viernes, 8 de noviembre de 2013

El autoritarismo creciente en la globalización y el límite de lo desconocido

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

En las actuales condiciones del orden mundial recuperándose de una severa crisis económica, se observa un alza significativa en la receta autoritaria para gobernar. La interminable oposición del sector más reaccionario del Partido Republicano a la ley de reforma al sistema de seguridad en la salud (ACA), es el ejemplo más nítido de este autoritarismo. Es donde se cruza el objetivo ideológico de impedir que el estado participe en la seguridad social y el interés de los consorcios del capitalismo desregulado y más voraz. Los chispazos de mayores cuotas de progresismo y apertura a la demanda popular por mayor igualdad en la elección de Bill de Blasio, como alcalde de Nueva York, un eje cultural y económico del capitalismo mundial, es apenas un pequeño resplandor.

Lo que se observa es que el instrumento económico es cada vez más determinante en todo el espectro de la negociación política. Ese creciente autoritarismo económico, para funcionar con eficacia, debe estar acompañado con el garrote político que se expresa en políticas públicas insensibles al pulso social. Se exhibe en las posturas del gobierno de Angela Merkel, que impulsa medidas en materia económica contrarias a que Estados Unidos pueda implementar crecimiento con un grado aceptable y manejable de inflación. (“Those Depressing Germans”. Paul Krugman; NYT).

Alemania desde su circuito de poder en la Comunidad Europea, mantiene que la deflación es un correctivo más eficiente para impulsar crecimiento. En el fondo el criterio teutón responde a una antigua lucha entre Europa continental y Estados Unidos respecto al valor del US Dólar para que la economía norteamericana no se recupere con la velocidad requerida y no engulla a una moneda, como el Euro, que nunca ha podido despegar como moneda de solvencia asegurada en el circuito del intercambio comercial. Las diferencias de competitividad en las diferentes economías comunitarias europeas se han visto reflejadas con la crisis de 2008.

La postura económica germana es indeleble políticamente respecto a las necesidades de la economía global, poniendo así en juego las bases de una alianza transatlántica ya resquebrajada por mutuos errores en atinar con un orden mundial más igualitario y más pacífico. Alemania y su postura económica frente a Grecia, España y Portugal y las economías menos desarrolladas, respaldan el argumento de que democracia y libre mercado, per se, no forman un sistema político. Menos se sustenta que puedan estimular a que sociedades históricamente con menor nivel de desarrollo puedan absorber los ajustes fiscales y las reformas institucionales correspondientes.

Europa Comunitaria está presionada por múltiples amenazas y fenómenos expansivos de diferente naturaleza proveniente de China, Rusia, África y Estados Unidos. Pues bien, para contenerlos, Alemania recurre al sostén económico que quizás sea el capital más vulnerable que siempre ha tenido Europa Occidental, desdeñando su capital mayor que es el político.

La economía global ha hecho más visible una falla principal en el estado liberal y dos medidas a las que se recurre en tiempos de crisis: autoritarismo económico y político; o, protección financiera y seguridad (férrea) en la sociedad.

El primer capítulo se inaugura con el ajuste estructural de las economías a comienzos de la década de 1980. La medida se adopta sin consulta ciudadana. La crisis financiera de la década anterior obliga a la economía global a que el estado reduzca sustancialmente su rol económico y social a través de la privatización de servicios y bienes públicos y con desregulación activa. En el segundo capítulo los países subdesarrollados son obligados a pagar deudas, equilibrar su cuenta corriente y reducir el gasto fiscal para programas sociales.

El resultado es la debacle generalizada en los sectores de salud y educación. El efecto se extiende a países desarrollados. El tercer capítulo comienza en la crisis de 2008 cuando se le solicita a ese estado ya debilitado, que sostenga al sistema financiero y que además ajuste el gasto fiscal social. El problema del estado liberal post segunda guerra mundial y su inclinación a concebir la democracia con supuestas dosis de calidad en la representatividad, con grados tolerables de pluralismo y respeto a los derechos, es haber "encontrado" un sistema económico – el del ajuste estructural de los 80- que se impuso violando ese patrón aceptado de pluralismo y aspiración por igualdad.

A partir de este ajuste, los sistemas políticos no representan las diferencias de la población y la evolución de sus intereses. El sistema solo puede aplicarse con autoritarismo y verticalidad a través del poder (de liquidez especialmente) en los grandes consorcios que secuestran las bases del estado y de las instituciones políticas que, en rigor, se convierten en sucursales del gran capital. El sistema económico no concibe un sistema político más horizontal y participativo que lo sustente porque pierde eficacia. El sistema económico impuesto alteró las bases del liberalismo y la tendencia hacia el autoritarismo de la década de 1980 se manifiesta en otra dimensión, aunque con instrumentos más sofisticados, a veces.

Ese autoritarismo creciente en la globalización, se expresa también en un plano geopolítico. La afrenta contra Siria derivada en terrorismo desenfrenado, permite hacer una pregunta que pocos se hacen, excepto los Sirios que resisten: ¿Por qué tanto odio contra Siria? Por cierto, Siria con el gobierno de Bashar al Assad no ha entrado en los términos de referencia que impone la globalización.

Siria es la punta del Iceberg porque en buena medida cualquier país que rechace o sea renuente a aceptar el modelo económico de la globalización, corre la suerte de ser golpeado por el autoritarismo que se implementa por la vía más determinante que es la inversión extranjera. “O te adaptas a las reglas del juego o pereces”, parece ser el logo de presentación de los propietarios del capital transnacional.

La fórmula del autoritarismo económico y político encarnado en máxima protección del sistema financiero y máxima seguridad para prevenir levantamientos sociales no están dando resultados. El mundo se ha hecho cada vez más inestable y las empresas de seguridad y la industria del armamento se han enriquecido en este período de incertidumbre económica (armscontrol.org). Las corporaciones transnacionales también han aumentado sus tasas de ganancias en el período de crisis (UNCTAD).

El problema central consiste en que el actual modelo económico no ha generado un sistema político que lo sustente política y socialmente. Los reclamos de la población están repartidos y la “bomba social” en el planeta crece. ¿Es efectivamente la revolución socialista el límite desconocido o melancólico, de ese autoritarismo descontrolado que produce el capitalismo?

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La corrupción en Canadá

Carlos Angulo Rivas (especial para ARGENPRESS.info)

Los escándalos políticos en los últimos días han sido sucesivos alrededor de la corrupción en las altas esferas de gobierno en Canadá. Los medios de comunicación han estado muy activos en cuanto a las investigaciones públicas y policiales. Y como dice el proverbio popular: en todas partes se cuecen habas, ya que cuando hablamos de este tema candente de inmoralidad en los hombres públicos casi siempre pensamos o nos referimos a los gobiernos de México para abajo y casi nunca a Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, tenemos hoy en día tres casos sobresalientes y emblemáticos que envuelven a los representantes políticos canadienses. En el municipio de Toronto el alcalde de la ciudad, Rob Ford, está al borde del desafuero por ser protagonista de una grotesca cuchipanda en las oficinas del City Hall donde se consumió abundantes bebidas alcohólicas, se contrató mujeres copetineras y se fumó “crackcocaine”. En el nivel provincial de Ontario, todavía huele mal la investigación del mega proyecto por mil cien millones de dólares de la planta de gas que obligó a la renuncia al premier Dalton McGuinty; y en Ottawa la capital el escándalo de los cobros indebidos y fraudulentos hechos por tres senadores y las altas sumas en salarios y estipendios de esa cámara novelesca de notables han sacudido de arriba abajo al gobierno conservador de ultraderecha del primer ministro Stephen Harper.

En orden a la importancia nos preocupa la investigación sobre el Senado a cargo de la RCMP, policía federal, por cuanto el gobierno de mayoría parlamentaria pero de minoría popular, sólo el 39% votó por él, del primer ministro Harper ha querido remediar el problema del fraude cometido con la suspensión de tres senadores estrella nombrados por él. La ciudadanía tiene derecho a saber la verdad acerca de los gastos escandalosos del Senado, donde el esfuerzo de Harper está destinado a evitar la responsabilidad personal y la de su despacho. Recordemos que desde cuando Stephen Harper llegó a Ottawa, el proceso democrático se ha ido deteriorando hasta la pérdida de confianza en las instituciones, por ejemplo, él prometió una reforma del senado que nunca ocurrió; y este maltrato a la democracia ha ido de mal a peor luego de su tercera elección donde obtuvo una mayoría parlamentaria con una minoría de votos ciudadanos.

Hasta ahora Harper ha nombrado 59 senadores entre sus amigos de partido y tres de ellos, Patrick Brazeau, Pamela Wallis y Mike Dufy, principales máquinas de la campaña electoral a su favor están siendo investigados por la policía, han sido separados del partido Conservador y suspendidos sin goce de haber. Una salida rápida a fin de paralizar las investigaciones policiales cuyas ramas en el senado llegan a un problema de orden ético en el reparto Conservador-Liberal de una institución inservible y dispendiosa. La integridad consustancial al liderazgo de un país y la honestidad de los políticos a manera de ejemplo de los ciudadanos, han caído de su propio pedestal en medio de los escándalos.

La única solución práctica a los repetidos conflictos de intereses, a los serios inconvenientes de la corrupción, a los graves dilemas de la inmoralidad, arrastrados por el Senado desde su creación sería la abolición de este organismo antidemocrático e inútil. Observemos que el senado en Canadá no es una cámara legislativa porque no elabora ni discute ni aprueba leyes; tampoco es un órgano representativo de los ciudadanos porque ninguno de sus miembros es elegido por el voto popular como sucede en otros países; y por último no es democrático porque el reparto de los nombramientos recae en una sola persona, el primer ministro. Tenemos así la presencia de un organismo pre-histórico e inservible, inoperante y decorativo, financiado por sumas millonarias provenientes de los contribuyentes.

A pesar del disgusto mostrado por Stephen Harper, comprometido con el actual escándalo del Senado, durante el fin de semana en la convención del partido Conservador sobre políticas a seguir, varios miembros del parlamento en coincidencia con una mayoría de ciudadanos, abogaron por la abolición del Senado. Este es un sentimiento popular inocultable que debe llevarse al referéndum la próxima primavera (Abril) propuso el MP Maxime Bernier. No obstante, los defensores de este organismo de elite, representativo de las clases empresariales, propietarias, dirigentes y políticas, salieron al paso con justificaciones extravagantes ajenas al sistema parlamentario de gobierno existente en Canadá.

En las raíces del escándalo en el Senado que ha debilitado al gobierno conservador de ultraderecha de Harper, también ha renacido la exaltación adversa de los ciudadanos, los trabajadores y los jóvenes, quienes padecen en carne propia el contraste entre los privilegios, los altos salarios, los gastos de representación, secretarios y oficinas, frente a la austeridad decretada contra la población por la agenda capitalista neoliberal. Ciento tres miembros de este organismo, más la burocracia a su alrededor, cobran mensualmente espléndidos salarios sin observarse resultados positivos y útiles a la sociedad, mientras el gobierno de Harper lanza un masivo ataque a los gastos sociales y al sector público, recortando los presupuestos de salud, educación, asistencia social, desempleo, y las pensiones de retiro.

