viernes, 20 de septiembre de 2013

Los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: Garantía de la impunidad del poder económico transnacional

En 2013, una serie de accidentes dramáticos en fábricas de tejidos en Bangladesh, significó miles de muertos de los obreros-ras que se encontraban en estos locales, suscitó una ola de protesta mundial.
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Algún tiempo más tarde, el "Acuerdo sobre los incendios y la seguridad de los edificios en Bangladesh" firmado entre varias sociedades, entre las que están las empresas concernidas, y algunas organizaciones sindicales. Como se expuso, además difundido ampliamente y celebrado como un ejemplo de responsabilidad social por parte de las empresas. Por otra parte, este acuerdo, ampliamente inspirado por los Principios Rectores relativos a las empresas y a los derechos humanos (referido como Principio Ruggie) que supuestamente son considerados para prevenir violaciones de los derechos humanos, se revela ser una vez más juegos de artificios y una enésima tentativas para las sociedades transnacionales (STN) de cuidar su imagen antes del público sin comprometerse verdaderamente a respetar los derechos humanos.

Consejo de derechos humanos - 24° período de sesiones 2013 2013

Tema 3: Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo

ONU símbolo: A/HRC/24/NGO/37

En junio de 2011 el Consejo de Derechos Humanos aprobó por consenso los Principios Rectores para las empresas elaborados por el señor John Ruggie.

En marzo de 2012 el señor John Ruggie recibió la justa recompensa por su trabajo: la empresa minera Barrick Gold, con un tremendo currículo en materia de violación de derechos humanos, incluidos los derechos ambientales, lo nombró miembro de su Junta de Asesores en materia de Responsabilidad Social Empresarial.

En julio de 2012 se publicó un Informe de la Secretaría General de la ONU que fue presentado al Consejo de Derechos Humanos en sus sesiones de setiembre de 2012. Su título: « Contribución del sistema de las Naciones Unidas en conjunto a la promoción del programa relativo a las empresas y los derechos humanos y a la divulgación y aplicación de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos (A/HRC/21/21) ».

En el párrafo “Antecedentes” del Informe se omite citar el intento de establecer un Código de Conducta para las empresas transnacionales en el decenio de 1970 y el Proyecto de Normas de 2003 de la desaparecida Subcomisión para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos. Posiblemente porque dichos antecedentes están en abierta contradicción con la actual política de la ONU frente a las empresas transnacionales, reflejada en los Principios Rectores y en este Informe.

Todo el Informe se refiere a los Principios Rectores, sobre los que el párrafo 11 reitera lo que ya se sabe: que de ellos “no se deriva ninguna nueva obligación jurídica”. Dicho de otra manera que son de aplicación VOLUNTARIA. Lo mismo que algunas otras directrices de otros organismos mencionadas en el mismo Informe: las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional; el Marco de Sostenibilidad Revisado de la Corporación Financiera Internacional; los Principios para las empresas sobre la protección de los niños, elaborados por el Pacto Mundial junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la organización Save the Children, tomando como base los Principios Rectores, etc. Nótese que, en este último caso, no se han tomado como base la Convención de los Derechos del Niño ni sus protocolos facultativos.

No cabe duda alguna que las sociedades transnacionales, como todas las personas privadas, tienen la obligación de respetar la ley y si no lo hacen deben sufrir sanciones civiles y penales, también a escala internacional, lo que surge claramente de un examen un poco atento de los instrumentos internacionales vigentes. El reconocimiento de las obligaciones de las personas privadas –incluidas las personas jurídicas - en materia de derechos humanos y de su responsabilidad en el caso de incurrir en violaciones a los mismos quedó consagrado en el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se fue afianzando en la doctrina, en numerosos convenios internacionales, especialmente en materia de protección del medio ambiente2.

El Informe de la Secretaría General consagra la práctica (que comienza a extenderse, como se ha señalado más arriba) de suplantar las normas obligatorias de derecho internacional referidas a los derechos humanos fundamentales por Principios Rectores DE APLICACIÓN VOLUNTARIA y formaliza la renuncia del sistema de las Naciones Unidas a legislar específicamente en la materia para las empresas transnacionales, pese a la absoluta necesidad de hacerlo.

Es interesante constatar que todo el Informe se refiere a los Principios Rectores y no menciona ni una sola vez los instrumentos jurídicos básicos del derecho internacional de los derechos humanos: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Esta llamativa omisión no se puede disimular con el párrafo 34 del Informe, que dice: “Teniendo en cuenta que los Principios Rectores no constituyen un conjunto de normas estático, es posible que aparezcan lagunas normativas. En ese caso, el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, con el apoyo de procesos abiertos de múltiples interesados, se encargará de la elaboración de las normas que sean necesarias ».

Cabe reiterar que los Principios Rectores no son, como dice el párrafo 34, un « conjunto de normas », ni estático ni dinámico, pues no reúne las características básicas de una norma jurídica: obligatoriedad y sanción en caso de desconocimiento o violación. De modo que no se trata – como dice el Informe de la Secretaria General refiriéndose a los Principios Rectores- de que sea … « posible que aparezcan lagunas normativas » sino que, en los hechos, en materia de encuadramiento jurídico de las empresas transnacionales no se trata de ciertas lagunas, sino que sigue existiendo un verdadero vacío normativo en el derecho internacional.

Según se desprende del Informe, uno de los mecanismos principales de promoción de los Principios Rectores es el Pacto Mundial (Global Compact) donde desempeñan un papel preponderante las empresas transnacionales.

El Grupo de Trabajo creado por la Resolución 17/4 del Consejo de Derechos Humanos que se menciona en el párrafo 3 del Informe, sólo tiene como mandato promover los Principios Rectores. No está previsto que reciba denuncias (es decir se excluyen mecanismos de vigilancia y control como existen en otros Grupos de Trabajo) ni su mandato incluye la elaboración de proyectos de codificación de normas obligatorias para las sociedades trasnacionales.

Es significativo que en la resolución 17/4 sólo se mencionen los Principios Rectores y ni una sola vez los instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.

Los principios rectores en la práctica

El derrumbe, el 24 de abril de 2013, de un edificio de ocho pisos en Bangladesh totalmente inseguro que albergaba varios talleres de confección de ropa donde trabajaban 3500 personas, provocó más de mil muertos. Unos días después un incendio en otro taller textil causó 8 muertes y en noviembre de 2012 otro incendio en un taller de confección de ropa, también en Bangladesh, causó 111 muertes. En los últimos años hubo en Bangladesh un total de 1700 muertos en accidentes similares.

Tiempo después se celebró el “Acuerdo sobre incendios y seguridad edilicia en Bangladesh” (AISEB) (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh)3 entre varias de dichas empresas y algunas organizaciones sindicales, el que fue ampliamente publicitado y celebrado como un ejemplo de responsabilidad social empresarial.

En los hechos, el Acuerdo sólo compromete a las grandes transnacionales a participar con cifras irrisorias para ellos - 500.000 dólares anuales durante los 5 años de vigencia del Acuerdo- en la puesta en condiciones de seguridad para evitar incendios y derrumbes de los edificios donde funcionan los talleres de confección de ropa de sus proveedores.

1) El Acuerdo ni siquiera prevé la indemnización de las víctimas del derrumbe del 24 de abril en Rana Plaza. El principio la responsabilidad solidaria de las empresas transnacionales con las empresas proveedoras se ha desconocido una vez más.
Hay que decir que este principio jurídico fundamental no tiene vigencia a nivel internacional porque las reiteradas propuestas, desde hace más de 20 años, de algunas ONGs ante los organismos pertinentes de las Naciones Unidas para que se adopte como norma obligatoria de derecho internacional jamás han sido atendidas.
A raíz de que un incendio en el taller de confección Tazreen Fashion en Bangladesh en noviembre de 2012 causó 111 muertes, C&A anunció que iba a indemnizar a las víctimas: a los niños que perdieron un familiar en el incendio, 50 dólares por mes hasta que cumplan 18 años, al pariente sobreviviente 15 dólares por mes para la educación del niño y 1200 dólares a cada familia de los fallecidos en el incendio. Hasta ahora las víctimas no han percibido
las modestas indemnizaciones prometidos por C&A.

2) Tampoco figura en el Acuerdo que las empresas compradoras se comprometen a mejorar los precios pagados a los proveedores, como un medio para facilitar el aumento de los salarios de los trabajadores.

3) En el Acuerdo no se menciona en absoluto alguna forma de promover y/o garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores a constituir sindicatos, a ejercer libremente sus derechos y a la negociación colectiva.
Como es obvio, la mejora de las condiciones laborales en Bangladesh depende en primer lugar de la organización y la lucha de los trabajadores de dicho país. Pero los obstáculos (represión y leyes restrictivas) que se les oponen son considerables. “Cuando visité Bangladesh en febrero me percaté de que de 5.000 fábricas sólo en un par de docenas existe un sindicato local registrado y que funcione. Como resultado de la intimidación y de los problemas de reconocimiento oficial, menos del 1 por ciento de la fuerza de trabajo está sindicada ». (Jyrki Raina, Secretario general de IndustriALL Global en el sitio de dicho organismo, 19 de marzo de 2013). Aminul Islam, organizador sindical de la Federación de Trabajadores de la Confección e Industrial de Bangladesh (BGIWF por sus siglas en inglés) y miembro del Centro de Solidaridad con los Trabajadores de Bangladesh (BCWS), fue encontrado muerto el 5 de abril de 2012. Fotos policiales de su cuerpo sugieren que Islam fue torturado antes de ser asesinado4.

4) El acuerdo establece obligaciones sobre todo para los proveedores. Por ejemplo si el edificio no responde a las condiciones de seguridad y mientras se procede a las reparaciones necesarias el personal debe suspender su trabajo, el dueño del taller debe conservarles el puesto y pagarle los salarios. El Acuerdo no establece contribución alguna de las transnacionales para el cumplimiento de esta obligación, contrariamente a algunas interpretaciones falsas de algunos dirigentes sindicales.

5) En cuanto a la obligatoriedad del Acuerdo y la posibilidad de exigir su cumplimiento ante un Tribunal competente para imponer sus decisiones a las partes, es válido sólo para los proveedores (suppliers).

Dice el Acuerdo: The objectives of the protocol are to (i) support and motivate the employer to take remediation efforts in the interest of the workforce and the sector and (ii) expedite prompt legal action where the supplier refuses to undertake the remedial action required to become compliant with national law.

Es falso sostener que el Acuerdo es obligatorio o vinculante, pues sólo prevé, en caso de conflicto entre las partes, la eventual formación de un tribunal arbitral, sin establecer con precisión la forma de constituirlo.

El único compromiso asumido por las empresas trasnacionales en el Acuerdo - financiar los trabajos necesarios para la seguridad de los edificios con 500.000 dólares anuales durante cinco años- es pura ganancia para dichas empresas.

En efecto, por un lado, a un costo mínimo y en cómodas cuotas proceden a un lavado de su imagen ante la opinión pública. Y por otro lado, previniendo los accidentes, las empresas trasnacionales se aseguran la continuidad de la producción en los talleres y la supervivencia de la mano de obra más barata del mundo.

Las notorias insuficiencias del “Acuerdo sobre incendios y seguridad edilicia en Bangladesh”, son algunos ejemplos, entre muchos otros, que muestran que los Principios Rectores no sirven para obligar a las STN a respetar los derechos humanos. Las STN siempre se han opuesto a la adopción de normas obligatorias, que como muestra una vez más el Acuerdo de Bangladesh, serían los únicos instrumentos eficaces que podrían permitir más justicia social.

