lunes, 30 de septiembre de 2013

El cáncer de la deuda pública a 30 años de vigencia constitucional

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

La cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2014 de la Argentina, y sin duda el Senado lo transformará en Ley en los próximos días.

El cáncer de la deuda pública ahoga cualquier pronóstico de perspectiva autónoma e independiente para la evolución económica del país en condiciones soberanas.

En efecto, todo el superávit primario previsto para el próximo año se esteriliza en la proyección de pagos de los vencimientos de la deuda pública, agravado si consideramos que los pronósticos en este sentido nunca se cumplen. A modo de ejemplo señalemos que en el 2013 se presupuestó un superávit financiero de 587 millones de pesos y la realidad demostró un déficit final del orden de los 44.612 millones. Para el próximo año se estima un superávit, luego del pago de deuda de unos 869 millones, que podemos anticipar será negativo en cifras varias veces superiores.

El tema de la deuda es cuento largo y viene de arrastre como herencia de la Dictadura, quienes legaron al Estado nacional una deuda por 44.000 millones dólares. Los turnos constitucionales la incrementaron gravosamente. Con Alfonsín el legado llegó a 62.000 millones de dólares, y Menem la elevó a 122.000 millones de dólares. Con De la Rúa creció hasta los 145.000 millones y la crisis del 2001 gestó la cesación de pagos (default) por 100.000 millones y el pago riguroso a los acreedores privilegiados: los organismos internacionales.

Ahora, pese a los canjes del 2005 y del 2010, el monto de deuda llega a los 209.000 millones de dólares, unos 197.500 en situación regular (performing) y unos 11.500 millones de aquellos acreedores que no ingresaron a los canjes previos y a los que se está invitando a ingresar desde que el Parlamento, mayoritariamente, oficialistas y oposición sistémica reabrieron indefinidamente el canje de deuda en cesación de pagos.

Por si esto fuera poco, según información oficial, en esta década se cancelaron más de 173.000 millones de dólares, usando parte de las reservas internacionales, mayoritariamente a acreedores externos y asumiendo nueva deuda en ámbitos del sector público, sea el BCRA, el BNA, la ANSES (administra el fondo de jubilaciones). De hecho se canceló deuda con extranjeros para asumirla el propio Estado, en desmedro de los ahorros de los trabajadores destinados a cubrir los ingresos previsionales (presentes y futuros).

Vale aclarar que al mencionar el monto de deuda pública no incluimos la deuda de Provincias o Municipios, ni los títulos emitidos por el Banco Central para regular la política monetaria. En este caso la deuda consolidada superaría los 250.000 millones de dólares, poniendo en discusión el carácter del desendeudamiento proclamado por esferas oficiales.

La deuda pública fue, es y será un cáncer que requiere ser extirpado, para lo cual se impone una auditoria a fondo, que investigue la situación integralmente y que defina la legitimidad de la misma. Claro que mientras tanto, debieran suspenderse los pagos. De este modo, se liberan importantes recursos para intentar una política soberana.

En el futuro cercano existen varias amenazas, y no solo de los llamados fondos buitres. Las empresas que demandaron a la Argentina ante el CIADI, ámbito dependiente del Banco Mundial tienen sentencias favorables por 500 millones de dólares. El sistema mundial, es decir, las principales potencias capitalistas y los organismos internacionales presionan para que la Argentina cancele esa y otras deudas que se reclaman.

El país necesita discutir si continuará en terapia intensiva por el cáncer de la deuda, o si por el contrario, extirpa de raíz un problema estructural de la economía local que condiciona la política y restringe seriamente la democracia y los derechos de la sociedad y el pueblo argentino.

Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

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El tratamiento penal de los menores y la sistemática violación de sus derechos

Alejandro Olmos Gaona (especial para ARGENPRESS.info)

Desde hace muchos años, la situación de los menores ha sido motivo de preocupación por los altos índices de delincuencia que los involucran, sin que se haya buscado algún tipo de solución a una cuestión extremadamente grave, donde todas las experiencias llevadas a cabo, han contribuido a generar condiciones para acentuar la criminalidad juvenil, sin encarar un proyecto integral que permita modificar el régimen penal de la minoridad, mediante políticas públicas, que contemplen todo lo que se ha avanzado en esta materia en una significativa cantidad de normas internacionales que se han desconocido y se han violado, afectando los derechos humanos de los menores, y sometiéndolos a condiciones que no permitan de ninguna manera su reinserción social.

Desde la lejana ley 10903, del año 1919 (Ley Agote) por la cual se creó el Patronato de Menores, estableciéndose un trato diferenciado respecto del tratamiento penal de los menores respecto del de los adultos hubo modificaciones escasas en la legislación penal, hasta que durante la dictadura, se sancionó la ley 22.278 , que con las limitadas modificaciones de la Ley 22.803, es la que rige actualmente, permitiendo un manejo discrecional del sistema penal a aplicar a los menores, sin que se observaran todas aquellos procedimientos que permitan no solo una evaluación adecuada del menor infractor, sino condiciones básicas destinadas a lograr un cambio en las conductas de los mismos a través de las pautas fijadas por convenciones internacionales que no se han respetado.

Si bien existieron algunos intentos aislados de modificar el régimen de minoridad, a través de algunos análisis que contemplaran un tratamiento más restaurativo del régimen penal, dejando la punibilidad para casos extremos, o ante constantes reincidencias, nada se hizo en décadas. Los institutos de menores, pasaron a ser verdaderas escuelas de delincuentes, donde al rigorismo extremo en los tratamientos, se sumaba la total falta de diferenciación entre primerizos y reincidentes. Solo se trataba de encarcelar al menor, sin que existiera un régimen orgánico para su resocialización, utilizando técnicas adecuadas, educación intensiva, tratamientos psicológicos y todos aquellos elementos que pudieran resultar de utilidad, para evitar que se volviera a delinquir. Además el régimen penal era primariamente punitivo, y aunque en la ley 22.278, estaban fijadas algunas pautas respecto de un tratamiento tutelar, todo ello no pasaba de ser una mera enunciación de deseos que en la práctica no se llevaba a cabo.

El 14 de Julio de 2006 se presentó el 1er. Informe Nacional sobre Chicos Privados de la Libertad, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos y Unicef. Dicho informe arrojó datos alarmantes: más de veinte mil niños y adolescentes están recluidos. El 87,1% del total, los niños, niñas y adolescentes se encuentran bajo una medida judicial y/o administrativa, debido a una causa “no penal” (causa de las denominadas “asistenciales” o “de protección”), es decir que sólo el 13% está detenido por hechos delictivos

En otros informes posteriores, estas cifras no han tenido variantes significativas, debiendo tenerse en cuenta que según informe de la Unicef “la prisión, en sí misma, es problemática, pues la violencia es bastante frecuente en las cárceles y los centros de detención.

En los entornos urbanos marginales, los niños encuentran en las bandas un sentido de identidad, pertenencia y protección, así como también recompensas económicas. Los que han vivido y crecido en condiciones de pobreza y con pocas oportunidades para salir del desempleo llegan a la conclusión de que les será casi imposible asegurarse un futuro o mantener a sus familias. Abandonan la escuela, desilusionados porque no les brinda herramientas para mejorar su situación. En las zonas urbanas donde el Estado no presta servicios esenciales como agua salubre, electricidad o gas, atención sanitaria, vivienda, educación o protección jurídica, las bandas muchas veces llenan ese vacío”.

En otras palabras, el 87% está bajo un régimen de encierro no por la comisión de un hecho delictivo sino como consecuencia de situaciones de carencias socio-económicas. A ello debe añadirse que la infraestructura carcelaria es deficiente, que la promiscuidad y el hacinamiento son moneda corriente y todo ello contribuye a crear circuitos potencialmente peligrosos que redundan en un aumento de la delincuencia juvenil, sin que existan políticas de prevención, tratamientos para reinserción de los menores delincuentes y establecimientos adecuados, con personal entrenado para socializarlos. Como dato meramente informativo podemos indicar que en la ciudad de Buenos Aires, Institutos como el Agote, Roca y el Belgrano, se encuentran superpoblados, lo que contribuye a que no se puedan efectuar tratamientos que podrían resultar de utilidad para la resocialización de los menores.

El Servicio Penitenciario Federal, es una institución que hace más de cincuenta años se maneja con las mismas pautas y donde se viola sistemáticamente el derecho de los seres humanos confiados a su custodia, sin que nada de lo que allí ocurre importe a la sociedad, que ocasionalmente se entera de alguna fuga o de algún hecho de violencia que haya ocurrido en sus siniestros establecimientos que violan expresamente la Constitución que establece que: Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.”

Como diría Giorgio Agamben, vivimos en la ilegalidad y la legitimidad de los actos no existe. Se entra en la normalidad del fraude a la Ley, como si fuera algo natural. Los penitenciarios utilizan la violencia contra los presos, ultrajan a sus familias cuando los visitan, los someten a castigos de toda índole, mientras los jueces encargados de cumplir la Ley nada hacen y se hacen cómplices de delitos que nadie castiga, porque forman parte de la normalidad del sistema.

Hace unos días, varios integrantes de la Cámara de Casación Penal de la Nación, encontraron en calabozos de castigo de la cárcel de mujeres de Ezeiza a una mujer golpeada, además de otras salvajadas propias de la habitualidad penitenciaria. A los pocos días otros jueces penales, mediante una visita imprevista al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, encontraron en celdas a numerosos detenidos que en casi tres meses habían estado encerrados en las mismas, en condiciones infrahumanas, y sin poder salir de ellas. Fuera del relevo del Director del Penal, ordenado por el Director del Servicio Penitenciario, a ningún Juez de la Nación se le ocurrió hacer la denuncia penal respectiva, lo que los hace cómplices del delito allí cometido. Y estos casos se repiten sistemáticamente en los institutos de menores, con lo que eso significa para el futuro de los allí alojados, y en clara violación a la ley y a la Constitución.

La Oficina de Estadísticas y Política Criminal de la Procuración General de la Nación, ha mostrado a través de algunas investigaciones, una serie de datos que resultan reveladores de las distintas conductas delictivas, que nada tienen que ver con lo que generalmente se puede leer en los diversos medios de comunicación.

Se ha podido establecer que en las franjas etarias de menores entre 17 y 15 años el 41% se trata de robos simples y el 21% de hurtos simples. Es decir que entre ambas categorías el porcentaje alcanza al 62% de los delitos cometidos por menores, siendo nada más que el 17% el que se comete con armas. También la Procuración muestra que el 84% se trata de delincuentes primarios y solo el 16% de reincidentes.

El estrato social de los menores imputados es medio-bajo y bajo, con niveles de instrucción precarios, ya que solo el 40% tienen instrucción primaria y solo el 22% instrucción secundaria.

Los delitos contra la vida o en ocasión de robo resultan insignificantes en la proporcionalidad comentada, ya que la mayor parte de los encausados lo han sido en ocasión de robo o hurto.