Hoy el gobierno Conservador está profundamente debilitado por una confusa “suspensión” en vez de la destitución de los tres senadores incursos en los delitos de fraude; además, enfrenta dos corrientes políticas; por un lado están los Liberales con la voz elevada para salvar el Senado, institución representativa de las altas clases dirigentes, mediante una reforma integral modernizadora dicen; por otro lado están los NDPs, los trabajadores, los jóvenes y las comunidades sociales, los analistas políticos, demandando la desaparición total del senado, anacrónica “Cámara de los Lores” canadiense. En las actuales circunstancias, el debate sobre la abolición del senado, cuerpo desacreditado e inservible, requerirá de la participación ciudadana, del aporte de las universidades, las federaciones laborales, los partidos, los centros comunitarios, las comunidades representativas, para luego ir a una consulta popular. El compromiso por la transparencia ética y moral en el parlamento y en la administración pública debe prevalecer y ser apoyado por todos.

Carlos Angulo Rivas es poeta y escritor peruano.

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Julio Cortázar: La lista negra de la dictadura argentina

Álvaro Cuadra (especial para ARGENPRESS.info)

Sin saberlo, aunque seguro lo adivinó, su nombre estaba inscrito desde hace mucho en la “lista negra” de los militares argentinos. Ellos sabían de su obstinada denuncia de los crímenes que se cometían en su país, pero también en Chile y en Centroamérica. Sus libros y su nombre estaban proscritos durante aquellos tiempos de muerte y oscuridad en muchos países latinoamericanos. Tal como imaginó en uno de sus relatos, esa rata gigante que comandaba a todas las ratas había dado con su nombre. “Satarsa” había inscrito en su hoja de terror a Julio Cortázar.

Las ratas estaban en la Casa Rosada, allá en Buenos Aires, también en La Moneda cenicienta de Santiago, pero “Satarsa” estaba en otra parte, imponiendo su orden nauseabundo, lanzando personas desde los helicópteros sobre el Río de la Plata o sobre las olas del Pacífico. En brumosas noches de pleamar, los cuerpos mutilados eran arrojados como bultos por negras libélulas metálicas. Cuerpos desaparecidos para siempre, tragados por el océano.

“Satarsa” había registrado el nombre y de su puño y letra anotó: “extrema peligrosidad” Nada molesta tanto a las ratas como las voces que denuncian sus ignominias, acostumbradas como están a las voces esclavas y al servilismo de los cobardes, nada molesta más a “Satarsa” que aquellos que conocen su nombre: Satarsa la rata, secreto palíndromo de Atar a las Ratas. Es así, quien conoce su verdadero nombre se gana un espacio en su negra lista. Las ratas aman el olvido, quieren que el bebé arrancado de los brazos de su madre muerta en la tortura jamás conozca su historia, quieren que la sangre de sus víctimas sea lavada por el mar y el recuerdo del horror borrado por el tiempo. Las ratas aman la amnesia que oculte sus rostros y sus huellas.

Por eso, cualquier poeta inspirado por las “Musas”, hijas de la diosa de la memoria “Mnemosine”, es muy peligroso… el poeta es capaz de recordar. La secreta alquimia de las palabras, reservada al poeta, es el don de la memoria. A estos “crononáutas” les está reservada la tarea de hacer presente el otro ahora, el otrora, ese presente diferido. A veces, solo a veces, les es otorgada la gracia del “voyant”, hablar con los muertos y escudriñar el porvenir.

Julio Cortázar debía estar en la “lista negra” de los Videla, los Pinochet y otros junto a todos los artistas e intelectuales valientes de nuestra América, porque son ellos los portadores de una memoria que denuncia y acusa a “Satarsa” allí donde se aparece. Cuando la palabra deja de ser fácil lisonja para el poderoso o narcótico placer galante y comienza a ser otra cosa, una filosa memoria que trae postales del averno, entonces, “Satarsa” engrosa de nuevo su lista, su horrida retahíla de nombres, como ha hecho desde siempre, esperando su noche de barbarie y de muerte.

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El Clarín, estridente ¿sonó?

Darío Schapochnik (RED ECO)

Seis a uno, o cuatro a tres, lo cierto es que el 28 de octubre pasado, la Corte Suprema (por mayoría), rechazó los cuestionamientos del Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, pese al rechazo de la demanda, la Corte no se privó de hacer un guiño favorable al multimedios. En esta nota rescatamos algunos pasajes importantes del fallo.

Finalmente, el 29 de octubre de 2013, la Corte Suprema le puso fin al juicio.

Lorenzetti, Highton, Petracchi, y Zaffaroni, dijeron que los artículos cuestionados por el Grupo Clarín son constitucionales. En consecuencia, rechazaron íntegramente la demanda del Grupo Clarín.

Argibay consideró que los artículos 41 y 45 (limitación de la cantidad de licencias) son constitucionales, en tanto que los artículos 48 (prohibición de alegar como derechos adquiridos, el régimen de licencias que establece la Ley) y 161 son inconstitucionales. De este modo, declaró (sic) “el derecho de las empresas demandantes a continuar con las licencias hasta el vencimiento del plazo por el cual fueron otorgadas”.

Maqueda entendió que el segundo párrafo del artículo 48 es inconstitucional, aclarando, en consecuencia, que el Grupo Clarín conserva las licencias por el plazo por el que le fueron otorgadas.

Fayt declaró la inconstitucionalidad de los artículos 41, 45 -con excepción de la limitación, en el orden local, de hasta 1 licencia de radiodifusión sonora por modulación de amplitud (AM) y de 1 licencia de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM) o hasta 2 licencias cuando existan más de 8 licencias en el área primaria de servicio-; y 48, segundo párrafo, haciendo lugar a la demanda.

Sintéticamente, los argumentos de la Corte para considerar constitucionales los artículos cuestionados, son los siguientes:

-la ley no establece reglas dirigidas a afectar a un sujeto o alguna clase de sujetos y no a otros; sino que promueve la libertad de expresión en su faz colectiva estableciendo límites iguales a todos los titulares de licencias;

-no se probó que la adecuación del Grupo Clarín al régimen de licencias previsto en la ley ponga en riesgo, desde un punto de vista económico u operativo, la subsistencia del grupo ni de cada una de las empresas que lo integran;

-si la adecuación al límite de licencias que prevé la ley lo tornara inviable desde el punto de vista económico, cabría preguntarse cómo es posible que otros grupos licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual que no exceden ese máximo de licencias resulten económicamente sustentables. La realidad muestra que existe en el país una gran cantidad de medios nacionales y locales de pequeñas y medianas dimensiones que operan sin inconvenientes en el sector;

-las restricciones a la cantidad de licencias y registros aparecen como apropiadas o aptas para permitir la participación de un mayor número de voces, o al menos poseen entidad suficiente como para contribuir de algún modo a ese objetivo;

-a diferencia de otros mercados, en el de las comunicaciones, la concentración tiene consecuencias sociales que se manifiestan sobre el derecho a la información, un bien esencial para las libertades individuales. La ley, al limitar la cantidad de licencias y registros persigue el enriquecimiento del debate democrático y, en definitiva, el fortalecimiento de la libertad de expresión y del derecho a la información de todos los individuos;

-las restricciones al derecho de propiedad de la actora -en tanto no ponen en riesgo su sustentabilidad y sólo se traducen en eventuales pérdidas de rentabilidad- no se manifiestan como injustificadas. Ello es así en la medida en que tales restricciones de orden estrictamente patrimonial no son desproporcionadas frente al peso institucional que poseen los objetivos de la ley;

-el argumento según el cual el nuevo régimen no puede afectar las licencias que fueron otorgadas o prorrogadas bajo el sistema anterior y cuyos vencimientos aún no se han producido, llevaría a reconocer que, aun cuando el interés público lo exija, existen relaciones jurídicas que no son susceptibles de ser modificadas. Sostener que existen relaciones jurídicas que resultan no susceptibles de modificación implicaría sobreponer el interés privado de un particular por encima del interés de la comunidad.

Párrafo aparte merece el análisis que la Corte hace la pericia económica, ofrecida por el Grupo Clarín, en la que el perito afirma que la ley afecta fuertemente la sustentabilidad operativa y económica de las empresas del grupo.

La Corte desautoriza esa conclusión, al señalar que “un minucioso examen del informe pericial evidencia que se trata de una afirmación dogmática que no ha sido debidamente fundada. Así, por ejemplo, de la respuesta al punto 3 del dictamen, en referencia a los perjuicios que le causaría a la empresa Cablevisión S .A. la aplicación de los artículos 45 y 161 de la ley -especialmente, cómo impactarían en su evolución económico-financiera los límites de 24 licencias o del 35% del total de abonados- surge que, a pesar de la reducción de la rentabilidad, la compañía puede restablecer el equilibrio en el flujo de fondos ajustando algunas variables, tales como prescindir de empleados en las regiones en las que dejaría de operar, incrementar los precios del servicio y reducir las inversiones de capital en forma proporcional a la disminución del tamaño de la empresa”.

En otras palabras, la Corte dice que en la pericia se afirma dogmáticamente que la disminución de la cantidad de licencias afecta la sustentabilidad del grupo, pero al analizarla en detalle queda claro que, en todo caso, le disminuyen un poco las ganancias, pero no por eso deja de ser sustentable. De hecho, la pericia dice que, ante la disminución en sus ingresos, el grupo tiene a mano soluciones como echar gente, aumentar el abono del cable, o disminuir sus inversiones. A partir de esa premisa, la Corte concluye que la aplicación del artículo 45, de por sí, no afecta la sustentabilidad económica de Clarín.

Es decir, la Corte se limita a transcribir algunos puntos de la pericia, como para que quede claro que la aplicación del art. 45, de por sí, no le causa quebranto al Grupo Clarín, porque financieramente tiene opciones para compensar la reducción de la rentabilidad. Y para ejemplificar esas opciones cita los ejemplos que da la pericia, dentro de los cuales está el de prescindir de empleados.

Por otro lado, y más allá de lo que en definitiva resolvió, el fallo le abre la puerta a futuros juicios, diciendo que “cualquier eventual perjuicio que pudiera sufrir el licenciatario como consecuencia de este proceso de desinversión podría ser reclamado con fundamento en los principios de responsabilidad del Estado por su actividad lícita”.

También, para despejar toda duda respecto del plazo de un año para la adecuación, la Corte dice textualmente que “venció el 28 de diciembre de 2011. Ya han transcurrido casi dos años desde su vencimiento, lo cual justifica que dentro del término fijado para el cumplimiento de la presente sentencia, el articulo 161 de la ley resulte plenamente aplicable a la actora, con la aclaración de que el plazo de un año allí previsto se encuentra vencido”.

