jueves, 17 de octubre de 2013

Resolución de la ONU 2118 sobre armas químicas en Siria: El arma de doble filo

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Se constata diariamente en Siria un incremento de los atentados terroristas así como un avance del Ejército Árabe Sirio en combatirlos. El fenómeno no es nuevo y es intermitente. Cada vez que se abre un surco para la negociación política y el gobierno Sirio ve reafirmada su autoridad, el péndulo gira hacia el extremismo más irracional de los que sostienen el plan para derrocar el gobierno.

El gobierno Sirio ha hecho todo lo posible, política y militarmente, para detener al terrorismo y lograr la pacificación. Rusia igualmente ha denunciado en el Consejo de Seguridad de la ONU la duplicidad de criterio en algunos miembros de este Consejo, por no haber actuado con más voluntad para combatir el terrorismo y posibilitar la solución política. Es así que la reciente Resolución CSONU 2118 sobre Armas Químicas en Siria se podría interpretar en la figura del arma de doble filo.

Entra en la zona gris del terrorismo que la ONU se ha negado a enfrentar como tema prioritario. El eje de esta resolución consiste en un plan de adhesión a la Convención sobre Armas Químicas (CAQ). En un nivel complementario y hasta subsidiario, aparece la necesidad de llevar adelante el plan de paz y realizar la conferencia denominada Ginebra II. Sobre el terrorismo que asola a Siria la resolución es aséptica.

Lo paradójico, porque la política es una paradoja permanente, es que el desmantelamiento de un arsenal de armas químicas es apoyado por una resolución que hace abstracción del terrorismo. Además, la iniciativa es erróneamente atribuida a la OPAQ, que la hizo merecedora del premio Nobel de la Paz, también una equivocación producto de una esmirriada visión nórdica del conflicto Sirio. Es decir, si se sigue esta lógica, continuaremos escuchando y observando actividad terrorista en Siria a granel.

Esta última resolución para que tenga efectividad y la misión tenga eficacia en destruir el arsenal debe estar acompañada de un seguimiento estricto de la resolución de Naciones Unidas 1373, que obliga a los gobiernos a combatir decididamente el terrorismo en todos los países.

En este sentido la resolución 2118, a pesar de la ardua negociación entre Rusia y Estados Unidos, es unilateral. Le asigna la mayor parte de la responsabilidad al gobierno Sirio para el éxito de la misión internacional de desmantelamiento del citado arsenal. En su artículo No 11, “urge a las partes Sirias trabajar en estrecha colaboración con la ONU y la OPAQ”…. El párrafo concluye: “Se reconoce que la responsabilidad primaria (del apoyo y la seguridad de la tarea), le corresponde al Gobierno Sirio”. El terrorismo que sufre Siria debe estar contemplado como una preocupación global y dejó de ser parte de un conflicto local, y esta resolución es precaria en este aspecto fundamental.  

En esencia, si no se desarticula el plan de derrocar al gobierno, o la idea de una negociación sin el presidente Bashar Al –Assad, habrá más sorpresas que certezas en el proceso. Si no se resuelve el envío de armas y la ayuda a un fragmentado frente de rebeldes, la resolución no libra a Siria de convertirse en la pieza que se sacrifica en el gran juego. Un conflicto que se armó con un objetivo a corto plazo y que después se distorsiona hasta perder el control y generar una crisis regional generalizada, puede dispararse en cualquier sentido.

En política internacional el realismo por lo general bordea el escepticismo. Sin embargo en la caja de sorpresas que ha sido la crisis Siria, es recomendable aplicar una buena dosis de ese realismo y que es precisamente la consistencia que ha demostrado Siria en su diplomacia y en el manejo político para su protección.

Hay antecedentes para esta postura. Antes de que el secretario de estado de EEUU. John Kerry asumiera, cuarteles especializados en golpes mediáticos propagaron que él venía como un "salvador" por ser cercano al presidente al-Assad. Poco después de asumir Kerry los atentados incrementaron, se produjo el ataque de Israel en la periferia de Damasco del 5 de mayo, y la espiral de violencia aumentó hasta derivar en el tema de las armas químicas.

En este sentido, Arabia Saudí, Israel, Qatar, Turquía, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, que en diferentes roles, medidas y tiempos han sido los baluartes en el plan de derrocar al presidente Sirio, aprovecharán cualquier brecha que surja del mar de contradicciones y forzarán las oportunidades para cumplir con el objetivo trazado. No es concebible el que después de casi tres años de implementación y una inversión de varios miles de millones de dólares, el plan desemboque en un triunfo político y militar del gobierno.

La política internacional consiste en “canjes y trueques: esto por lo otro. Y, en la medida que la solución de la crisis Siria esté vinculada estrechamente a la resolver el tema nuclear de Irán, en vez de abordar la contingencia del terrorismo, las negociaciones estarán condicionadas a un tipo de decisión entre potencias que tienen que ver con los equilibrios de poder que son cuestiones de mediano y largo plazo. Hay que evitar una expectativa desmedida en el lado práctico de las resoluciones de la ONU cuando existen agendas cruzadas en las potencias tradicionales y emergentes y se explican las inconsistencias con más inconsistencias.

Otros factores permanecen menos visibles. El papel de las corporaciones transnacionales aparece sospechosamente ausente en la generalidad de los análisis. También se detecta un exceso de triunfalismo anti imperialista a raíz de la resistencia Siria a la injerencia extranjera. Se observa particularmente el rebrote de un antinorteamericanismo encarnado ahora en la figura de Barack Obama y su gobierno y un deslindar responsabilidades en cuanto al papel de otras naciones.

Este enfoque impide ver el cuadro mayor. Hay una decadencia del sistema internacional que hace 30 años busca la solución política a través de la economía o la guerra. Hay que estudiar detenidamente los conflictos post guerra fría que han derivado en guerras o crisis humanitarias y es el patrón común. Son una mayoría de naciones las responsables en adoptar ese patrón. Siria no aceptó los términos de la globalización por lo tanto había que derribar su gobierno y acabar con su estrategia de desarrollo.

Asegurar soluciones en el conflicto Sirio es una apuesta riesgosa si no se desactiva el plan de derrocar al gobierno. Por otra parte, mientras se mantenga el influjo de terroristas en Siria, ese plan estará abierto en los cuarteles generales de la Alianza Transatlántica. Una situación condiciona la otra. Cuando en tres cuartas partes de Siria no exista terrorismo y el acecho de fuerzas armadas informales, se podrá recién hablar de un cese al fuego y de que los inventores del plan lo dieron por terminado.

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Las razones del general Giap

Manuel E. Yepe (especial para ARGENPRESS.info)

Un cálido homenaje tributó la nación vietnamita a su emblemático héroe Vo Nguyen Giap, Comandante en Jefe del Ejército Popular de Vietnam y, junto a Ho Chi Minh, épico combatiente de las guerras de su país por la independencia, la reunificación y el socialismo, fallecido en Hanoi el 4 de octubre, a la edad de 102 años.

Giap concitó la admiración y el respeto de todo el mundo por sus extraordinarias hazañas militares, pero no en todas partes el tributo de recordación fue igualmente sincero.

En Estados Unidos, el historiador y periodista Nick Turse logró insertar en el New York Times una colaboración suya dirigida a poner en claro que las declaraciones de ex oficiales de las fuerzas armadas estadounidense reconociendo los méritos militares del General Giap publicadas por ese diario seguían una perversa orientación común que pretendía rebajar los méritos del genial estratega militar vietnamita. Según criterio de Turse, todos ellos conducían, de alguna manera, a la idea de que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam porque el General Giap no vacilaba en utilizar una cantidad desmesurada de fuerzas porque los soldados vietnamitas eran muy baratos, razón por la cual los estrategas norteamericanos no podían competir en este aspecto de la batalla.

"La vida humana en el Oriente no tiene tan alto precio como en el Occidente," es una famosa frase del general de EEUU William C. Westmoreland. “Los vietnamitas aceptaban grandes bajas porque no daban mucho valor a la vida humana”, ha dicho el jefe militar cuyas fuerzas fueron derrotadas y acabaron huyendo en desbandada de Vietnam. Paradójicamente, Turse considera que, “la derrota de Estados Unidos fue probablemente resultado, en buena medida, de las víctimas vietnamitas que causamos, no sólo en el fuego cruzado militar, sino como resultado directo de nuestra política y tácticas”.

Mientras que casi 60.000 soldados estadounidenses murieron, unos 2 millones de civiles vietnamitas perecieron y millones más fueron heridos o desplazados durante la intervención de los Estados Unidos en Vietnam, según estimación de investigadores y fuentes del gobierno estadounidense.

Turse explica que “enfurecidos, disgustados y enajenados por los abusos de que eran víctimas por parte de las tropas estadounidenses que decían ser sus aliados, civiles vietnamitas sin inclinación alguna a favor de nuestros adversarios, les ayudaban”.

“Ahora, cuatro décadas más tarde, en tierras lejanas como Pakistán y Afganistán, los ciudadanos de esos países igualmente valoran a Estados Unidos como enemigo, porque Washington les ha convertido en daños colaterales de una guerra contra el terrorismo con la que ni siquiera el pueblo estadounidense se identifica”.

Tras una década analizando archivos por mucho tiempo clasificados de una extensa investigación penal militar, transcripciones de Cortes marciales, estudios del Congreso, trabajos periodísticos y testimonios de soldados estadounidenses y civiles vietnamitas, Turse concluye que quienes en verdad han mostrado desprecio por la vida humana han sido el general Willam Westmoreland, sus subordinados, superiores y sucesores.

Ello deriva esencialmente de la estrategia estadounidense de matar tantos “enemigos” como sea posible y juzgar el curso de la guerra por el conteo de los cadáveres (body count). Estados Unidos declaraba zonas de fuego libre a amplias franjas en el territorio de Vietnam del Sur– donde podía eliminarse a cualquier ser vivo. A ello unía un fuego de artillería destinado a mantener al enemigo en constante inquietud, obligando a cientos de miles de civiles a desplazarse a barrios marginales y campamentos de refugiados.

“Habiendo entrevistado a sobrevivientes de masacres ejecutadas por fuerzas de Estados Unidos en Phi Phu, Trieu Ai, My Luoc y tantas otras aldeas, puedo afirmar con certeza que era falsa la evaluación de Westmoreland” declara Turse.

“Décadas después de terminado el conflicto, los pobladores aún lloran a sus seres queridos - cónyuges, padres, hijos, muertos en horribles sacudidas de violencia. Me dijeron que, luego de vivir por años bajo bombas, proyectiles de artillería y helicópteros artillados norteamericanos, ellos consideran que nada podría ser más cruel o despreciativo de la vida humana que las políticas estadounidenses”. Sobra decir que el genio militar, político y humano del General Giap, que lo llevó a ser conocido en Occidente como “el Napoleón Rojo” o “el General que humilló a Occidente” era producto y reflejo de un pueblo extraordinario que, como él, ha sido capaz de las mayores proezas ante contrarios con mayores recursos materiales, a base de iniciativa, audacia y sorpresa.