La delincuencia juvenil, solo es materia de tratamiento, ante algún hecho de violencia extrema, donde generalmente aparecen proyectos que tienen como único objetivo la punibilidad, y se esgrime la necesidad imperiosa de bajar la edad de imputabilidad, como si ello fuera suficiente para terminar con el delito. Como señalara el penalista García Méndez: “el tema de la delincuencia juvenil es de carácter cíclico. Aparece y desaparece de la agenda política y social con relativa facilidad…En el caso específico de la delincuencia juvenil, la ausencia prácticamente absoluta de cifras más elementales sobre el tema, explica en buena medida el alto nivel de manipulación informativa. En el contexto de este vacío de información cuantitativa, los medios de comunicación sustituyen la ausencia de información estadística con frases tan precisas como el aumento alarmante de la criminalidad juvenil, frases a partir de las cuales se construye la política criminal en este ámbito específico….” Y ello supone que no se lleve a cabo
una política de minoridad, que además de cumplir con los diversos tratados internacionales, tenga como objetivo fundamental la reinserción y no exclusivamente la punición, sin dejar de tener en cuenta, la necesidad de establecer adecuadamente pautas de punibilidad a aquellos delincuentes que se encuentran entre los 16 y 18 años.

La Doctrina de Protección Integral de los Derechos del Niño, comenzó a tener vigencia a partir del año 1989 cuando fue ratificada la Convención Internacional de los Derechos del Niño, cumpliéndose así con las decisiones de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la UNICEF.

Esa doctrina tiene como instrumentos jurídicos actualmente:

1) La Convención Americana de Derecho Humanos

2) La Convención sobre los Derechos del Niño

3) La Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y Bienestar de los Niños

4) Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de su Libertad.

5) Las Reglas de Beijing

6) Las Directrices de Riad

7) La Opinión Consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos OC-17/2002 sobre la Condición Jurídica y Derechos Humano del Niño.

8) La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina.

Todos estos elementos jurídicos sumados a otros relacionados con las garantías que deben tener los niños durante el debido proceso, han configurado nuevos modos de enfocar la problemática de los menores delincuentes, con el objeto, de no limitar el tratamiento de los mismos, a la simple punibilidad, sino a atender a principios superiores que están relacionados con una justicia restaurativa, que permita una visión integral sobre todos los procesos que se lleven a cabo, utilizando todos los recursos del Estado para disminuir las infracciones a la ley penal, a través de un sistema diferente que contemple el interés superior del menor y no su irremisible castigo. Lamentablemente y a pesar de algunos esfuerzos aislados, nada se ha hecho sobre esta cuestión y el hecho de que el régimen penal de la minoridad sea una Ley de escueto articulado, violatoria de las normas internacionales mencionadas es un claro ejemplo de lo que planteo.

De lo que se trata es de considerar que el menor es una persona en desarrollo, que está condicionado por numerosas circunstancias sociales, familiares, educativas, que pueden inclinarlo a la comisión de actos delictivos. No resulta admisible que a los menores de 18 años, se les dé el mismo tratamiento que a los adultos, y que los encargados de su eventual vigilancia no tengan la preparación adecuada para el sector al que están destinados, manejándose con los mismos parámetros que con los adultos, con los riesgos y peligrosidad que ello significa.

No resulta fácil hacer consideraciones tajantes sobre la imputabilidad teniendo en cuenta nada más que la edad del sujeto, sin considerar un enorme conjunto de circunstancias que se encuentran relacionadas que tienen que ver con su medio social, educación, grupo familiar, situación económica, haciendo abstracción de la misma para solo fijarse en las determinadas categorías del delito que se le imputa. En toda esta problemática referida a la actividad delictiva de los menores, las soluciones se buscan desde las consecuencias de la actividad delictiva, si ir a las causas de la misma, y tratando de incentivar el rigorismo penal, como única salida para terminar con la misma.

De acuerdo con esa rígida concepción del derecho penal, se evalúan las posibilidades de bajar la edad de imputabilidad, y el endurecimiento de las penalidades, sin tomar en cuenta no solo la experiencia desarrollada en otros países, sino las nuevas concepciones sobre cómo debe tratarse a los menores delincuentes y las normas internacionales sobre la materia que son absolutamente desconocidas en el sistema penal de la minoridad que rige actualmente.

Es importante puntualizar que el régimen penal indicado, es violatorio de la Convención Americana sobre derechos Humanos y de la Convención de los Derechos del Niño, todo lo cual fue puesto de manifiesto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano del 14 de mayo de 2013, en la que condenó al Estado Argentino por violación de los derechos humanos de menores, y determinó que el Estado argentino “ debe adecuar su ordenamiento jurídico interno de conformidad con los parámetros establecidos en la sentencia” (CIDH, Mendoza y otros vs. Argentina). En el extenso fallo la Corte Interamericana fue mostrando minuciosamente todos los incumplimientos del Estado, en su obligación de tener una justicia de menores, acorde con los estándares internacionales, mostrando además la inconsistencia de las alegaciones presentadas por el gobierno nacional en su defensa. Al respecto estimo fundamental transcribir parte de la resolución final de la sentencia, para mostrar la necesidad imperiosa de modificar el actual sistema penal de menores que es el propósito del presente Proyecto de Ley. Sostuvo la Corte Interamericana que: “20. El Estado deberá ajustar su marco legal a los estándares internacionales señalados anteriormente en materia de justicia penal juvenil, y diseñar e implementar políticas públicas con metas claras y calendarizadas, así como la asignación de adecuados recursos presupuestales, para la prevención de la delincuencia juvenil a través de programas y servicios eficaces que favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, Argentina deberá, entre otros, difundir los estándares internacionales sobre los derechos del niño y brindar apoyo a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables, así como a sus familias, en los términos de los párrafos 321 a 325 de esta Sentencia. 21. El Estado deberá asegurar que no se vuelva a imponer las penas de prisión o reclusión perpetuas a César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza, ni a ninguna otra persona por delitos cometidos siendo menor de edad. De igual modo, Argentina deberá garantizar que las personas que actualmente se encuentren cumpliendo dichas penas por delitos cometidos siendo menores de edad puedan obtener una revisión de las mismas que se ajuste a los estándares expuestos en esta Sentencia, en los términos de los párrafos 326 y 327 de la misma. 22. El Estado debe, dentro de un plazo razonable, adecuar su ordenamiento jurídico interno de conformidad con los parámetros establecidos en esta Sentencia sobre el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior, en los términos de los párrafos 329 a 332 de esta Sentencia. 23. El Estado debe implementar, en un plazo razonable, si no existieran actualmente, programas o cursos obligatorios sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y de la niñez, incluyendo aquéllos relativos a la integridad personal y tortura, como parte de la formación general y continua del personal penitenciario federal y de la Provincia de Mendoza, así como de los jueces con competencia sobre delitos cometidos por niños, en los términos de los párrafos 333 a 337 de esta Sentencia. 24. El Estado debe investigar por los medios judiciales, disciplinarios o administrativos pertinentes, los hechos que pudieron contribuir a la muerte de Ricardo David Videla en la Penitenciaría de Mendoza, en los términos de los párrafos 338 a 341 de esta Sentencia….27. El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 28. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el mismo”

No debemos omitir los esfuerzos realizados para la defensa de los menores, llevada a cabo por el Ministerio Público de la Defensa, en la persona de su titular, la Dra. Stella Maris Martínez, que tuviera una destacada intervención en el Juicio, y que informó a los distintos bloques sobre los alcances de la sentencia, para que se pudieran adoptar las medidas que resultaren necesarias para adecuar la legislación sobre régimen penal de menores.

No pretendo en modo alguno exculpar al menor delincuente, ni crear privilegio procesal alguno, sino solo mostrar una visión diferente a la ley que rige actualmente, que fuera producto de una dictadura sangrienta, para la cual no existían diferencias significativas entre menores y adultos, estableciéndose criterios inaceptables para el tratamiento penal y procesal de los mismos, donde los menores tenían menos derechos, y estaban sometidos a decisiones discrecionales de la autoridad pública.

Se trata de plantear un modelo penal diferente, fundado en la normativa internacional, en criterios de una justicia restaurativa de derechos y en el cumplimiento de lo que señala nuestra Constitución Nacional, nada más que eso, que no es poco.

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La “calidad” del crimen educativo

Andrés M. Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Educación para Todos (EPT) y aprendizajes por competencias y de calidad es la propuesta pedagógica de la plutocracia. Macri, Bullrich, Fernández, Sileoni, Bonfatti, Balagué, dan lo mismo.

Con todo, una tarea fundamental en estos tiempos es comenzar a desentrañar el sentido común “educativo” que nos impusieron los gobernantes y las corporaciones.

Qué significa educación de calidad… es una pregunta más que importante. Proveniente del ámbito empresarial quizás dicha categoría represente el enfoque más adecuado a los intereses del dinero concentrado. Competencias, destrezas, actitudes y saberes con obediencia y “productividad” es lo que demandan comerciantes, bancarios e industriales. El sistema escolar convertido en valor agregado para la economía capitalista.

El profesor y periodista Juan Carlos Sánchez es terminante: “La calidad educativa solamente busca fomentar conductas que permitan la supervivencia del sistema actual para beneficios de esos pocos (1)”.

Pocos que son la plutocracia y sus gerentes que destinarán 23.000 dólares por minuto para pagar deuda pública durante el 2014 (2).

Semejante entramado (crimen educativo y vaciamiento cultural como continuidad del terrorismo de Estado 1976-83) no es fácil de explicar y menos que obtenga buena recepción en la sociedad.

No obstante, una selección de párrafos escritos por la ex ministra de educación Susana Decibe sirven como pruebas del delito. La neoliberal ex funcionaria sentenció recientemente en Perfil: “En ese congreso (1984-1988) (…) se produjeron los diagnósticos y acuerdos fundamentales que dieron sustento a la tarea legislativa y alimentaron los apasionados debates previos a la sanción de la Ley Federal de Educación (1988-1993) (…) Había compartido la campaña (Kirchner 2003) redactando las líneas fundamentales de la política educativa que se prometía, y asumía como ministro de Educación Daniel Filmus, un compañero político y colega de aquellos equipos de trabajo. Sin embargo, no fue así. El presidente Néstor Kirchner, con escasa base política en ese momento, priorizó una alianza con el poderoso gremio docente y Ctera logró finalmente que se derogara la Ley Federal de Educación. La nueva ley no contradijo a la anterior sino que la enriqueció e introdujo, en otro formato, todos los acuerdos de política del Consejo Federal de Educación logrados en la década anterior (3)”.

En síntesis: desde Pedro Bruera hasta Alberto Sileoni lo que existe es la coordenada de reformas y metas educativas con un único sentido y anhelo: educar para la heteronomía social. En otras palabras (y muchos más solemnes): “gobernar la educación para la economía de mercado”. Lo antedicho por una de las “reformistas” y “ejecutora” así lo demuestra.

Coordenadas con un único sentido…

Por eso, cada vez que escucho o veo hablar de la “calidad educativa y la EPT”… además de rabia; fluye la necesidad urgente de narrar los hechos y protagonistas de un crimen educativo que no puede quedar impune.

Debemos liberarnos de los discursos y las prácticas del amo. Hagamos de las “escuelas de calidad” otras muy distintas: donde colectivamente vaya naciendo la rebeldía intergeneracional que crea en la utopía y la solidaridad.

A parir la democracia, en definitiva.

Notas:
1) Entrevista del Libro La democracia entre preguntas. Andrés Sarlengo. 2009.
2) Presupuesto 2014: Más para pagar deuda que para salud y educación. Fabiana Arencibia (RED ECO). 20-09-2013
3) Educación: diez años de mucho relato y poca acción. 14-09-2013.

