lunes, 21 de octubre de 2013

La preocupación económica es por el dólar

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

En estos días y en todo el mundo hubo preocupación por el dólar, o lo que es lo mismo, por el devenir de la economía estadounidense.

En octubre comenzó el nuevo año fiscal en Estados Unidos y la disputa política entre republicanos y demócratas demoró la aprobación del presupuesto, lo que significó el cierre del gobierno, es decir, de algunas oficinas y ámbitos administrados por el gobierno estadounidense. Eso significó licencias anticipadas para 800.000 trabajadores del estado que temieron por sus ingresos y sus puestos de trabajo en un momento de crisis en el empleo.

Al fin hubo acuerdo, transitorio, pero acuerdo al fin, en el límite establecido y otorgaron el visto bueno hasta diciembre, donde el tema volverá a ser discutido. Algo así como tirar la pelota hacia adelante.

El problema de fondo no está resuelto. No se resolvió la cuestión central del déficit fiscal, gravísimo, que promedia 1,5 billones de dólares al año desde hace 4 periodos. Si bien se autoriza un nuevo techo para el endeudamiento público del orden de los 23 billones de dólares, desde los actuales 16,7 billones, las causas de la necesidad de deuda no se modifican.

Hay que buscar el problema en el gasto militar y la política exterior e interior de los gobiernos estadounidenses, que avalan gestiones republicanas y demócratas. Unos y otros sostienen la política de intervención con fuerte gasto estatal para asegurar los intereses estratégicos de Estados Unidos. Eso se logra con la confianza del resto del mundo, que destina sus propios recursos a inversiones en activos externos de origen estadounidense, especialmente los bonos del tesoro, que aun pagando poco son fuente segura de inversión.

En definitiva, el déficit de Estados Unidos lo financia el mundo. Resulta increíble la confianza en la seguridad de un país que está en quiebra, que gasta más de los que recauda, que compra más de los que vende y que le cuesta sostener al dólar como moneda mundial, para lo cual acude al apoyo de las armas y la militarización, tanto como a la credibilidad de inversores capitalistas de todo el mundo deseosos de invertir en Estados Unidos, entre ellos varios países que colocan sus reservas internacionales en esos activos. China y Japón a la cabeza, que los asocia en las expectativas de superar los escollos económicos y/o políticos de la principal potencia del capitalismo mundial.

La consigna pareció en estos días “salvemos todos al Titanic, o sea, a Estados Unidos”. El capitalismo mundial está en crisis y una de sus manifestaciones son los límites de política económica del país hegemónico, pero también las políticas nacionales que en el mundo sostienen al dólar. Es que Estados Unidos se mantiene porque el mundo demanda dólares.

Argentina y el dólar

Veamos la propia Argentina, que desde comienzo de año ya perdió 10.000 millones de dólares de reservas internacionales, de un poco más de 44.000 millones bajó a poco más de 34.000 millones a mediados de octubre. Sin contar que las reservas habían llegado en diciembre del 2011 a unos 52.000 millones de dólares.

Las divisas se van de la Argentina por pagos de deuda, por fuga de capitales, y por las condiciones de la inserción subordinada de la Argentina en la economía capitalista mundial. Se trata de un activo externo demandado por los principales actores económicos y ello explica su precio en ascenso, sea el tipo de cambio oficial o el paralelo, más allá de los intentos por reprimir su escalada desde las autoridades. Las divisas son demandadas por el gobierno y también por los sectores económicos más concentrados, sean exportadores o importadores, incluso turistas con gran capacidad de gasto.

Tan importante es el tema que contradiciendo el mensaje de la pesificación se habilitó un blanqueo en dólares (CEDIN, BAADE) que tuvo que prorrogarse hasta fin de año por el escaso flujo de exteriorización de dólares, apenas menos de 400 millones ante una expectativa por 4.000 millones de dólares. Para completar la medida, el BCRA acaba de reglamentar la posibilidad para que el sector privado se endeude en el exterior e ingrese esas divisas vía compra de Bonos para inversión en energía, el BAADE, que había sido pensado para blanquear divisas no declaradas.

Puede ser que ingresen esos recursos, y de hecho, petroleras y cerealeras anuncian aportes por 1.000 millones de dólares, al mismo tiempo que se incrementa la preocupante deuda externa del sector privado. Ya sabemos que cunado la deuda privada externa es alta y se torna impagable, las presiones empresarias acuden sobre el Estado para socializar su cancelación o renovación a costa del presupuesto público.

La deuda privada externa en ascenso y el aumento de la pública constituyen problemas estructurales que asfixian el presente y el futuro de la soberanía nacional. Vale mencionar, que así como en Estados Unidos se tira la pelota hacia adelante, ante la crisis económica mundial, otros países actúan en consecuencia. Ese es el marco de la recomposición de relaciones entre la política oficial y los organismos internacionales y que se manifiesta como satisfacción en el cónclave empresario de estas horas en Mar del Plata.

Los empresarios en IDEA reconocen las elevadas ganancias de estos años y saludan la orientación hacia el mercado mundial de conversaciones y acuerdos con el CIADI, con el Banco mundial y el FMI, lo que anuncia un nuevo ciclo de inserción subordinada para afirmar la dependencia local con Estados Unidos, el dólar y el sistema mundial del capitalismo.

Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

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Octavio Crivaro: "Ser de izquierda es levantar una salida anticapitalista frente a la crisis"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Con Octavio Crivaro, candidato a Diputado Nacional por Santa Fe, conversamos sobre el FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) y qué es ser de izquierda hoy.



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Crónica de la movilización estudiantil universitaria en La Rioja: Ellos luchan por nuestro futuro

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)
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Porque desde la primera Asamblea General de Estudiantes Unlar, el 11/09/2013, estuvimos con vos. Porque nunca nos fuimos, ni nos vamos a ir. Porque digan lo que digan o escriban lo que escriban, somos los estudiantes de la UNLaR Democrática. Porque molestamos por ser sinceros y por no haber sido nunca cómplices del régimen. Porque agradecemos a quienes nos ayudaron al principio, y a quienes se sumaron después. Porque no buscamos protagonismos personales, sino el debate participativo y tolerante. Porque no nos importan las cifras, sino la coherencia. Porque no aspiramos a tener cargos, sino a ejercer responsabilidades. Porque los éxitos van a ser muchos, y vamos a controlar lo que se haga. ¡MUCHAS GRACIAS!
Asamblea General de Estudiantes Universidad de La Rioja

Mario Hernandez (MH): Con César Hazaki, coordinador de la revista Topía, vamos a abordar un tema que no es habitual en la columna que hacemos cada quince días porque estuvo en La Rioja y le pedimos que nos hiciera de corresponsal de la movilización de la comunidad universitaria que obligó a la renuncia del rector de la Universidad luego de 23 años de ocupar el cargo. Esta lucha iniciada por los estudiantes universitarios también fue acompañada de una movilización popular realmente muy importante.

César Hazaki (CH): Quisiera recordar que soy hijo político de las luchas por “Laica o Libre”. Ese proceso que viví entre los 12 y 17 años de pelear por una educación laica estatal, a muchos nos dejó una gran riqueza acerca de lo que son los movimientos estudiantiles cuando se encauzan detrás de reivindicaciones profundas y a largo plazo, más allá de los triunfos o derrotas momentáneas.
Te imaginarás que mi visita a La Rioja y a la Universidad tomada partió de estos recuerdos de juventud y al ver a esos jóvenes de una sociedad que siempre se ha caracterizado por ser apagada, feudal, con sus autoridades universitarias, como este rector, eternizado en la conducción universitaria, intenté entender este movimiento y su génesis con un sentido muy profundo para La Rioja y muy conmovedor.
No solo este hombre está hace 23 años, sino que el gobernador Beder Herrera hace 30 años que está en el poder ocupando diversos cargos, desde Menem a la actualidad y antes también.
Este es el contexto donde esta especie de señores feudales se apoderan del gobierno y ponen toda gente de su séquito, en el caso de la Universidad, los docentes, los directores de Departamento, con los claustros absolutamente amañados. Ver lo que ocurrió, no solo es interesante sino que va a dejar enseñanzas a La Rioja y a muchos de las chicas y muchachos que participaron del movimiento.
No solo se trató de destituir a un rector sino que hay una apuesta muy inteligente que consiste en cambiar todos los estatutos, ir a fondo con un proceso democrático, que después de caída esta monarquía autocrática, como ellos mismos dicen, veremos hasta dónde pueden llegar porque la asamblea docente que nombró al nuevo rector estaba totalmente copada por aliados de Tello Rosas, que además es aliado político del gobernador, a tal punto, que según los rumores de pueblo chico, en las múltiples reuniones que se hacían entre ambos, donde el gobernador en vista de la situación le pedía que renunciara, el rector le decía: ‘Yo me voy pero vos también renunciás’.
Si uno tiene en cuenta que hace siete años en Famatina comenzaron la pelea contra la megaminería sosteniendo la lucha en condiciones muy precarias, a este presente, evidentemente hay un proceso de acumulación de fuerzas populares inimaginado, a pesar de las dificultades, boicots, represión, etc.
Para que te des una idea se hicieron tres marchas. A la primera fueron 700 estudiantes y el rector los acusó de terroristas con lo que implica en Argentina donde rige una Ley Antiterrorista y la posibilidad que te la apliquen una vez terminada la lucha como a tantos militantes sociales en la actualidad.
A la segunda marcha concurrieron 10.000 personas y a la tercera se discute si 40 o 50.000.

MH: Una manifestación enorme para una ciudad como La Rioja. ¿Cuántos habitantes tiene?

CH: Calculá entre 220/250.000.

MH: Quiere decir que se movilizó el 20% de la ciudad.

CH: Es inconmensurable. Allí aparece un orgullo civil muy grande. El fin de semana que permanecí mucha gente hablaba con orgullo de ser riojano, de haber acompañado a estos jóvenes. Una verdadera pueblada, la sociedad en su conjunto portando carteles que están en facebook y en las redes y dicen: “Ellos luchan por nuestro futuro”. Las madres, los padres, los más jóvenes entendían que esa transformación universitaria es parte de una mejor educación más adelante.

MH: Hace tiempo que vengo sosteniendo que la juventud ha tomado en sus manos la defensa de la educación pública en Argentina. Me remito a las tomas de los colegios secundarios en la ciudad de Buenos Aires contra la reforma macrista de la escuela secundaria, la lucha por el presupuesto, por el mantenimiento edilicio de los colegios, etc.

CH: En el caso de La Rioja fue clarísimo. Han derrotado el autoritarismo de la manera más democrática posible y en la medida que sigan movilizados y cuestionando lo seguirán haciendo, porque tengamos en cuenta que el que viene como nuevo rector fue Ministro de Educación provincial.

MH: Entonces no hay que tirar manteca al techo.

CH: Para nada, pero hay una acumulación de fuerzas populares muy interesante. Yo creo que a la sociedad riojana le falta prenderle un fósforo al gobernador para voltearlo, para desplazar a un hombre que vive haciendo prebendas pero todos saben que es un ladrón, que vive a través de una serie de empresas financiadas por el Estado y que son manejadas directamente por él o algún personero.

MH: Se nos fue el tiempo y te agradezco porque tengo la certeza que el conflicto universitario riojano, que involucró a toda la sociedad civil, como bien señalás, no ha tenido la trascendencia que merece.

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Alcira Argumedo le responde a Carta Abierta

INFOSUR

La candidata a diputada nacional por UNEN responde la carta de Ricardo Forster.

