miércoles, 30 de octubre de 2013

Desde Guatemala - Despenalización de las drogas: Un camino posible

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

El consumo de sustancias psicotrópicas con fines evasivos es absolutamente humano; siempre se dio, y nada puede garantizar que no se siga dando. Haber transformado esa condición humana en un lucrativo negocio es relativamente nuevo. La actual narcoactividad crece en el mundo, en todas sus facetas: producción de drogas ilícitas, tráfico, comercialización, consumo, lavado de los capitales que genera. Guatemala no escapa a esa tendencia.

Somos un país de tránsito de drogas ilegales, un puente entre Sudamérica, donde se produce la mayor cantidad de cocaína, y Estados Unidos, su principal consumidor mundial. La situación de paso hacia el norte en el tránsito de sustancias ilícitas trae aparejada una aureola de violencia que va definiendo la dinámica social. La violencia ligada a la narcoactividad ronda el 40% de los homicidios que tienen lugar hoy en el país.

El circuito de la narcoactividad en su conjunto representa hasta un 10% del Producto Bruto Interno, lo que hace del negocio un poderoso factor de influencia política y creciente presencia sociocultural. Podría decirse que en este momento están sentadas las bases para pasar a ser un narco-Estado.

La debilidad estructural del mismo, su cultura histórica de corrupción y abandono en el cumplimiento de sus tareas básicas de atención de las grandes necesidades de la población, permite la avanzada de la narcoactividad, por no querer y/o no poder ofrecer alternativas, dejando así en manos de redes criminales aspectos que, de suyo, deberían ser de su competencia.

Hasta la fecha, las distintas acciones para abordar el problema de la narcoactividad dentro del país se han venido realizando desde marcos punitivos. Ello responde a las pautas fijadas por el gobierno de Estados Unidos para la región, desde donde se imponen planteos prohibicionistas que se ligan con luchas frontales al tema de las drogas prohibidas, siempre desde una lógica militarizada. La evidencia demuestra que esa lucha no da grandes resultados (o ninguno), pues el consumo global no baja y la violencia concomitante a su comercialización no se detiene. Por ello existen planteos alternativos que ponen el énfasis en abordajes que hacen de todo el asunto un problema socio-sanitario, lo que constituye una visión superadora del paradigma prohibicionista.

El Ejecutivo Nacional de Guatemala lanzó el año pasado la propuesta de despenalizar las drogas, desmarcándose así de la lógica dominante impuesta por Washington. La idea surgió como propuesta de política externa, pero a nivel nacional no se ha desarrollado nada para darle sostenimiento. En principio, poco o nada trabajada como está la iniciativa, la opinión pública nacional no se muestra especialmente favorable a la despenalización, enfrascada en otro tipo de problemas más acuciantes del día a día. En sentido estricto, no existe una propuesta orgánica a nivel nacional que dé sustento a la iniciativa presidencial.

La forma en que se trajo la propuesta al seno de los países de la región centroamericana no fue la más feliz. Tuvo mucho de impositivo y faltó un trajo previo de cabildeo. Si bien se logró instalar el tema en la OEA, ello no asegura que la despenalización como política regional tenga un futuro asegurado, ni a través del organismo diplomático ni del consenso entre países del área.

El planteamiento de la despenalización en solitario, sólo por parte de Guatemala, es un imposible. El negocio de las drogas ilegales es un problema global, y siendo nuestro país un eslabón más en la compleja cadena que une los productores de Sudamérica con los consumidores de América del Norte, obliga a hacer abordajes regionales. En el punto actual de la propuesta, no está claro qué ni cómo se despenalizaría exactamente, y menos aún, cómo eso bajaría efectivamente los índices de violencia. Ello debería obligar a un pormenorizado estudio con base científica que fundamente con precisión qué hacer para la promoción de una política de Estado en el tema, sostenible en el tiempo más allá de la administración actual.

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La denuncia del Convenio de Washington y sus consecuencias (I)

Hugo Ruiz Diaz (CADTM)

Introducción

Esta es la primera parte de una serie de tres artículos de fondo sobre el tema de la denuncia de los tratados, en particular del Convenio de Washington y de los TPPIs (Tratados de Promoción y Protección de Inversiones).

La manifiesta arbitrariedad por parte de los árbitros en la interpretación y en la aplicación del Derecho internacional, la evidencia de una verdadera inclinación hacia la defensa incondicional de los intereses privados ante los interese públicos y de los derechos soberanos de los Estados, la ausencia de transparencia de sus actos, el secretismo, la confidencialidad, en muchos casos, la incompetencia de los árbitros, son algunos de los elementos que condujeron a algunos Estados a denunciar el Convenio de Washington |1|.

Además de ello, los Estados que lícita y legítimamente denunciaron el Convenio, se encuentran en pleno proceso democrático de recuperación de las competencias plenas y enteras del Estado, de su soberanía misma, embarcados en un proceso de integración cuyo eje esencial es, justamente, el derecho soberano de disponer libremente de sus recursos naturales y otros.

Estos elementos fueron explícitamente confiscados, por medio de la ficción jurídica, a través de las políticas implementadas por el FMI y el Banco Mundial. Estas políticas impusieron, como parte de sus fracasados programas, el sometimiento de los Estados al CIADI (Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones, miembro del Grupo Banco Mundial). Los efectos perversos de esta pérdida de soberanía y conculcación de los derechos democráticos, se siguen haciendo sentir hasta hoy.

Frente a la pretensión que considera que aun cuando el Estado haya denunciado la jurisdicción del CIADI, éste pueda ejercer su jurisdicción contra la voluntad misma de aquél, este primer escrito de la serie de tres, tiene como objetivo aportar elementos jurídicos que sustentan en Derecho internacional la recuperación de las competencias plenas y enteras de las competencias estatales.

La denuncia es uno de los modos de terminación de los tratados. Ella no se encuentra condicionada por ningún vicio del consentimiento o por resultar incompatible con las normas esenciales del Derecho internacional.

Cuando el Estado decide, soberanamente, retirar su consentimiento al Convenio de Washington, y por tanto, no reconocer la jurisdicción del CIADI, el efecto es de ejecución directa e inmediata, independientemente de la voluntad de los árbitros del CIADI o de la interpretación que pueda hacer un tribunal ad hoc de ciertas disposiciones.

El Secretario General y los árbitros del CIADI no ponen en duda el derecho del Estado de denunciar el Convenio. Sin embargo, en medio de un ardid jurídico interpretativo, pretenden abrogarse el derecho, sobre el derecho soberano del Estado, de someter a éste a su jurisdicción. Este es el tema central de este primer escrito.

El tribunal arbitral CIADI: institución de defensa de intereses privados. El gran negociado

Para los árbitros del CIADI y los bufetes de abogados norteamericanos y otros- y accesoriamente para los estudios nacionales- las demandas introducidas por los “inversores” contra los Estados, más que aplicación del Derecho internacional, es ante todo un gran negociado, una forma rápida y efectiva de lucrar.

Ello, sin contar con la interpretación interesada, parcial, arbitraria y errónea del Derecho internacional por parte de los árbitros de los tribunales ad hoc, llegando a situaciones de aberración jurídica como lo es el caso de Oxy (Occidental Petroleum Corporation) o el caso de METALCLAD, por no citar que dos casos.

Los árbitros, en general, hacen caso omiso de las reglas elementales de interpretación de la norma en Derecho internacional, enunciadas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados. Van hasta “inventar” nuevas reglas de interpretación que rayan lo absurdo.

Parecería que para los árbitros del CIADI, la única matriz de interpretación es el interés particular y privado del “inversor”, el interés de la sociedad transnacional, y que, en el fondo, determina la aplicación del Derecho, desafiando a veces a la razón misma |2|.

Los tribunales del CIADI adoptan un comportamiento de chocante arrogancia. Como si sus árbitros- tal vez un sentimiento de impunidad debidamente justificado- estuvieran ejerciendo una jurisdicción por encima de los tribunales internos de los Estados y por encima de los Derechos soberanos de los Estados. Y sobre todo, los árbitros, a través de las decisiones, se comportan con tal impunidad que dan la impresión que están por encima de los Estados y de las leyes. Y tal vez, sea la impunidad que les es garantizada por el Banco Mundial, la que los conduce a una interpretación y aplicación tan aberrante del Derecho internacional.

I. La denuncia del Convenio de Washington

El primer Estado en denunciar el Convenio de Washington fue Bolivia en 2007. Bolivia ratificó el Convenio de Washington el 23 de junio de 1995. El Convenio entró en vigor el 23 de julio de 1995.

El 2 de mayo de 2007, el gobierno de Evo Morales, envió al CIADI la notificación por escrito de la denuncia de Bolivia del Convenio, de conformidad con el artículo 71 del Convenio.

El segundo Estado a denunciar fue Ecuador, bajo el Gobierno de Rafael Correa. El Estado ecuatoriano firmó el Convenio del CIADI el 15 de enero de 1986 y depositó su instrumento de ratificación en la misma fecha. El Convenio entró en vigor para el Ecuador el 14 de febrero de 1986. El 6 de julio de 2009, el Gobierno de Rafael Correa transmitió al CIADI la notificación por escrito de la denuncia del Ecuador del Convenio.

El tercer Estado fue el de la República Bolivariana de Venezuela bajo el Gobierno de Hugo Chávez. El Estado venezolano firmó el Convenio del CIADI el 18 de agosto de 1993 y depositó su instrumento de ratificación el 2 de mayo de 1995. El Convenio entró en vigor para la República Bolivariana de Venezuela el 1 de junio de 1995. El 24 de enero de 2012, el Gobierno de Hugo Chávez envió la notificación oficial escrita expresando la denuncia de la República Bolivariana de Venezuela del Convenio.

II. La jurisdicción del CIADI y condiciones para su ejercicio

La creación del CIADI

El Convenio de Washington de 1965, crea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, más conocido por sus iniciales CIADI (artículo 1, 1).

El CIADI es un sujeto derivado, creado por los Estados sobre la base de un tratado. Si fueron los Estados los que lo crearon, cada uno de los Estados Partes, tiene el mismo derecho de “descrearlo”.

Como sujeto derivado, el CIADI no está por sobre los Estados. No tiene derechos similares a los de Estados porque carece de los atributos esenciales, entre los cuales, los de la soberanía. Él es miembro del Grupo Banco Mundial y depende del mismo.

El Banco Mundial es muy conocido por su política de desestructuración de las sociedades y de los Estados en el mundo. Es bien conocido que sus políticas macroeconómicas conllevaron la violación masiva de los derechos humanos como consecuencia directa de la imposición de los programas de privatizaciones de los bienes públicos.

El CIADI es parte esencial de este engranaje. Es una institución que, más allá del tema normativo, de derecho, funciona sobre reglas trucadas en su origen, concebidas por los países desarrollados y por el Banco Mundial para asegurar lo que podemos denominar el saqueo jurídicamente organizado.