29 de Agosto de 2013

2) Hay instrumentos internacionales obligatorios para las personas privadas, que se refieren en su mayor parte a la protección del medio ambiente, tales como el principio 21 de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972, reafirmado por las resoluciones de la Asamblea General 2995 (XXVII), 3129 (XXVIII), 3281 (XXIX) (Carta de los deberes y derechos económicos de los Estados), la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, a la que se atribuye valor de jus cogens, la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar (Montego Bay, 1982), el Convenio sobre la protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales (Helsinki, marzo de 1992), los Convenios de Basilea de 1989 y de Bamako de 1991, sobre desperdicios peligrosos y su transporte transfronterizo y eliminación, de Helsinki de 1992 sobre el efecto transfronterizo de los accidentes industriales, de Lugano de 1993 sobre la responsabilidad civil resultante de actividades peligrosas para el medio ambiente, la Convención de Rotterdam de 1998 sobre pesticidas y otros productos químicos peligrosos, etc., que establecen la responsabilidad de quien provocó el daño y, en general, la responsabilidad subsidiaria del Estado, si no adoptó las medidas preventivas a fin de evitar los efectos perjudiciales de tales actividades En diciembre de 1999 los Estados partes en el Convenio de Basilea de 1989 aprobaron un protocolo sobre la responsabilidad y la indemnización de los daños resultantes del transporte y eliminación de desperdicios peligrosos (www.basel.int). El art. 16 del Protocolo dice: “El Protocolo no afectará los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes en virtud de las normas del derecho internacional general en lo que respecta a la responsabilidad de los Estados”. En mayo de 2001 se aprobó el Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes (COP) que entró en vigor en mayo 2004.

3) Ver http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2013-05-13_-_accord_on_fire_and_building_safety_in_bangladesh.pdf#overlay-context

4) Ver http://www.ethique-sur-etiquette.org/Aminul-Islam-assassine,120

Esta declaración ha sido elaborada en colaboración con el Sr Alejandro Teitelbaum, jurista especialista en Derecho Internacional de los derechos humanos.

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Estados Unidos: Aniversario de la peor crisis

Alberto Ampuero (especial para ARGENPRESS.info)

El presidente Barack Obama marcó el pasado lunes el quinto aniversario del inicio de la crisis financiera con un discurso en La Casa Blanca en el que dijo que su principal prioridad sigue siendo “reconstruir” la economía. “Es difícil algunas veces recordar lo que pasó” en Wall Street, dijo, indicando que la crisis fue “una tormenta perfecta” que afectó a millones y que “erosionó” especialmente a la clase media.

Aquí la historia:

Hace exactamente cinco años uno de los mayores bancos de inversión del mundo, Lehman Brothers, colapsó y su fin marcó el inicio de la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión; pero no fue la causa.

La crisis financiera ya había comenzado en Estados Unidos en diciembre de 2007, siete meses antes de la caída de Lehman.

Fue la confluencia de varios factores la que la produjo: la concesión de préstamos por parte de los bancos a clientes que no lo merecían, el pobre trabajo de las agencias que ponen nota a la deuda, una regulación financiera laxa y una serie de incentivos públicos que animaron a que se prestara y se pidiera prestado. En otras palabras, el dinero fácil y el aparente exceso de liquidez hincharon la burbuja durante la expansión hasta explotar.

El 15 de septiembre de 2008 quebró Lehman Brothers, y su bancarrota provocó una devastadora onda expansiva (la Bolsa de Nueva York se hundió más de un 40%) que forzó al Gobierno a abrir el grifo de las ayudas para salvar su sistema financiero.

Washington ofreció asistencia sin límite a las entidades hipotecarias semipúblicas Fannie Mae y Freddie Mac, salió en auxilio de la gigantesca aseguradora American International Group (AIG) y después lanzó el salvavidas nada menos que a Bank of America y Citigroup, señaló Sandro Pozzi

La Reserva Federal cifra en 12,6 billones de dólares la cantidad que movilizó para estabilizar el sector financiero, lo que equivale a más del 80% del PIB de 2007. Eso sin contar con unos tipos de interés estancados en el 0% desde diciembre de 2008 y tres rondas de estímulos que provocaron que el balance de la Reserva Federal se multiplicara por cuatro.

Cinco años después, la parte del plan de rescate correspondiente a la banca tiene unos beneficios de 27,600 millones. Pero no logró contener el desbarranque de las clases media y trabajadora.

A cuatro años del final oficial de la recesión hay 11,3 millones de parados y 10,6 millones de personas subempleadas -forzadas a trabajar a tiempo parcial- o que se declaran frustradas con las perspectivas laborales.

La recuperación del colapso escenificado con el derrumbe de Lehman Brothers está siendo, por tanto, desigual en la población.

Un estudio elaborado por Associated Press-NORC y The Center for Public Affairs Research concluye que la brecha entre pobres y ricos es cada vez más amplía.

“No existe igualdad, ni en la crisis, ni en la recuperación”, asegura Andrew Sum, director del Centro de Estudios del Mercado Laboral en la Universidad Northeastern (Boston, Massachussets). “Mientras que unos están en plena depresión, otros disfrutan de pleno empleo”.

A la vez que las familias de bajos ingresos -aquellas que cobran 20,000 dólares o menos al año- han llegado a una tasa de desempleo del 21%, las que cuentan con altos ingresos -que ganan 150,000 dólares o más anualmente- tienen un índice de paro del 3,2%. Esta disparidad entre ricos y pobres ofrece los primeros datos que muestran en qué medida el factor empleo ha contribuido a la erosión de la clase media, continúa el informe.

En este momento en Estados Unidos la clase media está siendo contratada en trabajos por debajo de su preparación y de menor salario. Muchos de ellos están siendo desplazados a empleos no especializados, de bajos ingresos, en los que son obligados a trabajar menos horas o son despedidos, dice el informe.

Para el Premio Nobel de Economía Paul Krugman la política del gobierno desde Lehman ha sido un "terrible fracaso". La Reserva Federal sigue inyectando dinero en la economía a través de compras de bonos por 85 mil millones de dólares al mes y mantiene tasas ultrabajas.

Krugman pide "un impulso masivo" al empleo. Es decir, dar un impulso lo suficientemente fuerte a la creación de empleo para compensar los efectos de la recesión económica y posponer la austeridad fiscal y las subidas de impuestos hasta que el sector privado estuviese listo para tomar el relevo.

El informe sobre la creación de 169.000 empleos en agosto no ha sido malo, dice. Pero teniendo en cuenta lo deprimida que sigue estando la economía, lo cierto es que se debería estar creando más de 300.000 puestos de trabajo al mes, no menos de 200.000. Como señala el Instituto de Política Económica, se necesita más de cinco años de crecimiento del empleo a este ritmo para volver al nivel de paro que predominaba antes de la Gran Recesión.

¿Por qué la reducción del paro no es una prioridad política de primer orden?

“Por la perniciosa obsesión de la élite política con los déficits presupuestarios”, dice Krugman. “Una obsesión que ha llevado a los Gobiernos a recortar la inversión cuando deberían estar incrementándola, y a destruir empleo cuando la creación de empleo debería haber sido su prioridad”

Alberto Ampuero es periodista de Riverside, California.

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Argentina: Los acuerdos de hidrocarburos y una nueva violación al estado de derecho

Alejandro Olmos Gaona (especial para ARGENPRESS.info)

Cuando el oficialismo se pronuncia reiteradamente contra las corporaciones, tiene en la mira a solo una de ellas, el Grupo Clarín, que a través de sus acciones jurídicas lo ha enfrentado para conservar sus privilegios, aunque en algún momento acordaron durante la presidencia de Néstor Kirchner. Y digo esto porque no tienen ningún impedimento para negociar con muchas más poderosas como Telefónica, Barrick Gold, Monsanto, Chevron, British Petroleum y con grupos financieros que participaron desde la dictadura militar participaron en el endeudamiento y saqueo de la Argentina como el Citibank, el Barclays, Deutsche Bank, J.P. Morgan, etc.

En el mes de julio de este año, no bastando con acordar con Chevron la explotación de petróleo no convencional en Vaca Muerta, a través de un contrato con cláusulas secretas, ahora se ha decidido ir por mas, y según las últimas informaciones publicadas, en pocos días YPF firmaría un acuerdo con Dow Chemical, la multinacional petroquímica más importante del mundo, para explotar la concesión de El Orejano en Vaca Muerta, produciendo gas no convencional. La particularidad de este nuevo contrato, consiste en que YPF va a ceder a la petroquímica estadounidense la mitad de la concesión, por cifras que aún se desconocen, ya que siempre estas negociaciones son confidenciales, como también los instrumentos que les dan forma y concretan la operación.

Las conversaciones comenzaron en el año 2012 cuando James Fitterling, uno de los vicepresidentes de Dow se reunió con Miguel Galuccio, presidente de YPF, quien planteo que su empresa no podía crecer en la Argentina por la falta de suministro adecuado de gas en su planta del Polo Petroquímico de Bahía Blanca. Allí Galuccio mostró las posibilidades de explotación de El Orejano y la utilización de esos recursos por parte de Dow Chemical para utilizarlos en su industria. Cabe apuntar que El Orejano, situado en la extensión llamada Vaca Muerta aporta un volumen de gas de entre 250.000 y 300.000 metros cúbicos, pero cuando se ponga en marcha a través del acuerdo aportará 2.000.000 de metros cúbicos de gas seco.

Fue así que el 26 de marzo de este año, Galuccio y su par de Dow Chemical para la Región Sur de Latinoamérica, Jorge La Roza, firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU), formalizándose el contrato los próximos días. Este es un principio de acuerdo para otras inversiones, ya que Galuccio expresó “Hemos encontrado en Dow un socio de mucha importancia, que ha mostrado desde el inicio de las conversaciones un máximo interés y una firme decisión de poder involucrarse como actores directos en la transformación que el país está protagonizando en la explotación de los recursos no convencionales”. A su vez, La Roza sostuvo “Este acuerdo fortalece la posición competitiva de Dow, consolida nuestra relación con YPF y refleja nuestro compromiso y contribución al desarrollo económico e industrial de la Argentina”

Como ocurre con estas contrataciones nutridas de cláusulas confidenciales, con sometimiento a otras jurisdicciones en caso de controversia, y donde siempre se resguarda el interés extranjero, esta nueva operación con Dow no escapa a tales parámetros, debiendo tenerse en claro que a la petroquímica le interesan sus negocios y la rentabilidad máxima que pueda obtener de ellos. Las referencias al desarrollo argentino, son pura hojarasca dialéctica propia de los operadores de este nuevo acuerdo con una transnacional.

Estimo que antes de celebrar este nuevo contrato, las autoridades de YPF deberían haber tomado en cuenta, como una elemental medida de prudencia, los peligrosos antecedentes de Dow Chemical, cuya trayectoria es paradigmática, en cuanto a la contaminación del medio ambiente, la fabricación de sustancias peligrosas y contaminantes. No lo hicieron, porque seguramente los criterios de Galuccio son parecidos a los de la petroquímica norteamericana y solo interesa el negocio a realizar. El medio ambiente y la vida humana son apenas detalles para los conglomerados empresarios para los que la muerte de las personas solo son cifras estadísticas y parte de los costos derivados de sus operaciones.

Para dar algunos datos que darán alguna idea de lo que es Dow Chemical podría comenzar con la tragedia de Bophal, causada por Union Carbide de propiedad de aquella, que el 2 de diciembre de 1984, debido a una fuga de 27 toneladas de gases letales mataron a 8.000 personas, dejaron con graves secuelas a 150.000, y contaminaron con niveles peligrosos de mercurio, tetracloruro de carbono y otros contaminantes el agua que deben beber más de 20.000 personas. Si bien Dow Chemical en esa época no había comprado la empresa, se negó después a asumir sus responsabilidades, negando en todos los casos cualquier tipo de reparación y desconociendo los reclamos de la justicia india. En cuanto a las consecuencias de su actividad empresarial, van algunos antecedentes:

1) Tumores cerebrales. En 1980, los investigadores encontraron que 25 trabajadores de las instalaciones de la empresa en Freeport, Texas, tenían tumores cerebrales, 24 de los cuales fueron mortales.

