miércoles, 2 de octubre de 2013

Acuerdo de cooperación Colombia-OTAN es traición a América Latina y el Caribe

CEPRID

Como si existiese un fatalismo histórico, otra vez, un Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, traiciona al ideal de la Patria Grande concebida por el Libertador Simón Bolívar, al obedecer los mandatos de las oligarquías conservadoras y el dictado imperial, para casi de rodillas, implorar que sea admitida como socia de la OTAN, la poderosa maquinaria de guerra del imperio y sus aliados de UE, hecho que fisura gravemente a la Celac y Unasur.

Esas oligarquías colombianas y generalmente latinoamericanas y caribeñas, enriquecidas con el sistema de explotación más cruel e inhumano, y con el robo de las tierras y los recursos a los campesinos, y el pillaje corrupto a sus pueblos, jamás entendieron lo que Simón Bolívar decía en 1829 desde Guayaquil: “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar a la América de miserias a nombre de la libertad”

En 1826 se efectuó el Congreso Anfictiónico de Panamá, que fuera convocado por Simón Bolívar, para plasmar el ideal de la unión latinoamericana y caribeña. Ordenó expresamente no invitar o involucrar a los Estados Unidos, pero el General Francisco de Paula Santander, presidente de la Gran Colombia, desobedeció la orden y cual lacayo del nuevo imperio invitó a John Quincy Adams, presidente de los Estados Unidos, para que asistiera él o sus delegados a tan importante y trascendental Congreso. Bolívar al enterarse de la desobediencia traicionera, en carta le dijo a Santader: “este paso nos costará pesadumbres con los albinos”, y aunque el Congreso fracasó, los Estadounidenses no cejaron en sus diatribas hacia El Libertador.

Desde la visionaria Carta de Jamaica (1815), Simón Bolívar señalaba el imperativo de una alianza entre los países que fueron subyugados por la Corona de España, y así poder contrarrestar una reconquista española o la infame influencia de otras potencias.

A partir de 1817, los Estados Unidos comenzó su política expansionista. A cualquier precio quería anexionar el territorio francés de Lousiana y la Florida española sin apartar sus ojos de águila imperial de las islas del Caribe.

En 1824, se impuso la Doctrina Monroe; “América para los Americanos”, que ha servido para que Estados Unidos considere a América Latina como su patio trasero y al Caribe como su lago particular. Además, jamás se debe olvidar la propagandizada “democracia” que le sirvió para imponer atroces dictaduras, invadir militarmente a las repúblicas libres y soberanas en defensa de sus intereses, y pretender neocolonizar a nuestras patrias para santificar el saqueo de los recursos naturales y oprimir a nuestros pueblos.

En los últimos tiempos impuso las dictaduras fascistas en el Cono Sur, implantó las sanguinaria Operación Cóndor, impuso el Plan Colombia y luego el Plan Patriota para declarar la guerra contra el ”narcotráfico internacional” y las guerrillas de las FARC-EP y ELN, apropiarse de ocho bases militares y ahora ordenar, junto al conservadurismo que es uno de los más depravados de la política latinoamericana,. la presencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte -OTAN- como una real amenaza a la paz, seguridad, independencia y soberanía de las naciones de América Latina y el Caribe. Para el imperio no basta mantener el bloqueo genocida por más de cincuenta años en contra de Cuba, ni en los últimos años haber derrocado mediante golpes de Estado a los Gobiernos de Zelaya en Honduras, de Lugo en Paraguay e intentar golpes de Estado para derrocar a Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro en Venezuela

Estados Unidos quiere todo el poder y para subyugar a nuestros pueblos y para ese fin ese fin, inclusive ha patrocinado la Alianza del Pacífico para aprovechar el sometimiento de los gobiernos de las derechas de Chile, Paraguay, Colombia y México, Alianza, además, que sirve para contraponerse al ALBA.

El imperio quiere más: Meter a la OTAN en América Latina y el Caribe de la mano de Colombia del conservador presidente Santos, mediante un asociamiento servil, acto que fue calificado como una “puñalada en la espalda” por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Casi dos siglos después de haberse consumado la traición de Santander, ahora se produce la traición de Santos, justamente cuando los países de América Latina y el Caribe decidieron cumplir el sueño de Bolívar con el inicio de los procesos integracionistas de la Celac, Unasur, Mercosur, el ALBA. Los herederos políticos del general Santander, se arrastran ante el imperio y obedecen sus mandatos, para ser parte de la OTAN con el uso de argumentos peregrinos, fuera de toda razón histórica que les ha llevado a firmar un “pacto de cooperación” con la más criminal maquinaria de guerra de estos tiempos: La OTAN.

 ¿PARA QUÉ COLOMBIA QUIERE UN CONVENIO CON LA OTAN?

El presidente colombiano Juan Manuel Santos “toma cada vez más mayor distancia de la corriente ideológica que se impuso en América Latina en la última década. Con la muerte de Hugo Chávez, al que incluso llegó a llamar “su mejor amigo”, el mandatario colombiano ha vuelto a sus orígenes ultraconservadores y ha tomado importantes decisiones” que lo atan cual lacayo al imperio del terror, como si no bastaran el Plan Colombia, el Plan Patriota y la cesión de ocho bases militares. Obediente al imperio quiere a la OTAN en el territorio de Colombia, ¿para qué?

Para qué, si se entiende que Santos alcanzará la paz con las FARC-EP que se negocia en La Habana. En consecuencia no habrá “terroristas”, ni enemigos internos a quienes combatir porque ese acuerdo se extenderá también al ELN. Pese a la intervención de Estados Unidos, las guerrillas no han podido ser doblegadas ni derrotadas. Nunca se producirá una victoria militar ni del Estado ni de las guerrillas, y esta verdad es harto conocida por el imperio y por el Estado colombiano, por eso es necesario alcanzar la paz con negociaciones de por medio.

¿Acaso quiere Santos agredir a Venezuela, Ecuador, Nicaragua convertidos en regímenes no gratos a Washington? ¿Para ese objetivo agresivo y ahistórico Colombia tiene más de 700.000 hombres en armas: 400.000 en el ejército, marina y aviación; 180.000 en la policía nacional: 120.000 en lo que se conoce como labores de inteligencia; 80.000 hombres en las llamadas fuerzas irregulares, es decir, para-militares, carteles de la droga, bandcrim (bandas criminales)

Cualquier acto de agresión sería una locura rechazada por el mundo entero, menos por Estados Unidos y la OTAN.

Sin necesitarlo, Colombia firmó un acuerdo de intercambio de información, buenas prácticas en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico y el terrorismo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el comandante supremo aliado, el general estadounidense Philip Breedlove, prepararon la firma y dialogaron sobre cooperación en temas de seguridad, informó el ministerio de Defensa colombiano en un comunicado distribuido en la capital belga.

Pinzón y Breedlove abordaron asuntos relacionados con la construcción de integridad y transparencia en temas de seguridad, así como con el fortalecimiento de la cooperación de las Fuerzas Armadas de Colombia con este organismo multilateral y la experiencia que el país latinoamericano puede ofrecer en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

El ministro colombiano también se reunió con embajadores y representantes ante la OTAN de España, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, Holanda, Portugal y Francia.

Pinzón mantuvo un encuentro con Christian Leffler, el secretario ejecutivo de la Unión Europea (UE), quien a su vez es el director ejecutivo para las Américas de este organismo. Además de visitar Bélgica, el titular de Defensa realizó una gira por varios países: Francia, Reino Unido y España.

El objetivo de esa gira fue reforzar la estrategia de la diplomacia colombiana y buscar acceso a conocimiento, experiencia y buenas prácticas de las fuerzas armadas europeas en materia de operaciones de paz, humanitarias, justicia penal militar y procesos de transformación del sector de defensa y seguridad, según el comunicado del Ministerio de Defensa colombiano.

Santos y su Ministro de Defensa Pinzón dijeron que el objetivo del contacto con la OTAN es “ser un socio en la cooperación como lo son ahora Australia, Nueva Zelanda, Japón, entre otros países” .

¿Mal momento?

En el momento en el que el presidente Santos anunció públicamente su intención de firmar un acuerdo con la OTAN, hubo una tormenta de carácter continental. “Hay un giro negativo hacia una agenda de desestabilización regional, de división regional, de ataque contra la revolución bolivariana y de adhesión a los planes hegemónicos imperiales”, dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Que un país latinoamericano quiera incorporarse a la OTAN será instrumento de una política para debilitar y tratar de destruir el proceso de unidad que vive la región”, añadió, por su parte, el presidente Daniel Ortega, de Nicaragua.

Otro presidente de la región que criticó duramente a Colombia fue Evo Morales, de Bolivia. No sólo se pronunció en contra de una “amenaza” a Suramérica, sino que pidió al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el venezolano Alí Rodríguez, que convocara a una reunión del Consejo de Seguridad del bloque, con carácter urgente.

“Cuando internamente Estados Unidos ya no puede dominarnos a países, a Gobiernos, a pueblos antiimperialistas, ¿cómo es posible que Colombia pida ser parte de la OTAN? ¿Para qué? Para agredir a Latinoamérica, para someter a Latinoamérica, para que nos invada la OTAN como ha invadido en Europa y África”, dijo Morales.

A pesar de esta ola de críticas, Santos ordenó a su ministro viajar a Bruselas y firmar el acuerdo de intercambio de información. El tratado firmado por Colombia y la OTAN para intercambiar información clasificada podría afectar a la confianza entre los países latinoamericanos en materia de Defensa, según algunos expertos.

“América Latina a través de la Unasur está trabajando puntualmente en el ámbito de Defensa y en el ámbito militar para sembrar confianza entre los países de nuestra región. Y esta decisión [de Colombia] afecta precisamente contra esta confianza”, comentó el analista internacional Adrián Fernández.

Ante las críticas de algunos países latinoamericanos a Bogotá de querer pertenecer a la OTAN dando la espalda a otras organizaciones de la región, Pinzón subrayó que "está muy claro que Colombia ni forma parte ni va a ser parte de la Alianza".

En este sentido la portavoz adjunta de la OTAN, Carmen Romero, indicó que "el documento de seguridad firmado hoy no otorga rango de socio (a Colombia) sino de cooperación para intereses comunes". ¿Qué intereses comunes puede haber entre Colombia y la OTAN? Una sarta de falsedades ha utilizado la Colombia administrada por el conservadurismo para buscar “cooperaciones” con la OTAN.

“Por su geografía y según el artículo 10 del Tratado de Washington, "Colombia no podría ser nunca país candidato a la organización", dijeron los otancistas, pero el Gobierno de Santos por intermedio de Pinzón explicó que el acuerdo "permitirá que las experiencias de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo internacional y otras capacidades desarrolladas puedan ser conocidas por otros países que lo requieran". Otra mentira, ¿Qué país querría compartir las experiencias colombianas en su fallida lucha contra las guerrillas, en sus atroces falsos positivos, en sus bandas paramilitares y en su fracaso rotundo de su participación en la perdida guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico internacional? ¿Qué país querría aprender de los narcos colombianos la inmensa capacidad para producir cocaína y abastecer por ejemplo, en más del 70% al mercado de consumo más grande del mundo que está precisamente en Estados Unidos? El gobierno de Santos dijo que Colombia podrá “aprender los altos estándares de la OTAN en materias como emergencias civiles y operaciones humanitarias y de paz", además de “asuntos asociados a la integridad, la transparencia, así como mecanismos anticorrupción". Más falacias. ¿Acaso han sido emergencias civiles y operaciones humanitarias y de paz", o “asuntos asociados a la integridad, la transparencia, así como mecanismos anticorrupción" las agresiones de la OTAN que destruyeron a Yugoeslavia? ¿Las agresiones de la OTAN a Libia, Afganistán, Irak, pueden ser consideradas operaciones humanitarias y de paz? Demagogias y mentiras ocultan las verdaderas intenciones del imperio y su OTAN en nuestra América Latina con la vergonzante participación colombiana.

Razones sobran para que el presidente boliviano, Evo Morales, haya calificado a ese “acuerdo de cooperación” como una "provocación" hacia los gobiernos "antiimperialistas". "Quiero que sepan, que es una agresión, una provocación, una conspiración contra los gobiernos antiimperialistas, a Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y no lo vamos a permitir", dijo enérgicamente.

Cabe recordar que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, declaraba que la OTAN suscribirá un acuerdo con Bogotá para iniciar todo un proceso de acercamiento "con miras también a ingresar a esa organización". Evo Morales, le dijo que el anuncio equivale a un "pedido de ser parte de la OTAN".

Según el mandatario boliviano, la OTAN es un instrumento que usan los EE.UU. y la UE para invadir a otros países y hacerse con sus recursos naturales. "Cuando internamente Estados Unidos ya no puede dominarnos a países, a gobiernos, a pueblos antiimperialistas, ¿cómo es posible que Colombia pida ser parte de la OTAN? ¿Para qué?

"No queremos guerra con la OTAN, queremos paz. No queremos muertos, queremos vida y algunos presidentes de gobiernos como el de Colombia que no se equivoquen, no es posible permitir la intervención de la OTAN, (y que) militares de Europa y Estados Unidos intervengan a Latinoamérica", agregó Morales al tiempo que exhortó a los movimientos sociales latinoamericanos a organizarse para defender los recursos naturales.