El CIADI y sus reglas son indisociables de los intereses privados de las sociedades transnacionales y con razón se puede afirmar que es “su tribunal arbitral”.

Los esfuerzos hechos en el seno de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarollo) en favor de la transparencia de los procedimientos, no es la solución al problema. El problema de fondo con el CIADI es su dependencia de los poderes económicos fácticos- sociedades transnacionales-, su subordinación al Banco Mundial, la aplicación de reglas como dijimos, trucadas en su origen. No es la forma del procedimiento la que hará que los árbitros del CIADI apliquen de forma correcta el derecho.

Son la lógica, la estructura misma, las reglas, el contenido de las reglas y la matriz de su funcionamiento los problemas de fondo. Y todo ello se encuentra presente en el Convenio de Washington, en las reglas de los TPPIs y en los tratados de libre comercio. Ello explica que en el seno de la UNASUR se esté creando un instrumento alternativo de solución de diferendos en materia de inversiones que respete el pluralismo, la soberanía de los Estados y la autodeterminación.

El CIADI se ocupa de decidir los diferendos o conflictos que surjan entre Estados y Nacionales de otros Estados, es decir, “inversores” que generalmente son grandes corporaciones y grandes concentraciones de empresas que tienen la nacionalidad de los países desarrollados.

El Convenio de Washington es el “convenio madre”. Es el convenio que crea el CIADI. Es el Convenio madre el que lo institucionaliza como órgano jurisdiccional internacional.

III. El establecimiento de la jurisdicción del CIADI. El reconocimiento condicional

El artículo 25 establece la jurisdicción del CIADI sobre los diferendos mencionados.

El numeral 1 habla de la condición sine qua non para que el órgano arbitral ad hoc pueda ejercer su jurisdicción y competencia: las partes, y lo que nos interesa en este caso, el Estado, deben expresar su consentimiento de someter el o los diferendos al CIADI. Se trata de un reconocimiento condicional, pero de contenido crucial.

La expresión del consentimiento es primordial para que, no solamente los árbitros puedan pronunciarse sobre cuestiones de jurisdicción y competencia, sino incluso para que el Secretario General del CIADI reciba o rechace una demanda contra un Estado.

El CIADI, el Secretario General, los árbitros carecen de toda autoridad y de competencia para aceptar una demanda introducida por una sociedad transnacional contra un Estado, cuando ese Estado denunció el convenio y con ello, la posibilidad del ejercicio de su jurisdicción.

El efecto de la denuncia es inmediato con respecto a las personas privadas- entiéndase sociedad transnacional- que no pueden obligar al Estado, a través de los árbitros del CIADI, a aceptar su jurisdicción y por tanto, someterse a un tribunal arbitral ad hoc. Asimismo, la denuncia del Convenio priva directamente al CIADI de la facultad de ejercer su jurisdicción.

En otras palabras, la jurisdicción del CIADI no es compulsiva. No es una obligación objetiva sino que deriva de la voluntad, del acuerdo, del consentimiento explícito y por escrito del Estado.

Este consentimiento puede darse por el Convenio mismo o por otros instrumentos. El CIADI no es más que un órgano derivado y como tal no puede, en ningún caso, por ninguna interpretación caprichosa del Convenio, de un contrato o de otro tratado, fundar su jurisdicción, en ausencia del consentimiento explícito del Estado. Ni siquiera está facultado a pronunciarse sobre cuestiones preliminares de jurisdicción. Aquí radica el valor jurídico-político real del consentimiento o del no consentimiento.

En ningún caso, la disposición del artículo 25.1 puede ser interpretada como un reconocimiento general e irrestricto de la jurisdicción de este organismo dependiente del Banco Mundial. Si no existe consentimiento o si el Estado retiró dicho consentimiento, el CIADI no puede obligar a un Estado a que se someta a su jurisdicción. Y esto es así en la medida que el Convenio madre, Convenio de Washington, es objeto de denuncia por parte de los Estados. Demás está decir que el Estado debe manifestar su consentimiento caso por caso, en cada demanda.

El artículo 25 contiene en su parte final una disposición según la cual, el “… consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente retirado”. ¿A qué se refiere esta cláusula que habla de una prohibición de “no retirar unilateralmente” el consentimiento? La interpretación correcta, según los parámetros establecidos por el Derecho internacional es la siguiente.

Primero, esta cláusula no implica que, una vez reconocida la jurisdicción del CIADI, por la ratificación del Convenio, el Estado esté obligado de una vez y para siempre a reconocer su jurisdicción.

Segundo, no se trata de una prohibición hecha a los Estados partes de denunciar el Convenio y menos aun de una prohibición de “no dejar de reconocer la jurisdicción del CIADI” o de una obligación de reconocimiento ad perpetuum de dicha jurisdicción.

Tercero, no se trata de una prohibición hecha a los Estados de “nunca denunciar” el Convenio de Washington o la jurisdicción del CIADI, esta última, inseparable del instrumento matriz que es el Convenio.

La cláusula simplemente se refiere a esta situación: una vez iniciado el procedimiento ante el CIADI, el Estado no puede retirarse en forma unilateral de dicho procedimiento. Esta cláusula debe ser interpretada en forma extremadamente restringida por la regla y principio de jus cogens de la soberanía y de todas y cada una de las atribuciones que se desprenden de ella.

El Estado demandado ante el CIADI, siempre y en todo momento, puede retirarse del procedimiento. Nada en Derecho internacional- ni la frase final del artículo 25- impide a un Estado retirar unilateralmente su consentimiento al CIADI, incluso durante el procedimiento. Otro es el debate concerniente a las consecuencias de un retiro unilateral durante el procedimiento.

Es importante señalar que esta cláusula no implica renuncia alguna por parte del Estado a su soberanía y que pueda ser interpretada como un sometimiento incondicional, en todas circunstancias, al CIADI y a los árbitros del tribunal ad hoc.

El Estado puede tener razones objetivas para retirar unilateralmente su consentimiento durante el procedimiento. Por ejemplo, por razones de conductas arbitrarias de los árbitros del CIADI- bastante frecuente-, por razones de una aplicación evidentemente errónea del derecho o por una interpretación arbitraria y parcial de la regla-práctica constante de los árbitros del CIADI-, por razones de manifiesta parcialidad- un problema estructural del CIADI y de sus árbitros-, o por varias otras razones.

En síntesis, esta disposición se refiere al caso concreto de un procedimiento particular ante el CIADI. Sin embargo, esta cláusula, en caso de arbitrariedad manifiesta, de parcialidad evidente, y otras situaciones hipotéticas, no puede ser interpretada como compeliendo al Estado demandado de seguir el procedimiento o aceptar la decisión del tribunal arbitral del CIADI.

V. El derecho de denunciar el Convenio de Washington: atributo de la soberanía del Estado

En la parte introductoria habíamos afirmado que la denuncia es uno de los modos de terminación de los tratados. Habíamos afirmado también que ni el CIADI ni el Banco Mundial ponen en cuestión el Derecho de los Estados de denunciar el Convenio.

A pesar de ello, es importante abordar el tema en toda su complejidad de tal forma que los argumentos puedan ser desarrollados lo más sólidamente posible.

La denuncia de un tratado no se encuentra condicionada por ningún vicio del consentimiento o por resultar incompatible con las normas esenciales del Derecho internacional.

Los efectos o consecuencias de situaciones sobrevenidas en el marco de un tratado que hasta ese momento ha mantenido su validez, es un elemento determinante. Este punto y otros serán tratados en el segundo número de esta serie.

Retomando nuestro tema, el artículo 54 de la Convención de Viena de 1969, regula las circunstancias contempladas como causas de terminación de un tratado.

“Terminación de los tratados y suspensión de su aplicación.

La terminación de un tratado o el retiro de una parte podrán tener lugar:

a) conforme a las disposiciones del tratado……,”.

Lo cierto es que el Estado guarda intacto su derecho de denunciar un tratado determinado. Sin embargo la Convención de Viena considera que la denuncia debe ser hecha acorde con las disposiciones del tratado. Es importante aclarar que aun en la ausencia de una disposición explícita de denuncia, todo Estado, porque es soberano, puede retirar, lícitamente, su acuerdo y dejar de ser Parte a un tratado.

Ahora bien, la denuncia del “Convenio madre” está explicitada en el artículo 71 que está redactado como sigue,

“ todo Estado Contratante podrá denunciar este Convenio mediante
notificación escrita dirigida al depositario del mismo. La denuncia producirá efecto seis meses después del recibo de dicha notificación”.

El texto no hace más que recoger el Derecho internacional consuetudinario basado en la soberanía del Estado. El derecho de todo Estado de denunciar el convenio- y cualquier otro tratado- no procede de esta cláusula, sino del principio fundamental de soberanía. Aun en la hipótesis de que el Convenio haya introducido una cláusula explícita que prohíba denunciarlo, dicha prohibición sería nula.

El principio indiscutible en Derecho internacional y en Derecho convencional es que todo Estado tiene el derecho inalienable de denunciar cualquier tratado y, en particular, el Convenio del CIADI que es lo que nos interesa.

El primer y último sustento de este derecho es el principio y la regla de la soberanía del Estado, norma imperativa de Derecho internacional. Justamente porque los Estados son soberanos, se comprometen a asumir y cumplir con las obligaciones internacionales. Y porque son soberanos, pueden considerar que determinados tratados que conllevan obligaciones internacionales, son contrarios a los intereses del Estado. Por tanto, como sujeto soberano privilegiado de las relaciones internacionales, el Estado puede, lícitamente, desligarse de las obligaciones convencionales.

Es exactamente lo que hicieron Bolivia, Ecuador y Venezuela con la denuncia del Convenio madre.

VI. Los efectos de la denuncia

Esta parte sea, tal vez, la más importante en todo el escrito. La cuestión de fondo es la siguiente: ¿surte efecto directo e inmediato la denuncia del Convenio de Washington en referencia al ejercicio de la jurisdicción del CIADI concerniente las demandas contra los Estados? El CIADI, después de la notificación de la denuncia por Bolivia, Ecuador, Venezuela, al Secretario General y al Banco Mundial, ¿puede aun ejercer su jurisdicción sobre estos Estados? La respuesta es negativa y sostenemos que el efecto es directo e inmediato.

Para una mejor comprensión, recurrimos en forma directa como fuente al Derecho internacional convencional.

La regla de base en este campo es que el efecto que produce la denuncia de un tratado conlleva que el Estado denunciante deviene tercero al tratado. Esto no puede siquiera ser puesto en cuestión u objeto de una interpretación distinta.

En efecto, el Estado denunciante ya no puede ser considerado “contratante” porque el tratado ya no está en vigencia para con el mismo.

Un Estado contratante es definido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados de 1969 de la siguiente manera:
“…se entiende por "parte" un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor;…”(Art. 2 g).

En el caso que nos ocupa, esta definición implica que el CIADI podrá ejercer su competencia, sólo y exclusivamente, en el caso en que el Estado consintiera- explícitamente y caso por caso- en obligarse por un tratado (Convenio de Washington) en someter los diferendos con un inversor privado (sociedad transnacional, nacional de un Estado desarrollado) a su jurisdicción.