En su artículo “El odio y la visión canalla del mundo”, Ricardo Forster utiliza el concepto de Nicolás Casullo “progresismo reaccionario”, también incorporado en la extensa carta abierta Nº 14 de Carta Abierta: un típico oxímoron de Casullo, que solía divertirse con el absurdo. En retórica, el oxímoron supone unir en una expresión dos conceptos contradictorios -como monja cabaretera- y, en este caso, hace referencia a alianzas de sectores progresistas con fuerzas reaccionarias que “se preparan para convertirse en parte de la restauración conservadora pero, eso sí, en nombre de los ideales progresistas. No otra cosa es la que constituye el núcleo decisivo de la alianza entre Pino Solanas y Elisa Carrió y que alimenta a UNEN.” Siguiendo las premisas de Ernesto Laclau, Forster y Carta Abierta consideran al kirchnerismo como el BIEN por excelencia; quienes se oponen son de derecha y están impregnados de odio, con una visión canalla del mundo.
Si Forster y Carta Abierta pertenecen al progresismo kirchnerista, vale preguntarse sobre sus propias alianzas: destacados Barones del Conurbano como Raúl Othacehé, Hugo Curto, Alberto Descalzo o Alejandro Granados, ahora ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Estos aliados conforman la base del poder territorial del kirchnerismo y son conocidos por la habilitación mafiosa de desarmaderos, dealers de droga y prostíbulos, sin descartar la trata de personas. Entre los gobernadores sobresalen Gildo Insfrán de Formosa o José Alperovich de Tucumán; todos ellos protagonistas de la hegemonía neoliberal: con la cultura del “yo no fui”, olvidan que Carlos Menem es un aliado del kirchnerismo en el Senado y en los noventa tuvo como aliados a muchos que promueven el actual modelo, incluyendo a sus máximos referentes.

Oscar Parrilli -secretario general de la presidencia desde el 2003 a la fecha- fue el miembro informante de la privatización de YPF, de Gas del Estado, de los ferrocarriles y de los fondos previsionales para crear las AFJP. En su última carta abierta, los aliados de Parrilli señalan: “la política ferroviaria y la energética han transcurrido por caminos erróneos en una larga fase del proyecto nacional en curso. Las consecuencias fueron dolorosas y costosas”. No se sabe quiénes son los responsables y es raro que los “progresistas reaccionarios” lo vengan denunciando desde hace veinte años, a pesar de atentados con el sello de sus mentores. Pero Carta Abierta afirma que “estos desvíos se encuentran hoy en vías de corrección”: tememos que se considere una vía de corrección al contrato secreto YPF-Chevron para la explotación de Vaca Muerta mediante fracking; técnica que produce una depredación irreversible. Aconsejamos “La guerra del fracking”, película de un neoprogresista reaccionario: porque si se impone el fracking, dentro de veinte años -cuando en Carta Abierta se den cuenta que “las consecuencias fueron dolorosas y costosas”- ya no será posible remediar sus terribles daños.

También será tarde dentro de veinte años para afrontar las consecuencias de la penetración del narcotráfico en nuestro país: Carta Abierta considera que la inseguridad sólo “constituye un problema estructural de la megalópolis moderna”. Por el contrario, los “progresistas reaccionarios” afirman que la inseguridad es hija de la corrupción: un flagelo que atraviesa transversalmente sectores políticos, funcionarios, miembros del área judicial y de las fuerzas de seguridad. Para sustentarse en las cúpulas, la corrupción penetra hacia los estamentos más bajos, habilitando el accionar del crimen organizado.

Estas cúpulas no pueden ni quieren combatir la inseguridad, porque las modalidades corruptas de acumulación de capital, alimentan y se articulan con la acumulación mafiosa del narcotráfico, la trata de personas, el trabajo esclavo y otros delitos causantes de inseguridad: algo más que problemas “de la megalópolis moderna”. Ignoran que al anarco-capitalismo se suma en nuestro país el narco-capitalismo, en tanto Argentina es el primer consumidor de América Latina y el tercer exportador mundial de cocaína.

En México, la penetración del narcotráfico y la guerra entre grupos mafiosos, tuvo en el 2012 como resultante 100.000 secuestros de diverso tipo, 25.600 asesinatos y 4.000 desaparecidos. Las denuncias contra la corrupción no son un recurso electoralista; Dilma Rousseff ha decidido enfrentarla y junto a otras acciones, destituyó a siete ministros sospechados de malversación de fondos públicos. Para Carta Abierta, “la ilusión de un gran empresariado adicto (…) se desvaneció en estos diez años”. No percibe que junto a adictos como Barrick Gold, La Alumbrera, Monsanto, Grupo Petersen, grandes petroleras, pools de siembra y otros se ha fortalecido un empresariado económico-comunicacional adicto, conformado por amigos del poder que ocupan áreas estratégicas en construcciones y grandes obras, petróleo, casinos, aeropuertos o bancos, además de controlar alrededor del 75% de los medios gráficos y audiovisuales. Entre los más destacados estarían Vila y Manzano, Cristóbal López, Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra, Eduardo Eurnekian, Jorge Brito, Enrique Eskenazi, Sergio Spolsky o Matías Garfunkel: una “burguesía nacional” cuya acumulación primitiva y posterior acumulación de capital, tiene sus fuentes principales en la corrupción; para ellos sí han sido “diez años de avances prodigiosos.”

A pesar de etapas de crecimiento a tasas sin precedentes, según cifras de Anses la situación laboral crítica -precarizados y desocupados- afecta a casi el 50% de la población activa y para los trabajadores entre 18 y 29 años, llega al 75%. Entre los censos nacionales del 2001 y el 2010, la población total del país creció en un 10%; pero la que vive en villas aumentó un 32%: los “diez años de avances prodigiosos” no pasaron por allí. Sin embargo, para Carta Abierta el problema del kirchnerismo es que enfrenta fuerzas poderosas y que cuando votan, “las personas comunes, los ciudadanos de a pie (…) no suelen fatigar los caminos de la memoria a la hora de sentirse seducidos por opciones políticas”. De este modo, una vez más la responsabilidad y los errores son de otros: las fuerzas poderosas, los desmemoriados y los “progresistas reaccionarios”. La combinación entre la cultura del “yo no fui” y una mirada construida con información del Indec, es explosiva: les recomendamos que traten de “fatigar los caminos” de la realidad, que es la única verdad.

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Santa Fe, Córdoba y la fase superior del imperialismo

Carlos Del Frade (APE)
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-¿Usted cree que quien tiene 40 millones de dólares como Beira Mar no manda? Con 40 millones de dólares la prisión es un hotel, un escritorio... ¿Cuál es la policía que va a quemar esa mina de oro, entiende? Nosotros somos una empresa moderna, rica… Ustedes son el estado quebrado, dominado por incompetentes. Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Ustedes son lentos, burocráticos. Nosotros luchamos en terreno propio. Ustedes, en tierra extraña. Nosotros no tememos a la muerte. Ustedes mueren de miedo.

Nosotros estamos bien armados. Ustedes tienen calibre 38. Nosotros estamos en el ataque. Ustedes en la defensa. Ustedes tienen la manía del humanismo. Nosotros somos crueles, sin piedad. Ustedes nos transformaron en "super stars" del crimen. Nosotros los tenemos de payasos. Nosotros somos ayudados por la población de las villas miseria, por miedo o por amor. Ustedes son odiados. Ustedes son regionales, provincianos. Nuestras armas y productos vienen de afuera, somos "globales". Nosotros no nos olvidamos de ustedes, son nuestros "clientes". Ustedes nos olvidan cuando pasa el susto de la violencia que provocamos. Yo soy una señal de estos tiempos. Yo era pobre e invisible. Ustedes nunca me miraron durante décadas y antiguamente era fácil resolver el problema de la miseria. El diagnóstico era obvio: migración rural, desnivel de renta, pocas villas miseria, discretas periferias; la solución nunca aparecía... ¿Qué hicieron? Nada. ¿El Gobierno Federal alguna vez reservó algún presupuesto para nosotros?... Ahora estamos ricos con la multinacional de la droga. Y ustedes se están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social – dijo “Marcola”, Marcos Camacho, jefe del denominado Primer Comando de la Capital de San Pablo, en una entrevista publicada por el diario “O Globo”, el 23 de mayo de 2008. La misma organización criminal que en los últimos días lanzó una amenaza de convertir la Copa FIFA del año próximo en el “Mundial del terror”.

Los dichos de Marcola explican la realidad de dos de las principales provincias argentinas, Santa Fe y Córdoba, con sus jefes policiales presos o renunciados por vínculos con el narcotráfico; con más de cien homicidios en lo que va del año en ambos territorios (en Rosario ya se acercan a los 200); las repetidas discusiones vacías entre los partidos mayoritarios enrostrándose la totalidad de la responsabilidad pero sin un solo atisbo de autocrítica; un gobernador baleado con catorce tiros y que salvó la vida de casualidad y con pedidos de mayor atención al gobierno nacional que, en los últimos años, ha llevado al país al triste primer puesto en el ranking de consumo de cocaína, tabaco y alcohol y al elocuente tercer lugar como exportador de esta droga de América hacia Europa.

Para los pibes y las pibas que no terminan la escuela secundaria es más fácil encontrar un arma que un trabajo. Una realidad cotidiana en Córdoba y Santa Fe y, obviamente, en Buenos Aires. Los tres principales estados del país que dentro de poco celebrará, por primera vez en su historia, los 30 años ininterrumpidos de democracia.

Pero la clase política de Santa Fe y Córdoba piden, ante lo que coinciden en llamar el “desmadre” de la cuestión narco, más presencia de gendarmes como si fuera una solución. Son los mismos gendarmes que han dejado que las fronteras sean un colador según surge de pensar, de manera mínima, esas cifras de consumo y exportación del último informe de las Naciones Unidas.

Y en esa aparente solución aparece un nuevo y mayor problema: obedecer las órdenes del imperio. Lo ya aplicado en Colombia entre 2000 y 2006; lo que se viene imponiendo en México desde 2006 y en el propio Brasil con la presencia del ejército en las favelas de Río de Janeiro y San Pablo. El resultado: miles de muertos, de pibas y pibes asesinados que parecen ser el resultado de un exterminio que busca el control social, por un lado, y la explotación económica e inmobiliaria de los territorios abandonados por el pueblo, por otro.

Quizás es como dice Marcola, que enfrentar al narcotráfico es tomar conciencia que se trata de la fase superior del imperialismo, donde se conjugan los capitales industriales, financieros y criminales y que, por lo tanto, la gran esperanza pase por enfrentar al sistema todos los días desde lo cercano y lo cotidiano. Porque un solo pibe, una sola chica que se le arranque a la matriz consumidores – consumidos – soldaditos será ganar el universo.

El problema, tal como lo afirma el mencionado líder narco, es saber quiénes son los que se animan a pelear contra el capitalismo desde los estados provinciales y nacionales de Argentina.

Fuentes: Declaraciones de funcionarios cordobeses y santafesinos desde el 11 de octubre de 2013 en adelante en todos los diarios digitales; entrevista a Marcola del 23 de mayo de 2008; crónicas del periodista cordobés Juan Federico; investigaciones del autor de esta nota.

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Estafas, teléfonos y sistemas carcelarios

Daniel Papalardo (especial para ARGENPRESS.info)

La noticia en casi todos los medios de comunicación, remite a un presunto fraude tramado desde el interior de un instituto carcelario empleando aparatos de telefonía celular y alguna computadora. Días antes también adquiere notoriedad las presuntas incursiones de una banda que sigue operando desde un penal en modalidades presuntamente delictivas de similar entidad a las conductas que determinaron que esas personas fueran privadas de libertad. También en este supuesto se habla de equipos de comunicación.

