martes, 1 de octubre de 2013

El FMI y el Banco Mundial: Llegó la hora del balance

Eric Toussaint (especial para ARGENPRESS.info)

En 2014, el Banco Mundial (1) y el FMI (2) cumplirán 70 años. En octubre de 2013, mantendrán, como habitualmente, su reunión anual en Washington. Numerosas organizaciones, entre las que se encuentra el CADTM, hacen una convocatoria conjunta para una semana de acción contra la deuda ilegítima y las instituciones financieras internacionales que se desarrollará a escala internacional del 8 al 15 de octubre. (3) Este artículo vuelve a tratar el balance de la actuación del FMI (4) y del Banco Mundial, y propone alternativas para una nueva arquitectura internacional.

1) Desde su creación en 1944, el Banco Mundial (5) y el FMI (6) respaldaron activamente todas las dictaduras y todos los regímenes corruptos aliados de Estados Unidos.

2) Pisotean la soberanía de los Estados violando en forma flagrante el derecho de los pueblos de disponer de sí mismos, sobre todo debido a las condicionalidades que imponen. Estas condicionalidades empobrecen a la población, incrementan las desigualdades, libran al país a las transnacionales y hacen modificar las legislaciones de los Estados (reformas profundas del código de trabajo, de los códigos mineros, forestales, eliminación de los convenios colectivos, etc.) favoreciendo a los acreedores e «inversores» extranjeros.

3) A pesar de haber detectado desvíos masivos de dinero, tanto el BM como el FMI (7) mantuvieron, e incluso aumentaron, el monto prestado a los regímenes corruptos y dictatoriales aliados a las potencias occidentales (como el emblemático caso del Congo-Zaire de Mobuto, después del informe Blumenthal de 1982)

4) Mediante su apoyo financiero, ayudaron a la dictadura de Habyarimana en Ruanda hasta el año 1992, lo que le permitió a este dictador quintuplicar los efectivos de su ejército. Las reformas económicas que impusieron en 1990 desestabilizaron el país y exacerbaron las contradicciones latentes. El régimen de Habyarimana había estado preparando un genocidio desde los años 80, que finalmente fue perpetrado a partir del 6 de abril de 1994, causando cerca de un millón de muertos entre los Tutsis y los Hutus moderados. A continuación, el Banco Mundial y el FMI exigieron a las nuevas autoridades ruandesas el pago de la deuda contraída por el régimen genocida.

5) Apoyaron otros regímenes dictatoriales del campo contrario -como el de Rumania desde 1973 hasta 1982, y el de China a partir de 1980- para debilitar a la Unión Soviética antes de su implosión en 1991.

6) Sostuvieron las peores dictaduras hasta su derrocamiento. Por ejemplo: el significativo apoyo a Suharto en Indonesia desde 1965 hasta 1998, a Marcos en Filipinas desde 1972 hasta 1986, a Ben Alí en Túnez y a Mubarak en Egipto: hasta la expulsión de estos dictadores en 2011.

7) Sabotearon activamente algunas experiencias democráticas y progresistas: desde las de Jacobo Arbenz en Guatemala y de Mohammad Mossadegh en Irán, en la primera mitad de la década de los 50, la de João Goulart en Brasil a comienzos de los años 60, hasta la de los sandinistas en Nicaragua en los años 80, pasando por la de Salvador Allende en Chile entre 1970 y 1973. Por cierto, la lista es mucho más larga.

8) El Banco Mundial y el FMI exigen a los pueblos, víctimas de tiranos que estas mismas instituciones financian, el reembolso de las deudas odiosas contraídas por esos regímenes autoritarios y corruptos.

9) En forma similar, el Banco Mundial y el FMI exigieron a los países que habían accedido a la independencia, entre fines de los años 50 y comienzo de los 60, el reembolso de las deudas odiosas contraídas por las antiguas potencias coloniales para profundizar su colonización. En particular, ese fue el caso de Bélgica y su deuda contraída con el Banco Mundial para completar la colonización del Congo en los años 50. Recordemos que este tipo de transferencia de las deudas coloniales está prohibido por el derecho internacional.

10) En los años 60, el Banco Mundial y el FMI sostuvieron económicamente a países como la República Sudafricana del apartheid y Portugal que continuaba manteniendo bajo el yugo sus colonias en África y el Pacífico, mientras que dicho país era objeto de un boicot financiero internacional decretado por la ONU. El Banco Mundial también apoyó a un Estado que había anexado a otro por la fuerza: la anexión de Timor oriental por Indonesia en 1975.

11) En materia de medio ambiente, el Banco Mundial prosigue el desarrollo de una política productivista desastrosa para los pueblos y nefasta para la naturaleza. Sin embargo, consiguió que se le atribuyera la gestión del mercado de los permisos de contaminación.

12) El Banco Mundial financia proyectos que violan flagrantemente los derechos humanos. Entre los proyectos directamente apoyados por el Banco Mundial, se puede poner como emblemático el proyecto de «transmigración» en Indonesia (años 1970 – 1980) que tenía componentes que pueden considerarse crímenes contra la humanidad (destrucción del medio natural de poblaciones indígenas, desplazamiento forzoso de poblaciones). Recientemente, el Banco Mundial financió íntegramente la mal llamada operación de «salidas voluntarias» en la República Democrática del Congo (RDC), un plan de despidos que viola los derechos de 10.665 empleados de Gécamines, una empresa minera pública situada en la provincia de Katanga. Estos ex empleados esperan todavía el pago de sus salarios atrasados y las indemnizaciones previstas por el derecho congoleño.

13) El Banco Mundial y el FMI favorecieron el surgimiento de factores que provocaron la crisis de la deuda que estalló en 1982. Resumiendo: a) el Banco Mundial y el FMI empujaron a los países a endeudarse en unas condiciones que llevaban al sobreendeudamiento; b) presionaron, incluso forzaron, a los países a levantar los controles sobre los movimientos de capitales y sobre el cambio, acentuando la volatilidad de los capitales y facilitando de esa forma su fuga; alentaron a los países a abandonar la industrialización por sustitución de importaciones en provecho de un modelo basado en la promoción de las exportaciones.

14) Disimularon los peligros que ellos mismos habían detectado: sobreendeudamiento, crisis de pago, transferencias netas negativas…

15) Desde el estallido de la crisis en 1982, el Banco Mundial y el FMI favorecieron sistemáticamente a los acreedores y debilitaron a los deudores.

16) El Banco Mundial y el FMI recomendaron, incluso impusieron, políticas que hicieron recaer el pago de la crisis de la deuda sobre los pueblos, privilegiando al mismo tiempo a los más poderosos.

17) Estas mismas instituciones prosiguieron con la «generalización» de un modelo económico que aumenta sistemáticamente las desigualdades entre los países, y en el interior de los mismos.

18) En los años 90, el BM y el FMI, con la complicidad de los gobernantes, extendieron sus políticas de ajuste estructural a la mayoría de los países de Latinoamérica, África, Asia, y Europa central y oriental (comprendida Rusia).

19) En este último país, las privatizaciones masivas fueron realizadas en detrimento del bien común y enriquecieron de manera colosal a un puñado de oligarcas.

20) Reforzaron las grandes empresas privadas y debilitaron tanto a los poderes públicos como a los pequeños productores. Agravaron la explotación de los trabajadores y aumentaron su precariedad. Lo mismo hicieron con los pequeños productores.

21) Su retórica sobre la lucha por la reducción de la pobreza no termina de tapar una política concreta que reproduce y refuerza las propias causas de la pobreza.

22) La liberalización de los flujos de capitales que sistemáticamente estas instituciones han privilegiado, ha fomentado la evasión fiscal, la fuga de capitales y la corrupción.

23) La liberalización de los intercambios comerciales reforzó a los fuertes y aisló a los débiles. La mayor parte de pequeños y medianos productores de los países en desarrollo no pueden resistir a la competencia de las grandes empresas, ya sean del Norte o del Sur.

24) El Banco Mundial y el FMI actúan junto a la OMC, la Comisión Europea y los gobiernos cómplices para imponer una agenda radicalmente opuesta a la satisfacción de los derechos humanos fundamentales.

25) Desde que la crisis golpea a la Unión Europea, el FMI está en primera línea para imponer a las poblaciones de Grecia, Portugal, Irlanda, Chipre… unas políticas que ya fueron impuestas a las poblaciones de los países en desarrollo, a las de Europa central y oriental en los años noventa.

26) El Banco Mundial y el FMI, que pregonan la buena gobernanza en todos sus informes, abrigan en su seno comportamientos dudosos.

27) Estas dos instituciones mantienen a la mayor parte de los países en la marginalidad, a pesar de que esos países constituyen la mayoría de sus miembros, y privilegian a un puñado de gobiernos de los países ricos.

28) En resumen, el Banco Mundial y el FMI representan unos instrumentos despóticos en manos de una oligarquía internacional (unas pocas grandes potencias y sus sociedades transnacionales) que refuerza el sistema capitalista internacional, destructor de la humanidad y de la naturaleza.

29) Hay que denunciar las nefastas acciones del Banco Mundial y del FMI con el objetivo de terminar con ellas. Las deudas de las que estas instituciones reclaman su pago deben anularse y estas instituciones deben ser llevadas ante la justicia.

30) Es urgente construir una nueva arquitectura democrática internacional que favorezca una redistribución de las riquezas y apoye los esfuerzos de los pueblos en la realización de un desarrollo socialmente justo y respetuoso de la naturaleza.

Construir una nueva arquitectura internacional

Se debe optar por propuestas que redefinan radicalmente las bases de la arquitectura internacional (misiones, funcionamiento…) Tomemos, por ejemplo, la OMC, El FMI y el Banco Mundial.

La nueva OMC debería tener como objetivo, en el ámbito comercial, garantizar la ejecución de una serie de pactos internacionales fundamentales, comenzando por la Declaración Universal de los derechos humanos y todos los tratados fundamentales en materia de derechos humanos (individuales y colectivos) y de la naturaleza. Su funcionamiento debería ser supervisar y reglamentar el comercio de manera que sea rigurosamente conforme a las normas sociales (convenciones de la Organización Internacional del Trabajo – OIT) y del medio ambiente. Esta definición se opone de manera frontal a los actuales objetivos de la OMC. Pero, evidentemente, esta demanda implica una estricta separación de poderes: está fuera de lugar que la OMC, como cualquier otra organización, posea en su seno su propio tribunal. Por lo tanto, hay que suprimir el Órgano de solución de diferencias.

La organización que reemplazará al Banco Mundial debería estar ampliamente regionalizada (varios bancos del Sur podrían estar vinculados entre sí), tendría por función otorgar préstamos a un interés muy bajo o nulo, y donaciones, que sólo podrían darse si se utilizaran bajo el respeto riguroso de las normas sociales y ambientales y, más generalmente, de los derechos humanos fundamentales. Contrariamente al Banco Mundial actual, el nuevo banco, necesario para nuestro mundo, no buscaría representar los intereses de los acreedores e imponer a los deudores un comportamiento sumiso frente al mercado rey, puesto que tendría como misión prioritaria defender los intereses de los pueblos que reciben los préstamos y las donaciones.