Pero, para que no parezcan todas rosas para el gobierno, Lorenzetti y Highton se hacen eco de los planteos de ciertos dirigentes políticos afines al Grupo Clarín:

“Todo lo que se ha dicho acerca de la ley y su propósito de lograr pluralidad y diversidad en los medios masivos de comunicación perdería sentido sin la existencia de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial.

La función de garante de la libertad de expresión que le corresponde al Estado queda desvirtuada si por la vía de subsidios, del reparto de la pauta oficial a cualquier otro beneficio, los medios de comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas.

Lo mismo ocurre si los medios públicos, en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio
de los intereses gubernamentales.

Es de vital importancia recordar que tampoco se puede asegurar que se cumplan los fines de la ley si el encargado de aplicarla no es un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión.

La autoridad de aplicación debe ajustarse estrictamente a los principios establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales a ella incorporados y en la propia ley.

Debe respetar la igualdad de trato, tanto en la adjudicación corno en la revocación de licencias, no discriminar sobre la base de opiniones disidentes y garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso de información plural”.

Para que no queden dudas de que se trata de un guiño al Grupo Clarín, los jueces dejan en claro que se trata de una bajada de línea de motu propio, al decir que “todas estas cuestiones, si bien resultan cruciales para el pleno goce de la libertad de expresión, no han sido sometidas a la jurisdicción del Tribunal, en tanto no han sido el objeto de la demanda presentada en esta causa”.

Un poco de historia

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue cuestionada judicialmente por el Grupo Clarín, alegando que “aniquila” (sic) sus derechos de propiedad y de libertad de comercio sobre activos de importancia estratégica, quita sustento operativo y económico a su actividad empresarial, produciéndole daños patrimoniales gravísimos que afectan directamente su independencia y libertades de prensa y de expresión.

El 14 de diciembre de 2012, el juez subrogante Horacio Alfonso, rechazó la demanda.

Ante la apelación del Grupo Clarín, el 17 de abril de 2013 la Cámara en lo Civil y Comercial Federal revocó parcialmente la sentencia de primera instancia. Más allá de declarar que los artículos 41 (prohibición de transferir autorizaciones y licencias de servicios de comunicación audiovisual), y 161 (obligación de “desinvertir” dentro del año de que la AFSCA aprobara los mecanismos de transición) son constitucionales, ordenó que no se aplique al Grupo Clarín:

-la limitación de hasta 24 licencias de cable para una misma empresa en el orden nacional;

-la prohibición de prestar servicios a más del 35 % del total nacional de habitantes o de abonados;

-la limitación a una sola licencia para TV abierta o cable, en el orden local, con un límite de hasta tres licencias en la misma área de servicios;

-la prohibición de que las empresas de cable sean dueñas de paquetes de programación, salvo la propia;

-las limitaciones para que los dueños de radios, y canales de televisión abierta o satelital puedan, a la vez, titulares de un paquete de programación; y

-y la prohibición de alegar como derechos adquiridos, el régimen de licencias que establece la Ley.

También, estableció que el Grupo Clarín debía ser indemnizado por la “desinversión” que haga para adaptarse a la Ley.

Lo que se viene

El Grupo Clarín, en cuanto se conoció el fallo, hizo saber que recurriría a instancias internacionales para defender sus intereses. Claramente, se trata de una mera maniobra publicitaria, porque los órganos internacionales de derechos humanos (Comisión o Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos de la ONU) sólo intervienen cuando se violan los derechos de individuos.

El grupo empresario presentó esta semana su plan de adecuación - tal como se lo exige la ley - creando con sus medios y sus socios seis nuevas unidades de negocios. La rapidez con que lo resolvió (son casi 300 hojas que lo detallan) denota que ya estaba preparado desde hace tiempo. Extraña manera de interpretar la democratización de las comunicaciones cuando son los mismos pero que llevarán sus contabilidades separadas.

La presentación realizada según lo exige la ley de medios, no significa que Clarín renuncie a judicializar cualquier resolución de la AFSCA que directa o indirectamente lo afecte, tal como lo hizo explícito.

Como señaláramos en la nota “Ley de servicios de comunicación audiovisual: último round”, la decisión de la Corte se aplica pura y exclusivamente al Grupo Clarín; y difícilmente nos cambie en algo la vida.

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Ley de Medios: Schiaretti, el diputado de Clarín

PRENSA RED

El exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti y flamante diputado electo firmó junto a Carlos Jornet (director de La Voz del Interior-Clarín- y Adepa) la “Declaración de Chapultepec”, una convocatoria lanzada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y Clarín y cuyo objetivo mediato será modificar en el Congreso Nacional la Ley de Medios.

De hecho, ésta será el primer proyecto que presentará Juan Schiaretti, apenas se siente en banca del Congreso, junto con la locutora oficial Blanquita Rossi y el zar de Punilla, Carlos Caserio.

“A la Ley de Medios hay que cambiarla. Fue hecha e impulsada por el Gobierno nacional para apoderarse de los medios de comunicación independientes. Es evidente que los empresarios amigos del Gobierno se están quedando con los fondos destinados a la publicidad oficial”, aseguró con firmeza el flamante diputado nacional al medio amigo La Voz del Interior. (http://www.lavoz.com.ar/politica/schiaretti-firmo-el-acta-de-chapultepec-y-critico-la-ley-de-medios)

En su declaración, el legislador soslayó u omitió referirse sobre el manejo discrecional que el gobierno provincial hace de la pauta oficial en Córdoba, que beneficia a los principales medios y castiga a quienes lo critican, o presiona para acallar voces, como ocurrió hace unos meses, con el programa “El Avispero”, que se emitía por Canal 10.

“Como está, la ley es inaplicable. Espero consensuar una propuesta superadora, con otros legisladores. Está claro que ésta ley tiene como único objetivo acallar al periodismo independiente y eso es algo que debemos impedir desde el Congreso”, ratificó Schiaretti, proclamándose casi como un diputado de Clarín, mientras Carlos Jornet, increíblemente, sonreía.

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Tomada y el derecho de las bestias

Jorge Yabkowski (ACTA)

El ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, sabe perfectamente que aun en los marcos restrictivos de la actual Ley 23551 de Asociaciones Sindicales debe otorgar la Personería Gremial a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA-CTA).

Sin embargo, con total desparpajo, nos ha dicho que no va a cumplir con la ley por razones políticas: Las presiones de FATSA, gremio empresario en manos de Daer y West Ocampo.

La primera reflexión es que algunas amistades a veces son ingratas. FATSA hoy es la cabeza del armado sindical de Sergio Massa. La segunda es que el incumplimiento de la ley parecería tener hoy costo cero para los gobernantes.

En el primer libro que publicara el General Perón luego de su derrocamiento, "La Fuerza es el derecho de las bestias" decía lo siguiente:

"La violencia en cualquiera de sus formas no afirma derecho sino arbitrariedades. Recurrir a la fuerza para solucionar situaciones políticas es la negación absoluta de la democracia... El gobierno se ejerce con la razón y el derecho. Doblegar violentamente a la razón y al derecho es un acto de barbarie cometido contra la comunidad".

El bárbaro Tomada nos dice: Sabemos que FESPROSA tiene razón. Vayan a la Justicia y que la personería se las de un juez. Así yo sigo amigo de mis amigos (o ex amigos, vaya uno a saber).

La ausencia de moral republicana de Tomada y su staff, Noemí Rial y Norberto Chiaravino, no termina aquí. Hacen las mil y una piruetas para que la Justicia Laboral no falle. La primera chicana fue hacer firmar ese rechazo ilegal a la viceministra Rial. La Cámara Laboral dijo no vale, tiene que firmar el ministro. Para decir eso la Justicia se tomó un año y medio.

El expediente judicial volvió al Ministerio de Trabajo en mayo de este año. En junio le exigimos a Tomada que cumpla con el pedido judicial y que firme el rechazo así podía seguir el trámite. Por supuesto, el ministro no hizo nada. Vimos este viernes primero de noviembre el expediente y estaba igual que cuando llegó del juzgado.

Víctor De Gennaro, apoyado por nuestra CTA, ha presentado un proyecto de Ley de Organizaciones de Trabajadoras y Trabajadores Sindicalizados para terminar con el régimen monárquico de Personería Gremial.

Los derechos de organización, reclamo, negociación y huelga no pueden estar más en manos de un funcionario. Y menos si es uno como el actual ministro, que protege los privilegios de burócratas sindicales de los cuales fue empleado, con jugosos contratos, por muchos años.

Esos derechos deben volver, en un cien por ciento, a sus legítimos titulares, los trabajadores.

Jorge Yabkowski es Secretario de Salud Laboral de la CTA. Presidente de la Federación de Asociaciones Sindicales de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa).

Foto: Argentina, Gobierno - Carlos Tomada, ministro de Trabajo. / Fuente: Ministerio de Trabajo.

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El Riachuelo, top ten envenenado

Silvana Melo (APE)

Mientras los niños plomizos de Inflamable ya son jóvenes y la adolescencia en el meandro de Brian es flaca, de dentadura en falta y sangre envenenada, los medios se horrorizan por espasmos. Es decir, cuando desde fronteras afuera, se recuerda que el Riachuelo es un curso de podredumbre y basura, donde el agua ya dejó de ser agua para convertirse en un denso piletón de aceite, químicos, gases y desechos cloacales. Orillas donde los niños crecen como pueden, brutalmente desiguales a quienes respiran en otras geografías, no tocadas por ese viboreo atormentado donde Pedro de Mendoza eligió comenzar la Ciudad, por 1536.

En 2003 fueron los japoneses: una agencia ambientalista (JICA) descubrió que el 50% de los chicos de Villa Inflamable tenían plomo en sangre y respiraban diariamente 17 químicos y gases cancerígenos. La presencia de plomo en el cuerpo de los pibes que viven alrededor del Polo Petroquímico Dock Sud se multiplica cuando se la compara con niños de otros sectores de Avellaneda. Una trabajadora social de Inflamable fue la que presentó la denuncia, con otros vecinos, cuando comenzó a sentir que sus manos no le respondían y se fatigaba de sólo caminar unas cuadras. El hormigueo en los brazos de Beatriz Mendoza fue la semilla del fallo de la Corte en 2008: se determinaba el saneamiento del Riachuelo, el traslado de empresas contaminantes y la relocalización de las familias que, sin suelo para pisar ni techo para guarecerse, alzaron sus paredes de chapa, madera y algún bloque a orillitas del río envenenado.

A cinco años, las industrias no se fueron y miles de familias subsisten habitando la basura, respirando plomo, con los caños cloacales en vertiente en la puerta de sus casas, con niños que ya son adolescentes, con adolescentes que ahora serán jóvenes o muertos o escondidos en los pasillos de la villa.