Colombia está yendo por un camino diferente, por lo menos en este momento histórico, y toma decisiones propias, acentúa por su parte el analista político Eduardo Berezán. El intercambio de información clasificada entre Bogotá y la OTAN, previsto en el marco del proceso de acercamiento anunciado por el Gobierno colombiano, "genera un quiebre en lo que era la unidad latinoamericana, la integración regional", insiste.

“Colombia podría ser la piedra de tropiezo para toda América Latina, especialmente si empieza a colaborar con la OTAN, ya que podría desequilibrar la seguridad en la región, aseguran los expertos. La posible cooperación de Bogotá con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) "podría tener una implicación muy fuerte (para Latinoamérica), especialmente porque sería el único país de la región que (forme parte de esa organización internacional de carácter militar)", lo que "podría desestabilizar el equilibrio regional de seguridad", sostiene el profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Raúl Hinojosa.

Según Hinojosa, Bogotá deber "tener mucho cuidado al explicar los motivos del por qué" quiere formar parte de la OTAN, y advierte que el Gobierno colombiano "se está abriendo a las críticas de la región".

Mientras el periodista Ramón Jimeno advirtió que hay temor en Venezuela de que Santos retome la política agresiva que asumió cuando fue ministro de Defensa del ex presidente Álvaro Uribe, cuando acusó a Chávez y a todo el Gobierno venezolano de ser una amenaza para Colombia. "Es un gesto muy agresivo hacia un país que ha ayudado a Colombia a establecer un proceso de paz con las FARC, que de por sí tiene unas complejidades enormes (…) Es lógico que Venezuela lo interprete como una traición", comentó el periodista.

Desde Bogotá (apro) señalaba que el acuerdo de cooperación militar suscrito entre Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) se convirtió en un elemento que tensa las relaciones de este país sudamericano con sus vecinos y amenaza con alterar los equilibrios geopolíticos de la región.

El convenio, suscrito el pasado 25 de junio en Bruselas, sede de la OTAN, fue anunciado por el ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, como un mecanismo para intercambiar información clasificada entre las partes y para que este país pueda elevar los estándares de sus Fuerzas Armadas en áreas como protección de derechos humanos, operaciones de paz, justicia militar y atención de desastres naturales.

“En la medida en que Colombia fortalezca su cooperación con organismos multilaterales y otros países, las Fuerzas Armadas podrán elevar sus estándares técnicos y profesionales al nivel de las Fuerzas Armadas de las democracias más avanzadas del mundo y seguir desarrollando capacidades cada vez más efectivas en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”, señaló el ministro en una declaración que desató reacciones adversas en varias naciones sudamericanas.

Colombia ha insistido en que no busca ser miembro de la OTAN -una alianza militar estadunidense y europea creada tras el fin de la II Guerra Mundial bajo el liderazgo de Washington—, pero Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua dejaron en claro que ese acuerdo de cooperación les deja un amargo sabor de boca.

“Es lamentable que algunos países de nuestra América hagan acuerdos con la OTAN, que es sinónimo de dominación, de invasión, de muerte, y no de paz y de justicia social”, dijo el presidente boliviano Evo Morales, quien recordó las cuestionadas intervenciones militares que, en nombre de la democracia y la libertad, ha realizado esa alianza en naciones como Libia.

El ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorim, expresó que “respetamos la soberanía de los países pero vemos con preocupación un acercamiento de un país miembro de Unasur y del Consejo de Defensa Suramericano con una alianza defensiva militar extrarregional”.

Colombia es miembro de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), un mecanismo de integración regional que promueve la concertación política de los países del área. Además forma parte del Consejo de Defensa Suramericano (CDS), una iniciativa militar promovida bajo el liderazgo de Brasil que busca “construir una identidad suramericana en materia de defensa”.

Apuesta riesgosa

La investigadora de temas internacionales y de seguridad de la Universidad Nacional (UN) de Colombia, Socorro Ramírez, dice a Apro que el convenio suscrito con la OTAN es una “apuesta riesgosa” para el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien desde su llegada al poder, en agosto de 2010, se había caracterizado por desarrollar una política de acercamiento con sus vecinos Venezuela y Ecuador y por participar en el proceso de integración regional en el marco de la Unasur.

Santos logró recomponer las relaciones con Venezuela y Ecuador, que se encontraban muy dañadas por los continuos desencuentros de su antecesor, Álvaro Uribe Vélez, con los gobiernos de esos países. El presidente Santos acaba de denunciar que Uribe participa activamente en diálogos con las derechas a estadounidenses, seguramente del Tea Party y la CIA para agredir a Venezuela y desestabilizar la subregión, tal como venía denunciando el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

“Colombia ha avanzado en términos económicos, de institucionalidad, de seguridad, pero está lejos de pensarse como potencia regional y me parece que menospreciar la importancia de la buena vecindad y de la construcción de ese acercamiento regional es un riego muy alto”, señala Ramírez, doctora en Ciencia Política por la Universidad de París I, en su crítica al “asocio “ de Colombia ¿con la OTAN .

La catedrática considera que “podríamos estar asistiendo a la profundización de la fragmentación regional, no sólo por Colombia, sino por la radicación de los gobiernos de izquierda”.

“Es probable -decía- que el gobierno colombiano quiera jugar en dos tableros, en el regional y en el global, y que tenga una valoración distinta de la de hace tres años (cuando Santos asumió la Presidencia) de la situación regional. Es probable que este viendo un cambio en la geopolítica regional y que esté tratando de aprovechar eso para buscar una convergencia política mayor en temas de seguridad con Estados Unidos y con la Alianza Atlántica.”.

Equilibrios

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, consideró el acercamiento de Colombia con la OTAN como una “amenaza” para la región y “una idea verdaderamente aberrante”. Dijo que “se quieren traer el poder militar, la estrategia militar que la deciden en Washington, de guerra de la OTAN, para el continente”.

Venezuela ha potenciado su capacidad defensiva. Ahora construye drones que, al presentarlos en mayo pasado, Maduro dijo que esos equipos servirán para contrarrestar “cualquier amenaza” y “fuerza extranjera enemiga de nuestra patria”. El gobernante sostuvo que la capacidad militar de su país está al servicio de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba), un foro regional conformado por Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Granadinas…

En el tablero geopolítico regional Colombia es percibida como el más estrecho aliado de Estados Unidos, país que comanda la OTAN, mientras que las naciones del Alba ubican a Washington como una potencia imperial y como el principal enemigo militar de la región.

Colombia con Santos a la cabeza del gobierno se ha convertido en el aliado más importante de Washington en esta parte del mundo con el convenio suscrito en Bruselas, sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN ), que muy a pesar de su servilismo no ha logrado ser considerado socio de la OTAN, tal como declaraban sus voceros al decir: “no otorga rango de socio a Colombia, pero constituye un primer paso hacia una futura cooperación en el área de seguridad”.

“Es muy gratificante cuando los países con valores similares a los nuestros, se acercan a nosotros”, indicó el secretario adjunto de la OTAN, Alexander Vershbow. ¿Acaso Colombia comparte los valores de la guerra de agresión que ha caracterizado a la OTAN. ¿Colombia comparte los crímenes de guerra y los genocidios cometidos por la OTAN con Estados Unidos como Comandante y líder de la Organización del Atlántico Norte?

La OTAN, que cuenta actualmente con 28 países miembros, ha firmado acuerdos de cooperación con países lejanos como Mongolia. Incluso, ha otorgado el rango de socio a países como Nueva Zelanda, Australia y Corea del Sur.

“En el futuro no se descarta que también Colombia tenga el estatuto de socio como Australia o Nueva Zelanda”, dijo la portavoz de la OTAN, Carmen Romero.

En Afganistán, la ISAF (International Security Assistance Force) cuenta con efectivos de 22 países no pertenecientes a la OTAN que contribuyen con 4.000 soldados a la guerra de agresión contra uno de los países más pobres de la tierra.

Rafael Piñeros decía en el diario El Espectador que “De conformidad con las declaraciones del vicesecretario de la OTAN, Alexander Vershbow, y del ministro colombiano, el acuerdo no se enmarca dentro de ninguno de los programas estructurados por la alianza en el pasado, como la Alianza por la Paz, la Iniciativa de Cooperación de Estambul o el Diálogo Mediterráneo, que buscaban acercar a miembros de la Cortina de Hierro, del golfo Pérsico o del sur del Mediterráneo, respectivamente, a las buenas prácticas que en materia de seguridad y defensa desarrollaba la OTAN.

Por el contrario, el documento hace parte de la estrategia trazada en el Concepto Estratégico de 2010 de la alianza, que busca crear instrumentos puntuales y específicos con terceros estados alrededor del mundo. Dentro del abanico de instrumentos, es pertinente mencionar la capacitación de personal civil y militar, de participación en misiones de paz (no en combates sino en otras funciones) y el desarrollo de capacidades conjuntas, por ejemplo en materia de atención a personal herido en combate. Australia, Corea del Sur y Japón tienen convenios en materia de reconstrucción y apoyo de pequeñas comunidades: actividades de apoyo a misiones de paz, no proliferación y manejo de crisis, respectivamente.

Piñeros agregaba que Colombia busca aprovechar la capacitación técnica y militar que el Colegio de Defensa de la OTAN, ubicado en Roma, le ofrece a personal civil y militar sobre diversas materias de contenido estratégico, organizacional y técnico, que permitirá, en un futuro, acercar estándares de profesionalización más altos”. ¿Para qué?

El analista internacional Hugo Moldiz Mercado, sostenía: “La polémica sobre el tipo de relación entre Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) está demás. El país sudamericano -que es el que mayor asistencia militar estadounidense recibe desde la implementación del Plan Colombia, a principios del 2000-, ya le abrió las puertas de América Latina a ese instrumento mundial de intervención luego de actuar, como socio cooperante y bajo bandera española, en la invasión "de las fuerzas aliadas" a Afganistán en octubre de 2001.

Lo que agrava la situación es la decisión del gobierno del presidente José Manuel Santos de subir un peldaño más en la relación con la OTAN abierta por su predecesor Álvaro Uribe, en medio de una contraofensiva estadounidense en el continente que busca recuperar el espacio perdido desde la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), su brazo económico. De hecho, la Alianza Pacífico, que la integran todos los países que tienen firmado Tratado de Libre Comercio (TLCs) con EE.UU., al mismo tiempo es la cobertura para una consolidación de sus posiciones militares.

La decisión colombiana, que será debatida en el Consejo de Seguridad de la Unión de Naciones del Sur (Unasur) ha pedido de Bolivia, representa también una amenaza real a la revolución bolivariana, permanentemente asediada por la ultraderecha de ese país desde el principio, y para los diálogos de paz que se llevan adelante en La Habana (Cuba).

La situación no sería delicada si no estuviera en vigencia un Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN desde noviembre de 2010, aprobado en la Cumbre de Lisboa, donde en una clara señal de su ingreso al cuarto desplazamiento de su historia desde que fuera creada en 1948, esa fuerza militar multinacional se atribuye al derecho de intervenir en cualquier parte del mundo y por el motivo que sea.

La dimensión del paso que está dando Colombia solo es posible tener en cuenta, además de los elementos señalados líneas arriba, a partir de inscribir los últimos movimientos del imperio en un contexto más amplio y de una manera menos fragmentada. La continuidad de la intervención en Afganistán, donde en más de una década y media no se ha podido derrotar al Talibán y mucho menos desmantelar Al Qaeda, y la presencia militar en Irak, donde jamás se encontró las armas de destrucción masiva que presuntamente tenía Saddam Hussein, así como las amenazas permanentes contra Corea del Norte e Irán y el activo respaldo a la dura represión israelita contra el pueblo palestino, constituyen datos de ese contexto.

Es más, si bien las formas de la intervención en América Latina se muestran, todavía, distintas a las observadas en los continentes de África y Asia, la contraofensiva política y militar de los Estados Unidos contra procesos progresistas y revolucionarios hay que analizarla como parte de una estrategia de dominación de espectro global, cuyo objetivo es garantizar las condiciones de reproducción de un sistema de dominación mundial que, por sus propias contradicciones, no logra encontrar la fórmula “no militar” para salir de la crisis de rotación transnacional del capital que se hace más profunda.

Pero el capital siempre oculta su presencia y la disfraza en discursos e instituciones nacionales e internacionales. Todas, desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta la Organización de los Estados Americanos (OEA), pasando por la OTAN, sirven para caminar, respaldados por un amplio despliegue mediático, en la dirección de lograr ciertos niveles de legitimidad.

Los alcances del Nuevo Concepto Estratégico

En la cumbre de Lisboa, en la que participaron 28 estados miembros y 21 asociados, se adoptó por unanimidad el documento presentado por un equipo encabezado por la estadounidense Madeleine Albright, la ultraderechista exsecretaria de Estado del gobierno de Bush a la que Obama le dio su más amplio respaldo a poco de asumir la conducción de la Casa Blanca, en enero de 2009. El “grupo de expertos” estableció los límites del concepto, identificó las amenazas y precisó las cuatro misiones militares del siglo XXI.

El nuevo Concepto Estratégico, el tercero desde el derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y el bloque socialista del Este, establece que “La OTAN debe estar dispuesta a desplegar fuerzas militares robustas donde y cuando sea requerido por nuestra seguridad y ayudar a promover seguridad común con nuestros socios alrededor del globo”. Los dos anteriores conceptos de seguridad “guiaron” a las fuerzas militares de la Alianza en los períodos 1991-1999 y 1999-2010. Por lo demás es importante subrayar que ya a partir de 1991, tras el paso de la bipolaridad a la unipolaridad mundial, se van registrando en términos teóricos y prácticos modificaciones en las líneas táctico-estratégicas de la OTAN, que va dejando atrás el concepto de “respuesta flexible” que la acompañó más de cuatro décadas.

