lunes, 18 de noviembre de 2013

Estados Unidos y la necesidad de nuevos polígonos de poder

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

El gobierno tras bastidores de Estados Unidos (aquel que algunos suponen que su sede se halla en el extranjero) está más que decidido a instaurar una dictadura consensuada a nivel planetario junto con sus socios de Europa y Japón, a los cuales podrían unirse eventualmente Rusia y China, explotando a su favor el estado caótico padecido en la mayoría de las naciones -gracias a la crisis estructural del sistema capitalista que estos mismos han propiciado desde el FMI y el Banco Mundial- y la necesidad de sus ciudadanos de disfrutar de cierto clima de gobernabilidad y de seguridad personal, sin importarles que esto pueda significar para ellos mismos una restricción y un cercenamiento de los derechos civiles, como ya ocurre desde hace algunos años en el propio territorio estadounidense, a partir del gobierno neoconservador de George W. Bush.

Esta situación -que para muchos resulta irreal y paranoica- ya tiene sus antecedentes en varias latitudes de la Tierra, excusándose Estados Unidos tras una inacabable lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacionales, sirviendo de referencia para esta afirmación lo acontecido en Afganistán, Iraq, Libia y Siria, y, más cercanamente, en México y Colombia. En el caso de estos dos últimos países, sin conseguir resultados efectivos, a pesar de la existencia de planes militares de vieja data suscritos con la gran potencia imperial para cumplir con dicho objetivo y del uso de una alta tecnología de vigilancia desde sus respectivas fronteras. Toda esta realidad en su conjunto (sin excluir lo propio de la crisis económica que roe a todo el sistema capitalista neoliberal mundial) le serviría a Estados Unidos para justificar la imposición de un régimen supranacional que, por supuesto, estaría bajo su guía directa, reconfigurando entonces el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial y ajustándose a sus propios intereses. Algo que los grandes jerarcas político-militares-empresariales gringos ya delinearan previamente en lo que se dio a conocer como el Nuevo Siglo norteamericano, buscando subordinar todos los pueblos y todos los poderes existentes mediante la eliminación preventiva de hipotéticas amenazas a su seguridad nacional, tal como lo exponen abiertamente Barack Obama y su equipo de gobierno en algunas de sus intervenciones públicas.

Esto cobra ahora mayor sentido de urgencia para quienes aspiran el control total de la economía, el poder político incondicional y los recursos naturales estratégicos de nuestro planeta cuando los mismos han visto surgir ante sus ojos a una heterogeneidad de movimientos sociales, políticos y culturales contestatarios que desafían la continuidad de un orden unipolar y plantean en su lugar el surgimiento de nuevos polígonos de poder. Un claro ejemplo de esta nueva realidad lo tenemos en nuestra América con la aparición de gobiernos progresistas, populares y/o revolucionarios que se oponen a la sempiterna hegemonía imperial yanqui, lo que ha supuesto la implementación de nuevos planes injerencistas que incluyen la utilización de artimañas legalistas y la vieja fórmula del golpe de Estado para derrocar a aquellos gobiernos que no acaten sus directrices, valiéndose para ello de la complicidad disciplinada de grupos antinacionales y abiertamente pro-fascistas; lo que exigiría de los sectores revolucionarios, populares y progresistas disponer de una claridad ideológica y política para comprender adecuadamente lo que se halla en juego actualmente en cuanto a la autodeterminación de los pueblos y la preservación misma de la vida sobre la Tierra que permita contrarrestar las intenciones imperiales estadounidenses, de un modo realmente efectivo y permanente.

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Bachelet S.A. gana primera licitación para administrar capitalismo en Chile

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)

Sólo sufragó la mitad de los habilitados para hacerlo; habrá balotaje el próximo 15 de diciembre y los estudiantes secundarios se tomaron comando de Bachelet.

Las elecciones presidenciales y legislativas del 17 de noviembre en Chile, predecibles y sin misterio, sólo fueron interrumpidas por los jóvenes agrupados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) que se tomaron el comando de Michelle Bachelet en Santiago y afirmaron que “El movimiento estudiantil en su conjunto tiene la claridad de que mas allá de los resultados de las elecciones que hoy se desarrollan, el próximo año y los que vienen, serán de lucha y de organización (…) Hoy la antigua Concertación se disfraza de Nueva Mayoría, ha tomado nuestras demandas llevándolas a un programa que sabemos no cumplirán, deformándolas y convirtiéndolas en propuestas para la clase empresarial y alejándolas de su origen: el movimiento social (…)Trabajaremos incansablemente por la articulación transversal de las luchas de hoy y las del mañana. Salga quien salga electo, seguiremos consecuentes y firmes con el movimiento social”.

La candidata de la concesionaria administrativa del Ejecutivo, ex Concertación, denominada ahora Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, obtuvo 45,5 % de los sufragios emitidos. Segunda preferencia tuvo la candidata de la derecha tradicional Evelyn Matthei con 24,9 %. Es decir, el triunfo de Bachelet tendrá que ser refrendado mediante un balotaje en un mes más.

Lo que se proyecta es que los sufragios emitidos para los candidatos Marco Ominami (11%) y Alfredo Sfeir (2,5 %) –además de los que pudieran provenir de fracciones electores de Mauricio Israel (0,6 %), y Tomás Jocelyn-Holt (0,2 %)- se desplazarán a favor de Bachelet en la segunda vuelta.

Por su lado, una gran parte de las preferencias para Franco Parisi, 11,1 % (derecha tradicional, también), marcharían hacia Evelyn Matthei, pese a que el derechista Parisi manifestó que él no votará por ella el próximo diciembre. Es decir, las disputas entre las formas partidarias de la vieja derecha ultraliberal también explican la votación de Bachelet.

Por su parte, Marcel Claude (Partido Humanista + independientes) sacó 3 %, y la candidata anticapitalista del Partido Igualdad, Roxana Miranda, un 1,3 %. La candidatura de Roxana –que prácticamente se realizó sin recursos, sólo a pulso e imaginación- fue desoída en su llamado a primarias con el candidato del Partido Humanista para participar con un solo nombre en las presidenciales. Sin embargo, ese comando se negó. Los desafíos para el pueblo que acompañó a Roxana son la intensificación de la lucha social, la ampliación social de sus fuerzas, la formación política y una organización sustantivamente superior.

La crisis de representatividad del sistema de partidos políticos se expresó nuevamente en que de las más de trece millones y medio de personas habilitadas para votar, sólo lo hizo . Es decir, apenas alrededor de un 50 %.

La candidatura de Bachelet fue apoyada abiertamente por los intereses corporativos y geopolíticos del imperialismo norteamericano, la inmensa mayoría del empresariado y las cadenas periodísticas, sin contrapeso alguno, debido a su supuesto potencial para dotar de mayor gobernabilidad y continuidad del capitalismo ultra que regenta Chile desde hace casi 40 años.

Sobre los intereses y la fuerza popular

Claro que todavía falta. Claro que la dictadura cívico-militar significó una ofensiva histórica contra los trabajadores y los pueblos de Chile. Por supuesto que el Pentágono y sus subordinados nativos debían detener a cualquier precio una posible revolución en el último territorio que cuelga en el mapa del norte mandarín. Claro que entonces el establecimiento de tiranías castrenses se extendía como petróleo en América Latina como reacción al terror imperialista de la eventual recreación de experiencias inspiradas en la Cuba del joven Fidel y Guevara. Por supuesto que en Chile, con un gobierno -resultado de combates antiguos y contexto coyuntural- que tomaba medidas para caminar hacia la creación de las condiciones materiales y culturales en vistas al socialismo, la minoría en el poder dejó caer –horrorizada y echando mano a un golpe de Estado bien financiado, como cuestan las inversiones más rendidoras- la venganza de clase prometida y el espanto ejemplar para doblegar a un pueblo autoconciente y desarmado.

Naturalmente, con la memoria fresca y gatillada por la crisis de la deuda a inicios de los 80’, se reanimó y repolitizó ese mismo pueblo mancillado. Y ante el peligro, esta vez de los reflejos victoriosos de la Nicaragua insurrecta, se apresuró el pacto interburgués entre los viejos políticos golpistas y la embajada norteamericana para inaugurar una democracia de baja intensidad, vacunada contra asalariados y empobrecidos por fuerza y por ley. El crimen ya estaba consumado y en las mejores condiciones posibles para los dueños de todo.

Con la Unión Soviética en estado terminal y desde hacía casi dos décadas experimentando en Chile la nueva fase del capitalismo, hoy hegemónica, entre 1988 y 1990, se transitó en el país andino a lo que hasta ahora mismo es la versión dominante del orden mundial. Esto es, un capitalismo sólo imaginado por el liberalismo más delirante. Un Chile y sistema mundo donde todas las relaciones sociales se han vuelto mercancías; la concentración capitalista con aval estatal; las formas más originales de súper explotación del trabajo asalariado; la manga ancha para vaciar los recursos naturales a precio de feria y a costa de humanidad; y el imperialismo financiero funcionando como holding monopólico para que desde su panel de controles se digiten las condiciones de la producción, la distribución, el intercambio y el consumo.

Y, cómo no, la proliferación de leyes antiterroristas dedicadas a todos quienes levanten cabeza. La represión preventiva y por sospecha, la cultura de la alienación cada vez más sofisticada, el conformismo y la fatalidad. Y como cáscara brillante a punta de preservantes autorizados, una democracia antipopular y más limitada incluso que la jubilada república representativa. El reino de la deuda y la especulación. El voto cada tanto como parodia de participación, tal cual la educación como ilusoria palanca de movilidad social.

La administración planetaria de la desigualdad, la industria de las armas, el narcotráfico y la prostitución; la competencia a muerte entre fracciones del capital; el empeoramiento absoluto y relativo de la vida de la inmensa mayoría terrícola. La extinción del Estado de bienestar, la naturalización de la miseria, la dependencia actualizada de las economías periféricas.

La contradicción estructural de la apropiación privada del valor y el excedente colectivamente producido. La rebeldía de los territorios sociales todavía insuficientes para modificar radicalmente la vida. Nuestras faltas como resistencia organizada o mal organizada o nada organizadas. El enemigo principal saboteándonos la voluntad, la experiencia acumulada, la persistencia necesaria. La convicción de que las contradicciones internas del capitalismo no lo derrumban por sí solas. La juventud rebelde buscando a tientas, con rostro de mujer, de indígena, de migrante, de ambientalista bravo, de creyente emputecido, de trabajador y de estudiante pobre. El orden de las cosas y las cosas bien ordenadas de los numerados de arriba.

Pero hasta el palco mejor cementado cede cuando se inquieta la galería sin butacas de los plebeyos.

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Argentina: Dime qué socios buscas…

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

En su edición del 11 de noviembre de 2013 el diario oficialista Página 12 informó que…” La Justicia rechazó la demanda de un director de YPF designado por Repsol que había solicitado una copia del contrato firmado con la estadounidense Chevron. Luego de que la empresa se negara a darle la documentación…”.

Es un episodio más en la saga del secreto que envuelve el acuerdo YPF-Chevron.

Dicho acuerdo, de manifiesto interés público nacional y en particular de interés público para la provincia de Neuquén, tendría que darse a conocer en su integridad y ser debatido en las instancias representativas nacionales y de la provincia de Neuquén y por las organizaciones populares interesadas.

Otro ejemplo flagrante de la ocultación del acuerdo ha sido el tratamiento del tema en la legislatura de Neuquén donde la mayoría oficialista votó acuerdos de concesión a YPF… hasta el año 2048! a sabiendas de que en los hechos son concesiones a Chevron. Cuando legisladores opositores de distintas tendencias sostuvieron que era imprescindible conocer los términos del acuerdo YPF-Chevron, la mayoría kichnerista respondió “que lo que le corresponde a la provincia es negociar con YPF, titular de la concesión, mientras que los términos del acuerdo de cooperación que la petrolera estatal firme con Chevron escapan a la incumbencia provincial”. (Página 12 del 29 de agosto de 2013. Luz verde en Neuquén al acuerdo con Chevron). Como puede verse, en el título del artículo, el diario oficialista no intenta disimular que el acuerdo es en los hechos con Chevron y que YPF actúa como simple testaferro.

