viernes, 4 de octubre de 2013

El multilateralismo post guerra fría y el ideologismo neoconservador

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Derrocar el gobierno sirio y liquidar su estado es la operación terrorista internacional de mayor envergadura desde el atentado a las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001. De llegar al objetivo se estaría legitimando una combinación armada en donde el terrorismo tiene papel protagónico y así se estaría sentando un precedente único. Naciones Unidas ha tenido una responsabilidad mayor al no haber detenido a tiempo ese alto influjo de terroristas en suelo sirio proveniente de países prominentes que forman el organismo.

La operación tiene el sello neoconservador y la situación describe bien el actual escenario internacional de una transición compleja. Desde el ocaso del mundo bipolar rígido, observamos la construcción de una multipolaridad con rasgos indefinidos y el nuevo orden mundial con un sistema de equilibrios se ve cada vez más esquivo. La supremacía como doctrina prevalece encarnada en las nuevas y antiguas potencias. El ímpetu por la supremacía tiene un ejemplo paradigmático en la invasión de Estados Unidos e Irak en 2003 sin la aprobación de Naciones Unidas. Esta invasión fue la principal expresión del ideologismo neoconservador en la política mundial. Se podía invadir un país antagónico, hacerlo trizas, el mundo no se venía abajo y se generaba un proceso político nuevo.

Las coordenadas de la globalización estimulan conductas expansivas a través de la concentración del poder económico y bélico y en Irak 2003 quedó demostrado: Los 27 países de la coalición invasora experimentaron en algún grado el rol de potencia. La coalición de países empeñada en derrocar al gobierno Sirio, encarnan esa necesidad de ejercer supremacía para aplastar a otro estado. Esto es completamente antagónico a la Carta de la Naciones Unidas y es una violación al derecho internacional, dos materias a la cuales el neoconservadurismo se opone firmemente. En el sustrato ideológico la ONU no sirve y el derecho internacional es una cortesía.

El multilateralismo post Guerra Fría se ha visto sobrepasado por el ideologismo neoconservador que ha ocupado un rol protagónico en la política internacional en las últimas tres décadas. A partir de las intervenciones militares en Afganistán, Irak, Libia y la actual agresión a Siria, los fundamentos políticos más extremistas del neoconservadurismo se han posicionado a nivel global y expresan en toda su magnitud una ambición por la supremacía ideológica.

Esta guerra inventada para derrocar el gobierno en Siria con el expediente que fuere, usando terroristas, mercenarios, insurgentes sirios, operativos de infiltración, imposturas, mentiras, engaños, bloqueo económico y comunicacional, es fiel expresión de ese neoconservadurismo que viene funcionando en tándem con el sionismo para desestabilizar una zona clave como son los estados en el mundo Árabe e Islámico.
         
Durante la gran confrontación en el mundo bipolar que compartían Estados Unidos y la Unión Soviética entre 1945 y 1990, los ejes principales de la preocupación internacional consistían en paz, supremacía y poderío nuclear. Se le encapsuló en un rótulo que hizo y hace todavía historia: guerra fría. Es una guerra especial que suponía ser poco letal y a la cual se le decretó una falsa defunción porque su espíritu no solo está incólume, el arsenal disponible es cada vez más sofisticado.

Con todo, después del desplome soviético el panorama descrito cambió sustancialmente. El “polo vencedor”, (hablar de vencedores y vencidos en 2013 es inconducente) propuso que el centro de la preocupación internacional consistiría en libertad, democracia y mercado. No era el equivalente a los tres sustitutos de lo anterior, sin embargo explicaban el nuevo mundo que se avecinaba. No había el peligro de la destrucción nuclear, la paz se concebía como sin amenazas, y no había disputa por la supremacía global. Se trataba ahora de expandir libertad, democracia y mercados.

Se inaugura el mundo de Hansel y Gretel que “Tras la muerte de la bruja, los niños toman de la casa perlas y piedras preciosas y parten a reencontrarse con su familia. Su vida de miseria había terminado. Desde ese día no sufrieron más hambre y todos vivieron juntos y felices para siempre”. El cuadro es muy diferente. Si la estructura de poder multinacional llamada Naciones Unidas se visualizara como una nación, sería el país con menos soberanía y sobre cuyos derechos y obligaciones se han cometido aberrantes violaciones a principios fundacionales.

El multilateralismo, especialmente aquel representado por Naciones Unidas tiene en la contingencia de Siria un test clave para su futura legitimidad. De no encontrar una solución política sustentable, la crisis de inestabilidad en la región vista con amplitud, podría durar más de 20 años. En la medida de que el organismo no asuma un liderazgo que represente efectivamente a un amplio sector de naciones con posturas diversas, la gestión fallida significará un retroceso aún mayor que el infringido por la invasión a Irak en 2003.

Hasta el momento ese liderazgo se ha reducido a la dinámica ideológica del Consejo de Seguridad y a los cinco países con poder para vetar. Es allí donde se ha programado y cuyo resultado es lo que vemos. El estado Sirio está en su derecho de protegerse de la agresión externa, ha hecho todo lo posible en contener un “modelo” nuevo de intervención vía terrorismo y ahora le toca el turno al organismo fabricado para construir paz y soluciones políticas y que hasta ahora no lo ha logrado.

La ideología neoconservadora (en Estados Unidos), de la cual el presidente Barack Obama no ha podido librarse, consiste en impedir que surja un poder que antagonice a Estados Unidos en lugares considerados como estratégicos. De manera más generalizada, se trata de que ningún poder le haga frente, como fue el caso de la Unión Soviética. Siria se atrevió a oponerse y ha remecido el escenario político mundial y el ímpetu neoconservador. Le toca el turno al multilateralismo para desprenderse de los efectos de la ola neoconservadora de las últimas tres décadas o más.

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Siria: La verdadera guerra secreta no contada

Carlos Santa María (especial para ARGENPRESS.info)

No es de ningún modo cierta la afirmación repetida permanentemente por el poco hábil presidente de Francia, Francois Hollande, según la cual Siria aceptó el control de las armas de defensa químicas debido a la amenaza de intervención ejercida por el régimen estadounidense. Por el contrario, a esa necia afirmación se opone una realidad muy diferente que ha sido invisibilizada por orden de una élite que sabe los riesgos que entraña conocerse la verdad, debilitando sus aspiraciones egoístas y maquiavélicas con el fin de hacer del negocio-lucro su fuente de vida. Ello se comprueba por los siguientes hechos que no se hacen masivos en la prensa occidental y que desconoce la opinión pública.

Primero, existe una orden internacional reservada dada a todos los medios de información de corte imperial para que respecto al caso de Siria se entreguen datos fragmentados, que impidan un análisis profundo, manteniendo la idea de culpabilizar al gobierno de Al Assad y, por tanto, siendo necesaria su remoción por la fuerza. En este sentido, se ha confirmado que canales “independientes” como CNN o Univisión, entre otros, junto a periódicos y radios, han invisibilizado la realidad misma hasta tal punto que se hace creer con convicción que los “rebeldes” son quienes aspiran a defender a su pueblo...sin mostrar el terrorismo desatado contra la población.

Segundo, las presiones que ha tenido el presidente Barack Obama por parte de altos mandos militares no ha sido comentado pues se sabe que esto implica una desobediencia inusualmente detectada y es causada porque el prestigio de las Fuerzas Armadas está en juego, además de tener que soportar el peso de la guerra y sus consecuencias imprevisibles. Lo anterior pone a la Casa Blanca en dificultades en su política exterior de avasallamiento sin discusión ya que existen oficiales de alto rango que se oponen evidentemente a Obama: eso está oculto.

Tercero, existen evidencias claras del apoyo logístico intenso que otorgan a los terroristas en armas principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, Qatar y Turquía. Sin embargo, se oscurece aspectos muy importantes referentes a interceptación de comunicaciones al ejército sirio, datos de su ubicación, estrategia, lo que impide obtener la victoria completa por parte de las fuerzas legalmente existentes. Aún más, su estímulo subrepticio al uso de armas no convencionales (químicas, tortura, descuartizamiento, degollamiento, asesinato de civiles, destrucción cultural e infraestructura, saqueo arqueológico, violaciones, quema de personas), convierte este conflicto en un crimen de guerra cuyos autores deben ser juzgados por tribunales internacionales prontamente.

Cuarto, han sido encubiertas hábilmente las razones dadas por los parlamentos británico y alemán de no involucrarse en la ocupación o asesinato de ciudadanos (que van más allá del caso Irak), las cuales se sustentan en que Alemania e Inglaterra ya sufrieron los embates de una catástrofe y no quieren verse envueltos en otro evento que de inmediato los cobijaría (sabiendo que Estados Unidos hace una guerra a distancia y protegido relativamente a diferencia de países ubicados en el primer frente de lucha). Lo que no se informa es que las pruebas entregadas por el Secretario Kerry fueron tan inocuas, manipuladas, sin bases claras y objetivas, que se opusieron a caer en una trampa difícil de sortear una vez iniciada la confrontación. Igualmente, saben que el pueblo no desea otra guerra por lo que significaría para su juventud involucrada en el negocio de la muerte, la carestía obvia y el peligro constante de ser atacados.

Quinto, los innumerables problemas al interior de Estados Unidos no han sido dados a conocer a la opinión pública mundial, sin descuidar el conflictivo presupuesto, como la pobreza que ya llega a casi un tercio. Las medidas para recortar los derechos laborales, sindicales, médicos, previsionales y de educación, están haciendo crecer el resentimiento social de modo apresurado: la reforma migratoria es uno de esos puntos álgidos. El ala más radical del partido demorepublicano (que es uno sólo dividido en dos flancos), comienza a ver que la carrera presidencial la puede ganar si debilitan a un funcionario ejecutivo (Barack), débil, inoperante, y que ha jugado con los intereses de sus ciudadanos. El Pentágono, la NSA y la CIA ya no son apreciados como entes de seguridad para la población. Las tensiones son enormes y se volatilizan en los Medios de Información pues el tigre de papel puede quemarse.

Una de las más poderosas razones para que el régimen estadounidense detuviera su accionar bélico, que no ha sido expuesto nítidamente, es la firme postura de Rusia. Se ha filtrado en la prensa el diálogo de Putin con Obama, y de Lavrov con Kerry, a los cuales se les ha manifestado que la paz estará en la agenda como primera prioridad de la Federación, regañándolos por su actitud basada en tan elementales argumentos, propios de preescolares con hipocresía descomunal. Lo fundamental es que dos misiles balísticos fueron disparados (supuestamente por maniobras de prueba conjuntas entre Estados Unidos e Israel), desde una base de la OTAN en España, los que inmediatamente fueron detectados por los radares rusos: uno explotó en el aire y el otro cayó desviado hacia el mar. La comunicación reservada indicando la posición rusa aún no es conocida aunque se comprende su significado, criterio básico para detener la intervención en Siria.

Se sabe relativamente que EE.UU. ha cooperado intensamente en aumentar la polarización tanto dentro como fuera de Siria, aunque está velado que George Sabra, líder del Consejo Nacional Sirio, ha dicho que él también apoya y defiende a Al Qaeda. En este sentido, los últimos intentos de la Oficina Oval insinuando un ataque con drones a este grupo mercenario con el fin de desligarse en ese contrato tan lesivo sostenido por décadas o haciendo aparecer la supuesta muerte de Bin Laden como un triunfo, han dejado dudas si eso es cierto o simplemente una bandera blanca (táctica de engañar para destruir al otro); el cierre de las embajadas por unos correos “interceptados a terroristas”, de modo similar al daño colateral del 11 de septiembre, no posee la mínima sustentación. La evidencia de la maquinación del ataque tóxico en Damasco y Aleppo por terroristas deja claro que esas medidas están avaladas por el Presidente estadounidense, especialmente al filtrarse una misiva secreta que indica que el Departamento de Estado conocía que Al Qaeda contaba con un avanzado programa de investigación y desarrollo de armas químicas ubicado en Somalia: ¿fue lógico amenazar con una guerra basado en una no confiable información dada por Israel sobre el supuesto ataque químico?

La conclusión es nítida: existe una lucha secreta que la prensa occidental disfraza teatralmente puesto que, de conocerse, millones de ciudadanos protestarían en su interior y el mundo mismo consideraría que la falta de transparencia de los “seres excepcionales”, como Obama ha definido a su régimen, dejarían de serlo pasando a simbolizar la deshonestidad y el terror aplicado por obra de su fuerza e interés solamente. Afortunadamente, de modo paulatino, la alborada comienza a iluminar la conciencia de los ciudadanos del mundo y la humanización puede verse como una posibilidad al alcance de la especie. Ese debe ser el destino del ser humano.