Más claro, ni el agua. Con esta redefinición del papel de la OTAN -que se ha constituido desde su fundación, en 1949, en la prolongación de los largos brazos del Pentágono-, las fuerzas militares de la Alianza -que es otra manera de camuflar la hegemonía estadounidense- pueden intervenir en cualquier parte del mundo y por el motivo que consideren necesario o suficiente.

No hay que olvidar que la OTAN surgió poco después de culminada la II Guerra Mundial con el objetivo de neutralizar la influencia de la URSS en Europa y cuyo poder militar, sin el cual el fascismo no habría sido derrotado a partir de la batalla de Stalingrado, se consideraba una amenaza para los Estados conducidos por ideas liberales, democracias representativas y economías capitalistas.

El primer país en que se concreto el Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN fue Libia, donde con el pretexto de respaldar a los focos de resistencia militar opuestos al “régimen dictatorial” de Gadafi, la fuerza militar multinacional le ha abierto las puertas a las corporaciones para que se apoderen del petróleo y otros recursos de ese país situado al Norte de África, donde la situación de la población civil desde septiembre de 2011 se ha agravado por el hambre y las violentas disputas entre las tribus.

Pero a la OTAN hay que hacerle un seguimiento más largo. Desaparecido el campo socialista a principios de los 90 y, por tanto, desestructurado el Pacto de Varsovia -alianza militar de los países socialistas en respuesta al peligro que representaba la articulación de Europa occidental y Estados Unidos-, la OTAN no desapareció. La razón esgrimida para su fundación ya no existía y lo que se pasó es a inventar otros pretextos y crear otros enemigos. Todo lo contrario, se le asignaron nuevas misiones que en los hechos empezaron a expandir la zona de influencia militar y política de los países del capitalismo central.

La OTAN ya no tiene los 12 miembros con los que nació en 1949 (de los que 5 primero conformaron el Tratado de Bruselas de 1948: Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos y a los que se sumaron Estados Unidos y Canadá y luego ese primer grupo invitó a otros 5: Italia, Dinamarca, Noruega, Portugal e Islandia). Su número alcanza ahora a 28. De los 14 Secretarios Generales que ha tenido esa Alianza militar, ninguno ha sido estadounidense. Sin embargo, el liderazgo de Estados Unidos es inobjetable e incuestionable por varias razones: su alianza estratégica con Gran Bretaña y Francia, su capacidad militar y su habilidad de salir siempre bien parado de las contradicciones y las pugnas dentro del bloque de países del capitalismo central.

De ahí que no sea una casualidad que el liderazgo de Estados Unidos en la guerra contra Libia haya encontrado en Gran Bretaña y Francia sus dos entusiastas operadores. De hecho, entre esos tres países hay una convergencia de intereses por controlar el Oriente Medio. De hecho, el imperialismo colectivo del que habla el intelectual Samir Amín para hacer mención a Estados Unidos, Japón y Europa siempre tuvo la intención de constituir un Mercado Común de Medio Oriente para aprovechar los recursos naturales y en el pasado de la bipolaridad hizo alianzas con los gobiernos monárquicos, autocráticos y nada democráticos de la región, así como suministró armas, dinero y entrenamiento a grupos musulmanes anti-comunistas -como Al Qaeda- con el objetivo de neutralizar cualquier intento de expansión de la URSS.

Otro dato, no menor, a tener en cuenta y que refuerza el liderazgo de Estados Unidos en la OTAN y su nuevo concepto estratégico es el alcance de los planes operativos. Lo que se aprobó en Lisboa en 2010 está previsto hasta el 2020 y el plan estratégico de la CIA -de la que ya se ha confirmado su activa presencia en Libia- también llega a ese mismo año.

América Latina, ¿fuera de peligro?

¿La aplicación del nuevo Concepto Estratégico de la OTAN es una amenaza para América Latina? Su importancia está dada a partir del peligro que representa ese rediseño estratégico de la OTAN para los gobiernos progresistas y revolucionarios en el continente, especialmente para Cuba y Venezuela -en primer lugar- y Bolivia, complementariamente.

La primera visita de Obama a tres países de América Latina en marzo de 2011 (Brasil, Chile y El Salvador), las permanentes giras de Hillary Clinton por el hemisferio, el golpe de Estado en Honduras contra el presidente legítimo Manuel Zelaya, el intento estadounidense de mostrar a Bolivia y Venezuela como una suerte de “narco-estados”, las agresiones permanentes contra Cuba, la ampliación de sus bases militares en el continente y la activación de la IV Flota son datos de la realidad que no se los puede ignorar.

Hasta ahora, desde la perspectiva de la Doctrina Monroe, en la que Estados Unidos se asigna una paternidad sobre América Latina y el Caribe, la mayor parte de las campañas de desestabilización de procesos progresistas se han apoyado en fuerzas armadas locales, obviamente con mandos entrenados en la Escuela de las Américas y en grupos paramilitares de corte fascista, aunque también se han dado casos de intervenciones directas de tropas estadounidenses en Guatemala (1954), República Dominicana (1965), Granada (1983), Panamá (1989) y Haití (1994). Todas con la complicidad de la OEA.

Pero si hay algo que tampoco puede ignorarse, es el papel que Estados Unidos ha decidido darle a Colombia en la aplicación de su estrategia global, aplicada ya sea desde el Pentágono o su brazo multinacional, la OTAN. En 2008, a iniciativa estadounidense y con la fachada de España, el presidente Álvaro Uribe logró que el Estado colombiano participara a través de sus fuerzas armadas -las mejores equipadas en América Latina- en las operaciones de la Alianza Atlántica en Afganistán.

La participación de Colombia en la OTAN en calidad de observador se mantiene, pero la figura es más o menos similar a lo que ocurrió con muchos de los países del Mediterráneo, no considerados formalmente dentro de la lista de potenciales miembros. En 1994, desaparecido el bloque socialista, se invitó a varios países de esa parte del mundo (Israel, Egipto, Marruecos, Túnez y Mauritania) y en 2004, en la Cumbre de Estambul, se establecieron acuerdos para garantizar la seguridad y la estabilidad regionales. Es decir, no es una exageración que a partir del nuevo Concepto Estratégico -intervenir en cualquier parte del mundo y por el motivo que sea-, la OTAN vaya facilitando la incorporación colombiana como socio cooperante y de otros países afines a los intereses imperiales en la región que se alistan a fortalecer la Alianza Pacífico.

De todas las amenazas que la Alianza Atlántica identificó en Lisboa para la “civilización occidental” y que justificaría su intervención: proliferación de misiles balísticos y armas nucleares y de destrucción masiva, el terrorismo, los ataques a las vías de comunicación, los ciberataques y la inestabilidad o los conflictos más allá de las fronteras de la OTAN y los problemas derivados del cambio climático y de la escasez de los recursos naturales, los dos últimos son los que podrían invocarse para intervenir en América Latina, donde se ha puesto en cuestión la hegemonía estadounidense y bastante rico en agua dulce, petróleo y gas, biodiversidad, plantas medicinales y otros.

La historia contra los procesos emancipadores no es nueva. Lo nuevo es que las injerencias estadounidenses estarán camufladas en las banderas de la OTAN y en la plena subordinación de la ONU, cuya reestructuración es necesaria y urgente”. Además, Estados Unidos tiene muchas bases militares y pretende otras, pero lo que no entienden los imperialistas y sus esbirros, es que América Latina y el Caribe constituyen una zona libre de armas nucleares y químico-bacteriológicas que, en cambio, las tienen de sobra el Pentágono y la OTAN

Tribunal Dignidad, Soberanía, Paz contra la Guerra-Comité Independencia y Soberanía para América Latina (CISPAL).

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Para la defensa de la vida, la paz y el desarrollo de la región. UNASUR: Una estrategia integral

Alí Rodríguez Araque

El tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas -UNASUR- establece un conjunto de principios que sirven de guía a la Unión, entre los que destacan la defensa de la vida, la preservación de la paz como uno de los mayores privilegios de la región, la democracia con participación social de manera que ésta materialice la acertada definición de Abraham Lincoln como “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” y la soberanía de los Estados y de los pueblos como derecho inalienable.

Cuando hablamos de la defensa de la vida, no se trata solamente de la vida humana, se trata también de la naturaleza, de la cual formamos parte inseparable y que es condición para la existencia humana. La paz, por su lado, es condición para la vida toda vez que la guerra, “ese monstruo de matanza”, es su opuesto. La paz, además, es condición para la estabilidad y el desarrollo económico, base material de la vida. Otro de los principios establecidos se refiere a la justicia social, base de la justicia en general y de la paz, por tanto, de la vida.

Ahora bien, esos principios que nadie pondrá en duda, sólo podrán plasmarse como realidad a través de la política y, en este caso, de una estrategia y su plan correspondiente.

Nuestros amplios territorios, son depositarios de grandes recursos naturales y humanos. Este hecho evidente, nos indica que allí radica, de lejos, la mayor fortaleza de nuestra región en relación con otras ventajas. Ello determina la necesidad de definir una política común, una estrategia y un plan que tenga como palanca de impulsión el aprovechamiento racional de esa fortaleza. Esto implica ya no solo la extracción, que además debe realizarse en beneficio del bienestar y los intereses de la nación y con el mínimo impacto ambiental posible, sino también, como parte indisoluble, la transformación interna de las materias primas, única forma de superar la paradoja de ser grandes exportadores de esas materias y exportadores netos de capital en el intercambio extra regional.

La extracción y transformación industrial implican desarrollo científico y tecnológico, formación de científicos, técnicos y profesionales, además de un fuerte impulso a la creación de instituciones financieras de la Unión, como el Banco del Sur, y una política de negociación conjunta cuando se requiera financiamiento extra regional.

A partir de estas premisas, durante la VI Reunión de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, realizada en noviembre del 2012 en Lima, Perú, presentamos un documento con el título de “Los recursos naturales como eje dinámico en la estrategia de integración y unidad de nuestros países” orientado a definir una estrategia y un plan, teniendo como factor clave, el impresionante acervo de recursos naturales que aloja en sus entrañas esta inmensa región de más de 17 millones de kilómetros cuadrados y una población de apenas 400 millones de habitantes de ellos, más de 100 millones viviendo en estado de pobreza.

De tal realidad se desprende una primera y muy dramática conclusión: el gran reto que se plantea de inmediato ante los doce países que integran la Unión, es el de imprimir un nuevo y más vigoroso impulso para terminar de superar tal pobreza y elevar la calidad de vida de la población a niveles que le permitan vivir dignamente o, de acuerdo a la visión de nuestros pueblos originarios, el “Buen Vivir”.

Es un verdadero absurdo que millones de seres humanos, deambulen con su pobreza sobre una riqueza tan grande como la que representa la variedad y cantidad de recursos naturales de nuestra región, como igualmente es un absurdo que pretendamos resolver nuestros problemas, cada quien por separado.

Como lo hemos expuesto en distintos escenarios, las corporaciones con las cuales se relacionan nuestros países para la explotación de tales recursos, tienen una dimensión planetaria, operan de acuerdo con una estrategia mundial única y obedecen a un mando único. Mientras tanto, nuestros países negocian por separado lo cual comporta, desde el inicio, una situación de clara desventaja.

A esta realidad se unen otros factores, como el hecho de que las corporaciones están movidas por la búsqueda de mayores ganancias. Para ello no sólo buscan elevar su productividad, sino el abatimiento de regalías, impuestos y otras contribuciones que constituyen la participación de nuestros Estados en los proventos generados por la explotación de los recursos naturales.

De acuerdo con los esquemas de distribución que se apliquen, nuestros pueblos pueden ser favorecidos o desfavorecidos en su objetivo de lograr el “Buen Vivir”. Al disminuir regalías e impuestos, las corporaciones obtienen súper ganancias, muy por encima de la media internacional, introduciendo, además, cláusulas que progresivamente han ido sustituyendo la soberanía jurisdiccional de los Estados por el arbitraje internacional. Todo este proceso contrasta con reiteradas declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas. Veamos:

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución N. 1803, de 1962, establece claramente:

“1. El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y el bienestar del pueblo del respectivo Estado.”

“2. La exploración, el desarrollo y la disposición de tales recursos, así como la importación de capital extranjero para efectuarlos, deberán conformarse a las reglas y condiciones que esos pueblos y naciones libremente consideren necesarios o deseables para autorizar, limitar o prohibir dichas actividades.” (…)

“5. El ejercicio libre y provechoso de la soberanía de los pueblos y las naciones sobre sus recursos naturales debe fomentarse mediante el mutuo respeto entre Estados basado en su igualdad soberana”.

De ésta y otras resoluciones de Naciones Unidas con el mismo tenor, se puede concluir que el principio de la propiedad de los pueblos y naciones sobre sus recursos naturales, es de validez universal. En lo que a UNASUR corresponde, debemos decir que todas nuestras constituciones recogen ese principio, dándole plena vigencia jurídica en el ámbito de cada uno de nuestros países.