Ahora son el Instituto Blacksmith y la Cruz Verde Suiza los que irrumpen en el sangrado debate de la inseguridad en el país. Y vienen desde Europa con la noticia que sacude y vuelven las cámaras a hacer foco en los invisibles del río marrón. Que ahora son protagónicos, que ahora son top ten en la grilla tóxica del mundo: lo primerean “un sitio de procesamiento de desechos electrónicos en Accra, Ghana y Chernobil, Ucrania, donde en 1986 explotó la central nuclear”. El Riachuelo que hiere la frontera entre Provincia y Ciudad es el octavo sitio más contaminado del mundo. Y lame las costas de la ciudad de pretensiones europeas y moja los pies de los chicos que juegan con barro podrido e incorporan por la piel todos los venenos de un agua que ya no es.

Las barrancas del Riachuelo se constituyeron de toneladas de basura volcadas durante décadas. Es el suelo que pisa la gente. Es un piso que se hunde a los pies, que se ablanda bajo las paredes de la casilla que se alza como se pueda y con lo que se pueda. No es tierra, no es escombro. Es un preparado maléfico de zinc, mercurio, lixiviados, desechos urbanos, residuos industriales. El veneno se extiende en el brazo denso que es afluente del Río de la Plata. Que bien al sur es un jugo nauseabundo con dos metros de lodo químico en el lecho.

Ese es el hábitat de las familias del meandro de Brian y Mundo Grúa, en la villa 2124 de Barracas.

La relocalización de 1334 familias de ese sector de la cuenca debía estar terminada en enero de 2013. Apenas empezó. Sólo sesenta fueron reubicadas en un predio de Castañares y General Paz, en monobloques con instalaciones eléctricas deficitarias, caños que pierden desde arriba y cuelan agua al departamento de abajo, cielorrasos carcomidos, cerámicos levantados, apenas en un año de uso.

La Justicia determinó que no puede haber vida a menos de 35 metros de las orillas. A 36 comenzaron a construirse los monobloques a la derecha de Mundo Grúa, pegados a las plantas de producción de Quilmes y Pepsi. No se estudió el suelo para saber si la basura que lo constituye aguanta una construcción alta. Las paredes son de hormigón relleno de plástico y telgopor. Son antisísmicas, dicen. Pero al primer viento fuerte cayó un paredón. La construcción está parada. El Gobierno de la Ciudad trasladó a las primeras familias a doce kilómetros de su medio social y laboral. Fueron talados de su hábitat. Quitados como maleza. Sus casitas fueron demolidas para que nadie las ocupara. Tenían un valor que no fue tenido en cuenta por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) pero ellos deberán pagar sus nuevas viviendas.

El gobierno macrista disminuyó y subejecutó en seis años el presupuesto para vivienda popular, recortó los aportes a ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, creada a partir del fallo de 2008) y en el último año destinó 62 millones menos al IVC. Son cinco años de retraso en los plazos de relocalización y ocho prórrogas pedidas ante la Justicia. Los pobres y los envenenados por la resaca del capitalismo son invisibles y anónimos. Se enferman de respirar y no llegan a la salud pública. El plomo afecta la conducta de los chicos y el tren de la escuela los baja en la primera estación. Por más que se apuren y caminen rápido siempre los portones de la vida buena se les cerrarán en las narices.

El hacinamiento es una tragedia de la villa. Y la especulación inmobiliaria convierte en palaciega una pieza sin baño ni ventana alquilada a mil pesos. Acumar publicó un estudio a principios del año, en los mismos tiempos cuando no debería quedar nadie viviendo a la altura del camino de sirga. El 25% de los chicos de la villa 21 24 tienen plomo en sangre, dice. Pero en el meandro de Brian son 23 de cada diez. Acumar cuenta y calcula con el mismo ábaco del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Los chicos de la villa -en el meandro y en las barrancas de Mundo Grúa- juegan en la tierra húmeda inyectada de mercurio y zinc, se embarran la cara, se llenan de alergias, se les cargan los pulmones, aprenden menos en la escuela. Y a veces también tienen cáncer y leucemia.

Pero como antes los japoneses, ahora son los suizos los que llegan para anunciar al Riachuelo en el ranking de celebridades. Justo cuando la frivolidad vacía discute cuántos patrulleros, cuántos gendarmes, qué otro brazo de prefectura habrá que echar a la calle para proteger la propiedad del lado de la buena vecindad. La inseguridad es para los incluidos el excluido que amenaza. Para los otros, la inseguridad es la fracción de naturaleza hostil y envenenada en que los echaron a vivir. O a morir.

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Defender al Defensor

RED ECO

A las apuradas, se abrió la lista de inscripciones para ocupar los seis cargos en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Jubilados han lanzado una campaña para que Eugenio Semino ocupe el puesto de Defensor del Pueblo. Quien sea elegido necesita 40 votos de los legisladores porteños y ni el macrismo ni el kirchnerismo los tienen por separado. Esto aventura un nuevo acuerdo PRO-K para poner en esa función a algunos de los diputados de estos bloques que terminan su mandato a fin de año.

La Defensoría del Pueblo es un ente independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, conducido por un titular y cinco adjuntos. Sus integrantes se eligen en un proceso que comienza con su inscripción en el Registro de Postulantes.

Luego se publica la lista de candidatos por tres días hábiles, en por lo menos tres diarios de amplia circulación, en el Boletín Oficial porteño, en la emisora radial de la Ciudad y demás medios para que los ciudadanos por sí, o a través de organizaciones no gubernamentales, hagan sus impugnaciones respecto de los postulantes.

Es en esta etapa en la que estamos ya que el Registro de Impugnaciones funcionará desde hoy jueves hasta el próximo miércoles 13 de noviembre. Los cuestionamientos recibidos y la idoneidad de los candidatos serán analizados en una audiencia pública que se hará el próximo 29 de noviembre a las 11.

En esta oportunidad para ocupar los seis cargos se presentaron 39 candidatos, nueve de ellos son actualmente diputados porteños y tres ex legisladores.

Eugenio Semino ocupa hoy el cargo de Defensor del Pueblo de la Tercera Edad y es uno de los postulantes. Desde su función ha desarrollado infinidad de tareas en defensa de los derechos de los “jóvenes de la tercera edad”.

La Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de Argentina lleva a cabo una campaña en apoyo de Semino para que sea designado como Defensor del Pueblo, titular o adjunto. Los jubilados nucleados en esta organización dan fe no solo de su capacidad profesional sino también de su condición humana y del conocimiento directo de los difíciles temas abordados en defensa de los adultos mayores.

Entrevistado por el programa Los Locos de Buenos Aires – FM LA Tribu, Semino explicó la premura con que el gobierno porteño se ha lanzado a renovar este cargo. “Este es un proceso que, en principio, debiera tener una publicidad que por ahora no ha tenido. Se hace cada 5 años y en realidad los mandatos de quienes hoy estamos en la Defensoría vencen recién en marzo, pero aparentemente hubo cierto apuro porque van a quedar 30 diputados sin trabajo para después del 10 de diciembre”.

Según comentó, para renovar los cargos de la Defensoría se abrió el proceso de inscripciones de postulantes y allí se planteó la primera dificultad para que se inscribieran quienes no eran los diputados que están a punto de dejar su banca. La ley establece la necesidad de que los que se postulan sean avalados. “Ningún diputado - conforme a lo que dice la ley - avalaba a los postulantes de afuera de la legislatura para convertirlos en candidatos”, comentó Semino.

En su caso particular, recibió el aval de los diputados Jorge Selser, Alejandro Bodart y Pablo Bergel, pero el resto hicieron caso omiso no solo respecto a su candidatura sino a la del resto. “Pero sí se inscribieron 9 de esos diputados como postulantes, de los cuales 4 integran la Junta de Ética que tiene que evaluar las impugnaciones sobre cada uno de los otros y sobre ellos mismos”, agregó Semuno, o sea que pasan a ser juez y parte.

Lo que plantea la Mesa y el actual Defensor es que todo este proceso y cómo se está llevando a cabo debe hacerse público porque sino la audiencia será una ficción y se convertirá a la Defensoría en una agencia de colocaciones de diputados sin trabajo.

Para la elección del cargo de la Defensoría se necesitan 40 votos de los legisladores porteños y ni el macrismo ni el kirchenrismo los tienen por separado. Esto aventura un nuevo acuerdo PRO-K. “Lo que viene apareciendo en los medios es que la Defensoría sería parte de un paquete mucho mayor de votos de diversas leyes que tienen que ver con el Shopping Caballito y una cantidad de leyes que necesitan mayoría especial, que son esos 40 votos que no lo reúne el macrismo y el FPV por separado, pero sí juntos”, afirmó el Defensor.

Por otra parte recordó que la Ley 398, que dio origen a la Defensoría, y que hoy reclaman las ONG, decía que los diputados para acceder a cualquier cargo de un organismo de control o garantías tienen que haber dejado su cargo por lo menos dos años antes de postularse.

Durante su trayectoria de alrededor de veinte años, realizó acciones colectivas como fueron las denuncias contra el director del PAMI, Víctor Alderete, y contra el ministro de Economía del menemismo Domingo Cavallo por la privatización del Sistema de Seguridad Social (ambos funcionarios menemistas); el recupero del 13% descontado en 2001 a los jubilados y pensionados; la pérdida del 3% de 2011 por la aplicación de la Ley de Movilidad y el amparo presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para extender los fallos de Badaro y Eliff, a todos los jubilados. (*)

“Lo que vamos a hacer es que esto sea público. Los centros de Jubilados, la Mesa Coordinadora y otras federaciones están juntando firmas públicamente. Que se caiga nuestro mandato implica, entre otras cosas, que no se sepa cómo continuará nuestro requerimiento ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se falle tomando los casos Badaro y Eliff . No vamos a rifarlo gratuitamente por pactos en los que el pueblo está totalmente ajeno”, afirmó.

*) La Defensoría del Pueblo, presentó un recurso de amparo en 2008 respecto a una enorme cantidad de juicios que ya se venían dando en relación con el ajuste en los haberes de quienes en aquel momento ganaban mil pesos o más. Si la Corte hace lugar al amparo presentado para extender los beneficios del fallo del caso Badaro al resto de los jubilados, deberían recibir un reajuste de entre el 55 y el 70%.

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Territorio indígena recuperado

Darío Aranda (COPENOA)

Una empresa de agronegocios debió devolver 5000 hectáreas al Pueblo Moqoit de Chaco. La sentencia, de segunda instancia, remarcó la vigencia del derecho indígena y la obligación del Estado de consultar a las comunidades.