Carlos Santa María R. es analista internacional, Ph.D. en Ciencias de la Educación por la Universitat de Barcelona (España),Trabajador Social (U. Católica de Valparaíso, Chile), Psicólogo Social por la UNAD (Colombia), Especialista en Estudios Latinoamericanos, Educación e Investigación(U. de Nariño). Columnista, profesor universitario, conferencista internacional, ha publicado quince libros en el campo político, humano y académico.

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MINUSTAH: Venían por 6 meses y están hace 10 años

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

Palabras pronunciadas por el senador haitiano Jean Charles Moïse en la sala Paulina Luisi del anexo de Diputados del Palacio Legislativo de Uruguay, en nombre de las organizaciones sociales haitianas, en homenaje al ex diputado Guillermo Chifflet.

Henry Boisrolin: Va dirigirles la palabra el Senador Moïse que va a hablar en creole por la simple razón que el video que están filmando lo vamos a pasar a Haití, donde la enorme mayoría del pueblo haitiano, todos, hablan creole y no francés. Yo voy a tratar de traducir al castellano.

Jean Charles Moïse: Buenas tardes a todos. Estoy emocionado por el recibimiento tan caluroso desde que llegué aquí. Tengo una vida política larga. Empecé a luchar desde el liceo, después continué con algunos grupos campesinos. Fui intendente de mi ciudad en 3 oportunidades y dirigente de la Asociación Mundial de intendentes y durante dos años asesor del presidente Preval. Hoy soy senador de la República de Haití. Tenemos una posición muy clara respecto de la situación actual del país, pero no vamos a detenernos en este tema, sino sobre la cuestión de la Minustah.

Es un honor homenajear al diputado Guillermo Chifflet por su decisión de tanto coraje (renunció a su banca en repudio al voto positivo del Parlamento uruguayo para enviar tropas a Haití). Sr. diputado, en nombre del pueblo haitiano y en el mío personal le damos las gracias por su acto de grandeza. Es un gesto que no encontramos tan fácilmente sobre esta Tierra. No hace falta esperar la muerte de alguien para rendirle homenaje. Estaba en Haití cuando escuché hablar de su acto, y nunca pensé que podría encontrarme con Ud. Su acción me dio más coraje para seguir luchando. una vez más, en nombre del pueblo haitiano le damos las gracias.

Ahora, vamos a hacer un pequeño resumen del accionar de la Minustah. Eso quizá va a ayudar a familiarizarnos con lo que está ocurriendo. Desde 1986 la comunidad internacional tiene un plan para Haití. Salvo en 1990, el pueblo haitiano no pudo desarmar ese plan. Habíamos elegido democráticamente como presidente a Jean Bertrand Aristide. Siete meses después, la comunidad internacional y la oligarquía haitiana lo derrocaron. Destruyeron el sueño del pueblo. También en 2004 el pueblo haitiano volvió a elegir a Aristide y Francia, Canadá y Estados Unidos con un sector de la oligarquía, organizaron un grupo armado en República Dominicana, repartieron dinero en la Universidad y movilizaron a los narcotraficantes para masacrarnos y luego secuestraron al presidente Aristide y lo sacaron del país.

Esta misma comunidad internacional dijo que iba a yudar al pueblo haitiano. Dijeron que iban a mandar tropas para estabilizar el país, que no nos intranquilizáramos porque se trataba de un pequeño grupo que iba a ir nada más por 6 meses. Esos 6 meses se transformaron en 10 años. Así Uds. pueden darse una idea de la situación en la cual nos encontramos.

¿Cuál es el resultado de esta permanencia?

Violación de los Derechos humanos, en Cabo Haitiano, por el supuesto robo de U$S 30, los soldados de la MINUSTAH colgaron a un joven haitiano, en Port Salud violaron a un joven, en Gonaives a otro. Todos los años cambian los contingentes y quedan centenares de mujeres embarazadas de esta gente. Imagínense la cantidad de mujeres que parieron y los chicos que no tienen a sus padres.

Cuando se presenta algún problema de inseguridad en una zona, la Minustah responde que no están para hacer ese trabajo, pero cuando el pueblo se levanta contra el hambre o reclama el derecho a votar, aparecen para reprimir.

Hay un grupo de soldados nepaleses que defecaron en baldes y aunque la Minustah tiene suficientes herramientas para hacer un hueco y enterrar este material, sin embargo lo tiraron a un río donde la gente toma agua y se baña. Así trajeron el cólera. En Haití no es como acá que la gente dispone de baños, no hay agua potable para todos, entonces utilizan el río. esta enfermedad ya ha matado a varios miles. la Minustah nos trajo el mal.

Haití fue el primer país independiente de la región y hemos ayudado a varios a tomar su independencia, hoy nos hace mal ver que esos mismos países han enviado tropas para ocuparnos. Evidentemente eso afecta nuestra dignidad como pueblo.

Considerando todos estos casos presenté una resolución en el Senado de la República de Haití y tanto los senadores próximos al gobierno como los opositores la han votado a favor por unanimidad. La misma aclara que la decisión de enviar la Minustah no fue pedida por Haití, sino una resolución de la ONU.

Ellos votaron la Convención de Viena que dice que no se pueden enviar tropas a un país sino está en guerra. En Haití no había guerra. La resolución tiene 15 considerandos y 6 artículos. Uno de ellos dice que el 23 de mayo de 2014, la Minustah tiene que dejar Haití. Con los U$S 900 millones que gasta la ONU en el mantenimiento de las tropas, sería preferible construir hospitales y escuelas y la cantidad de carros de asalto que pululan en la calle intimidando al pueblo haitiano, reemplazarlos por tractores para ayudar a los campesinos.

En la Policía Nacional, que ellos dijeron que iban a ayudar, hay dos promociones que salieron de la Academia de policía y no cuentan con armas. Un policía haitiano cobra U$S 250 mensuales, si hubieran tenido realmente intenciones de ayudar, hubieran aumentado los efectivos, lo que hubiera permitido dar seguridad en todo el país.

Por todo lo que hemos dicho, consideramos que la comunidad internacional se está burlando del pueblo haitiano.

Las tropas brasileras, argentinas y uruguayas están en Haití para reprimirnos

Aparte de plantear esta resolución, nos transformamos en peregrinos para difundirla y viajamos a Brasil, Argentina, siete países africanos, próximamente estaremos en la ONU y hoy aquí. Esta es una batalla que no solo debe ser llevada adelante por el pueblo haitiano, sino pueblo con pueblo. Creo que se trata de una batalla difícil, pero nosotros tenemos determinación y los pueblos de la Tierra también, particularmente los pueblos cuyos gobiernos enviaron tropas a Haití.

La cuestión MINUSTAH no es simple. Hay una serie de intereses detrás y esto entra directamente en un plan global de la comunidad internacional.

Brasil, Argentina y Uruguay están ahí para reprimirnos, pero las minas son para Francia, Canadá y Estados Unidos Esos países tienen compañías mineras nacionales explotando las minas haitianas, entre tanto, la situación está degenerando y nosotros nos estamos organizando. Saben muy bien que la cuestión de la ocupación, va de la mano con la globalización y el neoliberalismo. Los países que creen que fueron para ayudarnos, no lo están haciendo.

Hoy estamos en un momento que todos tienen que alzar la voz muy fuerte sobre esta cuestión. Cuando los veo a todos Uds. reunidos aquí me da una gran alegría porque significa que tienen en cuenta la situación del pueblo haitiano. Imagínense que después del terremoto que costó la vida de 200.000 personas, un año después desataron la enfermedad del cólera, imagínense en qué situación nos encontramos.Cuando escuchan hablar a la comunidad internacional que vienen a ayudarnos, sepan que es mentira. Todos esos millones que dicen que nos van a dar, es mentira. Pueden ir a Haití y ver cuántas personas todavía viven en carpas, cuántos chicos están en las calles y no pueden ir a la escuela, pero todos dicen que nos están ayudando. Eso nos parece ridículo. Estados Unidos ofreció dinero después del terremoto, todas las cadenas de TV estadounidenses se refirieron a U$S 450 millones para Haití y resultó ser un 30% para USAID, otro tanto en subsidios para los granjeros norteamericanos que exportan arroz y porotos, un 20% para los marines que dicen que fueron a ayudarnos, 10% para la República Dominicana que también está mandando ayuda. Solo queda 10% para los haitianos. es ridículo.

Frente a todo esto necesitamos abrir los ojos. Para colmo Estados Unidos nos ha impuesto un presidente y un primer ministro. Ambos con nacionalidad norteamericana. En cambio, el pueblo fue a votar y el Consejo Electoral haitiano dio los resultados diciendo la posición de cada candidato. Mediante una nota de prensa, la Embajada de Estados Unidos aclaró que no estaba de acuerdo con este resultado y pusieron a alguien que salió quinto como presidente, y ese hombre está hoy entregando nuestras minas a las compañías mineras extranjeras.

Si no nos sentamos juntos para hablar, concertar pueblo con pueblo, corremos el riesgo de perder esta batalla. Con el apoyo de todos los pueblos la ganaremos. Muchas gracias.

Desgrabación y edición: Mario Hernandez

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Estados Unidos persiste en la política del “patio trasero”

Carlos Angulo Rivas (especial para ARGENPRESS.info)

Por el momento tres son los países en la mira del gobierno de Barack Obama y la política de Estados Unidos para América Latina y el Caribe; y estos tres, Bolivia, Ecuador y Venezuela, pertenecen al ALBA, organismo propulsor de una integración económica, política, militar, social y cultural, donde se da prioridad a la solidaridad, la soberanía y la equidad. Proyecto impulsor, además, de la consolidación de otros organismos integracionistas independientes y soberanos como UNASUR; MERCOSUR y PETROCARIBE.

En pocas, palabras proyectos opuestos a la política hegemónica del neoliberalismo y la globalización, cuya aplicación compulsiva en el mundo ha traído consigo la crisis económica actual, la desigualdad casi absoluta y el desempleo generalizado. De ahí que el accionar político de la diplomacia norteamericana se venga excediendo en las funciones propias de las relaciones bilaterales, tanto es así que Bolivia ha expulsado a la agencia USAID al haberse detectado que varios de sus funcionarios estaban dedicados a sabotear y desestabilizar el gobierno del presidente Evo Morales; asimismo tenemos los casos de desacuerdo con los diplomáticos norteamericanos y la intervención de ellos en los asuntos internos de gobierno en el Ecuador y hasta la promoción frustrada de un golpe de estado contra el presidente Rafael Correa.

Con Venezuela sucede lo mismo y hasta algo peor desde el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, pues esperada la desaparición física del mandatario bolivariano el montaje de un plan para capturar el gobierno y derrotar a la revolución en ese país estuvo cocinado en la Casa Blanca y el departamento de Estado, mediante el financiamiento millonario en la campaña electoral y la cooperación servil de la oposición del MUD y del candidato fascista Henrique Capriles, líder del vandalismo contra la embajada cubana en Caracas, auspiciador del golpe de estado contra Hugo Chávez y protagonista de los disturbios callejeros subsiguientes a ese fallido intento de acabar con el proceso de cambios en Venezuela. Y es que el fascista Henrique Capriles, derrotado en las elecciones por Nicolás Maduro, continúa con el plan norteamericano de deshacerse de la revolución bolivariana por cualquier medio; en esa dirección no escatimó esfuerzos en desatar nuevamente el bandolerismo político desconociendo los resultados electorales de su derrota y promoviendo los desmanes donde murieron once víctimas inocentes y resultaron heridos decenas de ciudadanos. Luego, en los últimos cinco meses, han venido ocurriendo misteriosos sabotajes de corte de energía, escasez de alimentos y artículos de primera necesidad, incendios a instalaciones industriales, paralización de la siderúrgica del Orinoco, destrucción de infraestructura vial, etc. Acciones silenciadas por la prensa parametrada de los multimillonarios y sus secuaces periodistas nacionales y extranjeros; y lo abominable de este asunto ofensivo a la dignidad del pueblo venezolano y latinoamericano, es la posición asumida por el gobierno de Barack Obama que a la fecha se niega a reconocer a Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela.

