jueves, 24 de octubre de 2013

La política de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe: Una reflexión teórica

Roberto Miguel Yepe Papastamatin (especial para ARGENPRESS.info)

Ponencia presentada en la I Conferencia de Estudios Estratégicos: “Repensando un mundo en crisis y transformación”, del Centro de Investigaciones de Política Internacional, 16-18 de octubre de 2013, La Habana, Cuba.

En un ensayo publicado en 1993, el profesor Roberto González Gómez, del Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”, expuso la necesidad de intentar la elaboración de un nuevo paradigma interpretativo de las relaciones internacionales que permitiera enfrentar el dominio casi absoluto ejercido en esta disciplina por las concepciones y escuelas de pensamiento provenientes de los principales centros de poder (1). Para ello, sugería integrar los mejores aportes de los paradigmas realista, idealista e interdependentista, al tiempo que reivindicaba la vigencia del enfoque marxista y de la teoría de la dependencia en el estudio del fenómeno del imperialismo, cuya sola enunciación en el discurso político y la reflexión académica, en aquellos años de ensueño para el dogma neoliberal, solía ser considerado como un anacronismo.

Esta propuesta planteaba y sigue planteando un enorme desafío intelectual, en la medida en que los paradigmas teóricos, en cualquier disciplina, son presupuestos o postulados fundamentales con los que se pretende simplificar una realidad compleja, con el objetivo de explicarla, y al constituir conjuntos o sistemas de creencias armónicos y autosuficientes, resulta extremadamente difícil, por no decir imposible, separar o tomar elementos de cada uno de ellos para integrarlos en una especie de súper paradigma que permita superar las respectivas limitaciones o insuficiencias de sus distintas fuentes conceptuales.

Sin embargo, en el sentido de lo propuesto por el profesor Roberto González, es posible y conveniente trabajar en la identificación de puntos de contacto y de la posible complementariedad entre la teoría marxista del imperialismo, particularmente en su versión leninista, y la teoría realista de la política internacional, especialmente en su vertiente neorrealista, para avanzar en la investigación de la política exterior de los estados. Incluso eventualmente se podría aspirar, no sin antes superar importantes dificultades, a lograr una síntesis teórica entre ambas corrientes de pensamiento en el campo de la política internacional.

Un esfuerzo de ese tipo sería particularmente relevante para el tema que nos interesa: la política de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe.

Se trata de un objeto de estudio tratado ampliamente y desde las más diversas latitudes y perspectivas. Sin embargo, en gran parte de estos trabajos no existe una referencia explícita por parte de sus autores a los modelos teóricos que guían sus respectivos acercamientos, descripciones o explicaciones sobre un fenómeno tan complejo aunque, en algunos casos, tales modelos pueden ser deducibles.

Considero que la teoría leninista del imperialismo sigue siendo la base indispensable para el estudio riguroso de la política exterior de cualquier estado imperialista. Por ejemplo, sus definiciones en torno a que el imperialismo “en el aspecto político es, en general, una tendencia a la violencia y a la reacción” y que le “es sustancial la rivalidad de varias grandes potencias en sus aspiraciones a la hegemonía”; así como sus nociones sobre la correlación internacional de fuerzas y su naturaleza cambiante, como resultado del desarrollo desigual entre los distintos países; mantienen, en lo esencial, plena validez. (2)

Pero si bien la teoría del imperialismo establece el marco conceptual básico, no es suficiente para el estudio detallado de la política exterior de los estados, sobre todo para comprender o interpretar sus variaciones en el tiempo, entre otras razones, porque este fenómeno no era su centro de atención específico. En este sentido, considero que los especialistas con formación y perspectivas marxistas necesitamos saldar cuentas e incorporar en nuestros enfoques aquellos aportes valiosos provenientes de otras escuelas de pensamiento desarrolladas en los campos de la política internacional y de la política exterior, particularmente del realismo político y, en especial, de su corriente neorrealista.

Usualmente desde posiciones de izquierda existe una visión negativa sobre el realismo político, lo que, en mi opinión, en el mejor de los casos es el resultado de una lectura muy parcial o sesgada de sus principales obras (3). Obviamente, todo investigador de la escuela realista tiene como centro de atención la política exterior del estado al que sirve, y busca orientarla según lo que considera como sus mejores intereses y de acuerdo a los valores políticos e ideológicos que representa. Pero, conscientes de esto, es necesario también reconocer que el realismo ha desarrollado todo un cuerpo teórico especializado en los campos de la política internacional y de la política exterior que todavía no tiene una alternativa a su misma altura, y que puede ser apropiado por nosotros, en función de los intereses y proyectos de nuestros países latinoamericanos y caribeños. Creo que la superación del realismo es por la vía de su integración dentro de un marco meta teórico general marxista, pues lo que le falta al realismo es precisamente el marxismo.

Los puntos de contacto entre la teoría leninista del imperialismo y el realismo son notables. Ambas perspectivas, al analizar la política internacional, son estado-céntricas (4) y le conceden la debida importancia a la correlación internacional de fuerzas (o distribución relativa del poder) entre las principales potencias, así como a los condicionamientos, presiones y restricciones que esto impone a la política exterior de los estados.

Pienso que la convergencia entre ambas perspectivas tendría implicaciones prácticas de gran importancia para el estudio de la política estadounidense hacia nuestra región. Podría ser muy útil, por ejemplo, para resistir la tentación de atribuir un carácter especialmente perverso a la clase dirigente estadounidense y a sus motivaciones de política exterior, y a personificar esto en sus presidentes, sea un W. Bush o un Obama. Cumpliríamos así lo planteado por Martí en su artículo “La verdad sobre los Estados Unidos”:

Es preciso que se sepa en nuestra América la verdad de los Estados Unidos. Ni se debe exagerar sus faltas de propósito, por el prurito de negarles toda virtud, ni se ha de esconder sus faltas, o pregonarlas como virtudes. (5)

Sin dudas la política de los Estados Unidos hacia nuestra región ha estado cargada de una gran perversidad que ha causado cientos de miles de víctimas directas y posiblemente millones de víctimas indirectas. (6) En definitiva, a nivel mundial, se trata del único estado que ha utilizado la bomba atómica premeditadamente contra grandes centros urbanos. Pero si en lugar de los Estados Unidos los latinoamericanos hubiéramos tenido en el norte otra nación con un enorme poder igualmente desproporcionado, probablemente su política hacia nuestra región no hubiera sido muy diferente. Se trata obviamente de una conjetura hipotética imposible de demostrar empíricamente de manera directa, pero la historia es de gran apoyo aquí. No debe olvidarse, por ejemplo, el origen francés de los métodos de represión y tortura aplicados de manera tan profusa en nuestra región, así como el amplio expediente histórico de crímenes y crueldades cometidos por el imperialismo inglés, el francés, el alemán y el japonés, entre otros. (7) En nuestros días, la similitud entre las respectivas políticas exteriores de las potencias imperialistas se observa de manera notable en la alianza tácita entre los Estados Unidos y los principales estados europeos con respecto a los asuntos estratégicos que tienen que ver con América Latina y el Caribe.

Tanto la teoría leninista del imperialismo como el neorrealismo enfatizan el carácter sistémicamente condicionado de la política exterior de los Estados, aunque esto a veces parece olvidarse en los análisis sobre el fenómeno que nos ocupa. Tal olvido se evidencia con particular claridad en vísperas de las elecciones presidenciales estadounidenses, en la generalizada ansiedad con la que en todo el mundo y en América Latina, en particular, dirigentes políticos, funcionarios gubernamentales, analistas políticos y el público en general aguardan los resultados de dichas elecciones, con una esperanza mayoritaria de que triunfe la figura que supuestamente, en lo internacional, será más dialogante, cooperativo y multilateralista, condiciones usualmente asociadas al candidato demócrata. Se parte de la premisa de que es posible un cambio esencial o fundamental, en un sentido positivo, de la política exterior hacia América Latina y el Caribe, aunque no cambien las condiciones sistémicas esenciales del imperialismo estadounidense ni la correlación internacional de fuerzas. De hecho, esta ha sido la promesa de muchos presidentes estadounidenses a lo largo de la historia, jamás cumplida. La última versión fue Obama en la Cumbre de las Américas en Puerto España, Trinidad y Tobago. (8)

En suma, considero que con la posible síntesis conceptual entre la teoría del imperialismo y el neorrealismo, tanto los estudios sobre la política de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, como los proyectos políticos en el orden práctico para enfrentar la hegemonía norteamericana, se dotarían de mayor rigor teórico y científico. También sería más nítida la comprensión de que la política exterior de los Estados Unidos es la política propia de un estado imperialista y de una gran potencia, en este caso una superpotencia, y que siempre debemos esperar que sea esa y no otra. Por tanto, solo es previsible que se manifieste de manera cooperativa o moderada frente a dos tipos de estados: aquellos que se le someten o aquellos que logran desarrollar un poder disuasorio suficiente para preservar su soberanía, ya sea de manera individual o mediante coaliciones.

Roberto Miguel Yepe Papastamatin es Profesor en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”.

Notas:
1) Roberto González Gómez, "La recomposición de las relaciones internacionales en la posguerra fría. La búsqueda de un nuevo paradigma interpretativo desde América Latina", en: Iberoamérica hacia el Tercer Milenio, Instituto Matías Romero, México, D.F, 1993, pp.15-25.
2) Vladímir Ilich, Lenin. “El imperialismo, fase superior del capitalismo”, en: Obras escogidas en tres tomos, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú (sin año). Tomo 1, pp. 719-834.
3) Aunque en la trayectoria del realismo hay otros textos de gran importancia, la “Política entre las naciones” de Morgenthau es considerada la obra cumbre de esta escuela de pensamiento (Hans J. Morgenthau. Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace, Alfred Knopf, Nueva York, 1948). Por su parte, para el texto fundador del neorrealismo,ver: Kenneth N Waltz. Theory of International Politics, Addison-Weslely, Reading, Mass., 1979.
4) Con todo lo que pueda decirse, y aunque es un tema de mucha discusión, la política internacional contemporánea sigue constituyendo, en lo esencial, un sistema anárquico y estado-céntrico.
5) José Martí. "La verdad sobre los Estados Unidos”, en: Patria, Nueva York, 23 de marzo de 1894, Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana 1975. Tomo 28. Páginas 290-294.
6) Sobre este saldo trágico puede verse: Luis Suárez Salazar, Madre América. Un siglo de violencia y dolor (1898-1998), Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2003.
7) Ver un buen compendio en: El libro negro del capitalismo, Editorial Txalaparta, Tafalla, 2001.
8) Con esto no quiero decir que no existan diferencias significativas entre las personalidades dirigentes, las fuerzas políticas y los grupos de poder que prevalecen en la conducción de la política exterior de los Estados Unidos en cada momento histórico, ni que esas diferencias no tengan importancia. Dentro del marco del general de una política imperialista común, para América Latina y el Caribe no fue lo mismo la política desarrollada durante el gobierno de Woodrow Wilson que la desarrollada durante el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, ambos demócratas, así como no fue tampoco lo mismo la política del gobierno demócrata de Carter que la del gobierno republicano de Reagan. Las decisiones tomadas o dejadas de tomar por los presidentes y otras autoridades estadounidenses pueden determinar el curso de los acontecimientos de manera decisiva, con implicaciones prácticas que se pueden medir incluso en términos de vidas humanas. Estas decisiones, a su vez, están influidas por los respectivos sistemas de creencias, valores y visiones del mundo y del papel de los Estados Unidos en el mismo de los que son portadores estos funcionarios.