Aun sin conocerse los términos del contrato, es evidente que la puesta en ejecución del mismo es contraria al interés nacional, pues además de dar en concesión por un tiempo desmesuradamente prolongado a una empresa extranjera importantes recursos naturales, provocará enormes daños ambientales con los consiguientes efectos negativos sobre la salud de la población local.

Así ha actuado Chevron en Ecuador, como es de pública notoriedad.

Pero Chevron, como otras grandes transnacionales petroleras, cuando se trata de defender los enormes beneficios que obtienen de la explotación de los yacimientos, tienen otra carta en la baraja: el apoyo logístico y el financiamiento a la represión de las protestas populares.

Un ejemplo. En mayo de 1998, miembros de la comunidad Ilaje de Nigeria ocuparon pacíficamente una plataforma petrolera de Chevron en el delta del río Níger para protestar por los daños ambientales que provocaba dicha explotación, que afectaban especialmente sus actividades como pescadores en aguas contaminadas.

La respuesta del Gobierno nigeriano, con el apoyo logístico y financiero de Chevron (que proporcionó helicópteros) fue ocupar la plataforma con fuerzas especiales, matar a dos de los ocupantes, herir a varios de ellos y detener a los sobrevivientes, que fueron encarcelados y torturados.

El juicio contra Chevron en Estados Unidos (Bowoto c/Chevron) no prosperó con el argumento de que Chevron Texaco no era responsable por lo actuado por su subsidiaria Chevron Nigeria. Es un argumento frecuentemente utilizado por las sociedades transnacionales para eludir sus responsabilidades.

De modo que el empeño oficialista por mantener oculto el contenido del acuerdo YPF-Chevron, autoriza a suponer que contiene cláusulas altamente perjudiciales para la Nación y sumamente lesivas para el pueblo argentino. Y dados los antecedentes delictuosos de Chevron en materia ambiental y de violaciones a los derechos humanos, mientras el Gobierno no pruebe lo contrario dando a conocer la integridad del acuerdo, cabe presumir que el mismo constituye una verdadera asociación ilícita.

Aunque no se puede esperar que prospere, dada la colusión de los tres poderes a favor de Chevron (recuérdese el dictamen de la Procuradora Gils Carbó y el voto ampliamente mayoritario de la Corte Suprema para levantar el embargo trabado contra Chevron por Ecuador) se debería intentar, con fundamento en los artículo 41 y 42 de la Constitución uno de los recursos que autoriza el artículo 43 de la misma, a fin de obligar al Gobierno a publicar la integridad del acuerdo YPF-Chevron.

Véase en Argenpress:
- 7 de junio de 2013. El fallo de la Corte Suprema a favor de Chevron. Alejandro Teitelbaum
- 11 de junio de 2013. Argentina. Caso Chevron: hay un genocida ambiental suelto. LA OLLA TV – ACTA
- 13 de octubre de 2013. Chevron, Repsol, CIADI: Inversiones extranjeras, acuerdos económicos y condicionantes sistémicos en Argentina. Javier Echaide
- 14 de noviembre de 2013. La explotación del gas de esquistos (shale gas): Una amenaza al medio ambiente. Norberto Majlis
- 14 de noviembre de 2013. Habla la Multisectorial contra la hidrofractura. 

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Pagos de Deuda en moneda extranjera y reservas

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Se realizaron el 15/11/13 las jornadas monetarias del Banco Central y resaltan las palabras de la Presidenta del organismo, Mercedes Marcó del Pont, relativas a la crisis mundial y a las restricciones externas que supone la escaseas de dólares en la coyuntura económica de la Argentina actual.

Respecto de la crisis señaló “que la crisis no ha mostrado todavía indicios de revertirse, que tenemos un Estados Unidos que le está yendo un poco mejor, una Europa en recesión, con situaciones muy heterogéneas, pero donde lo que se advierte es que no hay reacción del mercado de trabajo, que si bien la tasa de desocupación dejó de caer el empleo sigue cayendo, que las políticas que se están desenvolviendo en términos de liquidez y expansión monetaria, no están resolviendo las cuestiones más de fondo que subyacen detrás de esta crisis que es una brutal insuficiencia de demandas que le permita a estos países volver a crecer. Todo lo contrario, las políticas de consolidación fiscal están minando todavía más ese dinamismo de la demanda doméstica.”

Es decir, la crisis continúa, con impacto en el empleo y los ingresos populares y encima existen políticas de ajuste que complican la situación social.

Relativo a las restricciones externas se concentró en la política de cancelación de deuda señalando que “Hemos pagado desde el 2010 hasta la fecha 24.000 millones de dólares para reducir el stock de la deuda en moneda extranjera”, y respecto de la pérdida de reservas actuales menciona que “De los casi once mil millones que cayeron las reservas en lo que va del año, el 75% es por pagos de la deuda pública en moneda extranjera.” Ese porcentaje significa que se utilizaron 8.250 millones de dólares de reservas internacionales para cancelar deuda externa durante el presente año de 2013.

Son datos relevantes, ya que la titular del Banco Central alude a las restricciones externas del país para hacerse de divisas para la industrialización y el desarrollo, denostando el ingreso de capitales especulativos y sustentando la búsqueda de inversiones genuinas, resaltando el caso de las que genera YPF en su acuerdo con Chevron y la búsqueda de nuevo endeudamiento acordado con el Banco Mundial.

Todo ello es muy discutido en parte de la sociedad Argentina. ¿Está condenado el país a sustentar el actual modelo productivo depredador de los bienes comunes? Son varios los municipios en el país que rechazan la explotación de los hidrocarburos no convencionales en oposición a una tecnología, la de la fractura hidráulica, con consecuencias negativas sobre el medio ambiente, la naturaleza y las poblaciones que circundan las futuras explotaciones. Pero lo más importante es discutir el para qué del gas o el petróleo, el para qué de la energía. Es en definitiva discutir cuál modelo productivo y de desarrollo para la Argentina.

Es más, el interrogante es si el país busca inversores externos para ciertos procesos productivos, más allá de acordar o no con esas opciones, porque no haber usado el stock de reservas para ese fin en lugar de haber destinado 9.500 millones de dólares para cancelar deuda con el FMI en 2006; o 24.000 millones de dólares entre 2010 y el presente como confirma Marcó del Pont. Por ambos conceptos sumamos 33.500 millones de dólares, una cifra similar a las reservas aún existentes en el BCRA. Las reservas podrían tener otro destino que la cancelación de una deuda que requiere ser investigada para definir su legalidad y legitimidad.

Formulaciones favorables al desarrollo y promoción de las soberanías alimentarias o energéticas, articuladas con el fomento de la soberanía financiera pueden significar procesos de inversión genuina con recursos derivados de las reservas internacionales. Se trata de un destino de las reservas para la promoción productiva y el desarrollo social extendido sin depender del interés por la rentabilidad a toda costa de los capitales externos.

Es importante que la autoridad del BCRA reconozca las restricciones externas de la Argentina, y como hemos destacado en cuantiosas ocasiones, el endeudamiento externo es un gran condicionante de política económica. No solo por la pagado con reservas internacionales, sino por la decisión de retomar el camino del endeudamiento que ya se inició con los organismos internacionales. El flagelo de la deuda es un cáncer a extirpar y no se resuelve cancelando deuda sin previa investigación. Esta semana que pasó, el Senado de Brasil convocó a una audiencia pública con la Auditoría Ciudadana de la Deuda, una iniciativa popular que demanda la investigación de la gigantesca deuda brasileña. La inspiración es la auditoría de deuda organizada en Ecuador y que redujo sustancialmente el endeudamiento de ese país. Investigar la deuda en Argentina sigue siendo una asignatura pendiente.

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Boletín de CORREPI

Jorge Daniel Reyna, como Walter, pero hoy / Gatillo fácil, apaleamientos y guardiacárceles represores en todo el país / Un hecho espeluznante que afirma el trato inhumano que los internos de las cárceles argentinas / Grave condena a trabajador de la línea 60 / Vigilar, castigar y negociar. Las comisarías y las puebladas del conurbano / La guerra de transas y narcos se ha desatado. El negocio de la policía también / Boudou, la policía federal y la democracia.
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Jorge Daniel Reyna, como Walter, pero hoy
El 26 de octubre, Jorge Daniel Reyna, de 17 años, apareció muerto en la comisaría de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. El pibe vivía en un barrio humilde de San Esteban y había sido detenido esa mañana. La versión de la policía, dice que Jorge se ahorcó con su propia campera en el calabozo. Pero, tal como la experiencia nos muestra cotidianamente, lo que sucede realmente cada vez que los pibes son detenidos es la tortura, disfrazada en democracia como apremios ilegales, y en muchos casos la muerte, como sucedió con Jorge.
Su mamá, Olga Tallapietra, junto con amigos y vecinos, pudo corroborar durante el velatorio que Jorge no tenía marcas en el cuello que probaran el supuesto suicidio, sino que en realidad tenía hematomas en las cejas, mejillas, hombros, brazos y muslos, además de una serie de raspones por todo el cuerpo, prueba de que había sido salvajemente golpeado. Los resultados parciales de la autopsia establecieron que la muerte se produjo por asfixia mecánica (lo que no significa que se colgara él), y confirmaron la paliza recibida.
Días antes del asesinato, Jorge había declarado en la fiscalía de Cosquín "a nosotros el cana nos manda a chorear para que quede bien el comisario del pueblo”. Claramente Córdoba no es la excepción. Igual que en el resto del país, la policía obliga a los pibes a robar y vender drogas y luego los detiene y los tortura. Y cuando alguno "se les queda", hacen pasar por suicidio.
Como la policía actúa siempre bajo el paraguas del poder judicial, resulta que la fiscal que actualmente lleva la causa del asesinato de Jorgito, María Alejandra Hillman, es candidata a fiscal general del gobernador De La Sota, quien maneja la "narco-policía" de la provincia. Hillman también tuvo su protagonismo en junio de 2012, en un caso similar. Brian Palomeque, un pibe de 16 años, fue encontrado muerto en un descampado de La Falda, tal como fuera amenazado por la policía unos días antes (“Vas a aparecer muerto en un descampado”). Como siempre, estuvieron las dos versiones. La oficial fue que se ahorcó colgándose de un árbol con un cable telefónico. La verdadera, la que surge de la declaración de vecinos de la zona, es que Brian colgaba de una rama incapaz de sostener el peso de su cuerpo, que sus piernas llegaban al suelo y que sus manos estaban atadas. Hillman no sólo aseguró que Brian se había suicidado, sino que, además, ordenó la detención de una gran cantidad de manifestantes que espontáneamente salieron a las calles para repudiar el asesinato.
Del mismo modo, ahora, familiares, amigos y vecinos autoconvocados se concentraron el domingo y lunes en la comisaría y la Plaza San Martín de Capilla del Monte, exigiendo justicia por el asesinato de Jorge. Como figurita repetida, policías de civil infiltrados comenzaron a provocar tirando piedras. Por supuesto, esto era lo que esperaban las fuerzas represivas para responder con palos y balas de goma. Con el correr de las horas la plaza quedó cercada y hubo casi una decena de detenidos, acusados por delitos y contravenciones, que fueron trasladados a las comisarías de La Cumbre y La Falda. Entre ellos hubo varios menores, un periodista de un medio local, un militante del Partido Solidario y el primo y el tío de Jorge.
Los días siguientes, la policía siguió controlando las calles y realizó una cacería de pibes, amenazándolos con el objetivo de desmovilizar la incipiente organización que se estaba gestando en torno del asesinato.
Lo mismo hicieron distintos bloques partidarios enfrentados al delasotismo (FPV, Nuevo Encuentro, UCR, etc.), que trataron de desviar la organización y movilización de vecinos y familiares a través de las vías institucionales de pedido de justicia. Sin embargo, el sábado 9 de noviembre, a la Asamblea contra la violencia institucional de Capilla del Monte se sumaron una gran cantidad de organizaciones sociales que bajo las consignas de juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del asesinato, basta de criminalización y persecución policial a los jóvenes, derogación del inconstitucional Código de Faltas y renuncia del secretario de Gobierno, teniente coronel Montero Méndez, llenaron la plaza San Martín.
La muerte de Jorge es por lo menos la cuarta que se produce en 2013 en celdas cordobesas. En septiembre, un pibe de 17 años fue encontrado en la habitación en la que estaba alojado en el Complejo Esperanza, ahorcado con su propia campera. En octubre, Verónica Castaño apareció colgada de una remera en una celda de aislamiento de la cárcel de mujeres en Bower. Y en mayo, Iván Rivadero, de 23 años, fue encontrado colgado en su celda del Pabellón 12 de la cárcel de barrio San Martín.
El mecanismo, tan utilizado cotidianamente por las fuerzas represivas de detener, torturar, asesinar al detenido y luego encubrirlo como un suicidio es una modalidad represiva que tiene por objetivo disciplinar a los jóvenes y pobres y que se enmarca en una política de estado cuyo fin es sostener los privilegios de una clase minoritaria, rica y poderosa por sobre una clase mayoritaria, la de los trabajadores.
En Córdoba, como en todo el país, esta modalidad represiva se ve facilitada con la vigencia de un Código de Faltas no muy diferente a los del resto del país, incluida la ciudad de Buenos Aires, que otorga poder discrecional a la policía para detener personas por conductas que no son delitos, con el agravante de que, en esta provincia, la primera instancia del juzgamiento queda a cargo de la policía.
Desde CORREPI, acompañamos a los familiares, amigos de Jorgito y el pueblo de Capilla del Monte, porque la única forma que conocemos para enfrentar la represión estatal es la organización y la lucha.

