arcas del Estado, que estarían llegando a los estrados judiciales, provocando mucha repulsa pública y cierta nostalgia por la labor del gobierno derrocado.

Ese último aspecto han ido incapaces de aprovechar políticamente las huestes progres que acompañaron a Lugo, ni tampoco éste, a pesar de contar desde su caída con un considerable crédito popular, por encima de sus errores e irregularidades comprobadas.

A todos les está faltando el vigor y la conciencia de la necesidad de unir las fuerzas, objetivo táctico que requiere humildad y generosidad. Entre los dirigentes más visibles, sigue primando el caciquismo mezquino, por lo cual se hace imposible contrarrestar al malón de la ultraderecha que está retornando a los puestos de mando con varias de sus figuras más recalcitrantes, desaparecidas de los lugares públicos desde 1989, cuando fue sacado del palacio su líder, el General Alfredo Stroessner.

La luna, en medio de un cielo azul y claro, aparece como una joya, y en su Cuarto Menguante, que es uno de sus paréntesis, admite un Creciente posible que, en política, también puede anticipar un eclipse total sin retorno.

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Perú: Millón y medio de dólares anuales a cada congresista, para la indiferencia

Humberto Ramírez Arroyo (especial para ARGENPRESS.info)

Cual es el verdadero presupuesto de la nación peruana, en especial para el poder Legislativo. Ha ciencia cierta, no se sabe, se calcula, si lo que se estima para el gobierno central, seria el 30% le correspondería al Poder Legislativo, entonces la suma subiría en el reparto de los 130 congresistas. Se habla, se proclama transparencia en el presupuesto. Estamos en lo mejor del mundo, crecemos y crecemos la crisis no nos alcanza. Pero no la vemos ni por asomo, las multinacionales, los consorcios económicos, extraen más y más nuestras riquezas naturales.

Anónimos

Pero, nadie puede ignorar y el pueblo lo sabe, que el 25% (denunciado por los diarios de Lima) de los congresistas son olímpicos anónimos, están para el si o no en la votación, no expresan sus puntos de vista, no existen, no presentan proyectos, todo se hace dando potestad al gobierno central ante los problemas, se expiden Decretos Legislativos, no leyes aprobadas por el Congreso. Decretos Legislativos que duran años su reglamentación. Pero 15 veces al año se presentan a caja a cobrar sus honorarios.

Corrupción

Al inicio del actual régimen se desató un escandalo, Omar Chehade el segundo Vice –Presidente de la nación comprometido en un despojo de tierras, más especifico Andahuasi, hacienda con abundante agua, dedicada a la siembra de caña de azúcar. La inversión nada inocente, motivo siempre para despojar la tierra a una comunidad que es su único medio e vida. Los consorcios financieros invocan que las tierras no pertenecen a los campesinos, niegan expulsión, su misión es ayudar a los trabajadores, para mejores niveles de vida, ofrecen trabajo. El mentado congresista, por la presión popular tuvo que renunciar a la Vice Presidencia, pero sigue de Congresista, su hermano, preso por tres años felizmente efectivos, por estar comprometido en el plan de como sacar a los trabajadores de la hacienda.

Narcotráfico

Últimamente, un investigador en asuntos de narco tráfico, ha señalado con nombre propio a siete congresistas comprometidos con el narco tráfico, se forma una comisión investigadora, con resultados posibles en Julio de 2016. Esto no es casual, en el Perú, la cocaína de alta pureza se vendía en negocios públicos, con avisos en los diarios. Igual se vendía la bellota de amapola en las farmacias o boticas, su siembra era lícita, de ello seguro existen muchas fortunas, ahora son de la aristocracia.

Indiferencia

Esta situación no es de ahora, la indiferencia siempre ha existido, la gran mayoría lo que más expectativa es repetir el plato, cobrar sus “honorarios” y servir bien al patrón de turno. Por ejemplo el Decreto Ley 23211, Concordato con el Vaticano, que lo realizó el dictador comprendido en el Plan Cóndor: General Morales Bermúdez, dio el Decreto Ley cuatro días antes de dejar el poder 24 de julio 1980. Cuesta a los peruanos más de tres mil millones de nuevos soles, un monaguillo gana S/. 1240. Nuevos soles, si es que se lo da el sacerdote. Un profesor de escuela S/. 840 nuevos soles. Obispo sueldo de ministro S/. 34,000, más movilidad, chofer, gasolina y protección. Cuantos hay hasta hace poco 52 obispos, con el nuevo Papa 5 más. Los jubilados también se le pagan igual. Alguien se preocupó de verificarlo, de estudiarlo, afecta a nuestra economía. Recién en Junio del 2002 se hizo a la luz dicho Decreto Ley, no por supuesto en forma especial. Lo que reglamenta las leyes, es con Decretos Supremos, en este caso son Secretos. Mientras cientos de niños mueren por neumonía en las zonas altas del sur de país por las heladas, seres humanos que viven sin zapato a menos 15 o 20 grados bajo cero. Pero si promueven la donación de ropa usada, para la próxima elección. Prevención ninguna, los centros hospitalarios y centros de salud son insignificantes y escasos. Se exporta nuestro gas natural a precio irrisorio, que podría ser usado como calefacción. La mayoría de las organizaciones inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones son todos neoliberales, todos dicen ser anti verticalistas, pero se suben al carro ganador para sacar su tajada. La izquierda se encuentra todavía con el eco lejano chino-soviético.

Demanda

El motivo de esta nota es el atentado a los Derechos Humanos, del Niño y Adolescente Internado en un Hospital. Quien aportó a la humanidad tal derecho es la Comunidad Europea, aprobado el 13 de Mayo de 1986. Luego la Convención de los Derechos del Niño promovida por la UNICEF hizo propia de la ONU en Diciembre 1989.

Está demanda ante el Congreso Peruano viene desde Septiembre de 2006. Luego en el actual régimen a todos los Presidentes del Congreso del Perú que se eligen cada año, es reiterativo. El presidente elegido en Julio 2013, ante la denuncia de narco congresistas, el Presidente del Congreso del Perú Fredy Otárola ha manifestado sobre la legitimidad y ética política. En nuestra demanda hemos manifestado que es una infamia no aceptar que sea Ley para toda la República del Perú Los Derechos del Niño Hospitalizados. No aceptamos una postura arrogante en lo ético e ideológico, de haber una Defensoría del Paciente en nuestro país, serian demandados por lesión traumática, homicidio por omisión del deber, por la no hacer Ley a un Derecho que es Constitucional por que nuestro Estado está en la ONU y signatario, que no está en nuestras Ley de Menores y Adolescentes Ley 27337, que data de Agosto de 2000, se aprobó en la dictadura de un Presidente de no aclarada su nacionalidad de japonés o peruano, sentenciado a 25 años por otros delitos.

La carta Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado

Estos derechos han sido extraídos de la Carta Europea de los Niños Hospitalizados, resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 13 de Mayo de 1986. Esta carta fue hecha propia de Organización de las Naciones Unidas ONU en diciembre de 1989, obligatorio para todos los países que se encuentran dentro de ella.

