jueves, 28 de noviembre de 2013

Golpe de Estado en Estados Unidos

Manuel E. Yepe (especial para ARGENPRESS.info)

“Golpe de Estado americano” (American Coup) es el titulo de un reciente libro de William M. Arkin, coautor con Dana Priest de “Top Secret America” y muchos otros trabajos de investigación en política y sobre la seguridad nacional.

Como el libro de Arkin se publicó poco antes de los revelamientos de Edward Snowden sobre las actividades de espionaje telefónico de la Agencia de Seguridad Nacional, éstas no son específicamente tema de debate en la obra.

Puede deducirse, sin embargo, que de haber considerado Arkin en su libro las revelaciones de Snowden, habría argumentado que ellas constituyen un caso particular del fenómeno más general que consiste en invocar la garantía de la seguridad nacional como justificación para acciones secretas que sobrepasan los límites de la anuencia pública, que es en esencia la tesis que plantea en su obra.

En su pretendida búsqueda de la seguridad nacional, Estados Unidos ha comprometido valores constitucionales fundamentales, incluso el control civil de los militares y los derechos de sus estados, destaca Arkin en su nuevo libro.

Desde los sombríos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, una parte creciente de la población ha sido movilizada y comprometida en apoyo a la seguridad nacional - ya sea en función de hacer cumplir la ley, la prestación de primeros auxilios o como informantes.

“La línea divisoria de lo civil y lo militar se ha hecho cada vez más menos evidente”, escribe Arkin. "Los estados y las fuerzas locales de policía se han militarizado y organizado en redes; los estados tienen sus propios establecimientos de inteligencia; las grandes ciudades hacen su propia política exterior".

Lo que preocupa a Arkin y por ello es a lo que más contribuye su libro es a advertir el surgimiento de un aparato paralelo de autoridad ejecutiva que se ha desarrollado fuera de las normas constitucionales (y más allá de la conciencia pública) para responder a emergencias nacionales como actos catastróficos de terrorismo, desastres nucleares y amenazas a la vida del Presidente, entre otras calamidades imponderables.

Según el autor, algunos de estos fines expresan propósitos que, en los tiempos de la administración Eisenhower, eran definidos como “continuidad del gobierno”, o “continuidad de operaciones”. Pero ahora aparecen ampliados, seriados y clasificados como Documentos de Acción Presidencial de Emergencia (PEAD, por sus siglas en inglés), que presuponen un poder casi ilimitado del Ejecutivo.

Si bien la mayor parte de las veces se trata de instrumentos administrativos que carecen de aplicación práctica, siempre influyen, por su carácter represivo, en la conducta de los políticos.

El título del libro de Arkin tiene como subtítulo: "Cómo un gobierno aterrorizado está destruyendo la Constitución".

Para sustanciar este anuncio, el autor -acucioso estudiante y sutil analista de la doctrina militar- acude a documentos oficiales en busca de pistas para identificar estructuras de poder no reveladas, lo que agrega interés y valor al libro.

Arkin no propone respuesta política alguna a los problemas políticos que percibe. De hecho, se queda en alguna que otra sugerencia de medidas marginales que podrían adoptarse y concluye que los cambios mayores están bloqueados por los poderes fácticos (the powers that be) y advierte que quienes crean lo contrario tendrán que hacer la búsqueda en otra parte.

En febrero de 2007, Arkin respondiendo a una pregunta en NBC Nightly News sobre la situación de los soldados estadounidenses en Irak, dijo que estaban frustrados por el sentimiento contra la guerra en su país y especialmente por el gran número de personas que dicen apoyar a las tropas, pero no a la guerra.

"Es alto el precio que pagamos por nuestros mercenarios - lo siento, quise decir voluntarios - pero ellos son una fuerza que piensa que lo que está haciendo es un trabajo sucio".