La relación capital-tierra

Ahora bien, las limitaciones tecnológicas y financieras, en muchos casos, plantean la necesidad de establecer relación con grandes corporaciones mineras, energéticas o de otra naturaleza. Se establece así lo que los economistas clásicos identificaron como la relación capital-tierra, es decir, relación entre los dueños del capital y los propietarios del recurso natural. En la realidad actual, los primeros representan no sólo su interés en la ganancia, sino también el de los grandes consumidores en el ámbito mundial interesados, tanto en el acceso a recursos naturales estratégicos que se encuentran fuera de sus territorios y que han definido como un asunto de “seguridad nacional”, como en los precios más bajos posibles.

En el mundo actual, la relación capital-tierra ha adquirido una dimensión planetaria, dando lugar a violentos y cada vez más frecuentes conflictos. De allí la vital importancia que tiene hoy, para Nuestra América y para el mundo, el avance de la UNASUR y de los distintos procesos integradores de América Latina y el Caribe, y el poder contar con políticas y planes consensuados que coloquen la soberanía de pueblos y naciones, como condición indispensable para la defensa de la vida, de la paz y de la democracia.

La Primera Conferencia de la Unión de Naciones Suramericanas sobre Recursos Naturales para el Desarrollo Integral de la Región, realizada en Caracas, del 27 al 30 de mayo pasado y a la cual asistieron un nutrido grupo de expertos y especialistas de la región y un número considerable de autoridades y representantes de las diferentes instancias de UNASUR, de los Estados miembros y de organismos regionales, colocó esta problemática en la mesa de discusión.

Las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia fueron sistematizadas y recogidas en una publicación que ya se encuentra disponible. Ciertamente, estos informes y documentos serán de gran utilidad para la elaboración de la estrategia y políticas antes planteadas. Al mismo tiempo, se abre toda una agenda de estudio e investigación que debe profundizarse y ampliarse. No debe extrañar que en un proceso como éste surjan diversas visiones y enfoques, pero la tarea consiste, precisamente, en encontrar los aspectos de mayor coincidencia que permitan avanzar en la construcción de una estrategia consensuada.

Hoy más que nunca es urgente la elaboración de una Estrategia continental consistente y un Plan General coherente para materializarla. Para avanzar en el diseño de dicha estrategia proponemos:

1. Creación del Instituto de Altos Estudios de UNASUR

Una de las necesidades que surgen como reflexión de todo lo expuesto anteriormente, es el desarrollo del conocimiento que nos permita dominar las especificidades de toda nuestra rica región. Esto requiere de un nutrido contingente humano sólidamente formado en la teoría y en la práctica para proveer información e ideas, así como para participar en el diseño y desarrollo de las políticas correspondientes;

2. Creación de una Comisión de Alto Nivel para Asuntos Estratégicos, adscrita al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;

3. La Creación del Servicio Geológico Suramericano (SGSA) que permita llevar el registro de todo el acervo geológico y de la información geocientífica como fuente indispensable para la toma de decisiones, ya no solamente para el conjunto de UNASUR, sino para cada uno de los países miembros y para cualquier otro interesado;

4. La realización de cinco eventos temáticos, como continuación del mencionado evento realizado en Caracas en mayo de este mismo año, que profundizarán el análisis y el debate sobre temas cruciales para la región, como son:

a) Una reunión de representantes de los organismos que en cada país llevan el registro de los datos geológicos;
b) Reunión sobre Recursos Hídricos y Gestión Integral de Cuencas, a fin de reunir la data disponible y realizar las investigaciones conjuntas que se requieran para llenar los importantes vacíos que aún se aprecian en este orden, con el objetivo de diseñar políticas y establecer acuerdos dirigidos a la preservación de esta inmensa y vital fuente de vida;
c) Reunión para el intercambio de información sobre Biodiversidad y Bosques, temas que están íntimamente relacionados con el anterior;
d) Un evento sobre Ciencia, Tecnología e Industrialización;
e) Una Conferencia sobre Defensa y Recursos Naturales;

Como bien se sabe, una política correcta requiere contar con un sólido soporte en la comprensión de las realidades para las cuales fue diseñada, más aún cuando se trata de asuntos relacionados con la estrategia. Este es un aspecto de suma importancia. Ello comporta una primera definición, sin que la misma se convierta en verdad absoluta o inmutable. La propia experiencia, que contrasta las valoraciones que se hacen en el análisis político con las realidades vivas, va arrojando nuevos elementos al conocimiento humano, a la comprensión de las propias realidades y a su dinámica. Todo esto debe traducirse en los correspondientes ajustes de las políticas y de la estrategia.

La unidad de nuestros pueblos en una sola gran nación es un anhelo y un legado histórico desde el inicio mismo de la civilización americana, que cobra fuerza particular con los nuevos liderazgos y las luchas sociales a inicios del siglo XXI.

Realizar el vehemente deseo de San Martín, de O´Higgins, de Artigas, de Simón Bolívar y de los miles de patriotas que regaron su sangre y sus ideas en todas estas tierras, no solo para darle independencia del imperio español y proveerle de fuerza para preservarla, significa también alcanzar la justicia social y la libertad, que se encuentran entre los más nobles propósitos humanos.

- Alí Rodríguez Araque, abogado y diplomático venezolano, es Secretario General de UNASUR.

* Publicado en la revista América Latina en Movimiento No. 488 de septiembre de 2013, titulada "Recursos y desarrollo: Estrategias en la unión suramericana".

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Chile: ¿Están robando en Codelco?

Julián Alcayaga (especial para ARGENPRESS.info)

El 30 de agosto fueron presentados públicamente los resultados de Codelco para el primer semestre de 2013, que arrojaron excedentes de US$ 1.806 millones. De lejos, son los peores resultados de toda la historia de la empresa, habida cuenta del volumen de producción y los precios alcanzados por el cobre y subproductos.

Ya habíamos pronosticado estos pésimos resultados de Codelco desde el año 2010, comentando lo que acontecería con su nueva plana ejecutiva. Estos lamentables resultados no son casuales ni el fruto de una mala administración, sino el resultado de una gestión planificada para endeudar y quebrar, arruinar a Codelco, para de esa manera crear las condiciones para su privatización.

Desde abril de 2010 las trasnacionales mineras tomaron el control de la Corporación, cuando Diego Hernández asumió la Presidencia Ejecutiva, Thomas Keller la Vicepresidencia de Finanzas, incluyendo una serie de otros ejecutivos y miembros del Directorio que venían directamente de las mineras extranjeras.

Las transnacionales mineras pudieron ingresar a la administración de Codelco gracias a dos hechos esenciales. Primero: el Nuevo Estatuto Orgánico de la Corporación establecido por la Ley 20.392, aprobado en noviembre de 2009 por el gobierno de Michelle Bachelet, permite, entre otras disposiciones, que el Presidente Ejecutivo de Codelco sea designado por su Directorio (y no por el presidente de la República como era el caso). De dicho Directorio se sacó a los Ministros de Hacienda y Minería. Adiós el control del Estado. Segundo, la llegada de la derecha al gobierno: cuando asumió Piñera, el trabajo sucio ya estaba hecho.

Así le abrieron anchas las puertas a los representantes de las transnacionales mineras para tomar el control total del Directorio y la dirección ejecutiva de Codelco. De este modo se puso en marcha el proyecto al cual aspiraban desde hacía 20 años: la privatización de Codelco.

La privatización era viable porque el programa presidencial de Sebastián Piñera consideraba la privatización de un 20% de la Corporación. Sin embargo, las transnacionales encontraron una dificultad inesperada: a poco de asumir, Piñera decidió que bajo su gobierno no se procedería a la privatización de Codelco.

Visto lo cual las transnacionales pusieron en práctica el plan B, que consiste en endeudar a Codelco y provocarle pérdidas hasta que la opinión pública acepte la idea de la privatización como única solución para librarse de una empresa deficitaria.

Desde que Diego Hernández asumió la Presidencia Ejecutiva de Codelco sostuvimos que, pese (o gracias) a la “excelencia” de su nueva plana ejecutiva, comenzarían los malos resultados para Codelco.

Pero no imaginamos que las transnacionales irían tan rápido, tan lejos, y tan fraudulentamente para destruir la empresa. Los pésimos resultados de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y del primer semestre de 2013, son el fruto rebuscado del fraude y la estafa.

Las razones por las cuales sostenemos que estamos frente a un fraude, estafa o robo, reposan en el análisis de las ventas de la Corporación.

Para el primer semestre 2013, Codelco declaró ingresos por venta de cobre de US$ 5.846 millones. Sin embargo, tomando las cifras entregadas por la misma Codelco, si multiplicamos la exportación de 837.000 toneladas de cobre por el precio promedio del primer semestre, que fue de US$ 7.537,70/ton., los ingresos debieron ser de US$ 6.309 millones. ¿Cómo “desaparecieron” US$ 463 millones en ese primer semestre?

No podemos analizar todos los ingresos por venta de subproductos, porque el detalle no figura en los resultados publicados el 30 de agosto pasado. Sólo figura una línea: “ganancia en venta de subproductos y otros” de US$ 206 millones.

En anómala forma de presentar los resultados nos impide determinar qué otros ingresos desaparecieron en el primer semestre de 2013. Para hacer comparaciones con informaciones más fiables, tomaremos los ingresos de las Memorias Oficiales de Codelco para los ejercicios 2006 y 2012, presentados en la página www.svs.cl.

El 2006 los ingresos de Codelco alcanzaron US$ 17.077 millones. La producción de cobre fue de 1.676.000 ton. y el precio promedio de US$ 6.722/ton. Multiplicando producción por precio, las ventas de cobre alcanzaron US$ 11.266 millones, o sea el 66% de los US$ 17.077 millones del total de ingresos de ese año. Ellos incluían además las ventas de subproductos y las ganancias de filiales como Minera El Abra, Inca de Oro, Agua de Falda S.A., Codelco-Kupferhandel en Alemania, y desde el 2011 Anglo American Sur ex Disputada.

El año 2012, los ingresos de Codelco fueron de sólo US$ 15.860 millones, es decir US$ 1.217 millones menos que en el ejercicio 2006. Sin embargo, hubiesen debido sobrepasar los US$ 19.000 millones, ya que ese año el precio del cobre alcanzó US$ 8.066/ton., un 20% más que en el 2006, y la producción de 1.602.000 ton. En claro, el año 2012 “desparecieron” más de US$ 3 mil millones de ingresos por ventas.

El 2011 el precio del cobre alcanzó los US$ 8.816/ton., por lo que los ingresos por ventas debieron superar en más de 30% a los del 2006, para llegar a los US$ 21.000 millones. No obstante, según la Memoria de 2011, los ingresos fueron de solo US$ 17.515. “Desaparecieron” otros US$ 3.500 millones, más otros dos mil millones que faltan en el ejercicio 2010.

En suma, entre el 2010 y el 2013, más de US$ 10.000 millones de ingresos por ventas de Codelco han “desaparecido” de manera absolutamente fraudulenta.

Para explicar los malos resultados de los últimos años los ejecutivos de Codelco esgrimen el aumento de los costos de producción en general, y de la energía en particular. Pero no estamos hablando de la caída de los excedentes ni de los resultados de explotación, sino del volumen de los ingresos.

Estos no dependen de los costos de producción, sino unicamente del volumen de la producción y de los precios de los productos que vende Codelco.

Para este análisis he escogido los ingresos, porque estos pueden ser calculados en forma más o menos precisa, sobre la base de la producción de cobre y subproductos multiplicados por sus respectivos precios, información que es pública. Cualquiera puede realizar los cálculos de los ingresos por venta, mientras que la información sobre los excedentes o resultados de explotación depende de los costos o gastos, que son secretos y nadie puede verificar su veracidad, salvo los auditores de Codelco.

Es precisamente la información de los ingresos, la que pone en evidencia que estamos frente una escandalosa defraudación de Codelco, por varios miles de millones de dólares.

No existe razón válida para una caída tan considerable de los ingresos de Codelco desde el año 2010 hasta ahora. Si excluimos que el cobre y sus subproductos hayan sido exportados a precios muy inferiores a los del mercado internacional. Aquí comienza a emerger el fraude, porque ni Codelco ni ninguna minera extranjera pueden vender a precios inferiores a los del mercado internacional, porque ello está prohibido por el art. 36 de la Ley de la Renta.

Es ilegal exportar a precios inferiores al mercado internacional. A este respecto el N° 4 del art. 97 del Código Tributario establece que las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas pueden ser castigadas con presidio menor en sus grados medio a máximo (de 541 días a tres años), y multas del cien al trescientos por ciento de lo defraudado. Exportar el cobre y sus subproductos a precios inferiores al mercado constituye incluso fraude aduanero, en aplicación de las letras a y b del art. 181 de la Ordenanza de Aduanas, lo que también se castiga con presidio en su grado mínimo a medio y multas de 5 veces del valor de lo defraudado.

Es claro que exportar a precios inferiores al mercado es un delito. Pero la cosa puede ser aún más grave: no parece factible que la totalidad del cobre y subproductos hayan sido exportados a precios inferiores al mercado. Probablement sólo una parte de esas exportaciones se hizo a menor precio y fue comprada por determinadas empresas que estaban al corriente de estos precios de remate. ¿Cuáles empresas? Es aquí precisamente donde podría estar el delito más grave: la asociación ilícita. No sería sorprendente que empresas beneficiadas pudieran ser filiales de las transnacionales mineras para las cuales trabajaron los actuales altos ejecutivos de Codelco, entre ellas Anglo American, de donde proviene su actual Presidente Ejecutivo Thomas Keller y Rodrigo Toro, Vicepresidente de Comercialización. Las mencionadas filiales, que ganaron lo que Codelco perdió, podrían estar domiciliadas en paraísos fiscales para no pagar impuestos por estas ganancias excepcionales. De este modo, las ganancias libres de impuestos pueden servir para pagar suculentas “coimisiones” a quienes les permitieron comprar cobre y subproductos a precios de remate.

