martes, 15 de octubre de 2013

Sí, hace falta un verdadero golpe de timón en Venezuela

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

Desaparecido físicamente Hugo Chávez, no ha existido -a pesar del esfuerzo de Nicolás Maduro- un liderazgo capaz de evitar y disminuir las contradicciones, fracturas y controversias que se suscitan en el chavismo, lo que ha sido un caldo de cultivo bien aprovechado por quienes han sido sus enemigos políticos e ideológicos, obteniendo algunos espacios de aceptación que presagian una eventual correlación de fuerzas a su favor si no se profundizan los cambios revolucionarios hasta ahora alcanzados.

Pareciera que la dirigencia chavista no atinara a vislumbrar alguna estrategia efectiva que contenga tal eventualidad, limitándose tan sólo a continuar administrando lo adelantado por Chávez, pero sin el mismo ímpetu ni la audacia de éste. Quizás no quieran darse cuenta que la única fórmula a la mano para trascender lo hecho en catorce años de gobierno de Chávez es la restitución efectiva y sin condicionamientos del poder al pueblo, lo cual -de momento- podría ser posible por medio de las comunas, los consejos comunales, los consejos de trabajadores y otras expresiones organizativas populares.

Haría falta un golpe de timón, tal como lo planteara el Presidente Chávez el 20 de octubre de 2012, el cual tiene que abarcar aspectos y procedimientos relativos a lo político, lo económico, lo social, lo ético y lo moral. Esto haría mermar la confianza recuperada por los grupos de la oposición que actualmente enfilan todas sus baterías en conseguir que estalle en el país una crisis generalizada que obligue a claudicar al gobierno de Nicolás Maduro al no mantenerse la hegemonía popular que se impusiera bajo el liderazgo de Chávez desde 1998.

A ello ha contribuido, sin duda, el hecho de sólo instruir y comprometer a las bases del chavismo para su participación exitosa en cada contienda electoral celebrada, pero sin ahondar mucho en su formación teórica, de modo que haya un proceso de desalienación de las mismas que les permita plantearse, en consecuencia, la deslegitimación continua del capitalismo y de los esquemas representativos de la democracia burgués-liberal que, en una fase posterior, dé paso, por consiguiente, a la construcción colectiva del socialismo revolucionario.

Es preciso entonces que el Presidente Maduro y todos los que le acompañan en los diferentes niveles de gobierno y de dirección política acepten y se convenzan que sin la participación real del pueblo, tanto en la toma de decisiones como en la creación socialista de una nueva institucionalidad, el proceso revolucionario bolivariano socialista podría naufragar con más penas que glorias. Sin este elemento primordial, se tendería a precipitar en el vacío todo el esfuerzo y el sacrificio del pueblo venezolano en estas dos últimas décadas de su historia de luchas, y -junto con ello- de las esperanzas de una humanidad subyugada por los intereses hegemónicos de un imperio gringo que ha hecho del mundo entero su coto de caza exclusivo, en complicidad con los grupos antinacionales que le siguen, en una clara demostración de su subordinación colonial.

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Paraguay: Desfile de fantasmas

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

Aún sin confirmar oficialmente, ha trascendido desde filas del propio Partido Colorado, que el ex Senador Alfredo Stroessner es el candidato del Presidente Horacio Cartes para representar a Paraguay ante la Organización de Naciones Unidas, desvergüenza asimilar a que los actuales gobiernos de Chile, Argentina o Uruguay, nombraran a un Augusto Pinochet, a un Jorge Rafael Videla o a un Gregorio Alvarez, como embajador ante la ONU.

La homonimia es antojadiza, producto de una provocación al grueso de la ciudadanía por parte del principal heredero de una de las mayores fortunas del país, acumulada durante 35 años de totalitarismo, de vaciamiento de las arcas del Estado, de represión de opositores, torturados, exiliados o asesinados, que instaló un perverso nepotismo como sistema de gobierno y consolidó un eficaz mecanismo de corrupción que continúa agravando hasta hoy la descomposición moral de la sociedad.

Alfredo Domínguez Stroessner, tal como fue registrado en el acta de nacimiento, es el creador de la homonimia, cuya opción fue interpretada en su momento por la ciudadanía e incluso por referentes del coloradismo, como un mensaje político significativo, que trascendía la confesa veneración del autor por el tirano “y su admirable gran obra patriótica”, como ha calificado a veces a esa ignominia.

Goli era llamado en su hogar desde pequeño, y ese sobrenombre se encargaron de popularizar los medios de la propaganda partidaria, buscando hacerlo familiar entre el pueblo al nieto del absolutista general, recordado por su perversión demagógica, su entrega de la patria a Estados Unidos y su participación en el Operativo Cóndor, que entre 1964 y 1989, en su cruzada ideológica transnacional, ensangrentó los pueblos del cono sur americano, junto a sus colegas en el terrorismo de Estado en Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Centroamérica y el Caribe.

Hace unos años que se registró el travestismo de apellido, cuando el nieto acordó con la cúpula colorada ocupar una poltrona en el Senado utilizando el nombre del abuelo, aprovechando que pervivían resonancias nostálgicas, pero fundamentalmente como un gesto vengativo frente a la ciudadanía democrática, reinstalando ese nombre en el escenario político nacional, en infame burla a la decencia humana.

“En reunión con Cartes, el Goli no aceptó el cargo de Vicepresidente del partido, porque confesó no interesarle para nada, pero sí el de Embajador ante la ONU, dado que viaja constantemente a Estados Unidos, donde mantiene residencia”, comentó un dirigente colorado a algunos medios de prensa.

Lo cierto es que alejarse del país un personaje de su característica tiene un efecto absolutamente anodino, pues “el nieto” (aunque tiene dos hermanos), como se le conoce en la intimidad partidaria, ha pasado por la cámara alta como un fantasma, sin que jamás, como la mayoría de los 45 miembros, haya presentado alguna propuesta de proyectos de ley, ni tampoco haya influido en la actividad política nacional y ni siquiera orgánica, aparte de los aportes financieros que hubiera podido hacerle.

En cambio, el tema que importa analizar es la decisión del Presidente del gobierno que, desde el más elemental razonamiento político aparece como estúpida, que sólo podría explicar la necesidad que tiene Cartes de conciliar con algunos caciques y ciertas corrientes levantiscas que están apareciendo en el coloradismo, pugnando por modificar la conducción del mismo, a cargo hoy de la Senadora Lilian Samaniego, una figura que se destaca, antes de cualquier otro rasgo, por su amor por el cargo.

Para entender el mal momento que atraviesa la política nacional, con el Partido Liberal resquebrajado y el progresismo desarticulado e indefinido, y en particular los males que aquejan al principal partido del país, es necesario observar el comportamiento público del veterano Senador Juan Carlos Galaverna, máximo mandamás del coloradismo en las dos últimas décadas, y actor principal confeso en cuanta tramoya y fraude electoral se ha producido en el país en estos años.

“A Cartes le prometí lealtad, pero jamás obediencia”, declaró días atrás el popular e irreverente “Calé”, en ocasión de ocupar la Vicepresidencia primera del partido, en un ascenso que representa un importante fortalecimiento de su autoridad, y que habilita la hipótesis de que se avecinan días complicados en la fracturada familia colorada. Ese cargo le correspondía a “El nieto”, pero es de presumir que todo fue negociado a cambio de darle los privilegios de la embajada en Washington.

Galaverna creó el Movimiento Colorado Independiente meses antes de la campaña electoral que culminó el pasado 21 de abril con la victoria de Cartes, cuando lo calificó de “patrón rico caprichoso”, e ironizó acerca del absurdo que un recluta quiera ser más que un coronel en el partido, marcando ya el terreno de las batallas internas que se aprestaría a librar, capitalizando el descontento interno que se venía manifestando por la oportunista adhesión de Lilian Samaniego al discutido mandatario.

Temido y odiado, Calé, de origen muy humilde y con veinte oficios, provocador nato, petulante, es una de las pocas figuras paraguayas que ha hecho de la política una profesión, y esa acumulación de conocimientos, entre 125 legisladores que apenas una veintena se anima a presentar su historia política y profesional, le permite conservar hoy una decisiva influencia en las decisiones nacionales, al punto que ha sido decisivo para que Cartes aceptara entregar al partido la presidencia de cinco importantes empresas estatales: la del agua, de la comunicación, de la telefonía, de la tierra y de la administración nacional de la represa binacional con Argentina, de Yasireta.

La Directora del “Museo de las Memorias: Dictadura y DD.HH.”, María Estela Cáceres, reaccionó de inmediato a la difusión de la candidatura a la ONU de Alfredo Stroessner: “Alguien que reivindica el Terrorismo de Estado y la Guerra Fría, no puede representar al Paraguay democrático y resistente, a sólo un año de la campaña NO PERMITAMOS EL REGRESO DEL ESTRONISMO, porque esa idea contradice todo el sistema jurídico de los derechos humanos y a la propia Constitución Nacional”.

Además, enfatiza junto a otras organizaciones sociales, que esa propuesta es una aberración en un país en el que hay miles de víctimas de la tiranía estronista sin haber alcanzado una mínima indemnización y mucho menos justicia ante tantísimos crímenes y atentados a la dignidad humana, como es la actual condena de cárcel contra campesinos, convertidos en presos políticos por reclamar una reforma agraria.

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Declaración Rio de Janeiro : Por el retiro inmediato de las Tropas de la MINUSTAH del territorio haitiano

Nosotros, Nosotras, representantes de organizaciones sociales (1) de nuestra América y de la red Jubileo Sur/Américas reunidos en Rio de Janeiro del 7 al 12 de octubre del 2013 en el contexto de nuestra Asamblea continental, reafirmamos nuestro más firme rechazo y expresamos nuestra indignación frente a la ocupación militar ilegal del territorio de Haití por tropas bajo mandato de Naciones Unidas, la mayoría de ellas proveniente de nuestros países.
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Después de casi 10 años de ocupación, la presencia de las tropas de Naciones Unidas no ha contribuido a ayudar al hermano Pueblo de Haití a salir de la crisis. Al contrario contribuyó fuertemente a empeorar la situación agravando la dependencia económica, política y social y violando sistemáticamente los derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas de este país.

La MINUSTAH llegó al territorio de Haití el 1ro de junio del 2004, movilizó efectivos militares y policías de más de 35 países diferentes y utilizó recursos financieros importantes con un promedio de 700 millones de dólares anualmente. Todos los objetivos definidos por el Consejo de Seguridad de la ONU, en repetidas resoluciones, fracasaron rotundamente.

La MINUSTAH hace parte de la nueva estrategia de dominación imperialista con la instrumentalización de tropas latinoamericanas y una agenda dominada por fuerzas conservadoras de los ejércitos del continente, las consideraciones geopolíticas de los poderes imperialistas y los intereses de las empresas transnacionales.

Reafirmamos nuestra disposición a defender el derecho a la autodeterminación del Pueblo haitiano en conformidad con las Convenciones internacionales y el Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos de 1966.

Estamos indignados y condenamos la posición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que hace 9 años cada 15 de octubre prorroga por 12 meses el mandato de una fuerza militar e policíaca que trabaja abiertamente en contradicción con todos los principios y valores proclamados diariamente en la retórica de Naciones Unidas sobre derechos humanos.