El escritor y periodista William Arkin ha trabajado temas de la seguridad nacional por más de 35 años. Luego de desempeñarse como oficial de inteligencia del ejército estadounidense en Berlín de 1974 a 1978 ha fungido como consultor independiente en diversas organizaciones no gubernamentales y como analista militar de la NBC Noticias y Los Angeles Times. Ha publicado más de una docena de libros sobre los temas de su especialidad.

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Entrevista a James Petras: Las concesiones de Irán han alcanzado el tope

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)
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Mario Hernandez (MH): Buenas tardes, James Petras

James Petras (JP): Buenas tardes, Mario, ¿qué me cuentas?

MH: Espero que estés bien resguardado porque tengo entendido que hace mucho frío en el estado de Nueva York

JP: Estamos congelados pero bien abrigados para poder vivir.

MH: Quería conversar sobre algunos hechos electorales producidos recientemente en las elecciones municipales en Estados Unidos, pero antes te pediría que me comentes tu impresión del acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

JP: Es un paso positivo porque por lo menos en este momento Estados Unidos deja de amenazar militarmente a Irán y este país muestra una flexibilidad sobre su programa nuclear haciendo muchas concesiones y aparentemente entraría en una fase más avanzada el repudio al estado de Israel que es el principal enemigo de la paz en Medio Oriente.
En mi opinión hay un gran obstáculo en el Congreso norteamericano donde los sionistas han comprado literalmente 2/3 de los congresistas, con financiamiento a las campañas electorales y están presentando una nueva serie de sanciones que pueden destruir la posibilidad de un acuerdo definitivo.
Ahora el Sr. Obama tendrá que ponerse los pantalones largos y enfrentar esta presión sionista en el Congreso e informarles que no deben proponer nuevas sanciones.

MH: ¿Esta actitud del Congreso norteamericano tiene relación con la postura del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien advirtió que su gobierno no tolerará que Irán enriquezca uranio al 5% para usos civiles?

JP: Netanyahu utiliza al Congreso norteamericano como cinturón de transmisión de lo que quiere Israel. No tiene ninguna independencia. La única presión que tenemos es la de la ciudadanía que en su gran mayoría, el 65%, está a favor del nuevo acuerdo y esa es una palanca para golpear a los congresistas y amenazarlos con una campaña pública repudiando su subordinación a Israel.
Las concesiones de Irán han alcanzado el tope. Han disminuido el enriquecimiento de uranio de 20% a 5%, están desmantelando algunos instrumentos de enriquecimiento del uranio y han aceptado congelar otros programas. Es el tope y si Obama actúa contra este acuerdo podría entrar en una situación muy peligrosa.

MH: Recién comentabas la actitud de la ciudadanía norteamericana a favor de este acuerdo y me llamaron la atención una serie de hechos en el plano electoral municipal, por ejemplo, que una inmigrante india de 41 años será la primera concejala socialista de Seattle en la historia moderna. También el caso de la ciudad de Nueva York donde Bill de Blasio, que apoyó el movimiento Occupy Wall Street y fue arrestado por manifestarse contra el cierre de un hospital, fue elegido alcalde. ¿Esta situación se puede interpretar como una reactivación de los movimientos sociales en Estados Unidos?

JP: No creo. Las campañas electorales son muy diferentes. En Seattle tenemos el caso de una verdadera socialista que se presenta a una elección en la ciudad más progresista de Estados Unidos Es la ciudad más izquierdista de nuestro país. No se puede comparar una elección en Seattle de una auténtica socialista, con Bill de Blasio en la ciudad de Nueva York.
Indudablemente es una alternativa a Bloomberg y los supermillonarios, pero igualmente está negociando con Wall Street, hablando de un aumento de impuestos, pero no del salario mínimo que sigue siendo una miseria. En cambio, en Seattle, Kshama Sawant, la mujer que ganó las elecciones, propone levantar el salario mínimo a U$S 15 la hora, mientras Bill de Blasio no menciona el tema.
Hay que ver qué va a hacer, porque es un demócrata, en el mejor de los casos un liberal, algo progresista en su discurso, pero todavía no ha hecho nada positivo para afirmar que abrirá un nuevo camino para los sectores oprimidos y explotados en Nueva York, para los millones de inmigrantes que todavía no tienen sus papeles ni documentos y son amenazados diariamente por el gobierno federal de Obama, del mismo partido político que representa Bill de Blasio.