Los Estados manifestaron en general su consentimiento a someterse a la jurisdicción del CIADI a través de la ratificación o de la adhesión al tratado multilateral que es el “Convenio madre”. Pero el consentimiento es caso por caso.

Cuando la manifestación de no reconocimiento de la jurisdicción del CIADI se explicite por medio de la denuncia, el Estado deja de ser contratante y por tanto, el CIADI es esencialmente incompetente para ejercerla.

De toda evidencia, la calidad de Estado contratante desaparece con la denuncia del Convenio madre, en este caso, el Convenio de Washington de 1969.

Al denunciar el Convenio, el Estado denunciante, “descrea” el CIADI, creado, derivado de la disposición del artículo 1. Desde ese momento, el CIADI ya no existe para ese Estado. Y el Estado ya no es, ipso juris, Estado contratante.

Desde el punto de vista de la Convención de Viena de 1969, la denuncia del Convenio de Washington produce como efecto directo e inmediato un cambio cualitativo de la relación del Estado con el Convenio y con el CIADI: deviene Tercero o Estado no Parte.

¿Qué es un Estado no Parte? El artículo 2 h) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados define como “…. "Tercer Estado" un Estado que no es parte en el tratado;…”.

Esto quiere decir que la aplicación de las reglas de un tratado se limita estrictamente a las Partes |3|. El Estado Tercero o Estado no Parte, no puede ser objeto de aplicación de las disposiciones de un tratado.

Denunciar un tratado equivale a dejar de ser parte a dicho tratado. Dejar de ser parte, en el caso de la denuncia del Convenio de Washington, produce como efecto un cambio radical. Vale la pena insistir sobre este punto: el Estado que fue Parte, deviene Estado Tercero. El elemento determinante es que el Estado- en el caso que nos ocupa, los Estados de Bolivia, Ecuador, Venezuela- retiró explícitamente su consentimiento.

Al denunciar el Convenio madre, retira su consentimiento, y con ella, afirma su desconocimiento de la jurisdicción del CIADI. De allí que ante una demanda- si la demanda fuera aceptada por el Secretario General- los árbitros ni siquiera están habilitados a plantearse si pueden o no ejercer su jurisdicción.

VII. El Estado no Parte

La Convención de Viena de 1969 es clara sobre este punto. El artículo 34 afirma cuanto sigue:

- “Los tratados y los terceros Estados.
Norma general concerniente a terceros Estados.

Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento”.|

Es la regla conocida como Pacta tertiis nec nocent nec prosunt |4|. Como lo señalan claramente los trabajos preparatorios de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados, en virtud de los principios pacta tertiis nec nocent nec prosunt y res inter alios acta |5| , así como del principio de la igualdad jurídica de los Estados soberanos independientes, un Estado no puede, en lo que concierne un tratado de cual no es Parte, asumir obligaciones, incurrir en ninguna responsabilidad, ser objeto de incapacidad alguna, ni ser considerado como privado de sus derechos |6|.

Esto significa que cuando el Estado no es Parte a un tratado, no se puede presumir una limitación implícita de su soberanía o de una amputación de su cualidad de ente soberano.

Sería absurdo deducir, basándose en una cláusula, interpretada fuera de su contexto, que aun cuando el Estado es tercero, la jurisdicción de un tribunal arbitral (CIADI), creado por un tratado, pueda ser ejercida contra la voluntad explícita de aquel Estado.

Sobre este punto el Derecho internacional es firme: ninguna interpretación implícita o interpretación extraída del texto del Convenio de Washington o de una de sus disposiciones, puede revocar, derogar, cambiar la regla de base del Derecho internacional y de las relaciones internacionales que es la siguiente: la renuncia a la soberanía no se presume, ella debe ser explícita.

En una situación en que estaban en juego nada más y nada menos que normas erga omnes (es decir, de aplicación general) de Derecho internacional, tal el Derecho a la autodeterminación, que tiene mayor importancia que las reglas consagradas por el Convenio de Washington, la Corte Internacional de Justic ha sido tajante sobre este punto.

Ante la pretensión de Portugal de que la Corte se declare competente ante un Estado no Parte al Estatuto, sobre la base de una regla erga omnes, concluyó cuanto sigue:
“… la Corte considera que no hay nada que cuestionar a la afirmación de Portugal según la cual el derecho de los pueblos a disponer de sí mismo, tal cual se desarrolló a partir de la Carta de las Naciones Unidas y de la práctica de la Organización de las Naciones Unidas, es un derecho oponible erga omnes. El principio del derecho de los pueblos a disponer de sí mismo fue reconocido por la Carta de las Naciones Unidas y por la jurisprudencia de la Corte…. Se trata de uno de los principios esenciales del derecho internacional contemporáneo. Sin embargo, la Corte estima que la oponibilidad erga omnes de una norma y la regla del consentimiento a la jurisdicción son dos cosas diferentes. Sea cual fuere la naturaleza de las obligaciones invocadas, la Corte no podrá pronunciarse sobre le licitud del comportamiento de un Estado cuando la decisión a tomar implica una apreciación de la licitud de otro Estado que no es Parte a la instancia. En este caso, la Corte no puede pronunciarse, aun cuando el derecho en causa, es oponible erga omnes…” |7|.

Si en un caso donde evidentemente está en juego, como lo afirma la misma Corte, un principio esencial del Derecho internacional, ella no puede ejercer su jurisdicción ante un Estado no Parte, con mayor razón vale para el CIADI. La conclusión que se impone no tiene dos vertientes. Es muy simple: el CIADI, no tiene competencia para ejercer su jurisdicción sobre un Estado no Parte, que denunció el Convenio de Washington.

Seguidamente, analizaremos la última parte del artículo 25 que se refiere a la cláusula de aplicación temporal.
VIII. La denuncia del Convenio de Washington y cláusula de temporalidad

Es importante volver a citar el artículo 71 que contiene en la última parte una cláusula de temporalidad. Dice así:

“todo Estado Contratante podrá denunciar este Convenio mediante notificación escrita dirigida al depositario del mismo. La denuncia producirá efecto seis meses después del recibo de dicha notificación” ( el subrayado es nuestro).

El CIADI carece de competencia para ejercer su jurisdicción

La expresión “producirá efecto seis meses después del recibo de dicha notificación” ha sido interpretada errónea e interesadamente. Esta disposición se refiere a los otros Estados Partes, porque son éstos los que tienen un interés legítimo.

La comunicación hecha al Secretario General del CIADI, es una comunicación de naturaleza puramente formal porque el CIADI no es parte al tratado, igual que el Banco Mundial.

Es a los efectos que se encarguen de dar la publicidad al acto, nada más. No para que el CIADI decida, contra la voluntad misma del Estado, si tiene o no jurisdicción. Éste es un primer elemento que necesita de una aclaración.

La disposición contenida en el artículo 71 se dirige a los otros Estados y sólo a los otros Estados por cuanto que se trata de un tratado.

No se puede deducir de la expresión “producirá efecto seis meses después del recibo de dicha notificación”, como intenta hacerlo el CIADI, una prolongación implícita del consentimiento del Estado que explícitamente manifestó el retiro de su acuerdo. Y más específicamente, manifestando su voluntad de no someterse a su jurisdicción, recordando de paso que el CIADI es sujeto derivado, creado por los Estados y que carece de los atributos esenciales de la soberanía. Al ser sujeto derivado, la denuncia no está dirigida al CIADI. La expresión contenida en la última parte del artículo 71 no habla explícitamente de una renuncia a la soberanía del Estado denunciante.

La interpretación que pretende que el CIADI siga ejerciendo su jurisdicción contra la misma voluntad del Estado, que además ya no es Parte, carece de todo fundamento jurídico. Una tal pretensión debe estar explicitada y por escrito en el tratado mismo, no resultado de una interpretación.

Para que esta interpretación sea fundada en derecho, el ejercicio de la jurisdicción del CIADI en referencia al Estado denunciante que ya no es Parte al Convenio madre debe estar explícitamente en el texto. De lo contrario, se está haciendo una interpretación arbitraria del Derecho internacional. Si se acepta esta interpretación, se presume que, a pesar de la voluntad de no someterse más a la jurisdicción del CIADI, el Estado estaría obligado por una cláusula, sobre la base de una interpretación implícita, a someterse como Tercero a la jurisdicción de un tribunal cuya competencia ya no es reconocida. El CIADI sería entonces, no sólo un simple tribunal, sino un órgano que se encuentra sobre los Estados.

Es importante repetirlo: la renuncia a la soberanía no se presume, ella debe ser explícita.

Lo más grave de esta interpretación restrictiva y arbitraria de la soberanía y de las competencias del Estado es que tiene una contradicción inherente que no puede ser superada.

La consecuencia que conlleva esta interpretación es de una gravedad especial. Se deduce de una cláusula la renuncia a la soberanía y a las competencias plenas y enteras del Estado, que queda amputado y sometido a un sujeto derivado. De la cláusula temporal dirigida exclusivamente a los Estados Partes del Convenio madre, el CIADI, y los otros doctrinarios del Derecho internacional, lo que en realidad hacen es derogar las reglas de la Convención de Viena, las reglas consuetudinarias del Derecho internacional y la norma imperativa de la soberanía.

Las demandas ya no son admisibles y el CIADI ya no puede tratarlas

La otra interpretación, y tal vez la más aberrante, es que la expresión “producirá efecto seis meses después del recibo de dicha notificación”, otorga a las empresas y sociedades transnacionales el derecho de introducir demandas durante este período.

Utilizamos la expresión “aberrante” con razón porque se trataría de sostener que, aquéllos que no son Partes al Convenio madre, sociedades transnacionales, oligopolios, concentración de empresas, en suma, particulares, pueden obligar a los Estados a someterse a la jurisdicción del CIADI contra su misma voluntad. Si los otros Estado Partes al Convenio de Washington no pueden exigir al Estado denunciante que se siga sometiendo, en su condición de Tercero, a un sujeto (CIADI) derivado, creado por los Estados, con mayor razón no podrán hacerlo los particulares ni el CIADI.

La clausula de temporalidad en cuanto a los efectos de la denuncia no se dirige a las empresas no les otorga un derecho de demandar ante el CIADI durante ese período por violación de obligaciones internacionales.

Lo que sí es admisible en Derecho internacional es que la denuncia del Convenio no afecta a los asuntos tramitados o iniciados ante el CIADI, antes del acto de no reconocimiento de su jurisdicción.

A modo de conclusión

El convenio de Washington es el Convenio madre, la matriz. Por su intermedio, los Estados crearon el CIADI. La aceptación del ejercicio de su jurisdicción requiere la manifestación explícita del consentimiento del Estado. Y el ejercicio de esta jurisdicción debe realizarse dentro de los límites impuestos por el mismo Convenio y por el Derecho internacional.