Gatillo fácil, apaleamientos y guardiacárceles represores en todo el país
Bahía Blanca, viernes 16 de agosto de 2013. En la zona del paraje “El Guanaco” de la localidad de Ingeniero White, cerca de Bahía Blanca, Nicolás Alejandro Bazán (14) fue herido con un disparo a la altura del pecho. Le dispararon los policías Raúl Benuzzi y Walter Sabena, de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Coronel Rosales, con asiento en Punta Alta.
En declaraciones a los medios, su abuelo, Juan Carlos Bazán, manifestó: “Salí de la casa de mi hijo y le dije a mi nieto, que venía de entrenar, que me acompañara hasta una quinta. Salimos caminando y, cuando íbamos por la mitad de la calle, se sintieron como cinco o seis tiros que venían del lado de la ruta”. El padre del chico, Alejandro Bazán, aseguro que pidió socorro a los mismos policías que efectuaron los disparos, los cuales se negaron a llevar al pibe al hospital, a punta de escopeta, y siguieron rumbo dentro del vehículo particular en el que se encontraban. Los policías se excusaron diciendo que estaban recibiendo disparos de delincuentes que le habían sustraído dos ruedas de auxilio a la camioneta en la que se transportaban. Por eso, dijeron “respondieron al fuego hacia la zona en la que se encontraba el menor”.
Desde luego que nunca aparecieron los supuestos delincuentes. Nicolás finalmente fue llevado al hospital local, donde evolucionó favorablemente, pese a que no pudieron extraer la bala del pecho.
Hasta el momento, no hay ninguna medida judicial o administrativa que recaiga sobre los efectivos. Clara muestra de la total impunidad con la que se manejan las fuerzas de seguridad, y de cómo todo hecho que los comprometa se pierde en la burocracia que los apaña.
Olavarría, lunes 11 de noviembre de 2013. En la calle 118 y Rivadavia, a la altura del arroyo Tapalqué, un vecino de 33 años, Jorge Javier Ortega, estaba dispuesto a quitarse la vida con una pistola de calibre 22. Su mujer y su padre intentaban disuadirlo. Los vecinos llamaron a la policía.
Según contó después su padre, Ortega estaba sentado frente al arroyo cuando llegaron los sargentos Barbesín y Coria, “expertos” negociadores que neutralizaron la tentativa de suicidio... metiéndole un tiro. Cuando el sargento Coria disparó, la esposa de Ortega, desesperada, prorrumpió en gritos. La detuvieron, la esposaron, la golpearon y la metieron en el patrullero. Ortega, después de ser internado en el hospital, falleció.
El comisario inspector Néstor Ordoqui, jefe de la Distrital, aseguró en privado al padre que se tomarían todas las medidas necesarias para esclarecer el hecho y mandó sus condolencias a la viuda. Esa misma noche, en una entrevista televisiva, el comisario aseguro que la policía hizo lo que debía hacer, que actuaron “razonable y gradualmente” y que “lamentablemente sufrieron (ellos) un accidente de trabajo”.
Con el apoyo de la militancia antirrepresiva de Olavarría integrada al ENA (EncuentroNacional Antirrepresivo), el sábado próximo, a las 19:00, los vecinos se manifestarán en la plaza central, exigiendo justicia por Jorge Ortega, Basta de gatillo fácil y violencia policial.
Corrientes, vieres 8 de Noviembre de 2013. La situación ocurre dentro de la Unidad Penal Nº 6 de San Cayetano, y la conocemos gracias a un video grabado con un teléfono celular.
Las imágenes dejan ver una disputa a golpes de puño entre dos internos dentro de una celda, mientras cuatro efectivos penitenciarios, que observan la pelea a modo de árbitros, que solo interceden cuando uno de los internos se encuentra indefenso en el piso recibiendo el ataque de su oponente.
Por fuera de la celda, se ve a otros tres integrantes de la fuerza en carácter de espectadores, sin mover un mínimo músculo ante la situación, como si fuera un espectáculo de boxeo.

Un hecho espeluznante que afirma el trato inhumano que los internos de las cárceles argentinas
Según las autoridades, las grabaciones se encuentran bajo control del poder judicial para determinar quienes son los implicados en el hecho.
Pilar, 5 de octubre de2013. A las 3:30 am, en el boliche “Sopranos”, Joe, de 18 años, tuvo una discusión con un grupo de adolescentes porque se quisieron propasar con su pareja. El personal de seguridad lo sacó del local, momento en que un policía lo increpó. Como el pibe le respondió, el policía sacó su bastón reglamentario y lo golpeó incluso después que perdió el conocimiento.
La firme intervención de la novia, que se interpuso y evitó que lo llevaran detenido en ese estado, logró que fuera trasladado a un hospital.
Cuando los padres radicaron la denuncia en la fiscalía de Pilar, supieron que el uniformado se encontraba prestando servicio como adicional del Servicio de Apoyo Municipal de Pilar (SAP).
Cuatro hechos diversos con un hilo conductor: la “política de derechos humanos” que padecemos a lo largo y ancho del país.

Grave condena a trabajador de la línea 60
El 12 de noviembre, la jueza Raquel Slotolow, a cargo del Juzgado Correccional nº 2 de Campana, condenó a Marcos Siriscevic, chofer de la línea 60, a siete meses de prisión de efectivo cumplimiento por “violación de domicilio”.
Pero resulta que, en marzo de 2012, la patronal había decidido despedir a Siriscevic por la actividad gremial que venía desarrollando en la empresa, intentado con ello aleccionar al conjunto. El juicio por su reincorporación aún está en trámite. Desde el momento del despido, Siriscevic siguió concurriendo a su lugar de trabajo para reunirse en la sala gremial con sus compañeros, que se encuentra a diez metros de la entrada, lo que era conocido y consentido por la empresa.
Como siempre, hay que separar la realidad de los argumentos seleccionados del gran menú al alcance de los jueces, que, en cumplimiento de su función, buscan dejar en claro quiénes mandan y para qué sirve el aparato judicial. El objetivo del fallo es sentar precedente de que si la empresa te despide, ni te acerques a oler la puerta. Busca dejar en claro que, ante el despido, la empresa pretende la rendición incondicional de los trabajadores. A lo sumo están dispuestos a que vayamos a transitar los pasillos de tribunales a pelear unos pesos de indemnización, que pagarán siempre y cuando sean condenados y no se insolventen.
Cuando la patronal no logra que aceptemos mansamente la indemnización, echa mano a los otros remedios que usa para solucionar sus conflictos con los trabajadores: represión y persecución judicial. Por eso, debemos gritar bien fuerte, ¡ABSOLUCIÓN A MARCOS SIRISCEVIC!

Vigilar, castigar y negociar. Las comisarías y las puebladas del conurbano
"La gorra arregla", grita la pared escrachada de la comisaría de José León Suárez. Cientos de vecinos de villa La Cárcova no aguantaron más y salieron a gritar su bronca por el asesinato de Enzo, un pibe de la esquina, que quedó en el medio de un ajuste de cuentas entre dos bandas de transas.
"Arruina guachos", dice también la pared escrachada de la comisaría 6ª de Villa Recondo, en Celina, partido de La Matanza. José Barrientos, un pibe de 23 años, fue acribillado por una banda que vestía uniforme y gorra institucional y hasta dejó tirado un cargador 9 mm oficial de la Policía federal. Cientos de vecinos indignados fueron reprimidos en las puertas de la comisaría.

La guerra de transas y narcos se ha desatado. El negocio de la policía también
Es imposible hablar de aquella sin vincular a esta última. Es la guerra por la conquista del territorio de los pobres, que de tanto en tanto (y cada vez más corto el entretanto) se come de un balazo a cientos de pibes como Enzo, como José.
Las bandas están en el barrio o entran a él con el expreso aval de la policía. Dirimen sus internas y establecen sus límites ante los ojos de la policía que espera el resultado, para después negociar con el ganador. En el negocio de la inseguridad de los pobres, vale todo, desde las armas y "disfraces" provistos por la institución, hasta la remoción hipócrita de la cúpula de la seccional cuando los vecinos estallan y algún canal de TV "descubre", que la muerte muchas veces desciende de un patrullero.
Es la inseguridad de los pobres: transas, narcos y policías en las calles. Como tal, debe entenderse diferente a la inseguridad que mediáticamente se ha impuesto como preocupación electoral. El mecanismo es perverso, pero efectivo: quieren que los pobres pidan seguridad al estilo de los otros. Y la respuesta no se hará esperar: intervienen la comisaría, cambian sus autoridades o mandan 150 efectivos de gendarmería o prefectura para hacerse cargo del próximo negocio.
Cuando mandan los operativos a los barrios, refuerzan el patrullaje, ingresan a las villas o instalan sus cuchas en los alrededores, lo que en verdad están haciendo es marcar definitivamente el territorio y ocuparlo en términos militares. Será territorio liberado para disfrutar sus rentas cloacales, aunque a veces se arme algún bardito por la muerte de un “negrito de mierda”. Es una muestra del sistema en el que vivimos, el negocio ilegal que espeja al legal, la variable de ajuste en uno y otro serán siempre los pobres.
No se trata, entonces, de pedir que las "fuerzas del orden" cumplan su función, porque la cumplen a la perfección: cuando ellas matan están disciplinando. Cuando negocian, también. Son las fuerzas del orden impuesto, un orden que sólo contempla para los pobres el lugar de la magra sobrevivencia.
El padre de Enzo, en la pueblada en José León Suárez, dijo: "Nos cansamos del miedo, o nos unimos o nos matan a todos". Como las paredes que gritan "autodefensa, organización, confianza únicamente en las propias fuerzas", aunque simplemente se lea "La gorra arregla".