En Honduras el pueblo no aguanta más

MH: ¿Qué novedades tenés de las elecciones en Honduras?

JP: Parece que tenemos lo mismo de siempre, intimidación, terrorismo e intervención de la derecha y, finalmente, un conteo fraudulento de votos. Creo que la boca de urna indica que la candidata del progresismo ganó, pero a partir del conteo por un Consejo Electoral muy corrupto, le birló el triunfo a la izquierda que desarrolló una gran movilización acompañando la campaña electoral.
¿Cómo va a gobernar el candidato de la derecha? Habla de militarizar la sociedad civil con el argumento de combatir la violencia, pero la experiencia que tenemos es que el primer objetivo de la represión son los jornaleros, los pequeños campesinos, los desplazados y otros sectores populares que cada día enfrentan una más dura represión. Pienso que la situación se pondrá muy tensa y con confrontaciones porque el pueblo no aguanta más.
Primero fue el golpe contra el progresista Manuel Zelaya, después baños de asesinatos y ahora el fraude electoral. Hay un límite de lo que el pueblo hondureño va a aguantar y cuando llegue el momento podríamos ver un levantamiento generalizado. Tengo miedo de un baño de sangre para justificar el nuevo gobierno fraudulento.

MH: ¿Algún otro tema al que quieras referirte?

JP: El tema que más importa ahora en Estados Unidos es el problema económico. Hemos visto cómo está creciendo la Bolsa pero el salario promedio está bajando y los grandes sectores populares tienen una tremenda preocupación por el Plan Nacional de Salud que no tenemos y las políticas de salud ahora son muy precarias.
Todos los sectores empresariales utilizan el pretexto del Plan de Obama para quitar los planes de salud a millones de trabajadores. Quedamos sin nuevo plan y perdiendo los viejos. Una situación muy dramática. Calculá que el costo por una noche de una cama en el hospital es de U$S 850 promedio. La principal causa de bancarrota familiar en Estados Unidos es por los gastos de salud y ese problema es muy grave más allá de los salarios y la falta de representación sindical.
El 92% del sector privado no tiene ningún representante sindical para negociar convenciones colectivas y el 80% en las nuevas empresas automotrices tampoco están sindicalizados. Hemos dado un gran salto atrás con relación a la capacidad que tienen los trabajadores de negociar.

MH: Te agradezco mucho esta comunicación. Has sido muy amable.

JP: Quiero aprovechar para saludar a tu familia. A tus tres hijas que recuerdo con mucho cariño y espero algún día tener una cena juntos con un bife de chorizo, una ensalada de tomate y vino tinto.

MH: Ojalá podamos concretar ese deseo.

JP: Gracias. Un abrazo don Mario.

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De Repsol a Chevron, de Chevron a Repsol: La reprivatización petrolera, punta de lanza del ajuste

Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)

La reestatización kirchnerista de YPF, a expensas de Repsol, ha concluido en otro rescate capitalista -en este caso, de la propia Repsol. Hace un año y medio atrás, al intervenir YPF, el propio gobierno reconocía asumir el control de una petrolera arrasada.

Los K y sus predecesores consintieron que YPF fuera sometida a una descapitalización brutal, donde Repsol -y luego también el “amigo” Ezkenazi- retiraron el 90% de las utilidades obtenidas durante casi una década; en el tendal, quedaron también enormes pasivos ambientales en las regiones petroleras. El Estado se hacía cargo de una compañía con su patrimonio destruido, y una deuda de 9.000 millones de dólares. En vez de resarcir a YPF por este desfalco gigantesco, y a costa de sus responsables, el gobierno rescatará al vaciador con una compensación económica de, como mínimo, 5.000 millones de dólares en “activos líquidos”. A cambio de ello, se terminan los juicios recíprocos entre la petrolera española, de un lado, y el estado argentino o YPF, por el otro.