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Argentina, Córdoba: “El escándalo de la narcopolicía hiere de muerte el proyecto presidenciable de De la Sota”

Katy Garcia (PRENSA RED)

Juan Carlos “Pipón” Giuliani, afirmó que “De la Sota está mostrando con estos hechos los mismos signos de fatiga, de degradación, que tuvo el tercer mandato de (Eduardo César) Angeloz que sabemos como terminó”. Señaló que el narcotráfico “echó raíces en Córdoba con la complicidad de sectores políticos y judiciales” y analizó que la crisis institucional le restará votos en octubre y que su ambiciones de disputar en una interna con Scioli y Mazza la candidatura presidencial están seriamente condicionadas.

El secretario de Relaciones Institucionales de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y candidato a diputado nacional por la Corriente Unidad Popular, presidió el Trigésimo Congreso Provincial de Trabajadores de Prensa que se realizó en la ciudad de La Carlota del 26 al 28 de septiembre pasado. El periodista que fue reconocido por sus colegas en la apertura del encuentro dialogó con PRENSARED sobre la coyuntura política.

Directo y “provocador” como le gusta definirse opinó sobre los últimos acontecimientos que envuelven al gobierno provincial tras las denuncias realizadas por el periodista Tomás Méndez, en su programa ADN. Cargó además con “uno de los monumentos de la corrupción” aludiendo a la construcción de la Central Eléctrica de Pilar y reclamó que algún fiscal se anime a investigar. Como remedio a la mordaza, propone avanzar en una legislación que democratice la distribución de la pauta publicitaria oficial. Opinó que el escándalo protagonizado por la cúpula policial que se llevó puesto al ministro de Seguridad, Alejo Paredes y a la plana mayor de la Policía también horada las aspiraciones presidenciales del gobernador José Manuel de la Sota.

- ¿Cómo observa la situación política provincial tras las denuncias periodísticas de ADN?

La provincia está conmocionada por un escándalo que lo único que ha hecho es hacer emerger la punta de un iceberg sobre el que todos tenían percepciones o indicios pero que nunca había aparecido de la manera brutal con que lo hace ahora. El escándalo de la narcopolicía deja bien claro que sin la participación de sectores políticos y de la justicia y con la policía actuando como articuladora el narcotráfico no habría echado raíces en Córdoba.

- ¿Varias cuestiones y acusaciones han desgastado al gobierno?

Es explosivo como también lo es haber sub ejecutado la recaudación obtenida por la aplicación del impuesto al fuego y luego se anduvo penando para terminar con los incendios en las sierras. Y si a eso le sumamos que no se ha ejecutado un solo peso del presupuesto adjudicado al Plan de Prevención de la Drogadicción en una provincia que según vemos está dominada por el narcotráfico las complicaciones son más complejas y difíciles. Y ni hablar si un fiscal se pone los pantalones y empieza a indagar sobre ese monumento a la corrupción que es la Central Eléctrica de Pilar para la EPEC que se construyó con un acuerdo provincial con Electroingeniería, con unos costos que son inexplicables que no tienen relación con el presupuesto original. Con esto quiero decir que el gobierno de De la Sota está mostrando con estos hechos los mismos signos de fatiga, de degradación, que tuvo el tercer mandato de (Eduardo César) Angeloz que sabemos que terminó. De la Sota tuvo dos mandatos, le siguió el interregno de (Juan) Schiaretti y en el tercero está demostrando que se ha quedado prácticamente sin iniciativa política y sin esa cintura que tenía para responder a los escandaletes que sufrió en épocas pasadas. Y hoy pretende negar la realidad con frases de ocasión y la gente le cree menos.

- ¿Qué impacto electoral puede tener esta situación en octubre?

Le va a restar un par de puntos. Tampoco creo que vaya a cambiar la fotografía de las Paso del 11 de agosto; si creo que esto hiere de muerte el proyecto de nacionalizar su candidatura presidencial porque lo deja muy rezagado respecto a quien serían sus supuestos contendientes en una interna del Partido Justicialista (JP) que serían Mazza y Scioli. Y, por otro lado, habrá que pensar, seriamente, como termina su mandato si esta situación se profundiza viendo las señales de hartazgo y de cansancio que existen con este gobierno. Recordemos como terminó Angeloz y que después vino (Ramón) Mestre a hacer de bombero con un ajustazo infernal que le costó que tuviera una sola gestión perdiendo a manos del actual gobernador.

- ¿En este panorama de crisis qué debería hacer el campo popular?

Creo que son momentos difíciles, convulsionados, de mucho vértigo, donde los trabajadores y el movimiento popular tendremos que hacer grandes esfuerzos para abandonar nuestro tradicional y secular sectarismo y hacer todo lo que haya que hacer para conseguir niveles de unidad en la diversidad importantes, para encarar con éxito, para interés del pueblo y de la sociedad, esta situación de crisis.

-La crisis institucional desnudó la mordaza aplicada a través de la distribución de la pauta oficial y en varias ciudades denunciaron que no pudieron ver Canal 10 durante la emisión del programa ADN. ¿Qué opina?

En Río Cuarto no se vio nunca el programa y tampoco en amplias zonas de la provincia donde el canal de los Servicios de Radio y Televisión nunca no se ha visto por decisión de los canales abiertos de la zona. A mí no me cabe duda que en el caso de Rio Cuarto se debe a que Imperio Televisión, cuyo propietario es Ricardo Nosiglia – hermano del Coti conocido personaje del radicalismo porteño- pretende tener el monopolio absoluto de la información y la comunicación televisiva en la zona. Por esa razón, no se sube a la grilla de Cablevisión de Clarín ni de Supercanal de Vila Manzano. Ahora, que no se haya visto canal 10 en parte del interior de la provincia no quiere decir que no se sepa.

- Cablevisión tampoco ha incorporado como se lo ordenó la Justicia la señal universitaria Cba 24n. ¿Algo similar ocurre en su ciudad?

Es así. En Río Cuarto, el Canal 4 de Televisión, que cuenta con un plantel de 22 compañeros trabajando todos bajo el convenio Colectivo de Prensa como corresponde, solo puede verse por canal abierto porque ni los cables nombrados ni la señal satelital Directv lo han incorporado en sus grillas en lo que constituye un hecho de discriminación importante.

- Por estos días se ha conocido como se reparte la torta publicitaria oficial. Se trata de cifras millonarias que benefician a los grandes grupos. ¿cómo ve este problema?

La utilización de la pauta publicitaria oficial como elemento de domesticación de los medios y de los trabajadores de prensa en particular la utilizan los municipios, los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Por eso, nosotros venimos reclamando que haya una ley para la democratización de la pauta publicitaria porque, además, son bienes públicos. No estamos hablando de favores del gobierno. No puede ser que le entreguen más de 30 millones de pesos al diario La Voz del Interior porque lo trata con guantes de seda y no se le dé un peso a los medios que tiene una visión crítica sobre el gobierno. Lo mismo pasa en las municipalidades. Es una vergüenza la forma en que manipulan, discriminan y segregan utilizando un instrumento que –insisto- está financiado por el conjunto de los ciudadanos vía el pago de impuestos.

¿Qué hacer?

Hay que avanzar rápidamente en dos cuestiones. Primero, respecto al acceso a la información y segundo en cuanto a la distribución equitativa de la pauta oficial. Habría que lograr acuerdos que vayan desde la periferia al centro, de las partes al todo, comenzando por los municipios para después con fuerza y capacidad avanzar hacia una ley provincial. Pero, convengamos que cuando De la Sota con la excusa de economizar gastos convierte a la legislatura en Unicameral la transformó en una escribanía que levanta la mano. Fíjense que Córdoba tiene escrita una cláusula de gobernabilidad del sistema para que todo se mantenga igual. Si un partido gana por un voto se queda con más del 50 por ciento de los legisladores, lo cual resta posibilidades de debate y de discusión.

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Bienes comunes y modelo productivo: “Tengan cuidado porque nosotros estamos de pie, tengan cuidado y pongan el oído en el pueblo”

Alicia Rivas Zelaya (ACTA)

La marcha por el Sí a la Vida, los Ríos libres y el No a las Represas encendió el alerta misionero en defensa del agua, de la tierra, del medio ambiente sano y del derecho a seguir existiendo. Miles de ciudadanos llegaron hasta la plaza 9 de Julio de Posadas y ocuparon el centro de la ciudad por horas para exigir Plebiscito Ya. Repudiaron la actitud prepotente y autoritaria del gobierno provincial y nacional de avanzar con el proyecto de Garabí violando las leyes vigentes. Repudiaron también el intento de deslegitimar la marcha.

“Hay que ser rebeldes frente a la injusticia, tengamos la rebeldía de luchar por la vida, la dignidad y el derecho de nuestros pueblos”, fue el mensaje del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presente en la Marcha.

Miles de personas recorrieron este sábado el último tramo de la Marcha por el Sí a la Vida, No a las Represas que llegó ayer a Posadas tras 157 kilómetros de conmovedora caminata. Seis días que sirvieron para poner en la agenda pública y hacer visible el reclamo de los misioneros que quieren expresar un nuevo NO a las mega represas, un NO esta vez al proyecto hidroeléctrico de Garabí-Panambí.

“Hace mucho tiempo no sentía tanta emoción, me llevaba a recordar aquel 16 de octubre de 1995 cuando en una plaza de Corpus plantamos un árbol con quien hoy está aquí también con nosotros, nuestro premio Nobel de la Paz. Eso indica la coherencia, la sensibilidad y el gran trabajo que se viene haciendo desde hace años. Estamos los mismos, con un poco más de canas, un poco más de arrugas pero siempre firmes con la convicción de que queremos otro modelo de país, otro modelo de provincia donde la dirigencia política tome decisiones de acuerdo a lo que la gente quiere y no de acuerdo a los intereses de las grandes multinacionales”, gritó Rulo Bregagnolo en la esquina más céntrica de la ciudad en medio del acto que marcó el inicio de otra etapa de esta Marcha.

El cansancio de los días de caminata más la preocupación por la intensa lluvia que por momentos pareció iba a complicar el ingreso a Posadas, se disipó a medida que los manifestantes se iban encontrando con vecinos y organizaciones que a pesar del clima los esperaban en esquinas, plazoletas, rotondas, para acompañar el último tramo de la marcha.

De pronto la Avenida Uruguay, principal acceso al centro de Posadas se pobló de marchantes, con sus carteles coloridos, la bandera de la marcha, repleto de firmas que rechazan las represas y exigen el plebiscito para poder expresarlo, muñecos, disfraces, murgas, fueron llegando para confirmar que esta no fue una movilización más. “Esta es una marcha conmovedora, es de todos, es nuestra manera de decir que estamos de pie y no vamos a permitir que nos inunden nuestras casas, nos sigan enfermando, nos sigan contaminando, y se sigan robando el futuro de nuestros hijos y nietos”, dijo Juan Yahdjian médico ambientalista agarrado al cartel que acompañó todo el recorrido de esta Marcha.

“Este es un tramo de una marcha que en realidad no comenzó el 23 como estaba en los volantes, esta es una marcha de hace muchos años cuando los misioneros comenzamos a darnos cuenta del engaño que no habían producido con la construcción de Yacyreta, cuando empezamos a sentir en carne propia los efectos devastadores de la represas, cuando todos pudimos informarnos y empezar a luchar primero por los afectados directos, nuestros queridos desplazados de Yacyretá que fueron llevados a guetos , donde se los abandonó y nunca se les solucionó ningún tipo de problemas, ellos también están acá” agregó Eduardo Luján desde la Mesa Provincial en referencia a los afectados que también caminaron está marcha para recordar por si alguien pretende no hacerlo que Yacyretá es uno mejores argumentos para decir NO más represas en Misiones.