Durante este año 2013, la MINUSTAH siguió acumulando crímenes contra el Pueblo de Haití a través de las violaciones masivas y repetidas contra mujeres, jóvenes, niñas y niños, la explotación sexual sistemática contra numerosos jóvenes, la ocupación de infraestructuras esenciales, las intervenciones ilegales, el robo, la represión de las manifestaciones populares pacíficas. Durante este año siguen muriendo centenares de personas asesinadas por el cólera introducido en el país por las tropas de la ONU.

El clima de seguridad no se está mejorando y la MINUSTAH contribuyó a debilitar las instituciones nacionales con un sistema judicial que no goza de un nivel aceptable de credibilidad y un concejo electoral cuestionado e incapaz de realizar elecciones en el respecto del calendario constitucional.

Nosotros y Nosotras, representantes de la red Jubileo Sur/Américas, exigimos:

1. el fin inmediato de la presencia de las tropas de la MINUSTAH del territorio haitiano;

2. la no renovación por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidad, del mandato de la MINUSTAH para el periodo octubre 2013 a octubre 2014 y el pleno respeto de la voluntad claramente expresada por el Senado de la República de Haití en su resolución que reclama la salida de las tropas de la MINUSTAH antes del 14 de mayo del 2014;

3. que la ONU reconozca su culpabilidad e indemnice a las familias de las casi 9000 personas asesinadas por el cólera y de las casi 700.000 personas infectadas, y que tome mediadas de reparación incluyendo la implementación de un sistema facilitando el acceso universal al agua potable;

4. a los Parlamentarios del continente que apoyen la resolución del Senado haitiano;

5. a los gobiernos latino-americanos que retiren de inmediato sus efectivos de la MINUSTAH, reconociendo la enorme contribución del Pueblo de Haití a los procesos independentistas del siglo XIX y la total inadecuación de la MINUSTAH en relación a las necesidades urgentes del Pueblo haitiano.

Las organizaciones que firmamos esta declaración nos unimos a las olas repetidas de movilizaciones y denuncias a través de las cuales numerosos sectores de la nación haitiana manifiestan su rechazo de esta presencia militar, incluyendo la reciente construcción de la Plaza de la Resistencia en la ciudad de Port Salut. Saludamos el excelente trabajo hecho por los comités solidarios con Haití en diversos países de nuestra región y el mundo así como también los numerosos pronunciamientos de organizaciones populares, redes y movimientos sociales exigiendo el retiro de las Tropas de la MINUSTAH.

Llamamos a todas las organizaciones sociales, redes y movimientos de nuestro continente a solidarizarse en esta lucha en defensa de la dignidad del hermano pueblo haitiano. Es un deber urgente para todos y todas comprometidos/das en la lucha por la soberanía, la autodeterminación y la libertad. La MINUSTAH constituye una amenaza para nuestra libertad. Hoy somos todas y todos haitianos!!

-Río de Janeiro, Brasil, 12 de octubre del 2013.

Jubileo Sur / Américas
Rede Jubileu Sul Brasil
Políticas Alternativas para el Cono Sur PACS, Brasil
Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina
Viento Sur, Chile
Acción Ecológica, Ecuador
Movimiento Social Nicaragüense
Red Sinti Techan, El Salvador
Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH
Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas ACAMUDE, Costa Rica
Asociación Coordinadora Nacional de Pobladores de Áreas Marginadas de Guatemala
Plataforma de Acción por un Desarrollo Alternativo PAPDA, Haití
Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos POHDH, Haití
Bataye Ouvrière, Haití
Centro Memorial Martín Luther King, Jr., Cuba
Servicio Paz y Justicia, Paraguay
Servicio Paz y Justicia en América Latina

1) Provenientes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Haití, Paraguay, Brasil, Ecuador, Honduras, Chile, Cuba, Argentina, Costa Rica.

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Lo que se esconde detrás de la estatización del ferrocarril (Parte III)

Melisa Gargarello (EL CAMINANTE - ANRED)

La última semana de agosto el Gobierno Nacional anunció mediante el Boletín oficial, la resolución 848 /2013 que oficializa la gestión de las líneas de pasajeros Gral. Roca, San Martín y Belgrano Sur, en manos de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE).

SOFSE fue creada mediante la ley 26.352 en febrero de 2008, con la finalidad de reorganizar la actividad ferroviaria, en conjunto con la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Según esta ley las funciones competentes de ambas entidades consisten en administrar el patrimonio de las líneas de ferrocarriles que se le asignen, en el plazo y procedimiento que el Poder Ejecutivo Nacional decrete. Además, se encuentran habilitadas a conformar la estructura organizativa, selección y capacitación de personal, la emisión de órdenes de emergencia y la investigación para garantizar la seguridad del transporte ferroviario. Por último la ley especifica que la Sociedad del Estado asignará la administración de las obras en curso y las proyectadas excepto aquellas que estén a cargo de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A (UGOFE S.A). Es decir, que la Sociedad del Estado, no afrontaría las obras que estén bajo la dirección de la administración UGOFE S.A, conformada por las empresas Ferrovías (de Gabriel Romero) y Metrovías (de Benito Roggio).

Ahora bien, según datos de la Secretaria de Transporte, la UGOFE no ha invertido en obras ya que corren por cuenta del Estado Nacional o préstamos internacionales. Incluso la misma Secretaría publicó, que de la totalidad de los subsidios entregados a la UGOFE, el 70% se destinan para pago de personal y el 30% restante se deriva a pagos de seguros, energía y materiales.

Cambiar para que nada cambie

El 21 de agosto el Gobierno Nacional anunció que tomaría a su cargo las líneas de pasajeros Gral. Roca, San Martín y Belgrano Sur. El 12 de septiembre lo hizo con las líneas Mitre y Sarmiento y por último, el 18, anunció que operaría la línea General Urquiza de Entre Ríos. Si bien los titulares mediáticos denominaron este traspaso de gestión como Estatización, según datos de la Secretaría de Transporte, algunos de los ramales aún son administrados por las sociedades anónimas.

Analizamos casos puntuales:

Ferrocarril Línea Roca

En lo que va del 2013 el Estado ha invertido en el ramal $1.334.242.619,48 (mientras que el total en 2012 fue una cifra similar: $1.894.614.380,49). Los últimos registros arrojan que en septiembre de este año los subsidios fueron de $38.336.734,19 y en octubre los subsidios aumentan a $40.336.734,19. ¿A quién fueron destinados esos fondos? Según la Secretaría de Transporte, a la UGOFE S.A .

Ferrocarril Línea San Martín

En lo que va del 2013 el Estado ha invertido en el ramal $591.066.520,05 y en 2012 también se ha invertido una cifra similar: $629.310.988,40.

Los últimos registros arrojan que en septiembre de este año los subsidios fueron de $13.000.000,00 y en octubre los subsidios aumentan a aproximadamente, un mil por ciento: $131.000.000,00. ¿A dónde se destinan esos fondos? Según la Secretaría de Transporte, a la UGOFE S.A

¿Y en qué se invirtió ese dinero? Según la misma Secretaría de Transporte: el 11, 64% fue a contratistas, el 13% a energía, el 10,5% a materiales, seguros y gastos conforman el 8,5% y el 57,1% a pago de personal.

Línea Mitre-Sarmiento

Durante el 2013 el Estado ha invertido en el ramal $1.292.933.448,00 una cifra similar a la de 2012, que fue de $1.129.247.505,87.

Lo invertido en septiembre de este año fue de $140.798.538,00 y en octubre los subsidios disminuyen a $35.798.538,00. Según la Secretaría de Transporte, los fondos fueron destinados a la empresa Trenes de Buenos Aires S.A.

En ninguno de los casos mencionados, figura SOFSE como Sociedad administradora. Edgardo Reynoso, dirigente ferroviario y delegado del Ferrocarril Sarmiento, comentó en una entrevista con La Revancha, que el traspaso de gestión significa que los mismos empresarios sigan haciendo negocios, “no hay cambios estructurales, se mantiene la ley de emergencia ferroviaria donde todos los costos operativos los mantiene el estado. Son las mismas empresas las que siguen operando, profundizando la entrega del sistema ferroviario que se acarrea desde el menemismo”.

En la resolución 848/2013, artículo n°3 queda especificado que las obras en curso o proyectadas por la UGOFE S.A “continuarán siendo ejecutadas por la misma”. Además, queda bajo poder de la Sociedad del Estado decidir y administrar con qué sociedades realizará las obras que crea pertinentes. Incluso en el artículo n°7 de la misma se especifica que la SOFSE podrá desarrollar todas las acciones mediante la participación en sociedades o empresas nacionales o extranjeras.

“SOFSE se plantea que todas las obras a ejecutar y en ejecución siguen siendo por orden del Estado en coordinación con empresas contratistas. Significa que las mismas empresas concesionarias, siguen operando y haciendo sus negocios con las firmas que de una u otra manera están asociadas al Estado”, comenta Reynoso. Las mismas firmas que gestionaron el ferrocarril desde hace más de 10 años, y que han obtenido réditos con la privatización menemista, hoy son beneficiadas por los subsidios del Estado aunque no sean los administradores oficiales. “La gestión de la SOFSE no significa necesariamente la estatización de los servicios, ya que pueden convivir ambos modos de administración, público y privado”. Sin embargo, el Estado se reserva mayores facultades. En este sentido, Reynoso expresó que los Grupos Roggio, Romero e incluso Cirigliano (dueño de TBA, desplazado de la administración de las líneas luego de la Masacre de Once) siguen cobrando subsidios millonarios para las obras que están llevando adelante, y agregó: “Todas las obras que se están haciendo actualmente en vías, pasos a niveles y mantenimiento en general seguirán en manos de estos mismos empresarios que utilizan compañeros tercerizados para llevarlas adelante.”

La resolución 848/2013 que oficializa la gestión de SOFSE comenta en su artículo n|2 que la Operadora del Estado, celebra el acuerdo de gestión con la UGOFE de conformidad con lo previsto en el artículo n|8 de la Ley Nº 26.352, que determina que la Sociedad del Estado podrá asumir por intermedio de terceros o en sociedad con terceros, la prestación del servicio ferroviario. Es decir, como comentaba Reynoso, que la administración del servicio se puede realizar con gestión compartida.

Las obras en el ferrocarril

En la misma resolución que habilita a SOFSE como operadora del servicio, se anuncia que los planes de obra pasarán a manos del Estado nacional. Lo que parece un logro, es en realidad efectivizar mediante ley, lo que se realiza de hecho. Como comentamos en el n|42 del periódico, en la primer entrega sobre transporte público, el Estado Nacional tomó a su cargo las obras vinculadas a la mejora del servicio. Un ejemplo, es el anuncio de plan de obras en enero de 2011, donde se destinaron $16.700 millones para remodelación de estaciones y cruces de vía del conurbano bonaerense. La remodelación comprendía la iluminación de refugios, reparación de puentes peatonales, construcción de rampas y baños públicos para discapacitados. Obras que debían finalizarse a fines de 2011, todavía están en curso o detenidas.