En las dos situaciones, también es similar la modalidad que asume la investigación, básicamente sustentada en escuchas telefónicas y ulteriores allanamientos o requisas de los sitios específicos en donde los presuntos imputados se encontraban privados de libertad.

Más allá de los datos casuísticos de la noticia, es posible hacer una reflexión que permite la situación vista desde la noticia y no desde su entidad en sí, en tanto ignoramos los alcances de ambos hechos, y sería temerario opinar sobre los mismos. Desde esa perspectiva, viene bien advertir que el factor común de ambos supuestos: el encierro, es destacado pero a la vez soslayado por la información. Lo resaltado luce porque la condición de penados le da a los imputados el matiz atrayente a un procedimiento presuntamente defraudatorio que no es novedoso. Lo oculto es que el sistema de sacar de la vista social a las personas y ubicarlas tras los muros luce una y otra vez como herramienta ineficaz para los fines que se dice buscar con ese mecanismo.

La noticia nos da evidencia, que la tecnología socialmente admitida y de generalizado uso, (internet, celulares, etc.) no puede ser “detenida” y traspone los muros, permitiendo los usos más variados, por parte de quienes las empleen, ya que, el instrumento tecnológico, tiene la función que le otorga el sujeto que lo porta.

De esto se sigue un interrogante ¿tiene sentido estas políticas de encierro tan pregonadas en tiempo de campaña electoral, cuando lo que está en crisis es el encierro mismo, en tanto modalidad de control social?¿ Puede la sola restricción de la libertad ambulatoria, y el hostigamiento carcelario, producir una transformación que se juzgue positiva de la cosmovisión de un sujeto acerca de cuál es su rol en una determinada sociedad, y la composición de lugar que tiene respecto de esa misma sociedad? ¿Se sostienen aún hoy la validez intelectual de las tesis correccionalistas sobre los fines de la pena privativa de libertad? Todas estas preguntas pueden tener múltiples respuestas que se ensayan a diario desde variados perfiles, pero sin dudas la realidad, lo objetivo, lo concreto y palpable se empeña en aparecer para denunciar una y otra vez y desde las modalidades más diversas, una sola y certera conclusión: el encierro carcelario a dejado de tener toda justificación que lo legitime en cuanto tal.

También la noticia permite incorporar otro planteo no emergente en la difusión de los hechos. La objetividad del presunto comportamiento denunciado, no resulta divergente en lo sustantivo, de la andanada de ofertas de bienes y premios que luego no nos otorgan, tal vez por eso debió crearse una oficina de defensa del consumidor y leyes específicas.

Desde otro plano, el “modus operandi” tampoco parece diverso de la oferta política durante esta campaña electoral por vía celular o internet y transitando por la historia convendría recordar la imagen de Fernando De La Rúa , diciendo que venia a terminar con la corrupción, para luego cubrir su fuga en helicóptero con decenas de muertos en las plazas y calles del país, y una investigación por cohecho.

En definitiva, no parece solución, lo que mecánicamente se escucha tras la noticia del caso, esto es, pedido de restricción de comunicaciones para los internos, cierre de la radio que funcionaba en el penal, mayor rigor carcelario, etc. “Soluciones” de ese tipo se asemejan a tapar el sol con las manos, o a los filtros impuestos a internet en algunos países. El sistema penitenciario, no puede con la tecnología, no por carencia de recursos , o factores humanos, sino porque la penitenciaria resulta obsoleta. El encierro, la cárcel, muestran desde todas sus aristas, la sinrazón de su existencia .Habrá llegado el tiempo de estructurar otro tipo de respuestas frente al conflicto social que suponen conductas que afectan bienes , valores o intereses de otros, que resulte diversa de la privación de libertad del sujeto que pueda haber actuado en tal sentido.

Un carcelero, no puede evitar que las ondas y los sistemas de comunicación atraviesen los muros. Luego, terminemos con los muros. Las técnicas de marketing, legitimadas por el uso social, y la fantasía de creerse tocados por un designio que nos hace ser poseedores de bienes sin que tengamos que laborar y construir esfuerzo para obtenerlos, o la posibilidad de que un político providencial solucione nuestras vidas, contienen en sí misma y en potencia, el fraude, luego, terminemos con esa cultura. Marx incorporo su pensamiento en la historia, entre otras tantas cosas, porque advirtió a sus contemporáneos sobre aquello que llamó “Fetiche de la Mercancía”. Es tras ese fetiche de acceso a los bienes del consumo, de manera mágica, que esa relación social de los hombres con los objetos de la cultura, aparece con nueva imagen en nuestro siglo XXI, y es ese presupuesto ideológico ficticio pero admitido y consensuado por el todo, el que subyace en el fenómeno psicológico del fraude, que permite la emergencia y el suceso, de lo que hoy es noticia. Por eso, la respuesta represiva volverá a fallar si de lo que se trata es de ir sobre los aparatos, las cosas, y no sobre los sistemas. No es impidiendo el uso de una computadora y un equipo de telefonía celular la forma en que se pueda evitar el fraude económico en tanto efecto no deseado. Como en todo fenómeno social, una vez más, todos tenemos un poco que ver, en tanto lo sucedido dista de ser un fenómeno de la naturaleza, sino un emergente de un componente humano, estructurado en cultura mediatizada, que hace de sorteos, promesas, y premios , la zanahoria de los deseos y acciones de las personas.

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Mariano Ferreyra presente

OTRO VIENTO

Otro Viento invitó a escribir una reflexión al abogado de la CORREPI, Ismael Jalil, para materializar su visión a 3 años del asesinato de Mariano Ferreyra. Junto a María del Carmen Verdú (CORREPI) y Claudia Ferrero (APEL), Ismael Jalil compartió durante poco más de 8 meses y, en forma paralela a la querella de la familia de Mariano Ferreyra en manos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la representación de las querellas de Elsa Rodríguez, quien recibió un disparo en la cabeza, se moviliza en silla de ruedas y tiene serias dificultades en el habla, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, heridos en la manifestación contra la precarización laboral y los negociados a las espaldas de los trabajadores, aquel fatídico e histórico 20 de octubre de 2010 donde Mariano Ferreyra fue a ejercer un derecho y le pagaron con un balazo en el abdomen que le produjo la muerte.

No es lo que hay, es lo que se hace

Si algo caracteriza de modo unívoco al capitalismo, es la capacidad para naturalizar sus barbaries.

En la dinámica de la lucha de clases, la tercerización laboral ha sido una de sus herramientas predilectas: tasa de ganancia intacta para los empresarios y fraccionamiento de la clase trabajadora. El Estado, un gerente de los primeros, un verdugo de los segundos.

A Mariano Ferreyra no le cabía el "es lo que hay", emblemática frase de los fracasados de toda laya. Había que levantarse contra esa lógica de la resignación, dar batalla contra quienes pretendían el disciplinamiento de la clase trabajadora a partir de la -relativamente- nueva y sofisticada manera de acentuar la explotación.

Lo sabían los empresarios de la Unión de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), el trío de empresas que repartían el botín del Ferrocarril Roca en el servicio de pasajeros, el servicio a la costa y el Belgrano Cargas; con sus astutos directores, sus funcionarios venales, y sus sindicalistas burocratizados y traidores.

Bienvenida al Roca la triple alianza antiobrera.

Planearon entonces el modo de terminar con los díscolos, esos rojos que nunca dejan en paz a los compañeros que sólo tienen que ir de casa al trabajo y del trabajo a su casa, esos zurdos que intentan a menudo desnudar la alienación e instalan entre los trabajadores la idea de la lucha por sobre la conciliación de clases.

Planearon entonces que la tercerización se trasladaría al "fuero criminal", con un sencillo mecanismo: 1) Pedraza dirigiría a la patota compuesta por lúmpenes barras bravas, pusilánimes y desclasados; 2) las empresas brindarían apoyo material con licencias y coberturas laborales y 3) el Estado instruiría a su policía para liberar zona y facilitar la movida de los muchachos de la Verde. Atacan, matan y se van, fue la consigna no escrita.

La necesidad de un hecho aleccionador que pusiera en caja a los indisciplinados, fue compartida por las tres patas de la alianza.

El 20 de octubre de 2010, la Unión Ferroviaria prestaba el salón de actos para un evento al que concurrirían funcionarios estatales y empresariales al tiempo que monitoreaba e instruía a la patota. Ese mismo día, las empresas daban vía libre al Taller de Escalada y el Estado instruía a su policía para dejar de filmar y ordenar a sus casi 100 efectivos desplegados en Avellaneda, quedarse a 800 metros de donde caería muerto Mariano pasado el mediodía.

El círculo cerraría perfecto con la impunidad que podían consagrar posteriormente en los Tribunales, tal como se hace en todo hecho represivo de los denominados preventivos (por ejemplo gatillo fácil) o selectivo (el de la persecución o muerte de los que denuncian, protestan, reclaman, organizados e independientes). El gobierno saldría indemne, las empresas insospechadas y el sindicato triunfante.

Pero un detalle se les escapó: no sólo por la imprevista llegada al lugar de periodistas independientes que filmaron lo que la policía quería ocultar, sino porque despreciaron el día después.

Las calles rebalsaron de voces indignadas. Se cortaron las vías del ferrocarril y se copó Constitución, se atravesó la ciudad de Buenos Aires con el fuego en las gargantas. Miles de Marianos jurándose no abandonar.

MARIANO hablaba desde cuanta pared se levantaba en todo el país, MARIANO estaba en los centros de estudiantes y en las comisiones internas de las fábricas, MARIANO lucía en el pecho de todos los debates, su nuevo apellido fue PRESENTE en los actos de las barriadas, MARIANO cobraba vida tras la movilización determinante de sus compañeros.

Hoy no quedan dudas que Pedraza y su banda llegaron presos al juicio por esa movilización. Ni que la policía debió rendir cuentas por esa misma movilización. Que esa movilización permitió que el juicio no llegara tarde. La movilización que superó cualquier artilugio legal, cualquier pretensión de leguleyo con dobles apellidos. Que fue ella, determinantemente ella, el motor de un proceso que pasará a la historia como el crimen político que marcará una época.

Una movilización que le dolió al gobierno de los derechos humanos, porque le corrió la máscara: la bala que mató a Mariano lejos de rozar el corazón de cualquier exponente del Estado, provino del corazón de su administración kirchnerista.

Sus cuadros judiciales concedieron inteligentemente. Condenaron, es cierto, aunque con penas que desilusionaron a quienes creyeron que la consigna era jurídica, pero que no sorprendieron a quienes estuvimos ciertos en que la batalla era (sigue siendo) política.

Tan inteligentemente condenaron a individuos, que dejaron a salvo el sistema: Pedraza era la foto que todos querían, pero con Pedraza solamente no alcanza. Exigimos seguirla contra los otros socios del hombre de Perón en las vías. Hay una triple alianza antiobrera que debe pagar íntegramente este crimen.

Han pasado tres años desde que Mariano murió en las calles un día y revivió al siguiente, también en las calles. Tres años en los que el proceso de acumulación capitalista que expresa el gobierno K lo conducen a un inexorable blanqueo de su real significación política: la conciliación de clases es decididamente una barbaridad, de esas que el capital suele naturalizar a veces con sus voceros directos y otras, con sus versiones terciarizadas disfrazadas de progresismo.