Luján advirtió además “esta marcha va a terminar el día que tengamos una ley que definitivamente prohíba las represas en Misiones. Cuando eso ocurra vamos a estar tranquilos porque habremos logrado nuestro principal objetivo preservar nuestra provincia para nuestros hijos, nuestros nietos, para el futuro”.

De esta marcha participaron vecinos de Puerto Maúa, Alecrín y otras localidades brasileñas que también serán afectadas si avanza la construcción de la represa de Garabí. Además de referentes nacionales de diferentes luchas que trajeron la solidaridad y el compromiso de instalar este NO misionero en todo el país. Los mbya de nuestra provincia en su propio idioma también dijeron que no quieren más despojo y más muerte sobre sus territorios.También estuvieron presentes los vecinos paraguayos con quienes compartimos las afectaciones por Yacyretá.

“El Río no nos divide nos une, la lucha del pueblo es la misma, somos los mismos hijos de tierra que estamos sufriendo la amenaza de las grandes empresas que actúan en América Latina y todo el mundo, para robar y para saquear las riquezas de nuestros países. Son los mismos enemigos y también es el mismo pueblo que va a enfrentar a esos enemigos” remarcó un integrante de la Movimiento de Afectados por las Represas de Brasil, el MAB y agregó que para ellos es fundamental el plebiscito de Misiones, “en Brasil no tenemos la posibilidad del plebiscito como tienen ustedes acá. Precisamos muchos de este plebiscito. Es de extrema importancia la participación del pueblo, la consulta la pueblo para fortalecer la democracia”.

“El Río, el Río, el Río no se toca que Mauri y Cristina no nos rompan las pelotas”.

En el cierre de la Marcha hubo fuertes críticas a la actitud del gobierno provincial de intentar reflotar cada tanto los proyectos hidroeléctricos a pesar de las consecuencias que ya se demostraron trajo la construcción y el llenado del embalse de Yacyretá y el rechazo contundente al proyecto de Corpus que se expresó en el plebiscito de 1996 donde más del 80 por ciento de los que votaron le dijeron NO a Corpus en cualquiera de sus emplazamientos.

“Ustedes fueron elegidos por los misioneros para cuidar lo que es nuestro. Ustedes no fueron elegidos para destruir lo que es nuestro. Tengan cuidado porque nosotros estamos de pie, tengan cuidado y pongan el oído en el pueblo”, advirtió María Alves enfermera de Puerto Azara una de las voces de alarma que encendió la lucha en contra de Garabí hace unos 5 años cuando empezó a reinstalarse fuertemente la intención de construir esta mega obra.

“Empezamos a levantar tanto la voz que Misiones entera nos escuchó, y empezamos a levantar tanto la vos que la argentina toda nos escuchó, pedimos nuestro derecho a conservar nuestra tierra y nuestra naturaleza somos un mar de misioneros exigiendo nuestro derecho” agregó María y advirtió además que tenemos como ciudadanos la responsabilidad de defender y preservar nuestros territorios para las generaciones que nos siguen. “Nosotros los misioneros tenemos una responsabilidad de preservar lo que es nuestro, para nuestros hijos, porque el día de mañana nos van a reclamar, nos exigirán, debemos liberar esta provincia de todo lo que nos vasalla. Estamos a mitad de camino. Vamos a seguir hasta que nuestros Ríos sean libres definitivamente.”

“No vamos a votar por ningún partido que este a favor de la Represa”

Raúl Aramendy uno de los coordinadores de esta marcha fue el encargado de cerrar el acto. Recordó que la Mesa ya presentó la semana pasada su proyecto de ley exigiendo se convoque a plebiscito para el 13 de abril del 2014. “No queremos dilaciones, no queremos engaños, queremos votar”, dijo.

Aramendy agradeció a todos los hicieron posible esta movilización “que involucró a más de 10 mil misioneros, que participaron de diferentes formas y que hoy son parte de esta gesta”.

“Esta es una marcha que no tiene dueño, es de todos” sostuvo el referente local del SERPAJ e integrante de la Mesa por el No a las Represas y recordó especialmente a quienes vienen impulsando otras formas de producción energética.

“No podemos olvidar a todos los que nos vienen mostrando como Erick Barney que hace años, años viene diciendo hay otras formas de hacer energía, sana, limpia sin consecuencias sociales, sin consecuencias económicas, sin consecuencias para la tierra, ecológicas” y advirtió además que en la costa del Río Uruguay sus pobladores no están dispuestos a permitir que se inunde sus casas, sus chacras. “el río Uruguay se está llenando de autoconvocados que lo van a defender a muerte, este es el pueblo misionero que cuando se pone de pie nada ni nadie lo va poder detener”.

Aramendy repudió además al intento, del oficialista Frente Renovador, de deslegitimar la Marcha y el reclamo por el plebiscito diciendo que es una movida de campaña de la oposición, “la mesa provincial del No a las Represas que ya cuenta con 41 organizaciones, ninguna de las 41 es un partido político aunque al Sr. Rovira le salga urticaria, Rovira ha tratado de chantajearnos, como él vive de campaña ha dicho que lo nuestro era campaña de la oposición. Nosotros hacemos campaña para que se pare la represas, la mayor parte de los partidos políticos ya se han expedido en contra de la represas solo uno partido el de Rovira y el de Closs – El Frente Renovador- está a favor de las represa.” Anticipó además que en esta campaña rumbo a las legislativas de octubre buscarán a todos los candidatos a diputados nacionales para pedirle que expresen abiertamente su postura en relación a las represas. “Vamos a ir a pedirles que se saquen una foto diciendo que están en contra de la represa y no vamos a votar a ningún candidato que esté a favor”, advirtió.

“La lucha de todos”

Durante los 6 días que duró la Marcha, la solidaridad de gran parte de las organizaciones sociales, gremiales, ambientalistas y de derechos humanos se hizo presente a través adhesiones y además de la participación directa de referentes que caminaron varios de los 157 kilómetros que recorrieron desde el lunes hasta ayer.

Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, Jorge Nahuel dirigente de la confederación Mapuche de Neuquén, Pablo Michelli secretario General de la CTA, Víctor De Gennaro diputado nacional por la Unidad Popular, entre otros estuvieron en el cierre de la movilización y se comprometieron a llevar nacionalizar y hacer visible en todo el mundo esta campaña por el NO a las represas. Otros tantos formaron parte de tramos de esa marcha.

“Nos sentimos, a pesar a de la distancia, totalmente unidos con las banderas que Uds. levantan. Nosotros estamos diciendo al igual que Ustedes. Si a la vida, si al agua, no a la muerte que generan estas multinacionales que quieren invadirnos. La lucha es una sola, estamos luchando por la Vida, por el agua. NO a las Represas, No a Chevron va a ser nuestro lema a partir de ahora” destacó Nahuel y llamo a consolidar una red de solidaridad fuerte con las organizaciones sociales, gremiales, ambientales, de derechos humanos para enfrentar y “torcer el brazo a todos estos impunes que aplican el abuso de poder permanentemente”.

“No hay que permitir que nos dividan necesitamos la unidad para decir no al negocio de la muerte” agregó Víctor de Gennaro que al igual que gran parte de los oradores recordó y homenajeo al obispo emérito Joaquín Piña, quien fue uno de los impulsores del NO a Corpus y presidente honorario de la Mesa por el NO a las Represas.

De Gennaro remarcó además que un nuevo plebiscito servirá para ratificar la decisión que tomaron los misioneros de decir ninguna mega represa más. “Cuando los pueblos empiezan a olfatear que son importantes sus decisiones para la nación no le escatiman esfuerzo vamos a ganar el plebiscito porque son un ejemplo de lucha para la nación argentina y la vanguardia por la lucha en defensa del agua”.

“La paz no se regala”

La presencia del premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel significó un gran apoyo a la decisión de la mesa de Marchar pero también un gran impulso para que cada vez más sectores se animen a expresar activamente el NO a las Represas. Pérez Esquivel cuestionó la ausencia del gobernador Maurice Closs y remarcó que si solo escucha el reclamo los intereses que están a favor de Garabí está traicionando al pueblo que lo votó.

“Me extraña mucho y tengo que decirlo que aquí no esté el gobernador en este acto. Su ausencia nos está diciendo algo muy serio que no está sirviendo al pueblo sino a los intereses económicos. Tenemos que reflexionar porque si elegimos los gobernadores que deberían gobernar para el pueblo y sin embargo están al servicio de las multinacionales eso tiene un nombre compañeros. Están traicionando al pueblo” apuntó el premio Nobel de la Paz subido a un improvisado palco en las intersecciones de las calles Bolívar y Colon de Posadas.

“Decimos No a las Represas si a la vida, hay posibilidades energéticas para poder sustentar las economías regionales de las provincias, hay que preguntarse por qué no las quieren que negociados hay detrás de las represas”, y anticipó que esta lucha de los misioneros va a convertirse en una campaña internacional de denuncia.

Pérez Esquivel cerró su intervención invitando a la rebeldía, a ponerse de pie y pelear por los derechos. Hay que ser rebeldes frente a la injusticia, no bajemos los brazos tengamos la rebeldía de luchar por la vida, la dignidad y el derecho de nuestros pueblos.

Después de las voces la plaza se llenó de color y música. Eduardo Sánchez interpretó en vivo lo que se ya se considera el himno de la marcha. El Sapucay costero, con el los caminantes arrancaron el lunes la movilización, después La murga del Tomate de Eldorado le puso ritmo al mismo reclamo: No a las Represas, siguió s un grupo de raperos de Azara que improvisó por qué es necesario gritar Si a la Vida, No a la Muerte.

La plaza y ese micro centro se fue despoblando, cada participante se llevó acuesta la consigna que grito María Alves,” llevemos esta lucha a nuestras casas, a nuestros barrios a nuestras comunidades, tenemos una responsabilidad como misioneros defender la vida”. Resuenan también el “Alerta, Alerta, Alerta que camina la lucha misionera en defensa de la Argentina”. “El Río, el Río, el Río No se toca, que Mauri y Cristina no rompas las pelotas”…

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Argentina: Comenzó el juicio ético y popular contra las corporaciones de la Ciudad de Buenos Aires

LA RETAGUARDIA - RED ECO ALTERNATIVO

La audiencia inicial se realizó este miércoles 25 de setiembre en la Legislatura porteña a través de la convocatoria de distintas organizaciones sociales, políticas y culturales. Este primer debate se centró en la empresa constructora IRSA, sus proyectos inmobiliarios y sus negocios con los gobiernos nacional y porteño. Referentes de diversos movimientos y asambleas dieron testimonio sobre la forma en que sus vidas son y serán afectadas por los emprendimientos de esta corporación.

La propuesta tiene como antecedente el juicio ético a las trasnacionales que se realizó en 2011. Bajo el mismo objetivo de juzgar el accionar de aquellos que perjudican la calidad de vida de las personas, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el Colectivo por la Igualdad, el Frente Popular Darío Santillán, Pañuelos en Rebeldía, el Movimiento Popular La Dignidad, entre muchos otros, convocaron a esta primera audiencia para dar a conocer las actividades y emprendimientos de IRSA. A lo largo de las próximas semanas se debatirán sobre otros grupos económicos, como Roggio, Cirigliano, Riva S.A., Ashira y Urbasur en distintos puntos de la Ciudad, y a fines de noviembre se dará a conocer la sentencia común que elaborará el Tribunal Ético Popular, integrado por Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz, Serpaj), Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Osvaldo Bayer (escritor), Vicente Zito Lema (escritor y abogado de derechos humanos), Herman Schiller (periodista),  Liliana Daunes (comunicadora feminista), Gabriela Massuh (escritora) y Maristella Svampa (socióloga y escritora).