Esto significó que el Estado Nacional, no sólo proveyó de subsidios millonarios a las empresas Metrovías, Ferrovías y Trenes de Buenos Aires, sino que también dispuso a su cargo el mantenimiento y refacción de las obras y formaciones. A pesar de ello, las condiciones del transporte, vías y estaciones, no han sufrido cambios contundentes que justifiquen magna inversión. Incluso el 24 de septiembre, el motorman de la línea Belgrano Cargas, Antonio Zelaya murió al ser herido por las ramas que se interponen en la ruta vial. El sindicato La Fraternidad, declaró en un comunicado que “varias de esas ramas fueron presionando sobre el costado de la locomotora, una de ellas haciendo presión sobre rejas y ventanas fue la que ingresó a la cabina provocándole heridas cortantes y profundas en sus ojos. Luego de luchar por salvar su vida y evitar el desangrado, fallece ante la impotencia de su compañero de cabina que intenta en todo momento ayudarlo”.

¿Quién gestiona el Belgrano cargas?

Es operado por la Sociedad del Estado. Cuando se reactivó la línea, el Ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo dijo en conferencia de prensa: "Estamos convencidos de que las concesiones fueron un fracaso y no acompañan el proceso de crecimiento que necesita Argentina, sobre todo en materia logística para bajar costos y los productos nacionales sean más competitivos”. Pero, según la Secretaría de Transporte se han invertido en el ferrocarril carguero, $2.000 millones provenientes del Tesoro Nacional, $1.300 millones aportados por la Corporación Andina de Fomento y “Se está trabajando con el Banco Mundial para obtener un préstamo de $2.400 millones destinado a financiar el Plan Circunvalar Rosario”.

A su vez, se firmó un acuerdo con la República Popular de China para realizar nuevas obras ferroviarias con una inversión de U$D 2500 millones. El detalle del relevo realizado por la Secretaría finaliza diciendo “Además, se están desarrollando estrategias para promover la participación privada en la inversión”.

Por último, el 13 de septiembre el Gobierno Nacional anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito condicional por U$D 1.200 millones para financiar el programa de Recuperación de Ferrocarriles Metropolitanos de Argentina, que comprende mejoras en la línea Roca, pero sólo en el ramal Plaza Constitución – La Plata.

Durante diez años, el Gobierno nacional ha invertido fondos millonarios para mantener la gestión de empresas privadas y realizar leves mejoras en el servicio, que aún no modifican la calidad del transporte que utilizan a diario millones de personas.

Ver también:
- Transporte público: El negocio de las privatizaciones (Parte II)
Transporte público: El negocio viaja en tren (Parte I)

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Cuatro años de la aprobación de la Ley Audiovisual: Un balance

Martín Becerra (ACTA)

El curso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522, que cumple cuatro años desde su aprobación por el Congreso, es realmente peculiar.

Su texto permanece sin concretarse, pero el gobierno lo invoca para operar cambios en el sistema de medios en un marco de excepcionalidad a la propia ley, en tanto que sus detractores acusan a la ley elogiada por los Relatores de Libertad de Expresión de la ONU y la OEA de atentar contra la opinión libre mientras convivieron cómodamente durante lustros con un marco normativo firmado por Jorge Videla.

Unos y otros se arrogan la representación del interés público mientras alientan distintas variantes de concentración de la propiedad de los medios.

A menos que se reemplace el análisis por la consigna anabolizada de fanatismo, el aniversario de la sanción de la ley reconoce paradojas, cambios en la propiedad, conflictos desconocidos entre actores emergentes y viejos protagonistas del sector, y numerosas incógnitas sobre el futuro no sólo de la regulación audiovisual sino del sistema de medios en la Argentina.

Nunca antes la sociedad había discutido tanto, y tan intensamente, sobre los intereses y la regulación de los medios, poniendo así en entredicho su inmaculada concepción y la ideología de objetividad e independencia a la que tributaba el campo mediático desde hacía décadas. Nunca antes el sistema político y el Poder Judicial se enredaron tanto en las reglas de juego de los medios. La pendiente sentencia de la Corte sobre la causa iniciada por el grupo Clarín que suspendió la aplicación de pocos pero trascendentes artículos de la norma, le confiere a este aniversario y al balance de lo actuado, un interés aún mayor.

La distinción entre la ley y su aplicación resulta productiva dado que la misma norma audiovisual podría ser aplicada de modo muy diferente según sea el gobierno. Como la ley fue impulsada fundamental (aunque no únicamente) por el kirchnerismo, formación política que tiene a su cargo la primera etapa de implementación, es importante evaluar su desempeño dado que le imprime a la ley marcas fundantes que determinarán parte de la apropiación que pueda realizarse en la sucesión presidencial de 2015.

Para ensayar ese balance es preciso recordar que la norma reemplaza un decreto-ley de la dictadura militar (22285/1980) que fue, a su vez, empeorado por numerosas modificaciones por parte de distintos gobiernos constitucionales a partir de 1989. La ausencia de un marco normativo estable, acorde a principios democráticos e inclusivo de demandas de participación ciudadana motivó la preparación de proyectos de ley durante los gobiernos de Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001), pero ninguno de ellos, ni las posteriores presidencias de Eduardo Duhalde (2002-2003) y Néstor Kirchner (2003-2007) concretó el reemplazo de la Ley de Radiodifusión originada en el decreto de Videla.

La persistencia del decreto-ley retocado con cambios que aceleraron la concentración de la propiedad del sistema audiovisual a partir de 1989, así como la centralización de la producción en la ciudad de Buenos Aires, tuvo como sostén la presión de los principales actores empresariales que fueron beneficiados de una política estatal que, históricamente, protegió un statu quo comercial y privado.

La sanción de la Ley Audiovisual en 2009 es la segunda que se vota en un régimen democrático en la historia argentina (la primera había sido en 1953). El impulso del gobierno de Cristina Fernández, entonces en su primer mandato, se debió a una conjunción de factores: la ruptura en 2008 de las buenas relaciones que había sostenido el kirchnerismo con Clarín, que es el principal grupo multimedios junto a Telefónica; un contexto sudamericano en el que otros países también modificaron marcos regulatorios en el sistema de medios; un proceso de metamorfosis tecnológica en el que emergen otros actores que facilitan una labor de desintermediación, lo que coloca a los medios tradicionales en una posición inédita de pérdida progresiva del control de los flujos informativos y de entretenimiento a escala masiva.

La Ley Audiovisual no es el único indicador del cambio de políticas de comunicación que se produjo entre el gobierno de Néstor Kirchner (que en la materia fue conservador del statu quo) y el de Cristina Fernández (que transgredió el orden heredado): el caso Papel Prensa, el cuestionamiento a la firma Fibertel, la gestación del Programa Fútbol para Todos, la adopción de la norma japonesa-brasileña de Televisión Digital terrestre en un plan que aspiraba inicialmente a restar abonados a la televisión por cable y luego la sanción de la Ley Audiovisual son manifestaciones del cambio en la política.

Este listado sería incompleto si no mencionara el incremento de la financiación de medios afines al gobierno con recursos públicos a través de la publicidad oficial cuyo manejo discrecional fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, o si omitiera medidas que protegen el derecho a la libertad de expresión, como la despenalización de las figuras de calumnias e injurias en casos de interés público o la abolición del desacato.

La Ley Audiovisual (mal denominada ley de medios, ya que no regula medios gráficos) tiene carácter inclusivo comparada con el marco regulatorio previo, al comprender a sectores no lucrativos (cooperativas, medios comunitarios y alternativos) en la gestión de licencias, establecer límites a la concentración de la propiedad, exigir a las emisoras estatales pluralismo y diversidad, habilitar la participación de minorías políticas y sociales en los flamantes organismos de aplicación y control y disponer cuotas de contenidos locales e independientes.

Estos objetivos no son fruto de una lectura afiebrada de la norma; surgen de su articulado.

Como sucede en otros países donde se debaten nuevos continentes regulatorios para el audiovisual, las telecomunicaciones e Internet, la ley audiovisual pone en tensión la mercantilización de los contenidos con el interés público. Esta tensión quedó didácticamente expuesta en la audiencia realizada en agosto por la Corte Suprema de Justicia, donde los mejores argumentos de ambas partes fueron desplegados por expertos que, paradójicamente, tienen escasa incidencia en la estrategia que esas partes despliegan.

Es cierto que la ley excluyó la posibilidad de integración de servicios entre las telecomunicaciones y el audiovisual (exclusión reclamada por varios grupos de medios reactivos a la ley y negociada por fuerzas políticas de centroizquierda que apoyaron la sanción de la ley) y que, entonces, la norma no contiene el escenario de convergencia tecnológica que conforma un uso social cada vez más extendido.

También es cierto que no hay país en el mundo que hasta ahora haya logrado una regulación plena y eficaz de la convergencia: la mayoría revisa periódicamente sus normas en función de la vertiginosa metamorfosis del sistema de medios.

Esa circunstancia, junto a la rigidez con la que la ley contempla respuestas frente a la concentración de la propiedad o a la centralización geográfica de los contenidos, así como su permisiva posición frente a señales extranjeras de contenidos que contrasta con obligaciones estrictas para operadores locales, a juicio de este autor demandarían mejoras y actualizaciones si el objetivo es mayor inclusión, mejor acceso, diversidad y pluralismo.

Judicialización: De la guerra abierta al foquismo

La Ley Audiovisual desde el momento de su sanción por el Congreso en octubre de 2009 fue objeto de controversia judicial. Clarín obtuvo tempranamente una medida cautelar que suspendió a su favor algunos pocos, pero centrales, artículos. Recién en diciembre de 2012, el juez Horacio Alfonso emitió un fallo avalando la constitucionalidad de los artículos impugnados por Clarín. Esto sucedió después de que la propia Corte Suprema amonestara a jueces y camaristas por la demora en la consideración del caso, y al Gobierno por la modorra en la aplicación del resto de la ley que no está objetado.

En abril de 2013, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial alteró lo dispuesto en primera instancia. En una decisión favorable al Grupo Clarín, determinó que la norma audiovisual es constitucional en los límites fijados a la concentración de licencias abiertas (radio y televisión) pero es inconstitucional en los límites establecidos para el cable. Estos son impedimentos a poseer más de 24 licencias de cable o a superar el 35% del mercado por un lado, a contar con licencia de TV abierta y por cable en una misma zona por otro y, por último, a que el operador de cable pueda gestionar más de una señal propia.

Así, los camaristas introdujeron la discusión sobre la regulación del cable a la que debe atender ahora la Corte. Esta discusión toca la médula del sistema de medios, ya que Clarín ejerce una posición dominante en el mercado del cable (obtenida gracias a la autorización del ex presidente Néstor Kirchner en diciembre de 2007 para que se fusionaran Cablevisión y Multicanal).

Para la Cámara, la concentración del cable es condición necesaria para posibilitar independencia y sostenibilidad económica. El fallo descansa en la suposición de que una mayor envergadura confiere a las empresas de medios independencia de los gobiernos y les permite ofrecer mejores servicios y a menores precios a sus clientes. En la historia del cable en la Argentina, ambos supuestos se revelan falsos.

Lo que determine la Corte excede el caso Clarín y su contienda con el Gobierno. En efecto, si la premisa de la Cámara fuera correcta, habría que asegurar un alto nivel de concentración para que otros actores alcancen la sostenibilidad inherente a la libertad de expresión. Puesto que la concentración significa que muchos recursos son capturados por pocos actores, la premisa resulta irrealizable.