En cuanto al nuevo FMI, debería remitirse a una parte de su mandato para garantizar la estabilidad de las monedas, luchar contra la especulación, controlar los movimientos de capitales, actuar para prohibir los paraísos fiscales y el fraude fiscal. Para alcanzar este objetivo, podría contribuir con las autoridades y los fondos monetarios regionales a la colecta de diversos impuestos internacionales.

Todas estas alternativas requieren la elaboración de una arquitectura mundial coherente, jerarquizada y dotada de una división de poderes. La piedra angular podría ser la ONU, siempre y cuando su Asamblea General se convierta en una verdadera instancia de decisión. Esta condición implica la supresión del estatuto de miembro permanente del Consejo de Seguridad y por consiguiente del derecho de veto. La Asamblea general podría delegar misiones específicas en organismos ad hoc.

Otra cuestión que todavía hay que debatir, mucho y en todos lados, es la de un dispositivo internacional de derecho, de un poder judicial internacional (independiente de otras instancias de poder internacional), que complete el actual dispositivo constituido principalmente por el Tribunal Internacional de la Haya y el Tribunal Penal Internacional. Con la ofensiva neoliberal de los últimos treinta años, la ley del comercio fue dominando, en forma progresiva, el derecho público. Instituciones internacionales como la OMC y el Banco Mundial funcionan con su propio órgano de justicia: el Órgano de solución de diferencias en el seno de la OMC y el CIADI en el Banco Mundial cuyo papel ha aumentado desmesuradamente. La Carta de las Naciones Unidas es violada regularmente por los miembros permanentes de su Consejo de Seguridad. Se crean nuevos espacios «sin derecho» -los prisioneros sin derecho encarcelados en Guantánamo por Estados Unidos-. Este país después de haber recusado el Tribunal Internacional de La Haya (en el que fue condenado en 1985 por una agresión a Nicaragua), rechazan el Tribunal Penal Internacional. Todo esto es extremadamente preocupante y requiere urgentemente iniciativas para completar un dispositivo internacional de derecho.

Mientras tanto, es necesario que instituciones como el Banco Mundial y el FMI tengan la obligación de rendir cuentas ante la justicia de jurisdicciones nacionales, (8) que se exija la anulación de las deudas que reclaman y que se actúe para impedir la aplicación de políticas nefastas que estas instituciones recomiendan o imponen.

Traducido por Griselda Piñero y Raúl Quiroz

Notas:
1) http://cadtm.org/Banco-mundial,762
2) http://cadtm.org/FMI,785
3) http://cadtm.org/Semaine-globale-d-action-contre-la,9433
4) http://cadtm.org/FMI,786
5) http://cadtm.org/Banco-mundial,762
6) http://cadtm.org/FMI,785
7) http://cadtm.org/FMI,786
8) Hasta ahora, no existe una jurisdicción internacional competente para juzgar los crímenes del Banco Mundial y del FMI

Éric Toussaint, doctor en ciencias políticas por la Universidad de Lieja y de París VIII, presidente del CADTM Bélgica (Comité para la anulación de la deuda del Tercer Mundo, www.cadtm.org). Es autor de Banco Mundial. El golpe de Estado permanente, El Viejo Topo, Mataró (Barcelona), 2007. La versión francesa se puede descargar de: http://cadtm.org/Banque-mondiale-le-coup-d-Etat. Su última obra: Procès d’un homme exemplaire, Edition Al Dante, Marseille, septiembre de 2013. Es coautor junto a Damien Millet de 60 Preguntas, 60 Respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial, Icaria editorial, Barcelona, 2009; La deuda o la vida, Icaria editorial, Barcelona, 2011. Premio del libro político otorgado por la Feria del libro político de Lieja. http://www.cadtm.org/Le-CADTM-recoit-le-prix-du-livre Vease tambien: Eric Toussaint, tesis de doctorado en ciencias políticas, presentada en 2004, en las universidades de Lieja y de Paris VIII: « Enjeux politiques de l’action de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international envers le tiers-monde », http://cadtm.org/Enjeux-politiques-de-l-action-de.

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La comunicación es utilizada como sistema de control para la guerra que oculta formas de poder en la aldea global del capitalismo

Fernando Arellano Ortiz (CRONICON, especial para ARGENPRESS.info)

Entrevista con el experto español Francisco Sierra Caballero.

Es paradójico que en la era de las tecnologías de la comunicación, en la que se supone que priman la máxima transparencia, la visibilidad total, la iluminación de la información, el secreto es la norma y no la excepción, así como el espionaje electrónico tanto militar como económico de potencias como Estados Unidos es una práctica que aunque indigna al mundo, es el común denominador en la sociedad global del capitalismo, explica el reputado sociólogo español, investigador social y catedrático universitario Francisco Sierra Caballero.

“Esa ilusión de transparencia, la falsa idea de que Internet nos hace libres, que la información nos libera de la realidad, es este dispositivo positivista, moderno de control y vigilancia que oculta las formas de poder y control que se dan en la aldea global del capitalismo”, enfatiza el experto en Ciencias de la Información, al explicar los alcances del desarrollo inusitado de las tecnologías comunicacionales.

Por lo anterior, Sierra Caballero aboga por la democratización y libre acceso de los ciudadanos a las tecnologías de la comunicación y a los medios de información.

Resalta los ejercicios democráticos que en este sentido se vienen dando en algunos países de América Latina que apuntan a abrir el debate público sobre la regulación y organización de sistemas de comunicación públicos y la definición de una estructura más equilibrada en cuanto al acceso y propiedad de los medios.

Aprovechando su participación en la Séptima Semana Internacional de la Comunicación organizada por la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bogotá, el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano, dialogamos con este experto para conocer su opinión en torno a temas como la concentración monopólica de los medios; el alcance de las regulaciones legislativas que sobre el tema se vienen aprobando en países como Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Venezuela; la centralidad comunicativa; la expropiación de la información mediante las políticas de libre comercio como los TLC, entre otros.

Sierra Caballero, doctor en Ciencias de la Información y posgraduado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la UNED. Se desempeña como profesor titular de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, donde dirige el Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social (COMPOLITICAS) y la Revista para el Desarrollo Social de la Comunicación (REDES.COM). Experto en políticas de comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana de la Unión Europea, ha impartido clases y conferencias como profesor invitado en prestigiosas universidades y centros de investigación de Europa y América Latina. Autor de numerosos estudios y ensayos en materia de comunicación y desarrollo, políticas de comunicación y teoría de los medios, ha publicado recientemente “Políticas de comunicación y educación. Crítica y desarrollo de la sociedad del conocimiento” (Gedisa, Barcelona, 2006). En la actualidad es Director de Centros Asociados del Consejo Directivo de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS) y Secretario Internacional de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC).

La comunicación, derecho humano fundamental que es preciso regular

- Los grandes medios de comunicación son actores políticos que juegan a proteger sus intereses corporativos. ¿Cómo entonces podemos hablar de democracia comunicacional y equilibrio formativo en nuestra actual sociedad global?

- Yo creo que tenemos en la agenda de las democracias mediáticas de nuestros países, especialmente en la región iberoamericana, una tarea pendiente, y es justamente regular un campo que es reconocido constitucionalmente, que es un derecho humano fundamental, pero que está en manos privadas corporativas que obedecen a intereses ajenos a la ciudadanía. Por tanto, avances democráticos como el que se ha dado en Ecuador por la Ley Orgánica o la propia experiencia de la Ley de Medios de Servicios de Comunicación Audiovisual en el caso de Argentina es un primer paso en un doble sentido, primero de abrir en la agenda pública de deliberación ciudadana sobre qué tipo de comunicación, qué modelo o sistema de organización de medios y de información pública se requiere; y en segundo lugar, establecer una estructura equilibrada en la que además de los actores privados de las grandes compañías nacionales y multinacionales de comunicación exista también un sector público fuerte garante de los derechos democráticos del ciudadano, por supuesto además de servicio público del Estado, una red amplia, potente, organizada en red de medios ciudadanos, de medios comunitarios. Estas dos condiciones creo que son básicas: la de abrir al debate público la regulación y organización de sistemas de comunicación pública y la de definir una estructura más equilibrada que la que históricamente ha marcado en nuestros países la conformación de la esfera pública en los medios de comunicación.

- Si como usted ha se señalado, una de las premisas de la libertad de prensa es no hacer de la actividad periodística una industria, ¿podríamos colegir que en las actuales circunstancias socioeconómicas, no es dable hablar de libertad de prensa sino mas bien de libertad de empresa?

- Es un axioma, un principio que es universalizable, cuando el señor Rupert Murdoch habla de libertad de prensa y se opone a cualquier tipo de regulación en realidad está hablando de su derecho privativo a concentrar y expandir sus intereses privados corporativos en el merado de la comunicación global. Por tanto, está idea liberal de la libertad de expresión como libertad de empresa informativa caza muy mal con los derechos universales a la comunicación reconocidos por la Declaración de Derechos Humanos. Es decir, los depositarios somos los ciudadanos que por tanto debemos tener derecho a tener medios comunitarios, derecho a un sistema público de radio y televisión y a un sistema o esfera publica estatal que defienda los intereses colectivos mucho antes que la libertad de expresión de un empresario, que fue por ejemplo el debate que ha habido en Ecuador a propósito de la Ley Orgánica de Comunicaciones. Por este derecho a los intereses creados, como en el caso de Argentina, grupos mediáticos como Clarín no pueden ser los depositarios de la libertad de expresión. Antes bien, ese ejercicio compete a profesionales siempre y cuando se respete en equilibrios y ponderados y que sea posible el acceso de otras voces. Desde el Informe MacBride hasta nuestros días este principio liberal de libre empresa informativa responde a lo que ha sucedido por ejemplo con el grupo Murdoch en Inglaterra de vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la privacidad, de transgresión de las leyes de espectacularización y mercantilización extrema que, desde luego, no está respetando los derechos humanos fundamentales en la mayoría de países porque lo que prima es la lógica del valor de la mercancía y la potestad, el principio básico constitucional de la mayoría de nuestros países de la libertad de expresión que supone un derecho político, un derecho social y una libertad pública que exige trascender mucho más de su realización mercantil o industrial que debe ser reconocida como tal, también como un principio incluido dentro de los derechos a la comunicación, el de la libertad de prensa informativa pero ésta no se ve vulnerada porque se regule en países como Argentina y Ecuador la estructura para limitar los niveles de concentración de propiedad. Antes bien, es una garantía para proteger al ciudadano de abusos de poder como la historia de la comunicación moderna que conocemos desde el Ciudadano Kane hasta nuestros días.

- El mundo adolece de lo que se denominan centralidad de la comunicación. En ese sentido siguen vigentes las premisas del Informe MacBride auspiciado por la Unesco en los años ochenta del siglo pasado y el cual propugnó porque se escucharan las múltiples voces del planeta, especialmente las del Sur. ¿Lo considera así?