Tres hechos pocos comunes. Un juez aplicó la legislación indígena. Segundo: revocó un fallo de primera instancia y ordenó restituir tierras a una comunidad originaria. Y, tercero, la empresa acató a la Justicia y devolvió 5000 hectáreas. “El contrato de compraventa de los inmuebles pertenecientes a la comunidad indígena Moqoit o Mocovi es inconstitucional y nulo en todas sus partes (…) por lo que entendemos de estricta justicia mandar que la empresa Bajo Hondo Agropecuaria S.A. restituya los inmuebles a las comunidades de pueblos originarios en el término perentorio de quince días y a los fines de una plena restitución de derechos vulnerados”, instó el fallo de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones de Roque Sáenz Peña (Chaco).

En 2011 la empresa agropecuaria Bajo Hondo S.A. se instaló en 5000 hectáreas del paraje Raíz Chaqueña, territorio de la comunidad Lpa A Na Moqoit. La empresa mostraba un supuesto boleto de compra-venta y la comunidad explicaba que había sido engañada.

El caso llegó a tribunales y, en primera instancia, el Juzgado Civil y Comercial 2, a cargo de Juan Zaloff Dakoff, dio la razón a la empresa y, en la sentencia, ordenó escriturar como tierra de la empresa. La comunidad apeló, pero no obtuvo respuesta. El Pueblo Moqoit presentó un amparo en la instancia superior. Y la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Roque Sáenz Peña (Chaco) emitió un falló totalmente opuesto a la primera instancia.

Caratulada “Leiva José; Leiva Hugo; Leiva Valentina y Leiva Beatriz / Acción de amparo”. Trata sobre dos parcelas (82 y 5) de los departamentos chaqueños de Almirante Brown y Maipú. “Lo cierto, real y acreditado es que los actores pertenecen a la etnia aborigen mocovi y son miembros de dicha asociación comunitaria, son un grupo de cinco familias que habitan las parcelas vendidas. Manifiestan también, han sido engañadas al hacerles firmar un convenio en blanco que resultó ser un convenio de desocupación del inmueble rural”, señala el fallo y afirma que el supuesto contrato es “manifiestamente ilegal por tener por objeto de venta inmuebles que estaban fuera del comercio (territorio indígena)”. Declara “inconstitucional y consecuentemente nula” la sentencia de primera instancia.

Los jueces firmantes (Néstor Enrique Varela y Héctor Hugo Seguí) ordenan restituir el territorio a la comunidad. “Entendemos de estricta justicia mandar que la empresa Bajo Hondo Agropecuaria S.A. restituya los inmuebles a las comunidades de pueblos originarios en este caso Mocovi o Moqoit, en el término perentorio de quince días y a los fines de una plena restitución de derechos vulnerados”, estableció la sentencia, dictada el 24 de septiembre.

La empresa se retiró del territorio indígena a los diez días de la sentencia. Y apeló al Superior Tribunal de Justicia (que no tiene fecha para expedirse).

El abogado de la comunidad, Gonzalo García Veritá, evaluó que la sentencia “es muy buena en los fundamentos y en la resolución. Es clave y muy importante que restituye el territorio al Pueblo Moqoit y no a los representados, la sentencia es superadora de la propia presentación que hicimos como comunidad”. Y remarcó la importancia de que la segunda instancia hace lugar al amparo contra una sentencia, lo cual –según explicó el abogado– también es poco común. “Argumentamos que si se escritura en favor de la empresa, como ordenaba la sentencia del primer juez, se estaba violando los derechos humanos de los pueblos indígenas, y la Cámara hace lugar a ese razonamiento”, explicó el abogado de la comunidad y del Programa Ciudadanía de la JUM (Junta Unidas de Misiones).

Leyes y derechos

La fundamentación del fallo también es poco común para los tribunales argentinos. “Claramente el razonamiento del juez (Juan Zaloff Dakoff) desconoce la fuerza normativa de la Constitución Nacional, vulnerando en el trayecto los derechos constitucionales de la comunidad aborigen. El (juez) sentenciante debió tomar los recaudos y advertir que dicho contrato de compraventa era manifiestamente ilegal, por afectar un objeto de venta que estaba fuera del comercio, lo que debió ser de su conocimiento. La posición del juez no se compadece con la evolución del derecho y la doctrina vigente de la Corte Suprema de Justicia”, cuestionó la Cámara de Apelaciones en la sentencia.

Los jueces de Cámara remarcan la vigencia y operatividad del artículo 75 (inciso 17) de la Constitución Nacional. La sentencia remarca que “el reconocimiento de la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas argentinos, con los caracteres de no enajenable, intransmisible, inembargable y no tributable implica una modificación a los principios propietarios consagrados en el Código Civil para la propiedad privada, con el objeto de resguardar el territorio como factor aglutinante de la comunidad”. También hacen hincapié en el artículo 37 de la Constitución de Chaco: “La Provincia reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, su identidad étnica y cultural (…) La propiedad comunitaria inmediata de la tierra que tradicionalmente ocupan y las otorgadas en reserva. Dispondrá la entrega de otras aptas y suficientes para su desarrollo humano, que serán adjudicadas como reparación histórica, en forma gratuita exentas de todo gravamen. Serán inembargables, imprescriptibles indivisibles e intransferibles a terceros”.

La sentencia arremete en reiteradas oportunidades sobre el juez y la sentencia de primera instancia. “Existiendo estas mandas constitucionales, claramente el Juez de Grado las desconoce, llevando a desconocer lo que expresamente establece la Constitución, esto es, la prohibición de la transferencia a terceros de las tierras indígenas”.

En la causa intervinieron como “amigos del tribuna” Adolfo Pérez Esquivel (del Servicio Paz y Justicia, Serpaj), Aldo Etchegoyen (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y Pablo Pimentel (APDH La Matanza), con el patrocinio de Pedro Fabián Troncoso, abogado del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa).

La Cámara remarca la vigencia de normas internacionales y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Se sostiene la importancia de la propiedad comunal indígena, por cuanto debe respetarse la relación tradicional que existe entre el hombre y la tierra como parte de la cultura ancestral (Convenio 169 de la OIT) y en donde el suelo no es una simple mercancía material de circulación para beneficio de particulares. La propiedad comunal es más una forma de vida, que un bien económico”, afirma.

Y el fallo aborda un punto imprescindible en las demandas de los pueblos indígenas de todo el país. “El Convenio 169 contiene relevantes disposiciones sobre protección judicial, en particular respecto de tierras, territorios y recursos naturales, siempre sobre el eje del derecho a la participación, la consulta y el consentimiento de estos pueblos, frente a las decisiones que pueden afectar sus derechos (…) Se deberán hacer consultas a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas y legislativas que los afecten. Los Estados tienen el deber de consultar con los pueblos indígenas cualquier medida que los afecte”.

Traducido fuera del lenguaje técnico jurídico: el Estado debe consultar y tener el consentimiento de los pueblos indígenas en cualquier acción que pudiera afectar el territorio.

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El Indec artificial y la realidad jujeña

RADIO CAPOMA - RADIO PUEBLO - AGENCIA WALSH

Una nueva toma a Ledesma en Libertador General San Martín fue la decisión de vecinos pertenecientes a la organización 17 de agosto y al gremio ADEP (Asociación De Educadores Provinciales), desengañados por las pésimas condiciones de habitabilidad de los terrenos ofrecidos por la empresa Ledesma desde el programa “un lote para cada familia jujeña que lo necesite” han decidido tomar mejores tierras, también pertenecientes a Ledesma, para su edificación y ubicadas al ingreso de la ciudad. Bien pagaron con cuatro muertos poniendo al descubierto la crisis habitacional de la cual el Estado juega otro partido.

Los vecinos denuncian sobre las condiciones de los terrenos que “es algo inhumano, no es digno de tener un lote”, y que están ubicados al mismo nivel del río San Lorenzo y a tres metros del nivel al que la empresa está construyendo otras viviendas.

Estos terrenos fueron cedidos por la empresa para el programa “un lote para cada familia jujeña que lo necesite”, surgido tras la toma de tierras en la zona del triángulo en la misma ciudad, que dejara 4muertos y develara la enorme crisis habitacional de la provincia.

Según Hugo Toranzo, referente de la organización 17 de agosto, ante las quejas por los terrenos a Luis Cosentini, ministro del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (también surgido tras la crisis de 2011) la respuesta “contundente” de éste fue que la empresa había cedido esos terrenos “y que no había más”.

Cabe mencionar que en Libertador todas las tierras que rodean la ciudad pertenecen a la empresa, por lo que cualquier ampliación urbana cuenta con el tope de la propiedad empresaria.

Ante lo terminante del ministro, la decisión de los vecinos fue la toma de unos terrenos ubicados al ingreso de la ciudad de Libertador, a la altura de la estación de servicio de la Shell, por los que expresan voluntad de pagar, en cuotas, pero se niegan a edificar sobre las tierras a la vera del río, que califican como riesgosas para habitar..

Al momento de la nota y la entrevista la situación era tensa, con algunos forcejeos, y los vecinos denuncian que el ministro Luis Cosentini, presente en la zona, ha ordenado a la policía impedir a los familiares de los tomantes el ingreso de comida o agua potable para ellos, pese al tiempo de toma y al enorme calor reinante.

En tanto la empresa y el ministro aseguran ya haber hecho una denuncia penal, Hugo Toranzo expresa “yo creo que el corazón del ministro no es un corazón, y en esto pido la reflexión de toda la empresa Ledesma (...) si tenemos que comprar el predio donde estamos, dispuestos (…) nosotros no dependemos de la vaca lechera de la nación. Queremos ocupar estos lotes con el sudor de nuestra frente y con mucho sacrifico pero con orgullo, para que nosotros tengamos nuestros lotes y el día de mañana tengamos nuestra propia vivienda.

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Creció la cantidad de secuestros de estupefacientes: La jueza Niremperger alerta sobre aumento considerable del narcotráfico

CHACO DÍA POR DÍA

“El narcotráfico está aumentando de una manera considerable”, advirtió la jueza Federal de Sáenz Peña, Zunilda Niremperger. Dijo que así lo indica el notable incremento en el número de procedimientos en los que se secuestran sustancias psicoactivas en la provincia y la región.

“Cada vez tenemos mayor cantidad de secuestros de estupefacientes, con personas involucradas que tienen que ver con distintos estamentos del Estado”, dijo Niremperger en declaraciones a radio Universidad.

“Por las formas en que se mueven se observa que (a los narcotraficantes) les resulta muy fácil realizar este intercambio que hacen, entrar en el país, instalarse, y recorrer las distintas provincias para poder llevar su comercio a los distintos lugares”, observó.

“Esto se ve todo el tiempo a través de las investigaciones que hacemos con la ayuda de distintas fuerzas de seguridad”, señaló.

“Se interceptan cargamentos con mayor frecuencia. Vemos que ellos lo hacen de todas las formas posibles, y tienen caminos más o menos asegurados de paso. Vienen de Formosa, hay camiones que pasan hacia Chile y que vienen muchas veces hasta precintados, es decir que acá no se puede hacer un control por las fuerzas terrestres ya que ese control solo lo puede hacer la Aduana”, explicó.