Con esta política ilegal e injusta, insolente y desmedida, los diplomáticos norteamericanos acreditados en Caracas se han creído con el derecho de intervenir en los asuntos internos de Venezuela. En consecuencia, el presidente Nicolás Maduro, se ha visto en la obligación de expulsar a tres funcionarios de la embajada de Estados Unidos al haberse descubierto su participación en varios actos desestabilizadores contra el país. El mandatario venezolano al dar a conocer su decisión informó que se había detectado por seguimiento de inteligencia “a un grupo de funcionarios de la embajada de Estados Unidos dedicados a reunirse con la extrema derecha venezolana y financiar las acciones para sabotear el sistema eléctrico y económico". La denuncia de este comportamiento hostil e ilegal, intervencionista y arbitrario, de los funcionarios diplomáticos violan las leyes internacionales. Por tanto, Maduro en el ejercicio pleno de los poderes constitucionales ordenó al canciller venezolano Elías Jaua la inmediata expulsión de los funcionarios Elizabeth Hunderland, David Mutt y Kelly Keiderlinh, incursos en los delitos de injerencia premeditada, financiamiento y coordinación de actos de sabotaje.

Al mismo tiempo, Nicolás Maduro asumió la defensa de la dignidad del pueblo venezolano solicitando el apoyo a esta drástica medida dirigida a combatir el intervencionismo encaminado a destruir la revolución bolivariana y los objetivos fundamentales en la búsqueda del bienestar de la población y la paz de la república. Por esta razón anunció la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CEPA), organismo encargado de articular y organizar un esquema para derrotar y neutralizar cualquier plan nocivo contra el país; como jefe del CEPA designó al mayor general Gustavo González López quien en el año 2010 comandó la Milicia Nacional Bolivariana. Asimismo, solicitó a los venezolanos estar alertas para no dejarse guiar por las “estrategias aventureras muchas veces criminales” de la “derecha fascista” que sobrevive en Venezuela, aseverando que este sector opositor mantiene “atajos” planificados sobre una arremetida contra la paz del país y su estabilidad.

El gobierno bolivariano ha condenado en diversas oportunidades el intervencionismo directo de Estados Unidos, tanto con Venezuela como en otros países latinoamericanos: Cuba, Bolivia, Ecuador, Brasil, Nicaragua; y en el medio oriente: Irak, Egipto, Libia, Afganistán, Siria, Palestina. En este cuadro pernicioso de injerencia en Venezuela, son muchos los incidentes ocurridos. De los últimos se conoce que, a inicios de septiembre de este año, el presidente Nicolás Maduro, cuestionó que Estados Unidos no concediera la visa a varios integrantes de la comitiva presidencial programada para el foro de cooperación América del Sur-África, que participaría en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. En ese mismo mes, el Canciller de Venezuela, Elías Jaua, denunció que el Gobierno de Estados Unidos negó el permiso de sobrevuelo del avión presidencial venezolano dentro de su territorio, en el espacio aéreo de Puerto Rico. Y, en marzo de este año, Venezuela suspendió los canales de dialogo con Estados Unidos, tras las declaraciones de la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson, quien criticó la transparencia electoral de Venezuela y la expulsión de sus diplomáticos.

Como se puede observar, la expulsión de los tres funcionarios norteamericanos está plenamente justificada y para más detalles la cancillería venezolana ha entregado un informe completo a John Kerry, Secretario de Estado, con fotos de las reuniones, testimonios grabados, y las matrículas de los automóviles usados, ahí se demuestra la actuación absolutamente ilegal de los diplomáticos acreditados.

Carlos Angulo Rivas es poeta y escritor peruano.

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Una propuesta concreta para derrotar a los “recalcitrantes” fondos buitres

Mario Cafiero - Javier Llorens (especial para ARGENPRESS.info)

La hora de la verdad

Los fallos adversos a la Argentina del juez de Nueva York Griesa y de la Corte de Apelaciones en el juicio del fondo NML, han puesto en graves dificultades a un gobierno nacional que se advierte sorprendido, desorientado, y cada vez más improvisado. El problema de la deuda se muestra claramente irresuelto, en un complejo escenario plagado de serias dificultades políticas, jurídicas y financieras. Así como en otras áreas (energía, transporte, inflación) al gobierno le ha llegado la hora de enfrentar la realidad de la deuda.

Una realidad que desnuda el falso relato del desendeudamiento y el fracaso de la estrategia que se encaró para reestructurar la deuda después del default del 2001. Todo ello en un contexto de un gobierno debilitado en las urnas y en el favor ciudadano, entre otras razones por las consecuencias económicas y sociales de la reestructuración de la deuda, que comenzó con el canje del 2005 de Néstor Kirchner y Roberto Lavagna.

La historia sin fin

La Presidente se autocalificó como una “pagadora serial” y reconoció que entre el 2003 y el 2013 se pagaron más de 173.000 millones de dólares de deuda. Pero ese enorme esfuerzo financiero tuvo como contrapartida un innegable costo económico y social, en una economía que apenas salía después del 2001 de una de las más graves crisis de su historia.

Esos monumentales pagos a los acreedores financieros se realizaron postergando o desconociendo otras acreencias internas, como la coparticipación federal de impuestos a las provincias, y la actualización del haber jubilatorio. Usando a la ANSES como “cueva financiera” para simular las recompras de deudas pactadas en el canje del 2005, y despojarla de los cupones PBI que tenía en cartera, provenientes de las AFJP. O echando mano a las reservas del Banco Central, debilitando por lo tanto el peso y alentando el proceso inflacionario. O aumentando la presión tributaria que se encuentra en un record histórico, y que sigue siendo brutalmente regresiva e injusta.

Pero los esfuerzos hechos para satisfacer el agujero negro de la deuda parecen no tener fin. En el 2001 debíamos 145.000 MU$S y se declaró la imposibilidad de afrontar la deuda. Del 2003 al 2013 como reconoció la Presidente se pagaron 173.000 MU$S. Sin embargo el stock de la deuda no se redujo, ya que el Ministerio de Economía reconoce que la deuda pública asciende a diciembre pasado a 197.500 millones de dólares. Si le agregamos la deuda con los holdsouts por 11.500 millones, que con las sentencias judiciales treparían al doble, la deuda pública treparía a 220.000 millones de dólares, sin computar los intereses a pagar por otros 72.000 millones de dólares.

¡Oh juremos con deuda morir!

Así titulamos nuestro análisis de la estrategia de reestructuración de la deuda que impulsaron Kirchner y Lavagna en el 2005. Fuimos no más de 3 diputados nacionales los que nos opusimos a ese canje en el recinto, advirtiendo en dicho análisis que los problemas de la deuda reaparecerían en el 2008, tal como sucedió. El canje se basaba en dos premisas: que iba a haber una fuerte QUITA de la deuda, y que iba a haber un CERROJO para no abrir el canje a los que se negaran a hacerlo en ese momento, como una especie de repudio de deuda sin fundamento legal alguno.

Ninguna de esas dos premisas a la postre se cumplieron. A la quita nominal, calificada de heroica en el relato, con la que se trató de suplir o disimular la exigencia de una auditoria sobre la deuda formulada por casi toda la sociedad, se la compensó subrepticiamente con el premio del bono atado al PBI, que se entregó graciosamente a todos los bonistas que entraron en el canje. Los que además contaron con un mecanismo de rescate anticipado de ellos, para lograr su rápida revalorización.

Y la ley cerrojo, que prudentemente debió haberse derogado después de haber cumplido su objetivo de compeler al canje del 2005, se convirtió lamentablemente en un instrumento para concretar el negociado del canje del 2010, y facilitarle la labor a los fondos buitres. Entre el 2005 y el 2010 sirvió para mantener deprimidos el precio de los bonos en default que no habían ingresado al canje, para que los tiburones de las altas finanzas los acapararan a vil precio, e hicieran una pingüe diferencia con el canje del 2010. Por ello la justicia argentina actualmente investiga si existió “inside information”, y conflicto de intereses por parte de la consultora interviniente Arcadia, y del Banco Barclays, denunciado por ser financista de las petroleras de Malvinas.

Seguidamente, al entrar nuevamente en vigencia la ley cerrojo, esta pasó a ser en el argumento fundamental por parte de los fondos buitres, para plantear la existencia de una violación al pari passu o igualdad de los acreedores. Acción que se vio rematada con los absurdos fallos del juez Griesa y la Corte de Apelaciones al respecto, los que como si Argentina fuera un ciudadano común de Estados Unidos, y no un país soberano, pretenden coaccionarla a pagar cash a los fondos buitres el capital de la deuda, más los intereses que lo cuadruplican. Bajo la amenaza de impedir que los pagos hechos a los bonistas que aceptaron el canje, lleguen a manos de estos, pese a que no pertenecen ya a Argentina, por la estructura de fideicomiso que con que se articularon los canjes del 2005 y 2010. Poniendo así a la Argentina ante la disyuntiva de arrodillarse ante los fondos buitres, y poner en peligro toda la reestructuración de la deuda acometida, o no hacerlo y caer en nuevo default.

Dejando de lado las profundidades legales, ambos fallos tienen aspectos rocambolescos que hieren el sentido común. Lo cual ha sido resaltado por los bonistas extranjeros que ingresaron a los canjes y ven peligrar sus pagos (Exchange Bondholders – EBG) en la apelación que acaban de interponer contra el fallo de la Corte de Apelaciones, pidiendo la intervención del pleno de ella. Expresando que el fallo peca por momentos, de una "formalidad que roza la ceguera voluntaria", poniendo así en duda la honorabilidad de sus jueces.

En él se expresa que los fondos buitres serían un primer acreedor, en relación a los bonistas que aceptaron el canje, al tener bonos más antiguos, y por eso tendrían derecho a cobrar el 100 % de sus acreencias, junto con el primer pago de vencimientos de intereses que se haga a estos. Ignorando el hecho de que NML (Elliot) compró los bonos cuando estaban en default para litigar, lo que no es lícito según la legislación de Nueva York. Y afirma que a la regla del pari passu hay que darle una interpretación especial en el caso de Argentina, por ser un deudor “recalcitrante”, y que ello no sienta precedente alguno, como si a la ley no hubiera que interpretarla igual para todos. Paradojalmente falla así respecto el pari passu o igualdad de los acreedores a favor de NML, pero sostiene al mismo tiempo la no igualdad ante la ley para Argentina. Y califica de esa manera a Argentina sin prueba ni consideración alguna, solo con una nota a pie de página en base un artículo periodístico.

La articulación del pari passu por parte del fondo buitre Elliot-NML no es ninguna novedad, dado que es la misma chicana que esgrimieron para arrodillar al Perú en la década del ’90, cuando este pretendía ingresar al Plan Brady. Pese a haber obtenido previamente una sentencia favorable de la justicia de Nueva York, que consideró que era ilícito comprar bonos para litigar conforme las leyes de ese Estado. Lo cual pone en evidencia que la Presidenta ha sido deliberadamente muy mal aconsejada, o arteramente aconsejada, por parte de quienes deberían conocer plenamente estos antecedentes.

Estas barrabasadas en un país normal, hubieran costado la cabeza del ministro de Economía. Pero en el mundo del revés de la deuda, eyectaron a Boudou a la vicepresidencia. Boudou vicepresidente era una señal de bengala a los “mercados”, que luego se esfumó como una cañita voladora. Quién además ya se había mostrado como un eficaz saqueador de la caja del ANSES, al usar la plata de los jubilados para pagar la deuda, y despojarlos a vil precio de los cupones atados al PBI.

Volver con la frente marchita

La forma en cómo reconciliarse con los “mercados” fue el desiderátum desde el principio de la reestructuración en el 2005. Por una sencilla razón: era imposible hacer frente a los compromisos reestructurados sin dejar de recurrir a nuevo endeudamiento. Cuando en el 2005 le pedimos a Guillermo Nielsen, secretario de Finanzas de Lavagna, que nos mostrara el PLAN FINANCIERO de la Argentina para saber cómo iba el país a hacer frente de esos compromisos, solo obtuvimos silencio stampa. El plan solo cerraba si a corto plazo nos volvían a prestar. Pero el método de reestructuración voluntaria de deuda que se eligió no fue consistente con esa necesidad, porque la conflictividad que suponía los bonistas rebeldes litigando en todas las plazas financieras tornó imposible ese objetivo. Se hizo demagógicamente “terrorismo” de mercado, para luego querer volver a los mercados.