A la inversa: en el caso de los medios de comunicación, la doctrina interamericana de Derechos Humanos plantea que disminuir la concentración es un estímulo para que otros actores ejerzan su derecho a la comunicación. En palabras de Owen Fiss, la libertad de expresión depende de los recursos de los que se disponen y si éstos están concentrados la libertad de expresión del resto, es decir el interés público, se resiente.

El fallo de la Corte será trascendente pero no cerrará el capítulo judicial de la ley audiovisual. El mismo pasará de la guerra abierta en la que el grupo Clarín impugna artículos completos por un foquismo en el que muchas decisiones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) podrían ser objeto de litigios.

Una ley incumplida

De la gran cantidad de artículos vigentes de la Ley Audiovisual, pocos registran concreción a cuatro años de su aprobación, lo que ratifica la distinción mencionada entre la ley y sus políticas de aplicación:

Incluso parte del articulado de definiciones (algunas de las cuales reclama actualización) es incumplido por la aplicación de la norma que realiza el gobierno y que no garantiza el principio de igualdad ante la ley. En particular, merece consignarse que:

* En el Título II, el Capítulo I no se cumple totalmente dado que el gobierno impidió que asuma funciones uno de los representantes designados por la oposición en el Congreso, y que según la ley (art. 14) debe integrar la autoridad de aplicación de la norma (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA). Buena parte de las funciones de AFSCA (art. 12) no se cumplen, como tampoco las del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECO, art. 15, Capítulo II);

* En el mismo Título II, el Capítulo III refiere a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que es un órgano fundamental para evaluar el desempeño de AFSCA, velar por el cumplimiento de las funciones públicas de los medios estatales y proponer directores de AFSCA y al titular de la Defensoría del Público. Pero esta Comisión Bicameral prácticamente no se reúne por decisión del oficialismo en el Congreso e inacción de las fuerzas de oposición, carentes de políticas en la materia.

* El Capítulo IV del Título II, referido a la Defensoría del Público, está en vías de cumplimentarse dada la tardía conformación de la Defensoría, que tiene actividades de investigación que resultan interesantes y novedosas, así como las audiencias que realiza en el interior del país, donde sin embargo eludió hasta ahora la respuesta cuando los reclamos son realizados por operadores de cable PyMes o cuando el destinatario de las críticas es el gobierno.

* El Título III referido a los prestadores de los servicios audiovisuales (quiénes pueden ser licenciatarios, condiciones de admisibilidad) no se cumple porque los requisitos fijados por ley fueron, en algunos casos, violentados por los planes de “adecuación” de grandes grupos y empresarios que quedan fuera del marco legal y que, no obstante, son admitidos -cuando no alentados- por el gobierno;

* Además, el art. 32 es incumplido por la ausencia de concursos públicos para acceder a nuevas licencias de radio y tv, y un régimen de excepcionalidad creado por el gobierno para otorgar permisos experimentales (que se extienden durante años, como si fueran licencias) por fuera de todo mecanismo de compulsa pública. Así obtuvieron, a dedo (“digitados”), permisos para transmitir en televisión analógica o digital algunas empresas y organizaciones sin que otros actores sociales o empresariales interesados puedan participar en igualdad de condiciones;

* No se cumplen los arts. 33, 34, 35 y 36 de la ley;

* Si se cumple el art. 37 que asigna a Universidades Nacionales, Iglesia Católica y (parcialmente) pueblos originarios autorizaciones. Una de las concreciones que puede exhibir la aplicación de la ley es la señal informativa de la Universidad Nacional de Córdoba (Cba24), que emite en digital.

* Los artículos relativos a transferencias de licencias (41), concentración (45 y 48) se encuentran suspendidos para el grupo Clarín, debido al pleito que está en sede de la Corte Suprema. Sin embargo, para otros grupos estos artículos, pese a estar vigentes, no se cumplen.

* Tampoco se cumplen los artículos referidos a la publicidad de quiénes son los accionistas de las licencias (56 a 68).

* El Capítulo V referido a contenidos de la programación es otro de los aspectos que se incumple, debido en parte a cierto voluntarismo con el que se redactaron las exigencias de porcentajes de contenidos propios en localidades del interior del país. Pero aún en la región metropolitana de Buenos Aires algunas de las disposiciones del Capítulo son incumplidas en la actualidad.

* El Capítulo VI dedicado a obligaciones de los licenciatarios y autorizados está vigente y no se cumple. Este capítulo establece, entre otras exigencias, que los prestadores de servicios audiovisuales informen la pauta de publicidad oficial que reciben o que los operadores de televisión por suscripción –cable y satélite- dispongan de un abono social para la población de menores recursos. También describe las condiciones de gravedad o excepcionalidad en las que debe usarse la cadena nacional o provincial.

* El Capítulo VII sobre derecho de acceso a contenidos de interés relevante se cumple en términos relativos en mayor medida que otros capítulos de la ley, aunque hay lugares del interior del país donde algunos contenidos de interés relevante son transmitidos solamente por televisión por suscripción.

* El Capítulo VIII refiere a la publicidad y presenta objetivas dificultades para ser eficazmente cumplido en un contexto en el que operadores estatales y privados eluden la obligación de atenerse a la tanda que informan a su audiencia.

* El Tïtulo VII de la ley regula los servicios de radiodifusión del Estado nacional a los que asigna el mandato de promover el pluralismo político, social, cultural, religioso, etc., objetivo que es visiblemente incumplido, y define un cuerpo directivo para Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTVASE) que integran fuerzas de la oposición y que, a diferencia del Directorio de AFSCA, si funciona.

Paradojas

Objetar la Ley Audiovisual porque “nació vieja” o es “meramente teórica” es ya un lugar común. Pero si la norma es tan anacrónica e inaplicable, ¿entonces por qué los voceros de este lugar común evidencian tanta preocupación? Si bien es cierto, como se señaló antes, que la ley no contiene el actual escenario de convergencia tecnológica, también es verdad que la transición de usos y costumbres comunicacionales es lenta y que decretar la defunción de los medios audiovisuales es hoy un acto de impaciencia o de ignorancia.

Quienes aparecen en el espacio público como principales defensores de la ley audiovisual son en rigor los promotores de un estado de excepcionalidad sobre buena parte de su contenido. El oficialismo dice que la ley debe cumplirse, acusando al grupo Clarín de desobediencia (tema tratado más adelante), pero es el propio gobierno el que incumple la exigencia de organizar concursos públicos para otorgar licencias televisivas, el que no preparó un plan técnico de frecuencias para posibilitar la reserva del 33% del espectro para organizaciones sin fines de lucro, el que obturó durante años la competencia en el lucrativo mercado de la televisión por cable, el que incumple el capítulo de la ley referido a medios públicos. Además, la aprobación de planes de “adecuación” de grandes grupos privados que están en abierta violación de algunas de las disposiciones de la ley vigente.

Los políticos más reluctantes a la Ley Audiovisual son autores, en muchos casos, de proyectos de ley presentados en el Congreso en años anteriores a 2009. Sus iniciativas preveían más controles a la concentración cruzada, mayor dependencia gubernamental de los medios públicos, menor autonomía de la autoridad de aplicación de la ley (AFSCA).

Los operadores periodísticos del grupo Clarín, que boicoteó la discusión y el tratamiento parlamentario de la ley (así como en pasados gobiernos había resistido también la adopción de una nueva legislación en la materia), denuncian ahora el incumplimiento de la norma por parte del gobierno, exigiendo respeto a la legalidad.

Los detractores del gobierno por su escasa competencia e ineptitud técnica en otras áreas denuncian el texto aprobado por el Congreso (en muchos casos sin haberlo leído) por su presunto “academicismo”, es decir, porque habría existido un sesgo “académico” en su redacción (hemos desmentido este clásico prejuicio anti-intelectual en un artículo que con Guillermo Mastrini escribimos acá: http://www.perfil.com/ediciones/201...).

El principal grupo afectado por la política de medios del gobierno, Clarín, que podría haber sacado ventajas incluso de algunos planteos centrales de la Ley Audiovisual, por ejemplo a través de la desagregación vertical de unidades de negocios (que en su formato actual desincentivan la convergencia y el aprovechamiento multipropósito de una misma plataforma de transportes), se dedicó desde antes de la redacción del proyecto de ley por el oficialismo a torpedear cualquier cambio regulatorio.

Esa reacción resintió el contrato de lectura generalista que caracterizaba a los productos informativos del grupo conducido por Héctor Magnetto y lo coloca frente a la sociedad y a sus competidores como un contendiente del gobierno que esgrime argumentos sobre libertad de expresión cuando en rigor esconde la intención de continuar con una posición dominante en el mercado de la televisión por cable.

Los argumentos más elaborados sobre la Ley Audiovisual por las partes que se enfrentan en la causa judicial (el Poder Ejecutivo Nacional y Clarín) fueron enhebrados en la audiencia pública de la Corte por cuadros técnicos que, en el caso del gobierno, fueron desplazados de la gestión de la política audiovisual y, en el caso de Clarín, no integran el núcleo duro de toma de decisiones de la estrategia del grupo.

Conclusiones

A pesar de exhibir una activa (y en varios aspectos transgresora) política de comunicación, el gobierno eludió los compromisos establecidos por la ley audiovisual. La demostración más clara es la ausencia de plan técnico de frecuencias.

No se sabe, a días de cumplirse cuatro años de la aprobación de la Ley Audiovisual, cuántas licencias hay disponibles ni cuáles están ocupadas por licenciatarios en cada una de las localidades del territorio argentino.

Sin plan técnico no pueden abrirse concursos para otorgar nuevas licencias ni, obviamente, reservar el 33% del espectro para organizaciones sin fines de lucro.

Sin plan técnico no sólo se debilita el conocimiento y la gestión de licencias audiovisuales, sino también la asignación de espectro para telecomunicaciones, sector que puja con insistencia por la falta de frecuencias para expandir las redes móviles, alegando que el pésimo servicio que brindan los operadores no puede mejorar sin nuevas frecuencias (ver http://www.perfil.com/contenidos/20...).

A cuatro años de su sanción una gran parte de la Ley Audiovisual sigue incumplida a la vez que existen modificaciones de diverso calado en la estructura del sistema de medios. Ni el gobierno ni los principales grupos respetan la ley.

Es más, la ausencia de concursos, la falta de información fiable sobre quiénes son los licenciatarios, el guiño del gobierno para que la desconcentración se realice entre accionistas y allegados (estrategia fronteriza con el testaferrismo) de todos los grupos excepto Clarín (que mantiene el pleito por dos artículos de la norma, tema que al cierre de la edición de este artículo estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia), el sobreactuado oficialismo de los medios estatales, la inyección de recursos para promover políticas carentes de controles sociales y políticos, se combinan para desatender la democratización prometida hace cuatro años.

El otorgamiento de permisos experimentales, provisorios, revela la impericia técnica y ausencia de compromiso de la gestión de la política audiovisual y es una afrenta “noventista” a los objetivos y a la letra de la ley, que prometía estabilizar, consolidar y aportar criterios públicos en la gestión de un recurso como el espectro radioeléctrico.