Los soldados que el genio militar de Giap comandaba no eran “muy baratos”, sino muy valientes y muy imbuidos de amor a su patria y a la justa causa por la que luchaban.

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Panamá: Fracasó encuentro de la ‘Alianza’ y empresarios

Marco A. Gandásegui (h) (especial para ARGENPRESS.info)

Está reunido en Panamá el nuevo híbrido emergido de los laboratorios neoliberales desarticulados por la crisis financiera global de 2008, pero aún sobreviviendo gracias a las políticas de despojo. Se trata del IX Encuentro Empresarial Iberoamericano, promovido por los gobiernos de España y EEUU, que reúne una treintena de empresarios de la región y sus contrapartes peninsulares con varios jefes de Estado latinoamericanos.

La reunión de los empresarios se efectúa casi simultáneamente con la XXIII Cumbre Iberoamericana de gobernantes del nuevo y viejo mundos que se inaugura mañana viernes en la ciudad de Panamá.

Lo que distingue al Encuentro fue el intento de mezclar mandatarios, empresarios y facilitadores como Juan Cebrián y Carlos Montaner. Desde la década de 1990 los ‘think-tank’ norteamericanos proponen que las empresas con más éxito de la región deberían reemplazar a los gobiernos en lo que se refiere a la planificación y ejecución de las políticas públicas. No es casual que la reunión en Panamá sigue esos lineamientos que parecieran estar en la agenda de quienes controlan las altas finanzas internacionales.

Los organizadores del Encuentro pretendieron, en un principio, reunir a los empresarios más poderosos de la región con los presidentes del grupo de países que conforman la ‘Alianza del Pacífico’. Este grupo es impulsado por EEUU para integrar un bloque capaz de subvertir la integración regional y, a la vez, bloquear comercialmente a China. Entre los mandatarios fueron invitados Sebastián Piñera (Chile) y Ollanta Humala (Perú), países dependientes de sus ventas mineras a China. Además, están los presidentes Enrique Peña (México) y Manuel Santos (Colombia). Ninguno de los mandatarios llegará hoy a la mesa redonda anunciada. Sólo apareció el presidente de Paraguay, Horacio Cartes. Danilo Medina, de la República Dominicana, también amenaza con hacer una presentación. Los mandatarios de Costa Rica, Laura Chinchilla, y Ricardo Martinelli (Panamá), quienes aspiran ingresar a corto plazo a la Alianza del Pacífico, no mostraron entusiasmo con el encuentro.

Los mandatarios de los países de la ‘Alianza del Pacífico’se caracterizan por sus posiciones ideológicas conservadoras y, además, por favorecer a la empresa privada mientras que reprimen a los trabajadores. Todos, a la vez, han celebrado tratados de comercio con EEUU que han debilitado a sus respectivas economías. Cada uno de estos países también ha celebrado, entre ellos, acuerdos bilaterales de promoción comercial.

Los últimos en hacerlo fueron Panamá y Colombia que tienen una relación comercial asimétrica. A pesar del acurdo, Panamá no puede convencer a Colombia que abra sus puertas a la producción china que pasa por la Zona Libre de Colón.

Están asistiendo al Encuentro empresarial, los ejecutivos iberoamericanos más poderosos. Se destacan en la lista Antonio Brufau, presidente de Repsol, quien encabeza la ‘Armada’ empresarial española.

De los países miembros de la Alianza del Pacífico, están Carlos Yepes, presidente de Bancolombia, Blanca Treviño, presidente de Softek de México y José Graña Miro-Quezada, empresario de la construcción peruano. De otros países no miembros de la Alianza participan Isabel Novoa, del imperio bananero de Ecuador, Ricardo Poma, presidente del Grupo Poma de El Salvador, Ricardo Silva, vicepresidente del Banco Espíritu Santo de Sao Paulo, Brasil, Lorenzo Mendoza presidente de las Empresas Polar de Venezuela, Alejandro Bulgheroni presidente del Grupo OHL de Argentina y Pedro Heilbron, vice-presidente ejecutivo de la línea aérea COPA.

Lo que tienen la mayoría de estos empresarios en común es que en los últimos 20 años han pasado de millonarios a convertirse en multi-millonarios. Además, se entienden muy bien con los personajes gobernantes de los países de la Alianza del Pacífico y con el mentor de la iniciativa, EEUU.

El acercamiento de los empresarios con los presidentes es una muestra de las buenas relaciones de éstos con aquellos. Las políticas públicas en estos países han permitido elevar las tasas de ganancia de los empresarios sin que exista una correspondencia con el sector productivo. La llamada prosperidad que celebran los empresarios y sus contrapartes en el mundo gubernamental, sólo se puede aplicar a ese uno por ciento de la población que tiene acceso a los capitales especulativos que circulan aún en las economías estancadas.

En España, cerca del 27 por ciento y más del 56 por ciento de los más jóvenes militan en el desempleo. En los países de la Alianza del Pacífico la desigualdad ha aumentado casi en un 50 por ciento. En EEUU las cifras son contundentes. En el caso de Panamá, el gobierno nacional se opuso a que se realizara la encuesta quinquenal del Banco Mundial a principios de año para no revelar la pobreza extrema en que ha caído un sector cada vez más grande de la población.

La pieza faltante en la reunión empresarial es la creciente actividad militar en la región. Precisamente, en los países miembros de la Alianza los gastos militares se han multiplicado en los últimos años. Países como México y Chile han comprado armamento muy sofisticado. Colombia gasta cerca de dos mil millones de dólares al año en armamento. Panamá gastó más de 500 millones en los últimos tres años. El tema lo pueden agregar a la agenda a última hora.

Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.

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CIADI: La menemización del kirchnerismo

Sergio Szulman (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

Festejado con febriles subas en títulos públicos y acciones de empresas privatizadas, y saludado por todas las cámaras empresariales, el gobierno selló un acuerdo de pago con cinco empresas que tenían fallos a favor en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal del Banco Mundial. Son multinacionales que ganaron contratos leoninos durante las privatizaciones menemistas. La norteamericana Azurix “abandonó la concesión del servicio de agua potable y cloacas bonaerense en noviembre de 2002 en medio de un caos generalizado” (La Nueva Provincia, Bahía Blanca); Aguas del Aconquija (de la multinacional francesa Vivendi) debutó a fines de 1995 con un aumento tarifario del 100%, a los pocos meses entregaba “agua negra, de pésima calidad y no potable” y se “negaba a acatar resoluciones del Ente regulador” (informe de la fiscal del Estado de Tucumán). Las restantes multinacionales están vinculadas con la energía y el negocio de los seguros de accidentes laborales (ART).



Vuelta de tuerca

En enero pasado, abogados del gobierno denunciaban al tribunal del Banco Mundial como una “oficina jurídica puesta al servicio de empresas multinacionales” y anunciaban la pronta salida del CIADI, argumentando la necesidad de recuperar “soberanía legislativa y jurisdiccional” (Noticias Argentinas, 1º/13). Ahora, acata los ‘fallos’ de un tribunal no judicial que la obliga a pagar más de 500 millones de dólares más intereses, lo que hará con títulos públicos -o sea más deuda externa. El gobierno aduce que logró el ingreso de 67 millones de dólares en inversiones nuevas, lo cual no es cierto, pues van a la compra de un título, el Baade -o sea más deuda externa-, que ingresarán con ‘premio’, al cambio del dólar paralelo.

Estos reconocimientos de pagos a las privatizadas que se fueron del país, son “un ‘esquema tipo’ en adelante para eventuales fallos adversos” (La Nación); la cola en el CIADI compromete más de 20.000 millones de dólares, como mínimo. Como contrapartida, el Banco Mundial renovará créditos que vencían en los próximos meses por 3.000 millones de dólares y que estaban trabados por el gobierno de Estados Unidos. Los préstamos del Banco Mundial están asociados con inversiones y obras que, sin embargo, se ejecutarán en pesos. El reendeudamiento externo, por lo tanto, sólo servirá para hacer frente a vencimientos de deuda externa por más de 20.000 millones de dólares en los próximos dos años, que ya no pueden afrontarse sólo con el Banco Central, la Anses y otros organismos públicos, vaciados durante una década para sostener un mentiroso “desendeudamiento”. El pago al CIADI es un gesto hacia Obama, a cambio de una gestión de éste en favor de Argentina ante las cortes norteamericanas por los juicios de los ‘fondos buitres’.

Este giro hacia los “mercados” se suma a la entrega de la explotación petrolera a Chevron y Pan American, y la reapertura del canje de deuda a favor de los fondos buitres. En la misma línea está la manipulación estadística de los datos de crecimiento, que obligará el año próximo a otro pago de 4.000 millones de dólares por el cupón PBI.

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Daniel Campione: "Hay que reivindicar la idea militante del intelectual" I

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Con Daniel Campione seguimos esta serie de entrevistas sobre el rol de los intelectuales en tiempos de frivolidad y mediocridad por doquier.



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Balada para un voto... (Parte I)

Alfredo Grande (APE)
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No volverán las obscuras golondrinas, porque por 6 pesos las terminan de morfar” (aforismo implicado)

He mencionado en varias ocasiones que la realidad se organiza en lo que denomino el “alucinatorio social”. Alucinaciones visuales y auditivas. Se ve y se escucha lo que más se quiere ver y oír. Voces que vienen desde los medios, los celulares, los parlantes, los gritos en las calles y en los restaurants, gritos y aullidos donde todo es ruido sin sonido ni palabras. Imágenes que vienen de las infinitas pantallas cada vez más gigantes de televisores, computadoras, filmadoras, cámaras de fotos.

El “alucinatorio social” se programa desde centros de poder que bombardean con tweets, mensajes en Facebook, correos electrónicos personalizados, avisos que se filtran en nuestras computadoras. Es tanta la información que todos estamos globalmente desinformados. Y como la percepción y el pensamiento desaparecen, la alucinación y el delirio ocupan casi todos los espacios.

Un ejemplo es cuando atendemos el teléfono y escuchamos: “te llama ..” Claro, es una grabación, pero para eso tenemos que pensar. Pero pensar implica esfuerzo y tiempo, dos variables poco frecuentadas. La ausencia de pensamiento crítico es ocupado por la saturación de consignas muy breves, donde el marketing electoral toma una dimensión grotesca.

El espacio gratuito cedido a los partidos políticos transforma un mensaje partidario en una caravana de palabras petardos donde hay demasiado ruido y casi ninguna nuez. El macabro complemento es que los analizadores que nos permiten entender la trama de esta democrática cultura represora son obviados, ninguneados, banalizados, despreciados.

Un botón de muestra es la situación con el vicepresidente de la Nación. Hasta la intervención quirúrgica de la Presidenta, teníamos un vicepresidente que en ocasiones había ocupado la Jefatura del Estado por viajes de la primera mandataria. Todo muy republicano.

Sin embargo, y dado que la razón de estado tiene razones que el corazón no entiende, si bien hubo una firma ante el escribano mayor de gobierno donde se certificaba el traspaso, el vice sigue siendo eso: vice.