Boudou, la policía federal y la democracia
A principios de noviembre, durante la semana de la policía Federal (sí, la Federal no tiene sólo un día, tiene una semana), el presidente en funciones, Amado Boudou, no ahorró palabras de elogio y de confianza en esa fuerza del aparato represivo estatal.
Entre otras alusiones, dijo que “la policía debe tener un compromiso con el pueblo”.
Si revisamos la historia, no sólo de nuestro país, sino de todo el mundo capitalista, la policía jamás tuvo ese compromiso. Siempre estuvo comprometida con las clases dominantes, nacionales y extranjeras, que oprimen y explotan a sus pueblos. Esto no debe llevarnos al error de pensar que Amado Boudou esté planteando un cambio radical en las fuerzas policiales, de tal manera que, ahora sí, se comprometan con las luchas populares. Muy por el contrario, cuando habla de pueblo, en realidad habla de su clase y de sus intereses.
Lo mismo sucede con el jefe de la policía, el comisario Román Di Santo, quien en el mismo acto llegó a expresar que la policía federal es una “leal custodia de la democracia”. Le faltó agregar, al final de la frase, la palabra “burguesa”.
Así como en la Grecia antigua, la democracia ateniense era la democracia de los esclavistas, y no de los esclavos, que carecían de todo derecho, en el capitalismo la democracia es de los capitalistas. La diferencia es que ya no hay prohibiciones expresas para las clases dominadas, sino que es la misma organización social la que coloca, a las grandes mayorías trabajadoras, en la imposibilidad material de tener derechos.
En realidad, la lealtad es con la burguesía y no con su democracia. En todas las etapas de la historia de nuestro país, cuando los militares vinieron a coartar todas las libertades democrático-burguesas, la policía jamás estuvo del lado de los que lucharon contra los gobiernos cívico-militares. Por el contrario, fueron un fiel apoyo de las dictaduras. Baste recordar que fue la policía federal la que inventó la picana eléctrica, como método de tortura, durante la dictadura de Uriburu, que luego la usaron los militares en los años ’70 y que se sigue usando en democracia.
El discurso de Boudou siguió por los carriles esperados, señaló la “articulación” entre las diferentes fuerzas del aparato represivo, como la policía bonaerense, gendarmería y prefectura, en lo que no es más que un operativo de militarización de los barrios pobres, que ha instalado retenes de vigilancia por toda la zona metropolitana, y que lleva adelante una política de control social que ni Menem logró implementar.
El comisario Di Santo, ante tantas palabras elogiosas, también agradeció la reforma estatutaria que desde 2005 incrementó de 34 mil a 40 mil la cantidad de efectivos, y el incremento de un 90% del plantel docente de la escuela de cadetes. Le faltó agregar que también agradecía “… el vertiginoso aumento del presupuesto para las fuerzas de seguridad, que pasó de 2.960 millones de pesos en 2003 a 25.900 millones de pesos en 2013, es decir, un aumento del 1.096% en 10 años.” (Correpi, Boletín informativo n° 700).
Tampoco agradeció que, en la última ley de presupuesto, se incrementaran las partidas presupuestarias, para esa fuerza, en un 13,4%, ni que, como expresamente blanqueó el proyecto de ley de presupuesto: “… se fortalecerá la formación, capacitación y especialización profesional; se afianzará la articulación de las fuerzas policiales y de seguridad nacionales entre sí, y con las fuerzas policiales de las provincias, se continuará con la adquisición y modernización de equipamiento de seguridad y de comunicaciones; se avanzará en el diseño e implementación de herramientas que faciliten la prevención y la disminución del delito; y se fomentará la participación comunitaria en la política de seguridad, entre otras acciones.”
¡Cómo no van a estar comprometidos con esta democracia!.

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Argentina. Bienes comunes y modelo productivo: El país le entrega el agua en bandeja a las megamineras

DIARIO HOY - ACTA

El Gobierno pretende aprobar un nuevo Código Civil que excluye el artículo 241, que garantizaba el acceso universal al agua potable. Pesan más los negocios con las multinacionales que la vida de la población.

El Gobierno nacional pretende aprobar antes de fin de año la reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial, con un llamativo apuro para evitar que crezca la indignación ante lo que será otro capítulo de la entrega de la soberanía nacional a empresas extranjeras.

En este caso, los negocios del kirchnerismo con las compañías multinacionales dedicadas a la megaminería pudieron más que las garantías constitucionales para preservar la vida de los habitantes de la Nación.

Es que los legisladores oficialistas resolvieron por orden de la presidenta Cristina Fernández quitar la propuesta de inclusión del artículo 241, que reconocía como derecho fundamental el acceso al agua potable y obligaba al Estado a garantizarlo a todos los habitantes. Así figuraba en el anteproyecto, que la propia Casa Rosada le había encargado en 2011 a un grupo de 100 juristas encabezados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

La razón por la que el Gobierno decidió deshacerse de este apartado está íntimamente relacionada con su alianza con multinacionales depredadoras como la Barrick Gold, que le dejan por año una cuantiosa suma de dinero a la caja estatal. Es que este tipo de compañías necesitan para extraer oro de la cordillera nacional –y de otros puntos del país– usar cantidades exorbitantes de agua (ver aparte) con el riesgo latente de además contaminar los ríos.

No está en la agenda oficial

Para la ciudad riojana de Famatina, la preservación y garantía del acceso al agua potable es vital, y por esa razón sus ciudadanos con el apoyo del intendente Ismael Bordagaray lograron torcerle el brazo al Gobierno nacional en tres oportunidades, rechazando tres empresas que quisieron instalarse para extraer minerales mediante la minería a cielo abierto, utilizando tecnología sumamente contaminante.

En diálogo con Hoy, el jefe comunal de Famatina aseguró: “esta es una discusión de soberanía y de la utilización de los recursos no renovables. Nadie del Gobierno quiere hablar de estos temas, nadie quiere hablar de lo que pasa con estos recursos no renovables y del perjuicio que se causa en las comunidades y del poco beneficio que dejan estas empresas”.

“Sobre todo en zonas como las nuestras, en las zonas cordilleranas donde este bien común es tan escaso, se está privilegiando el impulso de la megaminería por sobre la preservación de la vida y del desarrollo de las comunidades”, señaló Bordagaray.

En ese sentido, el intendente explicó: “para nosotros es una discusión que no se dio, inconclusa, que no está dentro de la agenda de la política pública nacional, y que debería estarlo, porque es un elemento de conflicto que surge cada vez con más fuerza en todas las zonas cordilleranas de la República Argentina”.

Cómplices

El intendente de Famatina no dudó en asegurar a nuestro diario que “el Estado debería ser garante de la preservación y el acceso al agua potable tanto como elemento de utilidad pública como para el desarrollo de la comunidad”.

“La única manera de combatir a las megamineras es con organización popular. El sostenimiento de las luchas se da a partir del compromiso de la comunidad y de todos los factores involucrados en ella: la parte religiosa, la sociedad civil, todas. La política también tiene que estar en esta defensa porque si no nos encontramos con situaciones como el caso nuestro, de un Gobierno provincial como el de Beder Herrera que avala las políticas de las megamineras y son cómplices de las políticas entreguistas”, concluyó.

Radiografía de la contaminación del agua

Si bien los métodos de explotación y extracción suelen variar, por lo general las megaminera realizan perforaciones o explosiones que provocan pozos de hasta 2 o 3 Km. de diámetro y alrededor de 600 metros de profundidad. Luego, el mineral triturado es apilado en las plataformas de lixiviación (proceso de extracción sólido-líquido), a través de la utilización de alrededor de 300.000 m3 de agua potable por día, la que es mezclada con aproximadamente 10 toneladas de cianuro de sodio por día, o en otros casos ácido sulfúrico. Y que se rocía y dispersa sobre los minerales por medio de un sistema de regaderas para realizar posteriormente la extracción.

Todo esto significa un drástico desequilibrio en el medio ambiente al variar la composición química de los minerales, dejando a su alrededor kilómetros de roca contaminante; la grave incidencia del drenaje de los contaminantes producto de los procesos químicos que impacta sobre las aguas subterráneas y superficiales culminando en hogares y campos de cultivo, con el consiguiente perjuicio en la salud de la población; y finalmente, el uso indiscriminado de millones de litros de agua potable que resultan indispensables para la vida y la salud de los habitantes, de la población y la de todo el ecosistema.

El pacto espurio

El otro punto llamativo de la situación es que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, no dijo una palabra de la omisión del artículo 241, cuando fue él mismo quien encabezó la redacción del anteproyecto que incluía ese punto.

Se trataría de otro capítulo del cada vez más evidente pacto entre el magistrado y el Gobierno, que hace dos semanas le otorgó al kirchnerismo un fallo favorable sobre la ley de medios y había levantado antes el embargo a la estadounidense Chevrón, dejando vía libre al saqueo de los recursos energéticos nacionales.

Datos del peligro

Para tener dimensión del peligro que corre el agua potable en el país basta ver las cifras de lo que pretende ser el proyecto binacional Pascua-Lama, encarado por la canadiense Barrick Gold, que en este momento está frenado del lado chileno, pero sigue en marcha en San Juan. Esta iniciativa de minería a cielo abierto utilizará 17 camiones con cianuro por mes, 370 litros de agua por segundo –en una zona semidesértica–, 200 camiones de explosivos al mes y detonarán 45.000 toneladas de roca por día. En esta zona, están en riesgo más de 40 glaciares.

Por otro lado, en Argentina los efectos de la megaminería ya están presentes en Catamarca, donde ya está comprobado por el Juzgado Nº2 de Tucumán que el emprendimiento La Alumbrera -de las multinacionales XSTRATA (Suiza), Goldcorp Inc. (Canadá) y Northern Orion Resources Inc. (Canadá)- ya contaminó la cuenca del río Salí-Dulce al detectarse la presencia de cobre en el agua.

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Alerta máxima en la Provincia de Buenos Aires por el fracking

DIARIO HOY - INFOSUR

La entrega de nuestros recursos a las multinacionales a cualquier precio parece no detenerse.

Hace varios meses que el método de fractura hidráulica para la explotación de hidrocarburos, conocida como fracking, despertó el debate de los distintos sectores ambientalistas y sociales de nuestro país, a partir del polémico acuerdo del gobierno nacional con la empresa estadounidense Chevrón para explotar la cuenca de Vaca Muerta en Neuquén.

Ahora un nuevo capítulo se abre con la posibilidad de que esta técnica también sea llevada adelante en la provincia de Buenos Aires. El foco está colocado ahora en el potencial hidrocarburífero de la cuenca de Claromecó, que comprende a varias ciudades del sudeste bonaerense, como Laprida, Sierra de la Ventana y Saavedra. Por tal motivo es que varios concejales, ONG´s y legisladores de la provincia vienen advirtiendo sobre las posibles consecuencias de la técnica.

El gobierno bonaerense ya tiene firmado un convenio con YPF para la exploración de los suelos de la provincia e insisten con avanzar en las legislaciones y trabajos necesarios que permitan explotar los suelos de la cuenca a costa de la contaminación de las aguas y suelos y la entrega de nuestros recursos a las empresas extranjeras. Pero de a poco, diferentes sectores sociales se han encargado de ir dando las discusiones sobre las temibles consecuencias de una técnica que ya fue prohibida en varios países del mundo por los altos niveles de contaminación.

Hace poco más de un mes los municipios que integran la cuenca de Claromecó realizaron una audiencia pública en donde ratificaron su enérgico rechazo a la posibilidad de que se realicen exploraciones de gas y petróleo en la zona, mediante la técnica del fracking. De la audiencia no participaron ni representantes de YPF ni funcionarios provinciales que habían sido invitados para compartir las opiniones y brindar la información sobre el acuerdo, que sigue brillando por su ausencia.

“Se han hecho dos audiencias públicas, en la última de Sierra de la Ventana se sacó una declaración, porque hay una fuerte preocupación por la falta de información de parte de YPF y del gobierno de la provincia que firmaron este acuerdo” contó a diariohoy.net el abogado y economista especializado en energía, Félix Herrero. Por su parte insistió en la necesidad de que se hagan públicos los detalles de las exploraciones y perforaciones que ya se están realizando sobre la cuenca. “Este convenio es tan secreto como el de Chevrón”, manifestó el ex director de Yacyretá.

Los reclamos centrales de todos los distritos que se posicionan en contra del fracking parten de la falta de estudios de impacto ambiental y pruebas que garanticen la ausencia de contaminación de reservas de agua dulce. Esta técnica de fractura hidráulica, por más que la maquillen con discurso progresista, sigue acarreando grandes riesgos como la contaminación de las aguas subterráneas, del aire y de los suelos.

“YPF se supone que ha hecho un pozo, pero no hay ninguna información específica, la gente sabe que es así pero en base a versiones locales, porque ven entrar camiones y equipos, pero no porque haya una información técnica por parte de YPF ni de la provincia”, relató Félix Herrero sobre los pozos que aún mantienen en secreto.

Las consecuencias de la utilización del fracking vienen siendo denunciadas desde distintos espacios políticos y ambientalistas por los negativos alcances sobre la salud de los habitantes y los territorios donde es aplicada. “El fracking necesita de un uso muy grande de agua, que en esta zona es un recurso escaso y muy necesario, porque es una zona de un fuerte desarrollo agrícola ganadero”, explicó Herrero sobre los efectos de la repudiada técnica.