El crimen es el último recurso que emplean ellos desde el Estado que, a veces, lo terciariza. La movilización es el primer recurso nuestro, indelegable por cierto. No es lo que hay, es lo que se hace.

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Argentina: Supremos fallarán sobre ley de medios tras las elecciones

Emilio Marín (LA ARENA)

Justicia lenta no es justicia, dice el refrán popular. Y se verifica una vez más con las demoras de la justicia para declarar la constitucionalidad de la ley 26.522, objetada por Clarín. La CSJN resolvería después de las elecciones.

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) tuvieron todos los argumentos en favor y en contra de la ley de servicios de comunicación audiovisuales en las audiencias públicas del 28 y 29 de agosto pasado.

Los supremos hicieron 17 preguntas a los representantes del monopolio y 36 a los delegados del Estado. También oyeron a 10 "amicus curiae", amigos de la causa, aunque por la inevitable politización del debate, esa decena se partió entre 5 clarinistas y 5 defensores de la ley.

Para estos últimos fue una pena que uno de los pocos supremos con una buena postura, Eugenio R. Zaffaroni, apenas estuviera un rato de la primera jornada. En diciembre fue el único que votó en contra de la cautelar que beneficia a Héctor Magnetto.

Cuando se acallaron las jugosas intervenciones de las partes, con gran cobertura de la Televisión Pública y una módica y sesgada del multimedios, Ricardo Lorenzetti sentenció: "La Corte comienza a deliberar".

Era una fórmula muy engañosa. El Tribunal hace rato que está deliberando y ha emitido señales contradictorias. Hasta el 22 de mayo de 2012, cuando resolvió que la cautelar de Clarín vencía el 7 de diciembre de ese año, pareció inclinarse por el pluralismo. En diciembre de 2012, cuando rechazó el per saltum del gobierno y el recurso extraordinario del Estado y la Afsca ante el fallo de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial, emitió una señal en sentido clarinista.

Ahora parecía llegado el momento del fallo de la CSJN, pero el mismo se conocería después de las elecciones del 27 de octubre. El argumento de "no politizar" y que la resolución "no influya" en los electores es falso. El tema es político y no meramente judicial; los argentinos tienen una posición tomada a lo largo de cuatro años de espera, en favor o en contra de la norma legal, y el fallo no va a impactar en su voto.

Viene mal

El cronista no tiene la bola de cristal y cree que hasta el momento en que se divulgue la resolución de la CSJN todas las opciones permanecen abiertas, claro que algunas más que otras. Cree que los defensores de la constitucionalidad de la referida ley y de sus dos contenidos fundamentales (pluralismo y derecho humano a la comunicación, más límites a los monopolios y en particular Clarín), deberían prepararse para un desenlace no deseado.

¿En qué sentido el parto viene "de nalgas"? ¿Acaso en cuanto a si el plazo de desinversión de un año, previsto por el artículo 161 de la norma, sería considerado que todavía no ha sido consumido por el multimedios?

No. Afortunadamente, ese aspecto fue el único positivo del fallo del alto cuerpo del 27 de diciembre pasado, cuando aseguró que ya estaba vencido para Clarín, que no tendrá otros doce meses más que añadir a sus eventuales negociaciones. Como el 26 de octubre se cumplirán cuatro años desde que la ley 26.522 fue promulgada por el PEN, esa precisión de la Corte, que corrigió en este punto a la clarinista Sala 1 de la CCC, no debería ser catalogada como una "gran victoria". En los hechos y con protección tribunalicia, el holding ya cuadriplicó el lapso legal.

El tópico clave es la cantidad de licencias que cada grupo puede tener, según el artículo 45, declarado en varios de sus incisos como inconstitucional por la referida Cámara Civil y Comercial en su negativo fallo del 17 de abril de este año y que dio lugar a la apelación hacia la Corte Suprema.

Para la CCC está bien que el Estado limite las licencias de canales de aire y de radios AM pero no que imponga topes a los canales de cable, con el débil argumento de que no usan espectro radioeléctrico. Ese fallo del 17/4 fue celebrado hasta la locura por la escudería de Magnetto, porque cuenta con 237 licencias, en su abrumadora mayoría de señales de cable. También cuenta con 8 radios, encabezadas por Mitre; y 4 canales de TV por aire, como Canal 13, Canal 12 en Córdoba, etcétera.

Liebres y marmotas

Pero el meollo de su negocio es la tupida red de canales por cable, agrupados en Cablevisión, que también brinda servicios de telecomunicaciones e internet.

¿No será que la CSJN piensa parecido a la poco imparcial CCC? Si así fuera, y ojalá que no sea así, la Corte habría puesto dos de cal y una de arena. "Pour la galerie", diría que la 26.522 es perfectamente constitucional y que el plazo de desinversión ya se cumplió. Sin embargo, en el fondo de la discrepancia, el art. 45, le daría la derecha a Clarín: no se pueden restringir las licencias de TV por cable. Aquel seguiría siendo el poderoso controlante del 60 por ciento del negocio y a lo sumo deberá desprenderse de algún canal de aire y una radio. El corazón del monopolio seguiría latiendo normalmente, grande y poco generoso.

El vocal Carlos Fayt nació en febrero de 1918 y tiene por lo tanto 95 años cumplidos, pese a lo cual, en otra arbitrariedad de la corporación judicial, sigue atornillado a su sillón. Dejó saber que el fallo se trasladará hasta después de las elecciones. Pregunta: ¿tanto tiempo más de vida tiene Fayt que se da el lujo de dejar pasar cuatro años antes de dar un veredicto sobre la ley de medios que reemplaza a la de la dictadura videlista? Él debería ser el más apurado para irse tranquilo, habiendo fallado en esta causa tan importante que tiene el tribunal. ¿O será que a la mayoría de los integrantes no les interesa fallar en estas causas importantes para la democracia, a las que cajonean?

Hay que recordar la notable celeridad del alto cuerpo para resolver en contra de leyes de la reforma judicial que democratizaba ese poder en algunos aspectos. En eso se movieron con la rapidez de liebres, para luego seguir dormitando como marmotas siete meses de cada año.

¿Por qué después del 27?

La estimación del cronista, negativa, es que el fallo de la Corte Suprema será adoptado por mayoría y tendrá un sentido prevaleciente adverso al gobierno. Es posible que la mayoría del tribunal, integrado según Lorenzetti por "jueces conservadores y jueces progresistas como yo", aguarde un contexto político más desfavorable a quien se va a sentir como la víctima del fallo: el gobierno. Esta fuerza oficialista liderada por Cristina Fernández, muy crítica de la corporación judicial, ya resultó vencida en las PASO en Buenos Aires, Capital, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, etc. Lorenzetti y los suyos pueden haber cavilado sobre la conveniencia política de aguardar un nuevo traspié del gobierno.

Un oficialismo debilitado tendría menos fuerza, credibilidad y apoyos para poder quejarse de un eventual fallo adverso en Tribunales. Y si lo hace, la Corte y la corporación política opositora, más Clarín, dirían que esas quejas son de mal perdedor y un intento de disimular su derrota electoral. Una verdadera carambola a dos bandas para Clarín, la Corte, Sergio Massa y Mauricio Macri.

Ojalá este cronista se equivoque y su estimación negativa sea refutada por un brillante fallo de la Corte, como exhortó la procuradora Alejandra Gils Carbó en la audiencia. Esa hipótesis positiva tiene hoy menos del 30 por ciento de posibilidades. Haber postergado el fallo para después que la española Indra informe el escrutinio de las legislativas puede ser un signo de que en Tribunales están midiendo los tiempos para no levantar olas a nivel gubernamental y popular.

Se hizo mucho, pero falta

El origen de la ley democrática, descalificada como "ley K" por TN, está en el 2004, cuando muchas organizaciones sociales, sindicales, culturales, gremios de periodistas, intelectuales y medios democráticos elaboraron los "21 puntos para una radiodifusión democrática".

Lamentablemente en ese tiempo no habían madurado las condiciones para que la misma pudiera ser votada en el Congreso. Faltaba voluntad política, prevalecía la alianza entre Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde, y en 2005 el presidente prorrogaría por diez años las licencias de los monopolios.

Quienes impulsaban los "21 puntos" siguieron con su brega y la situación política cambió con la ruptura del kirchnerismo con el padrino de Lomas de Zamora, el enfrentamiento con Clarín y el FMI, y la dura pelea con la Mesa de Enlace Rural en 2008. En 2009, luego de 50 foros federales y audiencias públicas, con debate y participación, la norma fue votada por 146 diputados y 44 senadores.

Pareció abrirse una ancha avenida de pluralismo, pero las cautelares de Clarín ante el juez Edmundo Carbone (y juzgados de Mendoza y Salta) fueron poniendo palos en la rueda, de mayor tamaño cuando los puso la CCC y la propia Corte. La única buena resolución fue del juez Horacio Alfonso, en 2012, apelada por el monopolio.

Aún con esas adversidades, la Afsca destacó al cumplirse el cuarto aniversario de la aprobación de la ley, que en este tiempo firmó 1.018 autorizaciones y licencias para radio, televisión abierta y televisión paga, y autorizaciones para funcionar a 210 radios comunitarias. Dijo que la Televisión Digital gratuita ya tiene 31 señales en su grilla y hay 52 nuevas cable operadoras cooperativas.

Si se pudo lograr todo eso con una ley reducida por las amputaciones de Clarín, cuánto más se podría conseguir si se derrota al monopolio.

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Argentina, Córdoba. Narcopolítica: Contundente respaldo del CISPREN al periodista Tomás Méndez por las amenazas de muerte

PRENSA RED

“Los cordobeses, como sociedad, no podemos ni debemos naturalizar los crímenes”, con estas palabras el Secretario General del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN-CTA), Carlos Valduvino afirmó en la conferencia de prensa realizada ayer en la sede del gremio, en apoyo al compañero Tomás Méndez.

La reunión de prensa fue convocada para reiterar el explícito apoyo y solidaridad al compañero Tomás Méndez, conductor del programa periodístico ADN, que denunció amenazas contra su vida por denunciar la trama y vinculación política de narcotraficantes con la policía, el gobierno provincial y el de la municipalidad de la ciudad de Córdoba.

Más de una veintena de trabajadores de prensa y la comunicación de Córdoba se dieron cita en el auditorio del CISPREN para acompañar la convocatoria realizada por el gremio y brindar su respaldo al conductor del programa ADN.

La investigación realizada por el programa, que se emite por Canal 10, develó los vínculos entre el narcotráfico y sectores del gobierno, y devino en la renuncia del por entonces Ministro de Seguridad Alejo Paredes, y del jefe de la Policía de la Provincia, Comisario Mayor Ramón Ángel Frías, además de la detención de altos jefes policiales de la División Drogas Peligrosas.

“En este momento queremos expresar todo el apoyo institucional del CISPREN al compañero Tomás Méndez, así como lo hicimos en otros hechos, como el fallo en contra del periodista Hernán Vaca Narvaja en Río Cuarto”, recordó Valduvino

“Venimos a reiterar nuestro acompañamiento y apoyo a Tomás, a todo su equipo de trabajo y para que no se sienta solo en su tarea periodística, que revela una gravedad institucional sólo comparable en estos 30 años de democracia en nuestra provincia, con el asesinato del senador Regino Maders”, manifestó.

Además, Valduvino señaló: “Sólo la democratización de la distribución de la pauta publicitaria oficial nos dará la posibilidad, a todos los trabajadores de prensa de la provincia de poder expresar sin mordazas nuestras ideas y asegurar el derecho constitucional de la libertad de información y garantizar el bien social de la población a estar informado”.