2) Muertes de trabajadores. Dow tiene una larga historia de explosiones e incendios en sus instalaciones. Un ejemplo: en mayo de 1979 una explosión destruyó las instalaciones de Dow Chemical en Pittsburgh, provocando la muerte de dos trabajadores y heridas a más de 45.

5) Experimentos de Holmesburg. En enero de 1981, un artículo del Philadelphia Inquirer reveló que Dow Chemical había pagado a un dermatólogo de la Universidad de Pensilvania para que hiciera ensayos con dioxina con reclusos de la Prisión de Holmesburg, de Filadelfia cuyos resultados serían utilizados y en gran escala contra la población civil vietnamita. Los ensayos se realizaron en 1964 sobre 70 internos. Cabe aclarar que las dioxinas son sustancias dañinas, que además de cancerígenas son millones de veces más tóxicas que el cianuro

6) Río Brazos, Freeport, Texas. Un titular de febrero de 1971 del Houston Post decía: "El río Brazos está muerto". En 1970 y 1971, las actividades de Dow en ese lugar vertieron más de 17.000 millones de litros de aguas residuales al día en el Brazos y en el golfo de México.

7) El Tittabawassee. Río y cuenca fluvial contaminados por Dow en su ciudad natal, Midland, Michigan.

8) Dursban. El Chlorpyrifos, un pesticida tóxico que ha resultado tener los efectos de un agente nervioso que denunció Rachel Carson. También ensayado en presos en Nueva York en 1971 y en 1998 en un laboratorio de Lincoln, Nebraska. Sustituyó al DDT cuando éste fue prohibido en 1972.. En junio del 2000, la Agencia de Protección Medioambiental limitó su uso.

9) DBCP. Ingrediente activo tóxico del Fumazone, pesticida fabricado por Dow. Los médicos que sometieron a análisis a quienes trabajaban con DBCP pensaron que se habían hecho la vasectomía: no había presencia de esperma.

10) Antisindicalismo. En 1967, los sindicatos representaban a casi todos los trabajadores de producción de Dow. Pero desde entonces, según el Departamento del Metal de la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Laborales, Dow emprendió una "injustificable campaña para deshacerse de los sindicatos."

11) 2,4,5 T. Uno de los ingredientes tóxicos del agente naranja. El investigador Jack Doyle desmenuzara las actividades contaminantes de la petroquímica, dice que "Dow luchó a brazo partido por este producto químico; persistió en todas las formas posibles ante los tribunales y los organismos públicos, en los niveles estatal y federal, para comprar más tiempo para este producto. Acudieron a los tribunales de Arkansas a principios de los años setenta para cuestionar al administrador de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA). Lo hicieron para ganar algo de tiempo extra para la comercialización, y consiguieron dos años, aunque parece que Dow ya sabía entonces que este producto era un mal agente, que había provocado defectos de nacimiento en animales de laboratorio, y también se estaba empezando a encontrar por entonces en la grasa del cuerpo humano. Pero hasta 1983 Dow no dejó de fabricar 2,4,5-T en Estados Unidos, y hasta 1987 no abandonó su producción en Nueva Zelanda. Y la demanda judicial sobre los efectos en la salud del 2,4,5-T continúa hasta la fecha.

12) PER. Percloroetileno, la sustancia peligrosa que se emplea en todas partes para la limpieza en seco. Dow trató de socavar alternativas más seguras.

13) Mercurio. En Canadá, Dow produjo cloro empleando el método de celdas de mercurio desde 1947. Gran parte del mercurio fue reciclado, pero también se vertieron cantidades significativas en el medio ambiente en forma emisiones en la atmósfera, vertidos en el agua, lodos residuales y en productos finales. En marzo de 1970, los gobiernos de Ontario y Michigan detectaron niveles elevados de mercurio en los peces del río St. Clair, el lago St. Clair, el río Detroit y el lago Erie. Las autoridades estatales y locales demandaron a Dow por contaminación por mercurio.

14) 2,4-D. Un herbicida producido por Dow Chemical. Sigue empleándose en la actualidad. Utilizado para matar las malas hierbas del césped, de los cultivos y de praderas, a lo largo de los derechos de paso de las empresas de servicios y de las vías de ferrocarril. Uno de sus ingredientes básicos es el agente naranja, el defoliante tóxico utilizado en Vietnam. El 2,4-D es el herbicida más usado en el mundo.

15) Rocky Flats. El emplazamiento secreto en Colorado de Dow Chemical desde 1952 hasta 1975. Fue una pesadilla medioambiental para la zona de Denver.

16) Agente naranja/napalm. El herbicida tóxico y la gelatina de gasolina utilizados en Vietnam creó horrores para jóvenes y viejos. Y un gran revuelo en Estados Unidos que obligó a Dow a replantearse su estrategia de relaciones públicas. Esto les significó importantes demandas judiciales, y 90 veteranos de guerra norteamericanos obtuvieron una indemnización de 180 millones de dólares por haber estados expuestos a estos agentes.

Para terminar con la información sobre este conglomerado multinacional, es importante consignar que varias empresas que tienen parte de su capital accionario, son a su vez accionistas de las petroleras que operan en la plataforma continental como Rockhopper, en Desire Petroleum y Falkland Oil and Gas y Borders & Southern Petroleum, en clara violación a la Ley 26659. (Ley Solanas)

Como puede observarse, el gobierno nacional y popular no vacila en realizar acuerdos con corporaciones internacionales, que en su afán desmedido de lucro tienen un absoluto desprecio por la vida de las personas y el respeto por el medio ambiente. Además, YPF que supuestamente se recuperó para comenzar una etapa distinta de soberanía hidrocarburífera, violaría en forma expresa, una ley votada por la gran mayoría parlamentaria, mostrando una vez más como mediante el palabrerío oficialista se pretende ocultar la realidad de negociaciones secretas y posibles nuevos sometimientos jurisdiccionales y económicos que resultan una verdadera afrenta a la dignidad de nuestro país.

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Presupuesto 2014: Más para pagar deuda que para salud y educación

Fabiana Arencibia (RED ECO)

El presupuesto presentado por el Gobierno Nacional vuelve a realizarse sobre la base estadísticas oficiales cuestionadas, mostrando una inflación irreal, datos de un crecimiento de dudoso alcance, aumento de la deuda intra-estado y un incremento del 73 por ciento en el pago de intereses de deuda pública a la cual se destinan más recursos que a Salud y Educación.

El próximo miércoles entrará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2014 presentado por el Poder Ejecutivo para su debate. El mismo plantea un crecimiento de la Economía (PBI) del 6,2 por ciento, una inflación del 9,9 por ciento y un dólar a $6,33. También contiene las prórrogas de los impuestos al cheque y del adicional de emergencia del cigarrillo, necesarias porque están incluidas como recursos en la recaudación que el proyecto prevé.

Además buscará la aprobación de la prórroga de la ley de Emergencia Económica por dos años. Por esta vía el Poder Ejecutivo puede ampliar el gasto y reasignar partidas por fuera de lo aprobado en el Parlamento. Subestimando gastos y recursos se logran “excedentes” que, a través de esta ley, dejan a decisión del Ejecutivo cómo disponer de ellos.

Hace pocos días, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno amplió el gasto aprobado en el presupuesto en poco más de 23 mil millones de pesos para destinarlo principalmente a energía eléctrica e hidrocarburos (ENARSA y CAMMESA), a subsidios para empresas de transporte público de pasajeros y asignaciones a Vialidad Nacional. Además reasignó recursos cercanos a los 19.400 millones de pesos por no estar obligado a abonar el próximo diciembre los cupones de bonos atados al PBI de 2012 (el crecimiento en ese año no llego al 3,2 por ciento que es el porcentual que obliga al gobierno a su cancelación).

El economista y diputado nacional Claudio Lozano ya había denunciado el año pasado que “entre el 2003 y el 2012 pasaron por fuera del Parlamento, gastos por 850.000 millones de pesos, el 43 por ciento del gasto total que se realizó”.

Al igual que años anteriores, cuando se presenta el proyecto de ley se conocen opiniones tanto de legisladores de la oposición política como de diversos economistas que cuestionan las proyecciones presupuestarias por no reflejar la realidad.

La más visible es la cotización del dólar que se estimó en $5,10 para el 2013, mientras que a la fecha la cotización oficial es de $ 5,75 pesos y el dólar paralelo trepó hoy a $9,35.

La más cercana a los bolsillos de los ciudadanos es la inflación. En 2013 el presupuesto la calculó en un 10,8 por ciento. Estimaciones que realizan diversos economistas y también quienes sin serlo asistimos al aumento regular de precios de bienes y servicios, la acercamos con optimismo a un 20 por ciento.

Estos tres elementos del presupuesto (dólar, inflación y crecimiento) son importantes en cuanto a su consistencia y veracidad porque de ellos se desprenden los cálculos de ingresos y gastos. Si esos datos no son reales es lógico que tampoco lo serán el resto de los que se presupuestan.

Al analizar esta compleja ley de 380 páginas y 79 artículos intentamos hacer una lectura política además de analizar las partidas que componen el presupuesto.

El Ministerio de Economía publicó los lineamientos del proyecto y en ellos se expresa la continuidad de la política de aumentar la deuda intra-estado para cubrir los vencimientos de deuda al afirmar que se llevarán a cabo “políticas públicas no dependientes de programas diseñado por terceros, sin necesidad de acudir a los mercados internacionales para refinanciar los servicios de la deuda pública”.

Respecto a los intereses de la deuda de 2014 que deberían cancelarse con los organismos públicos de los cuales se toman los recursos (fundamentalmente la ANSes), la cartera económica expresa que estos organismos “tendrán los recursos necesarios y la autorización correspondiente para refinanciar sus obligaciones”, o sea, no será necesario cancelar las deudas con ellos.

Por otra parte, plantea la captación de fondos destinados al pago de intereses de deuda (mayoritariamente con organismos públicos) que no puedan cubrirse con recursos fiscales. Esto será así porque para cerrar los números de este proyecto de presupuesto se vuelve a cerrar con endeudamiento.

Economía también manifiesta la decisión de “seguir avanzando en el proceso de regularización de pago de deuda pendiente de reestructurar” como una clara señal ante el conflicto con los llamados “fondos buitres”. Se suma como otra señal la confirmación de que 2013 cerrará con un crecimiento del PBI de 5,1 por ciento lo cual habilita a los bonistas a cobrar el cupón PBI por una cifra cercana a los 4.000 millones de dólares (cosa que no sucedió el año pasado).

Algunos números globales en el proyecto de presupuesto

Para explicarlo en forma sencilla, el presupuesto muestra las entradas y salidas de dineros públicos que el Estado debe administrar como parte de su responsabilidad para satisfacer las necesidades colectivas así como fuentes de financiamiento. Es el instrumento de programación económica, financiera y social que prevé de dónde obtendrá los recursos para hacer frente a los gastos, a posibles déficits, a ahorros en inversiones.

Daremos algunos datos que nos parecen relevantes para el análisis político-económico.

Los ingresos presupuestados ascienden a 860.411 millones de pesos y los gastos a 768.295 millones de pesos. Esto muestra un superávit primario de 78.116 millones de pesos. Cifra que se reduce a solo 869 millones (resultado financiero) ya que el pago de intereses de la deuda pública ascendería en 2014 a 77.247 millones de pesos. Tengamos en cuenta que uno de los “lineamientos” de Economía es la posibilidad de que los organismos públicos refinancien estos pagos.