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Los economistas norteamericanos han comenzado a descubrir el agua tibia

Sergio Reuben Soto (especial para ARGENPRESS.info)

Desde varias conferencias en TED (Michael Sandel) hasta los comentarios de los más reconocidos y renombrados economistas como Joseph Stiglitz y Paul Krugman, han comenzado recientemente a cuestionar el funcionamiento de las sociedades capitalistas.

Sus criticas se ha ido acrecentando, desde posturas keynesiana y neokeynesianas levantadas inmedia¬tamente que se desatara la crisis actual, a finales del 2008, hasta las más radicales que alcanzan ya…, posturas marxistas.

Los que hemos venido criticando las sociedades regidas por el capital desde la perspectiva que ofrece el pensamiento marxista, no podemos menos que llamar la atención sobre este hecho.

Lo más destacable desde nuestro punto de vista es que ese proceso de aproximación a la crítica de la “economía convencional” (o de la economía escolástica como hemos propuesto llamarla en uno de nuestros escritos: ver en http://www.latindex.ucr.ac.cr/econ003-04.php), se lleva a cabo en sus primeras etapas sin realizar una verdadera crítica de los fundamentos de dichas teorías. Sus propuestas de explicación de la crisis y sus correspondientes propuestas de soluciones se enmarcan estrictamente dentro del modelo estandar de explicación del funcionamiento de las sociedades capitalistas. Fue la falta de regulación de los productos financieros ofrecidos por los grandes bancos la causa fundamental de la crisis surgida a finales del 2008, o fue la burbuja inmobiliaria creada por los bancos debido a un descuido en la valoración de la capacidad de pago de los deudores…, y más hacia el keynesianismo, el origen de la crisis y sus soluciones hay que buscarlos en la baja demanda agregada asociada con un lento, si no virtual estancamiento en los sala¬rios reales de los trabajadores, asociados a su vez, a la exportación de capital, a la globalización y des¬territorialización de la producción; lo que algunos llamaron en ese momento la “desindustrializa¬ción” de la economía norteamericana.

Stiglitz, el más próximo a una crítica de los fundamentos del modelo por su percepción del mal funcionamiento de los mercados debido a la asimetría de la información entre los operadores (tesis que le valió el premio novel de economía junto con otros dos colegas en el 2001), no logra elaborar una crítica integral del modelo estandar que explica los fenómenos económicos del momento. La crisis financiera del 2008 ha tenido un desenvolvimiento tan veloz y alcanzado tal profundidad que las posturas más críticas no fueron capaces de articular sus planteamientos teóricos con los hechos concretos del momento.

Si se revisa la literatura de los años siguientes a ese período, hasta por ahí del 2010 y mediados del 2011, esos son los principales argumentos de los economista norteamericanos. Nada se ha dicho todavía sobre la concentración del capital, sobre las condiciones oligopólicas y monopólicas de los principales ramos de la estructura productiva y comercial de los Estados Unidos, sobre el poder de mercado de las corporaciones, ni sobre la enorme desproporción entre los ingresos de los sectores más favorecidos con las políticas neo liberales, las grandes corporaciones, en contra de la gran masa de empresas pe¬queñas y medianas que apenas sobreviven sin capacidad de innovar y competir. En resumen, nada se ha dicho aún sobre la inadecuada locación de los recursos escasos entre las necesidades sociales, que se ha asentado en la sociedad estadounidense.

En otras palabras, nada se ha dicho aún sobre la posibilidad de que la crisis sea originada por un mal funcionamiento de las relaciones económicas constituidas en el seno de la sociedad norteamericana. Y nada se ha dicho aún sobre la influencia de las grandes concentraciones de riqueza y de medios de producción y de trabajo sobre las instituciones públicas y sobre el ordenamiento legal, de los países cuyo sistema productivo y distributivo está regido por los imperativos de la acumulación de capital; creando así un especie de “círculo perverso” que tiende a una asignación injusta, ineficien¬te e ineficaz de los recursos escasos de una sociedad, entre sus necesidades reales.

Pero la profundidad que ha alcanzado la nueva “Gran depresión”, la extensión casi universal de sus consecuencias y, particularmente, el aún lejano horizonte de su final, ha hecho que los economistas más críticos pierdan una esperanza en que el sistema pudiera recuperar su antiguo lustre, incluso algunos basados en la misma “destrucción positiva” con la que Shumpeter había pensado la salida a las crisis periódicas del sistema; y comienzan a denunciar abiertamente las contradicciones fundamentales del sistema capitalista.

La más reciente manifestación de estas denuncias la encontramos en el mismo Stiglizt; que en un encuentro con uno de los más grandes sindicatos de los Estados Unidos, espetó a sus miembros un discurso que es digno de ser leído por su tono revolucionario. El lector y la lectora interesados pueden consultarlo en este enlace: http://www.alternet.org/economy/joe-stiglitz-people-who-break-rules-have-raked-huge-profits-and-wealth-and-its-sickening-our

Pero más aún, una de las críticas más vibrantes en esta misma dirección, ha sido hecha el 20 de octubre por nada más y nada menos que el legendario Allan Greenspan, anterior presidente de la Reserva Federal. En una entrevista concedida a la BBC criticó lo que se ha venido llamando el “crony capitalism”, literalmente “capitalismo de amigos”, pero que en este blog hemos identificado como lo que realmente es: “capitalismo corporativo”; por el que las grandes corporaciones obtienen condiciones especiales para competir, no solo por sus lazos y conexiones con otras corporaciones y empresas afiliadas, deudoras, controladas, etc. (un largo etcétera que reune todas las formas imaginables para evitar la competencia de firmas oponentes), sino también el favor de las instituciones públicas con las que crean lazos de intereses político-económicos. El y la lectora interesada pueden consultarlo aquí: http://www.bbc.co.uk/news/business-24602273

Así, los economistas estadounidenses han comenzado, cinco años después, a darse cuenta de una realidad oculta por la perspectiva ideológica que subyace a sus conocimientos “científicos” del comportamiento económico: El capitalismo incuba las condiciones para que el mercado no pueda desempeñarse como el mejor instrumento de asignación de los recursos escasos de una sociedad, entre sus necesidades perentorias. La regulación del uso del excedente generado por la propiedad de los medios de producción y trabajo, se hace una necesidad pública.

Sergio Reuben Soto es economista y sociólogo, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica.

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Ecuador: Esfera moral versus esfera legal

Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)
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"El escritor debe ser un testigo insobornable de su tiempo, con coraje para decir la verdad, y levantarse contra todo oficialismo que, enceguecido por sus intereses, pierde de vista la sacralidad de la persona humana"
Ernesto Sábato, Antes del fin.

En los últimos días en el Ecuador, a propósito de la aprobación de la Ley de Comunicación y del trámite del proyecto del Código Orgánico Integral Penal que se sucede en la Asamblea Nacional, el debate se ha centrado en el carácter punitivo y en la condición personal del elegido Superintendente de Comunicación, en el caso de la primera; y, en el del segundo, en la tipificación de la mala práctica profesional de los médicos y las sanciones con prisión que se impondrían. En uno y otro caso, se pasa por alto, por omisión o desconocimiento que, tanto en el caso de los comunicadores como de los médicos, exceptuando los casos en que existe mala fe en su práctica profesional que debe penalizarse, los irrespetos a la deontología de unos y otros, es un problema moral, por lo que es habitual que las infracciones sean consideradas y, de ser el caso, sancionados por un Consejo de Comunicación o un Comité de Ética, respectivamente, por lo que no procede la conversión de la deontología moral en normas jurídicas, como se aprobó inconsultamente en la Ley de Comunicación, y, tampoco, el establecimiento del tipo de sanciones establecidas en el Código Integral Penal para el caso de los indefinidos delitos consignados en relación a la responsabilidad por mala práctica médica.

El tratamiento antes mencionado, sin mayor reflexión por quienes aprobaron la Ley de Comunicación o formalizan el proyecto del Código Penal Integral, así como por quienes participan en el debate sobre esos temas, desestiman considerar que los temas debatidos dicen al tipo de ciudadano que pretendemos formar, a la sociedad que queremos construir, y que ello, no es posible lograr mediante el fortalecimiento de la capacidad coercitiva del Estado, a través del establecimiento de sanciones, puesto que éstas, por más drásticas que estas sean, no solucionan los problemas que se pretende solucionar, como lo demuestra la historia de este proceder en el mundo entero. Igualmente, desatienden que los ciudadanos y nuestra sociedad serían totalmente diferentes, si privilegiamos a la esfera moral sobre la esfera legal, toda vez que la esfera de la moral es más amplia que la del derecho ya que regula todos los tipos de relación entre los hombres, lo que no es propio del derecho.

Desde otra perspectiva analítica, lo que los legisladores no entienden o simplemente no lo saben, es que las sociedades se humanizan más, cuando en ellas se registra un progreso moral, el que se produce cuando se amplía la esfera moral, mediante el fortalecimiento de la regulación moral en las relaciones entre los individuos, en detrimento de las relaciones sociales que se rigen por normas externas, como las del derecho. No parecen entender que: "Una sociedad es tanto más rica moralmente cuando más posibilidades ofrece a sus miembros para que asuman la responsabilidad personal o colectiva de sus actos; es decir, cuanto más amplio sea el margen que se les ofrece para aceptar consciente y libremente las normas que regulan sus relaciones con los demás". (1)

Desde otra perspectiva, igualmente desconocen que la mayor humanización de la sociedad que genera el progreso moral se deriva de dos hechos trascendentes: la voluntad y la conciencia en el cometimiento de actos personales y sociales bajo el conjunto de normas, aceptadas libre y conscientemente, que regulan la conducta individual y social de los hombres (2). Voluntad que dice a la libertad de todos, ya que, las decisiones que adoptamos bajo valores morales socialmente aceptados solo son factibles como actos de libertad, ya que, a éstos es consubstancial y sólo son posibles si no existen elementos de coacción internas, o externas como las derivadas de las normas legales, por ejemplo; y, la conciencia para someter nuestros actos a la bondad o maldad determinada por los principios éticos o las normas morales, conciencia que no constituye un requisito para la aplicación de toda la capacidad sancionadora de la ley. A lo que debe agregarse que la voluntad y conciencia en nuestros actos son las precondiciones para que se nos exija responsabilidad ulterior de nuestro accionar. En otros términos, únicamente una mayor libertad y la conciencia de los hombres sobre la razón moral de sus actos, permite demandar responsabilidad ulterior y, con ello, avanzar en la solución o por lo menos morigerar problemas de especial importancia como el individualismo, el mercantilismo, el economicismo, el egoísmo, el consumismo, el constante irrespeto a la privacidad y a la dignidad personal, la drogadicción (3), etc.etc.

Así planteado el problema, y si recordamos que en todas las construcciones sociales y principalmente en los procesos revolucionarios o autocalificados como tales, constituye un imperativo categórico formar al denominado "hombre nuevo", calificado así a aquel hombre que es capaz de convertir la "virtud en un hábito" -en palabras de Aristóteles-, o de mantener un comportamiento reiterativo, una predisposición adquirida para actuar de acuerdo a los valores morales de una sociedad históricamente determinada, predisposición que no es sólo personal sino también colectiva, ya que: "... la función social de la moral en su conjunto o de una norma en particular es la misma: regular las acciones de los individuos, en sus relaciones mutuas, o las del individuo con la comunidad, con el fin de preservara la sociedad en su conjunto, o, dentro de ella, la integridad de un grupo social" (4), vale preguntarse si el proceder de la Asamblea nacional contribuye o no al logro de estos objetivos. Consulta ante la cual sólo cabe reconocer que evidentemente no contribuye al logro de los esos objetivos, por las razones ya anotadas.