Entre las iniciativas que promovió el gobierno en este lapso cabe consignar la autorización para que provincias, municipios y universidades habiliten emisoras de tv y radio (según corresponda).

En alguno casos hay avances al respecto, que en el marco del escaso cumplimiento de la ley merecen, al igual que en la entrega de licencias para radios de baja potencia a algunas organizaciones sin fines de lucro en lugares del país donde la ocupación del espectro no genera conflictos.

Una política complementaria que ejecutó el gobierno (y que no se inscribe estrictamente en la Ley Audiovisual pero la potencia) fue la realización de concursos para financiar contenidos a través del INCAA. Con ello se dinamizó y equipó una gran cantidad de productoras pequeñas y medianas en todo el país, creando competencias que, de existir en el futuro políticas estables para el sector, conforman una base de aliento a la descentralización de la producción de contenidos.

En los últimos años emergieron conflictos novedosos entre actores tradicionales y flamantes competidores: cooperativas versus PyMes en el caso de la televisión de pago en el interior del país; emisoras de televisión abierta versus señales internacionales en lo relativo a sus beneficios impositivos; diferencias entre organizaciones comunitarias y alternativas en relación al intercambio de conquistas por apoyo político al gobierno; tercerización de la programación versus capacidades laborales subestimadas en los medios de gestión estatal; encuadres sindicales en nuevas ramas de actividad, son algunos de esos conflictos.

A cuatro años de la aprobación de la ley, hay varios movimientos en el mapa de medios, por lo que es inexacto afirmar que, ante la implosión de la expectativa democratizadora, entonces “nada cambia”. Los movimientos que se registran en el sistema de medios responden a una política que no tiene, necesariamente, a la ley audiovisual como referencia aunque la invoca con insistencia. La inyección de recursos estatales para estimular el crecimiento de grupos empresariales como Vila-Manzano o Indalo (Cristóbal López) merecen consignarse como políticas activas que en algunos casos contravienen y en otros corren en paralelo a lo dispuesto por el texto legal vigente.

Así, hay grupos en ascenso (Vila-Manzano, Cristóbal López, Szpolski, Garfunkel-Moneta) y un Estado que emerge como emisor con potencia y una dinámica presencia como operador audiovisual, movimientos que representan novedades en el mapa de medios argentino. En contrapartida, Clarín ve acechado el dominio que ejerció durante décadas. El gobierno y los grupos empresariales más importantes del sector pugnan por relaciones de fuerza distintas a las que expresó el campo mediático desde fines de la década de 1980.

Más allá incluso de la propia ley, la tensión entre la lógica mercantil y el interés público moviliza la inquietud sobre nuevas regulaciones y estimula el ingreso de actores (tanto empresariales como no lucrativos) en el contexto de convergencia tecnológica lo que incomoda a los viejos actores del sector. La inédita discusión social ofrece un espacio de atención privilegiado para ensayar nuevas ideas y propuestas de mejora frente a un escenario que, por motivos políticos, económicos y tecnológicos, se presenta inconcluso.

Martín Becerra es profesor e investigador UNQ, UBA, Conicet. Periodista, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona.

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Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: Exigen legalización para televisoras y radios alternativas, populares y comunitarias

ACTA

"Recientemente la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) autorizó el funcionamiento de 20 canales analógicos de baja potencia".

"Esta medida, firmada bajo expediente número 2613/13, no fue anticipada a ese sector ni se lo tuvo en cuenta, pese a haber asistido a varias, largas y evidentemente inservibles reuniones durante el corriente año.

Otra vez la AFSCA deja afuera a ese sector, en lo que a todas luces se muestra como una política clara de ninguneo a la televisión alternativa, popular y comunitaria.

Esta resolución se suma además al esperado “Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual” (FOMECA), que -si bien tiene como destinatarios a los medios sin fines de lucro y de Pueblos Originarios-, discrimina aquellos que no tienen legalización, autorización o reconocimiento legal, impidiéndoles concursar y profundizando de este modo la desigualdad.

El caso de la televisión es particularmente preocupante. No se han llamado a concursos de licencias desde la suspensión de las restrictivas convocatorias 685 y 686/11, aún cuando por resolución 929 de julio de 2012 la AFSCA se comprometía a elaborar nuevos pliegos en un plazo de 30 días.

A 15 meses de aquel compromiso el Espacio Abierto de Televisoras Populares, Alternativas y Comunitarias de Buenos Aires se pregunta: ¿cuál es el criterio que la gestión de Martín Sabbatella utiliza para autorizar algunos medios y no a todos los que se encuentran operativos? ¡Basta de discresionalidad!

El Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, Populares y Comunitarias viene exigiendo en los últimos años concursos específicos para TV y radio comunitaria dentro de la categoría más amplia sin fines de lucro; un plan de promoción y fomento para los medios comunitarios, sin condicionamientos ni exclusiones; y que el Estado garantice el 33 por ciento del espectro para los sin fines de lucro.

En este marco hemos realizado tres festivales culturales frente a las puertas de la AFSCA, redactamos una propuesta de pliego adaptada a nuestras realidades y hemos transitado incansablemente oficinas en busca de respuestas concretas.

Sin embargo aquellos funcionarios que nos atendieron en lugar de Sabbatella –que nunca aceptó reunirse con el Espacio Abierto de Televisoras Populares, Alternativas y Comunitarias negando en los hechos la existencia de este sector-, y nos aseguraban “estar trabajando en una solución urgente”, jamás informaron de las autorizaciones provisorias ni sobre el FOMECA y sus características. Es una señal evidente de que la legalización de esos medios no está en sus planes.

Por eso el Espacio Abierto de Televisoras Populares, Alternativas y Comunitarias convoca a los medios alternativos, populares y comunitarios a redoblar los esfuerzos. A los referentes del mundo de la cultura y la política, a las organizaciones populares y de trabajadores a acompañarnos en este reclamo: ¡Basta de dilaciones!

- Por el reconocimiento inmediato de los canales y radios alternativas, populares y comunitarias operativos a la fecha del censo de emisoras de baja potencia (res. 03/09).- Por políticas de promoción y fomento democráticas e incluyentes: que se abra el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual a todos los canales y radios censados por resolución 03/09.

– Por concursos específicos para canales y radios comunitarios dentro de la categoría sin fines de lucro.

– Exigimos ser atendidos por la presidencia de la AFSCA, en la persona de Martín Sabbatella.

¡Basta de profundizar la desigualdad! ¡Ley de medios para todos y todas! Legalización Ya".

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Los derechos humanos en los medios tradicionales y en los alternativos

RNMA - ANRED

En la tarde de la segunda jornada del 10° Encuentro de Comunicación Comunitaria, alternativa y popular tuvo lugar la mesa-debate “Los medios de comunicación y los derechos humanos de ayer y hoy” . Participaron Enrique Fuckman de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD); Angélica Urquiza, mamá de Jonathan “Kiki” Lezcano, asesinado junto a Ezequiel Blanco por la policía en 2009; María del Carmen Verdú de CORREPI, y Julio de HIJOS La Plata.

Reproducimos las intervenciones de cada uno de los panelistas:

María del Carmen Verdú

La referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e institucional (CORREPI) inició la mesa destacando el largo vínculo de su organización con la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), que a diferencia de los medios tradicionales están en cada oportunidad que los necesitan y en el trabajo cotidiano: “Quienes laburan en medios compañeros no lo hacen solo desde la difusión sino también en hechos concretos, cuando se los necesita”, y citó como caso puntual el de la causa por el asesinato de Walter Bulacio. Luego de muchos años de lucha, la abogada informó que el juicio contra el comisario Miguel Ángel Espósito por la detención ilegal del joven se encuentra en instancia de alegatos.

Luego hizo un análisis de la forma en que las luchas cotidianas de CORREPI se reflejan en los medios de comunicación, haciendo hincapié en cómo se desarrollaron realmente los hechos y cómo los cuentan los distintos medios. “La represión es una herramienta de ellos contra nosotros y por eso los medios la defienden”, afirmó Verdú y mencionó como dispositivos más visibles para el control social el gatillo fácil, el sistema carcelario y las torturas en comisarías. También se refirió a otras formas menos visibles, cuyo objetivo es la "captación de consenso". En este sentido, habló de las campañas de la “ley y el orden” que estallan en los medios ante ciertos momentos de crisis social y que buscan legitimar y generar consenso sobre las distintas formas de represión.

Verdú recordó la tapa del diario Clarín del 4 de noviembre, un día después del asalto a un banco Credicoop del barrio porteño de Saavedra en el que fue asesinado el cabo Ernesto Ayala, como una fecha paradigmática para discutir la noción de inseguridad y el discurso de los grandes medios para legitimar políticas de “mano dura”. Ese día, Clarín tituló “Asalto a sangre y fuego en Saavedra” inaugurando el comienzo de la instalación mediática de un clima enrarecido de “inseguridad”, en el cual se condensarían los temores por delitos contra la propiedad. El Cabo Ayala fue tomado por la Policía como un símbolo, y esto replicado una y otra vez por los medios, pero lo que nunca se difundió fue el hecho de que uno de los ladrones del banco, quien disparó contra Ayala, era un policía también, que lo ultimó para que no lo reconociera.

Luego Verdú repasó cómo los medios masivos de nuestro país reflejaron sesgadamente los casos de represión y gatillo fácil que tuvieron lugar en los últimos años. Mencionó como ejemplo los casos de Mariano Witis, asesinado por la espalda por la policía cuando era llevado de rehén en una moto, luego de un asalto en un banco y el de Gumersindo Paredes, un trabajador de la construcción que vivía en la villa 21 y que fue asesinado con dos tiros en el pecho por un policía que entró disparando en el barrio persiguiendo a un joven que había robado un colectivo. En el caso de Witis, los diarios titularon que en el episodio “había muerto un inocente”, justificando de ese modo que una de las dos muertes había sido correcta. El problema no era tirar por la espalda, sino que hubiera un rehén. En el caso de Paredes, Crónica tituló “Hampón abatido en Villa 21”. Cuando CORREPI fue al diario a pedir que se rectificase la información, el diario tituló “Denuncian gatillo fácil en villa 21”.

Verdú concluyó: “Cuando es la versión policial, se hace propia y se afirma. Cuando somos nosotros los que sostenemos los hechos de la realidad, o realizamos denuncias contra policías, los medios utilizan títulos como “denuncian que” o “dicen que”. Nunca es una afirmación que el medio hace propia.

Hacia el final de su intervención, Verdú mencionó el caso de los dos integrantes de la RNMA heridos con balas de plomo durante la represión de la Policía Metropolitana en el intento de desalojo de la Sala Alberdi, el 13 de marzo de este año: Esteban Ruffa, fotógrafo de la agencia ANRed, y Germán Darío de los Santos, del grupo de comunicación popular DTL!. Explicó que, aun haciendo hincapié en que los heridos eran periodistas, no se logró que los medios tradicionales mencionaran este hecho. Ni siquiera los medios oficialistas utilizaron esto en contra del macrismo y la noticia no apareció en ningún medio tradicional.

Julio, de HIJOS La Plata

El integrante de la organzación de derechos humanos contó que en setiembre de 1999, la agrupación comenzó a realizar el programa de radio "La Lucha que nos parió", con el objetivo de instalar las luchas de los organismos de derechos humanos y dar cuenta de la continuidad de las políticas represivas.