- Algunos expertos que venimos luchando desde colectivos como la Unión Latina de Economía Política de la Información (ULEPICC), de movimientos sociales, desde la teoría crítica por los derechos de la comunicación, debemos referirnos a ese intento de democratizar el sistema mundial de comunicación. Por primera vez en la historia Naciones Unidas específicamente la Unesco con la mayoría de los países del Sur planteó el tema, sobre el cual nosotros preferimos hablar del espíritu MacBride, en tres conceptos básicos que están presentes y que siguen siendo válidos para las propuestas democráticas y que de algún modo inspiran procesos regulatorios como el de Argentina, como el de Ecuador, como el de Venezuela, o Bolivia. La primera premisa es justamente concebir la información, no como una actividad mercantil, no como una mercancía sino fundamentalmente como un bien social, como un bien común y de suyo un objeto de regulación que afecta el derecho universal, que afecta al sujeto de derechos de la comunicación que es el ciudadano y por tanto hay que pensar la información como un bien público. La segunda premisa que es básica y creo que además necesaria, lo estamos viendo en Unasur, es la necesidad de cooperación entre países y entre sectores, lamento que grandes grupos multimedia sean globales o angloamericanos como los de Murdoch, o a escala nacional como el grupo el Clarín en Argentina que no entienden que el derecho universal exige su activo de cooperación con los medios comunitarios, de cooperación con el sector público y no como estamos observando en América Latina como arietes de golpes de Estado, de golpes militares, golpes mediáticos que afectan no solo el derecho de información. En la centralidad de la comunicación en realidad está en juego el poder de luchar por otros derechos sociales y por otros derechos humanos en nuestros países. Y por tanto esta cultura de cooperación que está registrada como uno de los principios y aportes del Informe MacBride creo que se está recuperando en el caso de Unasur porque es estratégico la cooperación entre sectores, agentes culturales, poderes públicos y por supuesto entre países para desarrollar democráticamente una sociedad de la información para todos, un sistema de comunicación público y abierto. Y la tercera premisa, creo que es una lección también básica, fundamental. Los que defienden la doctrina totalitaria liberal de libertad de expresión entendida como libertad de prensa informativa no quieren oír hablar de participación ciudadana, no quieren hablar de políticas públicas de comunicación, el Informe MacBride fue una lección de que no hay desarrollo, no hay democracia, no hay progreso, no hay identidad cultural sin participación ciudadana y sin políticas públicas. Lo que estamos viviendo en los últimos años en América Latina son políticas activas en regulación. Todavía nos queda un amplio camino, pero en ese sentido el Informe MacBride sigue siendo valido. Una comunicación debe de ser participativa para el desarrollo nacional, para la igualdad y acceso de todos los ciudadanos a los bienes simbólicos, a la información y la cultura y sin políticas públicas no es posible esta participación. Afortunadamente hay procesos regulatorios que son ejemplos hoy en día, por ejemplo, para la Unión Europea que va en sentido contrario, evitando la participación ciudadana en temas de comunicación publica, en proyectos sociales de información, propiciando la privatización de los medios públicos y negando la posibilidad de una política activa de los poderes públicos para regular y garantizar los derechos sociales a la comunicación.

- En la Cumbre por un Periodismo Responsable que se realizó en Guayaquil, Ecuador, el pasado mes de junio, usted abogó por un periodismo para una ecología social. ¿A qué quiso eludir con ese término?

- En América Latina, especialmente en Ecuador, tenemos por delante la necesidad de concebir, como ya se dio en aquella critica de los años setenta, alternativas democráticas a la comunicación, pensar una tradición que es latinoamericana de comunicación participativa para el cambio social, de comunicación participativa para el desarrollo concebida hoy como ecología de la comunicación. Es decir, pensar el periodismo, los medios, como una comunicación para el Buen Vivir, este concepto, creo que clarifica los elementos de desarrollo de qué tipo de ecologías de vida, qué tipo de ecosistemas culturales, qué tipo de sistemas de comunicación necesitamos para el Buen Vivir, para el desarrollo nacional de acuerdo a ciertos criterios cualitativos, a ciertos enfoques mas respetuosos con la naturaleza, con la cultura local, con nuestras identidades, con las necesidades radicales de la población y debemos explorar esa realidad. En ese sentido el periodismo ciudadano y debates como la comunicación participativa que se dieron en décadas atrás pueden ser caminos a explorar para otra practica de la comunicación en los medios, mudando narrativas, modos de contar, agendas temáticas de los medios de comunicación, pero también modos de producir contenidos culturales a través de los nuevos ecosistemas o redes digitales, en fin, tenemos por delante una agenda en la que debemos ir pensando, y este es uno de los retos en la que algunos investigadores participamos para repensar las practicas de comunicación desde el Sur, para el Sur, con el Sur , desde abajo, desde la ciudadanía, desde las necesidades locales y radicales de la población.

- Con los tratados de libre comercio y las políticas neoliberales usted ha denunciado que se genera expropiación de la información a través de las leoninas cláusulas de propiedad intelectual ¿Cuál es el alcance de esa expropiación?

- El alcance es vital, porque afecta a las tecnologías, a las telecomunicaciones, y por eso América Latina debe tener en la agenda, porque no puede ser a nivel nacional, una política publica que cuestione todas las estrategias de expropiación de los sistemas de propiedad intelectual porque esto afecta por ejemplo a la industria del conocimiento, a todos los procesos de investigación y desarrollo, en áreas sensibles como la biomedicina o la farmacéutica, es evidente que afecta el desarrollo nacional pero también la industria agropecuaria de grandes multinacionales como Monsanto. En el campo de la comunicación es decisivo porque los sistemas de propiedad intelectual que nos imponen los acuerdos comerciales terminan generando un sistema de tecnologías dependientes por parte de los países del Sur, de dependencia cultural, de pérdida de soberanía informativa y de imposibilidad de construir un programa, una política, acorde a las necesidades nacionales. Por tanto tenemos que enfrentar como punto clave del conflicto en la sociedad global de la información, un derecho de propiedad intelectual, eso pasa por limitar en el tiempo y en el espacio esos derechos corporativos de las grandes corporaciones. En segundo lugar, asumir una defensa de los derechos colectivos y comunes, por ejemplo, los derechos patrimoniales que están siendo objeto de vulneraciones en las comunidades tradicionales, rurales y de los pueblos indígenas, defendiendo los derechos comunes y propugnando por una regulación de la propiedad patrimonial, del conocimiento y material acorde a las necesidades locales frente al modelo de cercamiento y privación que es muy evidente en el caso de la ciencia y tecnología pero que afecta también a las culturas tradicionales de los pueblos originarios. En ese ámbito es estratégico para otra sociedad del conocimiento y para otro modelo de desarrollo que América Latina, especialmente Unasur, haga un frente común y se module otro modelo de regulación plural y abierto que defienda los derechos comunes y colectivos de los pueblos originarios frente a los intereses de las grandes corporaciones del norte.

- También ha señalado usted que las políticas de la sociedad de la información se inspiran en el principio de la falsa transparencia. ¿Por qué?

- El concepto de falsa transparencia tiene que ver con la tradición de la ciencia moderna, del pensamiento ilustrado, de esa visión de ver igual al poder, y está inspirado en todas las políticas públicas de transferencia de tecnología, de capital de conocimiento y de la modernidad. Lo que estamos cuestionando con el conocimiento para el Buen Vivir es una práctica de la comunicación centrada en los imaginarios, en los relatos, en las formas de ser, pensar y conocer de las culturas locales, y la paradoja más evidente de esa falsa transparencia es la que tenemos en el periodismo que previsiblemente nos informan de lo que está sucediendo en Siria, pero como demostraron los cables de WikiLeaks, como se está demostrando en las formas de espionaje de video control y televigilancia en las redes sociales y en el sistema global de medios, lo que tenemos es un sistema de control para la guerra, por lo tanto esa supuesta visibilidad que nos permite tener acceso a la realidad lo que está ocultando son los dispositivos de control de vigilancia de video política del orden global en la que extiende su maquinaria de terror sea en el conflicto de Siria, antes en Irak, Afganistán, en los conflictos globales por las luchas del petróleo o de recursos estratégicos como el agua. En consecuencia, la falsa transparencia es esa concepción moderna, positiva, ilustrada de la razón, de la razón terrorista, de la razón totalitaria que no piensa que todo relato, que todo discurso, que toda práctica de observación y conocimiento tiende a ocultar los dispositivos de poder y de control como sucede en la red global como lo reveló de algún modo WikiLeaks en los conflictos por la lucha del código que hoy se puede observar en el caso de la red de Internet. Por eso hoy uno de los debates es el de la propiedad intelectual y de la gobernanza de Internet frente a esos sistemas de video vigilancia. Decía justamente uno de los pioneros de la sociedad del espectáculo, Guy Debord, que en la era de la máxima transparencia, de la visibilidad total, de la iluminación, de la información, de la mediación hipertotalitaria, justamente el secreto es la norma y no la excepción, y eso es lo que estamos observando, el secreto y la ocultación de los papeles del Pentágono de la información sensible y real que afectan los intereses estratégicos, el develamiento de cómo Estados Unidos sistemáticamente ha espiado no solo a los países de América Latina sino también a la propia Unión Europea y a los dirigentes de Alemania, de Francia, de Inglaterra para sus propios intereses estratégicos, incluyendo entre ellos el propio espionaje económico. Esa ilusión de transparencia, la falsa idea de que Internet nos hace libres, que la información nos libera de la realidad, es este dispositivo positivista, moderno de control y vigilancia que oculta las formas de poder y control que se dan en la aldea global del capitalismo.

- La expedición de leyes regulatorias de comunicación en países como Ecuador, Argentina, Bolivia, Venezuela, Uruguay, ¿en qué medida contribuye a democratizar tanto el acceso a los medios como a su democratización?

- Yo creo que tanto en el caso de Ecuador como de Argentina esas leyes tienen como aporte principal y fundamental en términos de economía política el que conforman un sistema de comunicación, una estructura de información de medios nacionales mas equilibrada, inaugura de algún modo un modelo de regulación que para Argentina es emblemático, establece una ley de tres tercios en la que halla un sistema comercial privado, un sistema publico estatal y un sistema comunitario de la sociedad civil. Esa estructura desde luego es equilibrada en términos de voces de acceso al ejercicio del derecho de la información, es un primer paso importante de democratización, el ejercicio del derecho no puede ser simplemente una abstracción, una forma no concreta de mediación en términos de acceso a los canales de información y de difusión pública, y esa primera mudanza en los casos argentino y ecuatoriano creo que es importante para establecer redes democráticas y de deliberación publica. La segunda dimensión tiene que ver con el modo de articular esa política pública, creo que una de las novedades del caso argentino especialmente y también en Ecuador es que se ha situado en la agenda publica, en la agenda de deliberación de nuestras democracias, el tema del papel de los medios y de los derechos públicos, y en ese sentido no solo regularon los legisladores, los representantes, la soberanía popular en el Congreso de ambos países, sino también hubo un debate de agentes culturales, de artistas, de profesionales de la información, de organizaciones ciudadanas, de medios comunitarios. Es decir, de diferentes actores y eso es también un ejercicio, una lección de democracia, que el debate sobre las políticas públicas, sobre el modelo del sistema de comunicación debe contar con el máximo de actores públicos, por ejemplo las comunidades indígenas, siempre olvidadas y que no tenían posibilidad de tener medios en su propia voz como sucedía hasta la llegada del gobierno de Evo Morales en el caso de Bolivia y que hoy, por fin, tienen medios comunitarios de su propiedad vinculados a las comunidades, en su lengua, en aimara, y desde luego construyendo agendas de información y comunicación desde su visión. Esto ya es un aporte y un avance democrático bastante sustantivo que no se está dando por ejemplo, en Europa, ni mucho menos se ha podido dar en Estados Unidos pese a que realmente se presente por parte de los radicales liberales como modelo de referencia. El ejemplo de Argentina es de equilibrio de estructuras de acceso y participación en la política pública como en el caso de Ecuador o Venezuela en su momento.