Si adicionalmente recordamos que en el proceso de moralización influyen las diversas relaciones, organizaciones e instituciones sociales, hemos de admitir que el Estado y sus instituciones juegan un papel decisivo en el desarrollo del "hombre nuevo", en el progreso moral de una sociedad, ya que, es de su poder definir políticas públicas que prioricen la esfera moral en procura del cometido antes planteado. Planteamientos que, contrastados con la conducta observada en las decisiones de la Asamblea Nacional en los últimos tiempos, señalan que esta instancia desconoce que la deontología profesional corresponde al plano moral y no al legal como lo aprobaron en la Ley de Comunicación o la desestima al Juramento Hipocrático (5) como se constata en el texto propuesto del Código Orgánico Penal Integral, conducta que, insistiendo, privilegia la capacidad punitiva y sancionadora de la ley antes que a la concienciación moral de los ciudadanos. Privilegio que nos permite formular una última advertencia sobre las previsibles consecuencias políticas que, en términos estratégicos, puede generar el equivocado proceder objetado: la creación de condiciones para un ejercicio autoritario del poder, cuanto más si la derecha asume el poder en el futuro, cuando el Presidente Correa cese en sus funciones. Ejercicio autoritario que se vería, entonces, posibilitado por el actual derrotero adoptado por la Asamblea Nacional para definir los contenidos de los cuerpos legales aprobados o en vía de aprobación, puesto que todos ellos privilegian a la esfera legal aprobando leyes con amplios poderes sancionadores, con las consecuencias negativas que ello conlleva para los ciudadanos y para la sociedad en su conjunto.

En conclusión, en el actual momento histórico, principalmente a nivel de la legislatura, prevalece la convicción de que mediante la ampliación de la esfera legal en detrimento de la esfera moral, podremos construir una nueva sociedad. Que, según su opinión, basta el incremento de la capacidad coercitiva del Estado para resolver acuciantes problemas que soporta la sociedad ecuatoriana. Posición ante la cual todos estamos obligados a develar el falso, el equivocado derrotero asumido como la panacea para el desarrollo nacional y de todos los conciudadanos, seguros que esa concepción equivocada, que se impone en varias instancias del Estado, no augura un desarrollo adecuado de la sociedad ecuatoriana.

Notas:
1) Vásquez Sánchez, Adolfo: "Ética", Editorial Grijalbo, México, Cuadragésimanovena edición, 1969, página 52.
2) "La moral es un sistema de normas, principios y valores, de acuerdo con el cual se regulan las relaciones mutuas entre los individuos, o entre ellos y la comunidad, de tal manera que dichas normas, que tienen un carácter histórico y social, se acaten libre y conscientemente, por una convicción íntima, y no de un modo mecánico, exterior e impersonal". Vásquez Sánchez, Adolfo, Op. Cit. página 73.
3) No podemos dejar de coincidir con Ernesto Sábato, cuando expresa que el consumo de drogas es: "Un problema que los imbéciles pretenden que sea una cuestión policial, cuando es el resultado de la profunda crisis espiritual de nuestro tiempo". Op. Cit. página 167.
4) Vásquez Sánchez, Adolfo, op. Cit. página 60.
5) "El juramento hipocrático es un juramento público que hacen los que van a empezar sus prácticas con pacientes o se gradúan en medicina, fisioterapia, logopedia, odontología o personal de enfermería, lo hacen igualmente otras personas del área de la salud. Se hace ante los otros médicos, doctores y ante la comunidad. Su contenido es de carácter ético, para orientar la práctica de su oficio, es también el juramento que se basa a partir de la responsabilidad del ser humano y conciencia de ella" Wilkipedia.

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Pacto agrario en Colombia, ¿a lo Cargill siglo XXI?

Aurelio Suárez Montoya (MOIR)

En un detallado informe EXCLUSIVO para Confidencial Colombia, Aurelio Suárez, experto en temas económicos y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, hace un análisis de la situación del agro colombiano. Este documento desarrolla un recuento por el modelo de agronegocio que la multinacional Cargill impone alrededor del mundo y cómo el gobierno de Juan Manuel Santos, según el analista, quiere aplicarlo en Colombia.

“La verdadera amenaza para la prosperidad a largo plazo de Cargill, dice Greg Page, es que las fuerzas más allá del control de la empresa vayan en contra de su libertad para operar en los mercados”(1)

Se sabe que la producción agrícola viene de muchos productores y que en las cosechas el grueso sale al mismo tiempo. Al contrario, la demanda es permanente, se consume todos los días, y concentrada, pues la mayoría de los consumidores está en las ciudades. Por esta contradicción la venta directa del agricultor al comprador final es casi imposible. De ahí surge la intervención de intermediarios que aglomeran y almacenan y, en muchos casos, procesan y hasta llegan al mostrador, a la venta al detal. Esos intermediarios en últimas definen los precios y, más aún, cuando tienen posición dominante como monopolio u oligopolio.

Cargill, el líder de los intermediarios y del agronegocio

Con la evolución del comercio de géneros agropecuarios también han evolucionado los intermediarios, hoy llamados agronegocios. Del intercambio cara-cara, se pasó al comercio a gran escala y de ahí a las transacciones de contratos a futuros en las bolsas de valores y de los derivados especulativos que los respaldan. Entre 2006 y 2010, por ejemplo, de cien operaciones bursátiles de café apenas nueve se volvieron entregas físicas del grano. Lo demás fue “una pirámide”. La empresa que a nivel global ha logrado evolucionar, e incluso marcar la ruta de evolución, es Cargill, la cual desde su fundación —como trader desde 1865 hasta 2013— “no forma parte de la cadena de alimentos. Es la cadena de alimentos”, según el experto Dan Basse.(2)

Cargill opera en 67 países con 142 mil empleados. Sus consumidores están en Norteamérica —37%—, el 23% en Asia y el 18% en Europa.(3) Es una compañía casi familiar, pues más del 80% de sus acciones pertenecen al clan Cargill-MacMillan, y ha llegado a la cima por su condición “mutante”, tal como la describe Brewster Kneen en el libro, Gigante invisible. Según Kneen, esa mutación ha implicado imponer modelos de producción y estrategias de operación que van favoreciendo sus intereses y ganancias, en no pocas veces con el apoyo de los gobiernos locales y federal en Estados Unidos y Canadá, y, de otros, entre los que menciona a México, China, Lituania y Brasil. Esto sin contar los subsidios directos e indirectos y contratos provenientes del Departamento de Agricultura de Norteamérica, así como la construcción, a instancias suyas, de infraestructura pública, carreteras, trenes y canales fluviales, puertos, silos y elevadores de granos, que también utiliza.

Como agronegocio, intermediario, transportador, acopiador, comercializador y procesador, ha incursionado en todos los cereales, oleaginosas, algodón, cítricos, cárnicos, malta, huevos, maní, cacao, azúcar, agrocombustibles, fertilizantes, semillas, ingredientes para procesamiento industrial, sal y negocios de energía y metales. Al final, Cargill es un sistema “proveedor de alimento, banquero, comprador de ganado terminado, carnicero, comerciante mayorista (…) que da a la compañía máximo control y hace que los mayores riesgos —el clima y la salud animal— recaigan sobre los hombros de otros.”(4)

Este “gigante”, que además se arroga la misión de “alimentar al mundo”, y cuenta para ello con 1.862 patentes en aplicaciones de comida procesada(5) , se ha trazado la tarea de duplicar sus ingresos cada 5 ó 7 años, lográndolo con creces. En efecto, en 2001 tuvo ingresos por 49 mil 400 millones de dólares(6) y en 2013, para el segundo semestre, declaró 136 mil 700 millones(7) , fruto de las utilidades en 60 de sus 69 unidades de negocio.(8) Ello pese a que había reportado una caída del 88% de su ingreso neto a finales de noviembre de 2012, con respecto a utilidades de 4 mil 240 millones de dólares a mayo de 2011, las cuales superaron el récord de 3 mil 950 millones del periodo 2007-2008. (9)

A propósito de dicho periodo, de junio de 2006 a 2008, donde ocurrió la mayor alza de los precios de los alimentos a escala global, la organización Food and Water Watch afirma que “los servicios financieros de Cargill sirvieron de plataforma para que inversionistas especuladores dirigieran hacia arriba los precios de los alimentos y de otros commodities”.(10) De hecho, las ganancias de Cargill provienen en los últimos años, como lo fue en noviembre de 2010, en un 40% de la comercialización y en 40% de los ingredientes para alimentos. “Cargill es el Goldman Sachs de las operaciones de commodities”, “tienen acceso en tiempo real a muchos mercados y usa esta información para agregar valor a todos sus negocios”.(11) Corrobora lo anterior su reciente inscripción en la Asociación Nacional de Futuros en Wall Street, a la par con JPMorgan, Bank of America y Deutsche Bank, quedando bajo la regulación de U.S. Commodity Futures Trading Commission.(12)

El nuevo modelo Cargill, “la asociatividad”

En los inicios del siglo XXI se proclamó “un nuevo Cargill” con el objetivo de convertirse en el primer proveedor de soluciones para los consumidores de alimentos y productos agrícolas. Destacando que la nueva modalidad es la “cooperación” y la “asociación”, habla de “centrar esfuerzos (…) en ayudar al hombre del campo a comercializar sus productos hasta facilitar el manejo de la cadena logística de suministros y riesgos a los clientes de alimentos”. (13)

Kneen explica el trasfondo de estas manifestaciones altruistas de Cargill. “Lo que realmente está haciendo es crear la política agrícola desde la base (…) ayudar al agricultor a cultivar más de lo que Cargill necesita como ‘insumos’ para comercializar y procesar, y al ayudarlos a vender ‘su producto’ en el sistema mundial sobre el cual ejerce considerable control (…) está construyendo el tipo de sistema agrícola por el cual puede obtener el mejor beneficio”. (14) La clave para la construcción de ese sistema es el uso de su enorme “palanca de capital”, y es, a la vez, proveedor de insumos y “garantía de compra”, claro está, bajo los parámetros ya descritos, riesgos y costos para los productores y beneficios para el “gigante”.

Una forma de operación de este sistema, en el caso del sector de la carne en Estados Unidos, se describe así. “Cargill vende semillas y químicos a los agricultores, compra sus granos, los transporta a los cebaderos de Cargill, mata al ganado y vende la carne” y la conclusión es casi obvia, “las llamadas eficiencias del mercado son ganancias extraídas de los ganaderos que no pasan a los consumidores”. Así sucedió entre 1998 y 2008 con el precio de la carne molida, comprada a los ganaderos, ajustado por la inflación, a 90 centavos de dólar, y vendida a los consumidores a 2,50 dólares. (15)

Este sistema, llamado “agricultura por contrato”, está debidamente promocionado bajo el nombre Propricing Contract en publicaciones de Cargill. La esencia es que, dado que Cargill tiene información de mercado y análisis global, el agricultor o productor puede firmar distintas modalidades de contrato, personalizado, con precios fijos a futuro, inscribiendo el 50% de su producción esperada y transándola por anticipado.“Queda amarrado” y, mientras más lo sea, recibe mayores “garantías”. En la actualidad, a quienes firmen para 2015, antes del 15 de octubre de 2013, se les aseguraría un precio piso. Desde luego, nada se dice del techo, cotización que Cargill controla. (16)

El arbitraje de Cargill de los mercados agrícolas es imposible sin los subsidios estatales existentes en Estados Unidos, Europa, Brasil y Japón. La inmortalidad de estos operadores del agronegocio está anclada ahí, se soporta en mecanismos de comercio como el dumping; no en vano, Cargill es el primer exportador de granos de Estados Unidos y del mundo. En últimas son los primeros beneficiarios de la agricultura subsidiada y el vehículo expedito para eliminar excedentes de los poderosos en los mercados externos.