Al iniciar la jornada, que fue transmitida por Radio La Retaguardia, Jonatan Emanuel Baldiviezo, coordinador de las Fiscalías Populares, explicó que la idea es que estos procesos tengan rigurosidad científica, que reflejen la lucha cotidiana en la Ciudad de Buenos Aires, y que tengan la mayor presencia posible de afectados y víctimas de estas políticas urbanas de las corporaciones denunciadas.

“En este primer caso, la audiencia se desarrolla en la Legislatura donde a fines del año pasado se ha dado una discusión fuerte sobre qué tipo de ciudad y de construcción de ciudad deseamos, y cuáles son las que las corporaciones definen, que se conoció como el pacto Pro-K, y refiere al conjunto de leyes, discutidas y sancionadas a pesar de las protestas y movilizaciones que se realizaron”, señaló Baldiviezo.

El fiscal ético y popular del primer caso fue Facundo Di Filippo del Colectivo por la Igualdad y legislador con mandato cumplido. Durante su intervención describió a IRSA como “la nave insignia del capital concentrado, un pulpo que tiende lazos con los diferentes gobiernos”. Según explicó, la empresa comenzó a desarrollarse en la década del noventa cuando Eduardo Elsztain toma su control, y gracias a sus vínculos a nivel internacional consigue distintos apoyos, incluido el del millonario George Soros. Con el correr de los años, la empresa adquiere tierras en varias localidades argentinas y de Latinoamérica. Específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, es propietaria de la mayoría de los centros comerciales más exitosos, como el Abasto, Alto Palermo, Design, DOT; también de edificios de oficinas, como la torre de Microsoft, de hoteles como el Sheraton y el Intercontinental; edificios de viviendas, torres, countrys, etc.

“El modo de operar de IRSA consiste en comprar desarrollos inmobiliarios que ya fueron iniciados por otras empresas. Siempre compra un desarrollo para el que hace la gestión otra empresa y luego aparece IRSA detrás. Es una forma sencilla de quedarse con desarrollos en los cuales no paga costos políticos de avanzar en una primera instancia”, explicó Di Filippo.

Un ejemplo de este accionar puede verse con el proyecto Arcos Gourmet, actualmente en construcción. Se trata de una iniciativa de otra empresa que había ganado la licitación en 2002 para hacer un espacio gastronómico, luego de lo cual aparece IRSA y cambia el sentido habilitando un shopping a cielo abierto. La construcción comenzó a mediados del año pasado, sin haber obtenido permiso de demolición ni de obra: “se ve que ningún inspector del gobierno de la Ciudad pudo pasar por esa manzana para constatar que estaban haciendo un pozo que implica tres subsuelos de cocheras. Ahora estamos a la espera de que la empresa sea anoticiada por el gobierno de la Ciudad, porque los vecinos denuncian que sigue la construcción a pesar de que hay un fallo de la Justicia que declara su suspensión”, agregó el fiscal ético.

Otro ejemplo que se desarrolló durante la audiencia fue el del Buenos Aires Design: “IRSA se lo queda en la época de Carlos Grosso. Cortan a la mitad el Centro Cultural Recoleta y se quedan con la parte más vistosa del desarrollo de este shopping. Desde ese momento hasta la fecha, la empresa IRSA paga 42.000 pesos por mes por todo este shopping. Esa concesión se debería vencer este año, pero hace dos que Mauricio Macri sacó un decreto donde prorrogó la concesión por cinco años más”, denunció Di Filippo.

Las consecuencias de IRSA en primera persona

Tras la exposición del fiscal ético, fue el turno de los testimonios de víctimas y afectados por el accionar de esta empresa.

Osvaldo Guerrica, de Queremos Buenos Aires y Amigos del Lago de Palermo, contó la experiencia con la ex playa ferroviaria de ese barrio porteño y el proyecto Arcos Gourmet. Señaló que originalmente se trataba de un espacio zonificado como urbanización futura, que significa que no puede construirse ni modificarse nada sin que antes se debata y apruebe en la Legislatura.

Guerrica relató cómo Arcos Gourmet fue desarrollándose con la ayuda de cada uno de los gobiernos que pasaron por la Ciudad de Buenos Aires a partir de la gestión de Fernando de la Rúa. Desde la presentación del proyecto con Aníbal Ibarra; una disposición de reinterpretación urbanística que permitió la construcción del shopping durante el gobierno de Jorge Telerman, hasta la entrega de un certificado de aptitud ambiental de parte de la gestión de Macri y la aprobación en la Legislatura porteña en noviembre pasado del inicio de las obras que continúan llevándose adelante. “Actualmente las veredas del shopping las está haciendo el gobierno de la Ciudad, se las pagamos nosotros. Las hace la misma empresa que está construyendo el shopping pero lo paga el gobierno”, sumó como dato concluyente Guerrica.

“¿Qué nos espera a los barrios más relegados con estas trasnacionales a las que no les importa nada?”, se preguntó a su turno Luis Espinosa del Barrio Rodrigo Bueno (ubicada en la Costanera Sur), quien describió su experiencia con IRSA como nefasta: “surge en 1992, cuando el señor Soros adquiere 70 hectáreas de IRSA al precio vil de 21 millones dólares, y ahora quieren emprender un proyecto millonario, con una plusvalía de 4000 millones de dólares. Este proyecto se cayó tres veces. Empezaron con que iban a hacer pisos bajos, después edificios de cuarenta pisos y así siguieron. El tema es que de llegar a hacerse este proyecto, nosotros corremos el riesgo de inundarnos, porque se prevé un espejo de agua en el medio”.

Espinosa explicó que junto a diversas organizaciones sociales han batallado mucho para impedir que esta iniciativa se logre: “este año se están dando cuenta del costo político de esto, porque la gente ya no come vidrio. Están entregando las tierras en la Comuna 8, Parque Roca, también por el lado de Pompeya. Están aprovechando los servicios del Metrobus en Puente La Noria, esos terrenos se han revalorizado. Lo mismo ocurre con el subte. Las empresas inmobiliarias, en este caso IRSA, se están aprovechando de todas esas tierras. Esto nos involucra y nos preguntamos qué forma de gobierno queremos más adelante en esta ciudad. Yo soy monotributista, pago renta y hay una letra chica que dice que hay un porcentaje para obras públicas, pero nosotros en los barrios relegados nunca lo vemos, tenemos las veredas y los servicios hechos un desastre. El tipo de ciudad que queremos depende también de nosotros”, reflexionó.

El arquitecto Silvio Schachter, del colectivo editorial Herramienta, afirmó que IRSA es un actor principal de un fenómeno mundial, que tiene que ver con una etapa particular del desarrollo del capitalismo y de su globalización que es la necesidad de generar a través del manejo del espacio urbano la sobreacumulación de capital: “esto se da en un doble manejo –explicó–, a través de la expansión de la flexibilización de los mercados financieros, pero también a través de la inversión en bienes no renovables. Uno de estos bienes es el suelo urbano, que es irrepetible, irreproducible, inmodificable pero es agotable. La única manera de producir tierra es en todo caso apropiándosela al río, como ha sido históricamente en la Ciudad de Buenos Aires, o densificando la ciudad y para poder hacerlo es necesario tener gobiernos cómplices que permitan una reglamentación capaz de modificar las estructuras de densidad urbana llevándolas a límites de colapso”.

En este sentido, Schachter señaló que IRSA tiene el 23% de las acciones del Banco Hipotecario, mientras que al Estado le corresponde poco más del 40%; sin embargo todo el directorio es de la empresa constructora.

Durante sus intervenciones, Adolfo Rossi de Amigos del Lago Pacífico se refirió a este proyecto específico además de asegurar que “toda la política urbana que se hace en este momento es para afianzar la desigualdad en la ciudad”: “en diciembre del año pasado, nosotros dijimos que no se podían entregar las tierras públicas de Palermo, Caballito y Liniers porque eso iba a agravar enormemente las inundaciones. Se están entregando las tierras públicas, y no para el plan Procrear sino simplemente para la especulación inmobiliaria. Lo de la Ciudad Deportiva de La Boca también es incomprensible, porque van a construir al lado de una generador de electricidad”. En este sentido, Rossi llamó a todos los vecinos a unirse y manifestarse, a organizarse y establecer relaciones.

Gustavo Cañaveral, también arquitecto, detalló cómo fue la apropiación del terreno del ex Albergue Warnes por parte de la empresa IRSA, a través del supermercado Carrefour; mientras que Marcos Zelaya, del Colectivo por la Igualdad, se refirió al shopping DOT como uno de los ejemplos donde se conjuga la operatoria de IRSA en cuanto a la forma de captar y acumular terrenos, su compra de voluntades y sus presiones al poder político, además de las consecuencias sociales que esto conlleva.

El derecho a la ciudad y la lucha conjunta

Jair Pérez, del Espacio Chico Méndes, afirmó que con la aprobación del paquete de leyes, conocido como Pacto Pro-K, el año pasado en la Legislatura se vio vulnerado el derecho a la ciudad: “es un concepto que abarca también temas como la calidad de vida, un ambiente sano, el derecho a la toma de decisiones, que podamos ser partícipes de la construcción de la ciudad en la que vivimos. Durante noviembre y diciembre se cercenó ese derecho para quienes vivimos en la ciudad, fue un derecho de la ciudad para las empresas, en este caso para IRSA. Durante esos meses de marcha sufrimos la represión. Está claro que estos gobiernos de turno de la Ciudad y de la Nación lo que hacen es legislar a favor de las corporaciones”, aseveró Pérez.

Daniel Calvo del Frente Artistas del Borda y la Asamblea de Saavedra centró sus palabras en la importancia de las resistencias populares: “Es una lucha conjunta. Si no lo entendemos de esa manera seguiremos en el camino de la fragmentación. Hay que hablar de la resistencia que tenemos que oponer a estos monstruos, tenemos formas de organización, lo estamos haciendo, creemos que cuando nos tocan a uno nos tocan a todos.

Saavedra es un barrio de clase media, de poder adquisitivo alto, que siempre menospreció a los compañeros del Barrio Mitre, hasta que la inundación del 2 de abril nos afectó a todos, tuvimos compañeros que fallecieron, entonces por primera vez vi que la gente de Saavedra salió a cortar la Avenida Cabildo, a organizarse”.

La próxima audiencia del juicio ético y popular se llevará adelante el 19 de octubre en el Parque Centenario, contra la empresa Salvatori, encargada del mantenimiento no sólo de este parque sino de varios espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Será una nueva oportunidad para seguir conociendo los alcances de las acciones de estas corporaciones a través de los testimonios públicos de las víctimas de estas políticas que se desarrollan tanto a nivel nacional como porteño.