En medio de la fuerte crisis energética, las políticas del gobierno demuestran una clara falta de proyecto estratégico de desarrollo, apuntando sólo a un extractivismo desenfrenado y dependiente de las empresas multinacionales. El panorama en el largo plazo no se presenta muy alentador en este sentido; y ni la salud de la gente, ni el aprovechamiento de nuestros recursos naturales parece estar en la agenda del gobierno kirchnerista.

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Argentina: Sin bases para hablar de recursos en salud pública

Jorge Yabkowski (ACTA)

Los más de 27 mil médicos y trabajadores de la salud de nuestro país enrolados en FESPROSA quedamos estupefactos al leer una novedad del área: “El viceministro de Salud de la Argentina expuso en el Tercer Foro Mundial de Recursos Humanos en Brasil”.

Y agrega: “Gabriel Yedlin disertó en Recife (Brasil) sobre leyes y regulaciones en el campo de la formación de recursos humanos en salud, en el marco del Tercer Foro Mundial sobre Recursos Humanos para la Salud. Yedlin opinó al respecto que ‘la participación de la delegación argentina en este encuentro de trascendencia mundial nos enorgullece porque nuestro país tiene mucho que aportar en cuanto a la discusión sobre la formación de los recursos humanos en salud ’. El encuentro internacional reunió a las máximas autoridades en materia de formación de recursos humanos”.

Yedlin fue sólo la locomotora de este “tren fantasma” que nos representó ante el mundo: La delegación argentina fue completada por los ministros de Salud de Jujuy, Víctor Urbani, de Entre Ríos, Hugo Cettour, y de San Luis, Teresa Nigra.

Víctor Urbani enfrenta un prolongado conflicto con la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy.

En la provincia de Urbani hay denuncias por bajos salarios, precarización laboral, desjeraquización profesional y falta de insumos.

Hugo Cettour vio cerrada la maternidad del Hospital San Roque de Paraná, Entre Ríos, cuando los trabajadores dijeron basta a la precarización laboral y la discrecionalidad.

Esta provincia tiene uno de salarios de ingreso a la carrera más bajo del país.

Y Teresita Nigra, la contadora pública que oficia de ministra de Salud de San Luis, tiene el orgulloso título de ser ministra en la capital nacional de la precarización laboral.

En San Luis, la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud denuncia hace años que la abrumadora mayoría de los profesionales sigue con contratos precarios de trabajo.

Gabriel Yedlin, finalmente, tiene a su cargo el hospital más grande del país, el Posadas. Allí, el 70% de los profesionales trabaja en negro, algunos hace más de veinte años.

Yedlin nunca recibió a los representantes de los trabajadores del Posadas.

Por orden del ministro nacional de Salud Juan Manzur, otro que nunca recibió a los trabajadores de la salud, este tren fantasma representó al país en la conferencia mundial sobre recursos humanos.

Jorge Yabkowski es Secretario de Salud Laboral de la CTA. Presidente de la Federación de Asociaciones Sindicales de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa).

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Incidentes en la Catedral Metropolitana: ¡Alerta!

CONVERGENCIA

Cuando todavía no se acallaron los rechazos y repudios a las declaraciones de Durán Barba, un nuevo acontecimiento vuelve a conmover a toda la ciudadanía democrática. Un grupo de fanáticos fundamentalistas religiosos, que responden a la orden preconciliar lefevrista de la Argentina, intentó interrumpir, rezando a los gritos, la ceremonia ecuménica en la Catedral Metropolitana convocada para conmemorar el 75 aniversario de la Kristallnacht, la Noche de los Cristales Rotos, pogrom ocurrido en la Alemania nazi la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, ante la indiferencia y estímulo de las autoridades germanas, que históricamente “marco un triste paso hacia la tragedia de la Soha” , en palabras recientes del Papa Francisco.

Así como fueron vanos los intentos de explicación del “experto” en marketing electoral que, burlándose de la inteligencia de los argentinos, pretendió hacernos creer que en Ecuador la palabra espectacular, con la que calificó a Hitler, tiene un significado distinto –desmentido por los propios ecuatorianos-, de manera semejante el padre Christian Bouchacourt Superior General del Distrito América del Sur de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X -sucesor del obispo Richard Willamson expulsado en el año 2009 de nuestro país por sus declaraciones antisemitas y negacionistas- intentó justificar el accionar de los ultracatólicos ocultando su carácter antisemita, para lo que se escudó en el rechazo a la nueva liturgia posterior al Concilio Vaticano II, , soslayando que en el llamado a repudiar la conmemoración aparecido en el blog “Página Católica. Archivo sonoro de la buena doctrina” se dice, entre otros conceptos: “Un templo católico no es el lugar indicado para recordar acontecimientos pasados como la Kristallnacht, hecho extraño a nuestra historia y sobre el que se conocen versiones contradictorias”. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Ambos hechos no son aislados, responden a una misma lógica que explica el recrudecimiento de la xenofobia y la discriminación en diversos países, particularmente en la Europa golpeada por la crisis. No debemos permitir que el huevo de la serpiente anide también en nuestro país.

CONVERGENCIA, por un Judaísmo Humanista y Pluralista, repudia enérgicamente los incidentes, llama a toda la sociedad democrática a exteriorizar su rechazo y a las autoridades a aplicar con todo el rigor necesario la Ley Antidiscriminatoria a los responsables.

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013

Dardo Esterovich
Secretario General

Héctor Covos
Presidente

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Argentina: Más del 20% de las familias tiene ingresos menores al salario mínimo

PRIMERA FUENTE

La brecha de ingresos entre el 10% de los hogares más pobres y el decil superior está próxima a 40 veces. Las paritarias acentuaron las diferencias entre los salarios regionales.

Uno de cada cinco hogares del país registró durante el segundo trimestre del año ingresos inferiores al valor del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) vigente durante ese período ($ 2.875), lo que implica que en promedio cada miembro de una familia en esas condiciones debió vivir con menos de $ 29 por día, según estimó un informe privado. Ese escenario es aún más crítico en las provincias del Noreste argentino, donde la proporción de hogares que no logra percibir mensualmente ingresos equivalentes al salario mínimo alcanza a un tercio del total, pese a ser los distritos en los que el Indec relevó las tasas de desocupación más bajas del país.

En el caso de las provincias “ricas” (la Patagonia y la ciudad de Buenos Aires), esa proporción se ubica entre el 10% y el 15% de los hogares, que no logran con sus trabajos y la ayuda de los planes sociales reunir en un mes un ingreso equivalente al de subsistencia.

Los datos surgen de un informe del Instituto de Estudios Laborales y Sociales (Idelas) de la UCES, que analizó centralmente la distribución y los niveles de ingreso durante el trimestre abril-junio y detectó que la brecha promedio entre el 10% de los hogares más pobres y el 10% de los de mayores ingresos está próxima a 40 veces.

El estudio consideró el valor del salario mínimo como umbral para determinar el nivel de indigencia y proyectó el piso de la pobreza en un monto equivalente a dos salarios mínimos ($ 5.750). A partir de ello, estimó que alrededor del 52% de las familias no logró durante el segundo trimestre ingresos similares a esa cifra, por lo que se ubicó por debajo de la línea de pobreza. Esa proporción es por lo menos 13 veces superior a la estimación difundida por el Indec, que al finalizar el primer semestre del año indicó que la pobreza afectaba solo al 4,8% de los hogares.

Nuevamente en las provincias del norte es donde se registra, de acuerdo con el informe, el mayor número de hogares que no logra ingresos mensuales equivalentes a dos salarios mínimo. Los casos más extremos se observaron en Chaco (81,4% de los hogares), Corrientes (70,9%) y Formosa (70,7%), mientras que en un escalón inferior se ubican Misiones (69,3%), Jujuy (66,5%), San Juan (63%), La Rioja (62,5%) y Santiago del Estero (62,3%).

En línea con esos datos, el análisis de los especialistas del Idelas subrayó que pese a ser “un activo relevante” de la última década, la práctica de las paritarias “no se ha constituido en un instrumento para cerrar la brecha de los hogares, no solo en cada distrito, sino más aún en relación al promedio nacional”. El informe destacó al respecto que el aumento de ingresos de los hogares no favoreció a las zonas más atrasadas y que, además, creó un nuevo rezago al potenciar con mayor intensidad la brecha con las denominadas provincias más pobres en recursos naturales explotados, como La Rioja, Formosa, Chaco y Corrientes.

Por otra parte, el relevamiento indicó que la media simple de recursos monetarios que obtuvieron las familias durante el segundo trimestre se ubicó en $ 7.353, con valores extremos en el promedio de los deciles de $ 1.627 para el 10% inferior y de $ 19.248 para el décimo superior. La brecha se amplía si se comparan los valores extremos más bajos y altos del país (Corrientes y Tierra del Fuego) que se ubican en $ 1.034 y $ 38.401 respectivamente.

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Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco, el fracaso de la justicia

LA RETAGUARDIA

La justicia sobreseyó al acusado por los asesinatos de los jóvenes. Lo resolvió el juez Juan Ramón Padilla, luego de tomarle declaración por primera vez a Angélica Urquiza, mamá de Kiki, y al cabo Daniel Santiago Veyga, señalado como el autor de los disparos que acabaron con la vida de los adolescentes en julio de 2009. En su sentencia, el magistrado enumeró las irregularidades cometidas durante el inicio de la investigación que le impidieron contar con los elementos necesarios para imputar al efectivo y habla del "fracaso de la justicia". De todos modos, deja abierta la posibilidad a las querellas de presentar una apelación, medida que ya fue efectuada. Además, van a efectuar un reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Estoy cansada con esto de la justicia, que a nadie le importe que te mataron a un hijo, que te condenaron a cadena perpetua, quizás todos se olviden pero yo no me voy a olvidar jamás que me falta mi hijo. Estoy medio cansada de que puedan creerle solamente a ellos. ¿Por qué? ¿Porque soy de Villa 20? ¿Porque mi hijo tuvo problemas con el paco? Quisiera salir, gritar que me mataron un hijo, que me duelen las entrañas, que me duele el alma cada día que me levanto, que le pongo fuerza, me paro y digo que tengo que salir porque tengo nietos, hijos, pero por dentro mío muero cada instante porque no me lo mataron ayer, es como si me lo hubieran matado cada día que no te atienden…”.

Estas palabras de Angélica Urquiza, mamá de Kiki Lezcano, dichas en la mesa de debate “Los medios de comunicación y los derechos humanos de ayer y hoy”, realizada durante el 10ª Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular, que organizó la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) en octubre de este año, volvieron a tomar fuerza semanas después, luego de que el juez de la causa, Juan Ramón Padilla, resolviera dictar el sobreseimiento del efectivo Daniel Santiago Veyga, en el marco de lo que calificó el “fracaso de la justicia”: “una vez radicado el sumario ante este Tribunal se intentó reconstruir la pesquisa a efectos de poder determinar lo realmente ocurrido o la verdad real, no siendo ello posible (…). Conspiraron en tal sentido una primera investigación que se cerró en forma prematura y cuando el sumario recayó en esta sede las armas por su estado ya no servían para sus fines periciales y ni siquiera la ropa que vestían los damnificados se pudo contar para practicar las pericias del caso. (…) no encuentro forma de vincular los desaciertos cometidos con alguna clase de encubrimiento malicioso, corresponde que me atenga a los hechos en la forma en que se presentan y en estas condiciones, y frente al fracaso de la investigación no me queda otra alternativa”.
Jonathan Kiki Lezcano de 17 años salió de su casa en Villa 20 del barrio de Lugano junto a su amigo Ezequiel Blanco de 25, el 8 de julio de 2009. Fue la última vez que se los vio. Durante más de dos meses sus familias y amigos los buscaron por todas partes, hasta que el 14 de septiembre recibieron un llamado del Juzgado 49, a cargo del juez Facundo Cubas. Debían acercarse a reconocer los cuerpos de los dos jóvenes, pero el magistrado que los había convocado era el mismo que semanas antes había autorizado el entierro de Kiki como NN en el Cementerio de la Chacarita. En tanto, la familia de Ezequiel Blanco encontró su cuerpo en la morgue antes de que siguiera el mismo destino que Lezcano.