Pacto Agrario en Colombia a lo Cargill

El Pacto Agrario, que el gobierno de Juan Manuel Santos pregona, tiene tres piedras angulares: los TLC, la “asociatividad” y la acumulación de tierras en pro de la agricultura a gran escala. Son innumerables los pronunciamientos oficiales con base en estos tres aspectos.

Con respecto al TLC, mientras Santos manifiesta que es “una oportunidad” y que “habrá perdedores y ganadores”, (17) agronegocios como Cargill defienden a ultranza el libre comercio. ¿Cómo no hacerlo si Cargill es el mayor comercializador de productos del ámbito agropecuario en el mundo? Fuera del grano, “embarca otros productos básicos como soya y azúcar de Brasil; aceite de palma de Indonesia; algodón de Asia, África y Australia; carne de Argentina, Australia y Estados Unidos; sal de Norteamérica, Australia y Venezuela. Opera mil barcazas para transporte fluvial y 350 barcos propios interoceánicos, que atracan en 6 mil puertos globalmente, lo que lo hace el más grande transportador de commodities al por mayor del mundo.(18)

“Cargill es un gran proponente de las políticas económicas neoliberales”. “Los cabildeos de Cargill por el libre comercio y los mercados abiertos para incrementar los volúmenes de comercio y sus ganancias se hacen por todo el mundo. En 2010, gastó en esas actividades —solo en Estados Unidos— 1,4 millones de dólares”. “El libre comercio le permite a Cargill acrecentar su posición dominante en un grupo de commodities a través de nuevas ventajas (…) Es responsable del 25% de las exportaciones de granos de Estados Unidos; maneja el 25% del comercio global de aceite de palma; suple el 22% de la carne en el mercado interno de Estados Unidos; exporta más que ninguna otra compañía desde Argentina y es el mayor productor avícola de Tailandia”.(19)

Las ganancias de Cargill no vienen sólo del comercio, también del transporte global. “A veces el mismo barco de su propiedad que recoge una carga de soya en el puerto de aguas profundas del Amazonas en Santarém, Brasil, después de la descarga en Shanghái, llevará el carbón de Australia a Japón antes de enjuagar sus bodegas y regresar a Brasil por más frijoles. De hecho, las empresas de transporte marítimo de Cargill mueven más carbón y mineral de hierro para terceros que el doble de los productos alimenticios, aceites y alimentos para su propio ganado. “Partiendo de los lugares de superávit”, citando a Cargill, “a los lugares de necesidad”.

Es decir, en el TLC con Estados Unidos, el “capítulo agrícola” es sinónimo de TLC con Cargill. Las operaciones de comercio de grano, y otrora de café, que ha tenido de antaño, se reavivarán con creces. Si a este tratado se le pusiera nombre propio, el más indicado sería TLC con Cargill.

La frase “La agricultura no es su negocio, es el manejo y comercio de granos —el comercio de la producción— es su negocio”,(20) establece claramente que Cargill no es agricultor, que su negocio es comprarles a los productores a los menores precios y venderlo a los consumidores a los más altos posibles. Y para eso adoptó la modalidad ya explicada de “asociatividad”. Lo cual es cada vez más imperioso en un negocio de grandes volúmenes y en el que asegurar el producto es indispensable, máxime cuando, “las empresas de commodities ganan dinero haciendo circular rápidamente sus inventarios —15 veces por año— en el caso de Cargill”.(21)

Santos nombró en septiembre de 2013 como ministro de agricultura a Rubén Darío Lizarralde, expresidente del consorcio Indupalma, un alumno aventajado de Cargill en materia de “asociatividad”, con el cometido de replicar ese modelo para todos los productos en todo el país. La oficina de asesores —UTL— del senador Jorge Enrique Robledo sintetizó “las experiencias” de Lizarralde en las “sociedades” con campesinos cultivadores de palma de aceite. No se requiere de mayor esfuerzo para identificar elementos comunes con el modelo Cargill, cuyo lema resulta “no vivir de la producción agropecuaria, sino de los productores”.

Al respecto, se refiere el caso de Coopsabana, en el municipio de Sabana de Torres (Santander) presentado como “Alianzas Productivas con cultivadores Asociados-Proyecto Coopsabana, con 38 pequeños productores para sembrar 1.300 hectáreas de palma de aceite”. Estos aportaron la tierra y el Banco Agrario les hizo un préstamo de $7.280 millones, colocado en una fiducia del grupo AVAL donde, además, se consignan los ingresos derivados de la venta del fruto. El rol de Lizarralde —en aquel entonces Indupalma— en esta “alianza” era operar el crédito mediante la administración logística del proyecto. El poder para esa actividad contemplaba “contratar la adecuación de las tierras, comprar los insumos y convenir la asistencia técnica y demás actividades necesarias para mantener los cultivos de palma”, todo a cargo del crédito en cabeza de la cooperativa campesina.

“De acuerdo con las denuncias de los productores ‘asociados’, algunos de los servicios contratados por Indupalma son más caros que los que ofrece el mercado. También señalan que, mientras otras empresas regalan la semilla, Indupalma se las vende”. Esa firma, además, cobra 14% de todos los pagos realizados durante los tres primeros años y luego el 8% de los ingresos venidos de la venta del fruto que ella misma les compra. “Según un campesino ‘asociado’, ‘la tonelada la está pagando Indupalma $50 mil por debajo de lo estimado en el mercado”. Descontando de los bajos precios de compra recibidos todos los pagos, incluidas las comisiones del Cargill criollo —Indupalma— no quedan excedentes y los ingresos de las familias dependen de los salarios de los agricultores en sus propias parcelas. Ante tan calamitosa situación, se vieron obligados, al parecer inducidos por Indupalma, a contratar un nuevo préstamo, ahora ante una corporación financiera en Panamá.

En conclusión, los agricultores “asumen todo el riesgo financiero y si el proyecto fracasa, deben responder por la deuda con sus tierras. Y si se retiran del proyecto, terminan demandados por Indupalma”. Esta última, por su parte, “gana en todas las partes de cero riesgo”. Lizarralde es, sin duda, un precursor del modelo de “asociatividad” de Cargill y, con la propagación de dicha modalidad por todo el territorio, según el encargo presidencial, firmas como Cargill tendrán todo dispuesto para actuar a sus anchas.(22)

La organización Oxfam ha denunciado que Cargill “adquirió 52.576 hectáreas en la Altillanura a través de 36 sociedades creadas con ese fin. De esta forma habría logrado evadir la restricción legal mediante una operación de compra fraccionada, superando en 30 veces el máximo permitido por la ley a un solo propietario”.(23) La maniobra legal, que contó con la asesoría de la firma Brigard & Urrutia, de propiedad del ex embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia, para adquirir 39 predios en el Vichada, violó no sólo las restricciones a poseer más de una UAF o Unidad Agrícola Familiar de la Ley 160 de 1994, cuando se trate de tierras con antecedente de baldíos, tal como lo indica el Informe “Divide y comprarás” de Oxfam, sino, además, el espíritu de la Ley 135 de 1961; el artículo 64 de la Constitución; varias sentencias de la Corte Constitucional, indicando las limitaciones de la entrega de baldíos estrictamente en el marco del Estado Social de Derecho y desatendiendo una consulta al respecto hecha por el gobierno al Consejo de Estado.

Dicha actuación, afirma Oxfam, se da en una nación con una de las más desiguales distribuciones de la propiedad rural, donde “cerca del 80% de la tierra está en manos del 14% de los propietarios”. A la vez, recuerda que tal iniquidad ha contribuido “a desencadenar un conflicto armado interno que se ha convertido en el más prolongado de América Latina y el único aún activo en la región. En más de medio siglo, la violencia en Colombia se ha cobrado 220.000 vidas —8 de cada 10 de ellas civiles—, ha provocado más de 25.000 desapariciones y 5,7 millones de desplazamientos forzados, en su mayoría entre la población campesina, indígena y afro descendiente. En el proceso se calcula que entre 6,6 y 8 millones de hectáreas fueron despojadas a sus dueños”.(24)

La Altillanura, el ecosistema donde Cargill acaparó estas varias decenas de miles de hectáreas, es llamada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos como la “próxima frontera agrícola de Colombia” y fue declarado por WWF como uno de “los ecosistemas estratégicos para la Humanidad”.(25) Sin embargo, sus 4,5 millones de hectáreas no representan un potencial productivo inmediato por la acidez de sus suelos y la casi inexistente infraestructura de transporte y riego. De hecho, del globo acaparado por Cargill, mucho menos del 10% está en producción y, casi con seguridad, de tipo experimental. David MacLennan, presidente de Cargill, dijo que la adquisición de tierras en el Vichada “era sólo una parte de la inversión” que se requería para “desarrollar una agricultura exitosa y sostenible y para construir infraestructura”.(26) Infraestructura que, como lo advierte el propio informe de Oxfam, ha sido demandada al gobierno por inversionistas y gremios, al igual que políticas que incentiven la inversión de grandes capitales. (27) Así lo reconfirma MacLennan: “Colombia tiene unos 22 millones de hectáreas de tierra cultivable pero sólo se han desarrollado cinco millones. O sea que ahí hay una oportunidad” (28)

Con respecto a la compra misma de las tierras, Oxfam hace notar que además de que se crearon múltiples sociedades, sus valores se alzaron “desorbitadamente” al momento de las transacciones hasta sumar algo más de 38,5 millones de dólares, todo, como se dijo, pasando por encima de las disposiciones legales.(29) Oxfam también resalta que no es el único caso de indebida concentración de baldíos y lista otros 14 reconocidos por las autoridades. No es de extrañar, ya que, si bien en el gobierno de Uribe ya se hablaba de la potencialidad de la Orinoquia y hasta a Bill Gates se le propuso “invertir” allí, Juan Manuel Santos, tanto en su programa de campaña presidencial como en el Plan Nacional de Desarrollo, impelía a “No más limitaciones de escritorio para los agricultores: Permitiremos a los agricultores y campesinos definir las extensiones necesarias para sus cultivos, sin la limitación burocrática de la llamada Unidad Agrícola Familiar —UAF—, respetando las características económicas de los mismos y de la tierra”.(30)

Por último, vale recordar que las compras de Cargill se hicieron a través de una de sus cuatro filiales en Colombia, la Black River Fund (las otras tres se dedican a comercialización de materias primas agrícolas), que es su fondo de especulación basado en el estado de Delaware. Con relación a Black River, aunque Greg Page ha señalado claramente que “no son tenedores de tierras”, la organización GRAIN afirma que ha comprado “por lo menos 50.000 hectáreas en América del Sur”. Black River, “administra unos 6 mil millones de dólares en activos en todo el mundo, está expandiendo agresivamente las inversiones en el ‘lado de la oferta’ (…) puso en marcha un fondo de $ 400 millones de dólares para invertir en las explotaciones lecheras de gran escala en Asia y operaciones de acuicultura en América del Sur. Gammill Rich, su director general, dice que establecerán granjas de la empresa en las zonas donde el suministro es proporcionado por los pequeños agricultores”.(31)

De nuevo miembros del Gobierno Santos están envueltos en la adquisición de baldíos en el departamento del Vichada.