El desfalco no terminará mientras las transnacionales mineras sigan regentando Codelco.

Julián Alcayaga es economista, Presidente ONG Chile - Cobre.

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Uruguay. Mujica, discurso en la ONU: Una versión inútilmente más extensa y menos poética que Cambalache

Juan Luis Berterretche

El elogiado discurso de Mujica en la ONU es un conjunto de obviedades explícitas y algunos mensajes retrógrados solapados.

Comienza afirmando que de muchacho quiso cambiar el mundo soñando con "una sociedad libertaria y sin clases" y de inmediato sugiere que esos sueños eran errados, "hijos de mi tiempo" y de ellos solo le queda la nostalgia de haber albergado tanta utopía. Y enseguida viene el primer mensaje ladino: "no miro hacia atrás" porque se debe asumir el "hoy real". El "hoy real" que es la aceptación de los dictados del neoliberalismo. Y concluye con un precepto malicioso "no vivo para cobrar cuentas o reverberar recuerdos"; que es la base argumentativa de su propuesta pública de liberar "los viejitos" torturadores de la cárcel de Domingo Arena. Y una de las razones esgrimidas por los gobernantes y parlamentarios frenteamplistas que defienden y mantienen con tenacidad la impunidad para los criminales de la dictadura.

Volvió a repetir sus endebles anatemas contra el consumismo que ni rozan sus verdaderas causas. Y utilizó esa condena para introducir otro mensaje reaccionario: es el consumismo no consumado el responsable de "la frustración, la pobreza y hasta la autoexclusión". No se trata, por supuesto, de la imposibilidad de un sector de la población de cubrir sus necesidades mínimas, menos aún la exclusión que la sociedad impone a los habitantes pobres de los barrios suburbanos. Para él el problema no es de desigualdad y exclusión social, sino de "autoexclusión" y de pobreza auto-infligida.

"Cuenta regresiva contra la naturaleza"

Luego con descaro y cinismo condena un pecado del cual él es principal responsable protagónico: "Prometemos una vida de derroche y despilfarro, y en el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza, contra la humanidad como futuro." Parecería que Mujica nada tuvo que ver con la actual extensión de los plantíos de soja en Uruguay que es de 1 millón 275 mil hectáreas, o 12.750 km2 -una superficie mayor que Líbano-, o el millón de hectáreas apropiadas por las pasteras de celulosa para transformarlas en "desierto verde" de eucaliptus. Sin embargo fue el propio gobierno del Frente Amplio el responsable de iniciar "esa cuenta regresiva contra la naturaleza" en el país. Esa escalada de guerra química contra la naturaleza fue promovida por José Mujica cuando fue ministro de ganadería, agricultura y pesca (MGAP) en la presidencia de Tabaré Vásquez. Fue en esos años que Monsanto invadió sin control con sus semillas transgénicas y que las pasteras de celulosa imperialistas se instalaron en el país. El ministerio agrícola de Mujica tiene además el triste record de la mayor extranjerización de la tierra en la historia de Uruguay. Proceso continuado luego bajo la presidencia del propio José Mujica por el ministro Tabaré Aguerre que opera abiertamente como apoderado de los intereses de Monsanto, realizando gestiones en el marco de su visita a China, para que ese país apruebe la autorización de la soja Tecnología Intacta RR2 PRO que Monsanto pretende imponer en las zafras 2013-2014 del enclave sojero sudamericano.

Nos increpa con la denuncia genérica de que "arrasamos la selva, las selvas verdaderas, e implantamos selvas anónimas de cemento". Mientras, bajo su gobierno hace algunas semanas, se aprueba una leonina ley de minería, dictada por la minera Aratirí, que va a transformar en Valentines, 14.505 hectáreas de campos de invernada y nacientes de agua, en enormes boquetes de tierra arrasada, montículos de desechos de material estéril y manantiales contaminados. A esto habría que agregar el posible inadecuado manejo de almacenamiento o transporte de insumos (combustibles, lubricantes, reactivos químicos y otros residuos) algo que está lejos de ser una anomalía en las mineras a cielo abierto. O el desperdicio y envenenamiento del agua con el faraónico mineroducto para transportar el concentrado de hierro en una corriente de agua hasta la costa atlántica de Rocha. A aquellos ciudadanos preocupados por el problema de la basura en Montevideo debemos recordarles que en el mundo los residuos sólidos urbanos son apenas 2,5% de los residuos totales, mientras la escoria de la minería es el 38% del total. Así que vayan multiplicando la basura de las ciudades uruguayas por 15 para tener idea de lo que va a amontonarse como sobrante de la minera Aratirí.

El discurso está salpicado de invocaciones en defensa de la naturaleza, de la vida, de la especie humana, todo palabras vacías contradictorias con la experiencia concreta de su acción gubernamental. Es entonces innecesario abundar en más ejemplos del cinismo de un discurso que no condice con la trayectoria práctica del personaje.

Solo restaría llamar la atención sobre una ausencia importante en la oratoria de Mujica: ni una palabra sobre los grandes medios monopólicos de comunicación. Ni su responsabilidad respecto a la promoción del consumismo, ni su práctica sesgada frente a la información. Se ve que ahí hay un compromiso sagrado de boca cerrada.

Es el capitalismo...

Pero creo que hay un aspecto que puede haber quedado nebuloso en medio del palabrerío vacío del discurso y que es necesario destacar. Así como su condena al consumismo está lejos de abarcar el origen real de ese desenfreno atolondrado actual, toda la pieza oratoria es indigente desde el punto de vista conceptual. ¿Las críticas del discurso a quién están dirigidas? ¿A una degradación del planeta y la especie humana, que no tiene responsables identificables? Por momentos parece que el consumismo es el culpable. En otros trechos del discurso el truhan sería la globalización. Hay párrafos que acusan a la codicia individual. Y otros que toman como reo a la guerra y los presupuestos militares. Por el final aparece como malhechor la civilización del despilfarro, la civilización del use-tire.

En todo el discurso Mujica evita hablar del sistema global de dominación. El sistema capitalista que rige el mundo actual. La categoría Capital solo se menciona una vez para elogiar y justificar el "capitalismo productivo, francamente productivo, que está medio prisionero en la caja de los grandes bancos". Poniéndolo en contraposición del capital bancario. Mujica siempre ha defendido el capitalismo. En Punta del Este, al inicio de su gobierno, frente a un público de empresarios dijo "comprender al capitalismo" y al alentar las inversiones externas agregó "no tengo que pedirle al capitalismo altruismo, está para multiplicar riqueza y reproducirse". Y en una reunión con la central que agrupa todos los sindicatos del país, llamó a los trabajadores a aceptar los "límites del capitalismo".

Ese "capitalismo productivo" con el que Mujica simpatiza, y se ha dedicado a administrar, en el siglo pasado fueron las fábricas textiles o metalúrgicas y hoy es un extractivismo imperialista depredador que domina el agro-negocio y la minería a cielo abierto y contamina el país con sus funestos procedimientos productivos. Y que lejos está de contraponerse al capital financiero ya que es éste quien invierte en la especulación sobre las tierras agrarias; quién financia la maquinaria agrícola y los insumos de la agro-industria, que aporta el capital para los "pools de siembra" y que luego especula en los mercados de futuro de commodities donde se compran y venden las cosechas de transgénicos. Es también el capital financiero el que sostiene el lucrativo negocio de la minería.

No es casual que Mujica se haya entrevistado en Nueva York con George Soros y David Rockefeller. El primero es el mayor especulador financiero del planeta y como tal con intereses en el extractivismo que asola Latino América. Es inversionista de Monsanto. Y la fundación Rockefeller fue la financiadora de la biotecnología de los transgénicos de Monsanto, empresa que cuenta con un ministro de Mujica como lobbysta. Tanto Soros como Rockefeller, interesados ahora en el futuro negocio de la liberalización del consumo de la marihuana. Y los dos plenamente conscientes de que Mujica lejos está de ser una amenaza para el capitalismo. Deben concluir que tienen un socio un tanto bufonesco, pero confiable.

En definitiva, me quedo con Cambalache.

* Para los lectores no rioplatenses explico que Cambalache es un tango de 1935 con letra y música de Enrique Santos Discépolo. Donde se compara el siglo XX con un negocio -cambalache- donde se compran y venden objetos usados. Para quién quiera escucharlo aconsejo la versión de Julio Sosa en el link:
http://www.youtube.com/watch?v=T0kTiKCC3UI.

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Gatillo fácil, represión y década K

Rolando Astarita

En el día de ayer, en el barrio de Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires, Eric Milton Ponce fue baleado por un miembro de la policía bonaerense, David Cavaleiro. Al momento de escribir esta nota, Eric se encuentra en terapia intensiva, y su estado es grave.

El motivo “de superficie” del acto criminal, fue la discusión por una cuestión banal; por lo que los medios se apresuraron a calificar la acción de Cavaleiro de “irracional”. La razón de fondo, sin embargo, es otra. Se trata de un caso más de gatillo fácil, que se inscribe en una lógica de larga data, y en su profundización (ver aquí y aquí). El endurecimiento del discurso del gobierno CK, el nombramiento de Milani como jefe del Ejército, de Marambio al frente del Servicio Penitenciario Nacional, de Granados como ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, la represión en Neuquén a los que protestaban por el acuerdo de Chevron, o la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores, no son hechos aislados.

Para comprender el significado de lo que está ocurriendo, es importante ir a los datos y a la historia de la década K. Con este objeto, reproduzco en lo que sigue algunos de los datos y conclusiones más relevantes del “Informe de la situación represiva 2003-2013”, de la CORREPI (consultar http://www.correpi.lahaine.org/). Recomiendo a los lectores del blog leer completo este informe. Aquí van entonces algunos datos.

Balance de una década

Según el informe, entre el 25/05/2003 y el 25/05/2013, esto es, durante la década de gobierno del matrimonio Kirchner, fueron asesinadas con el gatillo fácil, las desapariciones y la tortura en cárceles y comisarías 2280 personas. Aclaremos que se trata sólo de los casos denunciados a la CORREPI.

“Ningún gobierno, desde diciembre de 1983, exhibe un índice semejante”. Existen tres modalidades básicas: por un lado, el gatillo fácil, responsable del 38% de las muertes. En segundo término, los fusilamientos realizados por las fuerzas de seguridad, que se presentan como enfrentamientos. En tercer lugar, la detención legal o ilegal de personas, las torturas en comisarías, seguidas de muerte y la desaparición de las víctimas. En este último respecto, CORREPI contabiliza unos 200 casos de desapariciones. En muchos casos, los asesinatos se presentan como suicidios o peleas entre internos. “Muchas veces, luego de detenerlos y torturarlos, para deshacerse de los cuerpos los tiran a un río, a un basural, o los dejan cerca de las vías de un tren para simular un accidente”. Jonathan Lezcano, Ezequiel Blanco, Alejandro Flores, Luciano Arruga, Jorge Julio López, Iván Torres, Adolfo Garrido, Raúl Baigorria, son algunos de los desparecidos.

CORREPI dice que se trata de las tres modalidades básicas de una forma represiva que tiene por objetivo imponer el control social sobre las grandes mayorías, que deben ser disciplinadas para que acepten, como natural, su subordinación a la clase dominante. La forma represiva está por eso dirigida principalmente a los sectores más pobres y oprimidos de la sociedad, y dentro de ellos, a los jóvenes. En este contexto, la presidenta Kirchner envía su mensaje de aliento y amparo a las fuerzas de seguridad: “no puede ser que la policía detiene, detiene y detiene, y la Justicia libera, libera y libera”.

A lo anterior, debe sumarse:

El proyecto X, de espionaje sobre las organizaciones políticas de izquierda y populares, instrumentado por la Gendarmería.

La infiltración de la Policía Federal en organizaciones populares, como la Agencia Walsh.

La sanción de siete leyes anti-terroristas desde 2003.

Las condiciones infrahumanas en que son mantenidos los presos, con aplicación sistemática de torturas y vejaciones de todo tipo.

La intervención militarizada, con Gendarmería o Prefectura, en la represión de luchas sindicales o populares. Como ejemplos: prefectura contra trabajadores de la industria pesquera en Mar del Plata, Gendarmería contra petroleros en Santa Cruz, Prefectura en el conflicto del Casino Flotante, en la ciudad de Buenos Aires; la ocupación por Gendarmería del Hospital Francés, también durante el conflicto sindical; la represión permanente a los trabajadores del INDEC.

El hostigamiento, persecución y amenazas a militantes y activistas sindicales y sociales, o defensores de derechos humanos, por el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales (muchos de ellos aliados y amparados por el gobierno K), incluidos los militantes de la CORREPI.