1) Derecho del niño a que solamente se le hospitalice en el caso que no pueda recibir los cuidados necesarios en su casa o en un ambulatorio y si se coordina oportunamente con el fin de que de que la hospitalización sea lo más breve y rápida posible.

2) Derecho del niño a la hospitalización diurna, sin que ello suponga una carga adicional a los padres.

3) Derecho a estar acompañado de sus padres o de una persona que los sustituya, el mayor tiempo posible durante su permanencia en el hospital no como un espectadores pasivos sino como elementos activos de la vida hospitalaria sin que eso comporte costes adicionales; el ejercicio de este derecho no debe perjudicar en modo alguno ni obstaculizar la aplicación de los tratamientos a los hay someter al niño.

4) Derecho del niño a recibir una información adaptada a su edad, su desarrollo mental su estado afectivo y psicológico con respecto al conjunto del tratamiento médico al que se le somete y las perspectivas positivas que dicho tratamiento ofrece.

5) Derecho del niño a una recepción y seguimiento individuales destinándose en la medida de lo posible, los mismos enfermeros y auxiliares para la recepción y los cuidados necesarios.

6) Derecho a negarse (por boca de los padres o de la persona que los sustituya) a ser utilizado como sujeto de investigación y a rechazar cualquier cuidado o examen cuyo propósito primordial sea educativo o informativo y no terapéutico.

7) Derecho de sus padres o de la persona que los sustituya a recibir todas las informaciones relativas a ala enfermedad y al bienestar del niño, siempre y cuando el derecho de éste al respecto de su intimidad no se vea afectado por ello.

8) Derecho de los padres o de la persona que lo sustituya su conformidad con los tratamientos que se aplican al niño.

9) Derecho de los padres o de la persona que lo sustituya a una recepción adecuada y a su seguimiento psicosocial a cargo de personal con formación especializada.

10) Derecho a no ser sometido a experiencias farmacológicas o terapéuticas. Solo los padres o la persona que lo sustituya debidamente advertidos de los riesgos y de las ventajas de estos tratamientos, tendrán la posibilidad de conceder su autorización así como retirarla.

11) Derecho del niño hospitalizado, cuando está sometido a experimentación terapéutica a estar protegido por la declaración de Helsinki de la Asamblea Médica Mundial y sus subsiguientes actualizaciones.

12) Derecho a no recibir tratamientos médicos inútiles y a no soportar sufrimientos físicos y morales que pueden evitarse.

13) Derecho y medios de contactar con sus padres o con la persona que los sustituya en momentos de tensión.

14) Derecho a ser tratado con tacto, educación y comprensión y a que se respete su intimidad.

15) Derecho a recibir durante su permanencia en el hospital, los cuidados prodigados por un personal calificado que conozca perfectamente las necesidades de cada grupo de edad tanto en el plano físico como el afectivo.

16) Derecho a ser hospitalizado junto con otros niños, evitando en todo lo posible su hospitalización entre adultos.

17) Derecho a disponer de locales amueblados y equipados de modo que respondan a sus necesidades en materia de cuidados de educación y de juegos, así como de las normas oficiales de seguridad.

18) Derecho a proseguir su formación escolar durante su permanencia en el hospital y a beneficiarse de las enseñanzas de los maestros y del material didáctico que las autoridades escolares pongan a su disposición, en particular en el caso de una hospitalización prolongada con la condición de que dicha actividad no cause perjuicios a su bienestar y/o no obstaculice los tratamientos que siguen.

19) Derecho a disponer durante su permanencia en el hospital de juguetes adecuados a su edad, de libros y medios audiovisuales.

20) Derecho a poder recibir en caso de hospitalización parcial (hospitalización diurna) o de convalecencia en su propio domicilio.

21) Derecho a la seguridad de recibir los cuidados que necesita, incluso en el caso de fuese necesario la intervención de la justicia si los padres o la persona que lo sustituya se los niegan por razones religiosas, de retraso cultural, de prejuicios, a no están en condiciones de dar los pasos oportunos para hacer frente a la urgencia.

22) Derecho de niño a la necesaria ayuda económica y moral, así como psicosocial, para ser sometido a exámenes y/o tratamientos que deben efectuarse necesariamente en el extranjero.

23) Derecho de los padres o de la persona que los sustituya a pedir la explicación de la presente Carta en el caso de que el niño tenga necesidad de hospitalización o de examen médico en países que no forman parte de la Comunidad Europea.

Humberto Ramírez Arroyo es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires.

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El capitalismo y los pibes de Buenos Aires, Córdoba y Rosario (Parte II)

Carlos del Frade (APE)

Luis Fernández Cuevas tenía catorce años y apareció muerto el primero de setiembre en barrio Santa Lucía, en Rosario. Antes de morir lo mutilaron y lo quemaron. La investigación del crimen sigue la hipótesis de que el chico era soldadito de un grupo narco y que su muerte estaría ligada a la destrucción de un bunker ocurrida hace dos semanas en 27 de febrero al 7.600. En la ciudad de los niños, la matriz sigue siendo pibes consumidores consumidos, soldaditos inmolados en el altar del salvaje y feroz dios dinero.

Una maestra con casi tres décadas de aprender de los chicos en la zona del Gran Rosario, escribió: “...El tiempo pasó rápido y todo se ha vuelto extraño. Los niños se disfrazaban de soldaditos para los actos. Sanmartines y Belgranos, portaban sables corvos de cartón corrugado. Y lo siguen haciendo, para cada aniversario. Pero las palabras cambiaron su sentido. Mutaron y nombran otros mundos, coexistentes, ¿cómo puede ser que no los veamos?. Armas y soldaditos niños resuenan en las tapas de losdiarios. La cosa cambió. ¿Dónde estábamos nosotros?. ¿Cómo no nos enteramos?...”, sostuvo la docente, militante y escritora Betty Jouve en la presentación de su libro “De guardapolvos y campanas”.

“¿Cómo no nos enteramos?”, se pregunta Betty. Una inquietud que deberían hacerse los máximos responsables de los partidos políticos mayoritarios, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino también en Córdoba y Buenos Aires.

Cuando el 6 de setiembre de 1991 fue asesinado Regino Maders, su familia denunció que se trató de un crimen estructural ya que detrás del matador estaban las relaciones del gobierno de Eduardo Angeloz con el narcotráfico y los reciclados policías de los tiempos de la dictadura en épocas del genocida Luciano Menéndez.

En el año 2002 fue detenido uno de los asesinos de Maders, Hugo Oscar Cíntora, relacionado con dos sospechosos anteriores, Carlos Guidone, apresado en 1993, y Dardo Navarrete, otro ex policía detenido ese mismo año, que fueron sobreseídos. En estos días de fuego desbocado y beatificaciones de curas gauchos, ese pasado impune denunciado por la familia Maders, reapareció con fuerza: el ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y el jefe de la policía provincial, Ramón Frías, renunciaron como consecuencia de conexiones de sus subordinados con el narcotráfico. Y ambos, Paredes y Frías, por otro lado, también están vinculados a los siempre reciclados proveedores de la muerte de los tiempos del terrorismo de estado. Eso ya se sabía desde 1991 pero miraron para otro lado.