“Al estar precintados los camiones deben llegar a destino de la misma manera, salvo que la Aduana tenga elementos suficientes con capacidad para detectar determinadas sustancias, como pasó en la aduana de Clorinda que pudo determinar que en un camión que transportaba carne llevaba también estupefacientes almacenados”, recordó la jueza federal.

“También vienen en camiones con piedras, porque cuando la carga es muy pesada es muy difícil que alguien se ponga a ver que hay debajo”, señaló.

“Al no tener escáneres o canes, pueden pasar tranquilamente, porque el poco personal que está apostado en los puntos de control no tiene los elementos necesarios para poder detectar la presencia de la droga”, añadió Niremperger.

“Vemos un aumento cada vez mayor de sustancias estupefacientes que vienen camufladas de distintos modos. Lo que tenemos, por ejemplo, son muchos procedimientos en los que se hallan pequeñas cantidades de cocaína lo que nos da cuenta de un comercio interno considerable. En las distintas localidades de la provincia y también en Formosa se hallaron pequeños distribuidores de cocaína”, reveló.

Por otra parte, indicó que “en el término de un año y medio pudimos almacenar, producto de secuestros, cerca de 20 mil kilos de marihuana, que fueron quemados en Formosa”.

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Consejo Federal de la CTA: José Rigane, “se trata de ser coherentes y hacer lo que hay que hacer”

FETERA - ACTA

El secretario Adjunto de la CTA, José Rigane, profundizó sobre los aspectos políticos en los cuales se enmarcó el Confederal de la CTA. “La intención en 2010 fue de borrar de la faz de la tierra a la CTA”, dijo.

También expresó que “el pasado 20 de noviembre de 2012 marcó un punto de inflexión para el pueblo argentino”. Además, resaltó que “desde la CTA creemos que es posible transformar la realidad”.

-¿Qué relevancia tiene este Confederal de la CTA en este momento político del país?

- En principio, la organización misma del Confederal significa para la central toda una decisión política porque da la posibilidad de que más de 250 dirigentes nacionales de la CTA se reúnan para tratar un temario que no sólo contiene los ejes centrales para nosotros, sino que hay otras iniciativas que son muy importantes y que nos permite establecer discusiones en función de determinados objetivos políticos. Hay que resaltar la decisión del Confederal de lanzar la convocatoria a elecciones de la CTA convocadas para el próximo 29 de mayo de 2014. Estas instancias refuerzan y hacen crecer a la CTA.

-¿Qué importancia tienen los encuentros del Confederal y la convocatoria a elecciones, teniendo en cuenta la reciente historia de la CTA?

- Hay que entender que la CTA tuvo un duro ataque en el año 2010. Hubo una intencionalidad muy clara no sólo de fracturarla, de quebrarla, incluso fue atacada como experiencia en sí misma siendo una de las últimas experiencias importantes de la historia del movimiento obrero argentino. La intención en 2010 fue de borrar de la faz de la tierra a la CTA y esa rica experiencia que la CTA encarna. Hicieron todo lo posible. Esa es la razón que posibilitó la fractura política y la fractura orgánica.

La prueba más evidente de esto es que la idea fue promovida por el Ministerio de Trabajo, ya que habiendo ganado nuestra lista las últimas elecciones, así y todo, el Ministerio de Trabajo designó a Hugo Yasky como interventor.

Estamos hablando del mismo Ministerio de Trabajo que no reconoce a la CTA, no le otorga la personaría gremial a pesar de tener más de 20 años de existencia. Esto demuestra la intencionalidad política de tratar de sepultar un instrumento que nació con el objetivo transformar la realidad. Nosotros, después de esa fractura, fuimos saliendo de esa discusión y volvimos a reconquistar la calle. Esto es clave, porque comenzamos a hacernos cargo, como central de trabajadores, del conflicto social en Argentina.

La demostración más significativa de todo esto fue la decisión de la unidad en la acción. Esto posibilitó, por ejemplo, que el movimiento obrero, a pesar de sus fracturas, lograra el pasado 20 de noviembre de 2012 un paro nacional y movilización que marcó un punto de inflexión para el pueblo argentino. Pero también fue un punto de inflexión para los objetivos y desarrollo mismo del Gobierno Nacional. No es que los cambios en las políticas gubernamentales hayan sido totalmente por nuestras acciones, pero sí fue un aporte muy importante. De eso no tengo dudas.

-En este tiempo la CTA siempre mantuvo en la agenda pública y en la discusión nacional temas como el mínimo no imponible, las asignaciones familiares, la libertad sindical, la inflación, la discusión sobre los recursos naturales, entre otros. Son todos temas que parten de una necesidad clara que sufren los trabajadores.

- Esa es nuestra legitimidad como Central. No tenemos la legalidad que reconoce y establece el Ministerio de Trabajo, pero tenemos la legitimidad y el reconocimiento de los trabajadores y el pueblo en su conjunto. El aporte de la CTA es importante y significativo en este sentido.

Hay que tener en cuenta que en los últimos 40 años se desarrolló un modelo neoliberal tan fuerte que intentó sacar de la escena al sujeto principal que es la clase obrera. Hasta trataron de demostrar que no solamente era el fin de la ideología y de la historia, sino también intentaron convencer al mundo que era al fin del trabajo y de la clase obrera. Pero hay que decir que si analizamos estos últimos 40 años, tenemos que ver que el movimiento obrero hizo más de 40 paros nacionales.

Cuando uno analiza y desmenuza las estadísticas, se da cuenta que el movimiento obrero ha estado en el centro de la escena en las calles, cortando rutas, movilizándose por todo el país, tomando fábricas y generando políticas de autogestión. Y hay que decir que la CTA en todo esto tiene un verdadero valor. Hay que recordar que nacimos como consecuencia de oponernos a las políticas liberales y neoliberales en 1991, pero también como consecuencia de la idea de revitalizar el movimiento obrero y su participación en la vida nacional, con un fuerte sentido de la participación y la democracia hacia el interior de las organizaciones, y, fundamentalmente, establecer caminos de transformación que nos permitan transitar procesos de liberación. Por eso este cuarto Confederal tiene tanta importancia, porque volvimos a ratificar la idea de transformación, de liberación, de soberanía.

Es importante, en este sentido, impulsar una Consulta Popular en defensa de la soberanía sobre nuestros bienes comunes. Esto no es una cuestión menor, porque lo que se pone en discusión es el modelo productivo que es depredador, que es exportador y contaminante y pone en riesgo la vida de los propios argentinos.

Desde la CTA creemos que es posible transformar la realidad. Necesitamos más trabajo en unidad, mayores niveles de conciencia y más protagonismo de los trabajadores para desarrollar las políticas que más contengan a nuestros intereses y necesidades como trabajadores.

-En el Confederal se mencionó el caso del compañero Ernesto Duco. ¿Qué importancia tiene esto para la FeTERA?

- Es un espaldarazo enorme. Es un reconocimiento muy fuerte. Los compañeros y compañeras que participaron del Confederal de la CTA mencionaron en varias oportunidades el trabajo que estamos realizando en la FeTERA, a su trabajo cotidiano, a su aporte de carácter solidario y, sobre todo, el esfuerzo para desarrollar organización.

Estar golpeados con este despido injustificado y arbitrario del compañero Ernesto Duco, que es nuestro secretario de prensa de la federación, y que el Confederal de la CTA lo haya tomado como una de las reivindicaciones a tener en cuenta es muy importante. La central y el propio Pablo Micheli ya habían tomado el tema, pero que lo vuelva a impulsar el Confederal habla a las claras de nuestra inserción en la CTA y, también, de formar parte de todo esto, que lo abrazamos con pasión, pero sobre todo con el sueño y la esperanza de poder transformar esta realidad que nos agobia, nos maltrata, nos somete y nos excluye.

Todo esto es lo que impulsa a luchar contra, por ejemplo, el Automóvil Club Argentino, que despidió a nuestro compañero Ernesto Duco solamente por pertenecer a la FeTERA-CTA.

-¿Qué esperas del próximo 20 de noviembre?

- Tenemos un desafío muy importante por delante. Aspiramos a lograr la mejor y la mayor movilización en el marco del Día de la Soberanía Nacional y a un año del paro nacional del año pasado. También, tenemos que saber que en esta oportunidad no va a estar la CGT de Hugo Moyano siendo parte de la iniciativa. Creemos que desde el punto de vista de las reivindicaciones y necesidades que tiene el conjunto del movimiento obrero no participar de la jornada es un error político.

De todas formas, sabemos que esto no se trata, para decirlo en términos futboleros, de ganar o perder. Sino que se trata de ser coherentes y tener la decisión de hacer lo que hay que hacer para lograr las reivindicaciones y necesidades que tiene el conjunto de nuestro pueblo.

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América Latina sufre el trabajo infantil

ANSA

Doce millones y medio de niños y niñas trabajan en América Latina y el Caribe, de los cuales el 48% vive en la zona rural, uno de los sectores más riesgosos para la salud de los menores de edad.

Así lo detectó el segundo informe conjunto del Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según ambos organismos, erradicar el trabajo infantil agrícola podría impactar positivamente en la interrupción del ciclo de la pobreza que afecta a los sectores rurales.

La mayoría de los niños que trabaja en labores agrícolas no recibe remuneración por sus faenas, pues trabajan principalmente apoyando a sus padres o familiares en el trabajo independiente o en la pequeña agricultura.

"La única solución real para evitar que los niños trabajen es avanzar en la erradicación de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la exclusión social", explicó el representante regional de la FAO, el argentino Raúl Benítez. Destacó además que, "a corto plazo, existen medidas legales, de educación y sensibilización que los gobiernos pueden implementar para garantizar que los niños permanezcan en las escuelas y no se expongan a los riesgos del trabajo".

La Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Elizabeth Tinoco, recalcó que "la persistencia del trabajo infantil agrícola revela que se han registrado pocos avances en el medio rural".

También planteó que es importante "desarrollar estrategias especialmente diseñadas para abordar la situación de los niños en el campo, incluyendo generar oportunidades de trabajo decente para sus padres".

Según el reporte la agricultura es uno de los sectores más riesgosos para la salud de los niños. Cerca de la mitad de los accidentes mortales se producen en este rubro.

El informe detalla que la región andina concentra el 61,5 por ciento de niños que trabajan, seguida de Mesoamérica (42,7) y el Cono Sur (38,4).

Los subsectores agrícolas donde más frecuentemente se encuentran niños trabajando son cultivos como cacao, café, azúcar, soja, frutas y hortalizas.

De acuerdo con el informe, el trabajo infantil en este sector normalmente se da como una respuesta a problemas sociales que afectan a una importante proporción de la población rural, como la pobreza, la falta de oportunidades, el difícil acceso a la educación, y la baja calidad de ésta y la necesidad de generar recursos para la subsistencia familiar, entre otros.