- Finalmente, hablemos del 15M habida cuenta que por su nacionalidad española conoce muy bien el proceso y desencadenamiento de este movimiento social que ha conllevado un gran contenido comunicacional. Sin embargo el sociólogo polaco Zygmunt Bauman dice que al 15M le faltó pensamiento porque es más emotividad, mientras que el especialista en comunicación Manuel Castells habla en cambio, de que hoy la sociabilidad esta en Internet y agrega que en buena medida hoy los movimientos sociales se suscitan en él por toda la capacidad de conformar redes. ¿Cuál es su opinión al respecto?

- No comparto el juicio del ilustre profesor Zygmunt Bauman por dos razones: se está dando por ejemplo movimientos de acción colectiva que algunos autores como Raúl Zibechi están analizando en el caso de América Latina y que demuestran que en buena medida todos los procesos de movilización a través de las redes sociales tienen un componente afectivo, siempre, históricamente el movimiento obrero se movilizó a través de la propaganda y el uso del periodismo como un agitador de conciencias, el propio Marx era un gran propagandista y polemista en la prensa de la época, y esto ha sido un condicionante, la diferencia con las redes sociales es que permiten autonomía. El 15M es un ejemplo en el sentido de nuevas retóricas, nuevas narrativas, nuevas estéticas de la protesta, pero sobre todo nuevos modelos de organización en red. Y esto ofrece en el sentido que señala Castells modalidades de acción colectiva impensables. Alberto Melucci que era un gran intelectual sobre los movimientos sociales y la identidad cultural colectiva en los procesos de movilización, ya apuntaba que en la era de la sociedad de la información asistimos a un nuevo ciclo de luchas. El 15M como algunas protestas, como la Primavera árabe, anticipa de otra lógica de articulación, también de la emergencia de una nueva subjetividad política, de una nueva sensibilidad, o para citar a Walter Benjamín, un nuevo sensorium en la era hípermoderna o intermediatizada de las tecnologías de la información. Frente a los que anticipan que Internet y las redes sociales son formas de fragmentación del espacio publico, de balcanización, procesos como el 15M demuestran que, antes por el contrario, son formas de intervención práctica operativa y real. Todo el movimiento de la lucha contra los abusos de la banca y del capital financiero, en el trabajo que se ha venido haciendo, creo que de manera muy innovadora, en la defensa de una iniciativa legislativa popular para regular los derechos hipotecarios de los ciudadanos desahuciados de su vivienda, en los procesos de movilización en los barrios para plantear debates que no se habían dado en España como la posibilidad de una banca pública que defienda el interés nacional, el conjunto de la población, todo esto, repito, ha sido posible por las redes. Dicho esto, no significa como a veces se puede deducir de la lectura de Manuel Castells que las protestas hoy son a través de las redes sociales. El 15M fue efectivo porque combinó lo virtual con lo presencial, lo físico y lo simbólico, las narrativas de red y las formas de organización popular tradicionales. En ese momento estamos asistiendo a esa nueva etapa de ciclos, de lucha de conflictos en lo que lo virtual evidentemente es un espacio de construcción de ciudadanía digital y de lucha y de reactualización de lo que sería el derecho de la vivienda hoy día también en el plano de las redes de Internet y de la tecnocultura, pero por tanto aproximándome más a esta lectura de Castells habría que ver qué tipo de mediación y qué papel tienen las políticas públicas para que la gobernanza en Internet frente al espionaje de Estados Unidos sea abierto y autónomo para la ciudadanía.

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Supuestos y presupuestos

Alcira Argumedo (especial para ARGENPRESS.info)

Parafraseando a John William Cooke, la deuda pública es el hecho maldito de la Argentina de las últimas décadas; el atentado más brutal contra la soberanía nacional y el bienestar social; la evidencia más dolorosa de una subordinación neocolonial y de un gigantesco saqueo, que las fuerzas políticas mayoritarias no están dispuestas a revertir.

El supuesto básico es que nuestro país debe "honrar su deuda" para recibir el respeto de los grandes poderes del mundo; toda pretensión de investigar la legitimidad de esa deuda, se considera un atropello inaceptable a la honestidad de los acreedores.

No importa que a través de sucesivas renegociaciones, canjes, megacanjes, falsos desendeudamientos y similares, por los 45.000 millones de dólares de 1982 -que ya conformaban una deuda odiosa y fraudulenta- se hayan pagado en veinte años 391.907 millones de dólares y todavía se sigan debiendo 208.464 millones. Sin contar lo aportado por la entrega del patrimonio público y las rentas correspondientes, con las privatizaciones de los 90'.

Este supuesto se manifiesta una vez más en las cifras del presupuesto nacional para el 2014. Guiados por los datos del INDEC, los economistas-dibujantes del oficialismo estiman una inflación imaginaria del 9.9% para el año y, a partir de allí, establecen un incremento presupuestario del 19.2%; lo cual supondría el aumento de un 10% real en los gastos del Estado.

No obstante, si se acepta que la inflación se acerca más a los datos brindados por las estadísticas provinciales y los cálculos de diferentes consultoras, que rondaría un 25% o más, nos enfrentamos de hecho a un ajuste fiscal. Las áreas más afectadas son las de salud y de educación y cultura, cuyo crecimiento del 11% en pesos moneda nacional, equivale a un ajuste del 14%.

Una situación similar se plantea con referencia a la seguridad interior: la creciente presencia del narcotráfico -entre otras expresiones del crimen organizado- que nos ubica como el segundo consumidor de América después de Estados Unidos y el tercer exportador mundial de cocaína, indicaría la pertinencia de aumentar sensiblemente los montos destinados a afrontar este flagelo, tanto en lo referido a inversiones en equipamiento como a la jerarquización de las fuerzas de seguridad en términos de salarios, luego de la necesaria decantación de esas instituciones a fin de erradicar corrupción y complicidades.

Pero no, la partida destinada a este sector crece en un 6.6% respecto del año anterior, con un ajuste de hecho que se acerca al 20%: una gran noticia para los "buenos muchachos" de la blanca. Otra gran noticia para los "buenos muchachos" acreedores externos, es que el pago de la deuda pública se incrementa en un 73%. Pero como no van a existir fondos legítimos provenientes del superávit, esos 12.000 millones de dólares previstos serán retirados una vez más del ANSES o del Banco Central a cambio de bonos que seguramente pagará Dios: los 500.000 juicios de jubilados por mala liquidación de haberes pueden esperar, porque la prioridad absoluta, el supuesto básico del gobierno es "honrar la deuda", reforzando el heroico papel de "pagador serial".

Alcira Argumedo es candidata a diputada nacional por UNEN.

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Manifiesto político electoral del Frente de Izquierda y de los Trabajadores

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES

Las elecciones de renovación legislativa 2013 tienen lugar en el marco de tendencias a una crisis de conjunto, en el marco del fin del ciclo kirchnerista armado para desviar la rebelión popular de 2001. En el plano económico, se manifiestan las tendencias a una nueva crisis de deuda -después de haberla pagado religiosamente durante una década-, una inflación creciente, una deuda pública récord, el paulatino vaciamiento del Banco Central y de la Anses y una desvalorización internacional del peso. Argentina se encuentra, otra vez, en el rumbo de un nuevo viraje de la política económica, que tendrá consecuencias graves, otra vez, para los trabajadores.

La clase capitalista reclama que se ponga fin al ‘cepo’ cambiario y otras regulaciones del Estado, que se proceda a una fuerte devaluación del peso y que puedan recuperar la libertad de entrada y salida de capitales y la posibilidad de acceder al endeudamiento internacional; reclaman la generalización del acuerdo con Chevron.

A través de algunos de sus políticos (como Scioli, Massa, Macri o De la Sota) buscan conciliar ese programa con una “transición ordenada”, para evitar la repetición del 2001. En realidad, quieren que sea el gobierno K el que cargue con las “tareas pendientes” del ajuste.

Los trabajadores, por su parte, protestan contra una carestía cada vez mayor que afecta el poder de compra del salario, y jubilaciones de hambre; contra los impuestos directos e indirectos a los ingresos del trabajo y contra la precarización laboral, la desocupación, el déficit y carestía de las viviendas y el derrumbe de la atención de la salud y la educación. En perspectiva, los grandes capitales, de un lado, y los trabajadores, del otro, volverán a enfrentarse para definir: quién paga los costos de la crisis.

En el plano político asistimos a la fractura del partido oficial, el kirchnerismo; por un lado, ha habido un éxodo de intendentes K, por el otro, han aflorado choques al interior de la camarilla que sigue con CFK. Hay fricciones generalizadas en los diversos niveles del Estado (gobernadores e intendentes e incluso en los aparatos de seguridad). El gobierno ha establecido un sistema de espionaje especial contra los movimientos populares y procura devolver protagonismo político a las fuerzas armadas. Un represor de la dictadura ha sido designado comandante del ejército, lo cual ha generado u repudio generalizado, incluso en el oficialismo.

La marcha del proceso político argentino tiene como telón de fondo a la crisis mundial capitalista. El capitalismo mundial descarga cada vez más la crisis contra las masas, por un lado destruyendo conquistas y derechos y, por otro lado, por medio de una represión creciente, intenta acallar las rebeliones populares.

El Frente de Izquierda saluda y apoya la lucha de toda la clase obrera mundial contra el capitalismo imperialista y sus gobiernos. Y destaca la lucha del pueblo de Brasil y la juventud de Chile. En la Argentina, y más allá de las políticas de las direcciones burocráticas del movimiento obrero, las grandes huelgas y manifestaciones contra el impuesto al salario, lograron imponer un recule al gobierno kirchnerista. Se desarrolla un despertar de la clase trabajadora y la juventud que abarca a todo el continente y se expresan en la oposición de masas creciente a los gobiernos de Dilma o Evo Morales, así como también en Chile.

Como expresión de este desarrollo histórico se ha producido el crecimiento de la izquierda combativa y anticapitalista en Argentina, que sacó en las primarias recientes casi un millón de votos -el doble de hace dos años. Este “ascenso de la izquierda” ha proseguido en las semanas siguientes: se ha manifestado en las elecciones estudiantiles en la UBA, sindicales y de delegados de empresas; en colegios y universidades; en el campo cultural. Se desarrolla la posibilidad de que los trabajadores encuentren la expresión política adecuada para enfrentar la nueva etapa.

Llamamos a votar al Frente de Izquierda y de los Trabajadores con la conciencia de que se trata del desarrollo de una alternativa política de los trabajadores y de una respuesta política del pueblo laborioso a la nueva crisis capitalista. La tribuna parlamentaria del Frente de Izquierda servirá a la educación y al desarrollo de una conciencia de clase de los trabajadores; a la denuncia de las conspiraciones del imperialismo y las patronales nativas contra el pueblo, a través del aparato estatal; al reforzamiento de la lucha de los trabajadores y la juventud, y para impulsar las luchas y movilizaciones de carácter político.

Utilizaremos la tribuna electoral para fortalecer la lucha, al servicio de las huelgas y la movilización extraparlamentaria en las calles de los trabajadores y la juventud, y como un medio más para el objetivo estratégico de derrotar a los capitalistas y su Estado mediante la revolución social.