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Argentina. En un plazo de 15 días: Una empresa deberá devolver cinco mil hectáreas a una comunidad moqoit

CHACO DÍA POR DÍA

Así lo dictaminó un histórico fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Sáenz Peña, haciendo valer el derecho a la propiedad comunitaria indígena en el Paraje “Raíz Chaqueña” y ordenando a la empresa Bajo Hondo Agropecuaria SA abandonar los territorios que pertenecen al pueblo moqoit.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Laboral de Presidencia Roque Sáenz Peña -Sala Segunda- ordenó que en un “plazo perentorio” de quince días la empresa Bajo Hondo Agropecuaria SA restituya alrededor de cinco mil hectáreas a la comunidad indígena moqoit del Paraje “Raíz Chaqueña”. Fue al hacer lugar a una acción de amparo y declarar nula e inconstitucional una polémica sentencia del ya fallecido juez saenzpeñense de primera instancia, Juan Zaloff Dakoff, que había avalado la compra de esas tierras por parte de la firma comercial, algo expresamente prohibido por las leyes, por la Constitución y por tratados internacionales.

La sentencia, a la que tuvo acceso CHACO DIA POR DIA, fue dictada el pasado lunes 23 de septiembre por los camaristas Héctor Hugo Segui y Néstor Enrique Varela, en el marco del Expediente Nº 12098/12 caratulado “Leiva, José Eleuterio; Leiva, Hugo Alberto; Leiva, Valentina Beatriz; Leiva, Alicia Rosana S/Acción de Amparo”.

En su parte resolutiva, el fallo hace lugar a la acción de amparo declarando “inconstitucional y consecuentemente nula la sentencia dictada por el Dr. Juan Zaloff Dakoff”. Asimismo, declaró “inconstitucional y consecuentemente nulo en todas sus partes el boleto de compraventa celebrado entre la Asociación Comunitaria Colonia LPA A NA QOM y Bajo Hondo Agropecuaria SA”.

El caso

La familia Leiva, de la etnia moqoit, había impulsado la acción de amparo ante la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Trabajo –Sala 2- de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña para que se reconozca su derecho a la propiedad comunitaria del paraje conocido como “Raíz Chaqueña”, que comprende alrededor de cinco mil hectáreas ubicadas entre los departamentos Maipú y Almirante Brown. Los accionantes pidieron que se restituya la vigencia en plenitud del derecho constitucional a la Propiedad Comunitaria Indígena, de acuerdo al artículo 75, inc. 17 de la Constitución Nacional y el artículo 37 de la Constitución Provincial que consideran vulnerado por la sentencia del juez de primera instancia del juez Zaloff Dakoff. Además, habían reclamado el retiro inmediato de la empresa Bajo Hondo Agropecuaria SA y la abstención de realizar cualquier tipo de actividad en los territorios indígenas identificados como Parcela 5 Circunscripción II y Parcela 82; Circunscripción VIII conocidos como “Raíz Chaqueña”.

Vale recordar que en el expediente que ahora encuentra un eco favorable para las comunidades indígenas por parte de la Cámara de Apelaciones saenzpeñense participaron como “amigos del tribunal” el exNobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Madres Línea Fundadora y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Un fallo judicial, el desencadenante

En una sentencia de diciembre de 2011, el juez saenzpeñense Juan Zaloff Dakoff había convalidado que la firma Bajo Hondo Agropecuaria SA pueda inscribir a su nombre el título de propiedad de esas tierras obtenidas en un dudoso procedimiento que se encuentra bajo investigación por parte de la justicia de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el marco de una denuncia penal por usurpación presentada por las familias indígenas. El magistrado –hoy fallecido- nunca decidió si aceptaba como parte en la causa civil a las familias moqoit -que habitan y trabajan en esas tierras- que pretendían apelar el fallo.

Ante la falta de definiciones, la comunidad moqoit resolvió impulsar una acción de amparo ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Sáenz Peña contra el fallo de Zaloff Dakoff. Pese a la sentencia del juez, el Registro de la Propiedad Inmueble del Chaco se negó a inscribir las tierras a favor de la empresa cordobesa lo que motivó una nueva demanda contra el Estado que se tramita en el fuero contencioso administrativo.

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Argentina, Salta: Incendios en la sierra de Aguaragüe habrían sido ocasionados para esconder desmontes ilegales

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

Pobladores que habitan la selva subtropical de las sierras de Aguaragüe ubicadas en tierras fiscales al oeste del Municipio de Gral. Mosconi, habían alertado a funcionarios públicos sobre la tala indiscriminada que se realiza en esas altas tierras, del fisco salteño. "Los camiones con madera de la tala ilegal pasan por la tranquera que administra la empresa petrolera Pan American". Afírman pobladores que viven en la zona, a la Agencia de Noticias COPENOA.

"Los incendios que se registraron en la zona, fueron ocasionados por madereros inescrupulosos, que infringen, y violan la Ley, con la connivencia, complicidad de funcionarios corruptos, que no controlan, a pesar de las denuncias de los pobladores". Dice Eduardo Paliza a la Agencia de Noticias Copenoa.

Para ingresar a la zona, se transita por Campamento Vespucio, para luego pasar por un reten en Campamento La Tablilla que administra la petrolera multinacional Pan American, donde funcionarios públicos, pertenecientes a la policía de Salta, quienes brindan el servicio de seguridad a las petroleras extranjeras radicadas en la zona, abalado por el gobierno de esta provincia, y determinan por orden de las empresas quien transita por esos caminos vecinales. Coartando la libre circulación garantizada en la Constitución de Salta y de Argentina.

Para José "Pepino" Fernández, el desmonte ilegal en las Sierras altas protegidas por su amplia diversidad es constante. "Para ello, es necesario la confabulación de distintos estamentos del estado, corrompidos". Dice "Pepino" Fernández, agregando "La madera es talada en las altas sierras, con aserraderos móviles, lo que les permite, cortar en tablones los arboles talados, para luego ser transportados en camiones cubiertos. Esto lo observan a diario los pobladores. Estos camiones con madera, pasan sin ninguna dificultad a diario por el control que tiene la petrolera Pan American. Son unos cuarenta camiones por jornada". Aclara el luchador popular y ambientalista salteño José "Pepino" Fernández. a Copenoa.

La evidencia de los camiones con madera de la tala indiscriminada e ilegal y la falta de control ante este delito, como la connivencia de funcionarios públicos y agentes privados, quedó al descubierto hace dos semanas, cuando un grupo de pobladores cansados de tanta corrupción, detuvieron el paso de estos camiones con madera, certificando el ilícito y la conspiración, de quienes deben proteger el medio ambiente y hacer cumplir la leyes.

Durante la acción en defensa de los bienes naturales públicos , realizados por pobladores de Gral. Mosconi y Campamento Vespucio, agrupados en la histórica organización social Unión de Trabajadores Desocupados, el ex trabajador de lo que fuera la Estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Eduardo Paliza, verificó, las continúas denuncias, con la prueba en los camiones. "La corrupción, es hambre, el delito es mayor cuando en el, hay inmiscuidos funcionarios públicos deshonestos, como los efectivos de la policía de Salta, como también funcionarios de Medio Ambiente".dice Paliza

La gravedad de la denuncia sobre la tala indiscriminada en el patrimonio de los bienes naturales públicos, realizados en tierras fiscales, y la quema concretada para esconder este cruel, y catastrófico ilícito contra la naturaleza, debe ser investigado de inmediato por la justicia y encausar a los responsables, de lo contrario, este poder supuestamente independiente también tendrá participación por incumplimiento de sus funcionarios públicos, al no condenar estos, la ruptura del orden establecido en resguardo de los bienes naturales públicos establecido por Ley.

En el año 2005, el Ministro de la Corte Nacional de Justicia, Eugenio Zaffaroni, recibió al dirigente popular y ambientalista de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, José "Pepino" Fernández, quien acompañado de la abogada Mara Puntano, asesora legal de la organización, entregaron una denuncia al alto magistrado sobre contaminación ambiental, y la tala indiscriminada y sus consecuencias como los desprendimientos de tierra en la zonas altas, denominados aludes ya sufridas por la población en la Ciudad de Tartagal, y en otros pueblos como Mosconi.

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Argentina, Chubut, Comodoro Rivadavia: Ejemplar voluntad de lucha de los docentes de ATECH Sur

ATECH - ACTA

Suena en celular en la ruta cortada, una joven compañera docente caminando contesta: “ Bien … , aquí en el corte”. El sol calmaba los fríos de la madrugada. Esta imagen casi teatral forma parte de una enorme y extraordinaria lucha docente que ya forma parte de las mejores páginas de la clase obrera de la Argentina.

A lo largo del año, la Regional Sur de ATECH, una de las seccionales de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, manifestó de muchas formas (marchas masivas, solicitadas, paros de 24 y 48 horas, etc) el reclamo que surgió de las asambleas realizadas en cada escuela y acordadas en los plenarios de Delegados de Escuela tras la discusión de los mandatos escritos y su resolución democrática.

El gobierno de Martín Buzzi y su ministro de educación Luis Zaffaroni, siempre respondieron con el argumento de que la conducción provincial de ATECH, ligada a la dirección subordinada al gobierno de Cristina Kirchner de CTERA, había aceptado en febrero la propuesta salarial por todo el 2013 cerrando el tema. Por otro lado aseguraba que las paritarias docentes estaban abiertas todo el tiempo, además de desmerecer el legítimo reclamo de los docentes por tratarse de una sola seccional.

La Regional Sur de ATECH representa a los docentes de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, contando con el apoyo cada vez mayor en acciones de la Regional Suroeste (todo el resto del sur de Chubut).

Ambas seccionales están en la zona con la canasta familiar más alta de la provincia, donde se manejan precios referenciados en los sueldos de los petroleros: cualquier alquiler mínimo no baja de $3.500, la inflación es constante en todos los rubros de la canasta familiar que en febrero arrojaba un costo de $14.400 para una familia tipo. En comparación el sueldo básico de un maestro de grado con el aumento de febrero ya completado (fue en 3 cuotas) llegará a $3.338 con el sueldo de septiembre, al que sumando un par de ítems no remunerativos, el sueldo de bolsillo llegará a $4.200 para uno que recién empieza a ejercer y para uno que tiene 10 años de antigüedad llegará a $4.400.

El 22 de agosto el Ministerio de Educación a través de la Directora de Nivel Primario sancionó a los docentes supervisores de escuelas ese nivel de Comodoro en represalia por haber publicada una solicitada denunciando que en la Regional Sur hay 40 aulas sin docentes porque nadie quiere trabajar con los bajos salarios que se pagan.

Fue la gota que rebalsó el vaso: se resolvió iniciar en las escuelas las Asambleas laborales permanentes asistiendo a las mismas y se les solicitó a los padres que no envíen a sus hijos a las escuelas, con una impresionante respuesta solidaria por parte de la comunidad educativa.

La acción se lleva adelante desde esa fecha en reclamo de:

• Aumento salarial de emergencia, que tenga en cuenta el costo real de vida.

• Dejar sin efecto las sanciones a los supervisores.

• Soluciones a los problemas de nuestra Obra Social (SEROS) que tiene muchas denuncias públicas de falta de prestaciones, montos adicionales que tenemos que pagar a los médicos, coberturas mínimas ante las que la nos ofrecen préstamos, como si fuera una financiera.

• Restituir nuestro sistema de jubilación: fue suprimido en 1995 durante una ley de emergencia económica, nos aumentaron la edad y cantidad de años de aportes, pero nos dejaron el porcentaje de aporte que es del 16% de nuestro salario remunerativo. Nunca admitió el gobierno su tratamiento en paritarias.