Estos números se desprenden del cuadro “Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento”. Aquí queremos resaltar que cuando se elaboró el presupuesto 2013 se mostraba un Resultado Financiero con un superávit de 587 millones de pesos. Sin embargo el actual proyecto blanquea que el mismo no fue positivo ya que a fines de 2013 cerrará con un déficit de 44.612 millones de pesos. Lo marcamos como un elemento más para pensar los cuestionamientos que se le hacen a los números que presenta el gobierno en sus proyectos de presupuesto.

Ingresos en el proyecto de presupuesto

Tal como viene sucediendo, los ingresos para financiar los gastos reúnen tanto a los recursos tributarios como a las Contribuciones de Seguridad Social, cuando estas últimas no son recursos presupuestarios que, por lo tanto, no deberían ser usados para cubrir los gastos.

Sin embargo son, en el ranking de ingresos del presupuesto, los primeros en la lista (250.040 millones de pesos) representando un 29% del total. Le sigue el IVA (18,6%), el Impuesto a las Ganancias (14%) y los Derechos de Importación y Exportación (14%). Atrás quedan el Impuesto al Crédito y Debito Bancario, el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, los impuestos Internos y “otros”. Dentro de estos últimos está el Impuesto sobre los Bienes Personales que se paga sobre los bienes tales como inmuebles, rodados, acciones, saldos en cuentas corrientes bancarias, artículos suntuarios como yates, obras de arte, etc. Este ítem, que es una clara exteriorización de riqueza, aporta apenas un 1,4 % del total de ingresos presupuestados.

Respecto a los ingresos podemos decir que muestran un crecimiento del 27,2 por ciento respecto a los del año 2013. Sin embargo, planteamos que existe una subestimación que se viene dando desde hace varios años para disponer vía aplicación de la Ley de Emergencia de recursos reasignables en forma directa por el Ejecutivo.

Gastos en el proyecto de presupuesto

El crecimiento de los gastos presupuestados se prevé en un 19,2 por ciento. Estos incluyen los intereses de la deuda pública.

En este ítem el ranking lo encabezan los gastos de Seguridad Social (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, asignación universal por hijo, seguro de desempleo) con un 44 por ciento del total de lo presupuestado. En segundo lugar se encuentran los de Energía y Combustibles que son de un 9,3 por ciento (mostrando nuevamente la crisis energética). El tercer lugar lo ocupan los intereses de la deuda pública con un 9 por ciento del total de los gastos presupuestados. Le siguen Educación y Cultura (7,9%), luego Transporte (6,5 %) y lejos, en sexto lugar, queda Salud con solo 3,4%.

Respecto a los gastos, el crecimiento sería superior a la tasa de inflación proyectada en el presupuesto pero inferiores a la inflación real que algunos economistas evalúan para el 2014 en cercana al 25% (Por otra parte los gastos del presupuesto 2013 están cerrando con un crecimiento del 32% anual). ¿Es un dibujo, es un ajuste social o es subestimar los gastos para no cerrar el presupuesto con déficit financiero?

Párrafo aparte merece los intereses de deuda pública que a valor dólar del presupuesto 2014 (6,33) se estarían llevando 12.203 millones de dólares en un año, o sea 33,4 millones de dólares diarios, 1,40 millones de dólares por hora, 23 mil dólares por segundo. Pero además representan un incremento del 73 por ciento respecto a los que se estiman terminarán de liquidarse en 2013. Por otra parte es necesario agregar que el presupuesto autoriza a endeudarse en 80.300 millones de pesos (12.690 millones de dólares a cotización presupuestada)

Tal como expresa el economista Julio Gambina: “Más allá de confiar en las discutibles y poco creíbles cifras presupuestarias, todo el superávit fiscal primario tiene destino en los acreedores de la deuda pública, por unos montos que superan y en forma a las previsiones de gasto para educación, cultura o salud, entre otros.”

A modo de cierre

Retomamos lo que decíamos el año pasado en la nota Presupuesto Nacional para principiantes:

Esta Ley de Leyes debería ser pensada y elaborada desde los datos más cercanos a la realidad actual y la que se proyecta para el próximo año. Como así no ocurre, pierde la utilidad sobre todo para poder luego exigir rendición de cuentas sobre el uso de los fondos públicos. Conocer al menos lo básico de su estructura creemos que sirve para poder decodificar los mensajes y el relato de un gobierno que insiste en afirmar que seguimos el camino del desendeudamiento y de la distribución de la riqueza.

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El Estado y la religión: conciencia invertida, de un mundo invertido

Juliana Arias - Ignacio Tunes - Aramis Lascano - Martín Drago (OTRO VIENTO)

El debate sobre la relación entre Estado e Iglesia, lleva cientos de años de disputas, controversias ideológicas, avances y retrocesos. Los grandes procesos de secularización han cambiado muchos aspectos de la perspectiva religiosa, pero su influencia persiste en muchos otros ámbitos de la sociedad y autoridades estatales. Como primera medida, hay que apartarse de las ingenuidades y pensar a la Iglesia como una institución política, generadora de ideología. No se debe cuestionar a la fe, sino las construcciones de poder que se hace a través de ella.

Desde una mirada gramsciana se puede analizar a la cuestión religiosa desde dos perspectivas. En primer lugar, como una creencia divina transcendental que implica una enajenación del ser humano. Marx llamó “falsa conciencia” al pensamiento de los hombres que no es consecuencia de sus condiciones materiales de existencia, que no permita visualizar la verdadera existencia. Y en segundo lugar, como un culto de fe empleado por una institución generadora de poder que se entromete tanto en el ámbito social como en el político. Gramsci creía en una lucha contra hegemónica y se oponía a toda creencia tradicional que obstaculice un cambio social, siendo una de ellas el ámbito religioso y su poder sobre el Estado. Aspiraba a crear una nueva cultura en donde la trascendencia no halle lugar alguno.

La religión invierte a la realidad y a sus relaciones concretas a través de su divinidad, esto hace que los individuos no puedan generar una conciencia crítica de su realidad, de su existencia. Marx denominó a la religión como “el opio de los pueblos” ya que lo veía como un factor que adormecía a la sociedad y entorpecía el cambio revolucionario. Los individuos crean a la religión, a su moralidad, a su justificación, que es generadora de una determinada conciencia. Entonces es aquí donde cabe preguntarse: ¿qué tipo de relación deben conservar el Estado y la religión? ¿Acaso no corremos el riesgo de que la religión adormezca los debates actuales que se llevan a cabo al interior de nuestra sociedad?

No en mi nombre

Al igual que en el Estado Capitalista, donde la clase dominante solo logra la hegemonía si consigue que su ideología se transforme en cultura general, en un orden natural que no debe cuestionarse, la Iglesia Católica logra el poderío que se le conoce actualmente cuando, por ejemplo, como sucede en nuestro país, el bautismo se hace costumbre ¿Por qué remarcar esto en particular? Porque la Iglesia argumenta que el 90 por ciento de los/as argentinos/as es católico, y para fundamentar esta afirmación se basa en la cantidad de personas bautizadas en nuestro país, es decir, que si estas bautizado/a, formas parte de ese 90 por ciento en el cual la Iglesia se apoya para imponer, por ejemplo, sus puntos de vista en la legislatura y conseguir privilegios que van, desde subsidios de alto monto hasta la restricción de ciertos derechos en contra de su Catecismo. Por lo tanto, formamos el pilar sobre el cual la institución sustenta sus altos niveles de representatividad, implicando el acceso a altos niveles de decisión y el mayor poder de negociación.

Roza lo absurdo que de los datos recolectados por una encuesta realizada por el CONICET, surja que ese 90 por ciento de sustento que la Iglesia dice poseer, no se ve reflejado ni mucho menos. En temas como la utilización y distribución estatal de anticonceptivos, educación sexual en escuelas públicas, aborto, matrimonio igualitario, etc., hubo una enorme mayoría que se expresó en contra de lo que la Iglesia predica en su Catecismo, incluso cuando los castigos impuestos son tan graves como la excomunión.

Según la encuesta citada, para el caso de la educación sexual como materia obligatoria (ley aprobada pero sin implementación en la mayoría de las provincias), y la distribución de anticonceptivos por parte del Estado, 7 de cada 10 fieles están en discordancia con la Iglesia, la cual obviamente resiste este tipo de prácticas. Incluso, en un tema más controvertido, como es el caso del aborto, el 64 por ciento de los encuestados opinó que lo permitía bajo ciertas circunstancias, y el 14 por ciento dijo que el aborto era un derecho de la mujer, es decir que, con o sin restricciones, el 78 por ciento de los encuestados se expresó a favor del aborto, con todo lo que ello implica para la Iglesia Católica.

Situaciones similares se dan en relación a diferentes temas, entre ellos el matrimonio igualitario, la eutanasia, el sexo prematrimonial, el divorcio vincular y las diferentes expresiones culturales, donde la gente se expresa de manera contraria a lo que impone la ideología católica.

Esa alta representatividad que la Iglesia dice tener atribuida por el 90 por ciento de los bautizados considerados como católicos (practicantes o no), en la calle pierde muchísima fuerza, y la representatividad pasa a ser realmente baja. ¿Qué se puede hacer al respecto? Si estás bautizado, hacer lo que se denomina apostatar, es decir, darse de baja de la Iglesia, y que ésta deje de hablar en tu nombre.(1)

La iglesia no es una ONG

La Iglesia Católica no es una institución que aparece ajena al desarrollo del Estado, y muy lejos está de serlo, más aún cuando el propio Estado desde su carta magna, suscribe privilegios en favor de un culto en particular. La realidad indica que junto con las disposiciones legales que obligan al Estado a contribuir al sostenimiento de la Iglesia y a la inembargabilidad de los bienes eclesiásticos dispuesta por el Código Civil, la Iglesia, como persona jurídica pública(2), es beneficiaria de un sinnúmero de subsidios, incluidos entre ellos el pago de sueldos a los obispos y arzobispos (dispuestos por un decreto-ley, en principio inconstitucional, firmado por Videla pueden llegar a cobrar cerca de 20 mil pesos mensuales), subsidios para la construcción de inmuebles, donaciones, símbolos religiosos en lugares públicos, jubilaciones, becas estatales a seminaristas y subsidios millonarios a la educación privada católica.

En primer lugar, debemos destacar que la estrecha relación que el Estado mantiene con la Iglesia se desprende principalmente de la Constitución Nacional, que en su artículo 2 estipula que: “El gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Ahora bien, la doctrina constitucional hace tiempo acuerda que el término “sostiene” implica “sostenimiento económico” y nunca concesión de un status preferencial, ni oficial, al culto católico ni a ninguna otra religión o creencia. Es decir, que las obligaciones del Estado son únicamente de carácter pecuniario y por lo tanto no se concibe a la religión católica como el “culto oficial”.

Aun así, ¿por qué aceptamos que el Estado sostenga económicamente a la Iglesia Católica, cuando en virtud de lo expuesto y junto con la disposición del artículo 14 de la Constitución en la que se establece “libertad de cultos” no se proclama ninguna religión oficial? La respuesta es sencilla: libertad no es lo mismo que igualdad. Y más allá de que el Estado tenga la obligación de abogar por la igualdad y diversidad religiosa, en virtud de los distintos tratados internacionales de Derechos Humanos refrendados, hoy vemos que está lejos de cumplir con esta prerrogativa siendo reflejo el escaso apoyo estatal que reciben cultos apartados del catolicismo.