Ello implica el fin de la demanda de Repsol por la expropiación de 2012. Pero también, clausurar cualquier reclamo por el desfalco económico y la depredación ambiental incurridos desde 1998 por parte de Repsol. La industria petrolera que se beneficia de estos resarcimientos sostiene un régimen salarial plagado de importes en negro y miles de “tercerizados”, lo que ha dado lugar a las grandes huelgas petroleras en la Patagonia.



Reprivatización

El rescate de Repsol es la consecuencia necesaria de la seudoestatización de YPF. Desde el vamos, la ley de “soberanía hidrocarburífera” votada en 2012 (con el apoyo de Solanas y Lozano) auspiciaba “alianzas estratégicas con petroleras nacionales o extranjeras”. La reestatización no fue más que el desplazamiento de la quebrada Repsol, cuyos principales accionistas arrastraban el peso de la bancarrota capitalista en España, en favor de otros monopolios petroleros. El gobierno se lanzó rápidamente a negociar acuerdos con Chevron, Exxon y otras, mientras apostaba a postergar indefinidamente el litigio con Repsol en el marco de los tribunales del Banco Mundial (Ciadi). El kirchnerismo fantaseó que, de ese modo, podría hacer borrón y cuenta nueva con el largo capítulo del vaciamiento petrolero. Pero los pulpos que vinieron a reemplazar a Repsol le exigieron al gobierno un arreglo con la propia Repsol. Es lo mismo que reclama el capital financiero internacional en relación a las cuentas pendientes de la bancarrota de 2001, como condición de un nuevo endeudamiento. Así, la “nueva” política petrolera se vino tan abajo como la “negociación inteligente” de la deuda externa. En la cola de la bancarrota nacional, Repsol hace fila para cobrar, junto a las privatizadas del Ciadi, los fondos buitres y los del Club de París.

Pemex

Para el acuerdo con Repsol, los “nacionales y populares“ contaron con la ayuda del gobierno mexicano y de la petrolera Pemex, que participa con el 10% del capital de Repsol. Contra la pretensión del presidente de Repsol, Brufau, de sostener en el tiempo las demandas contra YPF, los de Pemex se inclinaban por aceptar un rápido arreglo económico con Argentina. La razón es clara, y nada tiene que ver con la hermandad latinoamericana: Pemex aspira a participar de la explotación no convencional en Vaca Muerta, algo en lo que no podría avanzar si subsisten los juicios de su vinculada Repsol. El gobierno mexicano de Peña Nieto puso en marcha una ‘reforma energética’ privatizadora, que impulsa asociaciones con monopolios petroleros internacionales adentro y fuera de México. En esa línea, Pemex presiona para que la compensación a Repsol incluya “el pago con activos petroleros (a través de) yacimientos con recursos ya localizados y justipreciados” (Ambito, 26/11). De este modo, los 5.000 millones de dólares “líquidos” serían sólo el primer paso del resarcimiento a Repsol. Detrás de ese dinero, vendrán las concesiones de áreas ya exploradas, en favor de Pemex o de la propia Repsol. Si se tiene en cuenta que el pulpo “español” pidió, en 2012, 10.000 millones de dólares por sus acciones expropiadas, entre los pagos con bonos ‘garantizados’ y la entrega de concesiones petroleras -también con reservas “garantizadas”- el gobierno va camino de satisfacer integralmente el reclamo de ‘máxima’ de Repsol.