Aparentemente, el traspaso no fue publicado en el Boletín Oficial. O sea: tenemos un vicepresidente que es presidente en ejercicio pero solamente en el alucinatorio social. En la real politik todos hablan del secretario legal y técnico que no es un representante votado por el pueblo como el verdadero poder político. Lo curioso es que el vicepresidente que no es, porque si lo fuera estaría donde constitucionalmente tiene que estar, acata la silenciosa y no tanto, destitución. Porque el tema es que ha dejado de ser vice ya que si lo fuera, sería presidente por el lapso necesario hasta que la presidenta vuelva a sus funciones. Repito esto porque yo mismo caigo en el alucinatorio social. Hoy podemos decir que en la realidad, Boudou no existe.

En el mundo de las play station partidarias, parece que todavía si. Las PASO, que algunos no pasaron y otros dieron malos pasos, se convirtieron en un test para diagnosticar los deseos ciudadanos.

Por lo tanto le sirvió al Gobierno para hacer lo que se negaba a hacer.

Por ejemplo: modificar el impuesto al salario. O la escala de autónomos. En el alucinatorio social, las PASO son elecciones. Sin embargo, es un laboratorio para evaluar que hay que modificar para intentar ganar las elecciones reales.

Las PASO son una encuesta obligatoria y globalizada. Hoy es el día de la lealtad. Pero esa lealtad también es alucinatoria. Hay diversidad de lealtades y por lo tanto, multiplicidad de traiciones. Como en los amores de estudiantes, hoy un juramento y mañana, ayer y hoy, una y varias traiciones. Y cuando digo alucinatorio, también digo abstracto. Ideal. Palabras vacías que refieren a realidades ausentes.

Transcurrimos un momento destituyente, un golpe de estado super blando donde se ha desplazado la sucesión presidencial sin ningún tipo de obstáculo institucional, y el mundo sigue andando.

El Poder Ejecutivo está acéfalo pero no lo percibimos porque alucinamos que hay algo donde existe la nada El nombre del alucinatorio político social es Zanini. Obviamente, desde arriba derraman alucinaciones y delirios para abajo. La gente y sufrida gente se pelea sin saber por qué. La barra de Colegiales aparece protagonizando escenas que el Dante no pudo incluir en algún círculo del infierno. Las barras bravas no son barras sino estamentos permanentes del poder deportivo y partidario.

Los partidos de fútbol se juegan sin hinchada visitante e incluso se jugarán sin público. El fútbol tampoco existe a pesar que sigue el ritual del fútbol para todos. La realidad virtual no necesita cascos ni cables ni bluetooth. Lo virtual y lo real ya no pueden diferenciarse. Hay un Scioli bueno que combate por Cristina y hay un Scioli malo que combate a Cristina. Y la diferencia la hace + a, que parece una fórmula matemática mas que un programa de gobierno. Para sostener el alucinatorio, el candidato oficialista es MI, por lo tanto no es necesario entrar en detalles. Digo, detalles programáticos.

La política de los guiños, las muecas, los sobre entendidos, la desmentida permanente, llegó para quedarse y para agrandarse. Cabandié mediante, la Gendarmería hace operaciones destituyentes pero a nadie le llega el correctivo necesario, versión menor y miserable del escarmiento que alguna vez debía tronar.

En el alucinatorio social todo es posible, lo que es totalmente opuesto a pensar que otro mundo es posible. Se reemplaza la lucha política, clasista, anti capitalista, solidaria y nunca solitaria, por un electoralismo berreta, donde todos esperan el milagro de la multiplicación de los votos y las urnas. El sistema no es representativo, no es republicano y mucho menos federal. Pero se sigue manteniendo, porque aún aquellos que lo combaten, sostienen sus fundamentos. Quizá sea necesario cantar:

Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao...
No ves que va la urna rodando por Callao;
que un corso de astronautas y niños, con un vals,
me baila alrededor... Vení! ¡Bailá! Votá!!!.

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Inseguridad: ¿es “más policía” una solución?

Gaston Sardelli (PLAZA DE MAYO)

El crimen es un problema que preocupa a la sociedad. ¿Pero es la mano dura una salida? Gastón Sardelli, miembro de Airbag, brinda una posición alternativa.

Sí, la calle da miedo. Sí, hay que combatir la inseguridad. Pero antes, hay que reflexionar sobre los por qué y, luego, los cómo. Debemos formularnos una multiplicidad de preguntas antes de decir “hace falta mano dura, hacen falta policías”. ¿Qué intereses estructurales hay detrás de los delitos? ¿Qué vínculos hay entre el Estado, las empresas y los delincuentes? ¿Más policía resuelve el problema?

La impunidad que brinda el aparato estatal a sus funcionarios y la corrupción que le es propia es un negocio que va desde la complicidad en delitos como la trata de personas y el narcotráfico a los desarmaderos y zonas liberadas. En todos los casos el Estado está presente con alguno de sus funcionarios. Y eso lo sabe desde el cadete en una comisaría hasta los gobernantes. Y si lo saben, ¿por qué nadie hace nada? Es simple: porque es su negocio. El negocio del dinero y la dominación.

Los servicios de seguridad privada, los bancos, los barrios privados, las aseguradoras, incluso las instituciones de salud y educación privada, todos, hacen de la inseguridad un negocio. A más inseguridad significa aislarse más del resto de la sociedad y eso se traduce en una forma de consumo muy lucrativa. Peor aún, también significa que todo el dinero que genera la delincuencia necesita encontrar su camino a la legalidad, obviamente, por medio de bancos y diversas estrategias financieras

Sabemos, y lo demuestra la historia, que la verdadera función de los aparatos represivos como gendarmería, policía, ejército, camuflados bajo el rol público de velar por el orden social y “cuidarnos”, tienen como fundamento principal ser la fuerza de choque de las clases dominantes sobre los trabajadores -que en su mayoría no logran reconocerse como clase dominada.

Esto es básicamente porque no podemos pensar una sociedad donde el trabajador sea consciente de que es el actor principal y el que puede dirigir la sociedad. Nada mejor para un gobierno -y los sectores de poder a los que estos representan- que reforzar la “seguridad” a fuerza de aparatos represivos: cuando más los necesiten más tendrán a su disposición.

La policía estuvo preparada para salir a reprimir a los vecinos que en asamblea se opusieron a la construcción del mega negocio inmobiliario del Vial Costero. También reprimió a los trabajadores de Kraft, la multinacional gigantesca que decidió despedir cientos de ellos. Podemos recordar el caso de Luciano Arruga, el joven desaparecido por la policía tras negarse a robar para ellos. O pensar el rol de la policía en el asesinato de Mariano Ferreyra, dejando la zona liberada para que la patota político-sindical actúe con total impunidad sobre los trabajadores movilizados. Son solo algunos ejemplos aunque bastaría con citar el rol que tuvieron aquel diciembre del 2001. Todos casos donde vemos el verdadero rol que tienen las fuerzas de seguridad. Pero cuando hay un desarmadero, un prostíbulo o un narcotraficante, que todos saben dónde están y cómo funcionan, la policía y el Estado, no aparecen. ¿Por qué?

Tener “seguridad” implica plantearnos otro tipo de sociedad. Una donde el trabajador sea el protagonista de cada decisión y acción. Desarticular al Estado actual que vela por los intereses de unos pocos y construir un Estado con participación real de cada uno de nosotros. Vale decir que en lugar de “pedir más policía”, deberíamos apoyar propuestas como que cada barrio, con sus asambleas de vecinos, controle y dirija las comisarias. Es decir, revertir los órdenes, cambiar las reglas de juego que hoy favorecen la corrupción y el delito organizado. Poner a la clase trabajadora como protagonista en la toma de decisiones en todas las cuestiones colectivas que afectan su vida individual.

Cuando hablamos de trabajador hablamos de todo aquel que no se hace dinero a costa del sudor de otro. Trabajador es aquel que recibe dinero a cambio de vender su fuerza de trabajo -física o intelectual-, o ese que tiene su micro emprendimiento y explota él mismo su capital, su kiosko de barrio, o ese que estudia para luego devolverle a la sociedad su conocimiento, el que es jubilado o que está desocupado o desempleado.

Entonces definitivamente no se trata de más policía. Porque más policía significará más elementos para reprimirnos en nuestras luchas, más protección para los narcotraficantes y redes de trata, más vínculos entre el crimen organizado y el Estado, más protección para los gobiernos cuando los pueblos se levantan.

Necesitamos organización ciudadana y de forma urgente. Pero para poder hacerlo necesitamos articularnos con aquellos movimientos y partidos políticos capaces de favorecer estas iniciativas. Partidos como los que forman el Frente de Izquierda tienen entre sus propuestas medidas que favorecerían este tipo de desarrollo social.

Como todo derecho, la “seguridad”, necesaria para poder vivir libre, se conquista mediante la unión de los trabajadores.

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Boletín de CORREPI

Hora de alegatos en el caso Bulacio / Tucumán: La lucha de los estudiantes contra la militarización y los abusos sexuales en la UNT / Milton Ponce: Gatillo fácil y movilización popular en Saavedra / A 10 años de la desaparición de Iván Torres / Libertad a los presos políticos.