“Él (Cubas) hizo lo que a él le pareció, pero a nosotros nos pareció otra cosa. Kiki era un pibe de Villa 20, a nadie le importa, quizás vos, cualquiera que está escuchando se va a la casa y mañana se olvida, pero mamá, María Angélica Urquiza, se acuerda cada segundo lo que me hicieron, porque a mí tan solo no me sacaron algo que yo tuve en el vientre nueve meses, sino que me sacaron el derecho a decir que quiero que se sepa la verdad, el derecho de verlo por última vez aunque sea muy doloroso en un cajón, porque ellos dos semanas antes lo habían enterrado. El cuerpo de Kiki no estaba como para periciarlo, ni para ver el cajón abierto”, dijo Urquiza durante el 10º Encuentro de la RNMA.

El efectivo de la División Conductas Delictivas en Espectáculos Deportivos de la Policía Federal de la Comisaría 12, Daniel Santiago Veyga, fue señalado como autor de los disparos. Como es habitual, el cabo se defendió argumentando que disparó a los jóvenes en defensa propia porque habían querido asaltarlo. El juez Cubas decidió obviar las pruebas que daban cuenta del fusilamiento de Ezequiel y Kiki y aceptó la versión policial, sobreseyó al imputado y cerró la causa. Pero poco después apareció un video filmado con un celular en el que se veía a Kiki Lezcano agonizando dentro de un auto mientras un grupo de policías se burlaban de él. “Por qué no te hacés el macho ahora, putito’ le decían, entre risas, los efectivos dejándolo morir en lugar de auxiliarlo. Además, en esos primeros meses se perdieron pruebas valiosas. En su reciente sentencia, Padilla afirmó que está acreditado en la causa que personal de otras dependencias de la Policía Federal se acercaron inmediatamente al lugar del hecho para recolectar las
pruebas: “cuestiones de prudencia y sentido común ameritaban la rápida convocatoria de una fuerza de seguridad distinta, como bien podría haber sido la Gendarmería Nacional o la Prefectura Naval Argentina; pero nada de eso se hizo”, manifestó el magistrado. Además, criticó que dadas las circunstancias en que sucedieron los hechos, Veyga tendría que haber sido examinado en forma urgente para conocer su salud física y también mental. A su vez, remarcó la llamativa rapidez con la que se optó por “una solución liberatoria de carácter definitivo (auto de sobreseimiento), pese a la escasez de las diligencias probatorias practicadas”, del acusado.

“No me gusta llorar tanto porque quiero explicar bien la situación, pero hoy estoy hablando a corazón abierto, que no voy a parar hasta que por lo menos Veyga vaya a juicio, y que este juez nuevo que tenemos hoy pueda hacer justicia. Me tengo que conformar en decir que por lo menos vaya a juicio, no que pague por la muerte de Ezequiel y de mi hijo, que por lo menos vaya, y también quiero poder conocer las caras de Veyga, el juez Cubas y los fiscales que intervinieron porque ni siquiera me los crucé”, afirmó entre lágrimas Angélica Urquiza durante su intervención en la mesa debate sobre Derechos Humanos del encuentro organizado por la RNMA.

Efectivamente, el juez Facundo Cubas nunca recibió a las familias de Lezcano y Blanco. Gracias a la lucha y reclamo de los familiares y amigos de los jóvenes la causa fue reabierta en 2011. La Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el sobreseimiento del imputado y apartó de la causa a Cubas y a los camaristas de la Sala VII de la Cámara Nacional Criminal y Correccional, que habían confirmado el fallo. El caso pasó entonces al magistrado Juan Ramón Padilla: “un juez muy parcial, que te escucha, que le da lugar a todo lo que presentas, y que por primera vez me va a tomar declaración, porque es muy importante para mí poder hablar con él y decirle todo esto”, dijo Urquiza sobre Padilla, quien le tomó declaración por primera vez el 15 de octubre pasado.

Padilla también escuchó a Veyga, que recién fue pasado a disponibilidad hace poco tiempo por el Ministerio de Seguridad. Tras los asesinatos de Blanco y Lezcano, el policía había sido premiado y ascendido. Durante la indagatoria, Veyga volvió a declarar que actuó en defensa propia, y además se deslindó de lo sucedido luego con los cuerpos de los jóvenes.

“En la declaración de él (Veyga) más de diez veces dice ‘yo tenía miedo que me maten’, y a mí me gustaría preguntarle ‘si vos tenías tanto miedo que te maten, por qué mataste, por qué si vos tenías que cumplir supuestamente con tu deber por qué no te lo llevaste detenido, por qué me dejaste con este dolor que es tan grande, lo único que me quedó es la foto de Kiki cuando tenía 17 años que se sacó una semana antes, y un cajón cerrado’”, había afirmado Urquiza.

“Como juez no he podido dar respuesta a la madre de esta víctima sobre los motivos por los cuales no se hizo una correcta y oportuna identificación de las víctimas, sobre todo cuando existían dos causas paralelas y un Juez investigando por un lado y un Fiscal investigando por el otro, pero sin saber cada uno de ellos que es lo que hacía el colega”, afirmó el juez Padilla en su sentencia.

Específicamente sobre este segundo sobreseimiento de Vieyga, el magistrado explicó: “salvo la superioridad numérica y el posicionamiento (de las armas) al que hice referencia, no tengo otros elementos de prueba para saber si existió un doble homicidio calificado, una legítima defensa, un exceso en la legítima defensa o si el imputado actuó correctamente en el cumplimiento de su deber y frente a la eventualidad de estar siendo agredido por dos personas armadas”.

Sin embargo, en su escrito Padilla deja abierta la posibilidad de presentar una apelación a su resolución, una medida que las querellas ya llevaron adelante.

“Todo se sostiene por una red infalible. Los tranzas lanzan el mortífero paco, protegidos por la policía, que se vale de la adicción de los y las jóvenes pobres en función de obligarlos a delinquir para su propio beneficio. Les dan armas y les aseguran la salida rápida de la comisaría. Si se niegan, si hacen las cosas mal, si buscan recuperarse de su adicción (como hizo Kiki), estos pibes se convierten en víctimas”, decían desde la Agrupación Kiki Lezcano en un comunicado difundido el julio pasado al cumplirse cuatro años de los asesinatos de Kiki y Ezequiel.

En el mismo sentido, Angélica Urquiza afirmó durante el Décimo Encuentro de la RNMA: “sabés quién tiene custodia en Villa 20 y a quién lo vigilan cuando van a la mañana a hacer sus negocios, porque no va a laburar como yo, vos, a las cuatro de la mañana: la Gendarmería. ¿Quién le dice a los pibes ‘che, traeme una bolsita, sino te cago a palos’?: la Gendarmería. Todo eso están haciendo con los chicos en mi barrio, y cómo hacemos, si llamamos a los medios para que vengan pero no vienen, cuando decís que haces un corte porque mataron a un chico del barrio no aparece ni uno”.

En las conclusiones finales de su sentencia, el juez Juan Ramón Padilla hace un señalamiento similar al de Angélica Urquiza y la Agrupación Kiki Lezcano: “no rige lamentablemente, lo vemos a diario, la garantía de la igualdad ante la justicia, por cierto si Lezcano y Blanco hubieran pertenecido a un sector social con mayores recursos, todas estas situaciones, apuros por un lado, demoras, olvidos, contradicciones, por otro, no hubieran ocurrido, y tal vez, nos hubiéramos podido aproximar a alguna clase de verdad que permitiera que quienes intervenimos en esta causa dar alguna suerte de explicación frente al cúmulo de desaciertos de todo el sistema”.

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Argentina, Salta: Una provincia gobernada como un feudo

Marco Díaz Muñoz (1)(COPENOA)

David Torres, Dirigente del Pueblo Lule de Finca Las Costas se refirió en una entrevista realizada por el periodista Marco Díaz Muñoz, sobre la decisión de la Asamblea de los lules realizada en Potrero Grande, que determinó las acciones que estos realizarán ante el desvió de agua utilizada ancestralmente por esta comunidad originaria del arroyo para abastecer las piletas de un emprendimiento privado que fuera aprobado por el gobierno de la provincia de Salta, afectando a más de 200 familias que se quedaron sin agua.

La empresa La Ciénaga SRL, fue la beneficiada sin consulta previa a las comunidades originarias como establece las normas vigentes a realizar el desvió de un arroyo que desde hace 150 años pasa por el territorio en que se asienta la comunidad originaria Pueblo Lule, ubicada en Finca de las Costas, en el municipio de San Lorenzo, a 25 kilómetros de la capital provincial. El trabajo no está planificado con la idea mejorar las redes de agua potable ni nada por el estilo: la intención es abastecer las piletas de tres countries que se están construyendo en la zona.

Una provincia gobernada como un feudo

El Gobernador Juan Manuel Urtubey maneja la provincia como a un feudo, teniendo bajo su control el Poder Judicial, razón por la cual los pueblos originarios se sienten desprotegidos.

“Ninguna respuesta de la Provincia recibimos del Gobierno”, ellos se escudan en que “un fiscal auxiliar intervino y consiguió que le dicten a la empresa una medida para que puedan seguir trabajando, porque agarraron en forma singular y unitaria una denuncia de un hermano, en vez de tomar la denuncia que hicimos nosotros de forma colectiva , como sujeto de derecho que somos, y obviando 110 firmas de nuestros hermanos que no quieren que saquen el agua y que piden que esta empresa se vaya” aseguró Mario Tolaba, presidente del Pueblo Lule. “El problema es que esto está en manos del poder judicial, y ahí intervienen funcionarios del mismo Estado provincial que son terratenientes, contadores, abogados. Ellos tienen el poder y cuesta mucho a los pueblos originarios enfrentarse con el poder y que los jueces bajen la mano a favor de nosotros, de los pobres”, destacó el referente originario. Había afirmado Mario Fermín Tolaba, Presidente de la Comunidad Lule al Diario Hoy de La Plata.



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Las Leyes que protegen a los Pueblos Originarios no se hacen efectivas en Salta y en otras provincias

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

David Pastrana es Delegado de La Unión de Pueblos Diaguitas que viven antes de la conformación del Estado nacional y de lo que hoy es el Estado de la Provincia de Salta, en los Valles Calchaquíes. Pastrana, analizó la situación que viven los Pueblos Originarios en Salta, en especial ante la falta de cumplimiento efectivo por parte del Poder Judicial en la aplicación de las leyes que protegen y resguardan a los Pueblos y Naciones Originarias.

Pastrana representa a La Unión de Pueblos Diaguitas que es parte del Encuentro Nacional de organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO).

David Pastrana fue entrevistado por el periodista Marco Díaz Muñoz, Director de La Agencia de Noticias COPENOA.



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Militancia y Movimiento

Juan Carlos Giuliani (ACTA)

La calle fue la base del poder de la CTA y lo continuará siendo. Para la Central, y así lo aprobó en dos congresos nacionales de delegados, se requiere de un nuevo Movimiento Político, Social y Cultural de Liberación para reparar la crisis de representatividad política, social, sindical, empresarial y cultural que agobia al sistema.

Para terminar con los vergonzantes estándares de desigualdad en la población, es fundamental la construcción de la fuerza organizada de los trabajadores. Y ello no se consigue sin militancia convencida de que se puede dar vuelta la taba. Militancia: compromiso de vida con un proyecto colectivo.

El 17 de noviembre de 1972 se produjo uno de los hechos más trascendentes en la historia argentina del Siglo XX: El regreso de Juan Domingo Perón tras 17 años de exilio y proscripción. El acontecimiento, que se caracterizó por una masiva participación de la juventud, es recordado como el "Día del Militante". Esa juventud protagonizó la campaña del "Luche y Vuelve" que será decisiva para concretar el regreso de Perón. Esa generación de militantes, que se convertiría en el blanco preferido del terrorismo de Estado, había participado en el “Cordobazo” y otras puebladas que incendiaron la Patria.