Luego repasó algunos ejemplos de las maneras en que los medios de comunicación toman la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy. Sostuvo que el Poder judicial publica los fallos de los juicios de una manera dispersa y desestructurada y que el Ministerio Público es el único organismo estatal que realiza cierto análisis de los procesos judiciales a los genocidas pero que, como todas entidades oficiales, difunden algunas cosas y ocultan otras. “No es lo mismo decir que hay 400 genocidas condenados, que además sostener que hay por lo tanto menos de un genocida preso por cada uno de los casi 600 centros clandestinos de detención que hubo en el país", remarcó Julio.

Julio mencionó el debate acerca del traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), impulsado por el gobierno Nacional y resistido por algunos organismos de derechos humanos, defendiendo la autonomía del BNDG que funciona en el Hospital Durán y que pretende ser trasladado al Ministerio de Ciencia y tecnología, excluyendo, además, los casos de filiación que no tengan que ver estrictamente con delitos de lesa humanidad. Julio afirmó que la cobertura del tema por los medios oficialistas y la llamada “corpo” es un claro ejemplo de la manera en que tanto desde el kirchnerismo como de la llamada oposición mediática, enraizada, por ejemplo, en la figura de Jorge Lanata, utilizaron este tema en función de sus propios intereses sin dar cuenta del verdadero eje del conflicto.

Angélica Urquiza, mamá de Jonathan “Kiki” Lezcano

La mamá de “Kiki” no pudo contener las lágrimas desde el momento en que tomó el micrófono. Contó que su hijo, de 17 años, salió de su casa un 8 de julio, diciendo que iba a ver a su novia y que recién luego de dos meses y medio de golpear muchas puertas, tuvieron noticias de la suerte de “Kiki”. Jonathan y Ezequiel estuvieron más de dos meses como “NN” en una morgue judicial, y cuando Angélica llegó al juzgado se enteró que el juez Facundo Cubas, el mismo que la había convocado para reconocer el cuerpo de su hijo había dado la orden de enterrar a Kiki como “NN”.

Jonathan Lezcano y Ezequiel blanco fueron asesinados “a quemarropa” por el agente de la policía federal Daniel Santiago Veyga. El policía declaró que los dos jóvenes lo habían tomado como rehén para robarle el auto y que los había baleado en defensa propia. Sin embargo, Angélica denunció una y otra vez que su hijo había sido amenazado, golpeado y torturado por la policía en numerosas oportunidades. Además, denunció que existe un contundente video que muestra los últimos minutos de agonía de Jonathan, intentando respirar, sentado en el asiento del acompañante de un auto y con un balazo en el cuello, y en el cual quien filma le dice “A ver putito, hace arrancar la camioneta, la concha de tu madre”.

El juez Cubas aceptó como prueba la declaración de Veyga y dio por cerrado el caso. La pelea de Angélica lleva cuatro años de dolorosa y a veces impotente búsqueda de justicia.

Las palabras de Angélica conmovieron a todos los que presenciaban la mesa. “Mi hijo sigue siendo NN. Estoy media cansada con esto de la justicia, que a nadie le importe, que todos se olviden, pero yo no voy olvidar jamás que me falta mi hijo. Que le crean solo a ellos, porque soy de villa 20, porque mi hijo tuvo problemas con el paco. Me lo viven matando, cada vez que no te atienden, cada vez que no te dan bolilla”, sostuvo con la voz quebrada y las lágrimas a flor de piel.

“Cuando Jonathan apareció, los diarios titularon ´Aparecieron los pibes del paco´. Después Crónica Tv vino a filmar el velatorio. Lo mediático es para los que tienen plata, los que viven en Palermo, en barrio norte. Los que vivimos en Soldati, no tenemos nada. Si el juez, los fiscales le creyeron a Veyga, los medios también. A mí los únicos que me ayudaron fueron los medios alternativos”, denunció.

Luego de su conmovedora exposición, Angélica concluyó; “Hablo de corazón abierto, y no voy a parar hasta que Veyga vaya al juicio. Me tengo que conformar, por lo menos con que vaya a juicio, y conocerle la cara a Veyga, y a los fiscales y al juez Cubas, porque nunca me los crucé”.

“Gendarmería, policía, no van a cuidar a la gente, van a hacer sus negocios. Todo eso está haciendo con los chicos en mi barrio. Nunca voy a ver una foto en la que envejezca mi hijo. Me quedó una foto de los 17 años y un cajón cerrado”, lanzó sin disimular ni un poco la bronca, la angustia y la impotencia ante tantas puertas cerradas.

Angélica va a estar declarando el martes a las 10 de la mañana en los tribunales de Talcahuano al 500, en el marco de la reapertura de la investigación por los asesinatos de Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco.

Enrique “Cacho” Fuckman – Asociación de ex detenidos desaparecidos (AEDD)

Enrique “Cacho” Fuckman afirmó que los medios tratan los juicios en función de sus propios intereses. Los primeros juicios por delitos de lesa humanidad que se desarrollaron en 2006 y 2007 en La Plata fueron transmitidos en directo por los medios, lo que generó un impacto importante. Sin embargo, cuando los juicios comenzaron a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires dejaron de transmitirse. Los organismos de derechos humanos llegaron hasta la Corte Suprema para reclamar que se cumpla el derecho del pueblo a saber. La corte emitió una acordada a partir de la cual cada tribunal define si se transmiten o no las audiencias.

Fukman explicó que en otras provincias los juicios tiene un mayor impacto social por lo que los medios se ven obligados a dar cuenta de lo que sucede en las audiencias, incluso los diarios más de derecha.

El integrante de la AEDD habló, además, del caso puntual del juicio por los delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Contó que una periodista de la RNMA hizo crónicas diarias de las audiencias que luego fueron tomadas por medios tradicionales, en muchos casos sin mencionar la fuente, pero lo concreto es que las notas salían, se reproducían.

Fuckman dijo que el principal desafío, entonces, es cómo romper el “cerco informativo” de las grandes corporaciones. En este sentido, aseguró que el cerco comienza a romperse a través de la labor de los medios alternativos, y mencionó el caso de Julio López. Señaló que, gracias a la cobertura que hicieron los medios comunitarios, alternativos y populares de las marchas que todos los meses se hacían para reclamar su aparición con vida, de la utilización de la silueta de López en los distintos sitios web de la RNMA, “Julio deja de estar desaparecido”.

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La memoria de las balas

Carlos Del Frade (APE)

Catorce disparos impactaron contra la casa del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, el viernes 11 de octubre, en el momento del tercer gol de la selección Argentina contra Perú. Fue en el barrio Alberdi, zona norte de Rosario, la ex ciudad obrera, ferroviaria y portuaria. No lo mataron de casualidad. Fue el atentado político más grave de la historia política desde la recuperación de la democracia en 1983.

Cuatro encapuchados se bajaron de dos motos y comenzaron a tirar con pistolas 45, las técnicamente denominadas 11.25. Armas oficiales de las fuerzas de seguridad. Armas de guerra. Casi todas las semanas ocurre algo similar en los barrios. Desde esta columna la semana pasada se publicó una carta de un adolescente que sostenía que en barrio Las Flores, zona sur de Rosario, tiraron contra la escuela y siguieron dando clase. En la causa donde se investiga el triple crimen de Villa Moreno, ocurrido el primero de enero de 2012, las escuchas telefónicas revelan cómo las ráfagas sirven para anunciar que deben pagarse las deudas entre distribuidores de cocaína. Pero ahora el grado de audacia fue mayor.

¿Por qué fue mayor un día viernes y en la zona norte?. ¿Qué pasó en los últimos treinta días?.

Algunos apuntes para pensar, para construir la memoria de las balas que casi le arrancan la vida al gobernador de Santa Fe y su señora.

Porque las balas tienen memoria, como alguna vez enseñara Jorge Luis Borges.

En los últimos cuatro viernes, la ciudad fue escenario de noticias y hechos que parecen señales que marcan un contexto: el 20 de septiembre se difundió la fotografía del jefe de la barrabrava de Central junto a integrantes de Los Monos, la principal banda vinculada al narcotráfico que comenzó a ser desmantelada a fines de mayo de este año como consecuencia de una serie de asesinatos. Esa organización tiene, por lo menos, quince años de existencia.

El viernes siguiente, el 27 de septiembre se produjo el incendio de los archivos del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos que tiene un trabajo social muy fuerte con chicos que intentan zafar del destino de ser soldaditos en la zona norte de la ciudad.

El otro viernes, ya el 4 de octubre, en barrio Larrea, acribillaron a un hombre frente a un bunker, también en la zona norte y ese mismo día decomisaron autos de alta gama atribuidos a un supuesto narcotraficante que maneja los bunkers del oeste y norte rosarinos.

Y el 11 de octubre, como queda dicho, la balacera contra la familia del gobernador.

No parece una casualidad esta última seguidilla de hechos relacionados con las disputas en la zona norte de la ciudad. Y en la misma necesidad de construir un contexto que sirva para pensar el atentado, también es necesario señalar que lo nuevo de la semana que terminó fue la confirmación de la prisión para el Panadero Ochoa, líder de la barra de Ñuls, de parte del excelente juez Beltramone. Esa decisión también marcó un cimbronazo en distintas estructuras mafiosas. Balbuceos que buscan encontrar algo de razón en medio de estas horas de profunda fragilidad existencial.

El sábado por la mañana, se realizó una conferencia de prensa en el llamado Salón Blanco de la gobernación en Rosario.

Allí se mostró la dimensión del atentado contra Antonio Bonfatti: las caras de los principales referentes políticos, no solamente del oficialismo sino también de la oposición, estaban marcadas por la conmoción y la conciencia que por simple casualidad salvaron la vida el gobernador y su mujer. Ningún oficial de la policía estuvo presente.

Y en todos surgió la idea original que hace rato exige la realidad de las mayorías que habitan la ciudad de Rosario: recuperar aquel lugar donde la violencia no era práctica cotidiana.

Hay una especulación que surgió de los diálogos con los dirigentes, la interna de la UOCRA santafesina, además de las organizaciones narcocriminales y las barras.

Pero este presente tiene un pasado.

Estas balas tienen memoria.

Hay que pensar por qué este presente, de quién es hijo y desde cuándo se viene gestando.

En la primera fila de la conferencia de prensa, estaban los ex gobernadores Hermes Binner y Jorge Obeid. Sus caras no eran similares a las de Bonfatti ni tampoco a la de Agustín Rossi, ministro de Defensa Nacional.

Quizás porque son conscientes de lo que hicieron y de lo que no hicieron en esos años donde el huevo de la serpiente creció y se desarrolló, mientras avanzaban maniobras vinculadas al lavado de dinero y comenzaba a multiplicarse la sangre joven derramada en los barrios.

Porque en esa historia silenciada, ninguneada, está el origen de esas balas.

Por eso es fundamental que aparezcan las autocríticas de los diferentes sectores políticos, sociales, judiciales, empresariales y mediáticos. Durante mucho tiempo se miró para otro lado. Esas complicidades forman parte de la memoria de esas balas que casi matan al gobernador de Santa Fe, del mayor atentando de la historia política de los últimos treinta años.