Hora de alegatos en el caso Bulacio
El 11 de octubre, después de que, por varias semanas, se escucharan las declaraciones de los testigos traídos por la fiscalía y la defensa, comenzó la etapa de alegatos en el juicio contra el ex comisario Miguel Ángel Espósito, el único imputado formal en la causa iniciada por la detención tortura y muerte de Walter Bulacio.
Con la presencia en la sala de Graciela Scavone, mamá de Walter, y sus hermanas Lorena y Tamara Bulacio, los compañeros María del Carmen Verdú e Ismael Jalil comprimieron, en poco más de dos horas, la historia de un expediente cuyo tiempo de tramitación, 22 años y medio, supera largamente los 17 años que tenía Walter cuando fue asesinado.
La multitud de compañeros que se acercaron a presenciar la audiencia superó ampliamente la pequeña capacidad, pero, aun así, los que pudieron ingresar eran una clara muestra de los distintos sectores históricamente comprometidos con la lucha antirrepresiva, y con la causa Bulacio en particular. Allí estuvieron los referentes de organizaciones compañeras, como el Movimiento Teresa Rodríguez; MTR 12 de Abril; Asambleas del Pueblo; TORRE; PRML-CUBa; Convergencia Socialista; Liga Socialista Revolucionaria; Organización de Trabajadores Revolucionarios; Partido Obrero; Tendencia Piquetera Revolucionaria; 29 de Mayo; HIJOS zona Oeste; Junta Interna del Garrahan; CeProDH; SITRAIC; Coordinadora Antirrepresiva Oeste; Corriente de Estudiantes del Pueblo; Sala Alberdi; APEMIA.
Junto a ellos, se apiñaban un grupo de profesores del colegio nacional Rivadavia, donde Walter cursaba 5º año, y, por supuesto, los compañeros de CORREPI, entre los que se destacaban los familiares de víctimas de la represión policial que eran la mayoría en la pequeña sala. Ellos son la prueba viviente de que el caso Bulacio no es un hecho del pasado, referido, como nos dicen desde el poder, a “cosas que ya no pasan”, y que no es un policía, es una institución, y que esa institución es el brazo armado del estado, dirigido por el gobierno de turno.
Junto a compañeras que llevan tanto tiempo, o más incluso, que la familia Bulacio en CORREPI, como Estela Rivero, cuyo hijo Peca fue asesinado por la bonaerense en 1989, por ejemplo, estaba Luis Guerra, papá de Matías, fusilado por un policía metropolitano este mismo año, junto a las familias de David Vivas y Javier Alarcón o de Carlitos Abregú, todos ellos asesinados en 2013.
Nuestros compañeros Jalil y Verdú reiteraron que este juicio, al que logramos llegar con la constante militancia que no permitió que se cerrara la causa como lo trató de hacer cada gobierno desde 1991, es la mejor muestra de lo que está dispuesto a hacer el estado, cualquiera sea el que lo administre, para defender sus políticas represivas. Denunciaron que a diario hay pibes como Walter presos sin razón alguna en una comisaría, levantados arbitrariamente con la averiguación de antecedentes, las faltas o contravenciones y las razzias, y sometidos a mecanismos igualmente arbitrarios, como el “procedimiento de entrega del menor”. Y que muchos de ellos, como Walter, no salen vivos de las comisarías.
Repitieron que hubiéramos preferido, aunque nos llevara otros veintipico de años, un juicio en serio, con todos los responsables materiales y políticos acusados por todos los crímenes cometidos el 19 y 20 de abril de 1991, y cerraron con el agradecimiento de CORREPI a todos los que, de mil maneras distintas, se comprometen a diario con la lucha antirrepresiva. Finalmente, pidieron el máximo de la pena que la acotada condición de este juicio nos permitía, 6 años de prisión para el comisario. Cuando terminaron, al cerrado aplauso lo siguió el grito histórico, Yo sabía que a Bulacio lo mató la policía, que se unió al que venía de la calle, donde esperaban centenares de compañeros tras la bandera con la misma consigna.
Ya afuera, y bajo la atenta mirada de los gendarmes, que tuvieron a su cargo el “operativo de prevención”, como si el color del uniforme nos hiciera alguna diferencia, hubo un acto en el que cada organización trajo su saludo y ratificó su compromiso con la lucha antirrepresiva. Cerró la hermanita de Walter, Tamara, que en nombre de su familia y de CORREPI agradeció el sostenido apoyo de todas las organizaciones y compañeros, y trajo el emocionado recuerdo de su abuela, nuestra compañera Mary, que no pudo estar presente porque su salud sigue delicada.
El 15 de octubre alegará el fiscal Fornaciari, y una semana después será el turno de la defensa del comisario. El alegato completo está subido en: http://www.cij.gov.ar/nota-12305-Caso-Walter-Bulacio--piden-seis-a-os-de-prisi-n-para-un-excomisario.html

Tucumán: La lucha de los estudiantes contra la militarización y los abusos sexuales en la UNT
Desde hace más de un mes, los estudiantes de San Miguel de Tucumán tienen tomadas cuatro facultades de la UNT (Filosofía y Letras, Psicología, Ciencias Naturales y Artes), como medida de lucha frente a una serie de abusos sexuales y violaciones que se vienen dando en las inmediaciones de esas facultades y de otras más de la misma universidad.
Si bien esos abusos son una práctica sistemática, junto con el negocio de la trata y la desaparición de mujeres y niños, de los que son responsables policía y el gobierno (no olvidemos el patrullero que llevó a Marita Verón de regreso al prostíbulo cuando había logrado escaparse, ni al comisario y oficial de la 11ª y la 6ª que fueron denunciados hace un mes por violación y abuso, respectivamente), hubo dos hechos que desencadenaron la medida de lucha por parte de los estudiantes. El primero fue la violación de una estudiante de Trabajo Social en las inmediaciones de la facultad.
La chica fue secuestrada por un auto, donde dos hombres la amenazaron y abusaron. Al día siguiente, los estudiantes se reunieron en una asamblea masiva. Se decidió hacer cortes de calle para exigir el esclarecimiento del hecho y el boleto estudiantil gratuito, ya que uno de los problemas con el transporte es que es caro y deja a los estudiantes a unas cuadras de las facultades, por lo que tienen que atravesar a pie un parque, que es donde se concentran los ataques hasta ahora conocidos. Los estudiantes exigen que ese boleto sea para todos los niveles, desde inicial hasta universitario, como también para docentes y no docentes, y además exigen que eso no implique un tarifazo, sino que lo paguen las empresas privadas de transporte, que están subvencionadas al 100% por el estado.
Lo que hizo el gobierno fue llenar de policías la zona: la Facultad de Filosofía y Letras está rodeada de uniformes afuera y de policías de civil adentro, que se dedica a vigilar a los estudiantes; la de Medicina está militarizada: los estudiantes sólo pueden entrar por el garaje y mostrando la libreta; los estudiantes de Cine tienen prohibida la entrada al Canal 10, lugar donde cursan; en Odontología pusieron 64 cámaras y en la Quinta Agronómica pusieron más de cien efectivos, además de que la gestión amenazó con desalojar y reprimir un festival que los estudiantes hicieron para apoyar la toma.
Todas estas medidas, por supuesto, profundizaron el desamparo de los estudiantes, que tuvieron que organizarse entre ellos para no circular solos por ningún lado, ya que son permanentemente amenazados y hostigados por la policía.
Al poco tiempo de ocurrido lo de Trabajo Social, otra estudiante fue atacada en Odontología, pero la policía y el secretario de Seguridad provincial, Hofer, salieron a desmentirla, con el argumento de que fue “sexo consentido”. La fueron a buscar a su casa y la forzaron a retirar la denuncia, a pesar de que el médico ya la había revisado y había constatado la violación. Ante esta situación, los estudiantes decidieron tomar las facultades.
El plan de lucha continúa, agregándose, a la exigencia del boleto, la declaración de emergencia en violencia sexual y doméstica y presupuesto para los comedores estudiantiles que se están empezando a autogestionar.
Durante la toma, los estudiantes no sólo tuvieron que lidiar con los proyectos propuestos por los consejeros de La Cámpora y Franja Morada, que pretendían pasar por encima a la asamblea y proponer, por un lado, un tarifazo para concretar lo del boleto, y por otro, un comedor estudiantil sin el control estudiantil real. Además, durante la toma, tres referentes de la Franja Morada abusaron de dos chicas jujeñas. La respuesta del gobierno fue poner más policías en las facultades, con lo cual están aumentando los hostigamientos a los estudiantes y, sobre todo, a las estudiantes, que son aquellas a quienes tratan de amedrentar con amenazas de abusos y violaciones.
Mientras la FUT arregla con el rectorado en la mesa chica cómo van a negociar las reivindicaciones de los estudiantes, éstos siguen organizándose en las facultades y siguen saliendo a la calle a exigir la desmilitarización de la UNT, el boleto estudiantil y presupuesto para el comedor estudiantil que se mantenga bajo control de los estudiantes.
Desde CORREPI apoyamos la lucha de los compañeros tucumanos y volvemos a decir que son precisamente aquellos que, dicen, “están para cuidarnos” o “hacer justicia”, los que manejan el negocio de la trata, los que controlan el negocio del robo y la droga, los que abusan y violan mujeres y matan un pibe por día por gatillo fácil. No le podemos pedir al estado que nos proteja de la violencia que él mismo administra y genera: inseguridad es la policía en las calles (y en las facultades).

Milton Ponce: Gatillo fácil y movilización popular en Saavedra
El 29 de septiembre, en el barrio porteño de Saavedra, El 29 de septiembre, en el barrio porteño de Saavedra, Milton estaba con sus amigos en una plaza. Enfrente hay un salón de fiestas, donde se estaba festejando una comunión. Allí estaban el policía bonaerense David César Cabaleiro y su hermano José Cabaleiro, oficial de la Metropolitana.
A raíz de una broma que Milton y sus amigos hicieron a uno de los invitados de la fiesta que salió a la vereda, aparecieron los hermanos policías. Hubo una discusión, y el bonaerense David César Cabaleiro decidió resolver la situación de la única manera que saben hacerlo quienes integran las fuerzas represivas del estado: con una bala a la cabeza de Milton, quien llegó inconsciente al hospital Pirovano. Un caso más de gatillo fácil que expone bien cómo las fuerzas de seguridad actúan en conjunto. El policía bonaerense disparó, mientras que su hermano, policía metropolitano, se dedicó a encubrirlo. Escondió el casquillo y minimizó el hecho frente a los vecinos que observaban pasmados. Pero la cooperación no terminó ahí.
Mientras los amigos de Milton lo llevaban al hospital, llegó al lugar un patrullero de la policía federal. Entre la versión de los vecinos, y la de sus colegas metropolitano y bonaerense, no dudaron. Se fueron, total el hecho no era tan grave como para detener a sus colegas de otra jurisdicción.
Frente a la represión y el encubrimiento, los amigos y vecinos de Milton no bajaron la cabeza ni eligieron el silencio. Esa misma noche, cientos de personas marcharon hacia la comisaría 49ª para denunciar lo ocurrido. ¿La respuesta? Más represión.
La policía, junto a las demás fuerzas represivas del estado, mata un pibe cada 28 horas. Los uniformes y las placas que levantan su arma, apuntan y disparan contra jóvenes provenientes de los barrios populares en todo el país, en total silencio mediático. Pero no pudieron silenciar el caso de Milton. El secretario Berni tuvo que anunciar la remoción de la cúpula de la comisaría 49ª, mientras los hermanos bonaerense y metropolitano iban presos, gracias a que los amigos y vecinos de Milton se organizaron y salieron a luchar, demostrando, una vez más, que la movilización popular es el único camino para arrancar nuestras reivindicaciones.

A 10 años de la desaparición de Iván Torres
Ivan Torres tenía 26 años. El 2 de octubre de 2003 fue detenido –con la excusa de la averiguación de antecedentes– por los policías de la Seccional 1ª de Comodoro Rivadavia. Esa fue la última vez que se lo vio con vida. Sabemos que lo llevaron a la comisaría, donde las hojas del libro donde estaba anotada su entrada están arrancadas; sabemos que lo torturaron; que mientras agonizaba lo cargaron en un auto y que, en el trascurso de estos diez años, la policía o grupos que actúan para las fuerzas de seguridad, asesinaron a 7 testigos directos de su detención y tortura.
En Comodoro Rivadavia, nadie se quedó quieto ante la desaparición de Iván, como tampoco ante los casos de fusilamientos en los barrios populares de la ciudad o el hostigamiento constante que ejercen las fuerzas de seguridad del estado. Los compañeros de AGARRE (Acción Grupal Antirrepresiva) se organizaron a partir de esta desaparición. En aquel momento la agrupación se llamaba “El que calla otorga”. Hoy, ya conformados como AGARRE, articulan la lucha contra la represión a nivel nacional con CORREPI y otras organizaciones antirrepresivas dentro del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo).
Al cumplirse una década de la desaparición de Iván Torres, fuimos invitados a participar en las actividades que organizaron desde el miércoles 2 de octubre, que comenzaron con un escrache a la comisaría donde desapareció Ivan, seguida de una conferencia de prensa y un recital de poesía, para terminar el sábado siguiente con una radio abierta y marcha. También hubo una charla debate en la Universidad de Comodoro y muchas actividades de difusión.
En Chubut, una provincia gobernada por el PJ desde hace diez años, los casos de gatillo fácil, las torturas en comisarías y las desapariciones perpetradas por las fuerzas de seguridad son moneda corriente, tal como sucede en el resto del país. Iván forma parte de una larga lista de más de 200 personas que fueron detenidas, torturadas y desaparecidas por la policía, la gendarmería o el uniforme de turno desde 1983 hasta hoy, 30 años en los que, desde CORREPI, denunciamos que más de 4.000 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del estado.
En todo el país, y todos los días, seguimos organizándonos para luchar, para forjar más lazos entre los que padecemos este sistema de opresión.