Esta diversidad religiosa que existe en la actualidad en nuestro país nos trae aparejados una serie de cuestionamientos que son imposibles de ignorar: ¿Es correcto el financiamiento por parte del Estado de innumerables colegios católicos? O más allá, ¿es concebible una educación religiosa en colegios públicos? Tal situación ocurre en Salta, en donde la Legislatura provincial sancionó en 2008, bajo el gobierno de Juan Manuel Urtubey, la Ley Provincial de Educación nº 7546 cuya letra plantea como uno de los objetivos del sistema educativo de Salta “brindar enseñanza religiosa, la cual integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase”, y permite entre otras cosas: rezar diariamente antes del ingreso a las aulas, bendecir la comida, alabar a la Virgen María, destacar las “enseñanzas de Jesús”, leer versículos bíblicos o reflexionar sobre ellos o celebrar las festividades religiosas, escenas habituales en múltiples colegios públicos de la provincia, según se probó en la causa que se está tramitando y es públicamente conocido.

A raíz de esto, el 11 de julio pasado, la Corte Provincial de Salta ratificó la educación católica obligatoria en las escuelas públicas, en respuesta a un recurso de amparo presentado por un grupo de padres y madres y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) que demandaban contenidos laicos e igualdad. La ADC recurrirá el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta práctica de enseñanza religiosa en colegios estatales seguirá manteniéndose en la Provincia de Salta (y porqué no en otra), hasta tanto dejen de existir intereses comunes entre los representantes del Estado (incluido el Poder Judicial) y quienes mandan en lo más alto de la cúspide católica.

¿Quién soy yo para juzgarlo?

Jorge Mario Bergoglio inició su carrera en la Iglesia a los 21 años tras recibirse como técnico químico. Fue la máxima autoridad argentina de los jesuitas a los 37 años y ocupó el cargo de arzobispo de Buenos Aires el 28 de febrero de 1998 hasta su designación al frente del Vaticano. Fue el redactor de los principios de la Universidad del Salvador (USAL), dónde manifestó allá por 1974 que una de las tantas misiones de esta institución era “luchar contra el ateísmo”, fijando al ateo como individuo a combatir. En 2009, Fernando Lozada, miembro de la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) y presidente del Congreso Nacional de Ateísmo, denunció a la USAL por discriminación obteniendo un dictamen favorable del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

“Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? El Catecismo de la Iglesia católica lo explica de forma muy linda esto”, declaró Jorge Bergoglio en una improvisada y austera conferencia de prensa en Brasil hace algunos meses. Siguiendo su recomendación, nos remitimos al Catecismo de la Iglesia Católica que estipula de una forma muy “linda” que los homosexuales “deben ser respetados en su dignidad y animada a seguir el plan de Dios con un esfuerzo especial en el ejercicio de la castidad” y aclara, para evitar ambigüedades, que ello no significa “la legitimación de comportamientos contrarios a la ley moral ni mucho menos, el reconocimiento de un derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, con la consiguiente equiparación de estas uniones con la familia” ¿Aires nuevos en lo más alto de la Iglesia Católica? Para nada. Bergoglio fue un fiel opositor al matrimonio igualitario llamando a la “guerra santa” y describiendo a la iniciativa como “una pretensión destructiva al Plan de Dios”. A su pesar, el 15 de julio se cumplieron 3 años desde la sanción del matrimonio igualitario y más de 7000 casamientos se celebraron en nuestro país.

Y aún hay más: Von Wernich sigue perteneciendo a las filas de la Iglesia Católica y dando misa en la cárcel sin haber recibido ningún tipo de sanción por parte del clero, luego de haber sido condenado por más de 70 delitos en la última dictadura militar; el sacerdote Julio Grassi declaró en diversos medios, luego de haber sido declarado culpable de dos hechos de abuso sexual y corrupción agravada de menores y sentenciado a 15 años de prisión, que el cardenal Bergoglio “está a su lado siempre” y que “no le había soltado la mano”.

Al estar dispersa la información sobre la complicidad o inocencia de Bergoglio en la última dictadura, Dante en la Divina Comedia, nos ayuda a tomar una posición: “El círculo más horrendo del infierno está reservado para quienes en tiempos de crisis moral optan por la neutralidad”.

No debemos confundir el disfraz de la falsa tolerancia e intransigencia a la diversidad ideológica con la discriminación afirmada en dogmas arcaicos que avale funestos comportamientos. En 2004, el artista León Ferrari exhibió sus obras en el Centro Cultural Recoleta en las cuales mostraba en retrospectiva los aspectos más oscuros del cristianismo (la homosexualidad, la vinculación de las víctimas del Sida con la campaña contra los anticonceptivos, las guerras contra Vietnam e Irak, la Conquista de América, etc.) y Bergoglio, como arzobispo, calificó a la obra de Ferrari como “una blasfemia”. Algunos fundamentalistas destruyeron obras de la exposición. Otros fanáticos obtuvieron la clausura judicial de la retrospectiva. Previa batalla judicial, León Ferrari tomó la decisión de levantarla, a principios de 2005, por “las sucesivas amenazas (de bombas) recibidas durante las últimas semanas, que obligaron a desalojar varias veces las salas de exhibición”. Recientemente fallecido, León pudo manifestar que su intención no era “molestar a los creyentes que no creen en las tierras de los diablos” si no que sus “obras están destinadas a la Iglesia y a quienes la acompañan en la amenaza del castigo a los supuestos ‘pecadores’."

Finalmente, no es nuestra intención generar algún tipo de juicio de valor respecto a las prácticas de los fieles católicos, sino que es realmente necesario poder analizar éste proceso de cambio frente a la cada vez más creciente falta de legitimidad de sus discursos ante los cambios de las sociedades mundiales. Debemos pensar a la Iglesia Católica como una institución política que habla por sus bautizados, que genera posiciones ideológicas, que forma opinión pública y que mantiene una relación muy estrecha con el Estado y en los debates parlamentarios.

El Estado debe gobernar sin ataduras morales que coarten su legislación, debe garantizar la libertad de creencia o culto y no debe establecer relación de preferencia con ningún tipo de religión. Debe velar por una sociedad igualitaria, más justa, plural y democrática promoviendo debates políticos y culturales que enriquezcan su promoción de políticas públicas lejos de todo tipo de sujeciones. El Estado no debe permitir que la divinidad religiosa obtenga un lugar privilegiado en el parlamento. El Estado no debe vincularse con la Iglesia Católica.

Ilustración: Martín Zinclair y Giya Zabalza

Notas:
1) Más información en http://www.apostasiacolectiva.org/
2) El Proyecto de Unificación Civil y Comercial, con Lorenzetti al mando, pretende reafirmar a la Iglesia como persona jurídica pública, equiparándola a los órganos estatales.

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De la resistencia argentina a la lucha política en Europa: Un Hijo, dos historias generacionales, una confesión de amor y mucho más…

Sergio Ferrari (especial para ARGENPRESS.info)

Antonio Hodgers es desde 2007 diputado nacional en Suiza y jefe de la bancada del Partido Verde. A pesar de sus escasos 37 años, su fulgurante vida política de casi veinte años lo perfila como una de las jóvenes figuras más importantes de la escena nacional. Argentino de origen, hijo de padre desaparecido, acaba de publicar junto con su esposa Sophie Balbo su primer libro: “Hijo”. Biografía a cuatro manos elaborada en un diálogo tan intenso como emotivo con su madre, Silvia Hodgers, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, una de las organizaciones guerrilleras que actuaron en ese país sudamericano durante la década de los años 70.

De la militancia juvenil a la prisión. De la cárcel al exilio. La vida de Silvia ilustra la trayectoria casi fortuita de miles y miles de latinoamericanos resistentes contra las tan variadas como múltiples dictaduras de los años setenta y ochenta. Con distintos nombres y con los mismos métodos, los militares impusieron décadas negras de represión generalizada, silencios obligados y democracias postergadas. Desapariciones forzadas; cárceles repletas; exiliados a montones; familias destruidas; son parte del corolario de esa etapa sombría de América Latina. Que hoy, tres décadas más tarde, gracias al sacrificio silencioso de esos miles de resistentes –presentes o ausentes-, transita una nueva construcción democrática. Que permite mirar hacia atrás, sentir, evaluar, e incluso escribir…

“Hijo” de Antonio Hodgers y Sophie Balbo que acaba de publicarse en Suiza y que suscita un particular interés mediático es el encuentro de dos historias generacionales – la de Silvia y la de Antonio- y por sobre todo una confesión mutua de amor infinito. Bajo el amparo sigiloso de Héctor, padre de Antonio, que 35 años después de su desaparición aporta omnipresente y en silencio, el trasfondo de un amor clandestino no menos infinito. Al que Antonio intenta redescubrir en su vuelta a Argentina, ya adolescente.

Tras las huellas de su padre, la vuelta a Argentina

La noche de Navidad de 1994, ni su abuela ni su tía, organizan la celebración tradicional. Antonio, que realizaba un viaje de 6 meses por el continente latinoamericano, no termina de entenderlo. “No hay más Navidad en mi familia desde hace veinte años”, constata. Iniciando otro viaje, simbólico, casi sin retorno, para buscar los porqués y descifrar las causas de los silencios de una familia destruida por ausencias y culpabilidades.

“Me quedan algunas semanas antes de volver a Suiza. No podía volver sin afrontar la verdad que rodea la desaparición de mi padre. Quería saber porqué luego de lograr escaparse a su primera detención, pudieron capturarlo de nuevo tan fácilmente. Me lanzo a investigar sobre las circunstancias de su desaparición”, recuerda el autor. Quien obtiene finalmente una copia de la denuncia presentada por su abuela en 1983 por la desaparición de Héctor acaecida tiempo atrás, en mayo de 1976. Y descubre entonces un complejo laberinto de recuerdos que incorporan las presiones familiares sufridas por parte de las fuerzas represivas. “Durante meses los militares hicieron sin embargo creer a su familia que todavía estaba vivo, con la esperanza de obtener su colaboración para detener a mi madre”, explica Antonio Hodgers.

Y en ese momento del relato, aparece una de las claves de su historia en tanto “Hijo”. Cuando comprende “la razón del duelo imposible de mi abuela”, que es su propio duelo. “En el avión de regreso a Ginebra siento una enorme tristeza por ella. Es ya tan difícil para una madre sobrevivir a la muerte de su hijo, pero ¿cómo continuar a vivir si se siente culpable de ella?”, se interroga.

Y junto con el alivio de causas explicadas, el derecho al dolor profundo. Los meses que siguieron ese viaje “me permitieron llorar la desaparición de mi padre como nunca antes lo había hecho. Su inexistencia física, desde mis primeros años de vida, fueron una normalidad para mí. Haciéndome adulto, percibo ahora como me pesa su ausencia. De golpe me falta terriblemente. Tendré pronto veinte años y es ahora que le necesito”.

El compromiso político

¿Qué hacer con una herencia tan pesada como la de la militancia a vida o muerte de los padres? ¿Cómo apropiarse de dolores, derrotas y compromisos profundos de la generación anterior? ¿Odiar a los progenitores por los dolores encarnados o amarlos ilimitadamente por su entrega generosa?

Interrogantes todos a los que se confronta el joven argentino-suizo, producto de dos mundos y actor de dos historias.

“Cada joven se plantea la cuestión de seguir o romper con la herencia de los padres. En mi caso, se trataba del compromiso político. La *desaparición* de mi padre por parte del terrorismo de Estado me llevó rápidamente a entender que no tenía elección: debía continuar su combate”.

Y las razones de la decisión son fundamentalmente tres para Antonio Hodgers. En primer lugar, para demostrar que sus verdugos no vencieron. Además, porque “como yo nunca lo conocí, el modelo que me hago de mi padre está esencialmente ligado a su compromiso político”. Y finalmente, “porque mi madre me transmitió los valores que eran suyos. Lejos de lamentar sus elecciones, siempre ella asumió sus luchas, a pesar del precio que ella y sus compañeros debieron pagar”.