La tercerización de la represión con patotas. “Con una frecuencia superior a sus antecesores, el gobierno ha recurrido a grupos de choque paraestatales para intervenir en los conflictos que por su magnitud, apoyo popular o perseverancia, necesita resolver con urgencia sin manchar el nombre de la gestión ni contribuir a la deslegitimación de las fuerzas represivas: la patota”. Existen para este fin grupos integrados por organizaciones afines al gobierno. En otros casos, interviene en la represión -por ejemplo, de conflictos laborales- personal de agencias privadas de seguridad, o patovicas, contratados por las patronales, que tienen vía libre para actuar.

Estos hechos están en correspondencia lógica con un “modelo de desarrollo con inclusión social” en que el 15% de la fuerza laboral está desocupada o subocupada; en que más del 35% tiene trabajos precarizados e informales; en que un millón de jóvenes no estudia ni trabaja; en un país en que más de 8 millones de personas carecen de agua de red, y 21 millones no tienen cloacas. Esto en un país que ha crecido, según los datos oficiales, “a tasas chinas”. Más en general, los datos que presenta el informe CORREPI deberían servir para la reflexión acerca de la naturaleza de clase del Estado, y del gobierno que lo encabeza.

Fuente imagen: EL MENSAJERO DIARIO

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Darío Balvidares: "Discutir el campo pedagógico es discutir un campo de poder"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Con Darío Balvidares iniciamos una serie de entrevistas sobre el rol de los intelectuales en estos tiempos de "fluidez" y posmodernidad.



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Cristina Kirchner lo reconoció: el atentado a la AMIA es una pieza del tablero de las grandes potencias

APEMIA

En el marco de la 68° Asamblea de Naciones Unidas, el gobierno argentino se dio por enterado formalmente que Irán ya había aprobado el Memorando.

¿Y entonces? ¿Cómo es que no pueden redactar “cartas reversales”, o definir la fecha para conformar la “Comisión de la Verdad”, o el viaje del juez interviniente?

No pueden definir nada porque cualquier definición vinculada al tema AMIA está supeditada al acuerdo más general de las negociaciones que Estados Unidos e Irán anunciaron en Naciones Unidas.

Esta fue la novedad confirmada por la Subsecretaria para América Latina de los Estados Unidos, al admitir que fue el propio gobierno argentino quien pidió incluir el tema AMIA en la mesa de negociaciones de las grandes potencias con Irán.

Timerman y Cristina Kirchner reconocieron recién hoy el pedido oficial al gobierno de Obama para que la causa AMIA sea incorporada en la agenda de diálogo entre los Estados Unidos e Irán.

El gobierno mentía, entonces, cuando decía que “no vamos a permitir que la AMIA pueda ser utilizada como una pieza de ajedrez en el tablero internacional” (Discurso de la Presidenta de la Nación, 01/03/2013. Apertura de 131º sesiones ordinarias del Congreso).

Fue el mismo gobierno el que lo puso en esa condición!

Después de poner el atentado a la AMIA al servicio de las necesidades y propósitos de las grandes potencias, el gobierno argentino no puede “avanzar” con el memorando de manera unilateral.

¿Alguien puede suponer que el destino final de un eventual acuerdo de las grandes potencias con Irán por el control sobre la energía nuclear, o por Siria, o por el levantamiento de las sanciones económicas, va a estar condicionado por el tema AMIA?

Durante una década, el gobierno nacional montó una acusación contra Irán sin mostrar una sola prueba, en un contexto de guerra en Medio Oriente y de lucha contra el “terrorismo” y “el Eje del Mal”. Era la excusa para justificar el no esclarecimiento y el abandono de la búsqueda de los responsables locales. El resultado de esta política de alineamiento con el gobierno de Bush-Obama fue un fracaso para el esclarecimiento de la masacre de la AMIA y, según lo reconoció el propio Timerman, significó el aislamiento internacional de nuestro país.

Ahora y en nombre de la paz, el gobierno de Kirchner pone el tema AMIA al servicio de esta nueva instancia de negociación internacional, que no tiene nada que ver ni con el esclarecimiento del crimen ni con saber la verdad.

Esta política es continuidad de la anterior, porque sólo busca justificar el pasado y el presente encubridor del propio Estado nacional y, por tanto, es un nuevo obstáculo para conocer la verdad y para juzgar y castigar a todos los culpables.

En esta nueva etapa “dialoguista”, la oposición parlamentaria junto con las direcciones de DAIA y AMIA no son una alternativa a las maniobras de gobierno ya que son parte de ellas.

Han perdido el rumbo y no plantean ninguna vía de salida. Dudan si presentar un proyecto para derogar la Ley del Memorando o esperar los primeros resultados de las reuniones internacionales en marcha.

Persisten en un discurso reaccionario de acusación contra Irán y de alineamiento con la derecha norteamericana e israelí, sin ser capaces de reconocer que los intereses y los métodos de la nueva “onda internacional” los expresan mejor Cristina Kirchner y Timerman.

Tanto los familiares de la Asociación 18J como Memoria Activa, ambos cercanos al gobierno, aplaudieron el discurso de la Presidenta quien ironizó acerca de la necesidad de “explicar lo obvio” y dijo que “la causa está estancada desde hace 19 años, no se moviliza”…

Lo obvio es que de los 19 años de estancamiento, diez son responsabilidad del kirchnerismo y los próximos por venir, también. ¿Por qué?

Porque la conformación de la mal llamada “Comisión de la Verdad”, el establecimiento de las reglas de funcionamiento de esa Comisión, el análisis de los antecedentes de los posibles integrantes y el tiempo que se demore para intercambiar y analizar toda la documentación presentada, previamente traducida al inglés y al farsí, se llevarán unos cuantos años más, sin considerar el ritmo propio de las negociaciones internacionales.

Y aún así, si todo ésto ocurriera dentro de algunos años y se llegara a un acuerdo para entregar a algún acusado, ¿alguien estaría convencido, seriamente, de que la masacre de nuestros familiares y amigos habría sido esclarecida?

La ley del Memorando es la culminación del ciclo político abierto por el gobierno de Néstor Kirchner en el tema AMIA. Es la demostración de la incapacidad y el fracaso para esclarecer este crimen de terrorismo de Estado del cual el Estado argentino ya se reconoció responsable en, al menos, su encubrimiento. Fue el propio gobierno de Kirchner quien lo hizo en el Decreto 812 del 2005.

Cuando el Estado sigue ocultando su responsabilidad como “conexión local” del atentado y sólo busca defender lo que queda del montaje de una acusación internacional, la ley del Memorando no es más que una ley de encubrimiento. El Estado argentino no puede esclarecer ni ofrecer verdad y justicia porque es el organizador del encubrimiento y de la impunidad, para lo cual contó con la complicidad de las direcciones de la comunidad judía local, de las grandes potencias e Israel.

Para superar los nuevos obstáculos leguleyos que plantea el gobierno a un Memorando aprobado pero no vigente, es necesaria una política diferente.

Para esclarecer el atentado y perseguir a los responsables es indispensable la apertura inmediata de los archivos secretos en poder del Estado. Hacemos un llamamiento a las organizaciones políticas, estudiantiles y de derechos humanos para debatir y desarrollar esta propuesta. Y lo hacemos extensivo a los diputados y senadores, para que no sigan ocultando más los hechos: el Estado argentino es el responsable de la masacre de la AMIA.

Es indispensable constituir una Comisión Investigadora Independiente, una comisión que investigue la verdad incuestionable de las responsabilidades criminales y encubridoras del Estado nacional y sus socios. Con sus aportes y resultados podremos impulsar una acción penal legítima para condenar a todos los culpables y superar las nuevas maniobras de encubrimiento.

APEMIA: Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA.

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Argentina, Córdoba: Represión y arbitrariedad judicial en Monsanto

Ximena Cabral (PRENSA RED)

Los mecanismos para reprimir y disolver el bloqueo al ingreso de camiones en la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas muestran la arbitrariedad con las que las instituciones policíacas y jurídicas se mancomunan. Negación ante los pedidos de habeas corpus y represión sin orden de desalojo son parte de la impunidad con la que conviven las fuerzas.

“Esto no pasaba ni en la dictadura. Quedé congelado”, aseguró el fiscal Gómez. ”Si alguien quiere saber cómo funciona la justicia cordobesa que le pregunten a la gente del acampe en Malvinas Argentinas” dijo Gustavo Gómez (@Fiscalfederal).

El Fiscal General de Tucumán, especialista en delitos ambientales, había estado horas antes en el predio para instruir a los manifestantes cómo realizar recursos de hábeas corpus preventivos para evitar detenciones; además de capacitarlos en la presentación de pruebas para los delitos ambientales.

La expresión del fiscal se originó cuando le informaron que once de los asambleístas, después de la capacitación en el predio, se presentaron con el pedido de Habeas Corpus ante la mesa de Tribunales I y se los negaron. El Secretario de mesa de Tribunales l, Gustavo Cáceres se negó a recibirlos por “falta de firma de un abogado”.

El pedido se originaba ante posibles detenciones policiales y desalojos a la fuerza durante la resistencia en el acampe y el bloqueo. Situación que, en la mañana siguiente, se confirmó cuando decenas de uniformados comenzaron a reprimir culminando con dos mujeres detenidas y Sofía Gatica con traumatismo de cráneo en el Hospital de Urgencias.

Gatica fue trasladada al Hospital de Urgencias en donde permaneció algunas horas pidió ser dada de alta con “acta voluntaria” para regresar al campamento. Así expresó que siente “mucha broca” porque ayer presentaron en la Justicia para un hábeas corpus para “evitar que esto pasara”

Finalmente, y tras la represión, anoche Gatica con el abogado Darío Ávila volvieron a la mesa de atención permanente y, tras una extensa discusión, lograron ingresar el pedido de hábeas corpus sobre 29 personas.

La represión ilegal

Sobre las posibles formas de resistencia y defensa de los participantes en el bloqueo, el fiscal federal de Tucumán, aseguró que la jurisprudencia indica que “no constituye delito” el bloqueo que realizan vecinos de Malvinas Argentinas en el ingreso al predio. “La jurisprudencia más o menos reciente en cuanto a que lo que están haciendo ahí instruye que no hay delito en tanto y en cuanto no se constituya peligro para el tránsito, no que se impida el ingreso de camiones al predio”, señaló Gómez en Ecos Córdoba.

En el intento de desalojo ilegal, la policía provincial apelo a golpes, gas pimienta, y dos de las manifestantes fueron detenidas arbitrariamente por efectivos masculinos alternado cualquier mínimo protocolo. Sofía Gatica, del grupo de Madres de Barrio Ituzaingó, reconocida internacionalmente y premiada por su lucha por la defensa de la salud y la vida, fue arrastrada por agentes policiales para sacarla de la ruta y terminó hospitalizada con traumatismo de cráneo.

Al mismo tiempo, los apretujones hacia la prensa, el intento de que no filmen y no registren fotográficamente la represión también constituye un mecanismo de las fuerzas policiales que acciones con total arbitrariedad e impunidad.

Hábeas corpus

“Vengo a interponer recurso de Hábeas Corpus ante la amenaza de detención que pesa sobre mi persona ya que desde el día 18 de septiembre me encuentro ubicado a la vera de la ruta A188 km 9 y medio, frente al predio donde se está construyendo de manera ilegítima una empresa multinacional (Monsanto) que ha contaminado pueblos enteros en otros países del mundo y cuyo accionar ha sido condenado en diversos tribunales” expresa el escrito presentado por Antonio Moro, uno de los asambleístas.

“Estamos instalados allí porque intentamos evitar la comisión de un hecho ilícito que afectará la salud de nosotros y de nuestras generaciones futuras. En situaciones anteriores y sin que cometiéramos delito alguno fuimos violentados y amenazados de desalojo y encarcelamiento por parte de las fuerzas policiales. Esto hace suponer que ocurrirá lo mismo el día de mañana, pasado o los días subsiguientes”, manifestó como un anticipo de políticas represivas ante la medida de protesta.

Remarcó que la Ley 23.098 que en su artículo tercero dice que corresponderá el procedimiento de hábeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique una limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria. Igual que el artículo 43 de la Constitución nacional.

Recién tras los episodios de represión y con la presencia de Gatica y el Dr. Ávila se aceptó el pedido de los 29 hábeas corpus.

Ximena Cabral es directora periodística de Umbrales.

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Ceguera informativa en la política de medios

Martín Becerra (ACTA)

Opacada por citas doctrinarias sobre garantías constitucionales como la libertad de expresión y postergada por la suma de intereses políticos y económicos decantados en posiciones a favor o contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; en esa condición se halla una de las claves que explica, mucho más que mil discursos, la situación de las políticas estatales en el sector audiovisual y en telecomunicaciones móviles.

Esta clave tiene escaso atractivo para la discusión pública, pero su impacto es mayúsculo por la ceguera informativa a la que se somete el Estado.

La Ley Audiovisual 26.522 sancionada por el Congreso hace casi cuatro años modificó las condiciones de ejercicio de las licencias de televisión (abierta y de pago) y de radio. Todos los países poseen reglas de juego para estas licencias. En este aspecto, es sabido, hay controversia. El grupo Clarín reclama la inconstitucionalidad de una parte de la regulación en una causa sobre la que dictaminará la Corte Suprema.

Pero la ley contiene otros ejes sobresalientes. Uno de ellos, legitimado por el amplio debate previo y posterior a la aprobación de la norma, es la reserva del 33% de las frecuencias para organizaciones sin fines de lucro. A diferencia de las disposiciones sobre concentración, que tienen antecedentes en toda la normativa de radiodifusión previa a 2009, el reconocimiento legal de prestadores sin intención lucrativa es inédito en la Argentina y en buena parte del continente.