Por este motivo, la FAO y OIT exhortaron a los gobiernos de América Latina y el Caribe a avanzar hacia la erradicación total del trabajo infantil en la región, pues, dicen, una respuesta que permita sustraer a los niños del mundo laboral, estará estrechamente vinculada a la erradicación de la pobreza, permitiendo así, romper con el ciclo reproductivo de ésta.

El documento menciona algunos avances importantes en la región en la prevención y erradicación del trabajo infantil agrícola.

En el sector azucarero de El Salvador, el gobierno, la Asociación de Productores de Caña de Azúcar y la OIT se aliaron para eliminar el trabajo infantil en este rubro, mediante una campaña de sensibilización, la mejora de los servicios de enseñanza, la formación profesional y la implementación de mecanismos de vigilancia de base comunitaria.

En 2005, en Ecuador se formó el Foro Social para disminuir el trabajo infantil en la floricultura y ha logrado reducir las jornadas de trabajo de 60 a 30 horas a la semana, mejorando la oferta de servicios directos de educación y fortaleciendo la institucionalidad en el marco de la promoción del trabajo decente.

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Acusan al gobierno paraguayo de querer eliminar a los gremios y sindicatos

PL

La Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay acusó al gobierno del presidente Horacio Cartes de poner en marcha un plan para eliminar los gremios y atacar a los dirigentes sindicales.

La declaración fue hecha por su dirigente de esa organización Vidal Ortega después que un juez de primera instancia declarara ilegal por segunda vez la huelga de los educadores el pasado mes de agosto y dejara abierta la puerta para sancionar un nuevo paro al parecer inminente.

Paralelamente, la Federación de Educadores de Paraguay, quien convocó a la huelga del pasado agosto, anunció que, inicialmente, presentará un recurso de apelación contra el nuevo fallo judicial, sin perjuicio de las acciones a emprender contra él en todo el país.

El juez Tadeo Zarratea, autor de la primera sentencia, la vio anulada entonces por una decisión de la Corte de Apelaciones debido a un reclamo sindical, pero ahora vuelve a declarar ilegal la protesta ante una petición de la Procuraduría Nacional.

Para los docentes, el objetivo es volver a sancionar a los que intervengan en una nueva paralización de labores, aún después de mantenerse en forma irreductible por el Ministerio de Educación la reducción salarial a quienes estuvieron en el anterior paro.

El problema consiste en que los maestros siguen pidiendo la devolución de los sueldos descontados a 18 mil miembros del sector por la huelga anterior, algo negado reiteradamente por las autoridades, y amenazan con volver a paralizar sus labores.

Pero, además, los gremios de educadores reclaman la derogación de la ley llamada Alianza Público-Privada, aprobada recientemente por el Parlamento y que, para ellos, permite la temida y rechazada privatización de la enseñanza.

Apoyados en esta ocasión por las centrales sindicales y organizaciones campesinas e indígenas, los educadores analizan el inicio de otra medida de fuerza y, al parecer, el gobierno quiere adelantarse declarando ilegal cualquier movimiento huelguístico.

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La central obrera peruana denuncia asesinatos de sindicalistas

PL

Nueve dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Construcción han sido asesinados en los últimos tres años por mafias seudosindicales que operan en el sector, denunció la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP).

El secretario general de la CGTP y líder de esa federación, Mario Huamán, hizo el trágico recuento al pedir al gobierno, la policía y el poder judicial que desarticulen a las mafias criminales que extorsionan, amenazan, agreden y asesinan a dirigentes y trabajadores.

El último asesinato se registró el 21 de octubre pasado en la ciudad de Barranca, en el norte de la región Lima, cuando el secretario general del sindicato lugareño de la construcción, Jesús Ruiz Díaz, fue ultimado a balazos por sicarios en las puertas del local de la organización.

Según Huamán, en la zona imponen el terror las organizaciones fomentadas por el paralelismo sindical promovido por el pasado gobierno de Alan García.

Señaló que García conmutó las penas y dio libertad a la mayoría de los sicarios y dirigentes de las mafias del sector construcción.

Explicó que las mafias extorsionan con amenazas de vandalismo a las empresas constructoras para designar a quienes van a trabajar en las obras, les cobran hasta dos por ciento del valor de la edificación a cambio de protección y actúan violentamente contra los sindicatos legales.

El dirigente indicó que el pasado gobierno facilitó el registro de sindicatos en el ministerio de Trabajo, para promover el paralelismo sindical, y fuentes policiales citadas por la prensa señalaron que esa facilidad persiste e incide en el problema de la violencia en el sector de la construcción.

Huamán señaló que lo que llamó mafias seudo sindicales son en realidad bandas de delincuentes que en la zona norte de la región Lima cuentan con el apoyo o la tolerancia de algunas autoridades policiales y judiciales. Anunció que pedirá al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, la destitución del jefe policial de Barranca, Leoncio Tuya, porque recibe sobornos de las mafias para no intervenir ante sus desmanes.

Los grupos criminales, dijo, se organizan en sindicatos integrados a la Confederación de Trabajadores (CTP), minoritaria central ligada al Partido Aprista, de García, y cuya federación de constructores tiene como líder a Miguel Tapia, a quien señaló como autor intelectual del asesinato de Ruiz Díaz.

El secretario general de la CGTP anunció una marcha de obreros de la construcción hasta la representación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para pedirle a esta apoyo contra los grupos criminales.

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Censo confirma la tendencia al envejecimiento poblacional en Cuba

PL

Más del 18 por ciento de la población de Cuba es mayor de 60 años de edad, un cuatro por ciento más que hace una década, según cifras del censo del 2012 en la isla, publicadas hoy.

Los datos oficiales ratifican la tendencia al envejecimiento en el país y la reducción de su población total, que es ahora de 11.167.325 habitantes, menos que hace una década.

Según el director nacional del Censo, Juan Carlos Alfonso, alrededor de 47 municipios y cinco provincias decrecieron en esta etapa.

Por otro lado, Cuba aumentó la cantidad de graduados de nivel superior, con más de un 1.165.000, 400.000 más que en el estudio realizado hace 10 años.

Los números también revelan que la isla aumentó la cantidad de viviendas particulares 354.000, y actualmente posee 3.882.424.

El ventilador es el equipo más frecuente en los hogares, a razón de 1,72 por cada uno y le siguen después las ollas arroceras o multipropósito, con 0.97 por vivienda.

Los refrigeradores están en 0.81 viviendas, y los televisores a color y las cocinas u hornillas eléctricas en 0.78.

Estos resultados son un primer adelanto de la información contenida en el censo que serán publicados paulatinamente por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, precisó Alfonso.

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Guatemala: Histórico record de deportaciones desde Estados Unidos

CERIGUA

La Dirección General de Migraciones (DGM) en Guatemala reveló que las deportaciones de guatemaltecos y guatemaltecas desde Estados Unidos aumentaron en un 25 por ciento entre enero y octubre del presente año, respecto a las cifras documentadas en el mismo lapso el año pasado.

En un boletín de prensa, la Dirección General de Migraciones destacó que si la tendencia en deportaciones continúa así durante noviembre y diciembre, Estados Unidos podría expulsar al menos 50 mil connacionales, un record histórico para el país.

Entre enero y octubre del 2013, las autoridades estadounidenses dan cuenta de 42 mil 473 guatemaltecos deportados, hombres, mujeres y niños, mientras que en el mismo periodo del año anterior la cifra fue de 34 mil, según cifras elaboradas por la DGM.

La información destaca que en lo que va del presente año fueron expulsados de Estados Unidos 38 mil 716 hombres, 3 mil 476 mujeres y 281 personas menores de 18 años.

Según datos de la Fundación Avina casi 900 mil migrantes son retornados anualmente a la región mesoamericana, un promedio de 500 mil corresponden a Centroamérica y 400 mil a México; la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RRCOM) destacó que esos datos pueden estar por debajo de los reales, ya que reflejan solamente a quienes hacen sus respectivos trámites en las aduanas.

Cuando las condiciones en el país de destino no son favorables o las políticas de migración son restrictivas, se obliga la deportación; antes de la crisis financiera en el 2008, se le consideraba como un caso de retorno voluntario, pero después fue un retorno forzado fundado en una decisión administrativa o judicial en Estados Unidos, enfatiza el reporte de Fundación Avina.

El impacto de las migraciones internas y externas en Guatemala, fue uno de los enfoques que quedó relegado del Informe Nacional de la Encuesta Mundial de Avances del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, un documento que mide y detalla los avances y retos del Estado, respecto al cumplimiento del Plan de Acción del Cairo, que en el 2014 cumple 15 años de vigencia.

Según cifras de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), de los 7 mil millones de habitantes en el mundo, mil millones son migrantes; la Conferencia de El Cairo marcó un hito en materia de derechos humanos al colocar a los seres humanos en el centro de la agenda de población e incluir por primera vez la migración como tema importante en las políticas de desarrollo.

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35 años después, China está lista para nueva ronda de reformas

XINHUA

Cuando la reforma y apertura de China se aproximan a su 35 aniversario, la política que condujo a una economía china en gran parte rural y pobre para convertirse en la segunda mayor economía del mundo, también ha navegado en "aguas profundas", lo que ha hecho que la sociedad china y el resto del mundo se pregunten si continuará o no la reforma de China y cómo lo hará.

El presidente de China, Xi Jinping, dijo el sábado a un grupo de miembros extranjeros del Consejo Siglo XXI en Beijing que China continuará firmemente adelante con su campaña de reforma y apertura.

"Entre más desarrollada esté China, más abierta será. Es imposible que China cierre la puerta que ya ha sido abierta. Nunca se pondrá fin a la reforma y apertura", dijo Xi.

El presidente, quien también es secretario general del Comité Central del PCCh, dijo a los miembros del grupo de asesoría mundial que un proyecto de reforma integral será presentado en la próxima Tercera Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), que se sostendrá del 9 al 12 de noviembre.

Las terceras Sesiones Plenarias revelan caminos de reforma

Desde que China emprendió su reforma y apertura en 1978, las terceras sesiones plenarias del PCCh han llevado a cabo la misma tarea importante de promulgar destacadas reformas económicas, al mismo tiempo que ofrecen una visión de las características de gobernanza de la dirigencia central del país.

El profesor Xie Chuntao de la Escuela del Partido del Comité Central del PCCh dijo que las primeras y segundas sesiones plenarias generalmente tratan asuntos de personal, pero la tercera es conocida por sus grandes acciones sobre los asuntos.

La decisión de abrir el país alguna vez aislado y de reformar su lenta economía surgió por primera vez en 1978. Del 18 al 22 de diciembre de ese año, el XI Comité Central del PCCh sostuvo su tercera sesión plenaria en Beijing, en la que adoptó una decisión histórica de restablecer el orden alejándose de la caótica lucha de clases y enfocándose en el desarrollo económico a través del lanzamiento de la política de reforma y apertura. El encuentro es considerado un giro histórico para China.