El resultado fue tener que recurrir al ahorro forzoso interno para seguir cumpliendo con la deuda. El gobierno se colocó desde entonces en la absurda posición de comportarse como buen deudor – “pagador serial”- para no recibir nada a cambio. El contexto internacional obró con ambivalencia. Por un lado la suba de los precios internacionales de los comodities, dio un respiro enorme a la economía argentina, pero la crisis financiera que comenzó en el 2008 cerró las pocas puertas que se pudieron haber abierto. En ese sentido debe entenderse la decisión de la casi recién asumida Presidenta, que dispuso por decreto en setiembre del 2008 la cancelación inmediata de la deuda con el Club de París con reservas del Banco Central. Cerrados los mercados internacionales, vendría la estatización de las AFJP en noviembre del 2008 para hacerse de “caja”. Y lo mismo sucedió con el Banco Central dos años después.

La índole de la propuesta: sacar la basura escondida debajo de la alfombra

El otro silencio stampa de la reestructuración de la deuda, fue la cuestión de la legitimidad y legalidad de la misma. Aspecto nunca abordado por la democracia ni el Parlamento desde 1983. Hay un rosario de aspectos jurídicos absolutamente cuestionables de la deuda, que se escondieron como la basura bajo la alfombra, o peor aún, como el cadáver en el ropero. Desde la deuda externa de la dictadura y su nulidad absoluta de acuerdo a la doctrina de la deuda odiosa, que fuera planteada por primera vez por nosotros en el Congreso Nacional en el 2002. Pasando por la extraordinaria tarea de Alejandro Olmos (padre) y el histórico fallo judicial que derivó la causa al Congreso.

Pero los innumerables intentos de creación de una Comisión Investigadora de la Deuda fueron infructuosos, porque hay un pacto de impunidad financiera que pese los sacudones que sufrió el mundo, sigue vigente. Se anularon las leyes de la impunidad del terrorismo de Estado, pero jamás se avanzó sobre la deuda manchada de sangre. Ese pacto se extendió a todas los canjes de deuda, al plan Brady, hasta llegar a la descomunal estafa del megacanje que incrementó la deuda en más de 55.000 millones de dólares, como demostró el perito Ing. Moisés Resnick Brenner. En una causa penal que con absoluta soledad política y judicial llevamos adelante, aportando a la Justicia pruebas contundentes que motivaron la elevación a juicio oral y público de la causa, todavía sin fecha de concreción en el T.O.F Nº2.

Cabe mencionar que 1.860 millones de dólares, un 29 % del capital de la deuda reclamada por los “buitres”, corresponden a bonos emitidos con el megacanje de Cavallo de junio de 2001, quién hoy está citado a juicio penal oral y público por ello. Importe que con las sentencias recaídas en Nueva York, treparía a los ocho mil millones de dólares, en base a los absurdos intereses previstos en esos bonos. A la par que el fiscal de la causa pidió que se requiera la captura internacional de los banqueros intervinientes en la operación, encabezados por David Mulford. Otro hubiera sido el resultado de la reestructuración del 2005, si en primer lugar se hubiera realizado un análisis de la legalidad de la deuda. O sea la verificación del crédito, antes de su reprogramación financiera.

Auditoria y nulidad insanable de las prorrogas de jurisdicción efectuadas

Este es el punto crítico de la cuestión jurídica, pero queremos precisar en detalle cuales serían los aspectos puntuales donde una inmediata y veloz auditoria de la deuda podría arrojar resultados concretos, frente a la grave situación en que hoy se encuentra Argentina. La lupa de ella debería ponerse en la cuestión de los -a nuestro juicio- ilegales mecanismos que han permitido la prorroga de jurisdicción para una eventual demanda, la renuncia irrestricta a la inmunidad soberana, y la absurda prorroga de jurisdicción para la ejecución de sentencia en cualquier lugar del mundo.

Que tuvo su palmaria expresión con el embargo de la fragata Libertad en el minúsculo país africano de Ghana. Ante el cual tanto el Tribunal del Derecho del Mar de Hamburgo, como la Corte Suprema de Ghana fallaron a favor de Argentina, con el ominoso argumento que el embargo podría haber dado lugar a un conflicto bélico. Además de otras decenas de embargos de parecido tenor e injuriante calibre, que se intentaron en otros países, fallados también a favor de nuestro país.

Comenzando por el Museo de San Martín en Boulogne Sur Mer, pasando por edificios y fondos de embajadas, instalaciones de uso militar, patentes y derechos de autor, hasta desembocar en el absurdo episodio de Ghana. Todos estos acontecimientos constituyen hechos nuevos que en cualquier país serio del mundo hubiesen dado lugar a actuaciones en el Congreso, el Ejecutivo, y la Justicia, para esclarecer como se pudo llegar a esos ultrajantes extremos, y las derivaciones legales que podrían suscitar, pero en Argentina como es costumbre en todo lo relacionado con la deuda, no sucedió nada de eso.

Los antecedentes de la propuesta que formulamos, consisten en el Proyecto de Ley (1133-D-2004) de NULIDAD INSANABLE DE LA PRORROGA DE JURISDICCION a favor de tribunales extranjeros que presentamos el 24 de marzo del 2004. Y también en él exhaustivo análisis de la cuestión efectuado en diciembre del 2012 por Javier Llorens, titulado “La deuda externa, la pérdida de la Libertad y Soberanía, y como recuperarlas definitivamente”.

En ellos se pone de manifiesto que el trípode supuestamente legal en el que se apoyó el endeudamiento externo a partir de 1976, tiene sus tres patas cojas, y por ende no puede sostenerse. La primera fue la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros que se autorizó en el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Que fue modificado a esos efectos, con la promulgación en abril de 1976, al mes siguiente del infausto golpe cívico militar de ese año, de la ley de facto 21.305, firmada por el ex general Videla, hoy fallecido y condenado reiteradas veces a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, y el brigadier Gómez.

La segunda fue la forma absolutamente irregular en que un organismo de tercer orden del Poder Ejecutivo, la secretaría de Hacienda ordenó en forma permanente la ley Complementaria Permanente de Presupuesto 11.672 para poder autorizar insidiosamente la prorroga de jurisdicción a favor de cualquier tribunal extranjero, por cualquier asunto. Para lo que procedió nada menos que a mutilar las leyes sancionadas por el Congreso, para alterar enteramente el sentido de ellas.

Pese a que de su contenido surge claramente que el Poder Ejecutivo sólo está autorizado para prorrogar jurisdicción cuando se tratare de préstamos con organismos internacionales económico – financieros a los que pertenezca como miembro la REPÚBLICA ARGENTINA, o con agencias y entidades de otros gobiernos, pero en ningún caso tendría tal potestad para incluir tales cláusulas en los casos de endeudamiento mediante títulos públicos emitidos en el extranjero. Y menos aun a renunciar a la inmunidad soberana para la ejecución de sentencias.

La tercera pata es la resolución 373/95 por la cual el Ministerio de Economía delegó en la secretaría de Hacienda todas las facultades relacionadas con el endeudamiento público, pese a tratarse de una facultad primigenia del Congreso, fijando los lineamientos para ello, cuya publicación en el Boletín Oficial no ha podido ser ubicada, ni figura en Infoleg. A partir de ella, reiteradamente citada en las resoluciones de la secretaría de Hacienda y Finanzas en sus resoluciones atinentes a la deuda, la mencionada investigación de Llorens pone en evidencia que la letra chica de los contratos de emisión de deuda, exceden largamente los mandatos expresados en los decretos que los autorizan. En un proceso degenerativo que se va acentuando a lo largo de la década de los `90, a medida de qué como consecuencia del racionamiento crediticio, las colocaciones de nueva deuda se hacían cada vez más difíciles.

De esa manera a título de ejemplo, la prorroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York, a los efectos de una demanda judicial bajo las leyes de ese país, que impedían todos los embargos mencionados, terminaron en base a la letra chica de los contratos, en renuncias absolutas a la inmunidad soberana, y prórroga de jurisdicción para la ejecución de sentencia a cualquier tribunal del mundo.

Lo que ningún país serio del mundo aceptaría, al quedar colocado como un paria o fugitivo internacional, con consecuencias como las que se efectivizaron con el ultrajante embargo de la fragata Libertad en Ghana, que como dijeron los tribunales intervinientes, bien podría haber dado lugar a una confrontación bélica. Todo por unos papeles o títulos ejecutivos aviesamente redactados, que concedían en ellos mucho más de lo que los mandantes habían autorizado, que hoy están en litigio en los tribunales de Nueva York, y sobre los cuales estos se basan para emitir sus inusitados fallos.

Nulidad y responsabilidad extracontractual

El núcleo perverso de las deudas son las “condicionalidades” que ellas implican, y la consecuente pérdida de la autodeterminación, que nos obligó a destruir a Argentina en la década del ’90. Hoy las condicionalidades de la deuda de los ´90 han cambiado. Ahora quedan las condicionalidades por las demandas judiciales de una deuda mal arreglada, y las consecuencias sociales y financieras del pago de la deuda con deuda intraestado. Tanto el gobierno como buena parte de la oposición proponen que para salir de esta condicionalidad, debemos volver a endeudarnos externamente, para volver a caer otra vez en las condicionalidades de la deuda del pasado. Después de haber dejado que se fugaran del país 90 mil millones de dólares en la última década. Por nuestra parte para sortear definitivamente esas condicionalidades, proponemos darle un enfoque totalmente nuevo al endeudamiento externo, con la expresa intervención del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia.

En el considerando Nº 6 del proyecto de ley 1133-D-2004, proponíamos: “Un nuevo punto de vista para la resolución del problema” que vale la pena reproducir textualmente: “Es de suma importancia dejar aclarado que la declaración de nulidad perseguida no importaría eximir al Estado Nacional de su responsabilidad ante los tenedores de buena fe de los bonos viciosamente emitidos. Sin embargo, ésta no tendría por causa un acto de comercio internacional, sino una responsabilidad extracontractual con la novedad de que deberían concurrir como corresponsables solidarios ante los inversores no sólo los funcionarios que oportunamente realizaron los actos nulificados, sino también los bancos que actuaron como colocadores y “creadores de mercado” y las empresas evaluadoras de riesgo crediticio, quienes no podían ni debían ignorar el incumplimiento de los requisitos que la ley argentina dispone para la validez de los actos que se pretende anular”.

En el considerando 5 planteábamos la cuestión de la competencia originaria de la Corte Suprema de la Nación. “La naturaleza de la cuestión planteada, de evidente trascendencia institucional impone un examen cuidadoso de la intervención originaria de la C.S.J.N. como tribunal supremo del Estado Argentino, máxime cuando el riesgo afecta la Nación en su totalidad frente al apetito ejecutivo de los acreedores externos en grave compromiso al erario público. Entonces, a la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de órgano soberano de la Nación le compete entender en asuntos donde es necesaria una rápida y efectiva tutela del derecho constitucional amenazado, que la Corte debe tutelar en forma inmediata frente al peligro arriba denunciado. La intervención del Tribunal, en competencia originaria, es exigida a efectos de que no se desnaturalice el orden público interno (Art. 27 C.N.), en procesos en extraña jurisdicción que afectan en modo patente la órbita federal establecida en el art. 116.”

Debe analizarse la forma y procedimiento en que debe involucrarse a la Corte Suprema de Justicia en la cuestión, con la intervención del Procurador del Tesoro y la Procuradora General de la Nación. Y las consecuentes acciones civiles y penales contra quienes defraudaron o se excedieron respecto las instrucciones recibidas, o intervinieron en la alteración de lo previsto en las leyes.

La declaración de nulidad de los bonos aun en default, permitiría cambiar el actual status jurídico de la deuda, pasando de un titulo ejecutivo, a una deuda común a ser verificada por la auditoria. En estas condiciones tendría verdaderamente sentido la derogación de la ley cerrojo y reapertura del canje de deuda, que se propone hacer tardíamente ocho años después, con la leche ya derramada, por la notable impericia o mala fe de los funcionarios actuantes. Como un gesto trivial, inútil, e infantil hacia los insaciables fondos buitres, que ya rechazaron tres veces esa misma oferta. Pese que en la última de ellas se efectuó una subrepticia y sustancial mejora en sus términos, tratando de complacerlos de cualquier manera. Como lo pone en evidencia el análisis de Llorens “La opaca y maliciosa propuesta a los fondos buitres”, donde también se plantea un arreglo definitivo de la deuda partiendo de las premisas expuestas.