La deuda eterna

La Presidenta se ha jactado de haber pagado, en la década, 173 mil millones de dólares de deuda externa -de ser, dijo, “una pagadora serial”. Lo que omitió fue que, mientras tanto, la deuda pública (externa e interna) ha subido casi cien mil millones de dólares, hasta alcanzar una cifra que supera largamente los doscientos mil millones de dólares. Desde 1975, Argentina ha pagado unos seiscientos mil millones de dólares y aún tiene una deuda descomunal. Estamos claramente ante una deuda usuraria, que crece como consecuencia de una continua capitalización de intereses que no se logran pagar. El saqueo del país ha alcanzado hace mucho un carácter delictivo. En este negociado ha intervenido la gran banca internacional, pero por sobre todo los capitalistas nacionales, que siempre han tenido en su poder la mayor tajada de esa deuda. Esto explica la conducta ‘serial’ de todos los gobiernos de los últimos cincuenta años.

Para proceder a ese pago ‘serial’, el gobierno ‘nacional y popular’ ha ido vaciando al Banco Central y a la Anses. Esto explica que el 75% de los jubilados cobre un 25% del costo de la canasta familiar. El gobierno K ha tomado dinero de estas instituciones a cambio de títulos públicos que nunca serán cancelados, sino refinanciados en forma indefinida. Esos títulos públicos están contabilizados a una valuación teórica, no la real. Ahora mismo, el gobierno está vendiendo los títulos heredados por la Anses de las AFJP a precio vil, con el bastardo propósito de bajar la cotización del dólar. La Anses tiene en su poder el monto mayor de la deuda en pesos, que se licúa como consecuencia de la inflación y de la indexación por los valores del IndeK. El ‘pago serial’ está llevando a la bancarrota al sistema jubilatorio y monetario.

El ‘relato’ del ‘desendeudamiento’ es simplemente una patraña. La reducción de la deuda externa, postulada por la reestructuración de 2005, ha sido una ficción, pues con el agregado de los llamados ‘cupones del PBI’, no ha variado en absoluto. Ha servido, solamente, para ‘estabilizar’ las relaciones con los acreedores capitalistas, a costa de los trabajadores. El resultado es que se asiste a una potencial cesación de pagos, en el marco de una crisis inminente con los llamados fondos buitres. La viga maestra de lo que pretendía ser ‘la reconstrucción de la burguesía nacional’, ha resultado una farsa. El gobierno que subió en 2003 para actuar como síndico de la bancarrota de 2001/2, enfrenta ahora otra crisis, que requiere un nuevo síndico, que será seleccionado, antes de 2015, por vía electoral o extra electoral. El fracaso descomunal del blanqueo de capitales (‘cedin’) constituye un voto abierto de desconfianza en el gobierno, por parte del capital nacional e internacional. Es otra expresión del cambio de frente de la mayor parte de los grandes empresarios y banqueros nacionales y extranjeros que ha apoyado al kirchnerismo, con altas y bajas, durante una década.

El déficit fiscal, para pagar la deuda externa y otorgar toda clase de subsidios a las patronales es la causa principal de la inflación que empobrece a los trabajadores. El gobierno financia también ese déficit con la confiscación de los fondos de la Anses, y las patronales se valen de la llamada ‘libertad de empresa’ para subir los precios y especular con la inflación.

El otro ‘relato’ mistificador es el de la “redistribución” de ingresos. Los síndicos de la bancarrota de 2001/2, se encargaron de acentuar la precariedad laboral, con el pretexto de ‘crear empleos’. Incluso con este recurso, la desocupación sigue muy elevada -del 15% si se incorpora al cálculo a los trabajadores de los ‘planes’, y aún más con los subocupados. Esto explica el elevado nivel de pobreza -un 70% si se toma a la canasta familiar, un 35% debajo de la canasta básica. La asignación por hijo, concebida y financiada por el Banco Mundial, apunta a sostener una asistencia social de hambre por tiempo prolongado. Reivindicamos el “trabajo para todos” (reparto de las horas de trabajo) y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.

La pobreza estructural incluye el derrumbe de la atención de salud y la educación, y el descomunal encarecimiento de la salud privada. El Frente de Izquierda plantea la defensa de la educación y salud pública; una educación nacional única, estatal, gratuita y laica; y un sistema nacional de salud pública y universal, a cargo del Estado, ambos bajo la dirección de los trabajadores. Reclamamos la apertura de los libros de las obras sociales y de la medicina privada. Rechazamos la estatización de las obras sociales (en gran parte pantallas de la medicina privada), por parte del Estado capitalista, pues no sería más que un paso hacia la privatización integral de la salud.

El Frente de Izquierda plantea el no pago de la deuda externa usuraria; la determinación de los responsables de este negociado, con el resarcimiento correspondiente; y el establecimiento de un impuesto extraordinario a los grandes capitales hasta cubrir la confiscación de activos sufrida por el Banco Central y la Anses.

Privatizaciones y nacionalizaciones

La función más importante de la sindicatura que formaron Duhalde-Lavagna-Kirchner, fue proceder al salvataje de las privatizaciones del menemismo y de los bancos de la quiebra. Para ese fin se apeló a un fenomenal sistema de subsidios. La consecuencia principal del operativo ha sido (junto con el pago de la deuda pública) la crisis económica, que financian, precisamente, la Anses y el Banco Central. El congelamiento de las tarifas fue un fenomenal obsequio a la burguesía nacional y extranjera, porque abarató servicios que utiliza y los salarios nominales, que quedaron abajo de los que habría requerido una canasta familiar más elevada.

La precariedad de este rescate se manifestó en la crisis de inversiones de los servicios y en nacionalizaciones aisladas, la principal de las cuales fue la de las AFJP, que fue puesta al servicio del pago de la deuda externa. El vaciamiento de la Anses para el pago de la usura internacional es un ejemplo extraordinario de la utilización de las nacionalizaciones para rescatar al capital, mediante la confiscación de los ingresos de los trabajadores .Como consecuencia de esto, la Anses quedó convertida en una AFJP estatal, que condiciona el nivel de las jubilaciones al pago de la deuda y a los subsidios financieros al capital. Otras estatizaciones (agua, aerolíneas), han reforzado la crisis fiscal.

Las ‘nacionalizaciones’ subieron un escalón con la expropiación parcial de Repsol (sujeta a indemnización en tribunales internacionales) y con una intervención creciente en el sistema ferroviario luego del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, la rebelión de miles de tercerizados ferroviarios y la masacre de Once. Se trata de nacionalizaciones ficticias e incluso de reprivatizaciones (Chevron). La expropiación parcial de YPF, que el Frente de Izquierda denunció desde el primer momento, ha iniciado un camino de profundización de la entrega de los hidrocarburos al capital extranjero, un avance en la contaminación ambiental y un giro completo hacia el endeudamiento en los mercados internacionales. Denunciamos el aumento imparable de las tarifas que cobran las petroleras; el derecho a que cobren precios internacionales; la tajada creciente que acaparan de la renta gasífero-petrolera; y el avance gigantesco de la contaminación ambiental. Planteamos un resarcimiento inmediato por el enorme pasivo ambiental dejado por estos monopolios.

El Frente de Izquierda denuncia las pseudo nacionalizaciones realizadas y las que se anuncian, como una política de rescate del capitalismo, a costa de una crisis fiscal mayor, e incluso al servicio de los negociados K (como los de La Cámpora en Aerolíneas), que será pagada por los trabajadores. Las nacionalizaciones burguesas han servido para atar aún más profundamente a la burocracia sindical al Estado y a las patronales, e incluso a sus negocios. Es necesario distinguir la nacionalización burguesa, que procura el rescate del sistema capitalista y de los empresarios a los cuales se asocian (TBA, Metrovías, Repsol, entre otros), de la nacionalización que efectivamente convierte a la explotación privada en un verdadero servicio estatal público al servicio del pueblo trabajador. En este caso la nacionalización o reestatización debe ser sin resarcimiento al capital (en realidad, el resarcimiento debe ser del capital al poder público) y operar bajo el control y la gestión de los trabajadores, con un financiamiento a través de impuestos extraordinarios al gran capital.

El Frente de Izquierda impulsa la renacionalización del 100% de YPF y todas las empresas petroleras. En el caso del gas y el petróleo se trataría de una medida de emergencia nacional, para revertir el vaciamiento capitalista operado en las dos décadas pasadas. Planteamos un plan nacional energético controlado por los trabajadores. luchamos por la reestatización de todas las privatizadas bajo control, administración y gestión de los trabajadores y usuarios. Proponemos una verdadera reestatización de todo el sistema ferroviario y de subtes bajo el control y gestión de los trabajadores y de los usuarios. Impulsamos la nacionalización de los monopolios capitalistas, bajo la dirección de los trabajadores, en especial de la banca y el comercio exterior y la gran propiedad agraria. Los monopolios capitalistas son una expresión del agotamiento relativo del desarrollo capitalista (‘libre competencia’), y un método de expropiación económica, por parte del capital monopolizado, esencialmente contra los trabajadores. Una política de nacionalizaciones así entendida, debe ser preparada metódicamente por medio de la apertura de los libros de las grandes empresas bajo el control y una planificación de los trabajadores urbanos y rurales. Lo que importa en las nacionalizaciones es que sean una transición hacia la gestión de la economía por parte de los trabajadores y, por esta vía, a una planificación del desarrollo nacional. Esta perspectiva plantea el gobierno de los trabajadores y el pueblo explotado.

Que la crisis la paguen los capitalistas, y no los trabajadores

La tendencia a la cesación de pagos, la crisis fiscal, la inflación y la carestía, son testimonio de la crisis del intervencionismo ‘nacional y popular’. Lo mismo ocurre con el fracaso del ‘cepo’ cambiario y del comercio, y del blanqueo de dinero ilegal (‘Cedin’).

El gobierno busca aminorar el peso de una derrota electoral en octubre con medidas cosméticas. Es el caso de la suba del mínimo no imponible al impuesto al salario, que será devorado rápidamente por la inflación y deja gravados a más de un millón de trabajadores. La represión en Neuquén para sellar el pacto secreto con Chevron, la designación del represor Milani en el Ejército o el nombramiento de un personaje de la ‘mano dura, como Granados en Buenos Aires, ha derrumbado definitivamente el pretendido progresismo K. El gobierno K piensa cómo serán los próximos meses con menos poder, donde debería aplicar un ajuste que podría incluir aumentos en las tarifas y menos “gasto social”. Lo mismo harían los gobernadores, sean del color que sean. Están tirando todo para después de las elecciones, mientras millones siguen en la pobreza y sin divisar ninguna solución a los graves problemas sociales. Más allá de que pretendan una transición ordenada, una salida capitalista a la crisis implicará golpes contra el pueblo trabajador, como hemos visto históricamente con el Rodrigazo, la hiperinflación, el “corralito” o la devaluación de Duhalde-Lavagna.

Por su parte, la oposición patronal de los Sergio Massa, Binner-Alfonsín o Macri, acompañan en lo esencial las políticas propatronales del gobierno. Todos votaron, salvo algunas excepciones, la apertura del canje para pagar la deuda externa a los fondos buitres. Todos gobernaron o gobiernan para los grandes empresarios y multinacionales.