-No luchamos durante años para tener una sociedad donde estos tipos nos quieran hacer vivir encerrados entre rejas. No tienen ningún derecho...-dijo conmovida y con toda claridad, María de los Ángeles “Chiqui” González, ministra de Cultura e Innovación de la provincia en diálogo con este cronista al término de la conferencia de prensa. Tiene razón. Toda la razón. Las balas tienen memoria. Es hora de construirla para intentar que la vida sea mejor no solamente para el gobernador sino para todos los que viven en la provincia y el país.

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Argentina, Tucumán. A 1460 días del asesinato: Chocobar, la justicia y el poder político

CONTRAPUNTO - RNMA - AGENCIA WALSH

Se cumplió un nuevo aniversario del asesinato del referente de la Comunidad Indígena de Chuschagasta y algunas hipótesis se van confirmando. El poder político y el judicial sólo ponen trabas para el inicio de juicio oral que ya tiene tres años de requerimiento de elevación. Una movilización masiva convocada por la Unión Diaguita el 28 de agosto pasado mostró que el reclamo sigue vigente, aunque los 3 imputados y la defensa corporativa entre los terratenientes, la justicia y el gobierno provincial quieran asegurarse la impunidad.

Se cumple un nuevo aniversario del asesinato del referente de la Comunidad Indígena de Chuschagasta y algunas hipótesis se van confirmando. El poder político y el judicial sólo ponen trabas para el inicio de juicio oral que ya tiene tres años de requerimiento de elevación. Una movilización masiva convocada por la Unión Diaguita el 28 de agosto pasado mostró que el reclamo sigue vigente, aunque los 3 imputados y la defensa corporativa entre los terratenientes, la justicia y el gobierno provincial quieran asegurarse la impunidad.

Los hechos

Javier Chocobar fue asesinado el 12 de octubre de 2009 en la comunidad indígena de Chuschagasta (Trancas, Tucumán), en el mismo ataque fue baleado Andrés Mamaní (aún tiene secuelas físicas) y heridos Delfín Cata y Emilio Mamaní; estos hechos de violencia y muerte fueron llevados a cabo por el terrateniente Darío Amin y los ex policías, Humberto “el niño” Gómez y José Valdivieso. (Cinco claves para entender la impunidad).

La tranquera en donde ocurrió el asesinato, está a ocho kilómetros de Trancas, en el Chorro, a escasos 100 metros de la casa de Javier Chocobar.

La familia Amín aparece en la zona de El Chorro y La Higuera en 1959, y con un título de dudosa procedencia reclama como suyo un sector de tierras en donde se asientan la mayor parte de las familias que integran la Comunidad indígena y en el año 2008 comienza la explotación de una cantera de lajas, lugar en donde se produce el ataque con armas de fuego por parte de los 3 imputados contra las familias que protegían su territorio.

Además de la preexistencia y que viven allí desde hace generaciones, esa porción de tierra en realidad forma parte de una expropiación llevada a cabo por el estado en 1973 para ser entregada a sus habitantes, asunto que reclaman desde hace más de una década a los respectivos gobiernos para lograr la entrega efectiva de sus tierras.

A cuatro años de ocurrido el asesinato y sin fecha concreta de juicio oral contra los tres imputados, un repaso de las dilaciones y los intereses en juego.

La justicia

En agosto de 2010 se terminó el proceso de instrucción de la causa a cargo del Fiscal Arnoldo Suasnábar que requirió la correspondiente elevación a juicio oral contra Amín, Gómez y Valdivieso. Se caratuló como homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, basándose en la información. La pena para esta imputación es de prisión perpetua.

Desde el 18 de febrero de 2010 y tras un “error” procesal muy discutible de la Cámara de Casación Penal, los imputados recuperaron la libertad condicional a la espera del juicio. Estuvieron menos de 4 meses con prisión preventiva en una unidad de Bomberos de la provincia de Tucumán.

Se confirmó la realización del juicio recién el 2 de marzo del año pasado, cuando se rechazó uno de los pedidos de la defensa.

La misma Cámara que los dejó libres se excusó de resolver un planteo procesal de la defensa de Gómez y sumó a las demoras procesales en el caso (Voces de la movilización por justicia por Javier Chocobar). Como resultado el juicio ya no se iniciaría en 2013. El abogado Carlos Garmendia, uno de los querellantes, fue claro al referirse que esto “no tiene una explicación racional sino es solamente por la dilación”. Y agregó que hay “un paralelo muy preocupante con el juicio de Marita Verón, que tuvo 8 años de espera por cuestiones procesales”.

El poder político

Cuatro movilizaciones realizó la Comunidad y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) de Tucumán para exigir justicia por Javier Chocobar. De cada una de ellas hubo alguna mesa de diálogo con diferentes ministerios y secretarías del Estado para tratar el tema puntual y de manera general las situaciones de judicialización y violencia que se multiplican y que sufren las comunidades en sus territorios. Poco queda en concreto de ellas.

Gendarmería incluso acompañó el martes 20 de noviembre de 2012 a Darío Amín y su familia para concretar una supuesta orden para hacer entrega de la posesión de la cantera donde ocurrió el homicidio de Javier Chocobar a la Sra. María Sofía Herrera de Amin, madre del imputado. Entraron a diversas casas de familias y comieron impunemente un asado a 50 metros del lugar del asesinato. (Darío Amín en Chuschagasta: una postal de la impunidad). La querella exigió que se tomen medidas de protección de la escena del crimen y se evite la aparición de los imputados en el lugar para proteger a las familias.

En Tucumán, sectores de la justicia, dueños de tierras y funcionarios de gobierno provincial o legisladores son una misma cosa. Por ello el interés de mantener la impunidad. Porque no quieren que se enjuicie a Amín para enviar un mensaje desmoralizador y desmovilizador a las comunidades que sufren una escalada de violencia y judicialización contra sus referentes. Se calculan en más de 50 las causas abiertas en la provincia según un informe de la ONG andhes y de los abogados vinculados a la temática en Tucumán.

Justicia por Javier

La Comunidad Indígena de Chuschagasta como parte de la UPND y el Pueblo Lule están tomando al caso Chocobar como una prioridad dentro de su organización. La masiva movilización de agosto que fue acompañada además por organizaciones sociales, políticas y de DDHH fue de una magnitud importante para Tucumán. (4 años de impunidad: masiva movilización para exigir justicia por Chocobar). Pocas son las marchas que logran dicha convocatoria, sea cual fuere el reclamo.

Este 12 de octubre cuando se cumplan 4 años también encontrará a la comunidad fortalecida realizando un homenaje abierto en su territorio. El reclamo central sigue siendo justicia por Javier Chocobar, inmediata elevación a juicio oral y perpetua para los asesinos. En ese sentido, se viene convocando a la sociedad en general a que conozca el caso y sume voces y participación para lograr estas consignas. La UPND se declaró en asamblea permanente y que seguirá con el reclamo tomando todas las medidas posibles.

En octubre de 2012, en ContraPunto se titulaba “Justicia lenta no es justicia” (Justicia lenta no es justicia). Un año después, a 1460 días del asesinato de Chocobar los hechos no hacen más que reafirmarlo.

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Argentina. En el Regimiento de La Liguria: La Justicia busca restos de desaparecidos en el Chaco durante la dictadura

CHACO DÍA POR DÍA

Con el relato de exconscriptos del año 1976, se reconstruyeron distintas circunstancias referidas a la Masacre de Margarita Belén. En ese marco se pudo identificar el lugar donde fueran dispuestos los cuerpos para su individualización, además de otras situaciones significativas. Se busca además la existencia de una tumba NN en el predio militar.

El pasado jueves se realizó por orden del juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, una inspección judicial en la Unidad de Apoyo Logístico La Liguria de la capital chaqueña, en el marco de las investigaciones sobre el destino final de desaparecidos de la Masacre de Margarita Belén.

La medida había sido solicitada por la Fiscalía Federal y por el abogado querellante, Mario Bosch, en función de poder reconstruir en el lugar de los hechos y con distintos testigos diversas circunstancias que tuvieron que ver con la Masacre de Margarita Belén.

El recorrido por el predio militar de los testigos demandó alrededor de cuatro horas y participaron el querellante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y familiares, Mario Bosch; el fiscal federal "ad hoc" Diego Vigay; referentes del Programa de Protección de Testigos, del Registro Único por la Verdad, familiares de víctimas, el Equipo de Antropología Forense, peritos de Gendarmería Nacional y funcionarios del Juzgado.

Los testigos, quiénes habían testimoniado previamente ante la Fiscalía Federal en razón de haber realizado la conscripción durante el año 1976, fueron detallando durante la recorrida distintas circunstancias vividas en relación a la Masacre de Margarita Belén, desde diferentes ubicaciones dentro del cuartel , ya que pertenecían a distintas unidades.

Así, se pudo reconstruir la salida al caer la tarde y por la entrada principal, de la columna de 6 o 7 vehículos militares entre los que se encontraban los camiones donde fueron trasladados los detenidos políticos desde los centros de detención y al menos una ambulancia claramente identificada.

Por otro lado, los distintos testigos pudieron identificar el lugar donde estuvieron alojados los cuerpos para su supuesta identificación por parte de peritos de la Policía del Chaco y que los mismos habían sido trasladados en una ambulancia. Refirieron que los cuerpos que pertenecían a personas jóvenes se encontraban apilados y desnudos, y que uno al menos se trataba de una mujer.

Además, los testigos fueron coincidentes en señalar el hecho de la exhibición de un vehículo automotor de color claro, con claras muestras de haber sido baleado y con manchas de sangre, como parte de la versión oficial del Ejército Argentino que intentó vanamente encubrir los fusilamientos.

Finalmente, los exsoldados relataron distintas circunstancias particulares vividas, como el haber encontrado al realizar tareas administrativas los legajos de personas detenidas conocidas, el haber sufrido todo tipo de castigos incluso estaqueamientos y hasta el caso del asesinato de una veintena de perros que vagabundeaban por la unidad militar con el argumento de que molestaban.

Por último, también acompañó la inspección un testigo que referenció un lugar dentro del predio donde podrían existir tumbas NN. Ante esta situación la Fiscalía Federal solicitó una medida de no innovar sobre el sector señalizado.

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Argentina: 17 Presencia en “la Cuarenta”

OCRN

El 12 de octubre, una combinación de grupos ambientalistas efectúa acciones de protesta simultáneas y alcanza -con resultados disímiles- distintos puntos de reunión distribuidos a lo largo de la RN-40. El despliegue se ha decidido durante un encuentro que mantuvo la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en la capital de Corrientes, entre los días 20–23 de junio.1 La mítica RN-40, creada en 1935, flanquea de norte a sur la cordillera de los Andes, conectando con sus 5140 kilómetros de extensión once provincias argentinas. Entre las exigencias que se plantean durante la jornada -unas cuarenta- se enumeran tres fundamentales: 1) la prohibición de la megaminería, especialmente la uránica; 2) la erradicación de la técnica del fracking en las explotaciones de petróleo y gas de reservorios no convencionales; 3) la derogación de la Ley 26734, conocida como antiterrorista.