Este proceso de adquisición hace parte del “nuevo Cargill”. Se hace a ella donde tenga bajo o costo cero dentro del contexto mundial de escasez global de la tierra de cultivo. El Banco Mundial ha anotado que para 2030 en el Sur del mundo deberán haberse integrado más de 70 millones de hectáreas, 6 millones anuales en África Subsahariana y América del Sur, para atender las nuevas exigencias mundiales de géneros agropecuarios y para reponer las que se están dejando de cosechar en el Norte. La tierra es ya uncommodity (32) y a Colombia se le tiene por “abundante en tierras cultivables”.(33)

El mismo Informe del Banco Mundial, “Rising global interest in farmland”, indica que son tres los principales agentes interesados en las operaciones de acaparamiento. “Por el lado de la demanda, tres grandes grupos de actores pueden ser distinguidos. Un primer grupo, que incluye a los gobiernos de los países que, sobre todo a raíz de la crisis alimentaria 2007-08, están preocupados por su incapacidad para proporcionar alimentos con recursos internos. Un segundo grupo relevante son las entidades financieras, que en el actual entorno encuentran atributos atractivos en las inversiones realizadas en tierra. Estos incluyen la apreciación probable de la tierra, como una cobertura contra la inflación, algo de gran importancia para fondos de pensiones con un largo horizonte. Aunque los mercados de tierras son muy ilíquidos, algunos de los inversores más activos también pueden beneficiarse de medidas para mejorar el funcionamiento de los mercados de tierras y, en algunos casos, el uso de tecnología sofisticada cuantitativa para identificar terrenos infravalorados. En tercer lugar, tradicionales operadores o comerciantes agrícolas o agroindustriales nacionales pueden tener un incentivo para la adquisición de tierras, aunque no siempre a través de compras, en busca de una mayor concentración para avances en agro-procesamiento y técnicas que favorecen las operaciones más grandes, para ampliar la escala de las mismas, integrándose hacia adelante o hacia atrás”.(34)

Conclusión

Describir la naturaleza de Cargill, su modus operandi, sus nuevos procesos, las formas que adopta, a partir del enorme poderío político y económico como brazo principal financiero y comercial del agronegocio internacional, es condición sine qua non para conocer cuál es el estado del agro mundial contemporáneo. La agricultura por contrato, donde el productor corre con los mayores costos y riesgos; el libre comercio, que facilita un mercado único para moverse sin obstáculos ni límites; y el acaparamiento de tierras, como un nuevo valor bursátil y de especulación, delinean las tendencias que traen las cartas marcadas a favor de los predecibles “ganadores” y las cargas para los seguros “perdedores”; las naciones más débiles, los agricultores expoliados y los mal de mil millones de hambrientos que no van a encontrar solaz en esa nuevo sistema que refuerza las iniquidades del pasado.

Por lo visto, el Pacto Agrario del gobierno de Santos está inscrito en dichos paradigmas: TLC, extranjerización de tierras y alianzas productivas, el terminacho criollo para definir la agricultura por contrato, una transferencia de valor del productor al intermediario, comercializador-procesador, y al capital financiero de esa operación.

Así hay que interpretar a Juan Manuel Santos cuando electo, en entrevista al Financial Times prometió sectores claves, “locomotoras”, a los inversionistas.(35) Minería, para los apostadores de la bolsa de Toronto; agronegocio, para Cargill y sus símiles, e infraestructura, como inversión de capital extranjero, pero al servicio de los dos anteriores, ni más ni menos. Sálvese quien pueda.

Notas:
1) Greg Page, es Chairman and CEO de Cargill. http://money.cnn.com/2011/10/24/new...
2) http://www.cnnexpansion.com/expansi...
3) http://www.cargill.com/cargill-annu...
4) Kneen Brewster, “Gigante Invisible. Cargill y sus estrategias transnacionales”, GRAIN y Redes AT, edición en español, 2005, p.70.
5) http://www.cargill.com/cargill-annu...
6) Ibíd., p.31
7) http://article.wn.com/view/2013/08/...
8) http://www.foodbusinessnews.net/art...&cck=1
9) http://www.ft.com/cms/s/0/220f1b12-...
10) http://documents.foodandwaterwatch...., p. 13.
11) Es mencionado en http://www.cnnexpansion.com/expansi...
12) http://www.reuters.com/article/2013...
13) Citado por Kneen Brewster, “Gigante Invisible. Cargill y sus estrategias transnacionales”, GRAIN y Redes AT, edición en español, 2005, p.7.
14) Ibíd.
15) http://www.cnnexpansion.com/expansi...
16) http://cargillpropricing.com/media/...
17) http://www.elcolombiano.com/BancoCo...
18) http://money.cnn.com/2011/10/24/new...
19) http://ran.org/sites/default/files/...
20) http://money.cnn.com/2011/10/24/new...
21) Kneen Brewster, “Gigante Invisible. Cargill y sus estrategias transnacionales”, GRAIN y Redes AT, edición en español, 2005, p.91.
22) Informe, “Verdades desconocidas de las ‘asociaciones’ entre los pequeños palmeros e Indupalma”. Unidad de Trabajo Legislativo del senador Jorge Enrique Robledo.
23) http://www.oxfam.org/sites/www.oxfa...
24) OXFAM, Op. Cit., p, 7.
25) OXFAM; Op. Cit., p. 13.
26) http://www.elespectador.com/noticia...
27) OXFAM, Op. Cit., p. 15.
28) http://www.elespectador.com/noticia...
29) http://www.oxfam.org/sites/www.oxfa...
30) Citado por OXFAM en su Informe, referencia No. 46.
31) http://www.grain.org/bulletin_board...
32) http://siteresources.worldbank.org/..., p. 29.
33) http://www.oxfordbusinessgroup.com/...
34) http://siteresources.worldbank.org/..., p. 49.
35) http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0d54...

Tomado de: http://confidencialcolombia.com/es/...

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La década “en negro”

Nestor Pitrola (especial para ARGENPRESS.info)

Tomada prepara con la CGT Balcarce y la CTA-Yasky, o con lo que queda de ellas, una iniciativa para combatir el trabajo en negro. Se busca un acuerdo entre la burocracia sindical adicta, el gobierno y la Unión Industrial en el marco de los acuerdos que impulsó Cristina con los “titulares”, tras su derrota del 11 de agosto.

El disparador para abordar esta temática fue el propio Indec, que registró un alarmante 34,5% de trabajo informal, un aumento respecto de mediciones anteriores. Se trata de 4,3 millones de trabajadores no registrados.



Si sumamos los 600 mil tercerizados, los trabajadores por agencias de trabajo temporario, los contratados y monotributistas que son, en realidad, asalariados disimulados -especialmente en el Estado-, más becarios, pasantes y otras modalidades “noventistas” de estos días, la mitad de la fuerza de trabajo argentina está precarizada. Ese era el número de trabajadores en negro en medio de la catástrofe devaluatoria 2002/3.

Otra faceta de esta década “negra” es el componente negro del salario, cuestión que se extiende tanto al ámbito privado como al estatal. Gran parte del sueldo de los 800 mil docentes está formado por cifras “no remunerativas” y “no bonificables”, dos variedades del negro salarial. Precisamente, los 150 mil docentes universitarios dieron un gran salto cuando conquistaron el blanqueo por medio de la gran huelga general de 2005; no obstante, no se cumplieron los compromisos de incorporación de los ad honorem y éstos siguen siendo más de 20 mil.

Esta geografía del mercado laboral argentino es la que garantiza que el 50% de la fuerza laboral gane menos de 3.800 pesos, el 40% de una canasta familiar bien medida. En resumen, la década “ganada” se basó en el fraude laboral, el trabajo en negro y la precarización, garantizando una colosal recomposición de la tasa de ganancias y explotación capitalista.

Dentro de este universo se encuentra el trabajo esclavo y la trata con ese destino, estimada en 30 mil trabajadores en la Capital y cifras muy superiores en la provincia. Pero, como se aprecia, no se trata de un rayo en cielo sereno, sino de la manifestación más extrema de la flexibilización laboral que agravó la explotación social en las últimas décadas. La exteriorización del fenómeno por parte de algunas ONG no ahorran la tarea de intervención del movimiento obrero para terminar con esta barbarie.

De cara a esta realidad, los anuncios oficiales son irrelevantes. Lanzarían brigadas de delegados de los aparatos gremiales para acompañar a los ¡400! inspectores del ministerio que controlan la registración laboral. Además, plantearán para los evasores de las leyes laborales una controvertida inscripción en el Veraz, que no aceptan ni burócratas ni empresarios.

Pero esos 400 inspectores están ellos mismos, en su mayoría, precarizados: de los 4.000 empleados del Ministerio de Trabajo, ATE denuncia que 2.700 están con contratos o monotributos, el peor de todos los fraudes laborales.

Por el lado de los sindicatos es aún peor. En gremios como gráficos o metalúrgicos, los “asesores” sindicales de las secretarías gremiales hacen la vista gorda en empresas sin afiliados al sindicato, sin delegados y donde impera la ley de la estancia, trabajo negro incluido. Este es uno de los motivos que lleva a que más del 80% de las empresas no tengan delegados en el país con más tradición de organización sindical fabril de toda América.

La burocracia de los Caló, los Gerardo Martínez y los Venegas es socia estratégica del trabajo en negro y de la precarización laboral, desde que ella misma es titular de empresas tercerizadas como Unión del Mercosur de Pedraza u All Clean de Sergio Sasia, su sucesor en la Unión Ferroviaria. La burocracia es socia en el puerto de Mar del Plata, donde el 60% de los trabajadores son conchabados en falsas cooperativas.

Revertir esta década “en negro” no podrá resolverse con un proyecto de ley, puesto que el trabajo en negro ya está prohibido. Es una tarea integral de organización del movimiento obrero, unificándolo por encima de las diferencias internas agravadas en la década K, organizando a la juventud precarizada, con comités de empresa electos por los trabajadores para su blanqueo -haya o no sindicalización previa-, dando estabilidad laboral a los trabajadores en negro que denuncien su situación y sindicalizándolos al mismo tiempo.

Estas tareas se combinan con la expulsión de la burocracia sindical, factor de contención de las tendencias de lucha y organización del movimiento obrero.

Sólo tres sectores -construcción, Uatre y empleo doméstico- concentran un tercio de la fuerza laboral en negro. El Sitraic, en la construcción, es una punta de lanza para revertir este flagelo. Debe establecerse la vigencia del convenio principal en cada lugar de trabajo, para terminar con la tercerización. Todo contratado debe pasar a planta.

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"Somos el 34,5 por ciento en negro"

ANRED

Diversas cooperativas de trabajadores/as, organizaciones gremiales y políticas se movilizaron ayer, miércoles 23 por la tarde, desde el obelisco hasta el Congreso nacional. Realizaron un festival allí en reclamo de medidas políticas contra la precarización laboral, el trabajo en negro, por un salario mínimo vital y móvil de 8 mil pesos, mejores condiciones laborales y por un sindicalismo democrático y participativo, entre otras demandas.

Con la consigna "Por una Década Sin Precarización del trabajo y de la vida" diversas organizaciones gremiales, de cooperativas de trabajadores y políticas se fueron agrupando alrededor de las 16 frente al obelisco, luego de lo cual, pese a la lluvia persistente y el viento frío, comenzaron a marchar por la avenida 9 de Julio.



Para la ocasión, las organizaciones convocantes confeccionaron una bandera de una cuadra que repetía una y otra vez la leyenda "Somos el 34,5% en negro".

Las consignas centrales con las que wwse movilizaron las organizaciones fueron:

- Salario Mínimo, Vital y Móvil de $8000.

- Trabajo en blanco, Vivienda, Salud y Educación para todos.

- Mejores condiciones laborales (seguridad laboral, aportes jubilatorios, obra social para todos/as).

- Aumento de las asignaciones familiares.

- Derogación de la nueva ley pro-patronal de ART.

- Más impuestos a los ricos, más derechos para los de abajo.

- Basta de privilegios impositivos para empresarios que precarizan.

- Eliminación del impuesto al salario (mal llamado a las “ganancias”).

- Por una canasta básica de alimentos sin IVA.

- No a la Ley Antiterrorista. ¡Basta de criminalizar la protesta social!

- Por libertad y democracia sindical.

- Organizarse por un sindicalismo democrático y participativo.