Aunque con matices diferentes, todos los partidos opositores, sin excepción, y en especial el FAP y Unen, reclaman una mayor devaluación del mercado oficial de cambios, probablemente precedida por una devaluación en el cambio financiero. El resultado sería el aumento colosal de la deuda externa medida en pesos, que agravaría la crisis fiscal, y una gigantesca desvalorización de los salarios y los ingresos fijos, y de los activos de la Anses. Postulan, asimismo, una liberación de tarifas, con consecuencias letales para los salarios. El método capitalista convencional para contener la hiperinflación que resultaría de estas medidas, es el llamado ‘enfriamiento’ de la economía, o sea una mayor desocupación. La expectativa es generar una corriente de ingresos de los capitales del exterior.

El gobierno va en esa misma dirección. Lo muestra la suba del dólar oficial y el blue cercano a los diez pesos. La devaluación del peso oficial marcha a un ritmo superior a la inflación de precios. El acuerdo secreto con Chevron prevé la libertad para girar capitales y dividendos y recibir precios internacionales en el mercado interno. La reapertura del canje con los fondos buitres implica también un desmantelamiento de la política intervencionista, porque requiere el ingreso de capitales externos para hacer frente a un aumento considerable de la deuda externa. Una corriente muy fuerte, en el gobierno, viene planteando el desdoblamiento (devaluación) del mercado cambiario, como ya ocurre con el ‘Cedin’. Es necesario advertir que la ley que reforma el mercado de capitales, busca desarrollar las condiciones para convertir a la Bolsa local en el escenario que acoja al capital financiero internacional, en una escala similar a Brasil. Todo esto lleva a una megadevaluación del peso.

El Frente de Izquierda advierte contra esta tentativa común a todos los partidos del sistema, para hacerle pagar la crisis a los trabajadores. Planteamos el ajuste mensual de salarios y jubilaciones; la ocupación de toda empresa que suspenda, despida o cierre; el no pago de la deuda externa; un impuesto extraordinario a los grandes capitalistas para enjugar la crisis fiscal y pagar la deuda del Estado con la Anses y el Banco Central.

Represión e inseguridad

Apenas asumió Cristina con el 54% de los votos en 2011, lo primero que aprobó en el parlamento por orden del imperialismo fue la ley antiterrorista, para perseguir a los luchadores y seguir la criminalización de las luchas.

Desde la bancarrota de 2001/2 se han acentuado las medidas de excepción que sirvieron para rescatar bancos, AFJPs y privatizadas, y para expropiar a ahorristas y asalariados. Desde la crisis mundial, a partir de 2008, este método se acentuó. Luego de fracasar en los intentos de gobierno de centroizquierda o con la famosa transversalidad de los Cobos, el oficialismo acentuó sus rasgos bonapartistas, en una etapa avanzada de su declinación. Actuó sobre una amplia coalición inestable, que va de caudillos provinciales derechistas como Insfrán hasta organizaciones como el Movimiento Evita y la Tupac Amaru. A pesar de contar con mayoría parlamentaria, se agudizó el gobierno por decreto o resoluciones de la AFIP y del abuso de la cadena nacional y del favoritismo a los medios ‘amigos’. La precariedad de este tipo de gobierno quedó en evidencia en los fallos judiciales que han venido favoreciendo al grupo Clarín. La crisis política es ya una crisis de Estado.

El Frente de Izquierda le opone a este estado de excepción y de crisis, y al gobierno por medio de decretos -como la expresión de una crisis de gobierno y de sistema político- el gobierno de los trabajadores enraizado en todos los planos de la gestión social y política, basado en la autoorganización obrera y popular. Se trata de iniciar un proceso de transición hacia el socialismo y la abolición de toda forma de discriminación y explotación social. La ‘defensa de la República’, que esgrime la oposición tradicional, es pura hipocresía, pues toda ella ha gobernado siempre a espaldas de su propia Constitución (‘pacto de Olivos’, gobierno de facto de Duhalde, gobierno minoritario en 2003, decretos de necesidad y urgencia). La Constitución es una hoja de parra de la arbitrariedad, ya que el cincuenta por ciento de la legislación nacional es oriunda de la dictadura, al igual que la burocracia militar, judicial y represiva del Estado. Los gobiernos que emergieron desde 1983 reivindicaron la continuidad jurídica de la dictadura militar, en especial los compromisos internacionales políticos, militares y económicos, como el pago de la deuda. Los archivos de la dictadura no han sido abiertos. Las fuerzas armadas, que no han sido tocadas en absoluto, ofician de fuerza de ocupación en Haití, al servicio del imperialismo norteamericano.

La cuestión de la ‘seguridad’ es otra manifestación mayor de la descomposición del Estado, porque oculta el maridaje entre los aparatos de seguridad y los punteros y partidos del sistema, de un lado, y las organizaciones delictivas, del otro. Este maridaje se ve todos los días en cada barrio popular y quedó claramente expuesto en el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Sirve para victimizar a los jóvenes sin empleo y para justificar el ‘gatillo’ fácil. La alternativa ofrecida por el ‘progresismo’ oficialista -”la seguridad democrática”- consistió en privilegiar el espionaje contra las organizaciones populares, con el pretexto de “prevenir para no reprimir”. Ahora se propone crear ‘policías municipales’ y bajar la edad de imputabilidad. Esto significa, ni más ni menos, que entregar la seguridad ciudadana al sector más entrelazado con las diversas organizaciones del delito, incluida la trata de personas: nos referimos a los intendentes.

El nombramiento de César Milani, como jefe del ejército, es mucho más que un blanqueo de un genocida. Es una clara tentativa de devolver protagonismo político a las fuerzas armadas, un propósito que los distintos gobiernos persiguen desde 1983, con la obediencia debida, el punto final y el indulto. Ahora se invoca el apoyo del Ejército al “proyecto nacional y popular”. La ‘re-integración’ de las fuerzas armada apunta a reforzar las tareas de espionaje y la capacidad de represión del Estado frente a la crisis. Las fuerzas armadas argentinas se vienen entrenando en este menester, desde hace una década, en Haití. ¡Fuera el ejército de Argentina y de América Latina (con excepción de Venezuela y Cuba) de Haití!

El Frente de Izquierda llama a la organización popular en los barrios y en los lugares de trabajo y estudio, para combatir el ‘gatillo fácil’ y la trata de personas. Para combatir la penetración del narcotráfico, con apoyo policial, en los barrios, o sea la complicidad policial y política con el delito organizado. No a las policías municipales de los intendentes de la corrupción y el delito: para acabar con el aparato de punteros, es necesario poner fin a la miseria social que causa el capitalismo y reemplazar el aparato de represión de este Estado, que está al servicio de los explotadores, por organizaciones de los trabajadores mismos en el camino de la lucha por su propio gobierno. Abajo el Proyecto X, y el espionaje y la infiltración a las organizaciones populares. Por la disolución de todos los órganos de inteligencia puestos para espiar e infiltrar a las organizaciones populares.

La Izquierda al Congreso, a las legislaturas, a los concejos

El Frente de Izquierda aspira a ingresar a los Parlamentos del país, para desarrollar una alternativa política de los trabajadores.

Para convertir a los parlamentos en tribuna política, denunciar al contubernio entre los capitalistas, su régimen y sus partidos, y para desarrollar las luchas y la movilización extraparlamentaria de los trabajadores y el pueblo. Para poner nuestros diputados, legisladores o concejales al servicio de las luchas obreras, populares y juveniles, como ya lo venimos haciendo con nuestros legisladores y concejales en Córdoba, Neuquén, Salta y Santa Fe. Para propagandizar y agitar en los métodos del gobierno de los trabajadores. Una votación aún mayor por el Frente de Izquierda, más allá del casi millón de sufragios de las primarias será, por sobre todo, un estímulo poderoso para la organización masiva contra los ajustes que se preparan para después de los comicios.

En contraste con el desarrollo de la izquierda combativa y socialista, el país asiste a la desintegración de la llamada “izquierda plural”, integrada a la llamada centro izquierda (Pino Solanas, Libres del Sur) con claros vínculos con los representantes del capital bancario y sojero (Prat Gay, Binner, UCR). Lo mismo ha ocurrido con las tendencias que, bajo el disfraz del chavismo, dedicaron lo mejor de su tiempo al apoyo del kirchnerismo. El ascenso de la izquierda es el resultado de una experiencia política de conjunto.

El Frente de Izquierda impulsa la independencia política de clase de las organizaciones populares y en especial de los sindicatos respecto al Estado. Fuera la burocracia sindical de los sindicatos, por la formación de direcciones clasistas para transformar los sindicatos e imponer la democracia sindical. Peleamos por incluir a los trabajadores desocupados, contratados y precarios dentro de los sindicatos e impulsamos la más amplia autoorganización obrera y popular. La unión de la izquierda revolucionaria con el movimiento obrero convertirá a los trabajadores en una fuerza dirigente, el primer paso para cambiar la historia del país y abrir la perspectiva de la revolución y del la transición al socialismo en el país y en el mundo.

Plataforma de reivindicaciones urgentes

* Abolición del impuesto directo al salario y a las jubilaciones; eliminación del IVA; ningún impuesto a la vivienda única del trabajador.

* Por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; por el 82% móvil en las jubilaciones; empezando por el cumplimiento integral de los fallos judiciales a favor de los jubilados.

* Fuera las ART, por comisiones de seguridad e higiene, organizadas democráticamente por los propios trabajadores. Abolición del trabajo precario y en negro; incorporación de todos los trabajadores, en cada empresa, a las convenciones colectivas con cláusulas más favorables.

* Fuera el gobierno de la Anses: por una dirección electa y revocable por los trabajadores y jubilados.

* No pago de la deuda externa; por un impuesto extraordinario a los grandes capitales para rescatar los activos en poder de la Anses y el Banco Central.

* Fuera Chevron, no al ‘fracking’, no a la explotación minera de cielo abierto; resarcimiento por los daños ambientales; nacionalización de estas industrias, bajo control de los trabajadores.

* Basta de servicios públicos deplorables, y masacres con muertes y corrupción. Por la reestatización de los trenes y subtes bajo control y gestión de los trabajadores y usuarios.

* Anulación de la reforma judicial kirchnerista. Elección popular de los jueces y fiscales.

* Que todo legislador, funcionario estatal o juez gane lo mismo que un obrero especializado o un maestro. Revocabilidad de todos los funcionarios electos. Elegibilidad de todos los directores de empresas públicas.

* Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

* No a la baja de la edad de imputabilidad.

* Por una campaña nacional de las organizaciones obreras y populares por el desmantelamiento, juicio y castigo de las organizaciones de trata: por el apoyo a todos las movilizaciones contra ‘los hijos del poder’, que son responsables de la desaparición y asesinato de mujeres.

* Por la independencia de los sindicatos del estado; democracia sindical; fuera la burocracia. por la más plena democracia sindical; por el derecho de los trabajadores a organizarse sin ingerencia y control estatal.

* Fuera las Fuerzas Armadas de Haití. Por el apoyo a la rebelión obrera y popular en todo el mundo, que crece y se extiende con el avance de la crisis capitalista.

Llamamos a los trabajadores, a la juventud, a los sectores populares y a los que se reivindican de la izquierda a sumarse y apoyar la campaña por el voto al Frente de Izquierda el 27 de octubre.

25 de setiembre de 2013

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores esta integrado por: Partido Obrero - PTS - Izquierda Socialista.