Convencido sobre la necesidad de su compromiso político, dice “sí a la herencia de los valores, pero bajo qué forma concreta”, se interroga Antonio Hodgers buscando el espacio más favorable para su militancia.

Si sus padres asumieron la lucha armada contra regímenes dictatoriales y con un modelo de sociedad socialista, cuando él decide comenzar su militancia, Europa vive “los últimos meses del régimen soviético, con la caída del Muro de Berlín” como expresión de la fragilidad de Estados “desconectados de las aspiraciones de sus pueblos”.

Y esta lectura de la realidad aparece como esencial en la definición del compromiso del autor, que comenzó como adolescente a militar en el Parlamento juvenil de su municipio ginebrino de Meyrin; que se prolongará como diputado cantonal –provincial- en el Parlamento del Cantón de Ginebra, hasta llegar más tarde a una diputación nacional y disputar, en las elecciones de octubre próximo, un cargo en el poder ejecutivo colegiado del mismo cantón. En un ritmo y velocidad militante que le llevan a organizar brigadas y delegaciones a Cuba y Bosnia, a comprometerse con los *sin papeles* y nuevos refugiados, y librar numerosos combates políticos-asociativos en su propia búsqueda de paradigmas de justicia.

Empujado por una reflexión personal de fondo que integra los interrogantes propios de la nueva etapa que vive la humanidad hacia casi al terminar el siglo pasado.

“Constato que resumir la lectura del mundo a un esquema capitalismo versus comunismo, o derecha versus izquierda, como en la época de mis padres, no alcanza. La realidad es más compleja y el universo del pensamiento político, también”, reflexiona el joven diputado nacional.

Anticipando su nueva forma de pensamiento, *su verdad siglo XXI*: “nuestra generación está condenada a reinventar un proyecto de sociedad. La necesidad de encontrar nuevos códigos de lectura me ocupará el espíritu durante varios años. No descubriré las pistas que buscaba sino más tarde gracias a la ecología política…el proyecto de sociedad más adecuado para confrontar los desafíos del siglo XXI”, enfatiza.

Algo más que un homenaje personal

*Hijo*, conlleva un doble homenaje. Antonio, dedica el libro a “mi abuela, mi madre, mi hermana, mi esposa y mi hija –ndr: a punto de nacer-, las mujeres en las que puedo contar”. En tanto Sophie, la co-autora –que pone en letras numerosos diálogos con Silvia Hodgers -, lo dedica a “Héctor, mi suegro”.

Homenaje que expresa el alma misma de un libro que describe vidas, que derrochan pasión y compromiso.

Y que concluye, con cuarenta páginas de anexos explicativos sobre la Ecología Política – un real paradigma para Antonio Hodgers- bajo el mismo signo del cuestionamiento personal inicial. “Mis padres lucharon por una causa. Mi madre sacrificó su juventud, su carrera profesional. Mi padre pagó con su vida. Incluso ausente, él me aporta mucho todavía. Es un modelo que no puedo traicionar”.

Ayer argentino-latinoamericano marcado por la resistencia armada. Hoy universal, confrontado con los grandes debates de la sobrevivencia del planeta, el calentamiento global, el des-crecimiento y la ecología política. *Hijo* de desaparecido que se asume, sobre todo, hoy, como hijo de un planeta amenazado.

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Konversos (Parte II)

Alfredo Grande (APE)
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“yo sé porque piensas tú, soldado que te odio yo, no somos la misma cosa, tu y yo”
(aforismo implicado, con la comprensión dulce de Nicolás Guillén)

“El suegro del líder del Frente Renovador criticó a Daniel Scioli y afirmó que el intendente de Tigre y los gobernadores de Buenos Aires y Córdoba deberían ir a una interna, para definir quién es el representante del justicialismo en las elecciones presidenciales de 2015.

Sobre el gobernador bonaerense, Galmarini señaló: "Creo que es un tibio, hablando metafóricamente y haciendo una comparación con el fútbol, es como los jugadores que no ponen tan fuerte la pierna". "Tiene poca fe, poca decisión, poco compromiso. Creo que le falta audacia para conducir a la Argentina", disparó. 

En cuanto a cómo debe ser la figura del próximo líder, el ex funcionario menemista consideró que el futuro Presidente debe ser "un hombre o una mujer capaz de establecer la unidad, de amigar a los argentinos". (Infobae)

El converso apela con frecuencia a la memoria heroica, pero huye de la memoria histórica y mucho más del recuerdo. La frase “nadie resiste el archivo” da cuenta de los prontuarios secretos de los conversos más exitosos. Desde ya, el converso puede quedarse a mitad de camino en su proceso de matamorfosis psicosocial y política. Quizá ese sea el sentido de la enigmática sentencia: “a los tibios los vomita Dios”.

Cuando es apenas un tercio, un cuarto o medio converso, no encuentra amparo ni en aquello que abandonó ni en aquello que nunca encontrará. Esos conversos fallidos, son los que intentaron no quedarse en el 45 pero tampoco llegaron al 2000. Por cierto no los encontró unidos y por lo tanto quedaron abandonados. Son los rencorosos de la historia que luego de haber quemado las naves de pasados gloriosos, valientes, luchadores, de sueños posibles, apenas rasguñaron piedras y cactus. Son el vómito de los Dioses, que en el Olimpo de las políticas de Estado encuentran otra forma de la inmortalidad.

A estos conversos frustros les cabe el apodo “Ni”. Ni una cosa, ni la otra, no tienen el pan y tampoco la torta. Mano de obra desocupada y alienada apta para ser alquilada por los mariscales de las derrotas populares. Lumpenaje. Pero muy especialmente lumpenaje político, de los que se duermen con el arroró de 6,7,8 y se despiertan con los salmos matinales de TN.

Lumpenaje político y social, que desde el alarido visceral que proclama no ser yanquis ni marxistas, pueden abrazarse con el peronismo de la derecha más diestra. Sin embargo, la mayor hipótesis de conflicto es lo que denomino converso al cuadrado. Converso a la segunda potencia, es decir, multiplicación de su ser converso. La solidez de esta metamorfosis potenciada es temible. La frase que lo define es: “no le entran las balas”. En realidad, tampoco las palabras. Ni las ideas. Ni las decencias. Ni la ética. Ni la coherencia. Ni la humildad. Ni la sencillez. Ni la honradez.

Como no teme quedar al descubierto, inventó el deleznable refrán “sarna con gusto no pica”. Se rasca, se rasca, pero al converso2 no le pica. El converso multiplicado por si mismo hace del vicio virtud y de la carencia, abundancia. De lo incompatible, contradicción y del tartamudeo, elocuencia. Aplaude con la misma facilidad con que las focas de mundo marino reciben las órdenes del domesticador. ¡¡Arriba las palmas!! Lo que menos se plantea es qué o a quién aplaude. Aplaude a rabiar la entrada al default y aplaude sin rabiar la salida del default. Aplaude con la risa de una hiena la privatización de los activos del Estado (eufemismo para encubrir el robo cobarde del patrimonio público) y aplaude con la risita del perro patán la nacionalización de empresas energéticas o de transporte.

Como escribiera Benedetti: “¿de qué se ríe, señor ministro, de qué se ríe?” El converso2 no se ríe para no llorar. Se ríe de todos nosotros a los que cariñosamente llama “la gilada”. Tampoco se ríe. En verdad, se burla. Que viene a ser reírse de los otros. Yo en cambio, acostumbrado a la contradicción insalvable entre estatura y apellido, sólo me río de mí y sólo me río con otros, pero nunca de los otros. Ante el converso2 la pregunta que surge siempre es: “¿nos toma por boludos?”. La respuesta es una sola: sí. Y lamentablemente, no pocas veces hacemos poco y nada para desilusionarlo.

Pero hay más. Hay otra forma de converso que resulta de multiplicarse a sí mismo y luego ir por más, incluso ir por todo, y multiplicar esa multiplicación. Es el Converso3. Es decir: el converso al cubo. Es cuadrado en alta definición y 3 D. Puede verse sin anteojos especiales, milagro de la tecnología y las política neoliberales y reaccionarias. Ser converso del converso le permite soñar, quizá sería más ajustado decir delirar, conque puede volver a su forma anterior. Primera. Cuando todavía algo de humanidad quedaba en su cuerpo y en su alma. Qué tipo de humanidad, es otra cosa.

Sin dudar, el converso3 estrella es Massa. De origen liberal, pasa como Jefe de Gabinete K luego de haberlo invitado a su amigo Boudou a participar de la fiesta gubernamental, y nuevamente pretende ser más papista que el Papa (no de Francisco, de cualquier otro Papa) e inventar un neo vandorismo municipal. Para salvar al kirchnerismo, hay que estar contra el kirchnerismo. El lobo (otro noble converso) no podría haberlo hecho mejor. Claro que una cosa es un lobo, y otro un lobizón. Y si son lobizones políticos, se transforman en las noches de urna llena.

El converso3 estrellado es, como podrán imaginarlo, Daniel “el terrible” Scioli. Probablemente, el último peronista virgen. Virgen de definiciones tajantes, contundentes, valientes. Ante el horror massista, Scioli a pesar de ser un converso3 ha sido absuelto de todo pecado de autonomía y pensamiento crítico. Delira quizá con volver a tener ese cuerpo de esbelto menemista secretario de turismo que se metamorfoseó y fue vicepresidente de Néstor Kirchner, en su apoteótico debut como converso2.

Y repitiendo la psicosis de Neustadt cuando lo veía a Menem rubio, alto y de ojos celestes, y el Turco aprobaba, ahora Daniel es un grasita, un descamisado, un humilde, un soldado de Evita y de Perón. Y todo eso exclusivamente por la magia negra que inaugura otro tigre, que no es justamente de los llanos, sino apenas de los casinos. Lo peor de esta historia de conversos, conversos2 y conversos3 es que todos y todas están subsidiados en sus metamorfosis pasadas y futuras por los Estados.

Alguna vez el pueblo uruguayo votó afirmativamente por la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. O sea: legalizó lo ilegítimo de la impunidad. Pronto los conversos y conversas serán auspiciados, tendrán su propio sponsor y llevarán logos de las marcas preferidas. O sea: no serán diferentes, en realidad son iguales, a tanta mercancía que circula por los pasillos y laberintos de la política de mercado.

Todo hombre y mujer tiene su precio, dijo alguien hace mucho y en el caso de los conversos, ese precio es altísimo. La metamorfosis tiene sus privilegios y los pagamos nosotros. La coherencia, la consistencia y la credibilidad, el trípode de la implicación, no cotizan en ninguna bolsa. Más bien, los que quedan sosteniendo las eternas utopías que hacen de la humanidad algo digno, están hechos bolsa porque no hay pan duro para ninguna de las formas del hambre. No saciar el hambre de dignidad, de verdad, de ternura, es el camino de la desesperación individual. A veces, de la colectiva. No se me ocurre otro antídoto que la serena y firme convicción de que, si otros mundos son posibles, en esos otros mundos, los conversos morarán por toda la eternidad al este de todos los paraísos.

Ver también:
- Conversos (Parte I)

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Los "barras", problema recurrente y sin solución

LA ARENA

La sociedad argentina arrastra en su seno varias problemáticas históricas que, por una u otra causa, disimula o ignora, según las circunstancias. Una, ubicada entre las más infamantes, es la de los llamados "barras bravas" de los clubes de fútbol, que se observan en distintas divisiones. En realidad se trata de delincuentes que se han volcado a una parcialidad deportiva para lograr una ganancia económica y un modus vivendi, más que por un sentimiento de afecto por un divisa deportiva. Y como tales actúan.