Una vez frente al Congreso nacional, la bandera de 100 metros fui ubicada a lo largo de todo el frente del congreso, y se montó un escenario en el cual diversos oradores empezaron a acercar sus palabras.

"El INDEC publica esa basura de que con 6 pesos se puede comer y vivir (...) Los invitamos por eso una vez más a la actividad que vamos a hacer frente al edificio, como hacemos siempre, en repudio al INDEC y sus mediciones", indicó Guillermo de la Junta Interna de ATE-INDEC.

Por su parte, Ezequiel, del cuerpo de delegados de trabajadores ferroviarios de la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento (UGOMS). "Como todos saben, Cirigliano es responsable del saqueo del ferrocarril y de las vidas que se fueron en la tragedia de Once (...) Nosotros como cuerpo de delegados de UGOMS, empresa que se dedica a la reparación de material rodante ferroviario, venimos dando la pelea por un sistema de transporte que sea acorde para que los trabajadores y trabajadoras puedan movilizarse dignamente hasta sus trabajos. Porque no solo tenemos que sufrir la precarización en nuestros trabajos: también la sufrimos cuando viajamos como ganado en esos ferrocarriles(...) Planteamos un nuevo tipo de sindicalismo, que defienda a todos los trabajadores, que entienda y pelee por un sistema ferroviario para todos los trabajadores y trabajadoras."

En representación de ATE Sur y los trabajadores estatales de ATE Desde Abajo habló Fernando, quien indicó en principio que muchos compañeros no estaban presentes ya que estaban en diferentes luchas que se vienen desarrollando en estos días en La Plata, Lomas de Zamora y en la Ciudad de Buenos Aires.

"La precarización es la herramienta y la señal del estado que les garantiza a las empresas sus ganancias y que le da garantía al gobierno de seguir gobernando - recalcó el representante de ATE Sur Lomas de Zamora - Fuimos parte en el día de ayer (por el martes 22) de una ocupación de una dependencia del ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, donde trabajadores de la educación venimos luchando por problemas de infraestructura, contra la precarización, con figuras como la del ’mensualizado’, todos ellos en condiciones ya de pasar a planta permanente, y sin embargo, el gobierno sigue haciendo oídos sordos y mostrando su cara más dura. A su vez, este conflicto está empalmando con una situación de despidos en el mismísimo municipio del principal candidato del Frente Para La Victoria (FPV), Martín Insaurralde.

Tomás Eliaschev, delegado del Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP) en la Lista Multicolor que el disputa la dirección a la UTPBA, indicó: "los trabajadores y trabajadoras de prensa estamos en lucha contra la precarización y por recuperar nuestra identidad como parte de la clase trabajadora. Sabemos que cuando salimos a luchar los medios de comunicación no cubren nuestras luchas, no muestran nuestras caras ni se escuchan nuestras voces. Muchas veces vemos como los grandes medios ocultan la vos de los más explotados, de los trabajadores, de los precarizados (...) Estamos peleando para generar un periodismo del pueblo, que pueda hacer escuchar y oir las voces de los más explotados. Este año 2013 pasará a la historia para los trabajadores de prensa, porque por primera vez en décadas pudimos salir a luchar y hacer escuchar nuestra voz masivamente y nos pudimos organizar en asambleas, hacer marchas masivas, hacer tres paros generales y que los patrones tengan que respetar nuestros derechos. Compañeros: sin lucha nada se consigue", concluyó.

Luego de las palabras de los oradores de diferentes organizaciones y asociaciones, se realizó una intervención artística con unas 200 personas disfrazadas de blanco y negro, representando éstas últimas al 34,5 por ciento de trabajadores/as en negro que hay en el país.

Para finalizar la jornada, diversas bandas se acercaron solidariamente con su música para el festival en contra de la precarización laboral y el trabajo en negro, como "El Viejo" de La Perra que los Parió, la Brancaleone, Rock a la Orden y Bruno Arias. Al cierre de esta nota, el festival continuaba frente al Congreso.

Convocaron y organizaron la actividad las siguientes organizaciones: ATE SUR - Lomas de Zamora, CPS Rompiendo Cadenas, AGTCAP, Agrupación Víctor Choque de ATE, ATE Desde Abajo, COB La Brecha, FPDS, MULCS, MIR, Agrupación Domingo Menna, Organización Popular Fogoneros, Cátedra Americanista, Colectivo desde el Pie, Corriente de Estudiantes del Pueblo, AyL, OTR, Opinión Socialista, CUS.

Fuente imagen: ANRED

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Un nuevo sometimiento al poder financiero

Alejandro Olmos Gaona (INFOSUR)

El día 8 de octubre el Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, firmó la decisión administrativa 830, publicada el día 18 en el Boletín Oficial, por medio de la cual decide reasignar partidas presupuestarias (modificar el presupuesto) para el pago de deudas por más de 600 millones de dólares con diversas empresas que litigaron contra la Argentina en el CIADI.

La quita será del 25%, y el capital adeudado con más sus intereses, se pagará en Bonos emitidos en dólares estadounidenses con vencimientos en el año 2015 y 2017. Además las acreedoras, suscribirían BAADE, por el 10% del reclamo.

Aunque la operación pudiera ser cuestionada, ya que significa transferir a futuros gobiernos el pago de obligaciones eventualmente impugnables, ello no sería materia de ilícito alguno, pero el caso es que aquí se ha continuado con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, debido a las conexiones comerciales de los involucrados con funcionarios del gobierno, y al hecho de que no se paga a los supuestos acreedores, sino a fondos de inversión que compraron los litigios. Estos fondos fueron creados por el Fondo Gramercy Funds Management, un fondo buitre, con el que el gobierno negociara en el año 2010 y que en asociación con la consultora Arcadia, motorizaron el canje de deuda del año 2010, asociados a bancos extranjeros, habiendo comprado títulos de la deuda externa a precios de remate.

Cabe consignar, que el Grupo Gramercy, es a su vez controlado por accionistas de las compañías petroleras británicas que están explorando en la plataforma continental, con lo cual en esta operación de pago, se estaría violando la Ley 26659, que prohíbe en forma expresa ese tipo de negociaciones.

Que tal como lo dice la Decisión del Jefe de Gabinete de Ministros, no se está pagando a CMS Gas, Vivendi Universal, Compañía de Aguas del Aconquija y Azurix, sino a las compañías CC-WB HOLDINGS LLC, NG_UN Holdings LLC, ambas empresas que fundara y registrara Gramercy, y también Blue Ridge, otro fondo buitre. El que firmara documentos de la compra de los litigios es James Taylor, Director del Departamento de Asuntos Legales de Gramercy.

Gramercy es un líder reconocido en el negocio de inversiones en mercados emergentes, particularmente de América Latina, habiendo reestructurado bonos por alrededor de 2.700 millones de dólares en el año 2010, cuando se suspendió la llamada ley cerrojo. Es un emergente gestor de inversiones con oficinas en Londres, Singapur, Hong Kong y México, busca ofrecer a sus inversores una rentabilidad superior a la común. Sus especializaciones son ciertas clases de activos como deuda externa, deuda corporativa de alto rendimiento. Deuda en dificultades y otras.

Algunos datos permiten afirmar que una especie de asesor del entonces Ministro de Economía Amado Boudou, fue el Licenciado Gustavo Ferraro, quien jugó un papel clave en la reestructuración de los bonos del año 2010. Ferraro había trabajado en Barclays Capital, uno de los participantes del canje de esa fecha, y antes en la banca de Inversión Salomon Smith Barney’s. Dado su conocimiento de la Argentina y de América latina, también estuvo en Lehman Brothers Investement Banking, como jefe de su oficina en Buenos Aires, y antes en el Citibank de San Pablo.

Todas estas referencias, muestran el grado de relaciones que existen entre los grupos financieros citados y los tenedores de bonos reestructurados, además del perfecto conocimiento que tenían a través de las distintas vinculaciones oficiales, de las decisiones gubernamentales, que les permitieron comprar bonos depreciados, para obtener ingentes ganancias, lo que supone claramente un tráfico de influencias en el que se involucraron funcionarios del Ministerio de Economía.

Estos hechos nuevos, nos permiten apreciar todo un tejido de influencias financieras en torno a los bonos de la deuda pública, y como ahora como esas influencias se extienden a los negocios de las causas litigadas en el CIADI, lo que abre la puerta para nuevas operaciones, donde los fondos de inversión son siempre los mismos, y los supuestos descuentos, quedan neutralizados, por el valor irrisorio de compra de ciertos activos.

A esto se suma que Gramercy, tiene como accionista a Black Rock, que es a su vez accionista de petroleras que operan en las islas Malvinas, como Rockhopper, Desire Petroleum y en Falkland Oil and Gas, teniendo en ésta última el 49% del capital accionario, lo que supone la violación de lo establecido por la Ley 26659 que estableció la prohibición a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera que realice o se encuentre autorizada a realizar actividades en la República Argentina y sus accionistas a:

1.- Desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental, sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente.

2.- Tener participación directa o indirecta en personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, sin haber obtenido la habilitación emitida por autoridad competente argentina, o que presten servicios para dichos desarrollos.

3.- que el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán contratar con personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, sus controladas o accionistas que en forma directa o indirecta desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, sin haber obtenido habilitaciones para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos emitida por autoridad competente argentina.

Nada de eso ha ocurrido, porque las explotaciones se siguen haciendo en violación a la Ley argentina y ahora el gobierno nacional acuerda litigios con fondos que tienen vinculaciones con las petroleras, todo lo cual debería ser materia de una exhaustiva investigación a los efectos de determinar las responsabilidades penales emergentes de tales actos.

Una vez más los discursos de soberanía económica, de supuestos enfrentamientos con el poder financiero, se cae ante las evidencias. Pareciera que los buitres dejan de serlo, cuando negocian operaciones muy rentables para ellos con el gobierno, y se convierten en feroces aves de rapiña cuando litigan en los tribunales de Nueva York.

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Gabriel y los 13 años de cinismo

Carlos Del Frade (APE)

13 años. Solamente 13 años.

13 años atrás, desde la Escuela 1027, “Luisa Mora de Olguín”, de Humberto Primo y Camilo Aldao, en el corazón de barrio Ludueña, lejano y profundo noroeste rosarino, el sacerdote salesiano Edgardo Montaldo que desde fines de los años sesenta viene peleando contra la crucificadores del sistema, le decía a este cronista que la droga estaba haciendo matar a los pibes entre si con la mirada cómplice de la policía.

Esa escuelita tuvo su impronta. Pero la directora de la misma durante tres décadas, Ana Solhaune, en agosto de este año, 13 años después, le decía al principal diario de la ciudad que “esos vacíos, esos agujeros que dejan la discriminación y la exclusión se llenan con droga y violencia. Ahora todo el aparato que montó la droga obviamente que no es nada bueno, porque se ha multiplicado de una forma exponencial".

-Convengamos que todo esto que pasa, al menos en nuestro barrio, es consecuencia de haber sostenido durante demasiado tiempo una pobreza extrema. Tres o cuatro generaciones que no han visto trabajar a sus mayores, han vivido de las dádivas, el cirujeo o el robo. Vivieron el abandono. Nunca me voy a olvidar que en la crisis de 2000 las únicas que salían porque conseguían un trabajito por hora eran las mujeres. Los hombres estaban desocupados y se quedaban en la casa, a cargo de los chicos, la mayoría estaba alcoholizada. Entonces cuando vos en el arranque de la vida tenés abandono y desconfianza básica, ¿qué vamos a pretender que estén haciendo los jovencitos nuestros ahora? – decía la maestra Ana en aquella nota de agosto de este año.