La mentira puede ser una picardía en la política, pero la mentira como política, no lleva a ningún lugar cierto, y muchas veces lleva al desastre, como el que parece avecinarse con los fallos de Nueva York. A los que la Presidenta parecería querer tratar de enfrentar con un ruinosísimo quid pro quo, consistente en entregarle Vaca Muerta a las compañías norteamericanas en condiciones altamente lesivas para el país, a cambio de salir del embrollo con los holds out y fondos buitres. El cual semejante al canje de Esaú, que cedió su primogenitura por un plato de lentejas, representa cancelar un pasivo equivalente al 1,5 % del PBI, por una riqueza que podría trepar a 28 PBI, con una usura de dos mil veces más. Ni la Presidenta ni el país está en condiciones de soportar esto.

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Fascismo: pasión de multitudes

Alfredo Grande (APE)
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“El kirchnerismo actualizó el fratricidio de Caín con Abel con la candidatura de Pablo Ferreyra. Heredarán el viento…”
(aforismo implicado)

“¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a entregar mi solución…final”
(aforismo implicado)

El filósofo Wilhem Reich que tuvo el doble honor de ser expulsado de la Internacional Psicoanalítica y del Partido Comunista, colocó una inquietante afirmación: las masas alemanas deseaban al fascismo. Si hay amores que matan no es extraño que haya deseos que exterminen. La cuestión sigue siendo entender los mecanismos por los cuales la cultura represora inocula la crueldad destructiva desalojando no solamente la ternura sino también la violencia. El tabú de la violencia es uno de los recursos de la cultura represora para desarticular todo intento de enfrentar y resistir sus designios de exterminio.

Si la violencia es partera de la historia, o sea, permite el nacimiento, la crueldad es el aborto de todas las historias. La crueldad es violencia contrarrevolucionaria. Pero al condenar la violencia en sí misma, sin adjetivos, el objetivo logrado es anestesiar todo anhelo de libertad. E imponer lo más opuesto a toda forma de libertad que es la hegemonía del mandato. Sostenido desde un Poder Absoluto que no solamente no cree en lágrimas, sino para el cual la Justicia es apenas imponer su Ley. Ocultando y encubriendo el carácter clasista desde donde se sostiene. La crueldad individual es sancionada. No siempre porque la impunidad tiene cara de hereje.

La denominación de “violencia de género” en realidad designa la “crueldad de género”. Quemar viva a una mujer por el solo hecho de serlo, es un genocidio sin importar la cantidad de mujeres involucradas. La impunidad absoluta de la Inquisición no puede ser sostenida por un individuo aislado. Aunque esto no descarta que otras formas de impunidad también se mantengan por la matriz patriarcal de nuestra cultura.

Patrimonio del Estado

Pero el monopolio de la crueldad con absoluta impunidad solo es patrimonio del Estado. En el Terrorismo de Estado esta crueldad está en la superficie. En las formas conocidas como Estado de Derecho la crueldad encuentra pliegues y repliegues que hacen que porque los ojos no ven, algunos corazones ya no sienten. Un ejemplo paradigmático de Crueldad de Estado es el hambre. Que además de ser un crimen, tiene el dudoso honor de ser el más cobarde y miserable de los crímenes. Por eso es necesario entender porque la cultura que aborrece de la violencia, sin embargo se anestesia frente a la crueldad.

Es la misma cultura que abomina de la guerra, pero tolera las diferentes formas de exterminio. Considerando que la paz es en sí misma algo justo. Ignora o esconde que la pax romana es la trampa del conquistador para que el oprimido no se rebele. La guerra es justa cuando es la respuesta cultural, política y/o armada a una política de exterminio. El Guetto de Varsovia le declaró la guerra al Tercer Reich. La crueldad absoluta del nazismo fue enfrentada por las y los que no aceptaron la muerte decretada desde afuera. Resolvieron enfrentar la muerte decidida desde el adentro de sus deseos más profundos de libertad. Desear el fascismo es decir que puede haber un deseo de crueldad. Las evidencias son contundentes, aunque siempre son justificadas al calificarlas de aberraciones, perversiones, desviaciones. El deseo de crueldad es intolerable para las concepciones humanistas porque contradicen todos los argumentos sobre la bondad. Y la trampa está bien armada para que nadie pueda escapar.

La trampa es intentar entender la crueldad, el absoluto mal, desde una disposición individual. Psicologizar la crueldad es estéril y suicida. “El cruel que me arranca el corazón con que vivo” al decir del poeta de la revolución cubana, Jose Martí, no es el aberrante efecto de un alma extraviada. La crueldad sólo es soportada cuando es el mandato de una jerarquía que no se debe cuestionar. La jerarquía es una forma de construir la subjetividad de una época. Tentado estoy de decir de todas las épocas. Faraones, reyes, führer, patrones, dictadores, tiranos, presidentes de facto, eternas reelecciones, etc. Incluso se verifica en colectivos pequeños, como un consorcio que no puede enfrentar al administrador.

Razón y Justicia

Lo jerárquico en el marco de la cultura represora es la única fuente de razón y justicia. Razón y Justicia en su caricatura más grotesca, como bien sabemos cuando el fascismo que se hace llamar autoritarismo comienza a crecer. Recuerdo la obra teatral de Bertold Brecht “La resistible ascensión de Arturo Ui”. Un jerarca puede ser muy útil para las ambiciones ocultas de los demócratas pacifistas. El sociópata de turno es funcional a los burócratas de las democracias corruptas. Hasta que adquiere suficiente poder, es decir, total influencia sobre las masas, como para arrasar con la castas dirigenciales en las que se apoyaron. El fascismo es el experimento cultural más exitoso para naturalizar las jerarquías. Derecho natural, derecho divino, líder natural, idealizaciones extremas, jefaturas por siempre, y diversas formas de sostener la eternidad y la herencia de los y las jerarcas. Incluso el votar que es la capacidad de elegir, se convierte en un ritual inercial donde se usan todos los trucos y engañifas para que todas las urnas conduzcan a Roma. No importa quien esté en Roma.

La denominada mayoría automática es una de las formas berretas de sostener la Jerarquía. Desde ya, hay otras peores. Pero lo grave sucede cuando se cruzan la democracia con la jerarquía. Como no es posible democratizar la Jerarquía, lo inevitable es que se convierte en Jerárquica la democracia. La gobernabilidad tan deseada muestra este mecanismo. Es apenas reinar con la apariencia de gobernar. Sostener la Jerarquía bien vale una misa, o dos, o tres. Las jerarquías emblemáticas que Freud denominó masas artificiales son las del Ejército y las de la Iglesia.

Cruz y espada

La cruz y la espada, la espada y la cruz han sostenido durante siglos, por las malas o por las pésimas, la veneración absoluta, el sometimiento total a las jerarquías de turno. Esos turnos pueden durar décadas y mas también. Masas formateadas desde la Jerarquía no pueden menos que desear a su creador. Aunque sea un creador cruel. Este deseo tiene doble fundamento. El Terror y el Amor. Pareja siniestra que impide que incluso el que no está libre de pecado, se frene de tirar las primeras piedras. Y las últimas.

La crueldad de la lapidación es mayor en tanto es una crueldad colectiva. Legal y legítima. Que la crueldad sea legal y tenga legitimidad es el mayor triunfo de la Jerarquía. Como ya dije, la Inquisición, brazo torturador de la Iglesia, fue el equipamiento mejor logrado hasta ahora en la historia de la humanidad. Lo que se opone a la Jerarquía no es la horizontalidad, sino la asimetría. En ésta se mantiene un potencial vincular de intercambio. Las asimetrías son funcionales y cambiantes. Permiten el crecimiento y el aprendizaje. Insistir con una chata horizontalidad lo único que propicia es el retorno de las jerarquías más reaccionarias. Pero la asimetría implica al sujeto desde su fundante. No puede sólo mirar para arriba o sólo para el costado o sólo para abajo. Tendrá que mirar a todos los lados, dependiendo de la situación concreta.

Todos sabemos y podemos enseñar algo. Y todos podemos ser alumnos de todos. Alumno significa: “el que está dispuesto a aprender”. Y para aprender otros deseos, necesitamos enseñar otros deseos. Y para enseñarlos, de alguien tendremos que aprenderlos. Cuando todos nos demos cuenta que todos somos “nuestros mejores alumnos”, las masas nunca más desearán al fascismo. Y no será la pasión de multitudes.

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Los Qom y el kirchnerismo

Darío Aranda (ACTA)

Sangre en la ruta. El abuelo qom Roberto López yace herido de muerte. Un centenar de policías con armas largas reprime el reclamo de agua, salud, educación y territorio. 23 de noviembre de 2010. Comunidad La Primavera.

A partir de entonces, se sucedieron hechos inéditos para la lucha indígena en la Argentina: el reclamo se trasladó al centro porteño, cinco meses de un acampe, huelga de hambre, más ataques contra la comunidad, sospechosos accidentes que terminaron en muertes, La Cámpora como fuerza de choque, respaldo oficial a un gobernador feudal, la tierra más fértil de la provincia y el agravio público de la Presidenta contra Félix Díaz. Crónica de tres años de una lucha que evidencia los límites del gobierno nacional y su manera de entender los derechos humanos.

Roberto López era un abuelo qom de la Comunidad Potae Napocna Navogoh, La Primavera. Fue asesinado el 23 de noviembre de 2010. La represión a cargo de la policía de Formosa, con Gendarmería Nacional como socia al liberar la zona, buscó poner fin a cinco meses de corte de ruta. El motivo del reclamo, tan obvio como histórico, era el territorio.

Cinco mil hectáreas con al menos cinco actores principales: la comunidad, Provincia, Nación, privados y la Universidad Nacional de Formosa. La represión incluyó balas de goma y de plomo, palazos y gases lacrimógenos, policía montada, quema de viviendas y decenas de detenidos, incluso mujeres y niños. Un video de la propia Policía muestra cómo uniformados a caballo corren monte adentro a los qom y castigan con palos a los que huyen. La lluvia cae sobre la ruta, y mujeres y niños caminan en fila, llorando, para subir al camión policial y ser detenidos. Los policías buscaban a Félix Díaz, el referente de la comunidad, pero los jóvenes qom lo rodearon como escudo, y lo llevaron al monte para salvarlo. Ese día también fue asesinado el policía Eber Falcón. La versión oficial acusa a los qom y la palabra indígena asegura que fueron los propios policías.

Pero la Justicia de Formosa imputó a los qom y dejó de lado cualquier investigación que corriera el foco hacia la acción policial. Un día después, el pilagá Mario López viajó para acompañar a la comunidad, pero no pudo cumplir su deseo: murió atropellado por un policía en un camino vecinal. El poder formoseño dijo que se había tratado de un “accidente”, mientras que desde La Primavera denunciaron asesinato. El poder judicial tampoco continuó con la pesquisa y la causa fue cerrada.

Un modelo que avanza

La lucha qom por el territorio y el conflicto con Provincia y Nación tiene directa relación con “el modelo”. El perfil productivo de la provincia está plasmado en un documento público llamado “Formosa 2015”, donde se detallan las obras de infraestructura y la preponderancia del avance del modelo agropecuario. El Plan aspira a elevar a 500 mil hectáreas la superficie productiva agrícola en la provincial, aumentando 2,5 veces la superficie productiva actual. Con este horizonte es que sólo se declaró el uno por ciento de sus bosques como área protegida (según el Ordenamiento Territorial en el marco de la Ley Nacional de Bosques). La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), un espacio conformado por quince organizaciones territoriales del Norte del país, releva desde hace tres años los conflictos de tierras y ambientales.

En 2012, en Formosa, contabilizó un piso de 40 conflictos que afectan a 565 mil personas y 3,4 millones de hectáreas. Durante la audiencia realizada en marzo de 2012 en la Corte Suprema, el responsable del Instituto de Colonización y Tierras de Formosa, Carlos Florentín, sinceró lo que el gobierno provincial silenciaba: “Toda la zona noreste de la provincia de Formosa tiene un potencial productivo muy grande. Estas cinco mil hectáreas de la comunidad La Primavera de las que estamos hablando probablemente sean las mejores tierras que tiene la provincia de Formosa”. El empresariado del agronegocios ansía esa tierra.