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Más que "intelectuales hay decididores"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Con Darío Balvidares iniciamos una serie de entrevistas sobre el rol de los intelectuales en estos tiempos de "fluidez" y posmodernidad.



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Impuesto a las Ganancias: El anuncio versus la realidad

Fernando Schpoliansky (ACTA)

Días atrás el Gobierno Nacional anunció cambios en materia fiscal que reducen significativamente la porción de asalariados afectados por el Impuesto a las Ganancias y bajan el impacto del tributo sobre otro grupo de trabajadores.

Desde la CTA seguimos defendiendo la postura que el salario de los trabajadores en relación de dependencia no es una ganancia, y por lo tanto lo que no debe existir es el tributo en sí mismo.

También hay que aclarar que lo que hizo el Gobierno fue buscar la manera que los salarios menores a $15.000 brutos mensuales no paguen ganancias y lo hizo a través de la aplicación de una “deducción especial” y no a través del aumento del mínimo no imponible.

Esto tiene que ver con que el Gobierno no corrige el mínimo, y de esta forma el impuesto a las ganancias continúa ayudando a la caja.

La modificación impositiva que más relevancia tiene, por la cantidad de personas a las que beneficia, es la exención del Impuesto a las Ganancias para todos los trabajadores que hayan percibido como salario bruto hasta 15 mil pesos en promedio entre enero y agosto. Este cambio opera a partir de las remuneraciones que se cobran en septiembre, aunque fueran correspondientes a la labor realizada en agosto.

El corte del impuesto sube entonces desde 8360 pesos para el trabajador soltero y 11.563 pesos y para el casado hasta 15 mil pesos. El nuevo piso es para todos igual, sin importar el estado civil del trabajador, la cantidad de hijos que tiene o cualquier otra deducción posible.

El mecanismo a partir del cual se estableció la exención es el siguiente: existen tres rubros de deducciones al Impuesto a las Ganancias, la deducción por ganancias no imponibles (a), por cargas de familia (b) y deducciones especiales (c). El trabajador que hasta ahora pagaba Ganancias y cobra entre el mínimo no imponible (de 8360 para solteros y 11.563 para casados con dos hijos) y 15 mil pesos brutos, ahora verá incrementada la deducción especial por el monto que sea necesario según su situación familiar, conyugal y patrimonial, de modo que deje de pagar el impuesto. Es decir que no se aumentan todas las deducciones como sucede en los tradicionales anuncios de aumento del mínimo no imponible, sino que sólo suben las deducciones especiales en el monto que fuera necesario para establecer el piso de 15 mil pesos para cualquier trabajador.

Con esta medida, 1.298.383 empleados y 98.985 jubilados dejarán de pagar Ganancias, de un total de 1.497.368 personas. Eso implica que el universo de trabajadores que no están alcanzados por el impuesto se incrementó a un 89,8 por ciento (8.382.390 personas), porcentaje que se eleva al 99,3 por ciento de los jubilados (5.975.623 personas). El cambio en el impuesto exige un esfuerzo fiscal de 2581 millones de pesos hasta diciembre.

Por otro lado, para los salarios en bruto de 15.001 a 25 mil pesos, el Gobierno aumentó las deducciones del Impuesto a las Ganancias en un 20 por ciento, lo que reduce el monto que esos trabajadores deben pagar por el tributo. Por ejemplo, un soltero que recibe un salario de 18 mil pesos pasará de pagar 2027 pesos a 1577 pesos, un beneficio de 450 pesos, y un casado con dos hijos reduce su pago de 1216 a 708 pesos, una diferencia de 508 pesos. En tanto, un salario de soltero de 25 mil pesos deja de pagar 512 pesos, y un casado con dos hijos, deja de abonar 708 pesos.

La suba del mínimo no imponible para los salarios entre 15.001 y 25 mil pesos beneficia a 699.016 empleados, el 70,2 por ciento del nuevo universo de trabajadores que pagan Ganancias, y a 33.033 jubilados, el 83,3 por ciento de los jubilados afectados por el impuesto luego de la exención hasta los 15 mil pesos. El incremento del mínimo implica para el Estado dejar de percibir 1317 millones de pesos hasta fin de año.

Como no se modificaron los tramos ni las alícuotas del impuesto, surge una situación paradójica para los salarios apenas por encima de los 15 mil pesos. Un soltero con una remuneración de 16 mil pesos ahora pasará a pagar 1092 pesos de impuesto, lo que reduce su salario hasta los 14.908, por debajo del trabajador que cobra 15 mil pesos y no paga Ganancias por el nuevo piso establecido. De todas maneras, el trabajador que gana 16 mil pesos redujo su pago del impuesto de 1486 a 1092 pesos.

Para la región patagónica, que incluye las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y la ciudad de Carmen de Patagones (Buenos Aires), la suba de las deducciones del Impuesto a las Ganancias es del 30 por ciento para toda la escala, sin el límite de los 25 mil pesos. Eso permite que 115.947 de los 226.214 empleados y jubilados que pagaban Ganancias dejen de hacerlo. Implica para la AFIP dejar de recaudar 217 millones de pesos. Junto a los anteriores beneficios, supone un costo fiscal total de 4115 millones de pesos hasta fin de año.

Resumen:

Hasta $15.000: No se modifica el mínimo no imponible ($8360 para solteros y $11.563 para los casados con dos hijos), pero se aplicará una nueva deducción especial a partir de septiembre. Debido a esta medida, dichos salarios no tributarán Ganancias. Entre $15.001 y $25.000: El mínimo no imponible sube 30% por trabajar en la Patagonia. Quedará en $10.433 para solteros y $14.430 para casados con dos hijos. Más de $25.000: No habrá cambios en el impuesto a las Ganancias. El mínimo no imponible que se utiliza como base de cálculo seguirá en $8360 para solteros y $11.563 para casados con dos hijos.

Asignaciones Familiares: Los topes salariales para percibir asignaciones familiares tendrán un incremento del 78,5% a partir de setiembre. Los topes, que son hasta el momento de $8400 por cada cónyuge y $16.800 pesos por grupo familiar, subirán a $15.000 y $30.000, respectivamente.

Como se financia:

El Poder Ejecutivo giró al Congreso la propuesta para financiar el bache en la recaudación que, a su juicio, se producirá una vez que estos beneficios entren en vigor este mes. Según el Gobierno, el impacto fiscal será de $ 4500 millones, que espera cubrir con dos nuevos impuestos, el que grava con un 15% la compraventa de bonos y acciones que no cotizan en Bolsa, y otro que grava en un 10% el cobro de dividendos de empresas.

Con la creación de los dos nuevos impuestos se castiga a las pymes y se beneficia a las grandes empresas que cotizan en Bolsa. El Gobierno prevé recaudar así unos $ 2100 millones, menos de la mitad de los $ 4500 millones.

Conclusiones:

Positivas: 1. Implica la mayor suba desde que Cristina Fernández es Presidenta de la Nación. Debemos tener en cuenta que con una inflación real de un 75% en los últimos tres años, el atraso en la actualización del mínimo era del 50,5%, pues se ajustó un 16.9 en enero y las exclusiones del aguinaldo representaron una actualización del 7,6%. Por ende, para aquellos que ganan en bruto 15.000 pesos mensuales, el ajuste anunciado retorna las cosas al año 2010, significando ello un reconocimiento importante.

2. Para quienes ganan entre 15.000 y 25.000 el ajuste será del 30% (zona patagónica), que sumado a los ajustes ya mencionados implicaran una suba importante, aunque tendrán un atraso inflacionario no reconocido en el MNI de los últimos tres años de aproximado del 30,5%. Aunque insuficiente implica un reconocimiento de que los costos de vida de la Patagonia son más altos, y por ello el impuesto debe reconocer dicha diferencia.

Negativas:

1). No sube el Mínimo no imponible sino que se aplica una “DEDUCCION ESPECIAL”. En caso de quitar esa “deducción”, regresaríamos al mínimo no imponible anterior.

2. No se tocan las escalas del Art. 90. El Estado sigue sin mover las escalas que por ley se deben actualizar anualmente. El retraso en las mismas es de 13 años, siendo el atraso mayor a un 500%. La consecuencia de ello es que muchos trabajadores seguirán pagando alícuotas demasiadas altas, que son desproporcionadas con respecto a lo que pagan las empresas.

3. No se incorpora un deducción especial por zona desfavorable, que afecta sobre todo a los trabajadores de la Patagonia, que ganan nominalmente más, y que tienen un costo de vida nominalmente más alto, provocando esto que el impuesto los afecte de manera agravada.

4. No se discute quien debe aplicar la ley para que exista un sistema de actualización automática del MNI y las escalas del impuesto a las ganancias. La determinación del impuesto sigue siendo un favor presidencial y no algo que surja del cumplimiento de la ley. Tiene más que ver con un modelo tributario medieval que con uno que surja del principio del legalidad.

5. No se discute el sistema tributario argentino, que ejerce una presión tributaria muy alta sobre la masa salarial (los trabajadores) y más liviana sobre la tasa de ganancia del capital (las empresas) y los grandes capitales (bienes personales).

Al no ser un anuncio que establezca un sistema de actualización automática del MNI y al no tocarse las escalas, el mismo resulta insuficiente.

Aunque el anuncio es importante, lamentablemente el gobierno no se muestra dispuesto a discutir y redefinir el sistema tributario argentino en su conjunto, donde el 10% de la población más rica se lleva el 37% del PBI y tiene una presión tributaria menor que la que soportan los trabajadores; o donde el IVA está entre los más altos del mundo e incluye a los alimentos de primera necesidad.

Fernando Schpoliansky es Secretario de Formación de CTA Neuquén.

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La memoria recobrada

Asunción Ontiveros Yulquila (PLAZA DE MAYO)

Por primera vez en su historia, Jujuy tiene un espacio político aborigen que disputa el poder en la provincia.

En enero de 1982, en el primer número de la Revista El Porteño, que se editaba en la ciudad de Buenos Aires, Miguel Briante, escritor y periodista, edita la nota “Aborígenes: La memoria perdida”. Era una crónica que denunciaba con crudeza el estado de la subjetividad colonizada lacerante de los wichi y qom que preexisten en la provincia del Chaco.

Briante exclamaba: “No hay pasado, no hay mitos, ni leyenda, ni nada antes de los evangelistas. Tan fuerte fue la prédica, tan feroz. Proclaman que su fe es el evangelio, como si hubieran nacido en el siglo pasado, cuando llegaron los anglicanos”.

En enero de 1982, a nivel internacional, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, las naciones indias del Hemisferio Occidental (América, o Abya Yala, o Pacha Mama) habían logrado construir un foro No Gubernamental propio, para debatir frente a los representantes diplomáticos de los países adscritos a la Organización de los Estados Americanos, OEA, los derechos de las naciones indias. Tema crucial para las sociedades hegemónicas neocoloniales de los países llamados “latinoamericanos”. El representante de la Argentina, embajador Gabriel Martínez, expresaba a viva voz que “en mi país no hay indios”. Sin embargo, el Articulo 65, Inciso 17, de la Constitución Nacional vigente, establecía que corresponde al Congreso: “Proveer a la seguridad de la fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”.