Está bien que una maestra se pregunte: “¿Cómo no nos enteramos?”. Pero el poder político, legislativo y judicial de Córdoba y Rosario ya sabía de qué se trataba el desarrollo del capitalismo a partir de los años noventa y las mutaciones que producía al interior de la sociedad y su feroz consecuencia en los pibes.

Lo mismo sucede en la provincia de Buenos Aires y la fenomenal avanzada que se está haciendo sobre los pibes en la idea de bajar la edad de imputabilidad a los catorce años.

La Comisión Provincial por la Memoria del primer estado argentino ha demostrado que no tiene sentido la nueva persecución contra los chicos.

En el primer estado de la Argentina, las cifras judiciales demuestran que la participación de los adolescentes entre 16 y 18 años en los delitos es ínfima. “La Oficina de Estadísticas de la Procuración de la Suprema Corte informa que en 2012, sobre un total de 685.808 investigaciones, el 4,3% (29.550) corresponde a investigaciones tramitadas en el fuero penal juvenil. El 95,7% (656.258) corresponde a personas mayores. En tres años los delitos de los jóvenes aumentaron 2 %, mientras el de los adultos aumentó 3 %”, apunta un informe de la Comisión Provincial por la Memoria.

En los tres principales centros urbanos de la Argentina, la complicidad de los nichos de corrupción institucionales lleva décadas y ahora que los resultados electorales apremian, arrecian los pasos de impostura artística informando sobre megaoperativos, renuncias de funcionarios y una nueva vuelta de rosca al exterminio de los pibes empobrecidos. El capitalismo y su marcha cotidiana en Rosario, Córdoba y Buenos Aires.

Ver también:
- El capitalismo y los pibes de Buenos Aires, Córdoba y Rosario

Fuentes: Diario “La Capital”, domingo 15 de setiembre de 2013; escrito de la maestra Betty Jouve, viernes 13 de setiembre de 2013; causa Maders y diarios de Córdoba; Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires.

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Boletín informativo de CORREPI

Después de las elecciones, el gobierno profundiza el modelo represivo / De represión y sus reivindicaciones: un hecho cotidiano / "En la vida hay que elegir": ellos eligen reprimir / Zaffaroni: “No son tantos muertos si se excluyen los homicidios en las villas”.
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Después de las elecciones, el gobierno profundiza el modelo represivo
El descenso del caudal de votos del kirchnerismo en las PASO de agosto, que incluyó la derrota de su candidato oficial, Insaurralde, ante el Frente Renovador de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, rápidamente motivó un cambio de estrategia de cara a las elecciones de octubre.
A partir de la lectura de que el triunfo del ex jefe de gabinete kirchnerista, hoy opositor, se apoya, en parte, en su perfil de “preocupado por la inseguridad”, el gobierno nacional, el provincial y su candidato salieron a disputar ese terreno con energía.
Arrancó el coronel Sergio Berni, secretario de Seguridad del gobierno nacional: “las cuestiones de seguridad son palpables y la gente las padece permanentemente”. Tras el volantazo al discurso oficial, que prefería hablar de una “sensación de inseguridad creada por los medios”, anunció un nuevo “plan de seguridad”, que consiste en “la ejecución de planes de acción de alcance federal tendientes a la cooperación, colaboración y asistencia para la promoción de políticas públicas en materia de seguridad” con el objetivo de “combatir el delito y bajar la criminalidad”. En lo concreto, reforzaron el plan Centinela, que existe desde 2011, con el desembarco de 5.000 gendarmes y 400 policías federales más a la provincia y la transferencia de 85 millones de pesos destinados a 700 unidades móviles para la provincia. Casi simultáneamente, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció el envío de 4.500 efectivos de las Fuerzas Armadas a las fronteras noreste y noroeste del país en el marco del operativo Escudo Norte, también creado en 2011, para reemplazar a los gendarmes venidos a la zona metropolitana. Esto es, cada vez más saturación de fuerzas represivas en nuestros barrios por parte de un gobierno que nos mata un pibe por día con el gatillo fácil o la tortura.
En la misma línea, y replicando la jugada nacional de diciembre de 2010, cuando se creó el ministerio de Seguridad después de las muertes en el Parque Indoamericano (ver Boletín Informativo nº 589), el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, anunció el desdoblamiento del ministerio de Justicia del de Seguridad, para el que designó a Alejandro Granados, actual intendente de Ezeiza. De esta manera dio marcha atrás en lo que, con los mismos argumentos, pero en sentido contrario, había resuelto en mayo de 2010, cuando despidió al fiscal Stornelli y juntó ambos ministerios con Casal a la cabeza (ver Boletín Informativo nº 558).
Como con Marambio en el Servicio Penitenciario Federal o Milani en el ejército, el nuevo ministro viene con nutrido prontuario en materia represiva. “En Ezeiza, logró tener los índices más bajos de inseguridad con tecnología contra el delito y buscando readecuar el funcionamiento del Estado a las nuevas características de la delincuencia”, lo defendió Scioli. Efectivamente, el barón del conurbano y apóstol de la “mano dura” Granados, ya en 2003 implementó el programa “Tolerancia Cero”, con la contratación de policías retirados para reforzar el patrullaje en las calles de Ezeiza. Uno de estos policías recontratados, José Antonio “Oso” Pelozo, mejor conocido en su barrio, Villa Fiorito, como el “Mataguachos”, fusiló, el 3 de junio de 2003, a Matías Bárzola, cuya familia hoy se organiza en CORREPI. Ése es el aporte de Granados a la “tecnología” represiva: escuadrones de la muerte para hostigar y matar a los pibes de los barrios.
Como frutilla del postre, tanto Scioli como Insaurralde, desempolvaron viejos proyectos para bajar de la edad a partir de la cual un niño puede ser sometido a un proceso penal. Nunca los oímos –ni los vamos a oir- pedir a gritos mano dura para la infinidad cotidiana de delitos, muy superior en cantidad y calidad, que diariamente protagonizan policías, gendarmes, prefectos, guardiacárceles, militares, empresarios o burócratas sindicales.
En una cosa tienen razón: No es nuevo el “trabajo” del kirchnerismo en lo que ellos llaman “políticas de seguridad” y nosotros señalamos como políticas represivas. No es novedosa la creciente militarización del área metropolitana, con los planes Cinturón Sur y Centinela, ni el vertiginoso aumento del presupuesto para las fuerzas de seguridad, que pasó de 2.960 millones de pesos en 2003 a 25.900 millones de pesos en 2013, es decir, un aumento del 1.096% en 10 años. En palabras del ministro de Seguridad nacional, Arturo Puricelli, los nuevos refuerzos en materia represiva no tienen que ver con una “política espasmódica, sino con una política que lleva 10 años”. Ciertamente, en esta década de kirchnerismo, se deja ver la política de estado que ha aumentado en forma categórica los asesinatos a manos del aparato represivo en todas sus modalidades. Con el gatillo fácil, las muertes en cárceles y comisarías y los asesinatos de luchadores populares, los índices del actual gobierno superan los de todos los gobiernos constitucionales desde 1983.
Estas medidas de continuidad en la política que el oficialismo ha llevado adelante desde 2003, muestran cómo, ante el traspié electoral, se reinventan y endurecen su política represiva hacia el pueblo trabajador.