Acampe contra el silencio

El corte de ruta visibilizó el conflicto que se desarrollaba en Formosa. La represión lo ubicó en la prensa porteña. Las empresas periodísticas alineadas con el gobierno nacional evitaron hablar de la alianza incondicional Insfrán-kirchnerismo. Los medios opositores eludieron referirse al modelo de agronegocios que avanza sobre Formosa, verdadero trasfondo de la represión sobre campesinos e indígenas. En la encrucijada, cada medio ocultó información según su conveniencia económica o interés político.

Ante tanto silencio, la comunidad La Primavera trasladó, en diciembre de 2010, el reclamo a la ciudad de Buenos Aires, en pleno centro porteño: la plazoleta de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Llegaron 30 hombres, mujeres y niños, la mayoría de los cuales nunca había pisado la Capital Federal. De la vida del monte pasaron sin escalas a dormir en el asfalto, a padecer el ensordecedor ruido de los vehículos, el calor y el frío del clima los castigaron por igual. Viviendo en condiciones muy precarias, padecieron la indiferencia política, pero también recibieron la solidaridad de organizaciones sociales y personas de a pie.

Los pedidos de diálogo al gobierno nacional se sucedieron todo ese tiempo, pero no hubo respuesta. Algunos de los organismos de derechos humanos que apoyaron el reclamo qom e intentaron abrir canales de diálogo con el Ejecutivo nacional fueron las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional. El único funcionario nacional que escuchó y acompañó a la comunidad fue Claudio Morgado, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), y por ese motivo fue echado de su cargo en junio de 2011.

Darío Aranda es periodista y escritor.

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Trabajadores del Subte: ¿Responsables o chivos expiatorios?

Nicolás De Mestico (ANRED)

"Ayer por la mañana durante una hora y media, y en plena hora pico, un tren quedó varado en la estación Pasteur de la línea B del subterráneo (...) Varios pasajeros acusaron a los empleados de Metrovías en la estación Medrano por la parálisis del servicio (...) SBASE, la empresa de la Ciudad de Buenos Aires que regula la concesión del servicio, y además se encarga de la contratación del material rodante y la ampliación de la red, es la máxima responsable". Artículo de opinión sobre la situación de los subtes.

Ayer por la mañana durante una hora y media, y en plena hora pico, un tren quedó varado en la estación Pasteur de la línea B del subterráneo. Nuevamente desazón en los usuarios, que a esa hora suelen movilizarse a sus lugares de trabajo. Y como de costumbre, el descargo recayó en los trabajadores: varios pasajeros acusaron a los empleados de Metrovías en la estación Medrano por la parálisis del servicio.

Pero como es costumbre, la culpa de la detención de la formación fueron las fallas técnicas; los trabajadores, blanco fácil y rápido, nada tuvieron que ver. SBASE, la empresa de la Ciudad de Buenos Aires que regula la concesión del servicio, y además se encarga de la contratación del material rodante y la ampliación de la red, es la máxima responsable.

La formación que se detuvo está compuesta por 6 coches CAF tipo 5000 1era Serie. Fabricados entre 1974 y 1976, ya fuera de circulación en Madrid por tener destino de chatarrería fueron adquiridos por SBASE entre 2011 y 2012.

Tal como lo detalla el informe de Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires nº 1.12.10, la compra en 2011 de una primera tanda de 24 coches estuvo plagada de irregularidades. En primer lugar, se llevó a cabo por contratación directa en una subasta pública en la que sólo participó SBASE, incumpliendo con el Régimen de Contrataciones Determinación de Montos. Además, caracterizaron la compra como de urgencia ante la inminente inauguración de las estaciones Rosas y Etchverría, salteándose de esta forma la contratación mediante Licitación Pública. Ambas estaciones, vale recordar, fueron inauguradas recientemente a pesar de que contaban con recepción definitiva desde el 25/08/2011.

Por otro lado, SBASE no realizó un análisis técnico y económico acorde. Tampoco realizó un análisis consistente de obsolescencia ni sustentabilidad. Es decir, no evaluó el nivel de deterioro o ciclo útil de las unidades y un análisis en cuanto a consumo y ahorro energético de los coches.

Por eso, al llegar a Buenos Aires, los técnicos de SBASE se dieron cuenta que las condiciones de los coches eran peores a lo previstas. No tomaban corriente del tercer riel, tenían motores fundidos, no contaban con el sistema ATP de regulación de velocidad, baja aislación de corriente (conducen corriente donde no corresponde), conflictos de sistemas, gran cantidad de averías, sistema de válvulas oxidadas, sin repuestos para mantenerse en servicio, etc.

A tal punto era el nivel de deterioro de los trenes, que en septiembre de 2012 se resuelve adquirir 12 coches (2 trenes) del Lote 2 de los CAF Tipo 5000. ¿El motivo de la compra? Desmantelarlos para arreglar los otros coches.

Según una fuente consultada en SBASE, de los 36 coches adquiridos, 12 están totalmente desmantelados. Con la compra inicial, uno de los trenes se desmanteló para poder reconstruir el resto. Ese tren “canibalizado” se reparó con los repuestos de los últimos dos trenes, adquiridos en 2012. Estos quedaron totalmente sin utilidad.

La línea A, más de lo mismo

El último viernes el máximo responsable de las empresas de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, inauguró dos estaciones de la línea A: San José de Flores y San Pedrito. Según pudimos averiguar con fuentes de la empresa concesionaria, para mantener la frecuencia del servicio SBASE incorporó dos formaciones de 1934; remodeladas recientemente. Sin embargo, desde la Gerencia de Tráfico de Metrovías, en conflicto directo con la Gerencia de Taller de la misma empresa, hasta último momento dudaron hasta último momento del estado de esas formaciones. Por lo tanto, no se descartan problemas con la frecuencia y el servicio.

Los trabajadores del subte en el medio

El lunes pasado un trabajador de limpieza del Taller Rancagua falleció después de ser atropellado por una formación de la línea B. Los trabajadores denuncian que la culpable es Metrovías, por no prever mecanismos de seguridad ni dar instrucción a los trabajadores con menos experiencia.

La falta de capacitación también está afectando a los guardas y conductores de la línea A. Con el agregado de las nuevas formaciones por las estaciones recientemente inauguradas, algunos boleteros fueron ascendidos a guardas, y así otros guardas comenzaron a ser conductores. Sin embargo, los cursos necesarios para formar guardas -15 días- y para conductores -45 días- no se previeron.

En definitiva, actualmente el servicio del subte no sólo es malo en frecuencia, extensión y comodidad de las instalaciones y vagones. El subte hoy en día es un peligro. Tanto para los trabajadores subte como los usuarios del subte. Todos son rehenes de las políticas, desmanejos y negociados que lleva SBASE.

Nicolás De Mestico es economista (UBA).

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Investigar a las víctimas, mientras se garantiza la libertad de los culpables

RED ECO

La familia de Luciano Arruga denunció que la justicia intervino sus teléfonos entre abril de 2009 y fines de agosto de 2010, y pidió juicio político para dos de los funcionarios judiciales que llevaron adelante la causa por la desaparición del joven en estos casi cinco años de impunidad.

A comienzos de este año, y tras varios pedidos efectuados por la familia de Luciano Arruga, la justicia modificó la carátula de “averiguación de paradero” a la de “desaparición forzada”. Esto implicó que la causa pasara de la esfera de la justicia bonaerense a la federal, por lo que la fiscal Celia Cejas, al frente de la investigación desde marzo de 2009, debió enviar al Juzgado Federal de Morón toda la información recabada. Cejas lo hizo, luego de cinco meses de demora, e incluyó un legajo que hasta ese momento era secreto para las partes. Al darse a conocer, los abogados de la familia pudieron verificar que la fiscal había ordenado durante un año y cinco meses intervenciones en los teléfonos de Mónica Alegre, Vanesa Orieta y Marta Alegre; mamá, hermana y abuela de Luciano respectivamente; además del de Héctor Chapa, pareja de Marta. Estas medidas se llevaron adelante con la validación del entonces juez de la causa, Gustavo Banco.

La finalidad del pedido de la fiscal era, según argumentó, obtener “datos útiles tendientes a dar con el paradero” del joven desaparecido el 31 de enero de 2009 en el Destacamento policial de Lomas del Mirador. “Cuando leemos la causa, vemos la hipocresía de esta justicia – señaló Orieta durante la conferencia de prensa realizada ayer–, por un lado primero justifica la intervención de nuestros teléfonos para tener datos sobre Luciano y poder avanzar en la investigación, pero después en otro momento se habla de que ahora estarían protegiéndonos. El tema es que si nos querían proteger sería más lógico que nos avisaran que estábamos en peligro; igual no tenían por qué avisarnos, nosotros sabemos que estamos en peligro, recibimos amenazas desde el momento en que denunciamos la causa de Luciano. Lo prudente hubiese sido que la fiscal hablara con nosotros y, atenta a lo que le habríamos dicho y denunciado, pidiera al poder político que se nos brindaran las garantías y la seguridad. Esto no ocurrió. A mi mamá intentaron quemarle la casa, han pasado autos particulares preguntando por otros familiares, nos decían que averigüemos si estaban bien, nos han seguido. Nada de eso le importó a la fiscal, siguió escuchando nuestros teléfonos sin atender que estábamos siendo amenazados, sin avisarnos que estaban escuchando nuestras llamadas para cubrir nuestra seguridad. Después volvió a cambiar de parecer y volvió a la primera lógica, a la de volver a pedir una nueva prórroga para tener datos sobre la desaparición de Luciano. En las dos oportunidades en que ella marca que necesita investigar los teléfonos de la familia para ver si de esa forma podía obtener datos sobre Luciano lo que estaba haciendo era investigarnos porque sospechaba que teníamos un dato que no estaba depositado en la causa. Esta familia no tiene nada que decir con relación a la desaparición de Luciano, nosotras no secuestramos a Luciano el 31 de enero, no manejábamos el patrullero que lo secuestró, no lo torturamos en el Destacamento y no lo desaparecimos. Por lo tanto a nosotros no nos tienen que investigar, la justicia tiene que investigar a esos ocho policías que hoy ni siquiera están procesados”.

Los abogados de la familia Arruga y del Centro de Estudios Legales y Sociales presentaron ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios el pedido de juicio político del juez de Garantías de La Matanza, Banco; y de la fiscal Cejas por “no resguardar las garantías constitucionales de las víctimas y por revictimizar a la familia Arruga”.

En este sentido, Orieta afirmó: “como sociedad tenemos que entender que esto no está bien, esta no es la primera falta de respeto que sufre la familia y acá se han metido con nuestra intimidad. Se han metido en nuestra vida. Nos han tratado como sospechosos. Se investigaron nuestros teléfonos como se investigaron los teléfonos de los policías que desaparecieron a mi hermano. Estamos en el mismo lugar, y nosotros somos las víctimas. Sin embargo la justicia en ningún momento entendió o por lo menos, si no queremos hablar de todo el aparato judicial, hablemos de estos tres funcionarios”.

El tercer funcionario al que refiere Vanesa es Roxana Castelli, la primera fiscal que intervino en la causa. Sobre ella, la hermana de Luciano fue contundente: “estuvo durante 45 días, y durante esos 45 días yo fui a la fiscalía y siempre me atendieron en la mesa de entrada, se me daba un papel y un lápiz para que escribiera mi denuncia y justificara la reunión que me iba a dar la fiscal. En esos papeles yo trataba de explicarle que nuestra vida, la vida de mi familia corría riesgo y que necesitábamos reunirnos con ella de forma inmediata. Y le dejábamos entrever en esas líneas que estábamos haciendo una denuncia seria contra la policía bonaerense. Dos escritos por lo menos presenté en mesa de entrada. Nunca fui atendida por la fiscal, hasta que un día llegó un testigo que habla de que Luciano estuvo en el Destacamento el 31 de enero muy golpeado, prácticamente muerto y es ahí cuando la fiscal Castelli decide tomarme declaración con un policía del Destacamento de Lomas del Mirador a mis espaldas. Ese policía escucha mi denuncia y escucha que lo denuncio. ¿Qué protección me estaba dando la justicia a mí, a mi familia, con un policía que yo estaba denunciando a mis espaldas? En esa etapa perdimos a Luciano. Durante 45 días tuvieron la posibilidad de hacer lo que quisieron con el cuerpo de mi hermano, con las pruebas que estaban depositadas en el destacamento, en el patrullero donde levantaron a mi hermano y en el descampado Monte Dorrego donde meses después se encontrarían pruebas. Pruebas que por supuesto por el paso del tiempo ya no serían contundentes”.