Libertad a los presos políticos
Mientras seguimos celebrando la libertad de los presos políticos de Bariloche, finalmente excarcelados a fuerza de organización y lucha, y advertimos que siguen procesados, por lo que será necesario redoblar la pelea para obtener su absolución, sigue la campaña por la absolución de los petroleros de Las Heras y la libertad de los de Corral de Bustos.
Desde hace días, las organizaciones que confluyen en el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Sociales acampan frente a la Casa de la Provincia de Córdoba, en Callao y Sarmiento, para exigir la libertad de los compañeros presos, desde hace más de dos años, por la pueblada en Corral de Bustos. Con actividades diarias como proyecciones, charlas, visitas de artistas solidarios y de referentes del campo popular, sigue firme la campaña.
Por otra parte, se intensifica el esfuerzo por obtener la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras, acusados por gravísimos delitos, a punto tal que, para seis de ellos, la fiscalía y las querellas pidieron la pena de prisión perpetua. Aunque el juicio terminó hace semanas, recién a principios de diciembre se conocerá la sentencia, con una dilación extraordinaria que sólo se explica por el intento de desarticular la fuerte solidaridad que, a pesar de muchas dificultades, entre las cuales la distancia no es la menor, rodeó el proceso. En ese marco, y para sostener la visibilidad de una causa que nos criminaliza a todos los trabajadores, esta semana se realizó en la localidad santacruceña una importante jornada de lucha. Desde Buenos Aires viajaron compañeros del comité de apoyo, que se sumaron a las organizaciones políticas y sindicales patagónicas, que recorrieron la ciudad con una nutrida columna.
Cada día debemos profundizar la unidad de acción en la lucha por la libertad de los presos políticos y el cierre de las causas contra los que se organizan para luchar.

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Caminar en la oscuridad: Bajar la edad de imputabilidad a los menores

SERPAJ

Lamentablemente estamos asistiendo a una campaña electoral donde abundan candidatos que hablan de la “seguridad” reduciendo todo a las cámaras de vigilancia y a más medidas represivas, pero que no hablan de cómo enfrentar el problema del crimen organizado como la trata, el narcotráfico y los talleres esclavos, ni tampoco de la desigualdad, la marginalidad, la violencia social y estructural. Que no tienen la capacidad, ni la voluntad política de enfrentar el grave problema que viven los niños en estado de riesgo social, ni de la complicidad de ciertos sectores de poder con esas redes mafiosas. Los chicos que delinquen son víctimas de una sociedad injusta.

La seguridad no es sinónimo de poner más policías y endurecer las leyes penales. Llevar militares a hacer tareas de gendarmes y llevar gendarmes a hacer tareas de policías diciendo que eso es seguridad, genera mayor inseguridad y malestar. Es fortalecer un Estado represivo por sobre el Estado de derecho, atentando contra las funciones para las cuales fueron creadas esas instituciones. La seguridad es proteger derechos y penar al que los violan más allá de su clase social, siempre dentro del Estado de Derecho. Los militares están formados para destruir al enemigo, no para proteger derechos civiles.

El Evangelio es muy claro para los creyentes, los no creyentes y los pertenecientes a otras religiones: "Lo que le hagas a uno de estos niños, a mi me lo haces”.

Lamentablemente hay funcionarios que quieren bajar la edad de imputabilidad de los chicos, a quienes acusan de delincuentes, y guardan silencio al ver que esos niños son víctimas de una sociedad injusta que los margina, los persigue, los explota y denigra.

Desde la Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), que represento, llevamos muchos años de trabajo junto a jóvenes en estado de riesgo social y hablamos desde la práctica cotidiana. Junto con otras organizaciones sociales, formamos un espacio para la vida y la esperanza, con educación y participación. Estas son las Aldeas de jóvenes para la Paz, que brindan capacitación laboral, educación y recreación.

Por eso invito a los legisladores y otros funcionarios a que se levanten de sus cómodos sillones del parlamento, y recorran los barrios no muy lejos de donde se encuentran, y verán a los chicos abandonados durmiendo en las estaciones de trenes y las calles o siendo forzados a delinquir por redes de crimen organizado como el narcotráfico.

¿Acaso algunos de ustedes les preguntó a esos chicos cuál es su seguridad?

Ningún chico quiere vivir en la calle. Ellos necesitan del amor y la ternura de su pueblo, de sus familias y la comunidad.

Parte de nuestra sociedad ve con indiferencia el sufrimiento de esos chicos que hacen hasta lo imposible para sobrevivir en una sociedad que los castiga, simplemente por ser pobres. Esa actitud indiferente es igual a caminar en la oscuridad social, sin posibilidad de conocer el rumbo.

Hace un par de años, publiqué una nota sobre los “barrios privados” de Tucumán, los que como muchos otros en el país, están privados de escuelas, de asfalto, de centros de salud y de viviendas dignas. Más privados, imposible. Pero eso sí, con mucha seguridad, siempre rodeados de policías y gendarmes. No para protegerlos sino para reprimirlos, y que no molesten a “la gente bien” (con dinero). Todo en nombre de la “seguridad”.

En este sentido quiero recordar al querido hermano que tanto hizo para compartir su vida con los niños, el padre Carlitos Cajade, con los “Chicos del Pueblo”, junto a tantas organizaciones que día a día viven y acompañan a los niños; que reclaman al Estado Nacional y las provincias que implementen políticas públicas y que no cierren sus puertas por falta de recursos, que paguen las becas adeudadas a las organizaciones para continuar el trabajo con los niños. Organizaciones que están sufriendo la falta de atención desde el Estado y que afecta a los niños.

Dentro de esa lucha también está la solidaridad de las madres de los barrios, que unidas tratan proteger a los chicos y procurarles lo poco que tienen.

No podemos desconocer que el gobierno nacional avanzó en algunos aspectos, como es la asignación universal por hijo, que es un avance. Pero aún es insuficiente, hay que generar más espacios educativos y deportivos de contención para los niños y jóvenes, estar abiertos al dialogo, y escucharlos.

Una sociedad que no protege a sus niños, es una sociedad que hipoteca el presente y pierde el futuro.

¿Quién o quienes son responsables de la violencia contra los niños y jóvenes?

Es necesario visibilizar la situación de los jóvenes que son víctimas de las redes de crimen organizado. También es necesario que los padres y educadores, como toda la sociedad, observen la imposición de una cultura de la violencia a través de los medios de comunicación, la falta de valores y el desprecio a la vida. Para los medios, pareciera que las buenas noticias, no son noticia.

Algunos también ejercen violencia al hablar de seguridad buscando sólo el rédito electoral y su propia seguridad. Dejan indefensos a quienes, como los niños y jóvenes, necesitan contención para que se protejan sus derechos con políticas preventivas, en vez de promover encerrarlos en lugares deshumanizantes que sólo fortalecen prácticas delictivas, en vez de desalentarlas.

A ningún niño o joven se le debe robar la esperanza para que pueda sonreirle a la vida. Las alternativas existen, simplemente hay que asumirlas y ponerlas en práctica.

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
Presidente del Servicio Paz y Justicia

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A 4 años del asesinato de Javier Chocobar, aún no hay fecha para el inicio del juicio

LA RETAGUARDIA

Santiago Camuña de Contrapunto-Prensa Alternativa, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, se refirió a la lucha que mantienen las comunidades indígenas de Tucumán en defensa de sus tierras, y a las dilaciones por parte de la justicia para dar comienzo al proceso contra los tres imputados en este caso, que cumple ya 1460 días de impunidad.

Javier Chocobar era un comunero de la comunidad indígena de Chuschagasta, al norte de Trancas, en la provincia de Tucumán. El 12 de octubre de 2009, se hizo presente en este territorio de la localidad de Ñorco, a la que únicamente se puede acceder en camioneta, moto o caballo, el terrateniente Darío Amín junto a dos ex policías, Humberto “el niño” Gómez y José Valdivieso, que habían integrado en los años ’80 el grupo parapolicial Atila comandando por el Malevo Ferreyra. Amín venía reclamando como suyo un sector de tierras perteneciente a la comunidad, utilizando un título de dudosa procedencia; y en 2009 había comenzado a explotar allí una cantera de laja.

Tras generar una discusión con los comuneros, el terrateniente y los policías abrieron fuego con escopetas y revólveres, y mataron a Chocobar e hirieron a otras tres personas, una de ellas de gravedad: el actual cacique Andrés Mamaní, que estuvo en coma y aún sufre secuelas físicas como consecuencia de este ataque.

A pesar de estar identificados, continúa dilatándose el inicio del juicio oral contra los tres imputados por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, carátulas por las que podrían recibir penas de cadena perpetua: “no está la fecha fija del juicio básicamente por maniobras dilatorias de la defensa, ya que la instrucción hecha por el fiscal Arnoldo Suasnábar terminó en agosto de 2010. Ya estamos a más de tres años sin que se logre fijar la fecha del juicio, en el medio hubo ‘errores procesales’ que hicieron que los imputados quedaran libres, estuvieron con prisión preventiva menos de cuatro meses y quedaron en libertad a la espera del juicio. En el medio hubo recusaciones y cambio de jueces”, explicó Santiago Camuña de Contrapunto-Prensa Alternativa, integrante de la RNMA, en diálogo con La Retaguardia.

Para Camuña, si bien el caso de Chocobar es el único que tuvo una víctima fatal, los ataques por parte de los terratenientes hacia las comunidades indígenas en Tucumán se han ido profundizando, e incluyen detenciones y causas contra los referentes: “se calculan alrededor de cincuenta causas contra las comunidades. La situación general es de ofensiva ante la organización creciente de la Unión Diaguita y del pueblo Lules de Tucumán. El caso Chocobar golpeó mucho a la comunidad y sobre todo a las familias. Cuando uno se entera de lo que significaba Javier, se da cuenta de que en realidad mataron a uno de los puntales de la comunidad, que era el que tenía la tradición de la artesanía, el que les enseñaba a sus hijos, el que formaba parte de las asambleas, era uno de los pocos grandes que conservaban la salud como para tener una participación activa”, agregó el Camuña.