A su turno, el compañero Tomás Méndez insistió en inseguridad en que se encuentran él, su familia y su equipo de producción del programa ADN y, en este sentido, aseguró la existencia de “pruebas de que va a haber problemas”.

Ante los periodistas de distintos medios que participaron en la conferencia Méndez expresó su agradecimiento por el apoyo público del gremio y aseguró que “se trata de la primera institución que se pronuncia sobre los riesgos que acarrea la investigación periodística que desnudó los nexos entre narcos y policías.”

Al referirse al momento que le toca vivir el conductor reconoció: “No la estamos pasando bien en serio y tenemos pruebas de que esto es así. Existe gran confusión familiar e idas y vueltas sobre por qué nos metemos con estos temas”

Además, no tenemos respaldo de ningún lado. Ni de la Provincia, ni de la Municipalidad ni de ninguna autoridad gubernamental o institucional”, criticó.

Sobre las amenazas de muerte, Méndez dijo que existen testimonios documentados sobre quiénes y de qué manera “están contratando gente para hacernos algo”, y agregó que “tenemos gente que nos dice a quién se está contratando con nombre y apellido e informantes amenazados. Yo en mi casa estoy con custodia de personal de Gendarmería”.

Aseguró además que las demostraciones de los “aprietes” serán denunciados en cámara en el programa televisivo, luego de la correspondiente presentación a la fiscalía a cargo de Enrique Senestrari.

Méndez también contó que hubo personal del ETER que les avisó a la producción sobre este tipo de contrataciones y que tienen “legisladores en tape” hablando de droga.

Sobre las consecuencias políticas derivadas del narcoescándalo, Méndez aclaró que “la investigación no es una operación política contra De la Sota”.

“El gobernador se lo tomó como si fuera en su contra. Esto está lejos de ser una operación política. Si así fuera, tendríamos más respaldo. Esta investigación es a favor de la verdad y de la profesión y, sinceramente, ya no nos importa nada”, expresó.

En la conferencia de prensa, el secretario general del CISPREN, Carlos Valduvino estuvo acompañado por el Secretario Adjunto, Víctor Beccaria; el Secretario Gremial, Esteban Liendo; el Secretario de Organización, Sergio Coria; la Secretaria Administrativa, Beatriz Molinari; la Secretaria de Obra Social, María Ana Mandakovic; la integrante de la Comisión Directiva Silvana Zanelli; el Secretario General de la CTA Córdoba Capital y vocal titular del gremio, Guido Dreizik.

Pese a la lluvia, en la ex Plaza Vélez Sarsfield, un nutrido grupo de ciudadanos calculados en un millar reclamó que se investiguen las relaciones entre el poder político, la justicia y el narcotráfico y por la libertad de expresión. Al mismo tiempo expresaron su solidaridad con el periodista Tomás Méndez y el equipo de producción.

El conductor no se hizo presente por cuestiones de seguridad y fue su esposa la que agradeció a los presentes y los instó a comprometerse como sociedad. El coconductor del programa ADN, Carlos Hairabedián -abogado penalista y periodista- dirigió unas palabras.

Solicitó que los poderes fácticos velen por la seguridad del periodista para que siga ejerciendo su profesión en libertad y subrayó que en esa plaza confluían quienes estaban preocupados por lo que sucede en esta provincia.

Tras un prolongado aplauso la gente siguió en el lugar conversando hasta pasadas las 20:30. Hablaba del cerco informativo que impide a los cordobeses acceder a una información seria y confiable y de la problemática que se vive en los barrios relacionada con la venta y el consumo de drogas.

Un grupo intentó desempolvar aquella frase nacida en otro contexto “qué se vayan todos…”, pero no pasó de ser un susurro. Además de periodistas y comunicadores, se hicieron presentes por el Cispren el secretario Adjunto Víctor Beccaria, Miguel Rojo (SRT), el titular del Afsca-Córdoba, Carlos Vicente y referentes de organizaciones políticas y barriales, y personas autoconvocadas.



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Argentina: La Corte Suprema falló en contra de la fábrica recuperada IMPA

LA RETAGUARDIA

A través de una acordada, el máximo tribunal de justicia consideró inconstitucional las acciones llevadas adelante por los trabajadores, que habían presentado su último recurso de apelación. La solución queda ahora en manos de la Legislatura porteña que debe aprobar una nueva ley de expropiación. Dialogamos con Eduardo Murúa sobre los alcances de esta decisión.

“La verdad que no entendemos el fallo de la Corte. Quiere incidir sobre las decisiones políticas de los legisladores de la Ciudad”, afirmó Eduardo Murúa, trabajador y referente de IMPA, en diálogo con Sueños Posibles. Sin embargo, Murúa aclaró que el fallo de la Corte no les provoca un “daño enorme”: “el recurso en queja no suspendía los plazos de lo que el juez (Hugo Vitale) había dictado respecto a la inconstitucionalidad, así que pensamos que el magistrado debe tener también en su cabeza el tema de qué hacer con este caso. Así como nosotros estamos haciendo las gestiones necesarias para sacar una nueva ley para conformar una comisión, para que vaya a resolver el tema en el juzgado si es necesario, así como poner en estado de alerta a todos nuestros compañeros y organizaciones por si las moscas”, aclaró.

Al ser consultado sobre la posibilidad concreta de un desalojo de IMPA, Murúa señaló: “el juez podría haber concretado esta medida sin necesidad del respaldo de la Corte; desde que en agosto de 2009 la Cámara falla a favor de la inconstitucionalidad pasaron cuatro años y no lo hizo, así que no veo por qué se debería apurar ahora, más cuando los trabajadores le estamos demostrando algunas cosas. En aquel momento, el juez decía que IMPA no iba a funcionar, entonces si después de cuatro años IMPA sí funciona, tiene buenos salarios, generó la Universidad de los trabajadores, el bachiller, el centro de salud, ya se le cayeron cualquier tipo de argumentos de que nosotros no queríamos laburar, que éramos ocupantes, violentos; todos los argumentos por la declaración de inconstitucionalidad se le cayeron. Hoy hay una nueva realidad que debería ver. Yo pienso que no podría hacer semejante cosa (en referencia al desalojo), lo que imagino es que evitará en el peor de los casos una sentencia que le obligue al gobierno de la Ciudad devolver el bien, pero que también es un tema de discusión, porque está la ley, y la ciudad nos tendría que pedir el lugar que nos había cedido, y en el medio ya se está discutiendo una nueva ley de expropiación definitiva; entonces me parece que si hay un poquito de voluntad política, que no tuvo el juez la vez pasada, podría esperar el tiempo suficiente para que resolvamos el problema entre todos, la ciudad expropiando, los trabajadores de IMPA, más la cultura, la educación y todo lo que hacemos funcionando. Y cuando el juez tenga el dinero de la expropiación de la Ciudad podrá arreglar con todos los acreedores. Si el magistrado hubiera hecho lo que nosotros le pedimos en 2009, hoy los acreedores seguramente ya podrían estar pensando en cobrar algo, porque la Ciudad tendría que haber hecho el proceso expropiatorio y no lo hizo por este tema de la inconstitucionalidad”.

El reciente fallo de la Corte cuenta con cinco firmas, sólo faltan las de Eugenio Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda. En palabras de Murúa los argumentos de la acordada del máximo tribunal son muy flojos: “dice que no se respetó el artículo 7 de la acordada de 2005, que puede ser una formalidad, que puede ser cualquier cosa, ni siquiera se meten con la discusión. Lo mismo con (la procuradora general de la Nación) Alejandra Gils Carbó, ella lo plantea por otro artículo, pero tampoco se metió a fondo en el tema, directamente hizo la plancha y tiró el tema para adelante. Es una lástima porque sería una oportunidad interesante de discutir quién debería legislar, quién debería meterse en el problema de empleo en nuestro país. Más cuando algunos dicen que hoy estamos bien, y hoy se siguen perdiendo puestos de trabajo, van a ser años difíciles los que vienen y hubiera sido interesante que por lo menos la Corte habilitara a la clase política a generar políticas de empleo”.

Según Murúa, IMPA es para algunos sectores una palabra maldita, seguramente por ser la madre de las experiencias de recuperación de fábricas y empresas por parte de los trabajadores. El referente de la metalúrgica cree que este puede ser el motivo por el cual otras experiencias posteriores ya han conseguido la expropiación, mientras que IMPA permanece en una eterna lista de espera: “siempre digo que ningún juez se hubiera atrevido a declarar inconstitucional a otras fábricas. Nosotros tuvimos enfrentamientos, somos rebeldes en algún sentido, no bajamos ninguna bandera, criticamos a todas las políticas de entrega de todos los gobiernos hasta este momento, criticamos el modelo extractivo que tiene nuestro país; sí defendemos algunas cuestiones pero no nos callamos. Entonces esto tiene un costo, y será ese el costo que tengamos que pagar”, reflexionó Murúa en diálogo con Sueños Posibles, el programa de Alfredo Grande, quien fue uno de los impulsores de la Universidad de los Trabajadores que funciona dentro de la fábrica recuperada.

Lo concreto es que hoy IMPA, a pesar del nuevo revés judicial, atraviesa un excelente momento: “hoy estamos muy bien, superando en casi dos veces el salario de cualquier metalúrgica, trabajando bien, tratando de automatizar algo para seguir siendo productivos, porque sabemos que tenemos que mejorar nuestras máquinas. Estamos invirtiendo en nuestras maquinarias para mejorar todavía más la producción. La verdad que estamos bien en lo productivo, en lo comercial, creemos que tenemos sostenimiento por mucho tiempo, hicimos un trabajo enorme en el estudio de lo que teníamos qué hacer, qué era lo más rentable y creo que estamos en condiciones de decir que tenemos años de por lo menos estar trabajando, haciendo lo que mejor sabemos y ganando un salario que acompaña nuestras necesidades. Si estamos bien además servimos de ejemplo para que otros trabajadores tomen también sus fábricas. Y lástima que si bien hicimos bien los deberes para adentro, todavía nuestro movimiento no hizo bien los deberes para afuera, de unidad y fuerza, para conquistar algunas cosas que los gobiernos no han dado que es esto que pedimos a gritos, no por nosotros que ya tenemos nuestra fábrica sino por los compañeros que están quedando desempleados, nosotros sabemos lo que es un trabajador desocupado”, aseveró Eduardo Murúa.

En IMPA, ubicada en Querandíes 4290 de la Ciudad de Buenos Aires, funciona además de la fábrica metalúrgica y la Universidad de los Trabajadores, un bachiller, Radio Semilla y el grupo DTL (integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos), el canal de televisión comunitaria Barricada TV, el Teatro Nora Cortiñas, entre muchos otros espacios.

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Feliz cumpleaños, Estado bobo

Ricardo Montacuto (MDZOL)

La Argentina da para todo. Incluso, para que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quede sin aplicarse por tiempo indeterminado. Es lo que ocurrió con el añejo juicio de Alfredo Vila contra el Estado Nacional, y que continuaron sus hijos. El año pasado lo perdieron en la Corte. Pero no se ponen de acuerdo en cuáles son las tierras que deben devolverle a la Universidad. Prendamos una velita: Feliz cumpleaños.

Esta podría ser la historia de cómo una decisión del máximo tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puede desarmarse en un nudo de procedimientos y rulos legales, y perderse en agujeros negros del sistema hasta hacerla incumplible. Sí, es cierto. Un fallo de la Corte Suprema a favor del Estado Nacional y en perjuicio de privados, puede ir al limbo y allí permanecer por muchos años más.