• Que el ministro de Educación cese de tomar decisiones que violan los estatutos docentes.

• Solucioens efectivas a todos los problemas que tenemos en las escuelas: hacinamiento de varias escuelas en un mismo edificio, estado deplorable de los edificios en muchas de ellas, edificios inadecuados para varias escuelas, sobre todo en las que convirtieron en escuelas de jornada completa (sólo 4) falta de personal docente y operativo (porteros), reclamo histórico de personal idóneo para atender junto con el maestro situaciones sociales muy complejas que no alcanzan a ser bien atendidas con lo que hay en las escuelas.

En el contexto señalado, y como iniciativa, se propuso al cuerpo de delegados una herramienta para la discusión política ante la respuesta del Ministerio de Educación de que “el presupuesto está cerrado” y que “plata no hay”: Un proyecto de Ley de Emergencia impositiva para destinar fondos a educación, salud pública y asistencia social, para gravar a quienes se apropian de la riqueza que es fruto del trabajo de todos los trabajadores del Chubut: en particular: Pan American, Aluar, Tecpetrol, Benetton, entre otros. Estos grandes grupos además de las ganancias de sus empresas se ven beneficiados con grandes exenciones impositivas.

Desde el 22 de agosto se generaron acciones masivas protagonizadas los docentes, acompañados por los padres y contando con la simpatía popular:

• Movilizaciones en el centro de la ciudad históricas por sus dimensiones. La primera junto otros gremios estatales, principalmente ATE Hospital Regional, bajo una fuerte lluvia muy fría el 30 de agosto y la segunda, en el 11 de setiembre Día del Maestro.

• Dos cortes de ruta en las entradas a los yacimientos de petróleo, con cerca de 500 personas en cada lugar, entre maestros y padres, con claras muestras de solidaridad y apoyo de organizaciones y de los trabajadores del petróleo (no así del sindicato petrolero, alineado al gobierno).

A esta altura, tras 27 días de asambleas permanentes y después del rechazo a la conciliación obligatoria que pretendió ejecutar la Secretaría Provincial de Trabajo (rechazo que fue refrendado por la conducción provincial de ATECH), el gobierno de Buzzi amenazó con descontarnos todos los días y exige levantar las asambleas permanentes para que haya posible negociación

Los docentes exigen que el gobierno debe garantizar por escrito que no habrá descuentos y que se levantarán las sanciones a los supervisores para suspender las asambleas. Así poder abrir la mesa de negociación en la que haya propuestas para los reclamos. que planteamos.

Además, en estos últimos días se ha sumado la toma de varias escuelas por parte de los padres, con el apoyo de los alumnos en las escuelas secundarias en reclamo de soluciones a muchos problemas que existen en cada escuela y solicitando al gobierno que le ofrezca soluciones a los docentes.

El último corte de rutas han mostrado un alto grado de protagonismo por parte de los docentes que desde las 4 de la mañana ocuparon las rutas impidiendo el acceso a los principales pozos petrolíferos, en particular al Cerro Dragón, sin moverse hasta las 16 horas en absoluta calma y con la solidaridad de los trabajadores que transitaban en distintos vehículos por la ruta 3.

Emocionaba el fervor y la combatividad que desplegaron los docentes en el corte en el que las compañeras fueron las más destacadas por el número ampliamente mayoritario y el entusiasmo demostrado. A medida que se acercaba la hora del levantamiento de los cortes crecía la alegría al compás de los cánticos y del sonar de bombos, zurdos y redoblantes y otros instrumentos improvisados por la unidad demostrada, por el éxito lograda en una jornada histórica, tremendamente impactante, y por sobre todo por el cumplimiento estricto de las resoluciones adoptadas en el Plenario de Delegados con mandato del día anterior. Una jornada que quedará grabada en la memoria colectiva de los docentes chubutenses.

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Septiembre marca una derrota histórica para la derecha chilena, afirma Francisco Vidal

XINHUA

La derecha política y económica de Chile ha sufrido este mes de septiembre una de sus peores derrotas frente a la sociedad chilena, afirmó el exministro e historiador Francisco Vidal al analizar los acontecimientos de este mes, en el cual se cumplieron 40 años del golpe militar de 1973.

Vidal, quien ocupó los ministerios de la Secretaría General de Gobierno, Interior y Defensa en los gobiernos de los ex presidentes Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010), destacó el protagonismo del presidente Sebastián Piñera en ese aniversario, que trajo tristes recuerdos a los chilenos.

En un artículo publicado por el diario "El Mercurio" bajo el título "Septiembre y la derrota estratégica", Vidal afirma que "por primera vez en 40 años, un presidente electo por la coalición de derecha reconoce la presencia durante el régimen militar de cómplices pasivos".

Septiembre de este año "quedará en la historia política como el mes en que la derecha en su dimensión política y cultural sufrió una de sus peores derrotas estratégicas. Los 40 años del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, desde esta perspectiva, fueron muchos más significativos que en las décadas anteriores", indicó.

Recuerda que millones de chilenos, particularmente jóvenes, presenciaron en la televisión abierta y por cable las imágenes, los comentarios, las descripciones de los sucesos ocurridos de 1973 a 1990 y "frente a este panorama, la derecha quedó sin habla".

"Lo que predominó en este 11 de septiembre es la afirmación que ningún error -y que tuvo muchos-, de la Unidad Popular y del Presidente Allende, justifica bajo circunstancia alguna, los horrores en materia de violación de los derechos humanos ocurridos posteriormente", explicó.

Salvador Allende ganó las elecciones en 1970, con la promesa de poner en práctica un programa de gobierno progresista, pero encontró la resistencia de los sectores derechistas que, aliados a Estados Unidos, instaron a las fuerzas armadas a dar un golpe militar en 1973.

A partir de ese año el gobierno autoritario de Augusto Pinochet se extendió durante 17 años, período durante el cual, según cifras oficiales, se registraron más 3,000 asesinatos, 1,200 desaparecidos y más de 30,000 torturados.

Tras el retorno a la democracia en 1990, la derecha siempre justificó estos crímenes y sólo dijo que "hubo excesos".

Según Vidal, "la historia botó por la borda la teoría de los "excesos", los "presuntos detenidos desaparecidos", los "ley de la fuga" y todas la justificaciones a esa violencia ejercida durante el gobierno militar.

Recuerda que los escritores Ascanio Cavallo y Margarita Serrano, en su libro "El golpe",certifican que los muertos en enfrentamientos el 11 de septiembre de 1973 en el país no superaron las 30 personas, incluidos civiles y uniformados, y que en los tres meses siguientes fueron ejecutados 1.800 chilenos.

Reiteró que "la derecha política y económica sufrió lo que parece ser un golpe definitivo" por la actuación de Piñera en el 40 aniversario del golpe militar.

Se refiere a su mensaje, reiterado en torno al pasado 11 de septiembre, donde resalta que "el líder de la derecha (Piñera) responsabiliza a los medios de comunicación de la época y a los tribunales de justicia de no haber actuado, cada uno en su esfera de influencia, para preservar el respeto a los derechos esenciales del ser humano".

Recalca que este mes "concluye con la decisión presidencial de cerrar el penal Cordillera" y trasladar a los 10 ex altos jefes de los servicios de inteligencia del régimen militar al penal de Punta Peuco, ambos en Santiago, para continuar sus condenas por su participación en la represión contra los opositores.

Piñera ordenó cerrar el penal Cordillera, el cual tenía comodidades que ningún reo gozaba en el país, incluido servicio de internet, visitas a distintas horas, canchas de tenis, servicio médico las 24 horas y 40 gendarmes como custodios.

En opinión de Vidal, las reacciones de los representantes de la derecha a esta cadena de acontecimientos, de la más diversa naturaleza, "convergen en la derrota" de la derecha.

Señala que el diputado de la oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI), Felipe Ward, dijo públicamente "que nunca más votará por Piñera", lo cual es una manera elegante de decir otra cosa, "porque está arrepentido de haberlo elegido".

Menciona que otro diputado de la UDI, Jorge Ulloa, no estuvo de acuerdo con el cierre de ese penal; mientras que el senador Hernán Larraín, quien no va a la reelección, y hace poco "pidió perdón" por haber apoyado al régimen militar y ahora estima prudente y necesaria la decisión de Piñera.

El ex ministro afirma que a Evelyn Mattei, candidata presidencial de la derecha, no le quedó más que respaldar esa decisión presidencial.

En las elecciones del próximo 17 de noviembre la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se perfila como ganadora, según las encuestas.

Por último, destaca la reciente decisión de Corte Suprema de busca la responsabilidad de civiles en la generación de las condiciones para el golpe militar y en ese contexto "algo impensable", interrogar en calidad de testigo al director del diario "El Mercurio", Agustín Edwards Eastman, quien actuaba como vocero de los militares".

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Docentes paraguayos acuerdan suspender clases y cerrar vías

PL

Todos los gremios de la educación se movilizarán a partir de mañana suspendiendo clases y cerrando rutas en todo el país en protesta por los descuentos salariales aplicados hoy a miles de maestros.

El Ministerio de Educación se negó a revisar su actitud de reducir durante dos meses el salario de los docentes por el movimiento huelguístico que desarrollaron el pasado mes de agosto en demanda de mejoras en la jubilación del sector.

Vidal Ortega, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación, declaró que esas actividades serán la primera protesta por la determinación del gobierno de Horacio Cartes insistiendo en un descuento considerado ilegal por las organizaciones gremiales.

El recorte alcanza más de 150 dólares en el caso de los maestros de educación primaria y casi 200 para los de secundaria.

Ortega reiteró que las acciones de este martes y miércoles serán la primera reacción a lo ejecutado por el gobierno y después "cualquier cosa se puede esperar", en alusión a las asambleas convocadas para decidir si se retoma la huelga nacional.

El dirigente gremial condenó finalmente la decisión del Gobierno a pesar de que ellos se mostraron abiertos a agotar las instancias de diálogo para dar solución al conflicto.

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Decenas de corruptos peruanos pueden quedar impunes por prescripción

PL

Unos 30 acusados de corrupción y prófugos pueden quedar impunes al prescribir sus causas si el parlamento mantiene virtualmente congelado un proyecto de ley para impedirlo, advirtió hoy un procurador estatal.

El procurador Anticorrupción, Julio Arbizu, dijo que hay un total de 90 acusados por ese delito y relacionados con el gobierno del hoy encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en condición de fugitivos.

De ese total, indicó, 50 no podrán acogerse a la prescripción por el tiempo transcurrido, por ser reos contumaces, mientras el esto son solo reos ausentes, es decir que no fueron imputados ni notificados formalmente de los cargos en su contra, pues escaparon antes, mientras los primeros lo hicieron después.

Según el jurista, el hecho actualiza la necesidad de que el Congreso de la República debata un proyecto de ley para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción.

Llamó a meditar sobre los efectos de la prescripción, es decir del olvido del robo de dinero del Estado y de la vulneración de derechos ciudadanos y la destrucción de la institucionalidad del Estado peruano.

Lamentó la reciente prescripción del caso de Cable Canal de Noticias, abierto con fondos estatales desviados para que, con la cubierta de ser una empresa privada, sirva al gobierno de Fujimori y a su tercera elección, en 2000.

Fujimori consiguió hacerse reelegir e iniciar un tercer quinquenio de gobierno, pero poco después un escándalo de corrupción desmoronó virtualmente a esa administración.