Una de las últimas dilaciones en el juicio ocurrió a mediados de este año, momento en que se informó que las audiencias no comenzarían en el transcurso de 2013. Esto produjo una de las movilizaciones más fuertes por este caso: “fue de una fuerza poco acostumbrada en Tucumán –recordó Camuña–, bajaron de los cerros más de mil quinientas personas. Fue una marcha que tuvo el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil y fue una muestra de fuerza que creo que pocos grupos políticos, sociales, pocas organizaciones pueden poner esa cantidad de gente en la calle por un reclamo hoy en la provincia. La Unión Diaguita viene remarcando que lo que pase en este juicio va a sentar un precedente muy significativo para todos en la provincia”.

Es por esto que hace unos meses, la Unión Diaguita; Contrapunto, la Red Nacional de Medios Alternativos; Andhes, una ONG que trabaja con las comunidades; y comunicadores independientes están impulsando el sitio web juicioporchocobar.com.ar, en el que se publica toda la información que surge sobre el caso, y se dan a conocer distintas iniciativas que se llevan adelante como “Arte por Chocobar”, a partir de la que se convoca a artistas y músicos para que acompañen el pedido de justicia. Todos deseamos que cuanto antes podamos leer en ese sitio web la fecha concreta e inamovible del inicio del juicio contra los tres acusados de asesinar a Javier Chocobar hace ya cuatro años.

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Argentina, Provincia de Buenos aires: Condenaron a un represor de la Masacre de Avellaneda por liderar una banda de secuestradores

RED ECO

Se trata del ex sargento de la policía bonaerense Carlos Néstor Leiva, quien después de haber estado prófugo dos años cumplió condena por haber sido encontrado culpable de tres tentativas de homicidio en la denominada Masacre de Avellaneda. Ahora fue condenado a 11 años y medio de cárcel por el secuestro extorsivo en el año 2011 del músico bailantero Brian Sayago.

El Tribunal Oral en lo Criminal 28 condenó a Leiva como coautor del delito de secuestro extorsivo agravado por el uso de armas de fuego junto a otros tres integrantes de la llamada "banda de la autopista", de la que Leiva era el jefe, Andrés Javier Alvarez, Cristian Ksiazek y Silvio Flores, a quienes les impuso 10 años de prisión.

En 2002 Leiva había actuado como infiltrado de civil al frente de una patota policial, disparando con postas de plomo contra los manifestantes durante la represión del Puente Pueyrredón del 26 de junio, en la que por orden del gobierno de Eduardo Duhalde fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y heridos por disparos con balas de plomo otras 34 personas. Por aquel hecho, Leiva fue condenado como autor de tres tentativas de homicidio, estuvo prófugo dos años y recuperó su libertad en 2007, cuando le fue otorgado el beneficio de la libertad condicional. Esto no impidió que en 2009 volviera a ser detenido conduciendo un auto robado y portando un arma de guerra con la numeración limada, práctica usada por los delincuentes para no dejar huellas, hecho por el que debía cumplir prisión domiciliaria pero gracias a la complicidad de sus ex camaradas de armas y la impunidad oficial, seguía en libertad y liderando una banda de secuestradores.

Sobre este hecho, desde el Frente Popular Darío Santillán emitieron un comunicado, del que reproducimos un fragmento: “El caso, que se da en medio de la conmoción social por el atentado a la vivienda del gobernador de la provincia de Santa Fe, la profundización de la política de militarizar los territorios y fortalecer a una policía que está corrompida hasta la médula mientras se agita la demagógica propuesta de baja de la edad de imputabilidad penal, grafica con crudeza la estrecha vinculación del delito con los agentes de fuerzas de seguridad del Estado.

La misma estrecha vinculación y complicidad con los sectores políticos y judiciales que permiten que los responsables materiales gocen de beneficios extraordinarios (como es el caso del el ex comisario Alfredo Fanchiotti y el ex policía Alejandro Acosta, quienes por no tener sentencia firme se encuentran cumpliendo condena en cárceles con régimen abierto), que absolvieron y disminuyeron la pena de otros de los policías procesados, y que garantizaron la impunidad de los responsables políticos de la Masacre, que nunca fueron investigados.

Corridos por derecha por el candidato del duhaldismo reciclado Sergio Massa, el FPV, ahora con Scioli a la cabeza, profundiza la derechización de su política de seguridad. Como acción de propaganda electoral el gobernador de la provincia de Buenos Aires nombró a Granados, que lo primero que dijo es que van a casi duplicar la cantidad de efectivos policiales, llegando a 100 mil, y que van a poner “miles y miles” de cámaras. En la misma línea, quien es en los hechos el ministro de Seguridad nacional, el militar Sergio Berni, y el candidato a diputado nacional Martín Insaurralde plantearon la baja de la edad de imputabilidad, pretendiendo ocultar su complicidad y/o incapacidad de atacar el núcleo del problema –la íntima relación entre crimen organizado, policía, y sectores judiciales y del poder político- tras el demagógico, electoralista, falaz, inútil, estigmatizante y vergonzoso anuncio de criminalizar aún más a nuestros pibes.

Pero no sólo las distintas fracciones del PJ siguen apostando por fortalecer el autogobierno policial y su gestión del crimen organizado, con su consiguiente financiamiento turbio de las campañas políticas. También el Partido Socialista que vertebra el Frente Amplio Progresista sigue sin poder ni querer desarticular a la mafia enquistada en la policía santafesina, que por sus niveles de corrupción ha sido apodada “La Santafesina S.A.”. El asesinato de nuestros compañeros Patóm, Jere y Mono a manos de una banda narco amparada por la policía es un ejemplo de cómo la sangría de jóvenes pobres que enluta los barrios de Rosario, y de todo el país, está siendo generada por los negocios que gestiona la misma policía que supuestamente dice combatirlos. El ministro de seguridad “socialista” Raúl Lamberto no hace nada demasiado diferente a lo que venía haciendo Ricardo Casal en provincia de Buenos Aires que, en tanto principal armador político del proyecto Scioli 2015 y garante del histórico pacto del PJ con la bonaerense, conserva su poder pese al desdoblamiento de su antiguo ministerio. O de lo que hace Guillermo Montenegro en la Capital con la Metropolitana o cualquier otro ministro del área en cualquier otra provincia.

Desde el Frente Popular Darío Santillán decimos que la solución ante lo que los medios masivos denominan ‘inseguridad’ no es militarizar nuestros barrios, sino atender las necesidades sociales insatisfechas de nuestro pueblo: alimentación, tierra y vivienda, salud, educación y trabajo. La solución no es llenar de cámaras cada esquina, cosa que sólo sirve para engordarle los bolsillos a empresarios de la seguridad asociados con el poder político, lo que necesitamos es romper la relación íntima entre crimen organizado y policía. En todo el país, en cada provincia, y a nivel de fuerzas federales -Gendarmería, Prefectura, PFA-, la situación es la misma: la trata, los secuestros, el robo de automotores, el narcotráfico, no hay delito en el que no esté involucrado la policía.

Plantear el problema de la inseguridad sin atacar los nichos que desde el poder garantizan e institucionalizan la violencia y la corrupción, no es más que abonar a un discurso vacío con una clara intencionalidad electoralista. Como organizaciones sociales y políticas queremos soluciones integrales. No las esperamos de aquellos que hace años se amparan en el poder y que más que ser parte de la solución son parte del problema. Porque sabemos que nada puede esperarse de ellos, nos organizamos para combatir el abuso policial junto a los pibes de los barrios, denunciando a la narco-policía, y construyendo día a día otra realidad para las barriadas de nuestro país. Porque lo que necesitamos es trabajo y dignidad, seguimos construyendo poder popular, nos organizamos contra la represión y la criminalización de la protesta, la pobreza y la juventud”.

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Argentina: “Estuve cuatro años esperando este momento” señaló la madre de Kiki Lezcano

RADIONAUTA - ANRED

El martes 15 de octubre, Angélica Urquiza, madre de Jonathan “Kiki” Lezcano declaró frente al juez Juan Ramón Padilla por el asesinato de su hijo y su amigo Ezequiel Blanco, hecho ocurrido el 8 de julio de 2009. El policía Daniel Santiago Veyga es el mayor imputado en el crimen de los jóvenes y afirmó que fue él quien le disparó a los adolescentes en defensa propia mientras intentaba evitar el robo de su auto. Luego se conoció una filmación, en el que se lo veía a Kiki agonizando mientras un grupo de policías se reían de él.

Angélica Urquiza, madre de Johnatan “Kiki” Lezcano, declaró ante un juez cuatro años después del asesinato de su hijo. Sobre la jornada comentó: “La idea era que el juez sepa todo, a seis policías los filmaron con mi hijo agonizando mientras se reían y él dio el último suspiro”. En relación a la reapertura de la causa expresó: “El juez Padilla sabe que hay un montón de cosas incompletas y mal llevadas por el juez Cuba, por ejemplo las armas habían sido adulteradas para que no se reconozcan”.

“Kiki y Ezequiel (Blanco) eran chicos de Lugano donde hay una policía muy corrupta, no eran amigos entre ellos pero se conocían de jugar al fútbol, eran chicos normales con ganas de progresar, por usar la gorrita y ser morochos tuvieron la suerte que les tocó”, expresó Angélica.

Por último, la madre se refirió a cómo sigue la causa y el rol de las organizaciones sociales: “Ahora hay que esperar si el juez resuelve a nuestro favor y se puede llevar a juicio, la carátula ya ha sido cambiada y los policías no son las víctimas sino los victimarios. Si el juez resuelve en contra todo queda igual y Santiago Veiga, el policía que disparó, queda libre. Siempre tuve el apoyo de las organizaciones sociales y de los jóvenes que hoy llevan adelante la agrupación Kiki Lezcano”.

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Documento sobre plaguicidas distribuido por el Ministerio de Agricultura promueve criterios que violan normas vigentes y aumentan riesgos sanitarios

FUNAM

La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, calificó de "muy grave" la distribución, por parte del Ministerio de Agricultura de la Nación, de un documento sobre uso de plaguicidas "en el cual se promueven criterios que violan normas vigentes en Argentina".

El documento, presentado en el Parlamento Nacional, fue elaborado principalmente por cámaras empresariales vinculadas a plaguicidas y algunos organismos públicos de agricultura, como SENASA [1]. "Es como encargarle a un grupo de zorros que propongan las medidas para que un gallinero sea más seguro", ironizó FUNAM.

El Dr. Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la defensa del ambiente y premio Nóbel Alternativo, advirtió que el documento "fue claramente elaborado para frenar la creciente aprobación de leyes provinciales y ordenanzas municipales que prohíben la aplicación periurbana de plaguicidas en franjas con anchos superiores a los 500 metros. También es un intento desesperado para evitar que prospere la prohibición total de la aplicación aérea. No es casual que funcionarios de agricultura y grandes productores omitan mencionar que en la Comunidad Europea hace ya cinco años que está prohibida la pulverización aérea de plaguicidas".