Guerra contra el pueblo kolla (qulla) en la Puna jujeña. “Conquista del desierto”, “Conquista del Chaco Impenetrable”. Bombardeo sobre Napalpi, Anglicanos, adventistas, menonitas, órdenes católicas. Significaron y significan acciones de lesa humanidad, es decir genocidio y etnocidio. Pérdida de territorios, de la memoria histórica y de la identidad. Tal como lo refleja Miguel Briante en su crónica de 1982. Esas acciones de lesa humanidad son similares a las acciones de la dictadura genocida de finales del siglo XX. Todo sucede en el periodo de la República Argentina, supuestamente libre e independiente de toda dominación extranjera.

En 1994 se Reforma la Carta Constitucional de 1853, el citado artículo se modifica sustancialmente. Queda establecido el Artículo 75, Inciso 17, que prescribe que el Congreso deberá “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”. Es decir se reconoce en la letra que los pueblos y/o naciones indias existen desde antes de la constitución de la República Argentina. Literalmente es una expresión de deseo o un mito legitimante de la Constitución, porque los Estados provinciales y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en la práctica, imponen relaciones cuasi coloniales con los pueblos originarios.

En el mundo de la provincia de Jujuy, que tiene una superficie de 53.219 km2, de los cuales, el 70% es, en la teoría y en la práctica, propiedad del Estado provincial. Es decir, son tierras fiscales. El 30% restante del territorio constituyen las propiedades privadas de la sociedad hegemónica.

Esta situación feudal de la tenencia de la tierra conlleva a que en la sociedad pluricultural de la provincia persistan las lacerantes relaciones coloniales con los pueblos y comunidades originarias que preexisten desde hace siglos en el 70% de “tierras fiscales”.

Las relaciones coloniales producen y reproducen prácticas paternalistas que es igual a racismo y discriminación racial, pobreza, corrupción desde arriba hacia abajo, despojo de territorios, asimetrías en la distribución de la riqueza, de la información y del conocimiento, emigración latente y manifiesta de la población joven.

El 1º de agosto de 1949, el Estado Nacional, mediante Decreto 18.431, expropió 1.846.752, 25 hectáreas de tierras, en los Departamentos de la Puna, Quebrada y Valle Grande. El objetivo era y continúa siendo devolver las tierras a los habitantes aborígenes, “hijos de Manku Kapaq”. Hasta el presente, el Estado provincial es incapaz de proceder la devolución con títulos de propiedad definitivos y planos derivados de las mensuras correspondientes. La práctica política del ninguneo a los pueblos originarios es endémica. El ninguneo se reproduce en los gobiernos municipales y comisiones municipales. Los gobernantes locales son descendientes y miembros de comunidades originarias, pero ideológica y políticamente responden a los tradicionales partidos políticos de la provincia: “peronistas” agrupados alrededor del Frente por la Victoria que lidera el “conductor” Guillermo Fellner; y “radicales” agrupados en torno al Frente Jujeño que lidera el senador nacional “anti K” Gerardo Morales.

Estos partidos tradicionales son lobistas y representantes de los intereses de la minoría hegemónica de la provincia.

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son administrados por miembros de los partidos tradicionales que responden a corporaciones de reducidos grupo familiares. Estos grupos son la otra cara de los propósitos de democratizar las instituciones y de mejorar la distribución de la riqueza, que tiene el actual gobierno nacional.

Por lo expuesto hasta aquí, es que desde julio de 2011, las comunidades del Departamento de Humahuca, deciden, desde abajo hacia arriba, construir el Movimiento Comunitario Pluricultural (MCP).

En las elecciones del 23 de octubre de 2011, el MCP, como partido a nivel municipal, presentó candidatos para intendentes, concejales y vocales para comisionados municipales, en los Distritos de Humahuaca, Hipólito Yrigoyen Tres Cruces y El Aguilar. El MCP ganó dos escaños para concejales y la intendencia de El Aguilar. Un acontecimiento inédito en la historia de la política jujeña y de la Argentina. Desde el 2012, mediante ordenanza, la Municipalidad de El Aguilar se llama Municipalidad Comunitaria Pluricultural. La gestión municipal cambia para mejorar la calidad de la gobernanza desde abajo hacia arriba, desde la comunidad.

El MCP como partido a nivel provincial

Sin duda, desde el 11 de diciembre de 2011, la memoria y las instituciones de los pueblos del Jujuy profundo se están recobrando. La historia, el conocimiento, la participación comunitaria, el consenso, la articulación de los pisos ecológicos y de las instituciones se recupera para construir el Buen Vivir de los pueblos. Los miembros de las comunidades dejan de ser objetos para la política clientelista de los partidos tradicionales. Están pasando a ser actores políticos para transformar las realidades territoriales presentes en pos de un futuro mejor. Para transformar las realidades territoriales presentes hay que recuperar el pasado y la memoria. Para el MCP es válida la premisa de George Orwell: “Quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado”.

El pasado del Jujuy profundo lo controla el poder hegemónico del Jujuy imaginario, que tiene como punto de partida el proyecto colonial de Francisco de Argañarás y Murguía (1593).

Por lo tanto, el Jujuy imaginario o virtual, la minoría, se sostiene con su historia oficial, mediante la cual proyectan su futuro exclusivo desde la perspectiva indigenista (pensar y hacer cosas para el colonizado), en este caso la mayoría de la población jujeña.

La minoría del Jujuy imaginario controla el presente y el pasado. Por ello, desde 1834 la tarea del Estado jujeño, fue y es, apropiarse de los territorios y de las riquezas de los pueblos originarios. ¿Cómo enfrentaron los kolla a estas relaciones coloniales? Emigrando, ocupando y comprando espacios territoriales en las ciudades, como ser la ciudad de Jujuy, Palpalá, Humahuaca y otras.

La situación social y política derivada de la exclusión de la mayoría, el Jujuy profundo, hace que el MCP, desde el 25 de mayo de 2013, sea una alternativa política válida, a nivel provincial, para modificar y transformar realidades territoriales. En el marco del proceso de democratización que experimenta nuestra provincia y, en el proceso para una mejor distribución de la riqueza de nuestro país pluricultural.

En las elecciones legislativas del 27 de octubre próximo, el MCP presentará candidatos para concejales y vocales de comisiones municipales, en los Departamentos de Yavi, Santa Catalina, Rinconada, Cochinoca, Humahuaca, Tilcara, Tumbaya, General Belgrano, Palpalá, Perico y Santa Bárbara. Presentará, respetando las regiones geográficas de Jujuy y los Departamentos, candidatos a diputados provinciales.

En la jurisdicción de la ciudad de Humahuaca, presentará candidato a Intendente, como también, para concejales. Gustavo Gabriel Ontiveros (Licenciado en antropología), Mario Corimayo (maestro carpintero), Alicia Quispe (profesora y técnica en desarrollo intercultural), y Sergio González (comunicólogo y profesor) son los candidatos del Movimiento Comunitario Pluricultural.

La Municipalidad de la Ciudad de Humahuaca

La ciudad de Humahuaca, desde el 10 de diciembre de 1983, eligió intendentes que siempre actuaron al margen de la Ley Orgánica de Municipios, como también al margen de las necesidades, intereses y derechos de los habitantes. La ciudad tiene historia en el marco de las civilizaciones de Tiwanaku y del Tawantinsuyu, o prehispánica, como también colonial, republicana y local. Es el principal epicentro y referencia de la Declaración de la UNESCO del 2003: “Patrimonio Natural y Cultural de la Quebrada de Humahuaca”, que se extiende desde las localidades de Casilla o de Tres Cruces hasta Bárcena o acceso norte de la ciudad de Jujuy. La toponimia persistente conduce al pasado profundo de la Quebrada, que tiene relaciones hídricas con la cuenca del Bermejo, antes llamado Pilkumayu, cuyas aguas arriban al Río de la Plata.

Desde julio de 2003, el territorio de la jurisdicción de la Municipalidad de Humahuaca, es objeto codiciado de traficantes de tierras, tanto privados como estatales.

La construcción de viviendas por parte de cooperativas, organizaciones sociales, que reciben financiamiento del Estado nacional, que en principio fueron decisivas para salir de la desocupación brutal que azotaba y azota aún a la población de Jujuy. Con el correr de los años generan problemas angustiantes para los propietarios ancestrales de tierras. El 05 de septiembre de 2012, los traficantes de tierras con residencia en la ciudad de Jujuy, chocaron con la resistencia férrea de los habitantes de Humahuaca que actuaron comunitariamente en defensa de la tierra. Lamentablemente hubo una pérdida de vida entre los defensores de la tierra. Hasta la fecha la administración de Justicia de la provincia de Jujuy no aclara quiénes son los autores de los disparos que asesinaron al joven Luis Darío Condorí.

El Ayudante Fiscal Regional de Humahuaca, Dr. Fernando Alancay, defensor de ex funcionarios corruptos y secretario de la sigla “Instituto de Derecho Positivo Indígena” con sede en el Colegio de Abogados de Jujuy. Colegio que durante la dictadura genocida tenía prohibido a sus miembros defender a los presos políticos. Treinta policías antimotines y el poder de las decisiones que nace en la Casa de Gobierno de Jujuy. El gobierno municipal de la ciudad de Humahuaca presidido hasta el 06 de octubre 2012, por Roberto Lamas, promotor de toma de tierras en baldíos y predios del ex Ferrocarril Belgrano. Estos personajes e instituciones públicas, con sus errores y horrores, encubren a los traficantes de tierras y a los asesinos de Luis Darío Condorí.

Traficantes de tierras, cooperativas, fundaciones, “empresarios” privados, martilleros, abogados, escribanos, agrimensores, produjeron un contexto que se puede titular “la fiebre de la tierra”. Todos pasan por las oficinas de la Dirección Provincial de Inmuebles, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Provincia de Jujuy, cuyo despacho funciona en el mismo piso donde se ubica el despacho del Gobernador. En la práctica el “dueño” de la tierra fiscal en la provincia es el Gobernador.

Ante la situación descripta, se presenta como actor político el Movimiento Comunitario Pluricultural en la ciudad de Humahuaca, presentando como candidato para Intendente al licenciado Gustavo Gabriel Ontiveros. La plataforma política se constituye en torno a tres ejes principales. Asegurar la propiedad territorial definitiva de los habitantes comunitarios y de los habitantes urbanos. Ordenar el habitad urbano y reorganizar el territorio para recuperar el ambiente, mediante la recuperación de los canales de riego y la construcción de servicios sanitarios acorde a las necesidades actuales, playas de estacionamiento, espacios verdes y campos deportivos. Combatir la basura en toda la ciudad mediante la articulación con los vecinos, las instituciones públicas y privadas de la ciudad, así como con las instituciones públicas del Estado provincial y nacional.

Dado que el Estado municipal de la ciudad de Humahuaca es una representación a nivel local del Estado provincial y del Nacional, el gobierno municipal del MCP velará para que los servicios de salud, educación, seguridad social, acceso a la red eléctrica, al agua potable, a un ambiente sano, sean proyectos y realidad, para el Buen Vivir de la población en general de la jurisdicción de la Municipalidad. La lista del Movimiento Comunitario lleva el Nº 251. Será un acontecimiento inédito la participación del MCP en las elecciones del 27 de octubre de 2013. Es el mejor camino para la amplificación y mejora de las prácticas para la democratización de la provincia de Jujuy.

Asunción Ontiveros Yulquila es miembro del Movimiento Comunitario Pluricultural.

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