De represión y sus reivindicaciones: un hecho cotidiano
Durante la mañana del miércoles 28 de agosto, más de cinco mil manifestantes de distintos sectores del campo popular se movilizaron al enorme edificio de la legislatura de la provincia de Neuquén, construido en 2007 con dinero de un presupuesto provincial alimentado de las regalías petroleras. El objetivo era repudiar el proyecto que iba a votarse ese día, para extender las concesiones a YPF de varios extensos yacimientos con uno de los mayores caudales de hidrocarburos no convencionales de aceite y gas de esquisto en el planeta, lo que se enmarca en el convenio pactado a puertas cerradas con la multinacional Chevron.
A más de tres cuadras, ya se veía asomar el grosero vallado que había desplegado desde temprano el operativo policial de la provincia, por orden del gobernador Jorge Sapag, custodiado por una columna de cien militantes de su partido, el oficialista Movimiento Popular Neuquino. Y mientras en la puerta del palacio de Tribunales, pero en la ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo desplegaba a todo su aparato militante pasándose crema por el pecho para defender la Ley de Medios Audiovisuales, las balas empezaron a llover. De goma y de plomo, con los gases lacrimógenos preparando el terreno, y con el silbido de las corridas que buscan defenderse de la represión, se llevaron detenidas a cientos de personas. Hubo varios heridos de gravedad, entre ellos, Rodrigo Barreiro, hijo del decano de la Facultad de Humanidades de la UNCo, quien tuvo que ser operado por una herida de bala de plomo calibre 22 alojada en el tórax, así como un muchacho que recibió una bala de goma en el rostro y perdió un ojo, y otro que fue golpeado en el abdomen por un cartucho de gas lacrimógeno.
Rápidamente, el gobernador Sapag salió a declarar que los policías “actuaron con seriedad y profesionalismo. Se defendió la democracia”, secundado en hombros por el secretario presidencial Oscar Parrilli quien, dando cuenta de los ilimitados alcances que tiene la libertad de expresión, bramó: “¡qué casualidad que se juntaron la ultraizquierda y la derecha para atentar contra los intereses del pueblo argentino!. Para nosotros no es nuevo, ya ocurrió en el 55 y en el 76, pero nosotros vamos a seguir trabajando por la gente independientemente de las elecciones”.
Menos de 24 horas después, mientras un grupo de trabajadores de la Intersindical de Trabajadores Estatales agremiados en ATE elevaba al fiscal Gustavo Araya el reclamo por mejoras salariales y laborales en el marco de un paro general con toma de espacios públicos en las oficinas de la Dirección Provincial de Rentas en San Salvador de Jujuy, la policía ingresó al recinto y reprimió todos los presentes con la presunta finalidad de desalojar el edificio. A raíz del hecho, diez trabajadores resultaron gravemente heridos y cuarenta fueron detenidos, entre ellos, el secretario general del gremio Fernando Acosta.
A cuenta de ambos episodios, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ya viejo y reconocido aliado del gobierno, salió a “reclamar” que se establezcan “responsabilidades penales y políticas” por la represión. Observando que habría “importantes debilidades desde 2010 en la política de no represión impulsada desde 2003”, le pidió al gobierno que envíe “un mensaje político fuerte” para “reencauzar los principios de no represión y fortalecer la gestión política de los conflictos sociales”.
Nuevamente debemos decir que nada de lo sucedido resulta sorprendente, porque entendemos que, cuando hablamos de represión, no hay hechos aislados, sino una misma y sistemática política de estado, aquella que venimos denunciando desde hace tanto tiempo. Tampoco es novedoso que, de diversas formas, la represión intente ser legitimada y argumentada bajo la consigna de “defender la democracia”, apelando a una felicitación honorífica, como en el caso del gobernador neuquino al cuerpo policial; delirando premisas que intentan victimizar a un gobierno que dice correr peligro, como quisiere hacernos creer el secretario Parrilli, o “reclamando” que la represión sea prolija, en el caso del CELS.
El secretario presidencial legitima la represión en Neuquén embanderándose en la defensa del régimen democrático, cuando lo que realmente está defendiendo son los intereses de las empresas tanto nacionales como extranjeras, al tiempo que el CELS ensaya una tibia denuncia que reivindica la pretendida política de no represión del kirchnerismo, diciendo que antes de 2010 nada de esto hubiera ocurrido. Recomendamos a Vertbisky y su gabinete hacer un poco de memoria y repasar la infinidad de episodios represivos que denunciamos desde el inicio de la gestión kirchnerista, como el ocurrido el 23 septiembre de 2003, cuando la PFA reprimió a 500 piqueteros que reclamaban puestos de trabajo en el subte, prometidos tres meses antes por Néstor Kirchner, o el asesinato, en una manifestación contra la tortura, de Luis Cuéllar en Jujuy, el mes siguiente. Desde el 25 de mayo de 2003, hasta mediados de este año, las fuerzas represivas del estado asesinaron casi 2.300 personas. Sólo en manifestaciones o movilizaciones, fueron 19 los asesinados.
Ésta es la década “ganada” de la que tanto se habla. Una década de palo y balazo para garantizar los intereses del poder. Y por más que quieran contarnos el cuento, seguiremos firmes, trayendo a la memoria todo lo que pasó, lo que pasa y lo que sólo a fuerza de lucha y organización, dejará de pasar.