Hay un par de leyendas urbanas sobre Alfredo Vila, el fundador del emporio económico que hoy dirigen dos de sus hijos, Daniel Vila y Alfredo “Freddy” Vila Santander. Don Alfredo, que murió en 2008, era muy conocido por su capacidad en gestionar “procedimientos”. El entrecomillado es porque no hay muchas palabras que definan ciertos modos de hacer. Es conocida la anécdota de cuando chocó a un juez con su automóvil para poder recusarlo más tarde. Pero hay una mejor: Hay quienes aseguran haber visto a empleados de aquel emprendedor, cambiar las numeraciones de domicilios para no ser notificados de nada, y ganar tiempo. Digamos que Don Alfredo hizo escuela. El caso que nos ocupa hoy es bastante más complejo que aquellos. Se trata del conflicto por tierras que la Universidad de Cuyo y Alfredo Vila primero y sus sucesores después, que luego de más de una década de pelea judicial terminó ganando la Universidad, inesperadamente, tras un fallo producido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 18 de setiembre del año pasado, hace hoy un año, un mes, y tres días. Aquella decisión del tribunal no se pudo aplicar, porque el Estado y la familia Vila no se ponen de acuerdo sobre las medidas exactas del terreno, o siquiera sobre cuál es la porción de tierras que se debe devolver. De hecho, en este momento el juez que entiende en la causa y que debe ejecutar la sentencia de la Corte, el sanjuanino Leopoldo Rago Gallo del juzgado federal 2 de esa provincia, debe decidir sobre la impugnación que la Universidad de Cuyo hizo de un perito agrimensor que habría medido los terrenos a favor de sus contendientes. En resumen: la Corte ordenó a la familia Vila desalojar un terreno sobre el que la universidad y los empresarios no se ponen de acuerdo respecto de su extensión y de sus límites. No sólo eso. Después de muchos años de litigio, ahora parece que parte de esas tierras son de otras personas, según una de las partes.

Dicen que la mejor forma de pasarla bien en los vericuetos judiciales es aprovechar a fondo las debilidades del sistema, los agujeros de cada administración, los costados que ofrece el Estado en cada conflicto. En resumen, las debilidades: una firma que falta, una dirección que no se puede verificar, un lote que va cien metros más allá o cien metros más acá, un apellido mal escrito, un edicto que falta… Un juez que se puede cooptar, u otro que tarde tal vez demasiado. De eso se trata este caso, de los orificios del sistema, bien aprovechados por especialistas.

Para reconstruir esta historia hemos consultado fuentes legales tanto de la UNCuyo como de la sucesión de Alfredo Vila, el fallo de la Corte, archivos periodísticos, tesis doctorales y otras fuentes directas. Y aun así es imposible determinar exactamente qué pasa, salvo el hecho fáctico de que las tierras en disputa en Dalvian siguen así, en litigio, a pesar de que hay un fallo del máximo tribunal del país. Parece de ficción, pero es bien real.

La historia

Las tierras en disputa tienen una historia importante. La ley provincial número 17, de octubre de 1896, dice que la provincia de Mendoza le donó al Gobierno Nacional dos fracciones de terreno de una superficie de 101 hectáreas, 807 m2. Esas tierras eran para la construcción de cuarteles y campos de tiro. Las tierras, decía aquella ley, “se ubicarán al Norte de la Cárcel Penitenciaria en construcción y entre los Canales del Oeste y Jarillal”. Muchos años después, la ley nacional 22.207 sancionada en 1980 y que hablaba del régimen orgánico de las universidades nacionales, incluyó en el patrimonio de las universidades aquellos territorios que estuvieron afectados a cada uno de ellas. Fue así que la UNCuyo se hizo del polígono de tiro. El destino de esas tierras sería la ampliación de la ciudad universitaria. Pero, años después, apareció una demanda de Alfredo Vila por la que debemos aprender una nueva legal: “usucapión”. Básicamente, significa hacerse de la propiedad de un terreno por el paso del tiempo. Eso fue lo que hizo en 1986 el empresario. Se presentó a la justicia con una demanda de usucapión para quedarse con los terrenos en la zona norte del campo de deportes de la UNCuyo.

Por supuesto, poco tiempo después consiguió que la jueza Olga Pura Arrabal primero y la Cámara Federal de Mendoza después fallaran a su favor. El fallo de la Cámara fue el 31 de mayo de 2007 con un condimento que fue duramente castigado después por la Corte. La demanda de Vila fue por 20 hectáreas, y la Cámara les dio 31. La actuación de la jueza merece un paréntesis. Es “la” jueza de los empresarios, al punto que ahora se excusa automáticamente en cada causa que involucra al emporio, luego de que en medio del fragor judicial de la Ley de Medios se supiera que un familiar directo de la magistrada trabaja en una empresa de la familia Vila. Respecto de la Cámara, un dato de color: tres jueces de aquel tribunal que hoy ya no existe luego de las renuncias, remociones y casos de lesa humanidad, vivían en Dalvian.

El asunto es que Alfredo Vila quería extender las fronteras de su barrio privado y mejorar la inversión, y fue por aquellas tierras. “…con el objeto de obtener el dominio de una fracción de terreno ubicada al Oeste de la Avda. Champagnat, en la ciudad de Mendoza (31 hectáreas y 9.124,53 metros cuadrados) y, en consecuencia, la inscripción a su nombre en el Registro de la Propiedad. Alegó haber poseído el terreno por más de veinte años en forma continua, ininterrumpida, pública, pacífica y con ánimo de tener la cosa para sí…” dice el fallo de la Corte en los considerandos, tras la demanda que inició Vila en 1986 y que sus hijos continuaron a su muerte, cuando el expediente ya había sido aceptado por el máximo tribunal del país. Un punto importante que la Corte debió discernir en su fallo (ver completo) es que aquellos terrenos eran estatales de dominio público y no privado, y que por lo tanto no se podían “usucapir”. La Corte dictaminó que nunca fueron desafectados de su uso público.

El párrafo resolutivo más importante de la Corte llamó la atención, porque los jueces podrían haberse confirmado con denegarle a Vila su pretensión de poner las tierras a su nombre. Fueron más allá y ordenaron el desalojo. Los jueces declararon “procedente el recurso ordinario interpuesto por el Estado Nacional” y en su fallo anunciaron que “se revoca el pronunciamiento de fs. 1163/1182, se rechaza la demanda y se ordena el desalojo del actor del terreno en cuestión”. Por supuesto, esto no pasó, y he aquí parte del dilema. Los abogados de Vila afirman que sí se ha desalojado el terreno tal como la Corte indicó, y los de la Universidad dicen que no lo hicieron, y que a cambio les ofrecieron un lote de 6 hectáreas. “El terreno sí fue desalojado. Los herederos de Alfredo Vila pusieron los terrenos en conflicto a disposición de la UNCuyo inmediatamente de conocido el fallo dictado por la CSJN. Esto se puede comprobar perfectamente en las actuaciones judiciales” dijeron textualmente los abogados de Vila. El terreno que desocuparon y ofrecen a modo de sentencia cumplida está enclavado en medio de otras propiedades de terceros, entre ellos las familias Thomé, Dumit, Toronto, Vetruño y varios más. Dalvian, entre ellos. "Hay que entrar en helicóptero" se quejan en la universidad.

La conclusión de todo este lío, admitida por ambas partes, es que como hay un problema de límites entonces debe demarcarse el territorio a devolver al patrimonio público. No está claro si las obras que está haciendo Dalvian en el sector –un nuevo camino- pertenecen a los terrenos en litigio o no. Los representantes de la sucesión de Vila juran que no. Los de la UNCuyo afirman lo contrario.

Vaya como agregado que los empresarios aseguran en el expediente que parte de los terrenos que la universidad quiere de regreso, en realidad no les pertenecen a ellos, sino a otras personas. “Los herederos de Alfredo Vila han dejado de poseer los terrenos sobre los que tenían posesión, que han sido objeto del conflicto y que son susceptibles de ser devueltos. Como consecuencia de la sentencia de la Corte, los límites se corrieron 100 metros hacia el sur y por eso se disminuye el área susceptible de ser devuelta” explican los letrados, asegurando que durante el proceso los Vila no vendieron ni un metro de esa tierra. ¿Cómo dejaron de poseerlas, entonces? “Los herederos de Vila no pueden dejar de poseer terrenos que no tenían y que pertenecen a terceros propietarios ajenos al conflicto” reafirman los abogados. En castellano: Las tierras que hay que devolver no son las que dice la universidad que se deben restituir y por lo tanto, y aunque parezca increíble, la causa sufriría nuevos enredos después del fallo de restitución de la Corte.

Hay otro nudo en el conflicto: ¿A quién debe pagarle Supermercados Vea el uso del lugar en el que instaló el supermercado de Dalvian? Extraoficialmente, porque no hubo voceros oficiales de Vea ni respuestas a las consultas, se supo que siguen abonando en Dalvian SA y que lo seguirán haciendo. La familia Vila asegura que estas tierras no son las discutidas: “La construcción del Supermercado Vea se encuentra realizada sobre terrenos de Dalvian S.A. que no son objeto de discusión y que no forman parte de la resolución dictada por la CSJN…” dicen sus abogados.

Como sigue la histori

Más de un año después del fallo de la Corte, la Universidad no puede hacer absolutamente nada en el terreno que la Corte ordenó devolverles. La restitución no es automática, sino que debía ejecutarla un juez. La causa “bajó” de la Corte a la jueza Olga Pura Arrabal en octubre del año pasado, quien se excusó de manera inmediata. Los abogados de la universidad recusaron a Walter Bento -el otro juez federal mendocino- sin causa, algo que el derecho les permite aunque extraoficialmente se supo que lo hicieron por las posturas favorables de Bento al grupo Vila en los temas relativos a Cablevisión. Por lo tanto la causa fue a dar al puntano Juan Esteban Maqueda, que también se excusó, y el expediente de la restitución acabó en el escritorio de Leopoldo Rago Gallo, titular del juzgado federal 2, en marzo de este año. Este juez debe decidir ahora sobre la recusación de un perito agrimensor designado por sorteo y que en apariencia preparaba un dictamen contrario a los intereses de la universidad, el que llevaba por lo menos dos postergaciones. La UNCuyo le pidió a Rago Gallo que ejecute la sentencia, pero el juez tiene sus tiempos y el caso no se termina de resolver, pese a que –insistimos- hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los pasos a seguir son procesales pero susceptibles de nuevos recursos. Se tiene que decidir o no la remoción del perito, luego se resolverá cual es el límite verdadero del inmueble en litigio y más tarde “se tendrá por cumplida la sentencia tal como lo han manifestado los sucesores de Alfredo Vila” dicen los abogados de los empresarios. La UNCuyo puede oponerse a esas mediciones, algo que hará si coinciden con las de los empresarios.

El litigio por las tierras de la UNCuyo demuestra una larguísima manera de gestionar los conflictos asociados a la tierra en el Pedemonte, que don Alfredo Vila primero y sus hijos después pusieron en práctica. El archivo indica juicios, denuncias y polémicas por donaciones de tierras de la Municipalidad de Capital a Dalvian, por la apertura de calles, por las expensas en el cobro del agua, por el control de un acueducto, por un antiguo contrato con Obras Sanitarias Mendoza, por una ordenanza de Las Heras que autorizaba a construir edificios, y hasta por unas palmeras que se secaron en la Avenida Champagnat en 2005. Es decir, son expertos en todo tipo de líos. Por eso no es raro que no se pueda ejecutar el fallo de la Corte. Nadie debería sorprenderse por ello.