En la última semana estos grupos se han vuelto a hacer presentes a través de pintadas que tomaron carácter público. En ellas amenazan con utilizar la violencia, directamente armada, si no se satisfacen sus pedidos, siempre relativos a privilegios. Algunos dirigentes de clubes se han visto obligados a reconocer que no los pueden manejar, esto al margen del costo político que implica enfrentarlos.

El problema no es reciente y su antigüedad supera largamente el medio siglo, tiempo en que la acción de los barras pobló los estadios argentinos de violencia sin límites, vergüenza y muertes, como que las víctimas fatales que dejaron sus actos se pueden contar por decenas. Lo curioso -doloroso más bien- es que en la gran mayoría de estos hechos nunca aparecen culpables, aunque hayan sido claramente detectados. Quienes cometen estos delitos cuentan con sucesivas capas de protección que van desde los dirigentes de los clubes -a menudo también integrantes de la clase política- hasta miembros de la política y la Justicia.

Una ONG aplicada al problema destacaba recientemente con amargura la circunstancia de que a cualquier ciudadano, mínimamente implicado en algún caso judicial se le impide salir del país, mientras que estos delincuentes con causas iniciadas, antecedentes penales y hasta condenas, es frecuente que viajen al exterior en "apoyo" de sus equipos y con pasajes pagos. El periodismo nacional, con excepciones, sigue dándole a estos actos el carácter de circunstanciales, de exageraciones inevitables, cuando debería denunciarlos como lo que son: la evidencia de densas tramas actuando al margen de la ley.

Claro que este fenómeno no comienza ni termina allí. Las barras futboleras se han apropiado de muchos e importantes negocios que giran en torno del fútbol, desde la venta de comida o de merchandising hasta el consumo de estupefacientes en las tribunas, desde el cobro del estacionamiento de automóviles hasta las entradas para festivales de música en los estadios. Esa apropiación a menudo ha tenido rasgos sangrientos ya que forman parte de las internas que rigen a esos grupos. Los ejemplos se dan con mucha frecuencia, especialmente en lo que hace al ajuste de cuentas, sin importar los lugares donde se concretan. El enfrentamiento entre dos sectores en plena calle y que dejó una cincuentena de disparos de alto calibre es elocuente al respecto.

Los clubes, o sus comisiones directivas, que se han comprometido para intentar erradicar este problema destacan un rasgo que asusta: el accionar de estas bandas no sería, ni de lejos, posible sin la anuencia total o parcial de sectores de la policía, que cuenta con una prolija identificación de ellos y podría inhibirlos si quisiera o mediara orden expresa, de acercarse a las entidades. Además, señalan, el importante grado de complicidad interna que hay en los clubes: en las últimas muestras de violencia extrema en los estadios, que han arrojado muertos, las cámaras de vigilancia correspondientes al área que enfocaba esos acontecimientos estuvieron "descompuestas" o la filmación no resultó nítida.

Resulta doloroso reconocer que cuatro o cinco centenares de violentos, como máximo, sean capaces de agredir y atemorizar a una sociedad que cuenta con todos los elementos legales como para terminar con esa problemática.

En otros países, con similares o aún mayores niveles de violencia en las canchas, estas facciones merecieron el tratamiento de cuerpos especiales que las neutralizaron o redujeron al mínimo. ¿Por qué la Argentina no es capaz de una acción semejante?.

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Una audiencia pública en Diputados le dijo no a la baja de la edad de imputabilidad

Inés Hayes

Con la presencia de Pablo Micheli, secretario general de la CTA y miembros de la Mesa Nacional de la Central, se llevó a cabo ayer en el Anexo de la Cámara de Diputados una audiencia pública para decirle no a la baja de la edad de imputabilidad de los jóvenes que lejos de tener garantizados sus derechos básicos, son vulnerados y reprimidos por un Estado que los expulsa.

“Hasta que no haya pleno empleo y distribución justa de la riqueza no va a haber otra sociedad”, sintetizó su pensamiento Adolfo “Fito” Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA durante su intervención. El dirigente agregó además que en este Estado llega primero el sistema penal que la justicia social.

Ante representantes de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y territoriales, Fabio Basteiro, legislador por la Ciudad de Buenos Aires, enfatizó que está en discusión qué modelo de sociedad se quiere construir: “Los chicos no bajan de un plato volador. Tenemos que asumir el mayor grado de seriedad para hacer frente a este tema. No vamos a renunciar a construir una sociedad más justa, más libre y más inteligente”.

Con su cabeza cubierta por el pañuelo blanco, Elia Espen, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora e integrante de la Mesa Nacional de la CTA dijo: “Yo hablo como madre: los chicos son intocables, sin embargo reciben malos tratos, privaciones de todo tipo; tanto el Estado como la comunidad son responsables pero es más fácil meterlos presos”. ¿Por qué no hacer lugares a puertas abiertas donde se les enseñen oficios, deportes, que les den cariño?, se preguntó Elia, ¿de lo que pasa, a quién acusamos, a los chicos o a los adultos?, volvió a preguntarse y a interpelar a todos los presentes. “No usen a los chicos, basta de soberbia y sí mucho amor. No a esta ley de ninguna manera, denles cariño y respeto para que sean hombres de ley en el futuro”, finalizó Espen.

Luego fue el turno de Gustavo Gallo, relator de los Derechos del Niño de las Relatorías de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo Capítulo Argentino quien además trabaja como defensor de niños, niñas y adolescentes en la Defensoría general de la Nación. “En el último año participé de la defensa de 900 chicos, en el 98% tenían sus derechos básicos insatisfechos”, puso blanco sobre negro la situación de la infancia en nuestro país. “Tendríamos que discutir que los pibes tengan sus derechos cumplidos y no estar discutiendo la baja de la edad de imputabilidad. Son víctimas de un sistema social totalmente injusto y en este marco es perverso plantear este tema de la baja”, agregó Gallo.

Ante la mirada atenta de chicos y chicas del Movimiento Che Pibe que con sus pecheras lo decían todo: El hambre es un crimen, Gallo agregó además que “el Estado debería mirar a los pibes cuando nacen, no cuando cometen su primer delito. Bajar la edad penal es criminalizar la pobreza”.

En representación de ATE Nacional habló su secretario general adjunto Hugo “Cachorro” Godoy quien señaló que seguir teniendo a los jóvenes como blanco es una estrategia de dominación. “La mayor cantidad de pobres en el país son jóvenes y niños. Estas iniciativas son parte del control social que no quiere dejar que en nuestra sociedad avance la democracia. Sigamos trabajando para que, como decía Evita, los chicos sean los únicos privilegiados y no los principales blancos de la represión”, finalizó Godoy.

Antes de que hablara el siguiente orador, la legisladora Laura García Tuñón, que conducía la audiencia, leyó la adhesión del Serpaj y los apoyos de Víctor De Gennaro, Graciela Iturraspe y Claudio Lozano que por razones personales no pudieron estar presentes.

“No hay ninguna razón para bajar la edad de imputabilidad: es una mentira de altísimo costo para la sociedad”, sumó su voz Norberto Liwski, médico pediatra que trabajó toda su vida en defensa de los derechos de los niños.

Con la experiencia en la piel, Omar Giuliani, encargado del Hogar Ruca Hueney de General Rodríguez se preguntó: “¿Cómo es posible que un país que produce alimentos para el mundo no pueda darle de comer a sus propios hijos?, eso es la inseguridad, criminalizar a nuestros pibes es la inseguridad”. Giuliani llamó a todos los presentes a acompañar la caravana que este 25 harán las organizaciones que trabajan en defensa de la infancia rodeando al Congreso de la Nación para exigir políticas públicas que garanticen los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y no el encierro y la represión.

La legisladora de la provincia de Buenos de la CTA Rita Liempe (UP) llamó hipocresía social a la intención de bajar la edad de imputabilidad: “Todos los problemas que se pueden prevenir, deberían ser prevenidos y no reaccionar para beneficio de un solo sector de la sociedad. No puede ser que nuestros compañeros que trabajan con los niños no tengan con qué hacerles de comer a los chicos”.

Fueron más las voces que se sumaron para explicar por qué aprobar una legislación para bajar la edad de imputabilidad sería un crimen, como la de Alicia Romero, de la Comisión Provincial por la Memoria de La Plata y la de Denisse Friedman del Observatorio de Adolescentes y Niños del Instituto Gino Germano de la UBA. Todas las intervenciones tuvieron un punto en común: seguir luchando porque los derechos de los niños, niñas y adolescentes se cumplan para garantizar que la infancia sea digna de ser vivida en libertad y no condenada a la pobreza, al encierro, a la tortura y al hambre.

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¿Cuándo se implantó la Pena de Muerte en la Argentina?

AGENCIA WALSH

"Hace unos meses denunciamos la muerte de Florencia Cuellar como parte de una metodología de “control penitenciario” que aplica el Servicio Penitenciario Federal en las cárceles de Ezeiza. No logramos siquiera que nos reciba el ex Jefe del Servicio, Víctor Hortel, luego renunciante tras las “fugas” de los represores del Hospital Militar y del grupo de los trece del Penal. Ante el regreso de Alejandro Marambio, alertamos sobre una verdadera “emergencia penitenciaria” y sobre los nefastos antecedentes de quien había convalidado las prácticas de torturas y asesinatos durante su anterior gestión, caracterizada además por la hostilidad manifiesta contra los organismos de derechos humanos y de control penitenciario en general". El comunicado liguista no deja dudas sobre la política represiva brutal que el estado descarga sobre los privados de libertad.

En estas semanas, el clima se ha enrarecido vertiginosamente y de discutir los modos de evitar que la cárcel reproduzca la secuencia que lleva a las personas a delinquir se pasó a una repugnante catarata de discursos de victimización de la niñez y la adolescencia de las barriadas populares y pobres, la reivindicación lisa y llana de la mano dura y hasta de la justicia por mano propia.

Así como la sanción de la Ley Antiterrorista cambió el sentido que la sociedad asigna a las palabras terroristas (que dejó de referir a los genocidas que perpetraron el Terrorismo de Estado contra el pueblo para volver a estigmatizar a luchadores populares), tanto discurso de mano dura y victimización de los pobres no podía dejar de tener consecuencias en un Cuerpo Militarizado como el Servicio Penitenciario Federal donde la cultura represora, clasista, elitista, sexista y machista sigue predominando ampliamente.

Los dos nuevos “suicidios” de Mario Ortíz y Matías Cejas se parecen demasiado a las escenas armadas por la Dictadura para asesinar compañeros en las Cárceles como se pudo demostrar en el Juicio contra Olivera y De Marchi en San Juan por el caso de Alberto Carvajal que parece calcado al de Ortíz, Cejas y todos los demás asesinatos cometidos en estos meses. La madre de Mario Ortiz afirmó “Mario había declarado contra el Servicio por la muerte de ese muchacho. Y me decía que desde la fuga les venían pegando seguido”

Mientras algunos hablan de encerrar a los niños, otros implantan de hecho la pena de muerte ante la mirada pasiva de Marambio y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que ni siquiera ha dicho una palabra de aliento para los familiares de las víctimas.

Es imperioso abrir un debate entre las fuerzas democráticas para parar esta oleada de abusos y crímenes, es imprescindible reformar profundamente el Servicio Penitenciario Federal; ya es hora que la Dictadura se vaya de las Cárceles Argentinas porque si dejamos que la tortura campee en las Cárceles y las Seccionales de Policía todo lo conseguido en materia de respeto a los derechos humanos, de Memoria Verdad y Justicia, de Juicio y Castigo a los Terroristas de Estado, está en peligro.

Liga Argentina por los Derechos del Hombre

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La Garganta grita por Kevin

Nadia Fink (MARCHA - INDYMEDIA)

El lunes pasado cuando el sol ya había caído, un grupo de gendarmes encapuchados entró por la fuerza a la redacción de la revista La Garganta Poderosa, en la villa Zavaleta. El intento de silenciar el asesinato de Kevin.