"En la vida hay que elegir": ellos eligen reprimir
En un contexto en el cual la agenda política del gobierno nacional se ve atravesada por la necesidad de un cambio estratégico en relación al saldo que dejaron los preliminares resultados electorales, y donde la prioridad pasa por responder rápidamente al restablecimiento de aquel porcentaje de votantes que se perdieron, el kirchnerismo abandona sin tapujos su tan promocionado discurso de los DDHH y lo encuadra consecuentemente con la acción política que ha llevado a cabo a lo largo de esta década: reprimir incansablemente al pueblo. Y es que no podía dejarse pasar tanto auge en el protagonismo del reclamo por la inseguridad en estas elecciones, (venía demasiado al pelo), y esta vez, como tantas otras, resultó más que provechoso. Un reclamo que históricamente fue utilizado para justificar la represión y la militarización en los barrios, sirvió, nuevamente, para reivindicarse públicamente como fieles defensores de la política que siempre tuvieron y que muchas veces negaron, y bajo un aliento de “la gente pide, la gente lo tiene”, los millones ejecutados para dar respuesta hicieron lo suyo: el palo, la gorra y el fierro que siempre tuvieron luz verde en casi todas las esquinas, ahora se duplicó, y sus resultados no tardaron en llegar…
El domingo 18 de agosto, en las inmediaciones del barrio San Carlos, en la localidad de Gral. Alvear (Mendoza), Andrés Ezequiel Sosa Gallardo (21) era fusilado por el oficial de la policía provincial Pablo Colilaf, quien, alegando, como siempre, “legítima defensa” le llovió dos tiros al tórax en medio de una persecución, que le provocarían horas más tarde la muerte.
La semana siguiente, luego de que los medios oficialistas hicieran lustro de gala sobre la reasunción de Alejandro Marambio como jefe del SPF, éste inauguraba su gestión “suicidando” a Matías Ezequiel Cejas (24), encontrado ahorcado con una sábana anudada a una ventana en su celda del pabellón J, módulo III, de la Unidad Penal I de Ezeiza, dos meses después de haber sido trasladado desde el penal de Chaco, donde había denunciado junto a su hermano Fernando los constantes abusos y torturas de los que eran víctimas y produciendo, como resultado, la detención de siete penitenciarios. "Nos amenazaron a los dos, de que íbamos a amanecer ahorcados en la celda", contaba Fernando ante el tribunal que decidió su traslado a Ezeiza, dos meses antes de la muerte de su hermano. A Matías le faltaban ocho meses para cumplir su condena.
Un día después, pero en la intersección de las calles 9 y 54, en pleno centro de la Plata, Nélida Soledad Bowen (18), que estaba haciendo la fila para entrar a un recital con su hermana mayor y un amigo, murió de un balazo en el abdomen del arma de fuego del oficial Mariano Aguirre, de la Dirección de Policía Motorizada de la Bonaerense quien, según diría después, pretendía “evitar la huída” de unos pibes que habían asaltado un restaurante.
Menos de 24 horas después, pero no tan al sur, en la madrugada del domingo 1° de septiembre, un laburante de Lanús Este –Juan Carlos Caliza (27)- era visitado por su vecino Humberto González, a quien aparentemente debía una suma de dinero y quien, al tiempo, había decidido llevar un “amiguito” para que lo secundara en hombros: el efectivo de la Policía Metropolitana Raúl Cardozo, quien trabajaba desde hace dos años en la Dirección de Investigaciones Complejas de la fuerza, de franco y civil. Al parecer, se habría armado una discusión por el reclamo del pago; en medio, Cardozo saca la reglamentaria y le pega dos tiros al pecho. Caliza muere en el acto.
Exactamente a la misma hora, pero en las intersección de las calles San Martín y Entre Ríos (CABA), David Vivas (25) “Poro” como le decían sus amigos, trabajador metalúrgico, recibía un tiro en la cabeza a manos del sargento del Comando Radioeléctrico Víctor Hugo Giometti, quien luego declararía estar intentando “reducir” al conductor de un automóvil que había protagonizado un choque (como si eso justificara que le tire). Al respecto el Comisario Mayor Santos Aranda, Jefe de la UR VI, descartó de plano que se trate de un caso de gatillo fácil, asegurando que fue un accidente y calificó el hecho como “desgraciado”.
Un día después, Miguel Ángel Durrels (29), aparecía muerto en el separo de la Comisaría 1ª de Pilar, a donde lo habían llevado detenido por tenencia de marihuana la noche anterior. Lo encontraron tirado en un calabozo que desde hace meses estaba inhabilitado para alojar detenidos debido a su deterioro. La policía declararía después, que el joven se habría ahorcado con los cables eléctricos del calabozo.
De esta manera es, como los desclasados cumplieron, una vez más, su función a la perfección, como siempre lo hacen, y dando cuenta de qué se trata la respuesta que se brinda a las “inquietudes”, y de los alcances y “beneficios” que contrae el nuevo plan de seguridad nacional. El gobierno no miente, la respuesta está, ellos hacen, claro que hacen; pero, ¿qué es lo que hacen? Reprimir, señores: eso hacen.

Zaffaroni: “No son tantos muertos si se excluyen los homicidios en las villas”
Sin darse cuenta que el gobierno que defiende cambió su discurso para adaptarse al resultado de las encuestas electorales (ver primera nota de este Boletín), el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, aseguró que la inseguridad es una “sensación”, una “paranoia construida por las redes de medios masivos de difusión”. Su tesis dista mucho de la crítica que hacemos a la forma exasperante en que los medios, tanto “militantes” como “de la corpo”, instalan el discurso de la “inseguridad” como el único problema que tenemos los argentinos, mientras silencian con igual énfasis los crímenes de los capitalistas y sus perros guardianes. Pero, detalles al margen, la explicación que dio a continuación supera por lejos lo imaginable: “En la ciudad de Buenos Aires, si se excluyen los homicidios que se producen en las villas, habría 3,5 muertos cada cien mil habitantes, que es el mismo indicador que en Europa”. O sea, si no contamos los muertos pobres, estamos fenómeno, y no nos damos cuenta de puro brutos. Además, estar como Europa es una ganga.
Aplicando la tesis Zaffaroni a otras áreas, el ministerio de Economía podría decir que “si se excluye lo que ganan los trabajadores, somos todos ricos”; el ministerio de Salud podría ufanarse de que “si se excluyen los hospitales públicos, todos los argentinos tienen coberturas de salud de primera línea”, o el de Educación podría explicar que “excluyendo la educación pública, todos pueden pagar escuelas privadas”.
O diríamos nosotros: si se excluyen los crímenes cometidos por la policía, los gendarmes, los prefectos, los servicios penitenciarios y el resto del aparato estatal, prácticamente no hay delitos en Argentina.
En el mismo reportaje, cuando le reprocharon ser un “profeta de la mano blanda”, se atajó: “No soy tan mano blanda con el gatillo fácil”. Sí, claro. Si se excluye el fallo del 23/12/2004 en la causa Bulacio, donde Zaffaroni dijo que la sentencia de la Corte Interamericana viola el derecho al debido proceso y a la defensa en juicio del asesino comisario Espósito; o si se excluye el fallo en la causa por torturas del comisario René Jesús Derecho, en el que dijo que “en democracia no se puede decir que hay torturas”, sino a lo sumo “apremios ilegales” que prescriben en 5 años, y negó al crimen policial el carácter de crimen de estado, y si se excluyen todos los recursos extraordinarios rechazados con su voto contra policías de gatillo fácil, podemos admitir que no tiene mano blanda con la represión...
Del mismo modo mostró la hilacha el 2 de mayo de 2009, en el programa de radio Leña al Fuego que conduce el periodista Herman Schiller, cuando “explicó” por qué él, y la no menos “progre” Carmen Argibay, votaron con el resto de la Corte para rechazar un habeas corpus que buscaba liberar 60 chicos menores de 16 años, encerrados en un instituto de menores in causas penales. Carmen Argibay había justificado el fallo diciendo que “Poner esos chicos en libertad es convertirlos en blanco móvil del gatillo fácil”. Raúl Zaffaroni dijo entonces: “...me dio el temor no infundado de que la Corte diese el argumento necesario para decir `la Corte los suelta, nosotros tenemos que matarlos’ … y que empezaran a haber ejecuciones de pibes en el Gran Buenos Aires”. (Ver Boletín Informativo nº 521).
Cuando nuestras compañeras María del Carmen Verdú y Delia Garcilazo le hicieron notar que entre el 25 de mayo de 2003 y el 30 de diciembre de 2008 hubo más de mil muertos por el gatillo fácil y la tortura, el juez murmuró: “Bueno, pero podría haber sido peor, podrían haber sido más pibes”. Nada cambia en la lógica del Señor Juez.

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Argentina, Provincia de Buenos Aires, La Plata: Vigilia a 7 años de la desaparición de Jorge Julio López

RADIO FUTURA - ANRED

Por quinto año consecutivo, Radio Futura realizará una vigilia sonora ante un nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. Esta transmisión especial comenzará hoy a la medianoche y se extenderá hasta las 8 de la mañana del miércoles 18. Otras radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) retransmitirán la actividad.