Una de las fuentes consultadas dijo que la universidad debió ingresar al terreno ganado con las topadoras al día siguiente de la sentencia, y tomar posesión del lugar a cambio de la “vía lenta” –o mejor dicho, la “vía normal”- que a la vista está, no dio resultados. Pasó más de un año de la sentencia y 27 años desde la denuncia original de Alfredo Vila. Un litigio enorme en el tiempo con algún “gag” en el medio, como cuando Daniel Vila anunció el 18 de setiembre de 2012 en sus medios que desistía del juicio, y apenas horas después se supo del fallo de la Corte. Quién sabe cuánto tiempo más pasará para la ejecución de la sentencia, en un caso típico donde el Estado siempre lleva las de perder. Quién sabe qué piensa el rector Arturo Somoza, un peronista reconocido, de este problema. Para saberlo habrá que esperar a que regrese de México el próximo sábado.

Los abogados del Estado habían tenido dos fallos negativos antes de la decisión de la Corte, que benefició a la Universidad. Pero en la ejecución de la sentencia, entre dilaciones, recusaciones, “peros”, mediciones de terrenos y peritajes, están perdiendo por goleada. De hecho, ni bien se conoció la sentencia de la Corte, el rector Somoza decidió desafectar a los estudios que habían trabajado en el caso y la pelea que quedó configurada es algo así como el David público contra el Goliat privado, con su ejército de abogados expertos en las ineficiencias del sistema. Por eso el título, más allá de la voluntad de funcionarios y abogados que trabajan en el caso: Feliz cumpleaños, Estado bobo.

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Argentina. Tres años de prisión en suspenso: La Justicia premió a policías que “cocinaron” vivo a un preso

LA BRÚJULA 24 - AGENCIA WALSH

La Justicia bahiense “condenó”, el pasado miércoles 16, a dos policías que asesinaron de calor y sed a Oscar Chaparro, un detenido que trasladaban desde Avellaneda hasta Coronel Dorrego Los uniformados se negaron a darle agua durante mil kilómetros. El calor dentro del camión superó los 50 grados. La jueza, artífice de la impunidad en lo Criminal y Correccional María Laura Pintos, “sentenció” a José María Benítez (41) y Paulo Andrés Del Casse (30), a la pena de 3 años de prisión en suspenso.

El viaje del terror comenzó la mañana del 14 de enero de 2009 y finalizó 24 horas después. La víctima se llamaba Oscar Chaparro. Tenía 26 años y no pudo resistir el calor, la falta de agua y de oxígeno.

Por orden judicial, en los primeros días de 2009, diez presos alojados en la seccional 1° de Avellaneda debían ser reubicados en distintas comisarías del interior bonaerense. El camión de traslados n°10458 recorrió, a 70 kilómetros por hora, más de 1000 kilómetros por las ardientes rutas bonaerenses.

Pasó por Saladillo, Trenque Lauquen, González Chaves, Tres Arroyos y Dorrego. Los detenidos que fueron “entregados” antes que Chaparro, lograron sobrevivir. Aunque, según testimonios de la causa, todos los trasladados se caían desmayados cuando eran bajados en las distintas comisarías.

Chaparro, que estaba preso por robo, tuvo la desgracia de ser el último. Debía quedar detenido en Dorrego, a la última localidad donde arribó el infierno rodante.

Según surgió de la causa, a la que tuvo acceso LA BRÚJULA 24, ese 14 de enero las temperaturas eran elevadas en todo el territorio bonaerense: la sensación térmica llegó a los 43 grados.

El camión, al que el fiscal calificó como “lata de conserva”, es totalmente de chapa. Se estima que en el lugar donde viajan los presos la temperatura superó los 50 grados.

Los buzones de estos camiones son de 60 centímetros cuadrados y tienen en la parte superior cuatro ranuras por donde ingresa el aire. Después es absolutamente hermético.

En el juicio quedó probado que el móvil de traslado presentaba deficiencias mecánicas que no le permitían circular a más de 70 kilómetros por hora y que no contaba con ventilación adecuada en el sector de celdas. No funcionaba el equipo de aire acondicionado, no tenía sanitarios que posibilitara a los internos satisfacer sus necesidades fisiológicas y todo se encontraba sucio y con olor nauseabundo.

Por varios testimonios que se pudieron escuchar durante el juicio quedó demostrado que los detenidos gritaban que se asfixiaban y que tenían sed y los guardias hicieron caso omiso a las súplicas.

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Argentina, Salta: Franceses tenían esclavizados y en negro a 85 trabajadores en campo sojero en las Maravillas

COPENOA

Como resultado del operativo realizado por la AFIP en la provincia de Salta, dos contratistas fueron acusados de reducción a la servidumbre y de trata de personas y el predio, en el que había un menor de 16 años, fue clausurado debido a que los desmontes que allí se realizaron no estaban autorizados. Los titulares de la finca, los franceses Bernard Paul Vuillermet y Charles Frederik Vuillermet, fueron acusados como responsables penal y patrimonialmente.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó a 85 trabajadores rurales sin registrar, entre los que se encontraba un menor de 16 años, tras realizar un allanamiento en la finca "LA MARAVILLA", Departamento San Martín, provincia de Salta. A partir de los procedimientos, dos contratistas fueron detenidos por los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas, previstos en el Código Penal. Además, el predio rural fue clausurado debido a que los desmontes que se llevaron a cabo no se encontraban autorizados. Los empleados estaban bajo las órdenes de los contratistas Héctor Leocadio Juárez y Hugo Corbalán, quienes quedaron detenidos a disposición del Juzgado Federal de Orán.

Además se llamó a indagatoria a los contratistas Juan Carlos Díaz y María Del Valle Mansilla, como así también de los titulares de la finca, los franceses Bernard Paul Vuillermet y Charles Frederik Vuillermet, quienes resultan solidariamente responsables penal y patrimonialmente.

Una denuncia telefónica anónima dio la pista a la AFIP para iniciar en forma inmediata la investigación que derivó en el operativo. Al momento del allanamiento, los trabajadores realizaban tareas de descampe y desmonte, sometidos a condiciones laborales y de vivienda en extremo precarias, con alto riesgo sanitario.

Los obreros carecían de elementos mínimos de seguridad para realizar sus labores y se veían obligados a vivir en condiciones infrahumanas, en chozas construidas con plásticos y palos, con sus colchones tendidos sobre la tierra. Tampoco contaban con agua potable, energía eléctrica, ni sanitarios, y estaban aislados en el campo sin medios de traslado ni asistencia médica. En la zona se padecen temperaturas extremas. La AFIP solicitó nuevas detenciones y medidas probatorias, además de la participación inmediata a los Ministerios de Medio Ambiente y de Desarrollo Social -tanto provincial como nacional- a fin de que se brinde la asistencia necesaria a los trabajadores relevados.

La orden de allanamiento fue liberada por el Juzgado Federal de Orán a cargo del Dr. Raúl Reynoso, Secretaría Penal N° 2 a cargo del Dr. Alejandro Daher.

Participaron de los procedimientos efectivos de la Delegación Salta de la Policía Federal Argentina y de Gendarmería Nacional.

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Argentina, Salta: Romero y su banda fueron responsables de dejar a 5 mil familias en la calle

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

La reforma del estado, concretada por el ex gobernador Juan Carlos Romero en 1995, tuvo como argumento las irregularidades en los nombramientos de empleados públicos de la administración de Ulloa, donde según Romero, se violaron leyes de emergencia.

El 12 de diciembre de 1995 al iniciar su primer período Romero presentó 24 decretos de necesidad y urgencia para contener el gasto público. Las medidas incluían cesantías que no significarían despidos masivos según el ex mandatario salteño.

Esta medida y las consecuencias de despidos masivos, según el sicólogo social Daniel Agüero, motivo que “el suicidio sea un camino. Porque los cesanteados viven, caminan por la calle como muertos, sus familias se van destruyendo y así los excedentes se quedan sin trabajo y sin familia. El deterioro es psicológico y social, no existe contención por parte del gobierno”.

El decreto 106, que extinguió las relaciones laborales, inicio una historia de tragedia para más de 5.000 familias salteñas.

El ajuste salteño desde 1995 tuvo como referente nacional el llevado a cabo por el ex presidente Carlos Saúl Menem, que consistió en el despido de empleados públicos, la trasferencia al sector privado de empresas estatales como ferrocarriles, aerolíneas y yacimientos petrolíferos, y el gerenciamiento de la salud pública. En Salta fueron 4.978 los despidos bajo el inhumano titulo de “excedente”, termino acuñado exclusivamente por el ex gobierno de Romero, que no respeto antigüedad, violando las leyes, y que contó con la anuncia de los gremios del Estado, que “aconsejaban” optar por el Retiro Voluntario, figura legal utilizada para allanar el camino de los reclamos.

4.978 excedentes se encontraron entre la espada y la pared, ya que ni siquiera podían acceder en los casos correspondientes, a la jubilación anticipada, sino fuera por los juicios que todavía llevan adelante.

Para que cerraran estos números, despidos, como parte del plan del Fondo Monetario Internacional, que sanearía la economía argentina, y que fuera aplicado previamente en países como Chile (durante la dictadura de Augusto Pinochet) y Brasil, dejaron sin posibilidades de desarrollo y crecimiento no sólo a los nuevos desocupados, excedentes, también afectaron a sus familias provocándoles crisis económicas y estados depresivos que llevaron a la muerte a varios de ellos.

Todo se arreglaba con la indemnización o el obligado retiro voluntario que conducía al fin de las esperanzas e ilusiones de miles de familias de esta provincia.

En esta investigación periodística, describiré alguno de los casos desconocidos pero que son parte de la realidad que afecto y sigue conmoviendo a la sociedad salteña. Una familia con hijos discapacitados que se quedo sin cobertura en el I.P.S, obra social estatal. Un obrero de la ex A.G.A.S. que sufrió un derrame cerebral en su de trabajo, y su hermano, también excedente, que padeció la muerte de su madre ante el anuncio de los despidos.

Una viuda que relata cómo su marido se ahorcó al no poder soportar la falta de trabajo; y el caso de Omar Campos, que por increpar al ex gobernador Romero, sufrió de la agresión física de éste como respuesta al pedido de auxilio. Y la opinión especializada del sociólogo social Daniel Agüero, que describe las consecuencias sicológicas de los despidos y sus secuelas en las familias afectadas po0r los despidos masivos.

Fue el primero: Se sentía desesperado

Jurado Valeriano Segovia Jurado Valeriano Segovia trabajaba en A.G.A.S., junto a su hermano menor, Candelario. El ajuste realizado por Romero, trajo graves consecuencias para los Segovia.

Valeriano se convirtió en el primer excedente muerto, al sufrir un derrame cerebral en su puesto de trabajo. Se trasformó en un testimonio de lo que vendría, al agonizar durante 4 días en el hospital. Candelario también sufrió la muerte de su madre al año y medio de la de su hermano. Fueron golpes durísimos e impensados y estuvo un año y 6 meses sin salir de su casa y sin trabajar. Su hermano murió el 6 de marzo de 1996.

Con voz apagada y triste Candelario relató: “Mi hermano estaba en su lugar de trabajo. Claro, él había salido bien de la casa, incluso ese día estuvimos bien, esa tarde estuvimos juntos, con él, estaba bien, guapo. Al otro día fue a trabajar. Me contaron que tomó el té. Y se bajó de donde estaba tomando el té y se desmayó. Yo justo entraba a la una de la tarde. A mí me avisaron como a las 9 y media de la mañana, ya estaba en el hospital San Bernardo. Me sorprendió, porque yo hasta ese momento no lo creía. El que me fue a avisar se largo a llorar y entonces, ya ahí, lo tomé en serio. Fui a verlo y era verdad, estaba ahí. Del trabajo lo llevaron al hospital”.