Cuando el Estado decide denunciar el Convenio y cumple con los requisitos de notificación, el Estado deja de ser Parte y priva automáticamente al CIADI de toda posibilidad de ejercer su jurisdicción. La cláusula temporal de la última parte del articulo 71 no puede ser interpretada, primero, como autorizando al CIADI y a los inversores un derecho a ejercer la jurisdicción contra la voluntad de los Estados. Segundo, no permite deducir un derecho alguno para el inversor de introducir demandas en el periodo de seis meses.

Las denuncias hechas por Bolivia, Ecuador y Venezuela, surten todos los efectos jurídicos ipso juris, directamente y ejecutables inmediatamente. Toda denuncia iniciada ante el CIADI es nula.

Notas:
1| Convenio que dio lugar a a creación del CIADI, Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones.
2| Como ejemplo vale un caso. Contra toda lógica jurídica, los árbitros del CIADI aplicaron la cláusula de la Nación más favorecida en favor de unas demandantes, que ni siquiera demostraron tener un interés legítimo de un inversor. Lo más grave es que la cláusula es aplicada para la resolución de diferendos y, una vez más no es costumbre, a favor de las demandantes. Se trata del caso de la demanda contra Argentina en el expediente Aerolíneas Argentinas.
Las demandantes supuestamente adquirieron Aerolíneas Argentinas en 2001 sin que hayan probado esta calidad. Para los árbitros del CIADI, ésta es una cuestión accesoria. Sobre supuestos no demostrados, demandaron a Argentina. Se presentaron “como propietarias y operadoras” de dichas aerolíneas, cuando el gobierno decidió la recuperación de este bien público en el 2008. Aerolíneas Argentinas fueron adquiridas por una sociedad española, Air Comet. Ésta adquirió las acciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (“SEPI”), una entidad gubernamental española, por un dólar, mediante el Contrato de Compraventa de Acciones del 20 de octubre de2001 (“CCA”).
Como lo afirman los árbitros del CIADI, las demandantes pueden lícitamente invocar aquélla cláusula para “…… acceder a las disposiciones de resolución de controversias establecidas en el Artículo 13 del TBI Australia-Argentina”. ( párrafo 186).
Una tal interpretación descabellada, no sólo es irracional o errónea en referencia a las disposiciones de un tratado, sino la muestra de la incompetencia de los árbitros en Derecho internacional. Sugiere un alto grado de dependencia de intereses privados puesto que nos encontramos ante una manifiesta aplicación arbitraria del derecho, que es asimilable a la denegación de justicia. Y hasta podría inducir a pensar en una abierta colusión entre los árbitros y los demandantes, salvo manifiesta incompetencia de los árbitros.
3| ACDI, Cinquième rapport, Gerald Fitzmaurice, Rapporteur spécial, 1960, A/CN.4/130, vol. II, p. 71.
4| Expresión latina que significa, en derecho, que un tratado no crea ni obligaciones ni derechos para un tercero sin su consentimiento.
5| Expresión latina utilizada en derecho que expresa la doctrina según la cual un acuerdo no puede afectar a un tercero que no ha sido parte en el mismo.
6| ACDI, Op. Cit, p. 83
7| CIJ, Recueil, Affaire relative au Timor Oriental (Portugal c. Australie), Sentencia del 30 de junio de 1995, párr.. 29. T. d. A.

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Entrevista al economista político argentino Julio Gambina: Argentina nunca se fue del FMI

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)
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Mario Hernandez (MH): Arrancamos “Fe de erratas” con Julio Gambina porque hay una serie de novedades en el ámbito económico. Estaba leyendo unas declaraciones del presidente de la UIA bonaerense, Osvaldo Rial, quien destacó que la Argentina "logró despegarse de la crisis mundial" a partir de un modelo económico que "continuó priorizando la producción y el consumo".
"Argentina es una isla, con un 7 por ciento de desocupación cuando España y Portugal están a más del 20 por ciento", recordó Rial, y cuestionó a sectores que "pretenden una megadevaluación cuando quedó claro que esas medidas siempre llevaron a más pobreza".
El titular de la UIA bonaerense lamentó, además, que "algunos integrantes del sector empresario hayan dado un salto hacia movimientos que nos pretenden hacer retroceder una década, hacia la Argentina de los 90, la de un país para pocos".
Recordó que en los 90 "había sectores que aseguraban, sin ponerse colorados, que en el país sobraba la mitad de la población. Nosotros queremos una nación para los 40 millones de argentinos".
¿Hay un giro del empresariado a favor del gobierno?

Julio Gambina (JG): Hay empresarios oficialistas y opositores y éstos últimos de distintas orientaciones. Está claro quién está opinando y en un tiempo electoral, no solo de cara al medio turno legislativo, sino a la renovación presidencial de 2015.

MH: Rial sería un empresario cercano al gobernador bonaerense Daniel Scioli.

JG: Yo siempre me presento como profesor de economía política porque no se puede pensar la economía al margen de la política y viceversa. Todo conjunto de política económica responde a intereses y hoy en Argentina está en discusión cómo y quién gobierna el capitalismo argentino en el marco de una crisis global.

MH: Yo vinculaba más estas declaraciones a las nuevas medidas adoptadas por el gobierno que han merecido el apoyo de prácticamente la totalidad del empresariado.

JG: Vos te referís al giro hacia el Banco Mundial (BM) y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Venimos de una década de discurso crítico contra el FMI pero ya había habido una especie de negociación para tratar de arrimar la relación con el FMI y el mecanismo fue hacer un acuerdo para que ayude “técnicamente” al Indec a elaborar un nuevo índice de precios (IPC), que supuestamente entraría en funcionamiento a principios del año que viene.
El tema de fondo era que Argentina desde fines del 2008 participa en la Cumbre del G20, integrado por presidentes para atender la crisis mundial y ahí el FMI es un invitado principal y de hecho las medidas más importantes que ha tomado el G20 han sido para fortalecer la capacidad de acción del FMI. Por este motivo, había que ir desandando el camino de fuertes críticas al FMI y generando condiciones de acercamiento, lo que supone que el FMI terminará auditando las cuentas nacionales, algo que todavía no ha ocurrido, pero en el último viaje del Ministro de Economía a EE. UU. hubo reuniones con el FMI para presentar el nuevo índice de precios e intentar que retire una sanción aplicada en febrero pasado, lo que podría ocurrir en noviembre cuando se reúna su Directorio.

MH: A pesar que somos “pagadores seriales”. Vos mencionás en un reciente artículo que se cancelaron más de U$S 173.000 millones en los últimos diez años.

JG: Eso lo dijo la presidenta. Se trata de información oficial. Ahí tenés un primer operativo buscando restablecer las relaciones y las formas de funcionamiento de Argentina en el FMI, aunque nunca se fue. Le pagó, pero Argentina nunca se fue del FMI. Es un adato para pensar, para tenerlo en cuenta.
Simultáneamente, se hizo un acuerdo estratégico con el BM para un préstamo por U$S 3.000 millones que trasciende a la actual administración porque va del 2014 al 2016 involucrando al próximo gobierno. Son U$S 1.000 millones por año que el gobierno necesita para restablecer las reservas internacionales. Desde enero se han perdido U$S 10.000 millones y estamos en el piso de los U$S 34.000 millones cuando Argentina llegó a tener U$S 52.000 millones, lo cual muestra una fuga de capitales.
Una política de desendeudamiento y de pagadores seriales hace que Argentina destine sus reservas internacionales para pagar deuda. También hay una disputa por quién se queda con los dólares. Está el capital privado que los busca desesperadamente, por eso ayer el dólar ilegal pasó los $ 10 por unidad. Hay una disputa entre el poder económico que quiere los dólares para ahorrar o fugarlos y el gobierno que los necesita para pagar deuda, importar combustibles, etc. Entonces, hay una disputa por una mercancía que aparece escasa y hay que llenar la Argentina de dólares, por eso hay que traer inversiones externas, como es el caso de Chevron o préstamos como se hizo en la década menemista. Si el BM presta, eso habilita a que Argentina coloque títulos en el mercado mundial o que aparezcan créditos del sistema financiero internacional que está remiso a prestarle a nuestro país, con lo cual el tema de la deuda vuelve a emerger y aparecer como un tema estructural muy fuerte y condicionante de la economía argentina.

Hay un cambio de América Latina hacia una orientación “amigable” con el capital financiero internacional

MH: Quiero levantar la apuesta porque mencionaste a Chevron pero las últimas medidas en el área energética adoptadas por Brasil me hacen pensar en un corrimiento respecto de la propuesta de Hugo Chávez hacia una política energética latinoamericana común.

JG: Así es. En realidad, la propuesta venezolana de formar Petroamérica nunca terminó de cuajar y las recientes medidas de Brasil, que además de sorprender porque entrega el pozo petrolero más importante de ese país, hubo una intervención del ejército en la represión popular que se oponía a la medida, lo cual significa un llamado de atención muy serio en el cambio político de América Latina hacia una orientación “amigable” con el capital financiero internacional, con las inversiones externas, en el caso argentino, además, con el reconocimiento por primera vez de las sentencias del CIADI para pagar U$S 500 millones.
Argentina no venía acusando recibo de las cinco sentencias firmes en su contra de ese organismo, pero en este viaje donde acuerda con el FMI y el BM, también lo hace con el CIADI para cancelarlas y en la cuenta de la deuda pública aparece registrada esa suma, por lo tanto, en el presupuesto público son recursos que compiten con otras demandas que tiene la población por salud, vivienda, empleo, desarrollo económico, etc.

MH: ¿Vamos a un ajuste después de las elecciones?

JG: Llama mucho la atención las tarifas de los servicios públicos, sobre todo las eléctricas. En los últimos días han crecido mucho las acciones de las empresas eléctricas y eso es asumido como que hay una fuerte especulación pensando que se van a cortar muchos subsidios. Acordate que este fue un tema anunciado después de las elecciones del 2011, que empezó a materializarse, pero apenas se esbozó, se cortó, es probable que ahora no se pueda sostener el ritmo de subsidios. En definitiva, hay que traducirlo como aumentos tarifarios que va a pagar el conjunto de la población, lo que en otra época denominábamos “tarifazo”. Es una de las expectativas que hay.
La otra expectativa del sector empresario es que baje la pretensión de incremento salarial en las Convenciones Colectivas. También es de esperar una escalada de incremento de los precios, del costo de vida que puede ir acompañado de una tendencia a la disminución de la capacidad de compra de los salarios de los trabajadores convencionados. En un marco donde 1/3 de la población trabajadora continúa en situación informal, da cuenta de un combo que puede disparar conflictos como la ya anticipada jornada de movilización nacional para el próximo 20 de noviembre de la CGT y la CTA, conmemorando el aniversario de la movilización del año pasado, que motorizó una conflictividad más que interesante de los trabajadores.

MH: Antes de cerrar, el pasado 2 de octubre se cumplieron seis meses de la inundación de La Plata, Berisso y Ensenada y tengo entendido que estuviste junto a Atilio Borón participando en la presentación de un relevamiento socio-sanitario.