Por quinto año consecutivo, Radio Futura (La Plata) realizará una vigilia sonora ante un nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. Esta transmisión especial comenzará a la medianoche del martes 17 y se extenderá hasta las 8 de la mañana del miércoles 18.

Desde Radio Futura cuentan que “ante el silencio que rodea a la causa por la desaparición de López, el olvido o la situación que se ha denominado como ´desaparición mediática´ del caso, proponemos este espacio de encuentro y reflexión”. Además, agregan que “esta iniciativa empezó hace cinco años como una experiencia muy pequeña entre compañeros y compañeras de la radio. Luego, se fue ampliando y creemos que hoy se ha transformado en una actividad que instalada entre las varias que se realizan en La Plata esa semana, como charlas, muestra, presentaciones y la misma marcha del 18″.

Radio Futura es una radio popular que nació en octubre de 1986, a pocos años de la recuperación de la democracia y en un contexto de surgimiento de radios comunitarias en distintos lugares del país.Desde sus inicios, propuso abrir un espacio de encuentro y difusión de actividades e ideas entre los vecinos y distintos actores sociales, dando lugar a voces y visiones de la realidad que no encuentran un espacio en otros medios de difusión.

Los organizadores también señalan que la actividad se encuentra acompañada por otros espacios como el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y la Red Nacional de Medios Alternativos que retransmitirán la vigilia.

Acerca de los invitados que participarán en la jornada señalan que “se acercarán referentes de los organismos de Derechos Humanos que han conducido durante años esta lucha, así como periodistas y fotógrafos que la han registrado y protagonizado”.

Esta nueva jornada cuenta con una particularidad en relación a años anteriores: se han publicado dos libros sobre el testigo. El autor de “En el cielo nos vemos”, Miguel Graziano, conducirá parte de la vigilia mientras que los escritores de “Los días sin López”, Werner Pertot y Luciana Rosende serán algunos de los entrevistados.

Desde la Radio Futura también señalan que durante la jornada se escucharán fragmentos de estos siete años de lucha por la aparición con vida de Julio López, pero también de los 37 años en busca de justicia, que el testigo protagonizaba.

La vigilia se podrá escuchar en vivo por la FM 90.5 y por www.fmfutura.com.ar. También invitan a acercarse a la radio en 75 esquina 5 durante la transmisión.

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Por Julio López: Masiva presentación de habeas corpus

IPROFESIONAL.com - AGENCIA WALSH

Las organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ) participaron ayer a las 11.00 de la presentación masiva de hábeas corpus en reclamo de la aparición con vida de Jorge Julio López. Hoy se hará en La Plata, el colectivo Justicia Ya La Plata convocó a tal fin a las 11.00, en lascalles 8 y 50 de esa ciudad. También se presentó el recurso en España,que contó con el respaldo de, entre otras personalidades, el escritor Marcos Ana, el coordinador federal de Izquierda Unida Cayo Lara, el ex rector de la UCM Carlos Berzosa, el Director Técnico de fútbol Ángel Cappa y el ex director de la OIT en España Manuel Simón, además de diversas organizaciones políticas y sociales.

Las organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ) participaron este lunes en la presentación masiva de hábeas corpus en reclamo de la aparición con vida de Jorge Julio López, quien desapareció mientras era testigo clave en el primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad contra el represor Miguel Etchecolatz.

El recurso legal fue presentado a las 11 de la mañana ante el juzgado de Instrucción número 37 en el Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano 550, en una semana en la que se cumplen ya siete años del presunto secuestro del albañil.

La abogada del PTS y candidata a diputada por el Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien participó este lunes de la presentación del hábeas corpus por López junto a una decena de organismos de derechos humanos, sostuvo que la medida fue decidida "como otra forma de seguir reclamando al Estado argentino por su inacción y su encubrimiento con respecto a este crimen".

"A siete años no hay un solo imputado en una causa llena de pistas que conducen inexorablemente a la Policía Bonaerense. Sí, la misma fuerza que hoy el flamante ministro de Seguridad de Scioli, Alejandro Granados, quiere fortalecer y cuyos efectivos quiere multiplicar llamando a prestar servicios a los policías retirados que actuaron bajo las órdenes de Camps y Etchecolatz", denunció.

La abogada del PTS señaló que "el Gobierno kirchnerista es responsable por encubrir la desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López desde un primer momento. A horas del secuestro de Julio, Aníbal Fernández ironizaba con que estaba en la casa de su tía, y Felipe Solá nos decía que iba a priorizar la gobernabilidad de la Bonaerense".

Este miércoles el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizará una marcha de Congreso a Plaza de Mayo a partir de las 17.30 horas para exigir la aparición con vida de López.

El albañil fue secuestrado y desaparecido por primera vez durante la última dictadura cívico militar y se presentó como testigo en el juicio oral y público contra el ex comisario Miguel Etchecolatz que se realizó en la ciudad de La Plata.

El 18 de septiembre de 2006, el día en que se producían los alegatos de su querella pidiendo la condena por genocidio y la perpetua para el represor, como finalmente fallaron los jueces, desapareció nuevamente y desde entonces nada se supo de él.

La causa judicial a cargo del juez Manuel Blanco, a siete años de su desaparición, no tiene procesados ni detenidos.

"Lo que se hizo fue en vano"

En tanto, Rubén López, hijo de Jorge Julio López, aseguró este lunes que "en siete años se hicieron muchas cosas pero ninguna positiva, ya que seguimos sin respuestas" sobre lo ocurrido con su padre.

"El problema más grave es que no tenemos respuesta, entonces todo lo que se hizo fue en vano", afirmó en declaraciones a la FM Radio La Plata.

"Podríamos encontrar 200 millones de pistas que se han encontrado, pero ninguna llevó a ningún lado", reflexionó con pesar el hijo del albañil desaparecido el 18 de septiembre de 2006.

Rubén López insistió que "lamentablemente se cumplen 7 años de lo que le pasó a mi viejo -esta desaparición forzada- y seguimos sin explicación, sin culpables, sin ninguna pista".

Anunció que "en el Concejo Deliberante se votó una ordenanza donde se va a marcar lo que esta denominado como ‘Marcas Urbanas'" y explicó que esto consiste en "marcar una baldosa con el nombre de la persona".

El miércoles a las 14 en la puerta de la casa de López, ubicada en 69 y 140 de Los Hornos, se colocará una de estas "Marcas Urbanas".

Si bien el hijo del testigo desaparecido agradece ese homenaje, aseguró que "está bárbaro y perfecto, pero eso no me dice quiénes son los culpables y tampoco los condena a ellos".

"Nada de eso me va a decir donde está mi viejo, si está vivo o si está muerto", remarcó y agregó que "a mí todas estas actividades no me devuelven a mi viejo; si bien cada una de ellas son un granito de arena, arriba de toda la montaña tenemos que poner la verdad de lo que pasó".

Por último, Rubén López comentó que van a presentar una fundación, pero no pueden ponerle el nombre de su padre ya que si una persona figura como viva debe prestar su consentimiento para que se denomine con su nombre una fundación.