Después vino la noche, la represión y la muerte. La lucha por sobrevivir al horror. La militancia popular -sus mejores cuadros- fue diezmada por la tiranía oligárquico-militar. Requisito indispensable para aniquilar la justicia social e imponer el neoliberalismo en la Argentina.

El retorno del sistema institucional enhebró una cadena de frustraciones que tornaron en ilusoria la vigencia de una democracia social y participativa si no se modifica de raíz la injusta matriz productiva y distributiva en la Argentina.

La militancia de la tiza y el carbón, abnegada, capaz de dar la vida por una causa justa, fue reemplazada por los manipuladores de encuestas, los asesores de imagen y los operadores políticos, gerentes inescrupulosos dispuestos a realizar la tarea que sea menester para seguir trepando en la escalera de la fama. El puntero y su inmensa red de clientelismo político suplantó la pasión de militar por un proyecto nuevo de sociedad. La degradación del sistema aún perdura. La impúdica capacidad de la mayoría de la dirigencia política y social para reciclarse detrás del poder de turno resulta altamente demostrativa de que el perro sigue siendo el mismo. Sólo ha cambiado de collar.

Ya se sabe, no hay proyecto de transformación social sin la clase trabajadora organizada y sin el concurso de los otros sectores que abonan el campo popular. Hemos aprendido lo suficiente como para tener claro que ningún cambio profundo puede encararse sin esa poderosa herramienta que se llama organización. Es necesario cerrar el capítulo en el que cada uno tira para su lado y apostar a la construcción colectiva.

En el terreno político electoral no vamos a delegar más y hemos alumbrado nuestros propios instrumentos. El recurso es absolutamente válido si tributa a una estrategia integral de poder popular y se retroalimenta -dialécticamente- con el conflicto social, el movimiento de masas, la lucha de clases. No alcanza con que cada uno busque “un lugar bajo el sol”. No alcanza si los esfuerzos de los militantes se agotan en conseguir una banca más en el Congreso. Los cargos, concebidos como espacios de poder institucional, sólo servirán si logramos que respondan a una política, a un proyecto. Los triunfos aislados y los logros individuales sirven de poco.

La cuestión se presenta al revés: Si nos esforzamos por unirnos y organizarnos en torno a un proyecto común, no sólo obtendremos espacios de poder institucional en un futuro, sino que estaremos en condiciones de utilizarlos para empujar la transformación revolucionaria con la que siempre estuvo comprometida la clase trabajadora.

Una construcción amplia, militante y protagónica será también imprescindible para encauzar la acción política de muchos jóvenes, hijos de la experiencia de 2001, que buscan el camino para ser libres. En ese sentido existe una realidad inconstratable: La CTA sigue siendo la mayor organización popular fundada en las últimas dos décadas en la Argentina y la que mayor proyección tiene en el porvenir para crecer como una central de masas de la clase trabajadora.

Hoy, más que siempre, resulta imperioso volver a cumplir un papel transformador. Porque otro no nos interesa y dejaríamos de ser lo que somos. Sabemos que no es una sola cuestión la que debemos revisar, debatir, repensar. Pero tenemos que señalar una en especial: La impostergable necesidad de la formación de cuadros, activistas y dirigentes. En otras palabras: La construcción de una militancia organizada. A ello, hay que sumar la articulación de todas las experiencias actualmente en marcha que nos permitan fortalecer una amplia red con nuestros propios medios de comunicación.

La disputa cuerpo a cuerpo con la ideología dominante se da en el territorio. De allí la importancia de robustecer la presencia de las organizaciones territoriales y los movimientos sociales en el seno de la CTA, para compartir con las organizaciones sindicales, de jubilados, medioambientales, pueblos originarios, derechos humanos, culturales, juveniles, etcétera, el desafío de sostener una alternativa de poder real y viable a los grupos hegemónicos.

El saqueo y la depredación de que fueran víctimas la Nación y el pueblo argentinos ha generado un sistema de privilegios para el bloque de poder vergonzante, que constituye un auténtico cáncer para nuestra Patria y para el conjunto de la sociedad. Esta estructura de prebendas ha devenido en un capitalismo depredador, cuyo protagonista central es una elite oligárquica configurada en un complejo entramado de intereses económicos nacionales y extranjeros. Todo proyecto que se precie de responder a los intereses nacionales y populares debe dar cuenta de esta realidad incuestionable y señalar a esta elite como el enemigo principal de la clase trabajadora, el pueblo y la Nación.

El nuevo Movimiento Político, Social y Cultural de Liberación, encarnado en el proceso de la Constituyente Social -seguramente la iniciativa política más alta de la CTA en esta etapa de avance popular-, debe recuperar la savia de la militancia, la mística de ser parte de un proyecto colectivo, la cultura de la solidaridad y la identidad histórica que nos emparenta con las mejores tradiciones de lucha de nuestro pueblo.

Juan Carlos Giuliani es Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA.

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Argentina. Identidad y Dictadura: Carmela, la gallega que le puso el pecho a la vida

Katy García (PRENSA RED)

Carmen Cornes, Carmela o simplemente “la Gallega” bajó de los barcos, se afincó en este país, hizo su vida, y fue Madre y Abuela de muchas plazas, hasta su muerte. Su hijo Miguel Ángel, militante del PRT-ERP, está desaparecido. Nicolás Castiglioni, el nieto que recuperó su identidad, cofundador de HIJOS y militante de Abuelas, cuenta su historia familiar cuya trama atravesada por el terrorismo de Estado, es una y a la vez miles.



Sólo la esperanza tiene las rodillas nítidas. Sangran. Juan Gelman, Límites

Carmen Cornes, tenía 15 años cuando la pobreza extrema la arrojó a esta tierra de promisión en busca de trabajo para ayudar a su familia, campesina y analfabeta, habitante de Sisan, Galicia, España. Criada con “sopa de verduras espesa, pescado y vino tinto”, como única comida diaria, la niña tuvo que salir a trabajar la tierra, desde los siete años y al alba, en un campo arrendado por sus padres. La temprana muerte de su padre y la herencia de una hipoteca la obligaron a tomar una decisión: “Te vas vos o me voy yo”, le había dicho su madre. (1)

En Buenos Aires, “la Gallega” trabajó duro en una fundición y en casas de familia cuando las señoras llamaban “sirvientas” a las empleadas domésticas y solo disponía de un franco, de media tarde, los domingos. La idea era pagar la deuda y regresar. Extrañaba la alegría, la compañía de amigos y especialmente a su madre. Envió remesas y regalos durante años, pero prefirió quedarse porque allá las cosas seguían igual. Se casó con Jorge Castiglioni y en 1949 nació su único hijo: Miguel Ángel. “Mi hijo me hizo crecer”, supo decir esta mujer que formó parte de Familiares de detenidos por razones políticas en los setenta cuando su hijo cayó preso por primera vez. Durante la segunda, el joven toma la opción de salir del país y parte a Perú. En enero del 75, fue detenida junto a la nuera, a su nieto Nicolás y a otras personas.

De lavar, planchar y cocinar pasó a ser una militante. Durante el encierro y cuando cumplía 66 años se enteró que su hijo había desaparecido. “Fue muy duro, pero tenía que ser fuerte”, diría años después. Cuando la dejaron en libertad le dijeron “no tenemos nada contra usted, pero en su casa estaba la madre de una guerrillera, y su hijo es guerrillero”.

Las chicas –compañeras de prisión- la despidieron cantando “hasta la victoria siempre”. A la intemperie, sin bienes y perseguida se refugió en el consulado y regresó asilada a su país. No fue fácil la convivencia con el hermano al que había dejado a los nueve años. Tuvo que trabajar en su campo y ganarse la comida. A los dos años se va y continúa con otros exiliados la lucha por su hijo y por los 30 mil. Pudo regresar a la Argentina gracias a la solidaridad de esos compañeros cuando habían pasado siete años y había asumido Raúl Alfonsín. “Están todos muertos”, les dijo el presidente, cuando una comisión de la que formaba parte lo visitó.

Pechar el carro

“Todos los jueves iba a la plaza, estuviera en Madrid, Barcelona, en Córdoba o en Buenos Aires. Era una militante, no le gustaba ser dirigente y se posicionaba en el lugar del hacer. Le encantaba llevar las pancartas, pechar el carro, y demostrar su fuerza física. Cuando viajaban a Ledesma, cocinaba para todos. Era una de sus pasiones y una forma de demostrar cariño. Medida con el dinero, porque siempre tuvo poco. Y aunque era muy habladora, no le gustaba dar discursos”, retrata su nieto, Nicolás Castiglioni (39), psicólogo y fotógrafo, en los alrededores de Tribunales Federales, una mañana ventosa de octubre.

Y agrega: “Mi abuela fue muy importante a la hora de decidir que quería tener mi apellido. Me hablaba de mi padre, me enviaba postales y obsequios desde España”, afirma. La veía como una mujer mayor, dura, por todo lo que le pasó. “Teníamos unas discusiones terribles. A los demás los halagaba y a mí nunca, para que no me retrase, decía”, rememora.

Mientras afloran esos recuerdos, distendido, sonríe y expresa “era amante de la música, la danza, el vino tinto y los amigos. Desde chico me enseñó a disfrutar de la vida y a diferenciar entre conocidos y amigos. Le gustaba decir que se había formado en la universidad de la vida. Para mí, tenía unas convicciones de izquierda fortísimas”, amplía.

María Teresa Sánchez, dice que “La Gallega fue una de las principales manifestantes por los derechos humanos. Su muerte se produjo cuando la atropella una motocicleta, mientras volvía con una bandera, de una manifestación”, evoca, la abogada del equipo de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba.

Militancia y amor

“Me fui de mi casa a los 15 años, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Mi familia supo dónde estaba, recién al año”, cuenta, Susana Gómez, quien partió a Buenos Aires, en 1972. Gobernaba el dictador Alejandro Agustín Lanusse, el último de los comandantes de la autoproclamada Revolución Argentina que derrocó al presidente Arturo Illia, en 1966. El mismo que acosado por la movilización popular llamó a elecciones y proscribió a Perón.

La joven se incorpora al Frente de Solidaridad con los presos políticos que funcionaba clandestinamente. Cuando asume Héctor Campara y se produce la liberación de los presos políticos, el 25 de mayo de 1973, “entre miles, él me llamó la atención”, confiesa. Era Miguel Ángel Castiglioni, que tras un corto paso por el trotskismo abrazó las banderas del PRT-ERP y había salido en libertad, tras dos años en Devoto.

Una vez que se reestructura el partido, los militantes retoman las actividades. Sus destinos se unen cuando en una cita, les comunican que serán parte del Frente de propaganda y distribución de las revistas La estrella Roja (del Ejército) y El Combatiente (órgano del partido). Ella no tenía un lugar fijo donde vivir. “Te voy a llevar a la casa de mi vieja”, le dijo. Y así fue. Carmen la recibe y acepta de inmediato. Años después dirá que se vio a si misma cuando llegó, a un país desconocido, sola, desde el otro lado del océano.

Se enamoraron y fueron a vivir a un barrio obrero. “La vida era difícil. Estábamos tratando de proletarizarnos y desde ahí bajar la línea política”, explica. Trabajó como aparadora en una fábrica de calzado y Miguel ingresó a un complejo textil grande donde hacía tareas de mantenimiento y limpieza. Le costó quedar embarazada. Y cuando sucedió, estuvieron felices.

Caída, nacimiento y cárcel

El 19 de agosto de 1974, la pareja se encontró en un bar con la promesa de verse a la noche y partir a La Plata con una carga de materiales relacionados con el segundo aniversario de la masacre de Trelew. Pero en Morón lo detienen y trasladan a Devoto. “El camión estaba lleno de volantes. En capital, un policía los vio entregando paquetes y les tomó la patente”, prosigue. El 5 de septiembre nació Nicolás, nombre sugerido por un obrero metalúrgico, en homenaje a Lenín. Al año siguiente -octubre de 1975-, Miguel toma la opción de salir del país y viaja a Perú donde vivía el suegro. En ese ínterin Carmen le llevaba al niño cada 15 días.