Viraje

Las condiciones de fondo para este entrelazamiento con los monopolios petroleros están siendo fogoneadas por los K desde el mismo día de la “recuperación” de YPF. En los dieciocho meses transcurridos, el precio de las naftas subió un 80% y se triplicó el del gas para las nuevas exploraciones. YPF logró el milagro de duplicar sus ganancias sin aumentar la producción, gracias a este tarifazo en regla. El primer mensaje del nuevo gabinete ha consistido, precisamente, en otro naftazo. Los nuevos acuerdos firmados con grupos petroleros obligan a “priorizar el abastecimiento interno” en relación a la exportación. Pero para que esto no afecte a los monopolios petroleros, los K quieren asegurarles precios internacionales para los combustibles. La “soberanía hidrocarburífera”, por lo tanto, pasa por la entrega integral de la renta petrolera a los monopolios internacionales. Los pulpos, sin embargo, exigirán otras condiciones: un peso devaluado para sus inversiones, y la libertad para remitir utilidades, o sea, la remoción integral de las trabas y cepos oficiales. La reprivatización petrolera es la punta del ovillo de un viraje integral de la política económica, en la línea exigida por el capital financiero y la gran burguesía.

Los voceros oficialistas afirman que la “normalización” de relaciones con Repsol permitirá acuerdos “menos gravosos” en materia petrolera. Pero nadie aceptará menos de lo que consiguió Chevron, a quien se admite una mínima inversión inicial y ‘aportes’ posteriores provenientes de los beneficios obtenidos. El gobierno diseña una ‘salida’ a la crisis energética costeada integralmente sobre los trabajadores y consumidores, y con vía libre para la depredación ambiental (fracking). A este camino sin futuro, los campeones de la “soberanía hidrocarburífera” le han cargado ahora otra hipoteca insostenible: el rescate del vaciador Repsol, en moneda contante y sonante.

Conclusión

La farsa de la reestatización ypefiana retrata, como muy pocas cuestiones, los límites insuperables de las nacionalizaciones capitalistas, y su función de rescate del capital. Ni qué decir que los presidenciables de la oposición, de Massa al Unen, han aplaudido cerradamente la reconciliación con Repsol.

En contra de este nuevo mazazo a los trabajadores y al país, planteamos la nacionalización integral de la industria petrolera bajo control obrero y sin compensación a sus vaciadores capitalistas; defendemos el derecho del país a ser resarcido integralmente por el desfalco petrolero y ambiental consumado por Repsol. Integramos este planteo a la lucha contra el ajuste que han puesto en marcha Cristina-Capitanich-Kicillof, y que tiene en la reprivatización petrolera a su punta de lanza.

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El Acuerdo por la expropiación de YPF y el rumbo energético del país

Gustavo Lahoud - Claudio Lozano (IPYPP)

I- El acuerdo Argentina- España por YPF. ¿ Más de lo mismo?.

Transcurrido un año y medio de la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF por parte del Estado nacional, la actual administración ha comunicado que se ha alcanzado un acuerdo político, económico y financiero entre Argentina y España para dar por finalizado el conflicto bilateral abierto a partir de la mencionada decisión que, por cierto, tuvo implicancias político-estratégicas relevantes y un conjunto de aristas que, lejos de resolverse, quedaron insertas en la contradictoria trama de la política energética nacional.

Entre estas cuestiones, debemos mencionar tres aspectos relevantes:

1- La Tasación oficial de los activos expropiados como así también del conjunto de los activos de la empresa, tarea que debía ser acometida por el Tribunal Nacional de Tasación y que aún está pendiente.

2- Una completa auditoría de activos que de cuenta del manejo político-institucional y económico-financiero de la empresa en el marco del llamado proceso de argentinización llevado adelante en 2008 con el Grupo Eskenazi y que derivó en una compleja trama de venta de activos de la empresa simultáneamente al vaciamiento vía remisión de utilidades al exterior que, sólo en el trienio 2008-2010, alcanzaron la friolera del 140% de las utilidades de la compañía.