13 años eran los que tenía Gabriel Aguirre. Iba a esa escuela y vivía en la zona de Humberto Primo y Camilo Aldao. El domingo pasado, después del clásico rosarino, lo mataron de tres balazos por la espalda.

Las crónicas periodísticas dicen que era hincha de Boca y tocaba la guitarra. Que estaba por terminar la escuela primaria en esas paredes que levantaron el padre Edgardo y dirigió durante décadas Ana.

Gabriel soñaba con estudiar música y con el viaje de estudios que realizaría con sus compañeros. “Todo empezó como una travesura de pibes: amigos de Gabriel identificados con las camisetas de Newell's tiraron piedras a los que salían por Junín para festejar. Dos de las motos se volvieron y descerrajaron diez tiros contra el grupo. Alguno de esos disparos alcanzó a Gabriel. El velorio se hizo en la escuela”, apuntan las notas.

La actual directora, Claudia de Gottardi, contó que "Gabriel estaba con un grupo de chicos que eran de Newell's, que tenían camisetas de Newell's. Gabriel no tenía esa camiseta, es de Boca, tiene el don de la música. Tenía un redoblante y estaba con estos chicos tocando música. Y estos chicos caminaron por Camilo Aldao hasta Junín. Por ahí venía un grupo de Central en busca de avenida Alberdi", dice el diario "Rosario/12".

13 años. Solamente 13 años.

En las últimas horas, grandes referentes del PJ y del Socialismo salieron a discutir si el asesinato de Gabriel era una demostración del fracaso del operativo de seguridad del clásico o si fue por otro motivo. Obscena discusión ante la sangre derramada de un pibe que no tuvo tiempo ni siquiera para soñar con un futuro propio.

Ya a fines de los años noventa los sacerdotes, las maestras como Ana, distintos militantes sociales, vienen denunciando la increíble democratización de las balas, las armas y la droga en los barrios de la ciudad que alguna vez fue obrera, portuaria y ferroviaria.

Ninguno de los grandes referentes ni del peronismo ni del socialismo escuchó esas voces.

Por eso es fundamental salir a gritar: ¡Basta de matar pibes!. ¡Basta de tantas armas al alcance de cualquiera!. Porque no da para más tanta hipocresía institucionalizada. Porque da asco tanto cinismo y sordera selectiva. Porque Gabriel tenía solamente trece años.

Fuentes: Diario “La Capital”, 17 de agosto de 2013; “Rosario/12”, 22 de octubre de 2013; entrevistas del autor de esta nota.

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Argentina, provincia de Buenos Aires. Masacre de Magdalena: 33 muertos y ocho años sin justicia

OTROS CÍRCULOS

La de los 33 presos quemados en la unidad penal 28 en 2005 es una de las causas emblemáticas contra personal del Servicio Penitenciario Bonaerense. Organizaciones de derechos humanos reclaman su elevación a juicio. Hay 17 penitenciarios imputados pero no se designa tribunal oral.

El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron un pedido de pronto despacho, fundado en la “violación al plazo razonable” y a la “tutela judicial efectiva”, porque la causa que investiga la muerte de 33 detenidos durante un incendio el 15 de octubre de 2005 en la Unidad Penal 28 del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires no está radicada en ningún tribunal oral, a ocho años de la masacre.

Los organismos detallaron que las últimas actuaciones registradas de la causa datan de 2012, cuando la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires dejó firme la decisión del Tribunal de Casación que avaló la postura del CIAJ y del CELS de no sobreseer a los 17 penitenciarios acusados de abandono de persona seguido de muerte, tal como lo había intentado la Cámara de Apelaciones platense.

El mandato de “plazo razonable” surge de la Convención Americana de Derechos Humanos y obliga al Estado a respetar el debido proceso y el acceso a la justicia, explicaron desde el CIAJ y el CELS. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho que “el plazo razonable debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse (…) pues una demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma, en ciertos casos, una violación de las garantías judiciales.”

“Nuevamente, en una causa en la que se investigan graves violaciones de derechos de las personas privadas de libertad, la justicia demora en dar una respuesta adecuada a las víctimas y esa indiferencia sostiene la impunidad”, concluyeron los organismos en un comunicado de prensa.

“No fue un episodio azaroso”

En tanto, la agencia de noticias Andar, de la Comisión Provincial por la Memoria, presentó un completo resumen con material audiovisual que presenta las voces de especialistas y de familiares de las víctimas. Este trabajo enmarca la masacre de Magdalena en la trama del SPB, hace años denunciado por el Comité contra la Tortura de dicha comisión:

“No fue un episodio azaroso, sino que tuvo condiciones objetivas y responsabilidades individuales y políticas que lo hicieron posible. La superpoblación, la ausencia de medidas de seguridad y la acción concreta de quienes decidieron mantener encerrados a los detenidos del pabellón 16 integran el conjunto de acciones que causaron las muertes. No se trata de situaciones aisladas sino de condiciones estructurales del sistema penitenciario y de la realidad del sistema penal provincial, que fomentan y convalidan condiciones de detención que suponen la tortura sistemática”, plantea la CpM.

“Los muertos de la masacre de Magdalena reflejan que el sistema penal-penitenciario presenta como rasgo estructural su carácter clasista. Las víctimas eran mayoritariamente jóvenes pobres que se encontraban con prisión preventiva por delitos contra la propiedad. Este clasismo implica a su vez una jerarquización de las víctimas que determina la respuesta política y judicial; el mantenimiento en el cargo de los máximos responsables políticos al momento del hecho y las demoras del Poder Judicial en la resolución de la causa son datos concretos que avalan esta afirmación”.

Además, la CpM reiteró el pedido de justicia, denunció “que muchas de las condiciones que originaron la masacre aún persisten” y reforzó “el reclamo a los poderes del estado para que se modifiquen las condiciones estructurales del sistema penal-penitenciario”.

En 2005, la CpM había elaborado un informe especial sobre la Masacre de Magdalena, titulado “Cárcel de Magdalena: un nuevo Nunca Más”, que entregó al Poder Ejecutivo nacional (descargar aparte).

Los hechos

15/10/2005, de noche: incendio y muerte de 33 detenidos (27, con prisión preventiva) en el pabellón 16 de la unidad 28 (Maddalena). Los penitenciarios no les abrieron las puertas para que pudieran sobrevivir.

2011: cierre de la investigación con 17 imputados (y pedido de elevación a juicio oral)

2012: últimas actuaciones en la causa

Esa noche

Se produjo una pelea entre las personas alojadas en el pabellón 16, conflicto que sirvió de excusa para que el personal del SPB y de la División Canes de la Subsecretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad ingresara con escopetas de munición antitumulto. Los motines como excusa también para “destruir” o “blanquear” cosas son un clásico en las cárceles. La causa “de los 12 apóstoles” (motín de Sierra Chica, 1996) es otro ejemplo.

Algunos internos iniciaron un foco de incendio en el fondo del pabellón. Los penitenciarios se replegaron y cerraron la puerta que divide el sector de la oficina de vigilancia y el pasillo que conduce al patio de recreo. Pese al peligro y a la obligación de los penitenciarios de salvaguardar la integridad física de los detenidos, no abrieron la puerta delantera para permitir el escape. No los dejaron sobrevivir.

Penitenciarios imputados

Raymundo Héctor Fernández, Jorge Luis Marti, María del Rosario Roma, Marcelo Fabricio Valdiviezo, Juan Eduardo Zaccheo, Gualberto Darío Molina, Juan Emiliano Santamaría, Juan César Romano, Carlos Augusto Bustos, Marcos David Sánchez, Rubén Alejandro Montes de Oca, Eduardo Gabriel Villareal, Mauricio Alejandro Giannovile, Maximiliano Morcella y Gonzalo Pérez como autores responsables del delito de abandono de persona seguido de muerte y Cristian Alberto Nuñez y Carlos Oscar Tejeda por el delito de homicidio culposo y la Fiscalía pidió que la causa pasara a la instancia oral.

Para descargar

Informe de 2005 de la Comisión por la Memoria sobre la Masacre de Magdalena.

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Argentina, Santa Fe. En una comisaría de Empalme Graneros: Denuncian golpiza y picana a dos menores

REDACCIÓN ROSARIO

La Justicia inició este miércoles una investigación a personal de la comisaría 20ª de Empalme Graneros por presuntos apremios ilegales contra dos menores que incluye una sesión de picana. “Uno de los chicos tenía llagas y rasgos de quemaduras en la espalda”, dijo Daniela Asinari, abogada de los jóvenes.

En contacto con Redacción Rosario, la representante legal de los dos adolescentes, Daniela Asinari, relató lo ocurrido desde la óptica de las víctimas: “Ellos iban en moto por calle La república y al llegar a Cabal sienten disparos, de atrás y de frente, por personas vestidas de civil. Uno de ellos intenta escapar para refugiarse y el otro queda desmallado en el piso por los golpes. Luego los llevan a la comisaría donde continúan las agresiones”.



En este sentido, la abogada agregó que a uno de los jóvenes le habrían aplicado la picana eléctrica. “Pude ver que uno tenía llagas y rasgos de quemaduras en la espalda”, señaló.

Por otra parte, en referencia a lo sucedido inicialmente, Asinari afirmó que “el relato oficial habla de una supuesta persecución por robo en el barrio, pero los chicos lo niegan”.

“Fueron detenidos a las 13 del lunes, y el juzgado recién tomo conocimiento de ésto a las 17 aproximadamente, cuando llegó la gente de la Secretaría de Derechos Humanos a la comisaría”, manifestó la abogada y además agregó: “Ambos fueron trasladados al hospital debido a los golpes y cuando a uno de ellos le dan el alta, la policía lo lleva nuevamente a la comisaría sin dar cuenta al Juzgado”.

En principio, la jueza de menores que estuvo a cargo del hecho fue Carolina Hernández, pero ahora continúa en el Juzgado de Menores Nº 4, a cargo de Dolores Aguirre Guarrochena, mientras que la causa por presunto apremios ilegales recayó en el juzgado de Instrucción Nº 7, a cargo de Juan Andrés Donnola.

Fuente imagen: REDACCIÓN ROSARIO

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Estudiantes de Estados Unidos: Manifestación en Boston contra proyecto de Harvard en el Iberá

MOMARANDÚ

La protesta surge tras la publicación de un informe de la Coalición para las Inversiones Responsables de Harvard, quienes detectaron impactos socioambientales en la zona que rodea las plantaciones de pino que la universidad mantiene en la zona del Iberá.

Medio de estudiantes pertenecientes a la Coalición para las Inversiones Responsables de Harvard (CIRH) se manifestaron en el patio de la universidad, para protestar contra la expansión del monocultivo forestal que dicha casa de estudios mantiene en la zona del Iberá, en Corrientes.

La manifestación en Boston surge luego de la publicación de un informe realizado el mes pasado por estudiantes norteamericanos y el Instituto Oakland quienes, a través de una visita a la zona y vinculados al grupo socioambiental local Guardianes del Iberá, lograron establecer los impactos que dichas plantaciones tienen en la zona.

Los daños incluyen uso de agrotóxicos, deterioro al acuífero guaraní, irreparable a largo plazo y desplazamiento de productores locales y familias rurales.

Se trata de 86.000 hectáreas que la Harvard University posee en el Iberá, 30 mil de ellas ocupadas con plantaciones forestales de pino. Desde la CIRH, formada por alumnos, ex alumnos, profesores y trabajadores de la Universidad de Harvard se busca investigar y controlar la forma y la ética con que la institución educativa invierte su dinero.

Durante la manifestación, los estudiantes entregaron una carta dirigida a la presidente Drew Gilpin Faust, escrita por agricultores de la zona cuyas vidas se han visto amenazadas por plantaciones que son propiedad de Harvard. La carta exigía que la universidad detuviera la expansión de sus plantaciones forestales en la región, y que atendiera las preocupaciones de la comunidad relacionadas a las plantaciones forestales.