Valeriano fue trasladado por una camioneta de la policía. “Estuvo 4 días en la guardia, en una camilla. Y ahí se descompuso y recién lo pasaron a terapia. Y cuando lo pasaron a terapia no llego a los dos días. Ahí falleció mi querido hermano”.

“Mi hermano estaba muy preocupado porque tenía las hijas que estaban estudiando y otra que estaba enferma y el decía que si lo dejaban sin trabajo, le cortaban la obra social”.

“La mayoría estábamos en la lista, creo que un 95%”

“Una de mis sobrinas tiene problemas de riñón, le tienen que hacer una diálisis diaria, o cada 30 días. Mi hermano se sentía desesperado. Y no le daban soluciones, ninguna solución, estaba abatido. Ya estaba en la lista. El y yo estábamos en la lista negra de A.G.A.S., la mayoría estábamos en la lista, creo que un 95% estábamos en la lista. Fue terrible llegar a casa y decírselo a mi señora y a la familia”. Expresa con lagrimas en los ojos Candelario.

Decreto 11/95: ajuste a lo Pinochet

El artículo 18 del Decreto 11/95 establecía: “El personal en situación de excedencia… tendrá derecho a percibir el 70 % del último haber mensual por cada año de servicio en la administración pública provincial y municipal: en concepto de indemnización”. En lo referido a la antigüedad se computaba como mínimo 2 años, y como máximo 15 años. La indemnización se abonaba en tantas cuotas mensuales como años de servicio se computaban. Este decreto convertido en Ley 6820, desconoció la ley de Contrato de Trabajo 20744 y los convenios colectivos de trabajo, derechos adquiridos por los trabajadores argentinos. La aplicación de estas medidas de ajuste en la provincia de Salta, fueron similares, como iguales a las implementadas a partir del golpe de estado en Chile, en 1973 por el dictador Augusto Pinochet. Con el agravante que en Salta, en democracia, el ajuste fue avado y aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores.

Leyes de Salta contra los trabajadores

Ley 6821: Derecho de huelga, se retoma la regulación al derecho constitucional de ejercer huelga.

Ley 6841: Su artículo 24 establece que los empleados públicos pueden pasar al sector privado, como parte de la empresa mixta.

“Quedé con 9 hijos y sin trabajo”. Su marido, excedente se ahorco en su casa.

Celía Velásquez Claro Bonifacio se desempeñaba como plomero en la ex Dirección de Arquitectura. Luego de tres años de haber sido obligado a optar por el retiro voluntario, el 10 de febrero de 1999, Bonifacio se ahorcó en su casa.

Celía Velásquez quedó a cargo de nueve hijos a los que debe mantener, después que su marido Claro Bonifacio decidiera quitarse la vida en medio de la desesperación. El era plomero y gasista de la Dirección de Arquitectura, disuelta por Romero y durante 23 años se levanto a las 5 y media de la mañana, tomo su bicicleta y se dirigió al trabajo. Durante 23 años. Tenía 48 años y no le alcanzaba la edad para acceder a la jubilación anticipada.

Señora, ¿Cuándo le avisan a Bonifacio que queda sin trabajo?

El no lo quería comentar, el al principio me decía “parece que me van a dejar sin trabajo”. Lo que pasa es que las cosas hay que tomarlas con calma. Y bueno, yo le decía qué vamos a hacer. Me decía él, “y no sé” me decía, y así empezaba, pero él no me lo quería decir. Hasta el final, recién me lo había dicho, el se quedo sin trabajo un 22 de febrero ha quedado sin trabajo, porque el nene , el más chiquito había nacido el 18 de enero, y el 22 de febrero ha quedado sin trabajo .O sea, el nene tenía un mes prácticamente, había nacido con problemas, estuvo internado casi un mes en el sanatorio, y bueh, yo cuando lo saqué al niño, él quedó sin trabajo.

¿Cuántos años de servicio tenía?

23 tenía. Se perdió obra social, se perdió todo, todo, seguro, todo se perdió. Para qué tantos dígame aportes, para que tantos años aportados, para qué si yo no sé si en que bolsillo habrá ido a parar, no sé.

¿Cómo lo veía, usted se dio cuenta que él comenzaba con depresiones?

El comenzó con depresiones, o sea, el empezó muy caído. Se lo veía bastante caído, se había avejentado, él no era una persona así. El no era una persona que se va a levantar a las 10 de la mañana ni nada. No, él era una persona que se levantaba temprano y ya salía, todos los días. Cuando el empezó así, ya he notado que él ha empezado a caer, a caer, se venia abajo. Uno se da cuenta, en un hombre uno se da cuenta.

¿El le manifestaba que se sentía mal?

Me decía que se sentía mal. Se sentía cansado. Si se le notaba. Se notaba que él se sentía mal. Porque ya la persona cambia, ya no es así como él era. Se notaba mucho el cambio en él. O sea, yo lo notaba prácticamente, no? Bah, no sólo yo, la familia…

¿Percibió que el podía llegar al suicidio?

No, no, no he pensado, quizá nunca me he querido imaginar, porque usted sabe, ve? que uno nunca se imagina las cosas así

Y ese día, ¿Cómo fue?

Fue terrible, porque yo no estaba, yo estaba de viaje, yo me había ido a la casa de mis padres, allá, al campo. Y bueno, estaban los chicos más grandes nomás, acá, ese día. Ellos estaban solos, así que yo no se cómo fue, porque yo no estaba. Yo cuando llegué, yo llegué a la madrugada de ese día, y bueno, ya había pasado todo. Mi marido se ahorcó en la casa.

A 11 años del suicidio de Claro Bonifacio, su esposa Celía no supera la pérdida de su amado esposo. Entre lágrimas pide su presencia, su ayuda, como consuelo ante tanto dolor.

Respeto y protección de la vida: El compromiso no cumplido de Juan Carlos Romero

En 1986, el ex gobernador Romero y actual senador nacional por la provincia de Salta, incursionaba en política, siendo elegido Convencional Constituyente por el Partido Justicialista. Su padre, Roberto Romero, ex gobernador nombraba a su hijo como Presidente de la Comisión Redactora, que modificaría la Constitución de los salteños.

Juan Carlos Romero, firmó por entonces de puño y letra, y con sello aclaratorio la aprobación por unanimidad en dicha Comisión del Artículo 9, titulado: De respeto y protección de la vida.

Romero, implemento en la provincia de Salta durante sus tres gobernaciones, un plan mesiánico de persecución, criminalización de la protesta social, torturando, encarcelando, a todos lo que se agrupaban para dar a conocer sus reclamos sociales. Las represiones ordenadas durante los gobiernos de Romero dejo el trágico saldo de cinco desocupados asesinados que protestaban sobre las rutas salteñas, exigiendo mejoras en sus vidas paupérrimas como las de sus familias.

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Los trabajadores no registrados o “cooperativizados” podrán elegir delegado gremial

RED ECO

En un reciente fallo del Tribunal de Trabajo N° 1 de Mar del Plata se hizo lugar a una acción de amparo promovida por la CTA Mar del Plata. La trabajadora que se desempeñaba como envasadora en una planta de pescado de la ciudad junto a otros 60 operarios, cuyo contrato de trabajo no estaba registrado y apareció tercerizado bajo la figura fraudulenta de una cooperativa de trabajo. Fuente: Casa del Trabajador Mar del Plata.

La trabajadora había sido electa en forma directa por sus compañeros como delgada gremial del personal en el mes de julio del año 2007, en el marco del reclamo masivo de registración laboral efectuado por los trabajadores del sector y que contó con el acompañamiento activo de la CTA.

Sin embargo, inmediatamente a su elección, la empresa pesquera Netuno SRL (y la cooperativa Copecas Ltda.) la despidieron, con el claro fin de impedir su acción sindical dentro de la empresa, intimidar a sus compañeros y boicotear los legítimos reclamos de los trabajadores.

Ahora, mediante este ejemplar fallo, el Tribunal de Trabajo nº 1 condenó a Netuno SRL a reinstalar a la trabajadora en su puesto de trabajo y a pagarle los salarios caídos.

Este reconocimiento de la justicia es trascendental, por cuanto habilita que los trabajadores cuyos contratos no estén registrados o se los haga figurar como socios de una cooperativa en fraude a la ley, también pueden elegir y ser electos como delegados gremiales, contando con la protección o amparo gremial contra el despido incausado.

Asimismo se reconoce que la convocatoria a elecciones para elegir delegados la pueden realizar los propios trabajadores del establecimiento sin estar afiliados a ningún sindicato y prescindiendo de la intervención del mismo en el proceso eleccionario.

Esto permitirá que la enorme cantidad de trabajadores que hoy se desempeñen en negro (del 35 al 40%) puedan contar con representación sindical en sus lugares de trabajo para hacer respetar las leyes laborales y actuar como inspectores delegados para combatir el trabajo clandestino.

Este fallo, además, abre un camino para avanzar en el desarrollo, organización y sindicalización de los trabajadores privados en el país.

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Oferta negociadora de represores presos en Chile genera rechazo

PL

La oferta de exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) de brindar información sobre el paradero de cadáveres, a cambio de beneficios carcelarios, generó el rechazo de diversas voces en Chile.

La propuesta la hizo pública el abogado René López, representante del general en retiro Manuel Contreras, quien fuera el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), sancionado a 360 años de cárcel por los asesinatos en los que tomó parte al frente de la policía secreta de Pinochet.

Una de las primeras que reaccionó ante la oferta fue la candidata presidencial Michelle Bachelet, quien consideró que no se debe negociar con los represores que tanto daño causaron a miles de familias chilenas.

"Los crímenes de lesa humanidad no se negocian. Si alguien tiene mayor información, tiene que entregar toda la información. No hacerlo es mantener el dolor de los familiares de las víctimas, es mantener la herida que tiene nuestro país", expresó la expresidenta (2006-2010).

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, calificó de siniestra la maniobra de los militares en retiro, quienes cumplen largas penas de cárcel en el penal de Punta Peuco.

"Me parece que estamos frente a una ofensiva muy siniestra y peligrosa", exclamó Pizarro ante reporteros.

La dirigente y candidata a diputada consideró que se está jugando con la búsqueda de una verdad que la AFDD reclama desde hace muchos años.

Más de tres mil personas fueron ejecutadas durante la dictadora Pinochet, y de ellas se desconoce el paradero de más de mil.

El pasado fin de semana, el abogado de Contreras aseguró que tanto el general (r) como otros exagentes de la DINA estaban dispuestos a entregar información sobre los lugares donde se encuentran los restos de personas desaparecidas, a cambio de beneficios carcelarios que no precisó.

"Depende, fundamentalmente, del Presidente de la República, que autorice un cara a cara, una mesa de diálogo, como quieran llamarlo, y nos sentamos a conversar. Y creo que nadie va a salir defraudado, siempre y cuando el Presidente nos cumpla, siempre lo hemos puesto en duda, pero esta vez esperamos alguna vez tendrá que cumplir", manifestó López en entrevista con CNN Chile.

Poco después el hijo del general Contreras, Manuel Contreras Valdebenito, negó que el abogado tuviese la encomienda de hacer dicha oferta a nombre de los presos, y el caso de su padre dijo que ya la información que tenía la entregó a los tribunales de justicia.

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