Agregó que la intención implícita en el propio documento "es lograr la aprobación de una ley nacional de presupuestos mínimos que prohíba la aplicación periurbana de plaguicidas pero en franjas insignificantes, así no se perjudica el redituable negocio de los cultivos transgénicos. Lo inaceptable es que fue elaborado con el visto bueno del Estado y difundido desde el Ministerio de Agricultura de la Nación sin que participaran especialistas en salud, ecología y ciencias sociales, y sin darle participación a las ONGs, investigadores independientes y grupos de personas afectadas por el uso de plaguicidas. Fue un trabajo de lobby disfrazado de buena práctica agrícola".

Sostuvo además que el documento "carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas. Peor aún, considera solamente a los ingenieros agrónomos como profesionales capacitados para manejar el tema plaguicidas, cuando carecen de formación universitaria para proteger a las personas de las bajas dosis de plaguicidas, y de sus efectos sobre el sistema hormonal, endocrino y reproductivo. Los ingenieros agrónomos han sido capacitados para disminuir la posibilidad de intoxicaciones agudas, no para prevenir la exposición crónica".

"Es inaceptable que el Estado, que es de todos, favorezca tan descaradamente a las corporaciones productoras de plaguicidas, a quienes aplican esos venenos y a los grandes productores de cultivos genéticamente modificados", agregó.

Las malintencionadas conclusiones del documento

El Dr. Raúl Montenegro indicó que el trabajo "incluye una desactualizada lista de distancias de protección para algunos países, pero sin analizar las normas vigentes en Argentina. Omite decir, por ejemplo, que la Comunidad Europea prohibió hace cinco años toda aplicación aérea de plaguicidas" (Directiva 2009/128/EC).

"Tras sostener la necesidad de establecer distancias pequeñas, para lo cual menciona por ejemplo a España con sus distancias de seguridad de 20 a 50 metros, el documento llega a la conclusión, sin fundamento alguno, que en Argentina las distancias deben ser de hasta 100 metros para aplicación terrestre, y de hasta 200 metros para aplicación aérea. Pero no conformes con esta reducción, el informe indica que tales distancias 'se podrán reducir' a partir de la evaluación que realice el profesional actuante. De este modo el propio Estado convalida la violación del Principio de Precaución establecido en el Artículo 4° de la ley Nacional de Ambiente 25675", recalcó Montenegro.

Agregó que entre otros errores técnicos graves "el documento solo considera como fuente de plaguicidas la deriva, esto es, los plaguicidas que escapan de su blanco y llegan fuera de los cultivos exponiendo peligrosamente a las personas y el ambiente. Omite mencionar que las partículas de suelo contaminado también llegan a la personas, y que no se puede recetar la aplicación de plaguicidas en un cultivo cualquiera sin saber cuánto plaguicida ya acumula ese terreno como resultado de aplicaciones anteriores. Para el documento, las autoridades de agricultura y los ingenieros agrónomos el suelo empieza de cero cada año, como si no tuviera residuos de plaguicidas acumulados, lo cual es una barbaridad técnica".

"El documento no hace ningún análisis sobre los efectos de las bajas dosis de plaguicidas en la salud humana, los ecosistemas y algunas actividades particularmente afectadas, como la apícola. Peor aún, da a entender, sin siquiera analizar el grave problema de las bajas dosis, que las buenas prácticas evitan riesgos sanitarios y ambientales. Tal omisión es mucho más grave cuando consideramos que las personas que van a ser potencialmente expuestas ya tienen residuos de plaguicidas en sus tejidos, producto de exposiciones anteriores. En el caso de madres embarazadas que tienen residuos de plaguicidas, una parte es transferida por vía sanguínea a sus embriones y fetos. Y en el caso de madres que amamantan, siguen transmitiendo plaguicidas a sus bebés a través de la leche materna".

FUNAM destacó que el documento "tiene una parte en que se tratan con escaso orden varios temas, de 10 páginas, y una larga bibliografía de 20 páginas referida casi exclusivamente a los aspectos tecnológicos de la aplicación de plaguicidas. No hay ninguna referencia sobre los efectos negativos de las bajas dosis de plaguicidas sobre la salud, ni sobre epidemiología en poblaciones expuestas".

"Para completar la improvisación y desatino con que se redactó, el documento incluye un anexo con sugerencias para el uso de 'barreras vivas' y así reducir el efecto negativo de los plaguicidas. Aconseja por ejemplo que tales barreras deberán tener un ancho mínimo de 5 metros, y propone establecerlas a una distancia mínima de 50 metros del perímetro externo del Ejido Municipal'. Más allá de la ignorancia legal-administrativa, pues una municipalidad no tiene jurisdicción 'fuera' de su Ejido, la escueta página dedicada a 'barreras vivas' parece más un panfleto que una propuesta seria".

Peleados, pero no en materia de transgénicos

Montenegro indicó que "algunas alianzas dejan al descubierto el inmoral doble discurso de los funcionarios. Mientras el gobernador José Manuel de la Sota y la presidenta Cristina de Kirchner se muestran públicamente como enemigos irreconciliables, sus respectivas áreas de agricultura coinciden en apoyar a las grandes corporaciones productoras de plaguicidas, a los aplicadores de veneno y a los grandes productores de soja y maíz transgénicos".

"Presidenta y gobernador no solo coincidieron en abrir las puertas de Argentina y de la ciudad de Malvinas Argentinas en Córdoba para que Monsanto pueda construir allí la más grande acondicionadora de semillas transgénicas del mundo. Los Ministerios de Agricultura de Córdoba y la Nación también suscribieron el documento sobre pautas para la aplicación de plaguicidas distribuido la semana pasada en Buenos Aires".

[1] Instituciones que elaboraron y consensuaron suscribieron el documento que está siendo distribuido desde el gobierno nacional: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (MAGyA) de la provincia de Córdoba, la Comisión Federal Fitosanitaria (CFF), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA), la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA).

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Argentina, Provincia de Buenos Aires. Florencio Varela: Otro apriete al Centro Monseñor Angelelli

LA OLLA TV - ACTA

El Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, viene sosteniendo desde hace dos años una cruda batalla en su territorio contra bandas del crimen ligadas al narcotráfico, sectores corruptos de la bonaerense y funcionarios municipales que cuando no son cómplices miran para otro lado.

Este 1 de octubre un nuevo hecho de violencia sacudió a la organización. Tres hombres armados ingresaron a uno de sus locales, maniataron a dos compañeras que trabajan en el área administrativa del centro, revolvieron todo, robaron algo de dinero y se disponían a partir cuando, tras un llamado de un docente del taller que había sido alertado por sus alumnos de la situación, la policía se hizo presente y se armó una balacera, en la que los asaltantes utilizaron a una de las mujeres como escudo. Liberada la rehén y agotadas las balas de los atacantes, dos de estos fueron heridos y capturados, otro huyó por los fondos y el que manejaba se dio a la fuga apenas se presentó el móvil policial.

Contexto:

En diciembre de 2011 apareció muerto a golpes en Longchamps Carlos Gabriel “el pelado” Fretes con evidencia de haber sido previamente torturado. Este joven de 22 años del barrio Agustín Ramírez fue asesinado por el narco Claudio Mena y Santiago Mont, ambos actualmente en prisión por este crimen.

Mena era el presidente de la Comisión Vecinos Unidos del Barrio, una comisión creada con claro amparo del poder político, y tenía vínculos con funcionarios municipales como Jorge Roldán (en su momento Director de Integración Comunitaria y aún hoy vinculado al Municipio) y con la Comisaría Segunda de la policía bonaerense cuyo comisario (Roberto Alvarez Damelio) fue destituido por la relación con este caso. En su reemplazo se nombró al comisario Juan Carlos Peresutti quien liberó la zona, no dejó de amedrentar a los militantes y organizaciones barriales y mantuvo los negocios oscuros de la comisaría. El 31 de mayo de 2013 Peresutti fue desplazado de la Segunda tras la presión de las organizaciones sociales quienes denunciaron, entre otros hechos, la detención ilegal de Cristina Rodríguez, vecina del barrio Luján y tareas de seguimiento de militantes sociales y periodistas.

Tras el crimen de Fretes los vecinos del barrio atacaron las casas de los asesinos y a fines del año pasado fueron demolidas para construir en su lugar una cancha de fútbol y una plaza.

Desde el Centro Angelelli se acompañó a la familia de Carlos Gabriel, Calegari fue abogado de la misma, a la vez que como tantas organizaciones lucha palmo a palmo con los narcos por la vida de los pibes. Desde el Centro analizan como un apriete más este hecho pero reconocen cambios favorables en la actual dirección de la Comisaría y en la fiscalía, y aseguran que no retrocederán un paso en su tarea y tomarán los recaudos posibles para protegerse.

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Argentina, Salta: Piden estadísticas oficiales sobre infecciones hospitalarias

COPENOA

La organización no gubernamental “Red Sol Salta” solicitó al Ministro de Salud de la Provincia de Salta Dr. Enrique Heredia para solicitar que ese Ministerio haga conocer a través de la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia, el Registro -actualizado- de los establecimientos médicos adheridos en nuestra provincia al Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias -VHIDA – para que pueda ser consultado por los usuarios del sistema de salud.

Desde la organización desean conocer cómo se accede al Registro que posee el Ministerio de Salud Pública de prestadores de servicios médicos adheridos a este Programa y que cumplen los protocolos de bioseguridad en sus establecimientos.

También le piden informes sobre las estadísticas oficiales de personas infectadas con patologías hospitalarias, contagios y muertes ocurridas por este motivo, en establecimientos públicos y privados desde el año 2008 a la fecha.

Este pedido se realizó ante el anuncio del Ministro Enrique Heredia en un diario local el 13/09/13 sobre la disminución de las infecciones hospitalarias en Salta, por acciones que lleva a cabo el Ministerio de Salud. Con el título: “Nuevas resoluciones ministeriales incrementaron las exigencias” y “Aumentó el control y disminuyeron las infecciones intrahospitalarias en Salta”, se anuncia un mayor control de los servicios nosocomiales.

Red Sol Salta inició en Expte. N° 2205/11 acciones ante el Procurador Gral. de la Provincia para que se investigue “si el Ministerio de Salud ejercía control para la prevención de las infecciones hospitalarias en los servicios de terapia intensiva, quirófanos y prestaciones de alta complejidad en Clínicas, Sanatorios Privados y Hospitales Públicos de la Provincia; también sobre la responsabilidad que tienen los funcionarios por la falta de supervisión de estos servicios.” Esta solicitud se hizo ante los innumerables casos de víctimas por infecciones hospitalarias ocurridas en el medio.

Hoy las tramitaciones continúan y la ONG pretende que todo ciudadano pueda conocer accediendo a los Registros oficiales del Ministerio o información brindada por la Secretaría de Defensa del Consumidor, cuáles son los establecimientos que ofrecen mayor seguridad para su salud y su vida, por encontrarse en el programa VHIDA, cumplir con protocolos de bioseguridad y ser monitoreados por el Ministerio de Salud.

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Argentina. En Río Negro, ganó la Lista Azul-Arancibia: Otro gremio de la CTERA, recuperado para los trabajadores

ACTA

“En Rio Negro los maestros votaron por un sindicato independiente del gobierno de turno y los partidos políticos, contra el autoritarismo y las políticas pactadas a espaldas de las bases”, señaló Mario Floriani, minutos después de conocerse el rotundo triunfo en la interna de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, de la lista, Marrón-Arancibia.