El entonces gobernante aprovechó un viaje oficial a Asia para escapar a Japón y renunciar a la distancia, ante lo cual fue destituido por el Congreso, por incapacidad moral.

En noviembre de 2005 el exgobernante viajó a Chile proyectando al parecer un retorno supuestamente triunfal a Perú, pero fue detenido y en septiembre de 2007 fue extraditado a Perú, donde fue juzgado y condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

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Rechazo generalizado de venezolanos ante manipulaciones de la derecha

PL

Los intentos de la derecha de manipular un audio con la supuesta voz del fallecido presidente Hugo Chávez enfrentan hoy el rechazo generalizado de los venezolanos, atentos al carácter desestabilizador de estas acciones.

A través de las redes sociales, los pronunciamientos apuntan contra el consultor de origen venezolano Juan José (J.J.) Rendón, vinculado al material que imita la voz de Chávez con un montaje donde expresa que está vivo y lo tienen secuestrado.

Este lunes, William Pérez citó en twitter que J.J. Rendón "es un resentido que ha perdido todas las batallas contra el Comandante Eterno".

Por su parte, Angélica Marina advirtió al consultor que "el pueblo será feliz cuando te vea pagando todas tus malas intenciones. Chávez vive en un pueblo inmenso, así que no te equivoques".

Incluso, el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó: "Comandante tu pueblo siempre te defendió con amor frente a la mentira fascista".

No ha nacido quien pueda dañarlo, aseguró, y por ello "Chávez vive y la patria sigue todos los días en millones".

Dirigentes políticos de la revolución, analistas y comunicadores coincidieron al afirmar que esta acción apunta a una treta fallida para debilitar el proceso de transformaciones en Venezuela.

El escritor e investigador Alberto Aranguibel indicó que la divulgación del mencionado audio refleja la incapacidad de la oposición para articular propuestas al país.

Los expertos advirtieron que los intentos podrían ser aun peores a medida que se acerca la fecha (8 de diciembre) de las elecciones municipales.

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El gobierno de Estados Unidos a horas del límite del cierre parcial

PL

Estados Unidos se prepara hoy para un cierre parcial del gobierno federal por primera vez en 17 años, si antes de la medianoche demócratas y republicanos siguen sin limar sus diferencias y acuerdan un proyecto de ley de gastos.

La incertidumbre aumentó tras el voto en la madrugada del domingo de un nuevo presupuesto en la Cámara de Representantes que extiende el financiamiento para el funcionamiento de las agencias gubernamentales hasta el 15 de diciembre, pero retrasa la entrada en vigor de la reforma sanitaria u Obamacare por un año más.

El presidente de la Cámara baja, John Boehner, instó a los líderes del Senado a que avalen la iniciativa de esa instancia legislativa, controlada desde 2010 por los republicanos, mas esa posibilidad es remota.

Tanto los demócratas del Senado, donde son mayoría, como el presidente Barack Obama han advertido de antemano que rechazarán cualquier propuesta que afecte la implementación de la ley de salud, principal logro legislativo del mandatario desde su llegada al poder en enero de 2009.

Para los correligionarios de Obama, la salida rápida es que la Cámara de Representantes sancione la medida que amplíe los fondos federales hasta el 15 de noviembre, sin incluir disposiciones que corten los de la Ley de Asistencia Asequible.

En este forcejeo político han estado ambos partidos, cuyos líderes en el Capitolio han asegurado que querían evitar el primer cierre federal desde 1996, ocurrido durante la administración del entonces presidente William Clinton.

Sin embargo, hasta ahora sus apariciones públicas se dirigieron más a culparse los unos a los otros por el estancamiento de las negociaciones, indica un artículo del diario The Wall Street Journal.

El nuevo año fiscal comienza mañana y algunos republicanos celebraron la esperanza de que un eventual cierre del Gobierno podría presionar a los demócratas de la Cámara alta a hacer incluso una concesión simbólica a su demanda de cambios en la ley de salud.

Para la oposición republicana, la coyuntura obligaría al bando contrario a aceptar, además, la derogación del impuesto de 2,3 por ciento de los dispositivos médicos destinados a ayudar a financiar el Obamacare.

La paralización de agencias federales provocaría la licencia sin sueldo a por lo menos de 825 mil trabajadores del Gobierno, de acuerdo con los planes presentados a la Casa Blanca, y se interrumpirían algunos servicios considerados no esenciales.

Funcionarios de la mansión ejecutiva se reunieron el sábado y el domingo para hablar sobre el posible "shutdown", como se conoce este proceso del cierre gubernamental, pero nada significativo se produjo en la dirección de una salida a esta actual coyuntura.

Se espera que el Senado lo haga este lunes aproximadamente 10 horas antes de la fecha límite de la medianoche, cuando técnicamente el Gobierno se quedará sin dinero porque concluye el año fiscal 2013.

El representante por California Kevin McCarthy, número tres en la Cámara baja, insistió en que la propuesta de sus correligionarios puede pasar en el Senado y dijo durante una entrevista en el programa televisivo Fox News Sunday que existe un plan alternativo para impedir el "shutdown".

Por su parte, Obama insiste en que nadie va a dañar la economía nacional y a millones de personas inocentes "solo porque hay un par de leyes que no le gustan" y calificó a quienes se oponen a la ley de salud de ser "unos extremistas en el Congreso".

Los cierto es que los republicanos para aprobar un presupuesto temporal -del mismo modo que para elevar el límite de la deuda, ya en 16,7 billones de dólares- piden acabar con el Obamacare.

Además, condicionaron los acuerdos sobre presupuesto y la deuda al retraso o derogación de la reforma sanitaria, de la cual una parte clave entra en vigor mañana y el resto en enero de 2014.

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La mayoría de los franceses preocupados por el aumento de impuestos

PL

El 54 por ciento de franceses estiman que los aumentos de impuestos previstos para el año próximo tendrán un fuerte impacto negativo en su presupuesto familiar, de acuerdo con una encuesta difundida hoy.

La cuantía de los tributos era una inquietud sólo para 20 de cada 100 personas en marzo del año pasado y esa cifra se elevó a 44 en junio de 2013, señala la firma BPCE-Viavoice, encargada de realizar el sondeo.

En la actualidad el monto de los impuestos es una preocupación que está por delante de otros gastos, como la alimentación y el combustible, revela la muestra.

François Miquet-Marty, director asociado de Viavoice, aseguró que se está gestando entre la población una especie de "exasperación fiscal".

De manera regular el tema tributario toca con fuerza a los sectores más favorecidos, pero con las últimas medidas del gobierno, como el alza del Impuesto al Valor Agregado y la reducción de las exoneraciones familiares, todas las capas están afectadas, precisó Miquet-Marty.

Por otra parte, según la encuesta sólo el cuatro por ciento de la población considera que hay una reactivación económica consolidada, mientras 36 apenas ven señales frágiles de una mejoría.

Por el contrario, el 56 por ciento aseguran que nada ha cambiado en la situación del país y cuatro de cada cien no respondieron.

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Grecia: Los dirigentes de Amanecer Dorado no son presos políticos, son presos comunes

Yiannis Mantas (LA MAREA)

Lo que vivimos en Grecia en las últimas 48 horas es algo sin precedentes. Un partido político con 18 diputados en el Parlamento heleno ha sido calificado por el juez como una “organización criminal”, y toda la cúpula de esta formación ha sido detenida y llevada esposada ante la Corte Penal. Es Amanecer Dorado (AD), el partido que introdujo el lenguaje y la fraseología de la calle en el Parlamento, las agresiones violentas contra la gente que no compartía su ideología en el orden del día de los boletines informativos, y el miedo en el vocabulario del día a día.

Este puede ser el inicio del fin para el partido de ideología nazi, 14 meses después de su triunfante entrada en el Parlamento, tras reunir ni más ni menos que 426.000 votos (6,92% del electorado). Pero para llegar a este punto hemos sido testigos de cientos de actos de violencia por parte de los participantes y simpatizantes de esta construcción fascista, incontables actos de intimidación, acosos, agresiones, intentos de homicidio; e incluso asesinatos, como el del joven Pavlos Físsas, el pasado 18 de septiembre. Este último acto fue la gota que colmó el vaso de la paciencia y puso en marcha los mecanismos judiciales hasta alcanzar su punto álgido en las últimas horas.

Este punto es precisamente el que debemos clarificar para que no quede ninguna sombra de duda. La dirección de Amanecer Dorado no ha sido detenida por su ideología. Grecia sigue siendo un país bastante tolerante, que -me atrevo a decir- se puede permitir el “lujo” de dar voz a una formación neonazi como AD. Grecia no persigue las ideologías. Lo que tenemos aquí es a una organización que tiene unos antecedentes penales inconcebibles. Unos antecedentes obviamente criminales, que incluyen desde agresiones hasta asesinatos. Se trata de un asombroso abanico de antecedentes por los cuales algunos de estos señores ya fueron imputados varias veces – aunque sin mayores consecuencias. Y es por ello que deberíamos haber proclamado ilegal a esta banda desde hace tiempo. No por razones ideológicas, sino puramente penales. No porque tenga como símbolo una variante de la esvástica, tampoco porque por las portadas de sus revistas desfilen todos los dirigentes del partido nazi alemán; sino porque se trata de una organización que dispone de una estructura claramente paramilitar.

Los dirigentes de la cúpula de AD no son presos políticos; son presos del Derecho penal común, por mucho que ellos mismos quieran conseguir lo contrario, y se presenten como perseguidos por su ideología: al salir de la sede general de la Comisaria de Atenas, Ilias Kasidiaris (uno de los personajes más mediáticos del partido) gritó: “No nos van a parar, ¡viva Grecia!”. El argumento de la protección de la patria y del comportamiento antisistema es el que logró atraer a muchísima gente y envolvió a esta formación con el manto del patriotismo.

No obstante, los 426.000 votantes no se convirtieron en una noche en fascistas ni en xenófobos o racistas. El racismo tradicionalmente no tiene raíces en la sociedad griega. Las condiciones extremas del panorama económico actual, el elevadísimo índice de desempleo, la pobreza y la falta de perspectivas pueden alimentar reacciones extremas –y lo hicieron– pero no hasta el punto de legitimar el fascismo.

Por ello, ahora que salen a la luz cada vez más actividades ilegales de Amanecer Dorado, la gente mantiene las distancias. Hasta hace no mucho, los dirigentes del partido declaraban que eran “la tercera fuerza política, con el 15% de la sociedad”. A pesar de la movilización interna durante las primeras horas tras las detenciones, delante de la sede policial sólo se reunieron entre 60 y 80 simpatizantes. Muy lejos del “15% de la sociedad”.

Por su parte, los medios de comunicación en Grecia no lo tienen muy claro. Estos días emitían imágenes de los dirigentes esposados, concentrándose en los gritos de Kasidiaris, al tiempo que reiteraban que “no se muestran arrepentidos”. Como si los detenidos fuesen a reconocer su actividad criminal delante de las cámaras. No debemos asumir su postura, hemos de subrayar una y otra vez que han sido detenidos única y exclusivamente por sus actividades criminales. Y punto.

En resumen, ¿ha sido Amanecer Dorado una amenaza para la democracia en Grecia? La respuesta es “sí”. Quizás haya sido la única amenaza desde 1974 y la época de la Transición. Sin embargo, esta amenaza se desintegra como cualquier banda criminal y, lo que es más importante, gracias a la aplicación de la legalidad, de la Justicia.

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