Desde la sanción de la ley, esta reserva para actores de la sociedad civil fue saludada por las Relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA y por partidos políticos de distinta orientación. Uno de los autores más citados en la reciente audiencia organizada por la Corte Suprema, Owen Fiss, dice que la libertad de expresión depende de los recursos de los que se dispone; si éstos están concentrados, el interés público se resiente. De allí que la apertura a la sociedad civil mejore y amplíe el ejercicio de la libertad.

Resulta extraño, pues, que sin existir pleitos sobre el derecho de las organizaciones sin fines de lucro a convertirse en licenciatarias, la reserva determinada por la ley carezca hasta ahora de correlato significativo en el mapa de medios. Pero, por obvio que parezca, para poder reservar y luego concretar ese 33% hay que conocer, antes, cuál es el 100%. Y no se sabe.

No se sabe, a días de cumplirse cuatro años de la aprobación de la Ley Audiovisual, cuántas licencias hay disponibles ni cuáles están ocupadas por licenciatarios en cada una de las localidades del territorio argentino. Esa información, elemental, se denomina “plan técnico de frecuencias” porque ubica en el mapa las frecuencias según su estado de explotación.

Sin plan técnico no pueden abrirse concursos para otorgar nuevas licencias. Sin plan técnico no sólo se debilita el conocimiento y la gestión de licencias audiovisuales, sino también la asignación de espectro para telecomunicaciones, sector que puja con insistencia por la falta de frecuencias para expandir las redes móviles, alegando que el pésimo servicio que brindan los operadores no puede mejorar sin nuevas frecuencias.

La responsabilidad por no construir un plan técnico no es exclusiva del actual gobierno, porque desde 1984, cuando se suspendió el anterior, diseñado por la dictadura, ninguna administración dedicó esfuerzos para ordenar el espectro. Pero la ausencia de plan técnico tras la Ley Audiovisual de 2009 conspira directamente contra la letra y los propósitos de la norma e impide planificar una política inclusiva de asignación de licencias y permisos para que nuevos actores agreguen diversidad al sistema de medios en el país.

La tendencia a otorgar un barniz aséptico a los datos técnicos subestima su impacto. Como ocurre con la manipulación de las estadísticas nacionales por parte del INDEC, la falta de información pública sobre el uso de los recursos radioeléctricos escamotea su control social y político y horada la capacidad del Estado de asentar su gestión sobre bases confiables y estables.

Martín Becerra es Profesor e investigador UNQ, UBA, Conicet. Periodista, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona.

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Argentina, Provincia de Buenos Aires. Inundación de abril en La Plata: Ni la Provincia ni el Municipio brindaron datos sobre la situación de los chicos

OTROS CÍRCULOS

Qué diagnóstico se realizó, cómo se actuó y si después de la catástrofe se reunió la Comisión Interministerial prevista en la ley provincial de Niñez son algunas de las preguntas que el programa universitario de niñez hizo a Daniel Scioli, Santiago Martorelli, Pablo Navarro y Carlos Dabalioni. Duro informe sobre la falta de atención a los más vulnerables, en un Sistema de Promoción y Protección Integral a medias, que profundizó los efectos de la inundación. Y también algunas propuestas.

A partir de testimonios recogidos entre miembros de la comunidad y referentes de diversas organizaciones sociales en el territorio, el Programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) relevó las principales medidas que se tomaron desde el Estado para abordar el desastre del pasado 2 de abril y las volcó en un informe especializado. El trabajo se realizó desde la perspectiva de los derechos humanos y las políticas públicas para la niñez que caracterizan dicho espacio académico.

“Los niños primero… cuando el agua sube más de un metro y medio. Informe de evaluación sobre las políticas públicas para la niñez en la ciudad de La Plata a raíz de las inundaciones de abril 2013”, se titula la investigación, cuyo objetivo fue “evaluar de manera crítica el modo en que la falta de implementación del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de la Niñez (SPPDN) profundizó los efectos de la inundación del pasado 2 de abril en el partido de La Plata”, resumen los integrantes del programa. Las conclusiones del trabajo, el único especializado en niñez y adolescencia, son lapidarias. Pero los autores también incluyeron propuestas concretas de intervención a partir de lo analizado.

Síntesis del trabajo

(Por: Carola Bianco; Lucía Belaunzarán; Alfonso Carmona; Damián Lambusta, Martín Menestrina; Sebastián Pagano; Ligia Pérez Cazenave y Paula Talamonti, integrantes del programa).

Este acontecimiento puso de manifiesto la violación sistemática a los derechos humanos que venían sufriendo cientos de niños, niñas y adolescentes de esta jurisdicción debido a la omisión por parte de los organismos municipales y provinciales de implementar el Sistema de Promoción y Protección Integral de la Niñez (estatuido a partir del dictado de la ley 13.298, promulgada con fecha del 14/01/2005 y publicada en el Boletín Oficial con fecha del 27/01/2005) en al menos tres sentidos: 1) la ausencia de políticas públicas integrales y, a la vez, especializadas para atender de manera integral la situación de niñas y niños; 2) la falta de una perspectiva de la niñez en la reacción ante la emergencia; 3) el déficit de información – que aún hoy persiste – sobre la situación sanitaria y psicosocial de las niñas y niños afectados.

Antecedentes

La tragedia del 2 de abril pasado, que trajo numerosas pérdidas de vidas, persistentes traumas sanitarios y psicosociales y cuantiosos daños materiales, estaba anunciada por un conjunto de antecedentes jurídicos y socio-territoriales.

Por un lado, en diversos procesos e instancias judiciales se sustanciaron pruebas que reflejaron la ineficacia e ineficiencia estatal con relación a la puesta en marcha de políticas públicas de derechos humanos para los niños y niñas de esta ciudad tendientes a evitar daños irreparables en casos como los de la inundación pasada, y que viabilicen el efectivo ejercicio de sus derechos fundamentales (salud, vivienda, educación, trabajo, entre otros) sin separarlos de su comunidad y familias. Mientras que la ausencia de políticas públicas de acceso a los derechos humanos de estos mismos niños, niñas y de sus familias, se traduce en una continua cooptación por parte del sistema penal, la cual se estructura a partir de la implementación de una respuesta represiva, como herramienta privilegiada, a la hora de pensar el desarrollo de una política pública destinada a lidiar con la cuestión de la niñez, incrementando inestimablemente el daño para este grupo etáreo.

Entre las acciones implementadas por el programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la FCJyS de la UNLP a raíz de las inundaciones se presentó un pedido de ejecución de sentencia en la Acción de Amparo “Asoc. Civil Miguel Bru y otros c/ Ministerio de Desarrollo Social y Otros s/ Amparo”, Expte N° 15928/08.

Este proceso judicial ha insumido hasta ahora 5 años, lleva más de 20 cuerpos, más de 5.000 fojas y han intervenido decenas de funcionarios judiciales, entre ellos más de 6 jueces, agentes fiscales, defensores oficiales, asesores de incapaces, funcionarios de la Provincia de Buenos Aires; variados funcionarios de la Municipalidad de La Plata; diversas Cátedras de la UNLP, entre otros.

El 22 de mayo de 2012 el juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1, Dr. Luis Federico Arias, dictó sentencia “condenando a la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata a que, dentro del plazo de seis (6) meses, procedan a realizar todas las acciones necesarias para la implementación efectiva del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño en la ciudad de La Plata”.

De las pruebas producidas, emergió como una constante la escasa cantidad de recursos, la precariedad de las intervenciones, la falta de protocolos de actuación y la construcción diaria de estrategias basadas en la improvisación, sin sustento en políticas públicas serias que permitan un trabajo coherente y sostenido en el tiempo.

Sin embargo, las inundaciones han puesto de manifiesto que ni la provincia de Buenos Aires ni la Municipalidad de La Plata han realizado todas las acciones necesarias e indispensables para la implementación efectiva del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño en la ciudad de La Plata, incumpliendo de tal modo con la sentencia dictada.

En efecto, ante situaciones de crisis y catástrofes como la que hemos padecido en la ciudad de La Plata, el Estado se encontraba obligado por virtud de la normativa de niñez y la sentencia dictada por el Dr. Luis Federico Arias a poner en marcha un plan de acción para prevenir daños irreparables en la vida de estos niños (entre otros a través de medidas relativas a la vivienda digna y servicios adecuados) y una vez desencadenada la inundación debió tomar todas las medidas necesarias para prevenir y reducir daños en estos mismos niños, en el seno de sus familias y comunidad (para prevenir y tratar, entre otras afecciones las relativas a la salud, al derecho a no ser separados de su familia y de su comunidad, el derecho a la educación, al trabajo de sus padres, el derecho al esparcimiento, todos ellos sin discriminación entre otros).

Silencio de las autoridades

Carecemos de información oficial que nos acerque a un conocimiento cierto sobre de la cantidad de damnificados en los barrios afectados, la cantidad de niños que han padecido lesiones a sus derechos humanos durante la catástrofe, el plan de acción que se llevó y se llevará a cabo para reparar dichos daños, la cantidad de niños, niñas y adolescentes que han desaparecido durante dicho temporal, entre otros interrogantes. Por esto, solicitamos al juez, distintas medidas de prueba, para demostrar el incumplimiento de la sentencia, y en definitiva, con la obligación del Estado Provincial y Municipal en realizar todas aquellas medidas necesarias para la efectiva puesta en marcha del Sistema de Promoción y Protección Integral del Niño de la ley 13.298.

Entre las distintas de medidas probatorias solicitadas, destacamos el pedido de informe a la Dirección de Niñez y Adolescencia de la municipalidad de La Plata y a la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires acerca de: a) la cantidad de niños, niñas y adolescentes con los que se encuentran trabajando en la jurisdicción de La Plata; b) con qué recursos humanos, económicos y de infraestructura cuentan; c) si aumentaron los recursos económicos destinados partir del 2 de abril de 2013; d) si contaban con un plan de abordaje de contingencias o protocolo previo al 2 de abril de 2013; e) Si a raíz de la inundación del 2 de abril y sus consecuencias, se contactaron con las familias, niños, niñas y/o adolescentes con los que ya venían trabajando; f) Qué daños fueron relevados con motivo del temporal del 2 de abril; g) Recibieron denuncias de niños, niñas y/o adolescentes desaparecidos.

Se requirió al Comité de Emergencia, al mando de la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de La Plata, que informe: a) qué relevamiento, diagnóstico se realizó respecto de los niños, niñas y adolescentes; y b) qué medidas se tomaron en relación a estos niños, niñas y adolescentes.

Se solicitó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires que informe: a) Si se reunió la Comisión Interministerial prevista en la Ley 13.298 con motivo del temporal del 2 de abril de 2013; b) Quienes la conformaron; c) Qué acciones se emprendieron con relación a los niños, niñas y adolescentes.

También se solicitó que los jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias de ciudad de La Plata informen acerca de las inasistencias de abril, y si hubo alumnos desaparecidos o muertos.

Antecedentes socio-territoriales

Existen situaciones regulares que evidencian el problema urgente de generar políticas públicas para afrontar el déficit urbano habitacional, debido a la escasez, calidad insuficiente y/o inaccesibilidad de condiciones materiales, servicios y espacios aptos para la construcción de un proyecto de vida digna de amplios sectores de la población con la que trabajamos. Mediante el trabajo realizado por este Programa junto a organizaciones territoriales, se ha verificado que la irresolución de la problemática habitacional se halla vinculada a o desencadena la lesión a otros derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud, al trabajo, a la educación, etc. poniéndose de manifiesto que los Derechos Humanos son universales, indivisibles e interdependientes.

Además, en las últimas décadas el impacto de los procesos de reestructuración económica ha generado transformaciones en las ciudades, signado por procesos de segregación espacial. Se constituyeron territorios diferenciados para sectores de altos ingresos (barrios cerrados en las afueras y enclaves en los centros urbanos), espacios para sectores pobres (asentamientos y villas) y zonas intermedias.

En consecuencia, el uso del suelo ha quedado a merced del mercado inmobiliario; cuestión que ha llevado a la expulsión de las clases subalternas hacia zonas de la periferia que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad y exponen a la población a instalarse de forma precaria en zonas anegables (en las cuencas de los arroyos o bañados, por ejemplo). la constitución de una periferia pobre se vincula con una serie de privaciones de su población: problemas en el acceso al empleo y por ende en los ingresos económicos como sustento de los hogares, baja capacidad de consumo, graves problemas de acceso al transporte público y a los centros urbanos, deterioro de la calidad (o ausencia) de los servicios de salud y educación, ausencia de infraestructura básica (cloacas, red de agua potable, gas, electricidad, pavimentación, etc., entre otros). Desde lo jurídico, dicha situación se cristaliza y estratifica a partir de la ausencia de garantías que imposibilitan el acceso a mecanismos judiciales de defensa de los derechos humanos básicos que el Estado insoslayablemente debe atender.

El 2 de abril

La situación descripta más arriba ha sido lamentablemente corroborada por las inundaciones, las cuales terminaron poniendo de manifiesto la magnitud de la problemática emergente por la falta de vivienda digna y adecuada.