"La presidente Faust es responsable de la conducta de esta universidad y estas plantaciones no son una excepción", denunció Gabriel Bayard, estudiante de Harvard que ha visitado las plantaciones en Argentina y agregó: "El flagrante desprecio por los valores de Harvard es chocante. Espero que la Universidad detenga la expansión de las plantaciones de inmediato."

Cabe recordar que dichos terrenos corresponden a campos como Santa Julia, Santa Celina o Tranquerita, propiedad de Las Misiones y Empresas Verdes Argentinas (EVASA) - empresa creada por Douglas Tompkins - y compradas a su vez por la Harvard Managment Company.

“Son exactamente 85471,5 hectáreas en propiedad de la empresa, y planean alcanzar 47 mil. Harvard tiene inversiones forestales a lo largo del mundo en países con bajos salarios y pocos controles ambientales, y Corrientes se ajusta a esa situación”, denunció por su parte Emilio Spataro, referente de Guardianes del Iberá.

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Puja redistributiva: Aumento y centralización del conflicto en el tercer trimestre del año

ACTA

La proximidad de las elecciones, el ahogo presupuestario de las provincias y la crisis del transporte fueron variables determinantes en la explosión de la conflictividad laboral en este periodo. Efectivamente, nos encontramos ante el pico más alto de conflictos laborales y de paros como medida de lucha de los últimos tres años.

Durante el tercer trimestre de 2013 se registraron 298 conflictos de los cuales 293 se realizaron en el sector formal un aumento del 10% en la comparación interanual. Este crecimiento se debe principalmente al sector público.

Sin embargo, los conflictos del sector privado, que habían disminuidos porcentualmente en el primer y segundo trimestre del año, volvieron a ocupar protagonismo posicionando al trimestre como el más conflictivo en el sector en los últimos tres años.

Los conflictos desarrollados en el ámbito privado estuvieron marcados por un fuerte aumento de los conflictos por actividad y un retraimiento de los conflictos por empresa.

Este cambio de tendencia es significativo ya que los conflictos por empresa son generalmente mayoritarios debido al carácter de los mismos (asociados a condiciones de trabajo, deudas salariales o crisis) y a que requieren de la movilización de los trabajadores de un solo establecimiento. Los conflictos realizados por actividad, por su parte, ponen en movimiento a más trabajadores y mayores recursos por lo que son más planificados y esporádicos.

Los conflictos por actividad estuvieron asociados a la dificultad de cerrar paritarias y a condiciones de trabajo. Fue significativa en este sentido la conflictividad laboral que llevaron adelante los trabajadores del transporte representando un 56% del total. En los mismos se exigieron aumentos salariales y modificaciones en el impuesto a las ganancias.

En el sector público, se detecta un fuerte crecimiento de los conflictos municipales que crecen alrededor de un 80% en la variación interanual.

El crecimiento de estos conflictos y los desarrollados provincialmente evidencian la crisis presupuestaria de las administraciones gubernamentales locales.

Al igual que en el trimestre anterior la región que registró mayor cantidad de conflictos siguió siendo la Patagonia (31% del total). De estos conflictos el 43% fue llevado adelante por trabajadores de la administración pública y 13% por trabajadores de la salud. Todos ellos del sector público. Es por ello que la presencia de esta región disminuye cuando se analiza la conflictividad en el sector privado.

En segundo lugar se encuentran los conflictos en el AMBA (24%) y en la región pampeana (16%), ambos casos suben cuando despejamos los conflictos del sector público. En la actividad privada se observa una fuerte presencia en AMBA de los conflictos en el transporte ligados a la crisis del sistema ferroviario (70%). En la región pampeana, también el transporte explicó la mayor parte de los conflictos (49%) seguidos por los de la industria (21%). Finalmente, en la Patagonia, los conflictos se desarrollaron principalmente en la industria (22%), el transporte (22%) y el sector rural (17%).

En relación a las causas de la conflictividad nos encontramos con que las dos principales motivaciones del conflicto estuvieron asociadas a medidas defensivas para mantener lo alcanzado, denunciar vaciamientos y problemas de inseguridad laboral y fraudes contractuales en el sector público.

Efectivamente, en el 37,6% de los conflictos existió algún tipo de reclamo por condiciones de trabajo no salariales (jornada, tipos de contratación, tercerizaciones, seguridad e higiene) y en el 32,5% de los conflictos se evidenciaron reclamos ante situación de crisis (despidos masivos, quiebras, suspensiones, deudas salariales, etc). Si observamos las causas en la conflictividad del sector privado en el plano de la empresa registramos que en el 64,5% de los conflictos aparecen las medidas de crisis como causa.

Los conflictos entre cuyos motivos se encontraron condiciones de trabajo se refieren a regularización de la contratación en el caso del sector público principalmente, y a reclamos de inseguridad laboral ligada a los conflictos del transporte. Al distinguir entre los sectores público y privado, en el primer caso se verifica una mayor presencia de los conflictos por condiciones de trabajo (47%) y reivindicaciones económicas (42,8%), mientras que en el sector privado existe una mayor participación de los reclamos por crisis (40%) y condiciones laborales (28,3%).

La conflictividad laboral continúa siendo impulsada por los sindicatos de base o seccionales locales, que explican el 73% del total en el tercer trimestre de 2013, contra el 72% en el mismo período de 2012 y el 80% en 2011. En paralelo, se observa un crecimiento sostenido de la participación de los conflictos impulsados por organizaciones de segundo grado (federaciones y uniones), que en este trimestre representaron el 12% del total contra un 5% en idéntico período de un año atrás.

Este comportamiento ya se había verificado en el segundo trimestre de este año, donde los conflictos de las instancias centralizadas explicaban el 14% del total contra un 9% un año atrás.

Al interior del sector privado, se observa una mayor centralización del conflicto. En el tercer trimestre de este año se registra la mayor participación de las federaciones y uniones en los últimos cinco años (explican el 21% del total de conflictos en el sector privado, contra un 8% del mismo período del año anterior y apenas un 3% en el tercer trimestre de 2011).

La contracara de esta mayor participación de uniones y federaciones en el conflicto, es una reducción de la participación de los conflictos de trabajadores sin representación explícita. En este trimestre estos conflictos representan el 15% del total (contra un 23% un año atrás). Aún así, en términos absolutos, se trata de uno de los trimestres donde registramos mayor cantidad de estos conflictos (43 en total).

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Argentina, Ciudad de Buenos Aires: Así como el gobierno de Macri discrimina a ATE, también lo hace con las organizaciones territoriales

Valeria Garay (ACTA)

A una semana de la movilización e instalación del acampe de las organizaciones sociales de la CTA Capital frente al Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, el secretario General de ATE Capital, José Luis Matassa, dialogó con este medio y explicó cuál es la situación de los trabajadores y del gremio bajo la gestión de Mauricio Macri.

- ¿Cuál es la situación de los estatales en la Ciudad?

- La situación es delicada en cuanto a los salarios, el aumento salarial del 2013 no se corresponde con el proceso inflacionario; hay desinversiones en sistemas claves de la Ciudad de Buenos Aires, como es en el caso de Salud, donde hay un faltante de más de 10 mil enfermeros; la precarización laboral nos preocupa, después de aquel proceso del pase a planta transitoria de 17 mil contratados que se hizo hace 4 o 5 años creíamos que se podía solucionar, hoy hay más de 15 mil contratos de locación de servicio, de pasantes técnicos, de contrato por universidad y día a día crece el trabajo precario, estos contratos no solo fijan condiciones de trabajo de menor calidad sino que además tienen salarios por debajo de la línea de pobreza, lo que hace que la situación del trabajador de la Ciudad no esté pasando por el mejor momento.

-¿Cuál es el salario promedio del trabajador de la Ciudad de Buenos Aires?

- El salario promedio habría que ubicarlo entre 4 y 5 mil pesos.

- ¿Cuál es la situación de precariedad que viven los trabajadores?

- La situación es que con estos contratos de locación de servicio los trabajadores no tienen obra social, no tienen días de vacaciones, días por estudio, son de los peores contratos que hay. A la locación de servicio se le sumó el pasante técnico por universidad, que no es ni más ni menos que un negocio entra la universidad y el Gobierno de la Ciudad, porque la universidad se queda con un porcentaje del contrato y después, a la hora de un conflicto entre la universidad y la Ciudad, se tiran la pelota para ver de dónde depende el trabajador. Para nosotros esto está muy claro, cumple sus 8 horas de trabajo en dependencias de la Ciudad, es trabajador de la Ciudad.

- ¿ATE está convocando a la paritaria?

- Las paritarias en la Ciudad de Buenos Aires no están funcionando. El aumento salarial lo arregló directamente Mauricio Macri con el otro sindicato, con el SUTECBA. Esto es un espejo de lo que nos pasa en el Estado Nacional, donde el Poder Ejecutivo Nacional solo se sienta a discutir con UPCN. Lo que sí, estamos ahora en un proceso, hemos firmado un Acta para discutir, en el ámbito del Ministerio de Modernización, cuestiones que hacen a las Juntas Internas, a la carrera administrativa, pero por ahora estamos en una etapa de discusión. Todavía no hemos visto que esto de sus frutos.

- En relación a esto, ¿Podemos afirmar que no hay Libertad y Democracia Sindical en esta gestión?

- Sí, no existe la Libertad y la Democracia Sindical. Esto es algo que ocurre en todo el territorio, se lo tiene al trabajador como rehén. En la Ciudad de Buenos Aires el trabajador que se afilia a ATE es castigado de un montón de maneras y encima a partir del 2011 crearon un Ministerio de Modernización que lo único que hace es impugnar las elecciones de nuestros delegados elegidos democráticamente por el voto directo y secreto de los trabajadores, planteando que no quieren reconocer como trabajador al contratado que ellos mismos contratan. La falta de Libertad Sindical en la Ciudad de Buenos Aires es muy alta.

Hoy cumple una semana el acampe de las organizaciones sociales de la CTA Capital frente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿Por qué crees que el Gobierno de Macri no recibe a las organizaciones de la Central porteña?¿Ves cuestiones en común con lo que pasa con los trabajadores afiliados a ATE?

Tiene que ver con esta política que lleva adelante el macrismo, donde solo discuten lo que ellos proponen, por eso el acampe se ha extendido a lo largo de toda la semana, es totalmente legítimo el reclamo que están haciendo nuestros compañeros de la CTA. No fueron a buscar ni un subsidio ni una limosna, están buscando trabajo que aparte tiene que ver con algunas otras conversaciones y discusiones que se han tenido previamente y por las cuales había un compromiso de generar este trabajo, muchos han formado las cooperativas.

La falta de respuesta del Gobierno tiene que ver con esta política del macrismo que se acerca más a lo neoliberal, en este punto, que a generar fuentes de trabajo y que todos los habitantes de esta Ciudad puedan tener un trabajo digno con el cual puedan mantener a su familia. Hoy eso no sucede, hay trabajadores que están desde hace una semana pidiendo trabajo genuino y lo que hay del otro lado es un silencio de parte de las autoridades.

Estos compañeros tienen en común con los trabajadores del Gobierno de la Ciudad el tema de la precarización, cuando nosotros hablamos de lo precario hablamos más allá del salario de toda una situación. Por supuesto, con la diferencia de que al menos el contratado, por más magro que sea el salario, recibe una mensualidad y tenemos que estar todos en la calle peleando para que eso mejore. En el caso de nuestros compañeros de los territorios, la situación es mucho más grave porque no tienen el sustento para todos los días poder alimentar y sostener a sus familias.

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