JG: Un relevamiento muy importante que llevó adelante el Colegio de Profesionales de Trabajo Social que puso en evidencia que la inundación afectó al conjunto de la sociedad platense, pero que los efectos más graves fueron sobre los más pobres.
Estaban presentes representantes de unas 25 asambleas de barrios empobrecidos y de los más de 1500 voluntarios que intervinieron en el relevamiento, estudiantes y docentes de la Facultad de Trabajo Social de Humanidades. Los datos que revela y publica el Consejo Profesional, que te sugiero que los conozcas y puedas entrevistar a quiénes lo hicieron, dan cuenta que si bien toda La Plata fue afectada, los sectores más empobrecidos lo fueron más y no hay soluciones para ellos, o en todo caso, son para restablecer el valor de las propiedades, que se había venido abajo producto del deterioro generalizado provocado por las inundaciones. Esto demuestra que las políticas públicas privilegian el restablecimiento de la capacidad de valorización inmobiliaria para restablecer la capacidad de funcionamiento de la sociedad capitalista y no tienen en cuenta las imperiosas necesidades de los sectores más afectados por las inundaciones y calamidades que no son naturales, sino provocadas por el modelo productivo hegemónico en nuestro país y a escala mundial.

MH: Me despido hasta el jueves 31 ya que vas a presentar mi libro El movimiento de autogestión obrera en Argentina en las II Jornadas del Pensamiento Crítico a realizarse en la Universidad de Río IV (Córdoba).

JG: Te anticipo que vamos a compartir un buen debate y te doy la primicia que inaugurará las Jornadas la Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia, la Licenciada Teresa Morales, quien va a disertar sobre “El cambio político en América Latina: el caso boliviano”.
Vamos a tener un debate de pensamiento crítico latinoamericano presidido por el análisis de la situación boliviana. Hay muchísimas ponencias presentadas y una treintena de destacados investigadores de casi toda la región, así que espero que tengamos un buen debate, además de buenos momentos de camaradería, que supondrá ese encuentro en el centro de nuestro país, en Río IV, con una diversidad que intenta una apertura al pensamiento crítico, alternativo y emancipador.

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Sobre la mochila del Che y los intelectuales

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Prosiguiendo con las entrevistas sobre el rol de los intelectuales: Néstor Kohan nos brinda sus reflexiones.



Ver también:
- Néstor Kohan: "También en la Universidad se instalaron los mecanismos mercantiles"

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El pedracismo, al Sarmiento

Jacyn (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

La “estatización” del Sarmiento fue celebrada por la plana mayor de la Unión Ferroviaria, encabezada por el pedracista Sergio Sasia. Es que el ramal pasará a ser operado por la empresa estatal Sofse, donde la UF mantiene como director al abogado Juan Araya.

Se trata de un hombre de extrema confianza de José Pedraza. Apenas ocurrido el crimen de Mariano, Araya fue uno de sus principales operadores en el armado de la defensa de la patota.



Esto surgió claramente de la investigación judicial, a partir de la intervención de los teléfonos de los autores del crimen. Varios defensores pidieron la nulidad de esas escuchas (realizadas entre octubre 2010 y febrero 2011) en las que Araya habla con Pedraza, con el “Gallego” Fernández y con Gabriel Sánchez, con el argumento de preservar el “secreto profesional” entre el abogado y sus clientes. El TOC 21 rechazó esos pedidos. En primer lugar, porque el teléfono de Araya no fue el intervenido, sino los de los imputados. En segundo lugar, porque este abogado no había sido designado defensor por ninguno de los involucrados en la causa. A lo largo de todo el proceso, Araya siempre actuó en las sombras.

En las escuchas, Araya mantiene al tanto a Pedraza de lo que sucede en los allanamientos al sindicato, y le dice que no es conveniente presentarse en el lugar.

Muchos otros elementos de las escuchas dejaron en claro la participación clave de Araya en el armado del “relato” de la patota; puntualmente, en los casos de Amuchástegui (impune), Díaz y Gabriel Sánchez.

Araya asume la tarea de “calmar a los muchachos “ante el propio Pedraza, quien se lo solicita expresamente.

En el alegato de nuestra querella, Claudia Ferrero señaló:

“(…) la UF se asegura en Sofse el control del directorio, mediante la elección de otro hombre de confianza de Pedraza, el doctor Juan Rosauro Araya, quien se desempeña como abogado y apoderado de la Unión Ferroviaria, a quien hemos conocido a través de las escuchas telefónicas, siendo quien se ocupó de conseguir los abogados para defender a los imputados por el homicidio de Mariano, ir a las reuniones para calmar a quienes habían participado de la agresión criminal, seguir las vicisitudes procesales de esta causa, y mantener al tanto de las mismas a Pedraza y a Fernández”.

“Pero Juan Rosauro Araya no es simplemente un profesional del derecho al servicio de la Unión Ferroviaria, como se pretende fundar para no admitir las escuchas en que interviene. Es una pieza fundamental en el entramado de la participación de la Unión Ferroviaria en el manejo del sistema ferroviario. En los hechos, es un directivo de la mesa chica, claramente supeditado a las órdenes de Pedraza y Fernández”.

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Argentina: Entrevista a Gabriel Kessler

OTRO VIENTO

Otro Viento llega nuevamente a la ciudad de Buenos Aires. Esta vez para reflexionar junto al sociólogo, docente de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET, Gabriel Kessler. Especialista ineludible en la problemática de la inseguridad y sociología del delito, Kessler nos ayuda a clarificar un poco más el panorama cuando algunos políticos solo quieren más almas encerradas.

>¿Cómo analizas las propuestas centradas en la instalación de cámaras de vigilancia?

Gabriel Kessler (G.K): Sobre las cámaras de vigilancia y la llamada prevención situacional, es decir, aumentar los controles sobre los espacios para disminuir la oportunidad de que se produzcan delitos, tengo una mirada matizada. Creo que en algunos contextos ciertas medidas de prevención situacional pueden tener efectos positivos, como en Europa donde colocaron cámaras en corredores de subterráneos de trenes donde se producían muchas violaciones y eso tuvo un efecto de mayor control y disminución de ataques sexuales. Es decir, en ciertas medidas eso puede tener cierta eficacia, pero hay que discutir cómo, dónde y si tiene un efecto o no,  a desplazar el delito.

Y sí, me preocupa por un lado la forma crítica en donde se están instalando las cámaras, la forma en cómo se comercializan las imágenes, el negocio que hay detrás de eso y que aparezca como la panacea a todos los males. El país que más apostó a las cámaras de seguridad fue Inglaterra y vio, luego de varios años de evaluación, que no tuvo un gran impacto en la disminución del delito.

En segundo lugar, se vio que las cámaras, en general, se usan solo para hacer estadísticas como, por ejemplo, ver en qué lugares y en qué horarios se cometen determinados delitos y pensar soluciones al respecto. Me parece que es algo que estoy dispuesto a discutir siempre que no lo tomemos como la panacea de todos los males, ni el uso acrítico, ni como una ilusión de respuesta inmediata y cuándo se debe respetar la privacidad y el uso de las imágenes.

¿Y la creación de policías comunales?

G.K:Sobre las policías comunales nuevamente, al igual que las cámaras, hay una tendencia mundial o, por los menos, en lo que son los países anglosajones, a las policías de proximidad, es decir, tener una policía más cercana a la comunidad, que conozca a sus vecinos, que pueda estar más atento a cuáles son las problemáticas de los vecinos. Esto tiene algunos elementos positivos y negativos. En algunos casos, las policías comunales generaron lazos de mayor confianza con los vecinos, en otros casos trabajaron junto a la comunidad para resolver sus problemas.

Cuando aparece como una policía aliada a los supuestos “buenos vecinos” contra los sospechosos de siempre, es una policía que tiende a reforzar los clivajes y conflictos en el interior de la sociedad. Cuando esa policía aparece muy pegada a los poderes políticos resultan ser un brazo armado del municipio. En Argentina, donde muchos municipios no tienen las capacidades institucionales para controlar la policía y generar una policía democrática y eficiente, eso es preocupante. Miraría el tema con cierta preocupación pero es un tema que puede ser debatido y no rechazado tajantemente como otras medidas.

>¿Consideras que últimamente hubo un reflote del neoliberalismo respecto a culpabilizar únicamente al delincuente sin asumir el Estado ninguna responsabilidad en la creación de condicionantes sociales?

G.K: En principio, no estoy tan de acuerdo. Creo que hay una situación de tensión. Por un lado, se logró mostrar cómo en los años ‘90 el aumento del delito fue concomitante a la crisis social, al aumento de la desigualdad, etc., se logró de algún modo, no diría imponer, pero se dio mucha presencia en el espacio público a que había causas sociales ligadas al delito, que atenuaba un mayor punitivismo.

Me parece que en los últimos años hay como una crisis de esa idea de las causas sociales ¿Por qué? Porque como la crisis social fue disminuyendo, la desigualdad también, mucho de los argumentos que sostenemos y que sostuvimos también se vieron de algún modo cuestionados. Ahora nos están mostrando que la situación social -más allá de la valoración que uno haga del periodo kirchnerista- ha mejorado ¿por qué el delito no disminuye y aún aumenta?

Sin embargo, no diría que eso ya no existe más, no diría que hemos perdido de algún modo nuestra discusión. Pero sí me parece que esto nos obliga a refinar mucho más nuestras explicaciones, poder generar otros elementos para el debate, aceptar que hay cosas que no hemos explicado con certeza y poder también entender algunas paradojas de este período  donde puede haber reactivación económica pero se mantiene una fuerte estigmatización y disminución de oportunidades para jóvenes que viven en determinados sectores. Hay ciertos cambios que se vieron en las últimas décadas y que aun cuando algunas condiciones sociales, en términos agregados hayan mejorado, no quiere decir que todos los condicionantes que dieron lugar al delito hayan cambiado.

No se puede explicar el delito sólo por lo social porque si no llegamos a algunas paradojas de por qué no todas las personas que están en la misma situación se dedican al delito.Esto no quiere decir de ningún modo cargar las tintas sobre la responsabilidad o sobre determinadas patologías o decisiones, pero nos obliga a articular explicaciones sociales con otro tipo de reflexiones más complejas.

>¿Cómo analizas que, sobre todo, los sectores bajos o medios bajos más vulnerables al sistema penal tomen como propios los discursos de la clase dominante, es decir, que vean como soluciones las mismas propuestas que la clase dominante intenta proponer?

G.K: Creo que, por un lado, se da lo que se ha llamado la “exacerbación de las pequeñas diferencias”, es decir, siempre en el interior de determinados sectores, uno trata de diferenciarse de aquellos que se ven medios cercanos, pero que quieren mantener algún tipo de frontera moral, social, etc., entonces uno ve en el interior de los barrios de los sectores populares intentos de demarcación:“mi hijo es bueno, mi hijo no es un perdido”.