- ¿Cuáles son los porcentajes que manejan?

- Nuestra lista obtuvo 4.854 votos contra 3.839 del oficialismo. Los maestros votaron por un gremio con independencia de los gobiernos de turno, democrático, que escuche a las bases. Aquí no había plenario. No se escuchan los proyectos de las que por entonces eran minorías. Se negociaban paritarias a espaldas de los trabajadores. También se pactaron reformas sin consultar a las bases y que en muchos casos son un retroceso en las condiciones de trabajo. Nos queda asumir para que ese sindicato sea realidad.

- Ustedes no son un fenómeno aislado.

- Claro que no. A nivel nacional pasa lo mismo que en la provincia. Por eso, para hacer fuerte el reclamo de las bases vamos a formar el Bloque Patagónico. En él se sumaran todos los otros sindicatos afines a la defensa de los derechos de los trabajadores que por suerte ya somos mayoría.

- ¿Qué pasa con la conducción nacional de la CTERA y ese Ministerio de Educación sin escuelas que fija salarios?

- Precisamente, queremos que termine esta metodología de fijar salarios desde el Poder Central, de negociarlos con dirigentes que no consultan a las bases. Los trabajadores vamos a hacer que se nos escuche. Buscan dividirnos, atomizarnos entre una conducción gremial que divide en vez de unir desde los intereses de la clase, haciendo que la lucha se dé por provincia, y un Ministerio sin escuelas.

- No todo pasa por los salarios.

- Obviamente, queremos sentarnos a discutir un proyecto educativo. Pero ojo, no alcanzan las promesas vacías de los funcionarios. Para una escuela sin repitentes hace falta financiamiento, respetar la dignidad del docente. Vamos a sentarnos con el gobierno con nuestro proyecto.

- ¿Hay molestias por el achatamiento de las escalas?

- El último aumento fue un 65 por ciento en negro y ese es el efecto que produce: achatamiento. No hay relación entre el salario del maestro que ingresa y aquel que está por retirarse. Vamos por una equiparación salarial. Además es necesario que se reconozca en serio el mayor costo de vida de la Patagonia. Será uno de los temas a impulsar desde el Bloque Patagónico.

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Priebke y después

Martín Lozada (RÍO NEGRO ON LINE)

Mencionar la reciente muerte de Erich Priebke, condenado como autor de crímenes de guerra, puede tener algún sentido si todo el dolor que alguna vez causó es capaz de hacernos reflexionar.

No se trata de demonizar al personaje, pues sus crímenes lo hacen por sí mismos. En todo caso, el problema radica en determinar cuáles son los campos en los que su recuerdo, los de Erich Priebke, asesino masivo, puede ser invocado para generar algo más inspirador que la memoria colectiva que nos ha dejado acerca de su persona.

Entre las especulaciones posibles cabe recordar al filósofo y jurista italiano Luigi Ferrajoli, quien recientemente ha formulado algunos interrogantes criminológicos de inusitada actualidad; entre ellos, qué tiene que decir la criminología frente a los innumerables genocidios y crímenes de guerra del siglo pasado y del presente. ¿Qué tiene que decir frente a los innumerables genocidios del siglo pasado, no sólo respecto del Holocausto sino también ante los otros innumerables asesinatos masivos tales como los ocho millones de personas exterminadas en 1884 por la colonización belga del Congo, el millón y medio de armenios masacrados entre 1915 y 1922, los dos o tres millones de exterminados en Bangladesh por el gobierno paquistaní en 1971, los dos millones en Camboya entre 1975 y 1979 o bien las masacres de los años noventa, los kurdos en Irak, los musulmanes de Bosnia y los tutsis en Ruanda?

Se pregunta, además, qué tiene que decir la criminología acerca de las "guerras humanitarias" y de los crímenes de guerra cometidos por la OTAN y Estados Unidos en los últimos veinte años y, más en general, ante los más de cien millones de muertes causadas en el siglo pasado por más de 250 guerras.

Ferrajoli afirma que todas estas atrocidades, cuyo daño es incomparablemente más grave que el de todos los delitos castigados por la Justicia penal, ponen en cuestión la naturaleza y el propio rol de la criminología. ¿Puede seguir desinteresada, como lo ha hecho hasta ahora? ¿O no deberían esos millones de muertos, de víctimas de la guerra, del mercado o del desarrollo industrial insostenible, constituir el tema privilegiado de una nueva criminología mundial?

Sostiene, en tal sentido, que la criminología debe leer y estigmatizar como crímenes las agresiones a los derechos humanos y a los bienes comunes realizados por los Estados y por los mercados. Sin embargo, aclara que podrá hacer tal cosa sólo en cuanto se autonomice del derecho penal de nuestros ordenamientos y de los filtros selectivos formulados por estos mismos.

Debe, por ello, emanciparse de la subalternidad como disciplina auxiliar a la ciencia penal y al derecho penal. Sólo así se podrá investigar la criminalidad estructural del poder, sea éste público o privado, político o económico, promoviendo en su contra políticas y técnicas de garantía, penales y de otra clase, para prevenir más que reprimir los daños gigantescos que esta criminalidad estructural del poder provoca.

De modo que una criminología progresista y científicamente a la altura de la actual globalización, autónoma del derecho penal, no sólo debe tematizar sino asumir como objeto privilegiado de investigación la criminalidad del poder, ya sea tratada o no tratada por el derecho penal y, sobre todo, si no es tratada por aquél.

En cuanto a los crímenes del poder previstos en nuestros ordenamientos como delitos, la relación de la criminología con el derecho penal debe ser de crítica, a fin de buscar la reversión de la doble vía que hace al sistema penal un recurso fuertemente clasista; es decir, basado en un mecanismo penal máximo, duro e inflexible, esgrimido contra la delincuencia de los pobres y la delincuencia de subsistencia, y en otro mínimo, máximamente leve e indulgente contra los crímenes del poder, la corrupción y las bancarrotas.

Ferrajoli afirma que la criminología debe ser refundada críticamente y cumplir dos funciones, una descriptiva y otra prescriptiva. La primera efectuaría un análisis conceptual de los diversos tipos de crímenes del poder y una investigación empírica sobre su variedad fenomenológica. La función prescriptiva, en cambio, promocionaría una serie de políticas y medidas para la reformulación de la jerarquía de los bienes jurídicos merecedores de tutela penal.

Los desafíos que enfrentaría una disciplina tal contrastan con los actuales postulados de una criminología mediática, bastardeada por los intereses electorales de políticos en campaña permanente, todos ellos urgidos de soluciones fáciles y propuestas altisonantes y enfocados siempre sobre la gestión de la microdelincuencia y la conflictividad ciudadana.

La memoria barbárica, aquella que se erige alrededor de los episodios más traumáticos de la vida de los pueblos, seguramente habrá de guardar un lugar privilegiado para Priebke y sus crímenes. Entre tanto, su muerte nos recuerda cuánto queda por hacer entre nosotros para prevenir los crímenes masivos y los genocidios.

Martín Lozada es Juez penal.

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Remite Morales añ legislativo un paquete de iniciativas sociales

XINHUA

El presidente de Bolivia, Evo Morales, remitió a la Asamblea Legislativa para su "pronta" aprobación un paquete de 11 proyectos de ley de contenido e impacto social surgidos del Primer Encuentro Plurinacional, entre diciembre de 2011 y enero de 2012.

Morales explicó que el paquete de medidas legales fue trabajado por el gabinete jurídico en respuesta a las demandas de los movimientos sociales.

"Las 11 leyes de las 70 leyes que plantearon los movimientos sociales en el Primer Encuentro Plurinacional de los sectores sociales estarán en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y saludo el trabajo de nuestros ministros, ministras", dijo Morales en rueda de prensa en Palacio Quemado, sede del ejecutivo boliviano.

Expuso que las normas aprobadas en su gabinete incluyen iniciativas relacionadas con servicios de relaciones exteriores, de micro y pequeñas unidades productivas, de gobiernos locales, de medicina tradicional ancestral boliviana y de bomberos.

De igual forma figuran otras propuestas para la protección y defensa de derechos del usuario y consumidor, de servicio plurinacional de la persona imputada, defensa de la víctima, de código de familias, contravencional y de protección a testigos y denunciantes.

Morales saludó el trabajo del gabinete jurídico que se reunió entre viernes y sábado últimos en la ciudad de Santa Cruz para revisar 'técnicamente, jurídicamente y financieramente' los anteproyectos antes de remitirlos al Legislativo.

Demandó a los asambleístas la pronta aprobación de esas normas en la Asamblea Legislativa.

"Es de la Asamblea Legislativa Plurinacional su competencia aprobar, pueda revisarlas, pueda corregirlas; pero lo que pedimos es su pronta aprobación", dijo Morales.

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Brasil llevará a laboratorios internacionales exhumación del cadáver del expresidente Joao Goulart

XINHUA

El Gobierno brasileño afirmó que los exámenes toxicológicos que detectarán si el expresidente Joao Goulart "Jango" fue asesinado con veneno o por otras circunstancias mientras se encontraba exiliado en 1976, lo realizarán laboratorios extranjeros.

El anuncio lo hizo la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Maria do Rosário, quien afirmó que el cadáver de Jango pasará un examen antropológico y de DNA en el Distrito Federal, que servirán primeramente para identificar el cuerpo, y que "el examen toxicológico, los técnicos decidieron por laboratorios internacionales".

Do Rosario se reunió con la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), que investiga los crímenes durante la dictadura militar brasileña (1964-1985) y especialistas que participarán en la exhumación del cuerpo del expresidente brasileño.

"Toda la parte toxicológica, con la investigación que hicimos de posibles sustancias a ser identificadas como causa de la muerte del presidente Joao Goulart, y la identificación de estas sustancias, se llevará a cabo en laboratorios internacionales, que ya están siendo contactados y contratados para la realización de este trabajo por el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Criminología", explicó la ministra brasileña.

Do Rosario justificó la elección de laboratorios internacionales para exhumar el cadáver de Goulart porque el propio Estado brasileño es sospechoso de haber cometido el crimen contra Jango y evitar así posibles manipulaciones.

"Es una demostración de la isención plena del Estado brasileño", aseguró la ministra, quien no quiso dar por seguridad los nombres de los laboratorios que examinarán el cuerpo.

Los restos del expresidente brasileño serán exhumados el 13 de noviembre en Sao Borja, ciudad de Río Grande do Sul (sur de Brasil) y limítrofe con Argentina, donde pasarán por exámenes y volverán al mismo sitio el 6 de diciembre.

La operación tendrá la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja y contará con peritos de Argentina y Uruguay, además de técnicos forenses de Cuba.

Jango, considerado progresista de izquierdas, murió durante su exilio en Argentina, en 1976, tras el golpe militar en Brasil.

Oficialmente, su muerte se atribuyó a un ataque cardíaco, aunque se sospecha de que fue envenenado dentro de la Operación Cóndor, la alianza entre las dictaduras militares de América del Sur en los años 70 para perseguir a los opositores.

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