La cantidad de damnificados varió según las zonas relevadas, pero de los testimonios puede sostenerse que el porcentaje osciló entre el 50 y el 100 % de la población de los barrios. Según datos publicados en los medios locales, se registraron entre 2.000 y 3.000 evacuados, distribuidos en 33 centros, y un número de damnificados que osciló entre 100.000 y 350.000 ciudadanos (es decir entre el 15% y el 55% de la población total del partido según datos del censo 2010).

Los riesgos frente a los desastres tiene mayor incidencia en las poblaciones que viven en situación de pobreza, quienes al verse desprovistos de condiciones básicas fundamentales para la vida se encuentran más expuestos a los efectos de los desastres que el resto de la población.

De esta forma, el impacto provoca la vulneración de los derechos de las personas no solo durante el evento sino posteriormente, ya que se comprometen las posibilidades y capacidades para su superación por el incremento de la fragilidad de las condiciones previas y el impacto propio del fenómeno. Mientras entre los sectores de clase media y media alta la capacidad económica relacionada con altos ingresos, estabilidad laboral, seguros, cobertura de salud, propiedad del inmueble, etc., facilita la capacidad de recomposición a mediano plazo, los sectores más empobrecidos, vieron muy agravadas sus condiciones ya precarias de hábitat.

Muchos de los daños se vincularon directamente con omisiones u acciones estatales y privadas. Se pueden enumerar las obras de infraestructura hídrica no realizadas y denunciadas oportunamente por la Facultad de Ingeniería de la UNLP y organizaciones territoriales.

Resulta llamativo el hecho de que las experiencias más exitosas suelen ser aquellas que se desarrollan coordinadamente entre los Estados, las agencias de cooperación, y la sociedad civil. Esta necesidad se puso negativamente en evidencia con: la ausencia de políticas públicas específicas; la falta de una perspectiva centrada en la atención especializada de la niñez; el déficit de información y comunicación necesarias para operar ante del desastre.

La ausencia de políticas públicas para atender la emergencia de manera integral y las acciones de las organizaciones territoriales frente a la respuesta informal del Estado. Todas las organizaciones entrevistadas coinciden en sostener que no encontraron a los agentes estatales en los barrios, marcando una “ausencia total del Estado”. Consideramos que hubo una respuesta estatal, pero que esta estuvo signada por las estructuras, modos de organización y acción incorporados, rutinas institucionales, tradiciones, etc.

En primer lugar, en el contexto de emergencia, las fuerzas de seguridad desplegadas en el territorio cumplieron tareas de vigilancia, amedrentamiento y represión directa.

En segundo lugar no existen otras políticas de promoción social consolidadas desplegadas en los territorios desaventajados de la ciudad. Tres áreas estatales provinciales claves en la promoción de derechos humanos siguieron derroteros desiguales: el sistema de salud tuvo una presencia deficitaria; el sistema educativo tuvo una participación despareja; el Ministerio de Desarrollo Social tuvo una participación marginal. Además, en el nivel municipal se evidencia la ausencia de una política de emergencia desde la Municipalidad de La Plata: el Comité Operativo de Emergencia Municipal (COEM), creado a raíz de las inundaciones del año 2008, tuvo una tarea deficitaria, al no tener un responsable en su dirección ni contar con recursos propios.

Más allá de la ausencia de políticas públicas para actuar frente a la emergencia, las organizaciones entrevistadas denuncian que la distribución de la ayuda fue realizada principalmente por organizaciones afines al partido de gobierno. El Estado respondió con la estructura que tenía disponible, y los agentes territoriales permanentes en los barrios, esto es, los punteros políticos. Varias denuncias circularon en torno a la discrecionalidad y discriminación abierta en la distribución de mercadería entre los vecinos.

En este contexto de informalidad estatal, un elemento interesante para destacar es el surgimiento de la iniciativa y la puesta en marcha de la ayuda solidaria por parte de diversas organizaciones territoriales. La relación existente entre sujetos que se reconocen mutuamente, motivó la organización inmediata de la ayuda solidaria. Así, las estructuras previas que se habían construido para resolver otro tipo de problemáticas se refuncionalizaron ante la necesidad de distribuir la mercadería, la urgencia de la atención sanitaria, así como reconstrucción de algunas viviendas, entre los vecinos afectados.

Falta de una perspectiva centrada en la atención especializada de la niñez

Además de que el SPPDN no se encuentra completamente implementado en la Provincia y Ciudad de La Plata, existen una pobre infraestructura y un mal funcionamiento de los Servicios existentes, respecto de lo cual menester es observar que la ausencia de una política pública consistente y sostenida en el tiempo destinada a la niñez, es uno de los factores que amplían la vulnerabilidad de la niñez. Según la normativa vigente, el SPPDN debe tener una inserción territorial concreta, para lo cual se descentralizan los servicios locales en diferentes puntos de la ciudad.

En los últimos 5 años se han creado ocho Servicios Locales, sin mayor justificación de las zonas de incumbencia. Estos Servicios no cuentan con la infraestructura, presupuesto ni recursos humanos necesarios para funcionar correctamente. Una de las funciones de los servicios Locales es a partir del trabajo sostenido en el territorio, la coordinación con las organizaciones estatales y no estatales que se hallen trabajando en ese lugar. Además de implicar una vulneración de derechos la ausencia de estos Servicios en los barrios de la periferia platense, su presencia hubiera servido para coordinar el trabajo de asistencia estatal y ayuda solidaria en las primera 48 hs. posteriores al temporal. A la vez que los trabajadores de los servicios deberían ser aquellos agentes estatales que conocieran a las familias con derechos vulnerados y esta información habría sido de vital importancia en la intervención estratégica estatal.

De acuerdo a la evidencia recogida, la situación de la niñez ante la inundación es identificada como de mayor vulnerabilidad por las propias organizaciones. Sin embargo, La ausencia de una mirada específica sobre la problemática de la niñez – ausencia que inclusive se evidencia al interior de las propias organizaciones de base – conduce a que las respuestas políticas frente a la emergencia hayan pasado por alto necesidades primordiales de este grupo poblacional y, obviamente, que sus intereses hayan sido dejados completamente de lado y su voz ignorada en el tratamiento posterior a la tragedia.

Déficit de información y comunicación necesarias para operar ante el desastre

Es necesario que las políticas públicas contengan una política comunicacional específica, orientada a la población en general pero también con estrategias focalizadas de gestión de información dirigida a niños, niñas y adolescentes, con lenguaje y soportes adecuados a su edad;así como también que existan canales que permitan esa relación en ambas direcciones, de manera de promover estrategias de comunicación específicas para niños, niñas y adolescentes pero también habilitar canales para poder vincularse con ellos, sus opiniones y recomendaciones, esto es, espacios y ámbitos de participación y diálogo.

Luego del temporal, en la ciudad de La Plata la confusión primó por sobre la planificación y coordinación. Los consejos sobre salubridad fueron contradictorios, circularon muchos rumores de bandas que saqueaban casas instaurando miedo en la población, y una vez establecidas las medidas no se realizó una difusión adecuada de los mecanismos para acceder a ellas.

En la práctica, a partir de las necesidades que las propias organizaciones fueron encontrando en el territorio se generaron coordinaciones entre espacios. Pero desde las agencias estatales no se gestó una coordinación de la ayuda solidaria para complementarla con la (deficiente) asistencia. Ni el Comité de Crisis ni los funcionarios ofrecieron una estructura organizativa que articulase los esfuerzos dispersos de los voluntarios.

Esta incapacidad para gestionar en conjunto con la sociedad civil por parte de las agencias estatales marca una grave deficiencia, ya presente en las dificultades de actuación de ámbitos como el Consejo Local de de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud.

Entendemos que la falta de coordinación y planificación previas co-ayudaron para dificultar una respuesta inmediata y de calidad ante la inundación.

En definitiva, estas acciones y omisiones estatales impulsaron la situación de vulnerabilidad social en la que se encuentran grandes segmentos de la población en la periferia de la ciudad. La inundación, agravó la situación de precariedad de muchas familias y dejó a la luz la ineficacia de la gestión de la asistencia estatal y la ausencia de una política integral de derechos humanos.

Conclusiones

Siguiendo el objetivo de este informe de evaluar de manera crítica el modo en que la falta de implementación del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de la Niñez (SPPDN) profundizó los efectos de la inundación del pasado 2 de abril en el partido de La Plata, creemos necesario resaltar algunas conclusiones a raíz de los hechos relatados y presentar un conjunto de propuestas.

1) Los daños sufridos con el temporal del 2 de abril se relacionaron directamente con los grados de vulnerabilidad preexistentes, vinculados con:
a) La falta de acceso a la vivienda digna y al hábitat justo como resultado de los procesos de segregación espacial ocurridos en las últimas décadas y la instalación de las poblaciones más vulnerabilizadas en zonas inundables.
b) El nivel-socio económico de las poblaciones afectadas que se vinculó directamente con la posibilidad de recuperación económica en el mediano plazo y el acceso a los derechos fundamentales como la salud, la educación y la asistencia.

2) La respuesta estatal develó déficits institucionales preexistentes:
a) Un ejemplo de ello fue el uso de la fuerza policial como primera medida para el control territorial, priorizando el cuidado de la propiedad por sobre el cuidado de las vidas.
b) También se verificó el insuficiente servicio público de salud y educación que no pudieron brindar un servicio homogéneo en todo el territorio ni reconfigurar sus funciones en pos de las nuevas necesidades.
c) Nuevamente se llevó a cabo de manera discrecional y a través de los punteros barriales, la asistencia estatal.
d) Se constató la ausencia de los órganos específicos creados para dar respuesta y articular los recursos ante situaciones de emergencias.
e) En relación con la comunicación durante el desastre e inmediatamente posterior a él, la batería de publicidades oficiales tendientes a contrarrestar las críticas hacia el ejecutivo municipal se centraron en el ofrecimiento de información sobre futuras obras a realizar, omitiendo información útil para los damnificados.

3) Ante la irregularidad de la asistencia estatal, las organizaciones de la sociedad civil cumplieron un papel fundamental en la distribución de la “ayuda solidaria”. En este sentido encontramos una incapacidad previa por parte de las agencias estatales de coordinar y planificar, lo cual dificultó aún más la puesta en marcha de respuestas inmediatas y efectivas para las víctimas de la inundación.

4) La ausencia de una mirada específica sobre la problemática de la niñez –vacancia que inclusive se evidencia al interior de las propias organizaciones de base– condujo a que las respuestas políticas frente a la emergencia hayan pasado por alto necesidades primordiales de este grupo poblacional y, obviamente, que sus intereses hayan sido dejados de lado, tanto como ignoradas sus voces en el tratamiento posterior a la tragedia.

Considerar a los niños, niñas y adolescentes como una población vulnerable significa entender que se encuentran en una posición desfavorable para hacer valer sus derechos por sus propios medios. Si bien en el plano formal los derechos han sido consagrados y reconocidos, en la práctica no se encuentran dadas las condiciones para garantizar su efectivo ejercicio. En circunstancias de desastre, esta vulnerabilidad intrínseca se ve agravada.

Los efectos tanto físicos (propensión a enfermedades, a heridas, golpes) como psicológicos (shock, traumas, vivencias de duelo o separación de sus referencias adultas y su hábitat) determinan secuelas que, para su etapa de desarrollo, pueden tener consecuencias importantes en el resto de su vida, aumentando su nivel de vulnerabilidad.

La protección focalizada y explícita de la primera infancia, reconociendo las atenciones particulares propias de la edad, el desarrollo de estrategias de educación/sensibilización para niños y niñas en edad escolar que les permitan replicar valores de la gestión del riesgo de desastre orientado hacia una cultura de la prevención, y la incorporación de estrategias que promuevan la participación e involucramiento de los adolescentes en las tareas de preparación, gestión de la emergencia y recuperación, significan promover y proteger sus derechos y garantizar su bienestar.

Propuestas
1) El fortalecimiento y consolidación de las instituciones provinciales y municipales a favor de la niñez y la adolescencia, principalmente implementando de manera inmediata el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de la Niñez y la puesta en marcha de la Comisión Interministerial para promover políticas públicas universales y de calidad para toda la niñez de la región.

2) La implementación de protocolos de actuación que focalicen las acciones hacia una atención prioritaria de la niñez frente al riesgo que implican desastres como los vividos el pasado 2 de abril. Para ser efectivos, dichos protocolos deben:
a) Ser construidos en diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y deben promover estructuras territoriales y un trabajo en red entre organismos estatales y no estatales.
b) Contemplar el interés superior del niño y su derecho a ser escuchado a la vez que promover su participación activa en la resolución de conflictos.
c) Convocar a todos los agentes estatales responsables de garantizar el acceso a los derechos humanos de la niñez y principalmente a los agentes de ejecución: Secretaría de niñez y Adolescencia de la provincia y Dirección de Niñez Municipal.
d) Incluir y ubicar a la escuela en un lugar primordial entendiendo que es esta la institución con mayor incidencia en la vida de los niños, niñas y adolescentes y con mayor ramificación territorial, para lo cual se debe capacitar a sus agentes y proveer los fondos necesarios para ejecutar dichas políticas.
e) Ser acompañados por una estrategia de difusión y comunicación para la actuación comunitaria en las instancias de gestión del riesgo: preparación, prevención, respuesta y recuperación.

Para descargar

El informe completo: “Los niños primero… cuando el agua sube más de un metro y medio. Informe de evaluación sobre las políticas públicas para la niñez en la ciudad de La Plata a raíz de las inundaciones de abril 2013”

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