Siempre ha existido ese intento de diferenciación al interior de los mismos sectores que son criminalizados, que son vulnerables al sistema penal, y a la policía, y un intento de decir “yo no, es el otro”. En ese sentido, la forma de microdistinción al interior de los sectores sociales ha sido una tradición que uno puede ver en distintos fenómenos.

Cuando uno mira fuera de Argentina, quiénes fueron los que sostuvieron lo que se llamó el  “welfarismo penal” (un estado penal más democrático, desarrollado en Inglaterra y Estados Unidos) tampoco fueron los sectores más bajos. Era una élite, una clase media ilustrada que, al mismo tiempo, tenía una relación de distancia con el delito, el delito era algo que no los afectaba y veía como un rasgo civilizatorio y de un cierto liberalismo ilustrado, sostener una mirada positiva sobre el sistema penal.

Entonces no necesariamente cuando uno lo mira históricamente, el punitivismo era algo propio de los sectores medios o medios altos, era parte de algunos sectores conservadores que cruzaban de algún modo las distintas clases sociales: lo podías ver en los sectores altos, medios pero también muy fuerte en los sectores bajos. Muchas veces el apoyo hacia medidas, más autoritarias como la pena de muerte, en la Argentina está más centrada en sectores con menos nivel educativo, sirviendo el capital cultural como freno hacia el sostenimiento de medidas más punitivas y más autoritarias.

>¿Crees que, en algún momento, le va a interesar al conjunto de la sociedad lo que ocurre en el interior de las cárceles?

G.K: Lo que ocurre adentro de las cárceles creo que lamentablemente no le importa a nadie. En algunos barrios en los que he trabajado como en Fuerte Apache se decía una frase que era muy común ahí “lo que se hace afuera se paga adentro y lo que se hace adentro se paga afuera” mostrando que había como canales de interrelación entre la cárcel y los barrios.

La cárcel es una de las grandes deudas de la democracia y, desde la restauración democrática, es un tema donde nunca ha entrado la opinión pública, menos los sectores progresistas. Recién en los últimos tiempos, el servicio penitenciario es objeto de ciertas reformas. Pero creo que a diferencia de lo que uno podía ver cuando había alguna confianza en la rehabilitación penal, donde había una mirada ingenua de que la cárcel podía hacer algo, hoy de la cárcel se espera solo que mantenga a la gente considerada indeseable apartada, segregada, lejos de uno el mayor tiempo posible. Cuando se pierde la confianza en la reintegración penal cae todo interés en la cárcel. Solo queda como un criterio de segregación punitiva. Lo que pasa en las cárceles es terrible, pero igual de terrible es el poco interés que eso despierta en la sociedad argentina y en casi todos los países del mundo.

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Argentina. Aguafuertes Ambientales: Desertificación monetaria, descanso dominical y senadores

Ricardo Luis Mascheroni (especial para ARGENPRESS.info)

Seguramente el lector se preguntará qué tienen que ver los términos del epígrafe entre sí, por lo que intentaré ensayar una explicación al respecto.

A la par de la desertificación de los suelos, existe una desertificación monetaria, que aunque distintas, producen efectos similares, empobrecimiento, una de los suelos y la otra de la gente.

Cuando se exportan commoditis, no se llevan soja, maíz o trigo, sino que fundamentalmente se llevan humus, nutrientes y agua y el suelo se queda sin ellos, por lo que queda pobre.

La globalización ha impuesto planetariamente un modelo consumista aplastante, que hace del tener un paradigma de vida.

Ese modelo impulsado por las grandes multinacionales que como ejércitos de ocupación colonizan hasta las zonas más recónditas del mundo y también las mentes, generan una dependencia cultural hacia ese sistema, que promete un paraíso, que nunca alcanzaremos.

Sus armas son la mercadotecnia, las marcas, patentes y royalties y los medios de comunicación monopólicos en lo ideológico, que machacan hasta el cansancio las verdades reveladas de la nueva religión del Mercado.

A través de esas armas, el mercado global se expande y maximiza sus ganancias, incrementando la tasa de transferencia monetaria desde los países empobrecidos hacia los enriquecidos del mundo, lo que le reporta no solo más divisas, sino fundamentalmente poder de decisión en pocas manos y por encima de los Estados mismos.

En ese esquema, sus regimientos, se encarnan en shopping, hiper y megamercados, bancos, casinos y salas de juegos y empresas de servicios (telefonía, turismo, prepagas de salud, etc.), de capitales globales.

Estos negocios, cual barrenos que horadan la piedra, van succionando hora a hora, día a día y año a año, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio y el ahorro de los pueblos en que se aposentan, con una rentabilidad mayor y más desproporcionada que en sus países de orígenes, que es remesada a sus casas centrales sin solución de continuidad.

Mientras las pasteras, mineras, petroleras, empresas agrícolas y demás se llevan el agua, los bosques, los nutrientes de la tierra, el oro, la plata, el cobre y tantos otros minerales de valor estratégico, liquidando nuestro patrimonio, los shopping, telefónicas, megamercados y casinos completan la expoliación, llevándose el dinero del bolsillo de los trabajadores, sumiéndolos en carencias y miseria.

Esto constituye el basamento de la desertificación económica y es lo único que explica que mientras Argentina creció muchos años por arriba del 8% de su producto bruto, solo unos pocos hayan mejorado su situación y un gran porcentaje de la población continúe bajo la línea de pobreza.

Por lo general estos negocios se radican en ciudades capitales o de magnitud, irradiando sus “ventajas” a las poblaciones vecinas, generando un mini turismo de proximidad sobre todo los días feriados y fines de semana.

Para ello cuentan con normas de flexibilización laboral que les permitan abrir los 365 días del año y una cartera laboral, que a tenor de sus dichos, alberga dudas sobre la procedencia de la medida.

Los habitantes de las poblaciones cercanas, se sienten atraídos por este “progreso” y como los insectos con la luz, van hacia ella y terminan quemándose en la misma, ya que dejan casi todos sus salarios en esas escapadas de fin de semana y regresan a sus localidades flacos de bolsillos.

Consecuentemente, los comercios que desde siempre en pueblos y ciudades pequeñas, se tuvieron que bancar todas las épocas, ven mermar sus ingresos y van languideciendo, generando un empobrecimiento generalizado, con pérdidas de puestos de trabajo y la emigración de sus jóvenes.

La desertificación de los suelos como la económica, tienen mucho en común, ya que ambas hacen desaparecer la riqueza y generan pobreza. La tierra yerma y arrasada y la desaparición del circulante y de la capacidad de ahorro, van quedando a su paso, matando toda posibilidad de futuro y la desocupación, la precariedad laboral y los quebrantos de la pequeña y mediana empresa florecen como hongos después de la lluvia."

Por fortuna la Cámara de Diputados de Santa Fe acaba de dar media sanción a un proyecto que dispone el descanso dominical, que en cierta medida es un freno a lo reseñado.

Esta sabia iniciativa vino a devolver una vieja conquista de los sectores del trabajo, conculcada injustamente y es producto de un amplio consenso por parte de casi todos los sectores involucrados en el tema.

Quizás algunos, que no se han convencido de las ventajas de esta norma, tendrían que preguntarse qué hacían los Domingos con sus padres y qué hicieron o hacen con sus hijos, recordando paseos dominicales, las comidas en familia o actividades comunes en ese día de encuentro.

Hoy los trabajadores de esos rubros, se ven privados de lo expuesto, en aras de mayor rentabilidad de las patronales, lo que repercute negativamente en las economías de pueblos y localidades de la región.

El Senado Provincial tiene en sus manos la herramienta para frenar esa sangría conocida como desertificación monetaria.

Este Cuerpo encarna la representación política territorial de los distintos departamentos de la provincia y los senadores tienen como misión defender los intereses económicos, sociales y productivos de los distritos de donde provienen, velando por el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de los mismos.

Dentro de los asuntos a tratar por el Cuerpo, se encuentra la ley de Descanso Dominical, cuyo voto les da la posibilidad, de no sólo devolver un derecho injustamente conculcado a los trabajadores, sino de defender a las pequeñas y medianas empresas y comercios de su departamento.

Que los Senadores de La Capital y de Rosario o de alguna otra ciudad grande, se hayan manifestado en contra de esta ley, es entendible, ya que defienden las ventajas de las grandes cadenas que se ven beneficiadas con el empobrecimiento del resto de la Provincia.

A contrario sensu, no es entendible que el resto de los miembros del Senado no asuman el desafío de defender los intereses de su Departamento, evitando una sangría monetaria constante, que pone a sus actividades económicas al borde del colapso con el consiguiente descalabro social, en el que sus habitantes emigran a las ciudades engrosando los cordones de miseria y precariedad, cuando no atrapados en redes delictivas o de trata.

Quiero creer que los senadores estarán a la altura del desafío y adoptarán el mejor criterio que los haga dignos del mandato político otorgado por sus representados.

Los dejo para que lo piensen y me despido hasta las próximas aguafuertes.

Ver también:
- Aguafuertes Ambientales - Descanso dominical: 400 años después, estamos peor

Ricardo Luis Mascheroni es docente.

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El agua mala que mató a los bebés mbya

Silvana Melo (APE)

El domingo 20 murieron tres bebés mbya guaraníes en Misiones. Devorados por la tierra roja y el agua mala de la vertiente. Lograron llegar a vivir nueve, once y dieciséis meses. Menos tiempo vivieron del que se derramó entre la reelección espectacular de Maurice Closs en 2011 por un 76%. Y la de sus legisladores este domingo que pasó, con el apenas alivio del 43%.

La aldea Kaagui Porá está cerca de Comandante Andresito. El agua llega desde una vertiente, fuente legendaria de los guaraníes. Pero ya no hay pureza asegurada como en el agua que brotó desde la historia. Los desmontes brutales, la prepotencia del cultivo que arrasa con las chacritas y las aldeas y fumiga las hojas, los perros, las vacas y los niños vuelven el agua tan esquiva. Y la diarrea consume a una criatura en horas no más.

A Kaagui Porá la ambulancia de Andresito no va. No fue. Ni la policía, aunque sea, para llevarse a los chicos en patrullero al hospital. Desde las 9 de la mañana llamaron y nadie llegó a buscarlos. Los cargaron en una moto, ya de tardecita. Ni el mburucuyá con cardo santo les había parado la vida que se les iba en aguas. El viento terroso les pegó en la piel y se marchitaron del todo en las puertas del hospital. Ya sin aliento. Sequitos, deshidratados.

Dicen que fue el agua.

Pero más contaminante que el agua de la vertiente fue el director del hospital de Andresito. Que dijo que el primer bebé llegó sin llamado precedente. Como a la una de la tarde. Después pidieron ambulancia, dijo. Justo cuando moría el primero. Y dijo también no saber cómo trajeron a los dos que murieron después. “La verdad es que no tengo idea”, se encogió de hombros el médico. Que también es concejal renovador. Es decir, concejal del gobernador Maurice Closs.