La siguiente tercera sesión plenaria se sostuvo en octubre de 1984, y destacó por expandir la reforma a las ciudades.

La Tercera Sesión Plenaria del XIII Comité Central del PCCh en 1988 decidió rectificar el ambiente y orden de la economía.

El año 1992 marcó el comienzo de una nueva etapa de la reforma. Durante un histórico viaje de inspección en 1992 a las zonas económicas del sur de China, Deng Xiaoping, el principal artífice de la reforma de China, hizo anuncios que impulsaron la reforma económica.

Más tarde ese mismo año, se sostuvo el XIV Congreso Nacional del PCCh, y se anunció el establecimiento de una economía de mercado socialista como el próximo objetivo de la reforma económica.

En 1993, la Tercera Sesión Plenaria del XIV Comité Central del PCCh describió el marco básico para un sistema económico de mercado socialista y especificó que el mercado, bajo el control macroeconómico estatal, debe ser el medio básico para asignar recursos en la economía de China.

En las tres próximas terceras sesiones plenarias, la reforma económica siguió encabezando la agenda. La tercera sesión plenaria en 1998 estableció la meta de construir un campo socialista, mientras que la tercera sesión plenaria de 2003 especificó más el mapa de ruta para profundizar la reforma y la tercera sesión plenaria más reciente, en 2008, se enfocó en las reformas en las áreas rurales.

Zheng Yongnian, director del Instituto de Asia del Este de la Universidad Nacional de Singapur, dijo que la próxima tercera sesión plenaria está bajo los reflectores mundiales porque cada tercera sesión plenaria desde 1978 ha generado grandes expectativas en el público y determinado las prioridades del Partido para los años siguientes.

"El XVIII Congreso Nacional del PCCh (en 2012) fue claro sobre qué tipos de reforma y desarrollo buscará China en la nueva era. La dirección es clara. La tercera sesión plenaria es para preparar un programa de acción basado en eso", dijo Zheng.

La vía de reforma demuestra la determinación sobre la reforma

En diciembre de 2012, Xi Jinping llegó a la provincia de Guangdong, la frontera de la reforma, y empezó su primera gira de inspección como nuevo jefe del Partido.

El 8 de diciembre, Xi colocó un ramo de flores ante la estatua de bronce de Deng Xiaoping, donde declaró: "Venimos aquí a venerar la estatua de Deng Xiaoping para mostrar que continuaremos impulsando inquebrantablemente la reforma y apertura y que nos esforzaremos por alcanzar un nuevo progreso, nuevos avances y nuevas pasos para promover la reforma, la apertura y la campaña de modernización del país".

A fines de 2012, el Buró Político del Comité Central del PCCh sostuvo un estudio de grupo sobre el "impulso inquebrantable de la reforma y apertura" y Xi subrayó que el Partido debe mejorar las políticas de reforma aprendiendo de la gente y demandar que los logros beneficien a más gente en una forma más justa.

En julio de 2013, Xi pasó tres días estudiando el asunto de la profundización de las reformas en la provincia de Hubei. Durante su estancia allí, dijo que China debe profundizar las reformas en áreas importantes con "valor y sabiduría políticos siempre crecientes" para superar las barreras institucionales que están restringiendo el crecimiento.

"No existe salida si nos quedamos quietos o si retrocedemos", afirmó.

El nuevo gobierno central, que se formó en marzo, ha abolido o transferido 221 trámites de aprobación administrativa a los gobiernos locales.

En septiembre, se inauguró la Zona de Libre Comercio Piloto (Shanghai) de China, como un área de prueba de la desregulación de las tasas de interés en China.

El crecimiento del producto interno bruto (PIB) de China se aceleró a 7,8 por ciento en el tercer trimestre, arriba del 7,5 por ciento que en el segundo trimestre, lo que puso fin a las desaceleradas tasas de crecimiento del primer semestre del año.

Los analistas opinan que a partir de este año, la reforma institucional de China, destinada a modernizar la administración y descentralizar el poder en su núcleo, ha generado cada vez más "dividendos", lo que tiene un papel importante en la recuperación y en la mejora de la economía china.

Nueva temporada de reforma para China, nuevas oportunidades para el mundo

Después de 35 años de reforma y apertura, China, que alguna vez fue agrícola, ahora es la segunda mayor economía del mundo y es el mayor poseedor de reservas de divisas.

Con un crecimiento económico estable y rápido en el país, millones de chinos han salido de la pobreza. La mitad de su población vive actualmente en ciudades, y los agricultores ahora están libres de impuestos agrícolas, que fueron abolidos en años recientes, y se ha conformado un sistema de seguro social que abarca a 1.300 millones de personas.

Pese a estos cambios, China enfrenta graves problemas apremiantes como las disparidades urbano-rurales y de ingresos. El país también está ocupado en mejorar la atención médica, la educación, la vivienda y el medio ambiente para su pueblo.

Los analistas están de acuerdo en que la reforma de China ha entrado en "aguas profundas", donde debe resolver problemas duraderos en una sociedad con intereses más diversos y encontrados.

Sin embargo, los analistas creen que sigue existiendo un fuerte consenso sobre la reforma en China.

Qin Gang, profesor de la Escuela del Partido del Comité Central del PCCh, dijo que como la sociedad es diversificada y grupos distintos esperan cosas diferentes de la reforma, es normal tener un debate sobre la reforma.

El opina que la reforma debe abordar las expectativas y demandas del público, tales como disminuir las disparidades de ingresos, lograr la igualdad social y poner fin a la corrupción a través de cambios institucionales.

El profesor Wang Huaichao de la Escuela del Partido dijo que no existe desacuerdo sobre si China necesita una mayor reforma, el debate es sobre la secuencia, grado y medidas de reforma.

Las prioridades de la reforma fueron establecidas en el XVIII Congreso Nacional del PCCh en 2012, dijo el profesor Xie Chuntao, e incluyen cómo ajustar las relaciones Estado-mercado y gobierno-sociedad y cómo fortalecer la supervisión del poder.

Li Shenming, vicepresidente de la Academia de Ciencias Sociales de China, prevé que mientras que las pasadas terceras sesiones plenarias han puesto el énfasis en la reforma económica, este encuentro subrayará lo "integral", lo que demostrará la confianza de Beijing en su vía, teorías y sistema.

La "oportunidad" es la palabra clave que los expertos entrevistados dicen que la reforma en China generará al mundo.

El profesor Zheng Gongcheng de la Universidad Renmin de China en Beijing dijo que la reforma en China no sólo ha generado un cambio interno enorme sino que también ayudó a compartir la experiencia de desarrollo de China en la esfera mundial.

"En los más de 30 años pasados, la reforma en China se basó en la experiencia internacional al mismo tiempo que creó y aplicó su propia sabiduría. Esa sabiduría dio una perspectiva china a los desafíos mundiales comunes", afirmó Zheng.

En una atmósfera de recuperación mundial moderada, dijo Zheng Yongnian, el desempeño de la economía china está bajo la mira internacional. Es razonable sostener que la vitalidad económica interna de China impulsará al mundo por una misma vía vital similar.

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Cura mexicano denuncia cadáveres sin órganos

ANSA

El sacerdote mexicano Alejandro Solalinde, un activista en la defensa de los migrantes, denunció que se han hallado fosas con cadáveres sin órganos en al menos tres poblados del sur del país.

Solalinde sacó a la luz pública nuevamente el tema del tráfico de órganos en México, que suele ventilarse de manera especulativa en la prensa local, pero sin que la autoridad se atreva a confirmar ningún caso.

El director del albergue Hermanos en el Camino dijo que este hallazgo podría corroborar que "existen organizaciones que usan indocumentados para el tráfico ilegal de órganos ya que aseguró que tanto este delito como el tráfico de infantes existen".

En declaraciones formuladas a periodistas de la ciudad de Puebla, la capital del estado homónimo, a unos 150 kilómetros al este de la ciudad de México, donde le fue entregado un reconocimiento, el presbítero no quiso entrar en detalles.

"En algunos lugares, que por ahora no puedo revelar, hay yacimientos de cuerpos sin órganos y esto es grave. Fui informado por autoridades de ese estado", afirmó. "Lo que les puedo decir es que las autoridades locales sí están preocupadas", afirmó el sacerdote, según la versión publicada por el diario digital e-consulta.com.

El sacerdote, que ha sido amenazado de muerte por su activismo, señaló que hará una "visita especial para ver con esas autoridades que se haga una investigación". "Apuesto lo que quieran a que son migrantes, si fueran de ese estado no creo que sus familias no los reclamaran, sería un escándalo porque son muchos", declaró.

A su entender, las organizaciones que trafican órganos humanos "son mafias sofisticadas, que tendrían que operar bajo la complicidad de integrantes" del sistema nacional de salud.

Solalinde calcula que el 40% de la población migrante está integrada por madres con niños pequeños.

"Quiero que se imaginen a una mamá con su bebé en brazos y otros tres o cuatro caminando; me preocupa porque sí hay tráfico de niños, sí hay tráfico de órganos", indicó.

Luego de recibir el premio "Juan de Palafox y Mendoza", que otorga la alcaldía de Puebla a los defensores de los derechos sociales, indicó que los cuerpos encontrados sin órganos "no han sido reclamados, lo que resulta extraño pues la cantidad es alta". "Es algo muy delicado, que hasta ahora es tabú", sostuvo el sacerdote, que en 2005 inició su lucha por defender los derechos de los migrantes y dos años después fundó el albergue "Hermanos del Camino", ubicado en el municipio de Ixtepec, estado sureño de Oaxaca.

A causa de su lucha ha ganado diversos galardones como el Premio Nacional de la Igualdad y No Discriminación, otorgado en el 2007.

En el 2012 fue forzado a salir del país por amenazas que recibió debido a su labor, pero luego retornó a continuar en su defensa de los migrantes.

El Reporte Global sobre Tráfico de Personas 2012, publicado en diciembre pasado por la Oficina de Naciones Unidas para el Crimen y las Drogas revela que Entre 2008 y 2010, en México se detectaron 320 casos de tráfico de personas con fines de esclavitud, específicamente para explotación sexual y para el sometimiento a trabajos forzados, y refiere de dos casos en los que a las víctimas les fueron extirpados órganos.

El informe señala que el tráfico humano con fines de remoción de órganos es un delito detectado en 16 naciones, tres de las cuales se encuentran en el continente americano: Brasil (24 confirmados oficialmente, y otros 15 documentados por fuentes extrajudiciales), México (con dos casos) y Bolivia (con dos casos).

En el caso concreto de México, los dos casos fueron reportados por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General en el año 2010, aunque nunca fueron hechos públicos.

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