“Ellos en sus diferentes instancias lo que hicieron fue no considerarnos nunca como víctimas, sino como responsables de la desaparición de Luciano – agregó Orieta respecto a los funcionarios judiciales –. A él lo criminalizaron por nuestra situación de clase porque nosotros venimos de un barrio pobre, un barrio humilde del conurbano bonaerense. Nos discriminan y creen que pueden hacer todas estas cosas dentro de un marco de impunidad porque creen al mismo tiempo, y tienen razón en un punto, que la sociedad no termina de entender la gravedad de estos hechos. Y en un punto tienen razón porque no es la única causa de desaparición forzada o de asesinatos en manos de la policía bonaerense o de otra fuerza de seguridad donde la justicia se comporta así con familias que vienen de un sector social humilde. Esto se va digitando de una manera sistemática, y las víctimas ocupamos un lugar de mierda. Somos tratados como una mierda. No tenemos derecho a saber qué pasó con nuestro familiar. (…) Mi mamá fue maltratada, a la mamá de un pibe que está desaparecido le faltaron al respeto. Se metieron con su intimidad, la juzgaron por pertenecer a un barrio pobre, la quisieron meter en el mismo lugar donde estaban ubicados ocho tipos que desaparecieron a mi hermano. La destrozaron psicológica y anímicamente, ¿y eso quién lo repara? Porque al mismo tiempo, mientras el poder judicial tiene estas prácticas y estas lógicas, el desamparo del poder político es eso, un desamparo, porque el poder político aquí está ausente.”.

Diez años sin Iván Torres

Lo primero que hizo Vanesa Orieta al comenzar la conferencia de prensa, que se desarrolló en la sede del CELS, fue recordar que se estaban cumpliendo diez años de la desaparición de Iván Torres en Chubut: “yo como miembro de esta sociedad tengo derecho a saber qué pasó con Iván Torres. Particularmente como hermana de Luciano y mi vieja como mamá de Luciano tiene derecho a saber qué pasó con Luciano. Con esto quiero decir que diez años con un caso, cinco con el otro nos tiene que primero llegar al corazón, porque en diez, cinco años pasan muchas cosas en la vida de una familia. Se pierde vida, se pierde disfrutar, tenemos una lucha constante. Nosotros nos negamos a naturalizar la desaparición, no queremos que sigan pasando los días, los meses, los años, y seguir hablando de Luciano como un desaparecido. Luciano no está porque no nos dicen dónde está, porque no sabemos qué pasó. Esto es también lo que hay que empezar a entender, para muchos nosotras somos dos mujeres luchadoras, una familia con un empuje bárbaro, pero a nosotros se nos está yendo la vida en esto”.

Ayer, 2 de octubre, se cumplieron diez años de la desaparición de Iván Eladio Torres Millacura a manos de efectivos de la Seccional Primera de Policía de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Fueron varios los testigos que vieron cómo el 2 de octubre de 2003, Torres era detenido junto a un amigo en la puerta de una heladería por efectivos de la policía, que lo llevaron a la comisaría primera. Luego, tres personas vieron cómo lo sacaban a Iván de la seccional. Desde entonces nada más se sabe de él. Al menos seis de los testigos de la causa por su desaparición, que llegó incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, murieron asesinados o producto de golpizas recibidas.

Al finalizar su intervención en la conferencia de prensa, Orieta afirmó en relación a su experiencia y la de los cientos, miles de personas que pasan por la misma situación de impunidad: “es totalmente inhumano que una familia tenga que salir a la calle y tenga que tomar medidas para poder avanzar en la causa judicial. Estamos acostumbrados a estos destratos y no solamente del poder judicial, sino del poder político también. Yo no tengo esperanzas de encontrar a mi hermano por cómo están dadas las cosas, pero ojalá que el nombre de mi hermano y que la lucha de la familia nos ayude como sociedad a superar grandes errores que estamos cometiendo y ojalá podamos avanzar en construir una sociedad realmente justa en la que estas cosas no ocurran más, en la que una desaparición no sea naturalizada, y en donde realmente se pueda trabajar en la reconstrucción de la memoria, respetando los derechos humanos todos los días. La memoria activa, la que recuerda lo que pasó y la que recuerda lo que sigue pasando porque no terminaron las torturas y las desapariciones con la dictadura. A nuestros pibes los están matando hoy en los barrios”.

Fuentes:CELS / Refugio de Bípedos.

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La Minera Vale, Potasio y No Convencionales: Neuquén, Zona de Sacrificio

CARTAGOTV

Esta semana entrevistamos a la geógrafa y miembro de Eco Sur, Silvia Leanza, con quien hablamos sobre los devenires de la explotación del Potasio en la Norpatagonia, tras el anuncio de ida del país de la minera Vale.

“En la provincia de Neuquén no se vuelve a hablar de la Vale ni del potasio, por estamos embarcados en esto de la hidrofractura, en los no convencionales, Chevron y otras yerbas.

“La especialidad del modelo extractivista es fragmentar, dividir, segregar e invisibilizar”

“La Vale pretender deshacerse de la empresa Río Colorado, que tiene el proyecto Rio Colorado en el sur de Mendoza, que tiene un tren que es un tramo nuevo de Rincón de los Sauces a Chichinales, pero esto es Potasio Río Colorado S.A empresa comprada por el grupo Vale. Tenemos que empezar a pensarlas en término de corporaciones. Estas corporaciones van comprando empresas, Potasio S.A. era un empresa argentina, que la compro Río Tinto y a esta en el 2009 la compra Vale”

“Los gobiernos actuales se han especializado en negociar con las peores trasnacionales”



“La Vale tiene en Neuquén concesiones mineras y tiene una sociedad, ratificada el año pasado con YPF S.A. por explotación de gas no convencional en Loma de La Lata. Además Vale Argentina S.A. tiene la concesión del Ex Roca de la línea ferroviaria que va desde Zapala a Bahía Blanca. La Vale puede vender el proyecto, pero de estas concesiones nada se dice”

“Yo sostengo que Vale no se va, ella tiene todo el manejo de los fertilizantes en Brasil”

“La cuenca neuquina es como una gran palangana que se fue llenando de distintas capas en la historia con sedimentos, ellas vienen a ser formaciones a distintas profundidades. Arriba de ellas están las dos cuencas hídricas de mayor caudal que irrigan una zona árida como la norpatagonia. Tiene la explotación de no convencionales y la de potasio la necesidad de mucha agua para su extracción, es aquí la geocoincidencia, además que sacarían el gas de no convencionales para calentar el agua con para disolver el potasio en su extracción. El imperialismo eso lo estudio con el IRSA”



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Otro peritaje científico ratifica a la Justicia el daño que causa Minera Alumbrera

Esteban Stanich (PRIMERA FUENTE)

La Justicia Federal cuenta con otro estudio surgido desde la órbita del Conicet y la UBA que confirma el impacto ambiental que causa Minera Alumbrera. "Gran negligencia en el tratamiento de efluentes".

El Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán cuenta con un nuevo estudio científico que ratifica el daño que ocasiona Minera Alumbrera en la cuenca Salí-Dulce. Se trata de nuevas pruebas que acercan a directivos de la empresa a su procesamiento en el marco de una causa impune que ya lleva 14 años.

El Instituto de Ecología Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) - dependiente del Conicet y la Universidad de Buenos Aires (UBA)- remitió al juez federal, Fernando Luis Poviña, un informe en el que se asevera la contaminación con cobre en aguas del canal DP2, afluente de la cuenca Salí-Dulce.

El estudio, realizado por profesionales ecotoxicólogos, afirma que los valores de cobre detectados exceden los niveles guías de protección para la vida acuática. “Los efectos negativos del cobre para la salud pública (gastrointestinales) son probables a largo plazo dado la capacidad de este metal de bioacumularse tanto en peces como humanos que consumen la fauna acuática”, agrega.

El informe, cuya fecha es del 12 de agosto, también sostiene que las consecuencias negativas de la empresa del caso (Minera Alumbrera) “son marcadas y denotan una gran negligencia en el tratamiento de efluentes”. Por este motivo, la vicedirectora del IEGEBA, Ines O`Farrell, quien firma el estudio, aconsejó realizar un monitoreo de agua más detallado “para establecer en forma directa el efecto sobre la salud humana”.

La tercera prueba en un año que allana el camino a un posible juicio

El informe al que se hace mención tiene su origen en el allanamiento realizado en septiembre de 2012 a la planta de secado ubicada en la localidad tucumana Cruz del Norte (Ranchillos, departamento Cruz Alta). Desde aquí se arrojan los efluentes aparentemente contaminantes al canal DP2, surgidos del mineraloducto que nace en la explotación de Bajo la Alumbrera, Catamarca.

En esa oportunidad, a partir de tomas de muestras, peritos de la UNT, corroboraron según pericias realizadas en el Instituto Nacional del Agua, la existencia de metales como selenio, mercurio y cobre en el agua. Estos elementos, son considerados en el Anexo II de la ley federal 24.051 (sobre residuos peligrosos) como “ecotóxicos”.

A estas pruebas, se le suma la consulta realizada en julio por Poviña a peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quienes manifestaron al amgsitrado que “no existen concentraciones mínimas seguras, ante la exposición de dichas sustancias”.

“Con todos estos elementos, exigimos como querellantes, el inmediato procesamiento de los directivos responsables de Minera Alumbrera y de autoridades de la Dirección de Minería de la provincia, por ser cómplices de este delito de lesa humanidad y ecocidio”, afirmó Alfredo Carbonel, de la ONG Pro-Eco, querellante en la causa.

“No hace falta que se pruebe que existe más de una sustancia que viole las normas vigentes. Pese a que se determinó que hay varios metales pesados contaminantes en el agua, sólo con la excedida presencia del cobre ratificada por el IEGEBA, ya se comprobó claramente que hay una afectación a la salud pública y, por ende, un delito”, agregó Iván Berkman de la organización Conciencia Solidaria.

Un dato no menor se desprendió a partir de esta suma de pruebas que comenzaron a apilarse en el despacho del Juzgado Federal Nº 2: semanas atrás Poviña a remitió oficios a la Dirección de Minería, al Registro Público de Comercio, a AFIP y a la Inspección de Persona Jurídica para que se le informe cuál es la composición societaria y nombres de los directivos de la minera desde el año 2000. También se requirió datos sobre en cuáles cargos se desempeñaban cada uno de los empresarios.

Se especula que esta medida apunta a determinar los responsables del delito de violación de la ley 24.051 para su citación a declaración indagatoria.

Más de una década en busca de Justicia

La causa contra Minera Alumbrera fue iniciada en 1999 por el funcionario de la entonces Dirección de Medio Ambiente provincial, Juan Antonio González, por presunta contaminación a la cuenca Salí-Dulce con residuos peligrosos arrojados al canal DP2. La investigación fue impulsada por el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez.

En mayo de 2008 la Cámara Federal de Apelaciones revocó la falta de mérito a favor del vicepresidente de la firma, Julián Rooney, y dispuso su procesamiento sin prisión preventiva al encontrarlo presunto autor responsable de violar ley 24.051.

En septiembre de 2009 la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió anular la sentencia contra Rooney y ordenó que se propongan nuevas medidas de prueba en el marco de esta causa contra la minera que aún sigue vigente.

Oportunamente, desde Minera Alumbrera se afirmó que se cumple con la totalidad de los parámetros establecidos por resolución N° 030 del Siprosa (mucho más permisiva que la ley federal 24.051) en relación a la descarga de su planta de filtros ubicada en Ranchillos.

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El “círculo rojo” de Monsanto

Lea Ross (ANRED)

El término “círculo rojo” se expandió a partir de las declaraciones que hizo el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri (...) Varios periodistas interpretaron que el “círculo rojo” es una conformación reducida de figuras claves dentro del campo económico, político, empresarial, mediático e intelectual, que tienen la finalidad de llevar a Macri como el firme ganador de las próximas elecciones presidenciales (...) Más allá de que sea cierto o no, ésta definición resulta oportuna para definir aquellos que pretenden, desde la oscuridad, amparar ciertos modelos presentes que son bastante cuestionables. Resaltando esto: desde la oscuridad. Pero claro, a veces ocurren ciertos momentos en donde la propia oscuridad se ve obligada a prender la lámpara.