Al otro día el Ministro de Salud acampó en la aldea. Y el Ministro de Derechos Humanos mandó un cargamento de agua potable. Pero los tres niños no están más. Son seis brazos menos para transformar la vida. Seis piernas menos para abrir camino donde no hay. Seis ojos menos para iluminar hacia delante, donde todo es tan oscuro. Tres piezas menos –dice Alberto Morlachetti- en el vapuleado puzzle de la humanidad. Tres agujeros por donde se colará el diablo y sus cohortes ministeriales para envilecer la vida.

Misiones está puesta íntegramente sobre el Acuífero Guaraní, el tercer reservorio de agua dulce del mundo. Pero los mbya guaraníes de la comunidad Kaagui Porá no tienen agua buena para tomar.

La aldea es 130 hectáreas, 47 familias, 200 personas. Con un solo pozo perforado, en el predio de la escuela. Al que apenas acceden las familias cercanas, tirando mangueras precarias. La bomba, sobrecargada, se quemó varias semanas atrás. Y la única fuente de agua volvió a ser la vertiente. De donde bebían los ancestros.

El Acuífero Guaraní –dicen desde el Departamento de Geografía del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya- está amenazado. Como los niños que se mueren de sed sobre un océano de agua dulce. “La más peligrosa es la contaminación derivada de la agricultura, uno de los pilares de la economía misionera”, dice el licenciado Sergio Luis Alberto Páez. “El aumento sin control del volumen de agua extraído y la contaminación provocada por agroquímicos y desechos cloacales, ponen en riesgo el Acuífero”.

Tal vez por eso el gobierno de Maurice Closs mandó urgente un tanque de agua potable al mismo tiempo que negaba rotundamente que la muerte haya llegado, escondida y artera, en el hilo de agua. “Es un virus normal en esta época”, dijeron los ministros.

La comunidad ya pidió más pozos, salitas sanitarias, viviendas. Nadie responde.

Pero el domingo pasó la elección. Y Closs suspiró de alivio por sus dos diputados más.

De Andresito a la aldea y viceversa hay 15 kilómetros de camino donde la tierra colorada se abre en ramas que van a la selva o a los yerbatales. Por ahí pasan las chatas desbordadas de raídos y tareferos, por ahí se matan los niños cortadores de yerba, por ahí pasó la moto con los bebés mbya, abrasados por la muriente del sol de octubre, marchitándose.

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Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: Llegó el fallo

RED ECO - ANRED

La Corte Suprema de Justicia declaró ayer constitucional los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuestionados por el grupo Clarín. Con este fallo el grupo llegó a la máxima instancia judicial en la Argentina y debería ahora cumplir la norma sancionada hace 4 años. Por otro lado no admite mas dilaciones para que la propia AFSCA también cumpla la norma que desde hace 4 años debió haber puesto en práctica en su totalidad para el resto de los actores.

Dos de los artículos cuestionados en su totalidad por Clarín, fueron declarados constitucionales por seis de los siete jueces (Lorenzetti, Highton, Petracchi, Argibay, Maqueda y Zaffaroni). Se trata del artículo 41 que define que las licencias son intransferibles salvo excepciones para las cuales se necesita la autorización de la AFSCA. El otro artículo es el 45 en los incisos que definen: el límite máximo de 24 licencias por cable para cada prestador, de 35% del total de habitantes para medios que utilizan espectro o de los abonados para el caso del cable, de ser titular de no más de una señal de contenidos y no poder ser licenciatario al mismo tiempo de 1 licencia de TV abierta y una de cable en el orden local y no más de tres licencias locales.

Los otros artículos cuestionados recibieron votos a favor de su constitucionalidad de cuatro de los siete integrantes de la Corte. Votaron en disidencia la jueza Argibay y los jueces Maqueda y Fayt (este último rechazó la legalidad de todos los artículos, claramente posicionado a favor del grupo Clarín). Es el artículo 161 que establece un plazo (un año desde que la AFSCA determine los mecanismos de transición) para que los titulares de licencias se adecúen a la cantidad máxima permitida y demás requisitos societarios e individuales que la ley prevé. El otro es el segundo párrafo del artículo 48 que establece que la multiplicidad de licencias no puede alegarse como un derecho adquirido frente a normas – como esta ley - que apunten a desmonopolizar o desconcentrar.

El fallo trae dos consecuencias inmediatas. Por un lado hace extensivo a Clarín la obligación de cumplir la norma que debió, desde su sanción, ser de cumplimiento obligatorio para otros grupos licenciatarios de medios de comunicación obligados también a “desinvertir” (y para el mismo Clarín en los demás aspectos no judicializados). Por otro lado no admite más dilaciones para que la propia AFSCA también cumpla la norma que desde hace 4 años debió haber puesto en práctica en su totalidad - más allá de la judicialización de Clarín - para el resto de los actores (medios del sector público, privados con fines de lucro, medios sin fines de lucro, medios comunitarios, alternativos y populares).

La ley ha estado vigente, totalmente aplicable y para todos los actores – menos para Clarín producto de sus maniobras dilatorias ante la justicia - desde que se promulgó. Así lo expresa claramente el documento que el pasado mes de agosto dió a conocer la Red Nacional de Medios Alternativos: La Corte, El Gobierno, Clarín y los Medios Comunitarios, Alternativos y Populares.

La AFSCA debería cumplir con la elaboración del Plan Técnico y con la reserva del 33 % para las entidades sin fines de lucro, como paso previo a la entrega de licencias por cualquiera de los mecanismos previstos en la norma. Y hasta tanto pueda resolver estas exigencias que le marca la ley, los medios comunitarios, alternativos y populares deben ser reconocidos por el organismo.

Insistimos en que democratizar es mucho más que desinvertir. El pase de manos de licencias entre privados a través del proceso de desinversión no garantizará la pluralidad de discursos. Para democratizar es necesario garantizar el fortalecimiento y desarrollo de los medios comunitarios, alternativos y populares; es imprescindible que los medios públicos sean independientes de los gobiernos de turno y que la desarticulación de los monopolios privados no se convierta en nuevos monopolios gubernamentales. También hay que democratizar la pauta publicitaria para que no sea utilizada como premio o castigo. La ley es letra con intenciones. Pero su aplicación y las decisiones políticas que se tomen en torno a ella, definirán si el discurso democratizador se plasma en una realidad concreta o sigue siendo letra con intenciones.

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Soberanía comunicacional: Un paso adelante en la democratización de la libertad de expresión

ACTA

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de confirmar la constitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales. Esta decisión era esperada por los sectores populares de nuestro país como un requisito necesario, aunque no suficiente, para avanzar en la democratización de nuestra sociedad".

La declaración del Observatorio del Derecho Social y la Asesoría Jurídica de la CTA prosigue: "La necesidad de una nueva Ley de Medios había sido planteada desde hace años por numerosas organizaciones sociales, comunitarias, de derechos humanos, sindicales, quienes reclamábamos la urgente revisión del marco regulatorio que había sido dictado por la última dictadura militar.

"En tal sentido, la discusión de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales generó un consenso a lo largo de amplios sectores de nuestro pueblo y, por ello mismo, el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el día de ayer debe celebrarse.

"Esta resolución se inscribe en una saludable tradición de la Corte que, en los últimos años, dictó fallos muy importantes en materia de derechos laborales. El cuestionamiento constitucional a la Ley de Riesgos del Trabajo, la impugnación de numerosos artículos de la Ley de Asociaciones Sindicales, la reinstalación de activistas despedidos por su participación en la fundación de organizaciones sindicales, la reafirmación de trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional, todos aspectos en los que la Corte ha establecido un criterio de ampliación de derechos.

"En esta ocasión, la resolución de la Corte ha convalidado una ley en cuya conformación hemos sido partícipes junto con muchas otras organizaciones, y que por tanto reivindicamos como propia.

"La Ley de Medios Audiovisuales es constitucional. Los trabajadores ya lo sabíamos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo ha reconocido.

"La implementación de sus disposiciones se ha demorado largamente, no sólo como consecuencia de las acciones judiciales que suspendieron su vigencia exclusivamente para quienes las emprendieron, sino también por la inacción de la autoridad de aplicación.

"De ello pueden dar cuenta los numerosos medios comunitarios que han venido reclamando la aplicación integral de la ley desde hace años, y en particular han cuestionado la aplicación sesgada del tercio del espectro reservado para los medios sin fines de lucro.

"Finalmente, es necesario seguir reivindicando la intervención estatal en la regulación de los grupos económicos. Sólo así será posible avanzar definitivamente por un camino de democratización y emancipación que, a 30 años de culminada la última dictadura militar, todavía se encuentra pendiente", concluye el comunicado del Observatorio del Derecho Social y la Asesoría Jurídica de la CTA.

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La ley de medios gráficos, una deuda pendiente

Florencia Abelleria - Carla Laviuzza (OTRO VIENTO)

Las revistas culturales, independientes y  autogestionadas cumplen una función social básica que es nada más y nada menos la de pluralizar la palabra y garantizar la libertad de expresión. Diversas, heterogéneas y federales, somos muchas y queremos una norma que nos ampare.

A partir de la aprobación en 2009 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, se generó en el ámbito de la comunicación un cambio de paradigma. ¿Por qué decimos esto? Primero, porque se vio la necesidad de desmonopolizar la propiedad de los medios de comunicación para diversificar las voces; y segundo, porque se comenzó a pensar a la comunicación como un derecho humano, y no como un negocio.

Con la sanción de la ley mencionada, los medios gráficos culturales, autogestionados e independientes vieron propicio el contexto para presentar un proyecto de ley que las reconozca y visibilice.

Entonces, con el objetivo de pelear por unas condiciones de mayor igualdad frente a los medios comerciales, en abril de 2011 se conformó la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA), que logró nuclear más de 320 publicaciones a nivel nacional. "Hace un tiempo empezamos a notar la importancia que significa poder encontrarse con otras revistas para hacer cosas juntos y no andar llorando por separado sobre la fragmentación social y los problemas del individualismo", explicó Sergio Ciancaglini, integrante de la Cooperativa lavaca y editor de Periódico MU.

El proyecto de Ley de Fomento para la Producción Independiente y Autogestiva de Comunicación Cultural por Medios Gráficos y de Internet fue presentado por el diputado nacional Jorge Rivas ante la Cámara Baja el 14 de mayo de este año y actualmente está siendo tratado en las comisiones.

Los puntos más importantes del proyecto son tres:

- Desgravación impositiva. Para contextualizar esta medida es necesario remontarse al 2001, cuando desde los medios comerciales presionaron al gobierno de De la Rúa para que las revistas pagaran IVA. Claramente esta maniobra no era para beneficiar al Estado, sino a las propias corporaciones que de esta forma evitaban descargar los débitos fiscales que acumulaban por sus otros negocios. En ese entonces se negoció un IVA del 10,5 % para las revistas, impuesto que hoy buscan suprimir para poder lograr emprendimientos sustentables económicamente.