3- Una completa auditoría de los pasivos ambientales y del desempeño productivo de la empresa bajo el control estratégico de Repsol hasta fines de 2011, aspecto que ha quedado irresuelto al compás del avance de los problemas integrales de la política energética nacional.

Estas problemáticas configuraban ya en 2012 un conjunto de aspectos cuya resolución resultaban centrales a la hora de consolidar el rumbo de una nueva política energética nacional a partir de la recuperación del control de la mayoría accionaria de la principal empresa hidrocarburífera del país.

Sin embargo, no sólo no se adoptaron definiciones importantes en el marco de una planificación energética integral que, a todas luces, es inexistente, sino que, además, se adoptaron medidas que han profundizado la pérdida de margen de maniobra soberano de nuestro país en materia hidrocarburifera.

En efecto, nos referimos al acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación de una ínfima porción de la formación Vaca Muerta en la cuenca neuquina, que, como ya hemos reflejado en nuestras investigaciones, estuvo rodeado de una batería de decisiones ad hoc propias de un esquema de emergencia, cuyo objetivo central era viabilizar la inversión de la empresa Chevron en condiciones muy favorables a sus intereses corporativos y bajo la creciente sospecha de la existencia de cláusulas secretas en la gestación del convenio.

Es, entonces, en este delicado contexto político-institucional en el que se ha anunciado en forma rimbombante que Argentina y España alcanzaron un acuerdo satisfactorio para cerrar el conflicto por la expropiación accionaria.

No es un detalle menor que el acuerdo alcanzado sea a nivel de Estados y que, en esa gestión, haya tenido una crucial participación la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) que, a los efectos del diferendo bilateral por YPF entre Buenos Aires y Madrid, juega un doble rol fundamental.

Por un lado, es uno de los principales accionistas de la empresa española Repsol- con un 9,3% del paquete accionario-y en los últimos meses se convirtió en un actor relevante a la hora de intentar una mediación efectiva entre ambas compañías para llegar a un acuerdo que permitiera, por un lado, despejar el horizonte de controversias legales en distintos estrados internacionales- Madrid, Nueva York (Ciadi) y Buenos Aires donde Repsol ha planteado recursos por la expropiación- y que, por el otro, generara el suficiente impulso para la aceleración del proceso de inversiones externas dirigidas al nuevo El Dorado de la Argentina en materia de hidrocarburos no convencionales: Vaca Muerta.

Por el otro, hay una perspectiva no siempre justipreciada en el análisis del cuadro de situación de la problemática hidrocarburífera regional y mundial, y que refiere a que México es hoy uno de los principales espacios geográficos en los que se juega la geopolítica de la energía mundial, a partir del conocido proceso de reforma constitucional y reestructuración de todo el sistema energético mexicano a la luz de su creciente “integración” al gran espacio norteamericano mediante la llamada estrategia de seguridad energética de Norteamerica”. (1)

Si se observan ambos ejes en forma simultánea y en espejo a las decisiones que se toman en Buenos Aires en lo que respecta a la política hidrocarburífera, se observa que, una vez más, la República Argentina- como ha ocurrido recientemente con el acuerdo con Chevron- afronta decisiones capitales en lo que hace al futuro de nuestros recursos naturales hidrocarburíferos en condiciones de extrema debilidad que profundizan la pérdida de margen de maniobra político externo y, además, generan nuevos escenarios de imprevisibilidad, cortoplacismo, e inconsistencia en el diseño de la política energética, agravados por la pronunciada caída extractiva de todo el sector, el peso creciente de los subsidios para el fisco- representarán casi un 3,5% a término de 2013- y las mayores importaciones de combustibles líquidos y gas natural.

Por ende, nos preguntamos si acuerdos en la línea de Chevron o el reciente esquema de consenso al que se ha llegado para terminar con el “caso YPF”, antes que posibilitar la pretendida recuperación de la soberanía hidrocarburífera y el autoabastecimiento energético perdido en los últimos tres años, no generan, en realidad, margen de maniobra que consolida el juego estratégico de los actores del Big oil y de otros Estados, al tiempo que torna más vulnerable nuestra capacidad de acción y de control en el complejo tablero mundial de los hidrocarburos.