"Son vacíos legales que en el momento que se hizo no se contempló esta situación", concluyó López.

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Un viaje hacia las utopías revolucionarias (XCI): Represión y resistencia

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)

El 4 de febrero de 1970 fue atacado a balazos, por una banda armada, la sede del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Por disposición del brigadier Huerta, a cargo de la intervención en la provincia, fue clausurada la misma.

Al día siguiente el Dictador Juan Carlos Onganía dispuso la intervención del combativo gremio; uno de los puntales de la Regional Córdoba de la CGT de los Argentinos.

A partir de ese momento nació la Dirección Sindical en la Resistencia, que logró mantener, en la práctica, la actividad de la organización sindical; pese a la falta de recursos.

El Consejo Directivo de la Central, que encabezaba Raymundo Ongaro, decretó el estado de alerta y movilización en solidaridad con los trabajadores luzfuercistas.

En los principales centros urbanos se realizaron actos de repudio a la política intervencionista del gobierno militar.

Por su lado los estudiantes, nucleados en la Federación Universitaria Argentina, se sumaron a la protesta ocupando los rectorados de las universidades de Tucumán y de Córdoba.

En este escenario se ratificó la realización del Congreso en nuestra ciudad programado para el mes de marzo y denominado “de los compañeros”, en homenaje a todos los caídos en la lucha antidictatorial.

Nosotros, al mismo tiempo que seguíamos planificando la organización de aquel, recibíamos las propuestas de compañeros y vecinos que se ofrecían para alojar a los delegados y concretábamos el alquiler de un salón, ubicado en las cinco esquinas; en el que se desarrollaría el encuentro.

Las peñas, que realizábamos los sábados con la presencia de Daniel Toro, y los aportes de los gremios que integraban la Regional, contribuían a solventar los gastos que demandaría el encuentro.

En los últimos días de este verano del 70, mas de tres mil obreros de la construcción del complejo “Chocón-Cerros Colorados “ubicado en la provincia de Neuquén, se movilizaron en repudio a las inhumanas condiciones de trabajo en el que debían desempeñar sus tareas.

Encabezaba la protesta un Cuerpo de Delegados liderado por Antonio Alac; elegido democráticamente por las bases.

Esta concentración rebelaba la falsedad de la propaganda oficial que exaltaba la grandiosidad de la obra y las ventajas de que disponían los trabajadores.

Como respuesta la empresa llega a una serie de acuerdos que en ningún momento cumple y, al mismo tiempo, la dirección nacional de la UOCRA, encabezada por los dirigentes “participacionistas” Rogelio Coria y Roberto Papagno, desconoce y desautoriza al Cuerpo de Delegados.

Los trabajadores, en asamblea, decidieron ocupar el obrador y decretar la huelga por tiempo indeterminado.

Con organización y espíritu combatiente, se plantaron detrás de las barricadas, armados con sus elementos de trabajo e incluso apelando a los explosivos de que disponían para enfrentar la feroz represión policial; que contó con la presencia de mas de 600 efectivos de la policía federal, enviados desde Buenos Aires.

De esta forma la Patagonia era nuevamente escenario de la justa y heroica lucha de la clase obrera argentina; como lo fuera en el primer cuarto de este siglo XX.

En nuestro “pequeño lugar en el mundo” los trabajadores del túnel subfluvial Paraná Santa Fe, que se había desafiliado del gremio colaboracionista, liderados por nuestro compañero Mario Broin y con la asistencia jurídica que le brindara el autor de esta nota, decidieron realizar un paro de 48 horas; en solidaridad con los protagonistas del “choconazo”.

En este contexto llegamos a la fecha prevista para el Congreso de la CGTA.

La intervención militar en la Provincia encabezada por el Brigadier Ricardo Favre, no había adoptado decisión alguna con respecto a la realización del mismo.

La ciudad entera y los medios de comunicación-radios y diarios - resaltaban lo que, sin duda, era un acontecimiento sumamente importante teniendo en cuenta que llegarían los actores del “cordobaza”, del “rosariazo”, del “correntinazo”, entre otros y ahora, de esta movilización en el sur patagónico.

El día antes programamos reunirnos las agrupaciones peronistas que formábamos parte del Bloque de apoyo a la CGTA, que encabezaban Jorge Di Pasquale, Alfredo Carballeda y Alfredo Ferrarese, a fin de adoptar una postura única, si era posible, o de transparentar las diferencias que se habían originado en instrucciones que se le atribuían el “Viejo Líder”.

Cuando estaba comenzando este encuentro previo, llegó el compañero Juan Gulla, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado, que me entregó una notificación que había recibido del interventor militar que le hacía saber, en su carácter de responsable de la Regional de la CGTA, que se prohibía la realización del Congreso y acompañaba copia del Decreto correspondiente.

Al mismo tiempo, centenares de policías ocupaban la ciudad y bloqueaban las entradas, para evitar la llegada de las delegaciones.

Con dos compañeros abogados, que integraban el equipo de asesores de la Central a nivel nacional que encabezaba Luis Cerrutti Costa, los queridos amigos César Calcagno y Miguel Zavala Rodríguez, nos trasladamos a mi estudio y comenzamos a preparar el recurso de amparo.

Al mismo tiempo averigüé que se encontraba “de turno” el Juzgado Civil a cargo del Dr. Ardoy, cuya Secretaria era Carmen Coll. La llamé a esta última y le adelante que pese a la hora -eran cerca de las 10 de la noche- iríamos a su casa para entregarle el recurso.

Así lo hicimos. Teníamos razonables expectativas en el éxito de nuestro petitorio, porque mas allá de los derechos que nos asistían y que estaban consagrados en la Constitución Nacional, sabíamos que el Juez y la Secretaria eran católicos tercermundistas, amigos ambos del padre Gorosito, que adhería al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo.

A la espera del resultado de la presentación volvimos a la reunión que se estaba realizando en una quinta cercana.

Un grupo de dirigentes y militantes de agrupaciones peronistas de la ciudad de Buenos Aires encabezados por Julio Guillan estaban exponiendo, en ese momento, , cuestionando el exagerado protagonismo que tenían en la Central, Agustín Tosco y los dirigentes nucleados en la Intersindical; núcleo hegemonizado por el Partido Comunista.

Nosotros defendíamos el carácter plural y amplio que, desde su nacimiento, tenía la CGTA y entendíamos que esta era la única forma de construir un polo de oposición al régimen, que bregara por la Liberación Nacional y el socialismo, como planteaba el Programa del 1º de Mayo.

¿Cómo siguió y se resolvió esta polémica? ¿Cual fue la decisión judicial frente al amparo interpuesto? ¿De que forma se desarrolló el “Congreso de los Compañeros”?. Serán algunos de los temas que abordaremos en nuestra próxima nota.

Manuel Justo Gaggero es abogado. Ex Director del diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre” y “Diciembre 20”.

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El influjo de la dictadura en la Justicia

Alexis Oliva (PRENSA RED)

El juicio de la UP1 reveló la complicidad judicial, entre 1976 y 1983; y la megacausa La Perla – La Ribera, su accionar encubridor tras la vuelta a la democracia. La “causa de los magistrados”, una anomalía esperanzadora.