Neuquén: “Hay un tesoro”

El 16 de julio, el presidente de YPF, Miguel M. Galuccio, y el responsable de las operaciones de la estadounidense Chevron para África y Latinoamérica, Ali Moshiri, sellaron una alianza estratégica con la finalidad de explotar el yacimiento petrolífero no convencional Vaca Muerta.2 El programa, a desarrollarse en un sector de 395 kilómetros cuadrados que comprende las áreas denominadas Loma La Lata Norte y Loma Campana -a unos 90 kilómetros al noroeste de la capital neuquina-, especifica como meta alcanzar una producción de 50 000 barriles de petróleo y tres millones de metros cúbicos de gas natural por día en 2017.3 El representante de la petrolera con base en California, dijo: “La explotación de los recursos no convencionales puede revolucionar el paradigma energético de la Argentina, como ocurrió en Estados Unidos” (see ¿Futuro no convencional?).

“El pueblo está despertando; acá se está muriendo la tierra. No me parece que sea revolucionaria la forma de obtener los recursos que nos sacan y se llevan. No es viable para la vida”, dice Lorena Encina Viviani, de 32 años, quien milita en la Coordinadora Abierta en Defensa del Acuífero de Zapala.4 Ella cuenta:

La RN-40 atraviesa toda nuestra provincia; es impresionante ver la cantidad de camiones que pasan. Acá tenemos un gran circuito minero-petrolero. Zapala es el centro estratégico de la provincia de Neuquén: a diecisiete kilómetros se realizó el primer pozo con el método no convencional. Y bajo la ciudad tenemos un acuífero importantísimo.

A la semana siguiente, el día 24 de julio por la tarde, al firmar el decreto por el cual se concede a YPF el área a explotar conjuntamente con Chevron, el gobernador de la provincia, Jorge A. Sapag, aseguró: “Hemos vivido esclavos del síndrome del agotamiento de recursos naturales; los últimos años se nos dijo: hay reservas para seis años, para siete, para ocho... Estamos seguros, en el subsuelo está el tesoro escondido. Pero ese tesoro sólo servirá si con el fruto de nuestro sacrificio somos capaces de generar con la riqueza del subsuelo riqueza sobre él”. A poco, el 10 de septiembre, Sapag afirmaría que “... el gas y el petróleo todavía tienen un papel que desempeñar en la historia de los pueblos”, para luego añadir que Neuquén lleva 95 años produciendo gas y petróleo, una actividad “invasiva” del subsuelo: “Por supuesto, ¿quién no lo sabe? Lo importante es que esa invasión del subsuelo se haga con toda la tecnología, con todas las reglas del arte y de la ciencia”. Viviani explica:

En realidad, bajo la tierra sí hay un tesoro: la vida. Invaden las tierras de nuestra provincia porque, realmente, lo que les interesa es llevarse la plata. Lo único que les importa es venderle a la sociedad el discurso de que para que la provincia se pueda seguir sosteniendo económicamente, y que los trabajadores puedan tener buenas condiciones de vida y los aumentos de sueldo que piden, hace falta invadir la tierra. ¿Qué visión tengo yo de estos personajes que nos representan? Que son nefastos. ¿Por qué no proponen otras formas de obtener energía? ¿Por qué no nos ofrecen otras alternativas?

Mendoza: “Una clara derrota”

El 3 de septiembre, el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, señaló que la Subsecretaría de Minería y Energía es “... la que más riqueza le puede dar a la provincia”. Lo hizo al poner en funciones a Pedro Sánchez, sobre quien recayó la labor de conducir la dependencia, y unos seis meses después de que la brasileña Vale, por una u otra razón, abandonara la construcción de una mina de potasio en el extremo sur mendocino (y con ésta el objetivo de hacer de la Argentina “uno de los mayores exportadores de potasio del mundo”).5 De Río Colorado -en cuya construcción Vale llevaba invertidos más de dos mil millones de dólares-, las últimas noticias que llegaron indicaban que el gobernador, Francisco “Paco” Pérez, durante una visita comercial por Asia que realizó al promediar el mes de abril, intentó convencer a algunas empresas indias y chinas de que se hagan cargo del proyecto (see La retirada de Vale).

Federico C. Blonda tiene 21 años de edad y milita en la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza. Él recuerda: “Estaban poniendo (en marcha) el proyecto de potasio más grande del mundo. Con ese argumento vino la Presidenta el año pasado a inaugurar la pista aérea que tenía el proyecto”.6

Se sostuvo lo que las asambleas decíamos: estas empresas trasnacionales vienen solamente a saquear y contaminar, sin importarles el desarrollo y el progreso del lugar. Río Colorado dejó a muchísima gente desempleada, sobre todo en Malargüe, que era el departamento “más beneficiado” por el proyecto. (Vale) no va a volver; está esperando un cambio de Gobierno. La cuestión es bastante clara: si la exportadora de hierro más importante del mundo dejó el proyecto, dudamos de que otra empresa secundaria quiera venir a invertir. Es una clara derrota del modelo extractivista que plantea el Gobierno nacional. Los trabajadores ya no ven una salida laboral estable, tal como advertíamos nosotros, y las cosas se van complicando cada vez más. No vemos factible que el proyecto pueda retomarse en un plazo de, por lo menos, diez años.

La Rioja: “Terminar con el paradigma”

A primeros de julio, la minera canadiense Osisko no tuvo más remedio que anunciarle a EMSE (Energía y Minerales Sociedad del Estado) que finalmente se retiraba de Famatina en vistas de un clima de inversión “poco atractivo” y, esencialmente, a consecuencia de las dificultades que tuvo que enfrentar para asegurarse la simpatía de la población local, la que, en último término, acabó dando al traste con sus ilusiones. De resultas de la decisión, la empresa perdió los tres millones de dólares que, para el 30 de junio, ya había gastado en el proyecto de exploración, centrado en la búsqueda de oro (see Osisko, embarrancada en Famatina).

María Pía Silva, de 28 años, milita en la Asamblea por la Vida de Chilecito. Según describe, en la provincia la minería fue siempre una cuestión controvertida: “Es como que en épocas de campaña electoral el Gobierno la saca de agenda. Los candidatos oficialistas no están hablando del tema, pero, sin duda, la megaminería es política de Estado en La Rioja”.7 Sobre el tropiezo de Osisko, Silva aclara: “Si bien la empresa ha reconocido que sufrió una pérdida, y lo vivimos como un logro, no tenemos todavía la constancia de que realmente se haya dado de baja el contrato: en el Boletín Oficial nunca se publicó”.

Venimos siguiendo (la publicación de) los boletines y estamos viendo la entrega de tierras a todo tipo de empresas, no solamente mineras, sino también petroleras. Hay más de dos millones de hectáreas que están en manos privadas: son muchísimas hectáreas entregadas a espaldas de los riojanos. Por la RN-40 pasan los camiones que van a Catamarca, a Bajo de la Alumbrera (see Entre Tinogasta y Roma), y los camiones que vienen de San Juan, desde Veladero. No solamente nos une como ruta del saqueo, sino también como comunidades en resistencia. Cada uno encontrará su forma, el lugar y la manera, pero todos nos movilizaremos en el mismo momento y por un mismo objetivo: terminar con este paradigma extractivista y con la idea de que, a como dé lugar, se tiene que hacer plata con los recursos.

Notas:
1) El vigésimo desde la fecha de su nacimiento, el 20 de julio de 2006.
2) Vaca Muerta cubre un área de alrededor de 30 000 kilómetros cuadrados, de los cuales YPF controla un cuarenta por ciento, territorio en donde, a principios del mes de octubre, más de un centenar de pozos realizaban una aportación diaria de cerca de 13000 barriles de petróleo.
3) La primera fase del acuerdo YPF-Chevron, a ejecutarse en una zona de solo veinte kilómetros cuadrados, implicará el desembolso de 1240 millones de dólares y la perforación de más de cien pozos. Más adelante, la segunda etapa requerirá la perforación de otros 1500 pozos adicionales.
4) Entrevista telefónica realizada el 10 de octubre.
5) En un mensaje enviado el 9 de abril a los parlamentarios de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado argentino, Vale argumentó que se vio “obligada” a decidir la suspensión del proyecto en razón a que, a últimos de 2010, tan pronto como hubo iniciado la construcción de la mina, los Gobiernos provinciales comenzaron a pedirle a la empresa la realización de obras “no necesarias para la operación” y cuyo coste se calculó en unos 1500 millones de dólares.
6) Entrevista telefónica realizada el 12 de octubre.
7) Entrevista telefónica realizada el 11 de octubre.

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FAO: 14 millones de mujeres rurales de América Latina tienen empleos no agrícolas

XINHUA

La oficina regional de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO), difundió hoy que de 2010 a 2013, el número de mujeres latinoamericanas de zonas rurales que trabaja en actividades no agrícolas pasó de 9,6 millones a 14 millones.

En un estudio de la FAO, dado a conocer en víspera del Día Mundial de la Mujer Rural, que se celebra el 15 de octubre, el organismo señaló que el empleo rural no agrícola engloba a todos los habitantes rurales que trabajan fuera del sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca).

Soledad Parada, consultora de la FAO explicó que las mujeres que tienen empleos rurales no agrícolas generan ingresos que son claves para su autonomía económica y para la seguridad alimentaria de sus familias.

No obstante, subrayó, faltan políticas para mejorar sus condiciones de trabajo, que reflejen estos cambios en la estructura laboral rural.

La oficina regional del organismo en Santiago indicó que el 45 por ciento de las mujeres mayores de 15 años que habitan en áreas rurales están ocupadas, y el 10 por ciento de ellas trabaja en empleos rurales no agrícolas, los cuales se han incrementado tanto entre las mujeres como en los hombres.

Este tipo de empleo creció un 29 por ciento entre las mujeres y un 27 por ciento entre los hombres durante el periodo 2000-2008.

"Esto nos muestra que el panorama laboral de las áreas rurales está cambiando. Por ende, las políticas públicas de los gobiernos y las intervenciones de la sociedad civil y de los organismos internacionales deben considerar este cambio para implementar acciones para fortalecer el empleo y la seguridad alimentaria", dijo Parada.

Sobre la participación de las mujeres en el empleo no agrícola, Parada explicó que éste ofrece ventajas a las mujeres en términos de barreras a su entrada al mercado laboral, mejores condiciones de trabajo, flexibilidad de horarios y una menor discriminación.

De acuerdo con la FAO, el 53 por ciento de las mujeres ocupadas en empleos no agrícolas son asalariadas (porcentaje que sube a 75 por ciento en el caso de los hombres ocupados en ese trabajo).

El 29 por ciento de ellas trabaja por cuenta propia y pocas mujeres trabajan sin remuneración (7 por ciento), sobre todo en comparación con la situación en la agricultura.

Más del 70 por ciento de las mujeres rurales que trabajan en otras actividades tienen menos de 45 años.Algo más de la mitad de ellas son casadas o conviven con una pareja y más del 80 por ciento vive en hogares de tres o más personas.

El 27 por ciento proviene de un hogar encabezado por una mujer, mientras que por los hombres es sólo del 12 por ciento.

En 2010, el total de empleados rurales en la región ascendía a 48,4 millones de personas, de las cuales 21,7 millones trabajaban en en áreas no agrícolas.

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