Tres meses después, allanaron la casa de Carmen y la detuvieron junto a la madre de Silvia Inés Urdapalleta (desaparecida), a dos jóvenes que habían vuelto al país, a Susana y al bebé. Los presos políticos aún gozaban de derechos pero “me pareció cruel tener a Nico ahí, sabía que me iban a presionar”, afirma su madre. Durante el cautiverio pudo verlo apenas cuatro veces y se enteró que el padre lo había visitado en Cordoba cuando decidió volver. “Le regaló un trajecito y estuvo todo el día con ellos. Quedó en volver al otro día, pero no lo hizo”. A través de los caramelitos recibió la noticia de que había sido capturado y se lo dijo a Carmen. Lacónica dijo ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! “ Ella no tenía esperanzas de que estuviera vivo. Por muchísimos años seguí buscando”, rememora. Pero la búsqueda no cesa. Como ahora que encontró una persona que podría ser el inicio de alguna pista.

Permaneció detenida a disposición del PEN hasta 1978 y salió con libertad vigilada. Una compañera la llevó a su casa en plena dictadura hasta que pudo regresar a Córdoba. Un año antes, había salido Carmen y empezó la búsqueda.

Cambios drásticos

Nicolás vivía con su abuela materna Lala, con su bis abuela Roberta, y las tías Yolanda Argentina, Raquel, y Josefina. No tenía muchos amigos, estaba con primos y familiares. “Era el niño de la casa”, sintetiza. Cuando Susana regresa no la reconoce. “No sos mi mamá. Yo tengo una mamá que está en la tele”, le había dicho. Respuesta que –interpreta, la madre- se relaciona con la experiencia vivida en la cárcel cuando presos y visitas se comunicaban, vidrio de por medio, por un teléfono.

Al tiempo, Susana formó pareja con Miguel Ángel Sosa –también militante y ex preso político-, y se fueron a vivir a La Calera. “Las cosas cambiaron bastante, mi mamá toma la decisión de cambiarme la identidad. Comencé a llamarme Nicolás Sosa, reconocido como hijo de su pareja y en este cambio pierdo mi apellido materno: Gómez”, señala.

“La relación fue pésima. Empecé a vivir una situación compleja porque no solo era hijo de un desaparecido sino que me llamaba Sosa”, explica. Al poco tiempo, un tío político, le regaló una casa en barrio Don Bosco, en cercanías al Tercer Cuerpo de Ejército. Para el niño “era un lugar de aventura, muy verde, tenía un grupo de amigos y juntaba balas”. De grande, se dio cuenta lo difícil que habrá sido para la mamá tener que vivir ahí. Y supo que su tío predilecto había intentado adoptarlo. “Era abogado, había hecho muy buenos negocios durante la dictadura, incluida la casa. No entendía porque mi mamá no lo quería; Estábamos bastante cerca del terror, por así decirlo”, valora.

El vínculo con el padrastro empeoraba. Era alcohólico, entró en depresión y la convivencia se volvió un infierno. La madre decidió que debían irse. “En un determinado momento volví a buscar la gata blanca y lo encontré muy deteriorado. Vivía sin luz, con todas las ventanas tapadas con colchas. Me dijo que había querido ser un padre para mí y que yo no lo entendí. No le pude contestar nada. Tenía 12 años. Al otro día, se suicidó”, recordó. Frontal, revela que la tragedia le produjo rabia porque “No le había dicho todas las cosas que sentía y me había quedado con eso guardado. A partir de ahí, me pareció que lo correcto era tener el apellido de mi padre y se lo dije a mi madre”, cuenta, con firmeza y tranquilidad. Y añade: “la muerte de Sosa me ató a un montón de bronca y odio que me llevó décadas de terapia superar”.

Una adolescencia difícil

“En la adolescencia, me llevaba mal con mi mamá. Le reclamaba por qué había cambiado mi apellido. No podía ni quería entenderlo, me parecía algo ilógico. Estuvimos muy enfrentados y me refugié en la casa de mi abuela Carmela. Además, a partir del suicidio de Sosa me quedé con mucha bronca con mi papá; entendía que su vuelta del exilio había sido un intento de suicidio. Lo tenía muy internalizado, un padre que intenta hacerlo y después un padrastro que lo hace. El suicidio me acompañó durante la secundaria. Tenía pensamientos trágicos y a la vez veía a mi padre haciendo una revolución cual Che Guevara. Era una estatua de bronce. Pero también pensaba: nunca falló, pero bien que se mató”, describe así, aquél periodo inestable y doloroso de su vida.

Buscó personas que le contaran sobre él para humanizarlo y bajarlo del pedestal. “Ahí empiezo a ver que la relación con su madre y con mi vieja era tan fuerte que no podía quedarse en Perú; y también entiendo a mi mamá que siendo tan chica, fue madre soltera, estuvo presa, y encima tuvo que vivir en la zona del Tercer Cuerpo. Ahí, tengo un doble encuentro, cerca de los treinta años y lo siento como una liberación”, reflexiona.

Viajó por Latinoamérica y se acercó al arte y la fotografía. Retrató fiestas populares y movilizaciones que expuso en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UBA donde estudió su padre. Como muchos niños cordobeses, hijos de desaparecidos y expresos políticos, pasó por el Taller “Julio Cortázar”, un espacio de contención para los niños. “Fue un lugar donde Roger Becerra, Cecilia Plaza y Toto López, nos ayudaron mucho. Cuando me hice más grande, había en mí una necesidad de no ser hijo de desaparecido de querer ser “normal”. Y dejé de ir. Tenía el apellido Sosa”, recuerda.

El paso legal: La filiación

A los 16 años, acompañado por Carmela tomó contacto con los abogados de Abuelas y se iniciaron los trámites de filiación ante un juzgado de familia. “Son causas íntimamente relacionadas con el terrorismo de estado, porque se trata de personas perseguidas, que tuvieron obstáculos para inscribir a sus hijos; porque los padres estaban desaparecidos, fueron criados por una abuela y a veces anotados a nombre de una tía o pariente, para protegerlos”, cuenta María teresa Sánchez, que llevó adelante el juicio junto a Eugenio Zanotti. (2)

En este caso “había que anular la identidad paterna porque no era la biológica y pedir la filiación en un solo acto”, afirma la abogada. Tras el cumplimiento de las tres etapas ante la asesoría, el juzgado y la Cámara se obtuvo la sentencia que indicaba que la identidad biológica de Nicolás era Castiglioni. “Esto lo ayudó a resolver problemas de personalidad cuestión que hemos podido comprobar en todos los casos aún en los que no tienen que ver con desaparecidos”, destaca la especialista.

Y enfatiza que la demanda internacional lanzada por las Abuelas para avanzar en la búsqueda de los nietos apropiados logró aportes trascendentales desde otras disciplinas como la genética y la antropología forense. En esta oportunidad donde el padre está desaparecido “hubo que reconstruir esa historia genética” que se hizo con la sangre de los abuelos y de su madre. Llevar adelante un juicio de este tipo además del cumplimiento de requisitos formales y específicos, requiere un plus de paciencia”, refiere, aludiendo a la burocracia.

Nico1A los 18 años, Nicolás recupera los apellidos del padre y de la madre y ahí mismo Carmela le dijo: “tenés que conocer tus orígenes” y lo llevó a su pueblo natal, y también a Madrid. “Una gran ciudad donde todo era tirar y comprar, algo que para un pibe de barrio que sufría necesidades resultaba chocante”, señala. Fue ahí que fortalece la decisión de estudiar una carrera.

El Abuelo

“Lo vi cuando dio sangre, y unas tres veces más y lo hablé por teléfono en otras ocasiones. Un día me levanté con la idea de que se podría haber muerto. La llamé a mi mamá y le pedí que averiguara. Y así fue. Amigos de mi viejo me contaron que no se llevaban bien. Pero mi abuela siempre lo amó, hasta el último día de su vida”, opina. Dice que en el relato familiar “aparecía como un tipo poco confiable, mentiroso, halagador y con un pensamiento conservador. Era él y solo él, aunque cumplió con dar su cuota de sangre para hacer el ADN”, afirma. Nunca participó de la búsqueda de su hijo, tampoco visitó a su mujer en la cárcel. Mientras ella estaba en prisión le pidió la separación y dispuso de sus bienes. Lo define como “un gran fabulador” que hacía gala de la vestimenta para parecer otro. “Lo trataban de doctor porque les hacía creer que era médico cuando en realidad era ordenanza de un banco”, grafica. Cuando Carmela fallece esparcieron sus cenizas en el Rio de la Plata. Por voluntad de su esposo, años más tarde, cuando muere sus familiares hicieron lo mismo. Había dicho que de ese modo estaría la familia unida porque se sospechaba que Miguel podría haber sido allí arrojado.

El paso por HIJOS

Cuando volvió de España se reencontró con Silvia y Agustín Di Toffino, Carolina Llorens, Carlos Viale, Carlos de la Fuente, Emiliano Salguero y Pablo Balustra, entre otros. Surgió la idea de juntarse y hacer un campamento al que no pudo asistir por cuestiones de trabajo. Al año siguiente, se sumaron Martín Fresneda (El Ñato) y su hermano Ramiro Fresneda; Pablo Balustra le da contenido a la sigla H.I.J.O.S. ( Hijos por la Identidad, contra el Olvido y el Silencio) y empieza a militar de lleno. La organización crece, y llegan a ser 80. “Hicimos las primeras bombas de óxido de cobre y pintura roja y empezamos a marcar lugares específicos. Recuerdo que en el cementerio San Vicente cavamos una figura humana y le plantamos girasoles. Para mí fue muy fuerte, en un momento donde no se hacían cosas”. Al tiempo, por diferencias internas se retira y solo participa en el registro fotográfico. “Volvimos con el Ñato y Miguel Ceballos. No nos reciben muy bien. El Ñato se queda y yo me voy”, detalla.

En 2008, las Abuelas con quienes Carmela tuvo una relación estrecha lo llamaron y desde ese momento milita en la agrupación que acaba de cumplir 36 años de lucha en la búsqueda de los 400 nietos que faltan. Sobre las apropiaciones de niños analiza que seguramente “están entre los mismos represores. Robaban autos, propiedades y decidían adónde iba un niño, mientras otros se robaban la nación, sin manejar la picana. Otros fueron asesinados y hay cosas no resueltas como la nieta 108 que apareció muerta. Creo que la justicia hace todo lo posible para que no los encontremos. ¿Cuántos casos se están juzgando en este momento? Uno”, dijo, en tono crítico. María Teresa Sánchez aporta que de 20 embarazadas secuestradas solo se recuperaron cuatro nietos. Las causas están frenadas en la justicia cordobesa y se conoce que instituciones civiles como el Equipo Cristiano de Adopción y Guarda y la Casa Cuna participaron en el reparto. (3)

Tocar la utopía

Nico 6Siempre militó y no dejaría de hacerlo. Pero –cuenta- no veía cercano lo que luego ocurrió. “Con la llegada de Néstor Kirchner no solo se derogaron las leyes de la impunidad sino que se empieza a pensar en la parte civil y cómo participaron los empresarios, la iglesia, la prensa. Néstor me dio la posibilidad de tocar la utopía, de pensar que las cosas son posibles, que la dignidad de las personas se ha recuperado y que ya no hay tanto sálvese quien pueda y resurgió en mí el orgullo de ser argentino, un país que está creciendo”, concluye.

Katy García es periodista.

Notas y Fuentes
1- Hasta la victoria, siempre. Testimonio de Carmen Cornes, emigrante gallega y militante de la vida. (Cuatro capítulos se titulan Tierra de Promisión) Beatriz López. Serie|documentos. Educando Ediciones. Julio de 2005, Córdoba, Argentina. Las frases de esta nota que no son asignadas fueron tomadas de este texto.
2- Ex presa política forma parte del equipo de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba. Trabaja en cuestiones de identidad desde 1989. Participó en causas similares como las de Martín Mozé y Martín Castromaita, entre otros.
3- En córdoba fueron encontrados Astrid Patiño, Marcelo Ruiz, Belén Altamiranda y Gustavo Godoy. Las causas están estancadas en el juzgado de Alejandro Sánchez Freytes, recusado por Abuelas. Actualmente se investiga la apropiación del nieto de Sonia Torres en el marco de la mega causa La Perla.

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