La megacausa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los campos de concentración de La Perla y La Ribera va mostrando, en cada audiencia, el sustrato civil de la represión militar: detrás de las botas de Luciano Benjamín Menéndez y sus acólitos, asoman la corbata empresaria, la sotana clerical, la toga judicial…

En Córdoba, desde el juicio “Videla”, por los fusilamientos a presos políticos de la cárcel de barrio San Martín, la complicidad civil que más ha quedado al descubierto -incluso derivando en causas específicas- es la del Poder Judicial.

Aquel histórico proceso celebrado en 2010 reveló cómo los jueces, secretarios, fiscales y defensores, que tenían a su cargo a los presos “con causa”, cumplieron un rol funcional a que se perpetraran y luego quedaran impunes los 32 asesinatos ocurridos entre abril y octubre de 1976.

Por desoír las denuncias de torturas y amenazas de muerte luego concretadas, entre otros “méritos”, aquellos funcionarios de la Justicia Federal “deberían haber estado sentados en el banquillo” junto a Videla, Menéndez y compañía, como reclamaban numerosos testigos, las querellas y la fiscalía. En el caso del principal responsable de esos cargos era imposible, porque el titular del Juzgado Federal Nº1 durante la dictadura, Adolfo Zamboni Ledesma, falleció el 5 de enero de 1984.

Él hubiera sido el protagonista de la llamada “causa de los magistrados”, que luego de un festival de apartamientos y recusaciones derivó en Daniel Herrera Piedrabuena, juez federal de La Rioja. Hace un año, a instancias del fiscal Carlos Gonella, Herrera Piedrabuena procesó y detuvo en Bouwer a los ex magistrados Miguel Ángel Puga y Carlos Otero Álvarez -uno de los jueces que dictó la primera condena a Menéndez-, y en prisión domiciliaria al ex fiscal Antonio Cornejo y los ex defensores oficiales Luis Molina y Ricardo Haro. Los dos últimos fueron luego sobreseídos, pero los demás continúan procesados.

Al comenzar la megacausa La Perla – La Ribera, uno imaginaba que, por la índole clandestina y cerrada del campo de concentración, la dimensión civil de la represión iba a estar ausente del debate, o al menos que no gravitaría como en el juicio de la UP1. Al contrario, desde los primeros testimonios se comenzó a develar la complicidad judicial posterior al final de la dictadura, cuando comenzaban a investigarse los horrores de la represión dictatorial.

La testigo Patricia Astelarra afirmó que, tras el retorno a la democracia, la Justicia Federal “convalidaba” las acusaciones de los tribunales militares y actuaba en “connivencia” con los represores para “escrachar y desprestigiar a sobrevivientes, de manera de anular sus testimonios”. Al juicio contra ella y su esposo, Gustavo Contepomi, “lo motorizó el actual juez de Cámara, el doctor Luis Rueda (entonces secretario del juez Gustavo Becerra Ferrer), sabiendo de qué se trataba”.

Gustavo Contepomi: “Pagamos un precio altísimo por culpa de funcionarios judiciales corruptos, que pusieron todo su esfuerzo en evitar que denunciáramos. El fiscal Cornejo, el juez Becerra Ferrer y el secretario Rueda, a partir de pruebas ilegítimas, me procesaron. Filtraron mis declaraciones y de otros testigos al Departamento de Inteligencia 141. Tergiversaron nuestras declaraciones. Violaron mi derecho a defensa, citándome a declarar sin abogado. Me presionaron para que no eligiera a un abogado. En una oficina contigua se reunían con los represores”.

Nidia Teresita Piazza narró que estando prisionera fue internada por complicaciones en su embarazo en el Hospital Militar, donde se le presentó el mismísimo Menéndez para recomendarle que se “portara bien”, porque si no iba a “volver a La Perla”. Luego, l relatar esto a Rueda en 1984 -todavía presa y sin estar acompañada por sus abogados-, el entonces Secretario del Juzgado Federal Nº2 (JFNº2) le dijo: “Señora, esto complica las cosas”, y le sugirió que omitiera esa referencia porque “complicaba” su salida en libertad.

Andrés Remondegui: “En el ‘84, el juez Becerra Ferrer nos decía: ‘Cuidado con lo que declaran, porque esto va a terminar en un consejo de guerra’. Era tan manifiesto que lo que decíamos les llegaba inmediatamente (a sus ex victimarios), que en una citación no concurrimos. Becerra Ferrer nos mandó llamar con la policía y nos dijo: ‘Nunca más se nieguen al llamado de la Justicia’. Y, con el susto que teníamos, yo le dije: ‘Lo que pasa es que declaramos a la mañana y a la noche nos llaman diciéndonos todo lo que decimos’”.

José Julián Solanille, arriero en los campos aledaños a La Perla, declaró que en marzo del ‘84 ofició como guía en un reconocimiento realizado en el ex campo de concentración. Al señalar donde había enterrado unos restos humanos encontrados por su perra, el juez y su secretario se rehusaron a buscar en ese lugar. “Rueda no decía nada y el doctor Becerra me dijo así: ‘No, dejate de joder, demasiado con lo que has hecho. Dejalo ahí’”, recordó.

Cecilio Salguero denunció que en 1978 fue torturado en el Departamento de Informaciones de la Policía y luego llevado al JFNº2, a cargo de Puga, donde le leyeron su confesión. “Tenía tres policías a mi espalda, amenazándome de muerte si negaba esta declaración falsa”, relató Salguero, quien terminó suscribiendo el acta cuando “apareció Luis Rueda (escribiente en ese juzgado) para obligarme a firmar”.

A partir de las denuncias, el fiscal Facundo Trotta, solicitó -con el respaldo de las querellas- que se investigue a Rueda y Becerra Ferrer. A su vez, Rueda se presentó ante sendos fiscales por las acusaciones de Astelarra, Piazza y Salguero, que según informaron en la Justicia Federal ya habrían sido desestimadas, aunque luego se sumó la acusación de otros testigos.

La última fue la de Mabel Tejerina, la sobreviviente que narró en la última audiencia cómo en 1985 fue presionada por los represores y el entonces secretario del Juzgado Federal Nº 2 para firmar una declaración falsa. “El relato decía que en La Perla me habían tratado bien y que yo no tenía conocimiento de las torturas”, recordó la testigo.

Más allá del caso Rueda, son abrumadoras las evidencias de la acción legitimadora de la Justicia respecto al accionar represivo entre 1976-83, su desempeño funcional a la impunidad tras el retorno democrático y -sobre todo- su resistencia corporativa a investigarse a sí misma.

Sin embargo, hay algunos avances. En la “causa de los magistrados”, la Cámara Federal de Apelaciones -integrada por Abel Sánchez Torres, Octavio Cortés Olmedo y… el propio Rueda- consideró en abril de 2011 que los delitos atribuidos a los ex funcionarios judiciales “guardan íntima vinculación con hechos calificados como crímenes de lesa humanidad”.

Además de la paradoja de que uno de los jueces que afirmó eso aparezca ahora acusado, el otrora impensado proceso a los jueces de la dictadura en Córdoba es una muestra saludable de lo que se define como “democratización de la Justicia”.

Publicado en Será Justicia – El diario del juicio La Perla, edición Nº 30.

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