El 7 de septiembre habían hecho pública en las redes sociales la muerte de Kevin, de sólo 9 años, que quedó preso en medio de una balacera entre bandas ajenas al barrio, denunciando la connivencia de Prefectura y Gendarmería con las bandas narcos.

"¿Dónde estarán ahora los que vienen a la villa para hacer sus crónicas malditas? Vengan a ver cómo está su madre, sus amigos, sus hermanitas, pero van a tener que embarrarse los zapatos en esos pasillos inundados que la gorra sólo camina para cerrar sus negociados", decían las líneas del editorial "¡Nos mataron a Kevin!", apuradas y llenas de una rabia y un dolor que lo inundaba todo. Eran intentos de que se supiera lo que en las villas del país sucede a diario, un inocente recibiendo balas de un enfrentamiento entre bandas narcos que luchan por la pertenencia del territorio.

Durante una semana en la que el candidato por el kirchnerismo, Martin Insaurralde, hablaba de bajar la edad de imputabilidad a 14 años para entrar en sintonía con el discurso de mano dura del candidato opositor, Kevin yacía bajo la mesa de su propia casa: "¿O van a proponer más uniformados? ¡Para qué mierda están por todos lados! ¿O van a decir que fue el ´contexto de peligrosidad´? Le faltaban 9 años para ser mayor de edad", grita La Garganta.

Pero al dolor de Zavaleta, se sumaba la certeza de que, una vez más, los uniformados habían liberado la zona para que las bandas pudieran dirimir sus conflictos a los tiros. Los vecinos se acercaron a los prefectos para avisarles que el tiroteo recién empezaba. A pesar de que la garita está a unos 100 metros, ningún miembro de Prefectura escuchó los estruendos de las más de 100 balas que dispararon durante 3 horas. Dos de ellas llegaron hasta el cuerpo de Kevin. El lunes por la mañana, algunos miembros de La Garganta acompañaron a su madre hasta Tribunales: asesorados por abogados del Centro de Estudios Laborales y Sociales (CELS) llegaron para reclamar justicia, para visibilizar la problemática constante en los barrios y para denunciar incluso que en las pesquisas posteriores, en el tiempo en que los prefectos accedieron a la casa, la plata y los teléfonos de los padres habían desaparecido.

Los familiares y vecinos se acercaban a la Justicia para que fueran escuchados, hasta ese momento ningún funcionario se había hecho eco del reclamo del barrio entero. Sin embargo, el Estado respondió de la forma en la que adquiere su presencia más cruel: las fuerzas de seguridad. A las 7 de la tarde cinco camionetas de Gendarmería se estacionaron en la puerta y bajaron decenas de gendarmes armados hasta los dientes, sin identificación y en muchos casos encapuchados, con sus escopetas en mano. Relata el comunicado emitido en el día de ayer: "Justo en ese momento, la maestra de Kevin compartía una charla con nosotros y sus hermanitos jugaban en la redacción. Un compañero salió a preguntar el motivo de tamaño operativo y a solicitar que se identificara el responsable, pero no se identificó absolutamente nadie. Como de costumbre, lo verduguearon, le pidieron su propia identificación, lo pusieron contra la pared, le doblaron el brazo y quisieron detenerlo en el patio de su propia casa, algo que evitamos entre forcejeos y gritos, en una situación de mierda. Desesperados, reaccionamos llamando en ese mismo momento a los periodistas Eduardo Anguita e Ingrid Beck. Y recién entonces, cuando advirtieron que estábamos denunciándolos, decidieron soltarlo".

En una excepción a la forma en la que siempre firmaron notas y comunicados como colectivo, el editorial llevaba firma esta vez: Paola Vallejos quien es, además, prima de Kevin. Pero luego de semejante amedrentamiento, decidieron volver a la forma en la que acostumbran manejarse: así como la salida de la revista impresa se decidió en las asambleas que con frecuencia realizaba la organización villera La Poderosa a fines de 2010, ahora la voz colectiva volvía para hablar de lo sucedido y para proteger a una compañera: "Como medio de comunicación queremos denunciar la connivencia de las fuerzas de seguridad, Prefectura y Gendarmería con el narcotráfico. Un caso como el de Kevin pone en tela de juicio la voluntad política de cambiar las cosas. No es normal, es completamente irregular, un atropello a nuestros derechos que además irrumpan en la redacción: ningún funcionario llamó y cuando llegó Gendarmería no se sabía a qué venían, a quién respondían... no sabíamos nada", nos cuentan con indignación.

Un medio que nacía en los albores de 2011 como "la primera revista mensual pensada, redactada, ilustrada, fotografiada, edificada, pintada, electrificada, dirigida y financiada por la organización popular de numerosas asambleas vecinales, florecidas desde lo más profundo de los pueblos históricamente vapuleados y estigmatizados por los grandes medios de comunicación" por haber nacido villera y fiel a sus orígenes, recibe lo que los vecinos viven a diario. Cuando el 4 de septiembre de 2010, el periodista de Mundo Villa Adams Ledezma caía con una herida de arma blanca en la puerta de su casa en la Villa 31, la ambulancia no quiso entrar y murió después de dos horas de agonía. Un reclamo obstinado, inagotable y tenaz por parte de los vecinos de todas las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: muchas ambulancias no quieren entrar a estos sitios. Por temor, prejuicio, porque es peligroso. La estigmatización, la realidad que se vive a diario en las villas de todo el país siempre lejos de los grandes medios de comunicación, los reclamos cotidianos de los vecinos: por agua, por una ambulancia que entre, por una vida que se respete y se valore, son constantes.

"Toda Zavaleta está destrozada, llorando sangre y sintiendo que nada sirve para nada, que podemos marchar a tribunales o explotar en las redes sociales, pero seguiremos siendo "los marginales". ¿O van a decir que acaso fue un caso aislado? ¡Qué quilombo armarían si hubiera pasado en otro lado!", dicen con resignación desde el comunicado. Con resignación que no es silencio mientras La Garganta siga gritando; con dolor que no es quietud en los vecinos y familiares. Porque el Estado se ausenta o se hace presente con las fuerzas represivas. Pero en Zavaleta falta Kevin.

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Comunicado de la Coordinadora por las Libertades de Rosario: ¿Qué es la violencia Institucional para nosotros?

AGENCIA WALSH

”Mientras libramos con algunos resultados una batalla feroz contra los genocidas y sus cómplices de toda laya, estamos perdiendo la batalla cotidiana sobre el significado de los derechos humanos en el presente. En los relatos políticos y los medios de comunicación, el pasado reciente y el presente, aparecen disociados, como si fueran procesos que nada tienen que ver entre sí. Y el pedido de mano dura, fundamentalmente contra jóvenes pobres, del pueblo, gana adeptos aún entre los “seudo progres” que “entienden” todo, en tanto y en cuanto no le toquen sus intereses”. Así, comienza el comunicado de los compañeros rosarinos.

En el pedido de seguridad, en el discurso monocorde de seguridad, entendida sólo como más fuerza represivas para cuidarlos bienes de un sector de la población, en el reclamo de “mano dura”, “baja de la edad de imputabilidad de los menores”, “mayor presencia de fuerzas represivas en las villas y las calles para recuperar el orden perdido”, vemos una particular lectura de la realidad ( capitalismo salvaje) donde la culpa es de los más desvalidos por su falta de éxito dentro del mercado de consumo. Y por lo tanto merecen un castigo.

Se propone entonces retroceder a los métodos y las normas de la dictadura (fue Videla quien bajó la edad de imputabilidad a 14 años, baja que fue anulada al concluir la dictadura militar y quieren reinstalar), patotas atacando luchadores populares, niños/as golpeados/as, encarcelados/as, asesinados/as, abusados/as por la policía como si no les bastara con personajes de poder ilimitado como los genocidas Milani, Berni, Granados y Marambio dirigiendo los aparatos represivos más importantes del Estado y generando todo tipo de dolor y desesperación entre seres indefensos.

Coincidimos con Hugo Cañón: “El manodurismosólo conforma a los que quieren ver más sangre, muertos y gente enjaulada enlas cárceles de la provincia de Buenos Aires”.. no es más que una caceríade brujas contra los menores y esa discusión (sobre la baja) esapuntar a un sector vulnerable cuando no se aplica la Ley que habilita el derecho de los Niños, y en lugar de aplicar esa legislación, se los quiere perseguir a través de una sanción penal”

Y es entonces, cuando el mismo Estado que aprisiona y mata a través de sus diversos medios, lanza una dudosa Campaña Contra la Violencia Institucional” ..Pero..¿Qué es la violencia Institucional para nosotros?

Nosotros, militantes y víctimas de la política represiva del Estado, sabemos bien qué es la violencia institucional. Concreta y sencillamente, el Estado necesita de la fuerza represiva, para poder establecer las políticas de desigualdad que sostienen, propias de este sistema capitalista explotador. La única razón por la que existen policías es el control que necesitan mantener sobre los laburantes para seguir con este modelo económico y social que solo beneficia a unos pocos y castiga siempre a los mismos.

Violencia institucional son las leyes antiterroristas que persiguen a los que se organizan y luchan. Violencia institucional es que la policía fusile un pibe cada 28hs. Violencia institucional son los 70 ( en los gobiernos democráticos del 83 a 2013 )asesinados por luchar. Violencia institucional son las cárceles hacinadas de jóvenes humildes sin futuro. Violencia institucional son los sueldos por debajo de la canasta familiar de la mayoría de los trabajadores y los exorbitantes sueldos de los funcionarios públicos. Violencia institucional es no habilitar los recursos necesarios para el esclarecimiento de casos impunes. Violencia institucional es el traslado de una ciudad a otra de policías denunciados, ya sea por casos de abuso sexual, narcotráfico, gatillo fácil, etc. Violencia institucional es intentar cooptar desde el gobierno a todo espacio u organización popular que resiste al sistema. Violencia institucional es discursear sin hacer. Violencia institucional es aparatear desde el estado negando autonomía a la lucha por los derechos humanos.

Por eso, los que gobiernan (Y también es una de las consignas de esta “campaña contra la violencia institucional”) intentan culpar a su aparato represivo de las muertes de miles de pibes y pibas a lo largo del país, diciendo que la policía se auto gobierna. La “formación” policial represiva está a cargo de las instituciones que dependen del poder ejecutivo. La gran mentira se cae una vez más cuando vemos las feroces represiones que se suceden a lo largo del territorio a las personas que se manifiestan contra los gobiernos que entregan los recursos naturales y vacían la educación pública, los hospitales, privatizan, etc etc. La represión es política de Estado junto al saqueo ambiental, cultural y social al que nos están sometiendo.

En este contexto, la policía santafesina, que viene liderando los crímenes contra el pueblo desde hace años y así lo hemos denunciado sistemáticamente, que siempre han contado y cuentan con el aval y protección del aparato judicial, suma por estos días los hechos de la Comisaría de Casilda y las Comisaría 14 y 4ta. de Rosario, varios Comisarios presos por cómplices narcos, su clara complicidad con la trata de blancas, etc. sin dejar dudas respecto a quienes “nos cuidan para darnos más seguridad”.

Más allá que la práctica del gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias son patrimonio de todas las provincias, todos los gobiernos y todas las policías, es la sanguinaria santafesina la que más pibes mata en el país, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes por provincia (esto surge del archivo de casos de Correpi, donde está probadísimo que tenemos el triste privilegio de contar al 2012 con el 13% de casos del total general del país, superando a la cordobesa y a la bonaerense)

Porque, adopte la forma que adopte, las represiones siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación, decimos que: Inseguridad es más policías en las calles de nuestra ciudad, por sus conexiones con cada delito.

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