En este contexto, es aún más importante conocer si el eje central del acuerdo alcanzado, supondrá- como se ha dado a conocer públicamente (2)- un esquema compensatorio que se viabilizaría a través de “activos líquidos” por un valor aproximado a los US$6.000 millones en bonos o títulos de la deuda argentina o mediante activos físicos, léase, la concesión a Repsol de campos productivos en la cuenca neuquina, situación que se ha dejado trascender pero que ha sido desmentida como posibilidad.

Si se tiene en cuenta el esquema de acuerdos como el de YPF-Chevron y la escasa capacidad de maniobra de la Argentina, resulte pertinente poner sobre la mesa una legítima preocupación en torno a la denominada “letra chica” del acuerdo que el Consejo de Administración de Repsol se apresta a aprobar.

Téngase en cuenta que, a partir de la vigencia de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera N°26.741, por la que se expropió el 51% del paquete accionario de YPF, el accionar del Estado nacional y de las provincias, no está condicionado por organismo de contralor alguno, sea ya la Auditoría General de la Nación o la Sindicatura General de la Nación, ya que la empresa sigue siendo una sociedad anónima abierta, no sujeta por ello a los mecanismos de control y regulación públicas que son consustanciales a los entes empresariales estatales. (3)

En definitiva, estamos ante una situación en la que se combina nula capacidad de contralor público- lo que aumenta la capacidad de acción discrecional gubernamental- inconsistencia creciente de la política energética nacional y pérdida de margen de maniobra soberano en materia de planificación del manejo, preservación y control de nuestros recursos energéticos.

Ante ese escenario, estimamos que debemos plantear un esfuerzo tendiente a presentar una propuesta de carácter alternativo, sustentada en un diagnóstico completo de la actual coyuntura, de cara a abrir el juego para la creación de nuevos escenarios de decisión que preserven nuestros intereses nacionales y populares. Aquí va, entonces, la descripción de un diagnóstico y propuesta alternativa.

II- Diagnóstico

El sistema energético nacional ha acumulado en los últimos años un conjunto de problemas que, al compás de su agudización, se han convertido en factores estructurales que permiten describir y explicar su creciente vulnerabilidad.

Por un lado, el funcionamiento de carácter rentístico instalado a partir de las reformas estructurales de los ’90, que desregularon y fragmentaron el sistema energético nacional. Esta lógica se basó en:

• la liberalización integral del mercado de los hidrocarburos;

• la fijación de los precios de las transacciones internas por parte de los agentes privados ( libertad de precios dixit);

• la creación de un mercado exportador de hidrocarburos con la consecuente libre disponibilidad de divisas por parte de las empresas que operan en el sistema;

• la paulatina privatización y fragmentación de los activos públicos estatales en los subsectores de hidrocarburos y eléctrico y;

• la creación de una estructura regulatoria laxa y proclive, por ello mismo, a la no intervención del Estado en la materia.

Además de lo ya mencionado, entre los años 1991 y 1994, la administración menemista produjo una serie de modificaciones radicales que consolidaron estas nuevas reglas de juego instaladas en el mercado de la energía en la Argentina.

La primera de ellas, fue el cambio de la estructura societaria de YPF, convertida en SA en 1991 para abrirla luego al capital privado, proceso que concluyó en 1999 con la oferta hostil que realizara la española Repsol para hacerse de la casi totalidad de las acciones de la empresa.

Luego, en 1992, se aprobó una norma clave: la llamada ley de federalización de los hidrocarburos, que abrió claramente el juego a las provincias en lo referente a las decisiones sobre la tenencia accionaria en la empresa y sobre la propiedad de los recursos. Finalmente, la Reforma Constitucional de 1994, que en su artículo 124 estableció el dominio originario de los recursos por parte de las jurisdicciones provinciales.