Dentro del bullicio periodístico, el término “círculo rojo” se expandió a partir de las declaraciones que hizo el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en una entrevista a Perfil. Allí, mencionó la posible existencia de un grupo reducido de personas que pretenden proteger su figura dentro del panorama político. Debido a la difusa definición que otorgó el intendente de la Capital Federal, varios periodistas interpretaron que el “círculo rojo” es una conformación reducida de figuras claves dentro del campo económico, político, empresarial, mediático e intelectual, que tienen la finalidad de llevar al ex presidente de Boca Juniors como el firme ganador de las próximas elecciones presidenciales.

Más allá de que sea cierto o no, ésta definición resulta oportuna para definir aquellos que pretenden, desde la oscuridad, amparar ciertos modelos presentes que son bastante cuestionables. Resaltando esto: desde la oscuridad. Pero claro, a veces ocurren ciertos momentos en donde la propia oscuridad se ve obligada a prender la lámpara.

La represión del lunes pasado, ocurrida frente al predio de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, puso a la luz todo aquello que permanecía oculto. Mientras las cámaras registraban los momentos en donde la policía cordobesa reprimía a los manifestantes, la olla comenzaba a hervir.

Finalmente, con el desalojo frustrado y la multinacional anunciando un cese en la construcción hasta el viernes, la olla comenzó a silbar.

Y la olla se destapó.

Todos los conglomerados que conforman lo que sería el establishment empresarial de la provincia de Córdoba se expusieron a dar su postura. Curiosa decisión, ya que la clave de mantenerse en el poder es la oscuridad. Pero nadie preveía que un simple acampe convertiría todo en una situación incontrolable.

Es así que la organización empresarial denominada G-6, redactó un comunicado ofreciendo su apoyo a Monsanto. A pesar de la repercusión que hubo en los medios de comunicación masivos sobre semejante declaración, hay que decir que ECOS Córdoba ya había revelado el apoyo secreto que tiene la multinacional con los principales referentes del poder económico cordobés.

A mediados de éste año, el jefe de asuntos gubernamentales de Monsanto, Francisco Do Pico, reveló a éste portal quiénes eran los que ofrecieron su incondicional aporte solidario con el fin de instalarse en Malvinas Argentinas: “No te van a decir que apoyan a Monsanto, pero toda la industria de empresas de semilleras o biotecnologías se vienen desarrollando, desde hace un tiempo, con las universidades locales y también con las cámaras. Nos hicimos socios recientemente con la Unión Industrial de Córdoba y la Fundación Mediterránea. También hemos tenido reuniones con el Grupo de los Seis. Las seis cámaras empresariales de Córdoba, Bolsa de Comercio, Unión Industrial, Cámara de Comercio, Cámara de Comercio Exterior, Cámara de la Construcción y Fedecom (Federación de Comercio)”.

Tres meses después, el Grupo de Entidades Empresarias Córdoba G-6, publicó un comunicado relacionado con los sucesos ocurridos en la localidad de Malvinas. Allí “expresa su grave preocupación por los hechos de público conocimiento que le impiden a la empresa Monsanto continuar con su plan de obra que fuera debidamente aprobado por las autoridades competentes”.

“El G6 –continúa el comunicado- insta a las autoridades nacionales y provinciales efectúen todas las gestiones posibles y adopten las medidas necesarias para garantizar la libertad de trabajo dentro del marco de la Ley, dándole pronta resolución a esta situación que va en detrimento del derecho a trabajar y del desarrollo productivo y social de una región”.

Quienes lideran, con nombre y apellido, esta entidad conocida como el G-6 son los siguientes personajes:

Horacio Parga, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Además es el director del Grupo Edisur, empresa desarrollista cuestionada por los acuerdos internos con el ex intendente Daniel Giacomino, durante su gestión como gobierno. Bajo el mega-plan “Concertación Pública-Privada”, tuvo su primer paso con el proyecto Manantiales, en donde a partir de un aporte de la compañía de 10 millones de pesos a la municipalidad, según constató Comercio y Justicia, Edisur se encargaría de lotear 160 hectáreas de countries en el suroeste de la ciudad para convertirlos en barrios abiertos. En este momento, el proyecto se está concretando a la mitad.

Sin embargo, el mega-plan de la “Concertación” en su conjunto quedó frenado por denuncias de corrupción.

Parga, además, es el vicepresidente de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC), quien apoyó públicamente el plan actual del jefe municipal Ramón Mestre del llamado “Convenios Urbanísticos”. En ellas, se permitiría que las empresas desarrollistas puedan trabajar, sin interrupción de lo que dictan algunos reglamentos municipales en el tema del manejo del suelo. Tanto la concertación giacominista como los convenios mestristas son cuestionados por otorgar un cierto libertinaje a los especuladores, sin intervención estatal y sin tener presente la inclusión social.

Además, durante la última dictadura cívico-militar, Parga fue director de Adisa, Norte Argentino S.A. y agente de la Bolsa de Mercado de Valores de Buenos Aires.

Horacio Busso, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba. Es primo hermano del delasotista Sergio Busso, presidente titular del PJ cordobés. A fines del año pasado, la cámara encabezada por Horacio logró impedir la instalación de la feria de ropa El Progreso, que consistía en la venta de productos textiles y de vestimenta a precios accesibles para el público popular. En aquel entonces, Horacio había declarado que el evento, que se iba a instalar en Forja, “afecta la producción, afecta la industria, y afecta a la ciudadanía en general. Estamos hablando de mercadería de procedencia dudosa, y eso es complicado”.

El freno se logró mediante la sanción de la ley 10.076 que declara a la provincia “en situación de riesgo al sistema comercial” en un plazo de 180 días, realizada en agosto del año pasado. En ese plazo, que se supone que ya terminó, se ilegalizó la instalación de ferias o cualquier evento comercial de semejantes características como las de El Progreso. El Progreso iba a generar 2.000 puestos de trabajo, diez veces más que las que hay en la planta de Monsanto.

Además, Busso es el director de COTRECO, la empresa contratada por el intendente Mestre para la recolección de residuos en la zona sur de la ciudad capital. Con entrada a la ciudad sin licitación, y trabajando como tercerizada de la empresa Crese, sacando provecho de las oficinas y vehículos pertenecientes a la empresa estatal ya extinta, el negocio de la basura se volvió redondo para Horacio Busso.

Norberto Delfino, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC) y presidente del Servelec S.R.L., una empresa encargada de proveer elementos de alimentación eléctrica para venderlas a corporaciones nacionales o internacionales.

Mario Buttigliengo, presidente de la Cámara de Construcción de Córdoba, y presidente de la constructora Boetto y Buttigliengo. La compañía realizó varios trabajos de pavimentación durante la gestión de Juan Schiaretti como gobernador. También, de la construcción de viviendas en la ciudad de San Francisco, liderada por el ex competidor y ahora aliado de Schiaretti, Martín Llaryora.

La empresa es contratada no sólo por la Provincia, y por una docena de municipios y bancos, sino también por empresas como Petrobras, Minetti, Roggio, EPEC, YPF, Reagan, entre otros.

Rubén Matos, presidente de la Federación Comercial Córdoba. En mayo pasado, dejó explicito su apoyo al Plan Primer Paso, impulsada por el delasotismo. Asegura que muchos de los que recibieron el plan “han encontrado su primera oportunidad en la actividad comercial, donde incluso algunos continúan desempeñándose”.

Y finalmente, Ércole Felippa de la Unión Industrial de Córdoba. También es el dueño de la empresa de lácteos Manfrey.

Pero aquí no termina.

También se encuentran las empresas que integran y participan de todas éstas entidades.

En materia de construcción desarrollistas, podemos encontrar a un puñado de empresas que crecen exponencialmente. Además de la mencionada Edisur, también se encuentran: Grupo Dinosaurio, de Euclides Bugliotti, acusada de atemorizar a los vecinos de Villa la Maternidad para despojarlos de sus tierras y apropiarse de las mismas, en colaboración con el gobernador De la Sota; Euro Mayor, desarrollista que destruyó, el 15 de agosto de 2010, la emblemática Chimenea de la Cervecería Córdoba para desarrollar sus departamentos. Para lograrlo, tuvo que reprimir a los vecinos que se manifestaron allí; GNI, sospechada de amenazar a los vecinos de Barrio El Bordó, debido a que la villa está pegada al emprendimiento de Alto Panorama, quien además su titular, Roque Lenti, le anunció a La Voz del interior la “reubicación de viviendas” en la edición del 10 de octubre del año pasado; GAMA, sospechada junto con GNI de querer desalojar a los vecinos del Bordo y cuyo titular, Jorge Petrone, está en pleno juicio, acusado de usurpación y falsedad ideológica en el mega-juicio por las irregularidades en el Registro de Propiedad.

Mientras que en materia de industrias, los nombres se acrecientan. Entre ellos se pueden mencionar: Aceitera General Deheza, en estos momentos investigada de ser la responsable económica de las explosiones de la Universidad de Río Cuarto, ocurrida en el año 2007; Arcor, cuyo poder oligopólico en el mercado alimenticio es sindicada como uno de los responsables de la inflación; Cablevisión, sistema oligopólica de televisión por cable del Grupo Clarín, acusada por desobediencia a la Defensoría del Pueblo Bonaerense, como así también de restringir la entrada de otras señales por razones políticas; como así también, multinacionales del negocio automotriz como Fiat y Volkswagen.

Tal como lo había señalado Francisco Do Pico a ECOS, Monsanto además se hizo socia de la Fundación Mediterránea. De hecho, las mismas empresas que aparecen en la Unión industrial Córdoba, también aparecen en dicha fundación.

La fundación fue creada en 1977, bajo la guía teórica de Domingo Felipe Cavallo, luego de realizar sus estudios en Harvard. Allí, durante una ceremonia del 06 de julio, los presentes se prepararon para escuchar las palabras de Piero Astori, de construcciones Astori, para realizar la lectura del comunicado inaugural, frente a los presentes: “Señores, el 06 de Julio de este año, 404 aniversario de la Fundación de nuestra Ciudad de Córdoba, un grupo de empresarios de la Provincia ha constituido la Fundación Mediterránea. (…) Hemos vivido años de anarquía y destrucción. Hemos vivido al borde de la guerra civil y el colapso económico. Las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad de la conducción de la Nación para salvaguardar la existencia misma de la patria. El gobierno ha convocado a la ciudadanía a participar en el Proceso de Reorganización Nacional mediante un diálogo constructivo. La decisión de formar la Fundación Mediterránea es nuestra contestación afirmativa a la convocatoria”.

Y los aplausos no cesaron.

Con sus recomendadas medidas basadas en la absoluta libertad de mercado, la Fundación Mediterránea ha continuado durante el menemismo y continúa hasta hoy. Con sus infaltables referente: Luis Pagani (Arcor), Martín Amengual (Regam), María Pía Astori, Sergio Roggio, y otros tantos.

El hecho de que varias empresas hayan dejado explícita su apoyo a la última dictadura militar, y con ello conseguir el amparo suficiente como para permanecer en el poder económico, y continuado durante el proceso de las privatizaciones, y que hasta el día de hoy no hayan ofrecido un arrepentimiento alguno, deja a las claras la presencia de dobles discursos.

Y más aún cuando el G-6 asegura buscar la “finalidad de alcanzar acuerdos que se conviertan en planes estratégicos de desarrollo para todas las fuerzas políticas, aun respetando las diferencias políticas, ideológicas, técnicas de cada uno de los diferentes partidos y sus programas de gobierno, estableciendo de esta manera un clima de respeto, tolerancia y comprensión cívica entre todos los involucrados en el compromiso conjunto”.

En definitiva, los nombres se repiten. Se repiten sin parar. Todos bajo el apoyo explícito de que Monsanto se instale en Malvinas.

Ya no son solo los principales referentes del poder político que encarnarían Daniel Arzani, intendente de Malvinas Argentinas; José Manuel De la Sota, gobernador de Córdoba; Cristina Fernández, presidenta de la Nación; y ahora también Ramón Mestre, intendente de la ciudad de Córdoba, que dejó explícito su rechazo al acampe por Cadena 3. Es también todo un círculo que se mantiene observando todo lo que ocurra dentro de la problemática non santa en Córdoba.

Sin embargo, la olla se destapó.

Por algo será.

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