- Creación del Fondo Nacional de Desarrollo. En este punto se plantea la necesidad de crear un ente que otorgue subsidios equivalentes al 20% del presupuesto de la pauta oficial para que sean destinados a inversiones productivas.

- Protección de los derechos de libre circulación. Con esto, se apunta a la difusión y circulación de los productos culturales. Propone que desde los Ministerios de Cultura y Educación se destinen fondos para la compra de lotes sustanciales de cada revista, con el objetivo de hacerlas circular por bibliotecas escolares y públicas de todo el país.

(Des)igualdad de oportunidades

Las revistas culturales autogestivas, siendo las que menores ingresos tienen, se encuentran en una verdadera desventaja frente a los medios gráficos comerciales. Por empezar, desde que Clarín y La Nación se apropiaron de Papel Prensa durante la última dictadura militar, la producción de papel se monopolizó beneficiando a "los grandes" que pagan por éste la mitad respecto de la prensa escrita. Esto incide en que las revistas autogestionadas no puedan acumular stock para evitar ser víctimas de los aumentos inflacionarios del precio del papel. También los circuitos de distribución y venta están armados de una determinada forma en que los grupos concentrados salen beneficiados en términos monetarios. Históricamente el circuito se organizaba de manera tal que entre el representante, los camiones distribuidores y el kiosquero o canillita se quedaban con el 50% del precio de tapa. Luego, los medios comerciales cambiaron su lógica y desfiguraron el sistema. "El negocio ya no era vender, sino publicitar. Un diario Clarín que el día sábado tenía un 60% de contenido publicitario y apenas un 40% de contenido periodístico, ¿quién lo iba a comprar? Pero necesitaba que lo lleven, lo exhiban, y vuelva. Y eso de llevar y traer no deja nada de dinero, ni al recorrido ni al canillita", explica Claudia Acuña, presidenta de AReCIA e integrante de Periódico MU.

A todo esto, los problemas se profundizaron: empezaron a quebrar los recorridos de los cuales Clarín compró -a precio vil- tres de los trece; y compró también unos 300 kioscos de la capital a raíz de su endeudamiento. Por eso se vuelve necesaria esta ley que apoya la verdadera pluralidad de voces. No hay que dejar pasar el hecho de que los medios de comunicación se han ido fortaleciendo con el correr de los años hasta transformarse en los actores sociales más poderosos que inciden sobre la opinión pública. Por lo tanto, su homogeneidad atenta contra la verdadera democracia y libertad de expresión. El proyecto de ley se planteó a partir de la necesidad de reconocer a la edición de la cultura independiente y autogestiva como un actor que durante mucho tiempo ha sabido comunicar, aún en momentos de crisis, lo que otras voces silenciadas tenían -y tienen- para decir.

Asimismo, también se busca saldar la responsabilidad que la Ley de Servicios Audiovisuales debería haber asumido con el sector que omitió a las publicaciones gráficas y de Internet, canales por los cuales esa misma ley fue discutida y defendida. Su aprobación implica no sólo reafirmar un debate saldado como sociedad que ya eligió qué tipo de comunicación quiere, sino también replantearse dónde se destinan los recursos del Estado.

Tal como plantea Acuña: “No se puede tratar a todo el mundo igual si no somos todos iguales, porque es una injusticia: así, el que es más pobre, no llega nunca. El brazo del Estado tiene que ser más largo para aquellos que están más lejos, más lejos por capacidad económica o geográficamente, a esos hay que ayudar”.

Con el fin de alentar el crecimiento de las revistas autogestionadas e independientes, AReCIA conformó nodos en distintos puntos del país: Córdoba, Tucumán, Misiones, La Plata, Mendoza, Mar del Plata y Patagonia descentralizando y avanzando en la conformación de una comunicación federal en Argentina.

Las revistas culturales, independientes y autogestivas tradicionalmente han expresado distintas voces y realidades, conscientes de que la comunicación es una herramienta para el cambio social, implicando una opción frente al discurso dominante. Bajo el lema “las revistas culturales no se venden porque vos nos bancás”, estas publicaciones sobreviven por su vínculo con los lectores. Son muy pocas las que tiene pauta oficial o se sostienen con publicidad.

Detrás de las revistas se construyen redes, organizaciones y espacios sostenidos desde la autogestión y mediante el compromiso con distintos actores sociales. Conforman experiencias que en base a la construcción colectiva democratizan la palabra, porque creen -creemos- en la comunicación como herramienta de transformación social en un proceso de construcción colectiva.

Muchos de los temas y problemáticas que no toman los medios comerciales son abordadas por estas revistas. A partir de ellas podemos dar cuenta de procesos de lucha de otros grupos que quieren ser escuchados, en un contexto caracterizado por la existencia de sectores privilegiados que detentan el poder político, económico y cultural.

Pensar en una nueva forma de comunicación es elegir libre y creativamente desde qué lugar hablar, sobre qué y con quiénes. De esta manera se construye la identidad, entendiéndola como un modo de definirse y constituirse, pero siempre con la mirada puesta en el otro, ya que nada bueno se construye desde la individualidad.

Abrir el debate con esta ley significa poner en discusión que otra comunicación es posible, la que va por los bordes, por la orilla, buscando nuevas formas de comunicar -y no de informar-  promoviendo una revisión de lo naturalizado por la cultura dominante. Otra forma de hacer comunicación que planta la bandera de la independencia y la autogestión como forma de construcción colectiva y donde la comunicación comienza a ser genuina.

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Argentina: No hay genocida que dure cien años, Megacausas Ya

ORAL Y PÚBLICO - LA RETAGUARDIA

Esa es una de las consignas con las que, desde hace un mes, organismos de DDHH de Mendoza se movilizan cada semana frente a los tribunales para reclamar el aceleramiento de los juicios y la constitución de megacausas. Hablamos con Nazareno Bravo de HIJOS Mendoza quien nos brindó una síntesis de la situación de los juicios por lesa humanidad en esa provincia.

“Hemos tenido tres juicios en la provincia, hasta ahora son diecisiete los condenados, pero va todo muy lento y eso permite que muchísimos represores y cómplices zafen de distintas maneras, ya sea por la edad, o porque fallecen sin haber sido citados por la justicia; y por supuesto el tema de la edad implica también que muchas de nuestras abuelas se vayan sin siquiera tener la tranquilidad de que alguien quedó preso por las desapariciones y torturas que sufrieron sus hijos”, explicó Nazareno Bravo, integrante de HIJOS Mendoza, en diálogo con Oral y Público.

Todos los jueves a la mañana, organizaciones de derechos humanos se concentran frente a los Tribunales provinciales para exigir el avance en las causas: “puntualmente, durante toda esta mañana estuvimos haciendo una intervención visual y llenamos los tribunales de Mendoza de imágenes de unas ratas para representar a los genocidas sueltos”, contó Bravo y agregó que también han realizado reuniones y presentaciones de notas: “distintas formas que tenemos los organismos históricamente de hacer sentir nuestras voces”, aclaró.

Arte y política

La agrupación HIJOS fue una de las primeras en darle importancia a lo visual en sus reclamos, ya sea en los momentos en que no había juicios como en la actualidad. “Entiendo que tiene que ver con el origen del movimiento de derechos humanos en la Argentina y la dificultades para acceder a medios de comunicación y otras formas de comunicación más habituales -reflexionó al respecto Bravo-, además de la solidaridad que muchísimas veces han mostrado artistas, diseñadores, músicos, en pos de estas causas. Esta mañana, por ejemplo, las imágenes eran de estudiantes de la carrera de Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo que se acercaron con esa inquietud, y también participaron músicos. Nosotros apelamos mucho a eso porque por un lado es siempre gente que se acerca y tiene propuestas muy interesantes para hacer, y por otro lado porque nosotros tenemos que maximizar los recursos para comunicar nuestros reclamos, para informar y contagiar a más personas en esto que es lograr no solamente la condena social sino también las condenas legales. Por como viene la mano, podría decir que esa vinculación entre arte y política se está profundizando cada vez más, y entiendo que de ahí pueden salir muchísimas cosas interesantes”.

En relación a la situación del juzgamiento a represores en Mendoza y los reclamos que realizan los organismos, Bravo utilizó como ejemplo el próximo juicio que se desarrollará en la provincia a partir del 11 de noviembre y que abarca un solo caso: “parece algo bastante irónico que mientras nosotros estamos pidiendo una megacausa, algo bastante obvio después de casi cuarenta años de estar esperando justicia, la justicia federal siga dando sobradas muestras de, por lo menos, falta de interés en que esto llegue a buen puerto. Se ha armado un juicio con un solo caso, con lo complicado que es conformar un tribunal... hay un montón de partes legales y burocráticas que hacen que no sea sencillo. Entonces están todos los abogados de los organismos, que tampoco son tantos, trabajando las veinticuatro horas para tratar de incorporar más causas, pero es una situación bastante paradójica”.

Otra instancia que los organismos esperan con gran expectativa es el avance de la causa que juzga la acción de jueces y fiscales durante la dictadura: “entendemos que va a significar una nueva etapa para lo que es la justicia en Mendoza, porque son jueces y fiscales que hasta hace muy poco han estado actuando como parte de la justicia, justamente, entre otras cosas, frenando estos juicios. Es gente que durante la dictadura no solamente no actuó sino que avaló muchos casos de tortura que están documentados, y además en democracia se las arregló para armar todo un engranaje dentro de los tribunales para impedir durante años que los juicios se iniciaran. En Mendoza el primer juicio fue en 2010, años después de que cayeran las leyes de impunidad”.

A la realidad mendocina, también se suma la situación del juez Otilio Romano, que estuvo durante más de un año prófugo en Chile, y que ahora está detenido en una cárcel común en Mendoza después de varias idas y vueltas entre las justicias de ambos países: “entendemos que cuando se logre por fin armar el tribunal y empezar el juicio tenemos, por un lado, la esperanza de que sirva para rediscutir una vez más la cuestión de la complicidad civil en la dictadura, y por otro lado también probar en qué está verdaderamente la justicia federal, al menos en el caso de Mendoza. Para muchos de los jueces que van a participar en el juicio es enjuiciar a sus propios colegas, entonces después de tantos años de democracia nosotros entendemos que debe haber buena voluntad, pero al mismo tiempo estamos atentos porque, por ejemplo, el juez (Walter) Bento que es el que de alguna manera está a cargo de todos los que son juicios de lesa humanidad en Mendoza fue uno de los magistrados al que nosotros le hicimos un escrache en 2006 porque no movía un pelo por los juicios. Los tiempos políticos cambiaron y este juez tuvo que ajustarse, pero nosotros tampoco somos ilusos y sabemos que si no hay gente reclamando o no hay cierta mediatización de estas causas, perfectamente pueden ir cayendo en el olvido o en las trampas burocráticas que tiene la justicia habitualmente”.

Tal como lo señaló Nazareno Bravo durante la charla con Oral y Público, son varios los motivos que llevan a los organismos de la provincia de Mendoza a estar movilizados para mantener sus reclamos, y exigir que se aceleren las causas por delitos de lesa humanidad.

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