Vale decir, también, que todas las provincias -incluida Santa Cruz- vendieron sus tenencias accionarias en YPF a Repsol. Finalmente, el Estado nacional renunció en los hechos a la denominada “acción de oro”, llave estratégica que le permitía hacer uso del poder de veto sobre los planes de negocios encarados por la empresa.

De esta forma, durante los ’90, el país alcanzó un autoabastecimiento artificialmente sostenido en un modelo típicamente extractivista y pro-mercado, con una estructura oligopólica y concentrada que, al compás de la aceleración en la explotación de los pozos de gas y petróleo que habían sido descubiertos durante los 50 años previos de la YPF SE, generaba una disminución paulatina de los niveles de reservas comprobadas con las que contaba la Argentina.

Tal es así que, para 1989, teníamos 30 años de reservas de gas y unos 28 de petróleo y después de más de 20 años, nos encontramos con una situación de difícil reversión en el corto plazo, ya que contamos con 8 años aproximadamente de reservas de petróleo y unos 9 de reservas de gas, con un estancamiento estructural en la reposición de reservas debido a la falta de inversiones que permitieran reducir la magnitud de los daños acumulados, a sabiendas que, a pesar de todo ello, nuestro país ha sido poseedor de modestas reservas hidrocarburíferas, lo cual es muy diferente de ser un Estado sentado sobre riquezas petroleras desbordantes ( es decir, como señalábamos antes, somos un país con gas y petróleo pero no un país petrolero y gasífero).
En los últimos años, las medidas tomadas han profundizado las vulnerabilidades de la Argentina en los aspectos señalados, ya que en 2006 se aprobó la Ley 26.197- denominada Ley Corta- que modificó la Ley nacional de hidrocarburos 17319, vigente desde 1967.

Esta ley, aprobada en 2006 y promulgada en enero de 2007, profundizó el escenario de desguace de las estructuras nacionales de planificación e intervención en materia de política energética, que comenzó con los famosos tres decretos liberalizadores de la Administración Menem- 1055/89, 1212/89 y 1589/89- y que continuó con la Ley 24.145 de federalización de los hidrocarburos y privatización de YPF, sancionada y promulgada en 1992. En efecto, en su artículo 1º, la denominada Ley corta establece: “ Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentre”. De esta manera, refuerza lo normado por la citada Ley de 1992 y modifica dramáticamente la Ley nacional de hidrocarburos 17319, vigente desde 1967 y que establecía taxativamente la propiedad inalienable, imprescriptible y exclusiva del Estado nacional sobre todos los recursos hidrocarburíferos existentes. En conclusión, las provincias poseen el dominio originario sobre los recursos ( art. 2 de la Ley) y, además, se transforman en la autoridad concedente y de aplicación en materia de contratos y tienen el poder de fiscalización y de policía en lo que respecta a asuntos tributarios y regulatorios.

Simultáneamente, las provincias petroleras comenzaron a cerrar acuerdos con las compañías operadoras de las cuencas con actividad productiva en la Argentina, que derivaron en renovaciones de concesiones de campos y bloques de explotación de gas y petróleo que se extendieron por 20, 30 y hasta casi 40 años, como fue el caso de Cerro Dragón, el principal yacimiento de petróleo de la Argentina, ubicado en Chubut y operado por Pan American Energy que, a partir de los nuevos contratos vigentes, podrá operar estos pozos hasta el año 2047. En todos estos casos, las provincias han obtenido los mismos porcentajes de ingresos por pago de regalías- un 12% sobre los totales extraídos-, pero, en contrapartida, y de la mano de amplias políticas de incentivos, se han dado facilidades importantes en materia de devoluciones de impuestos, configurando un escenario soñado para las operadoras hidrocarburíferas.

La conclusión fundamental es que en el “juego de la energía”, las “reglas de juego” y las formas que tome la planificación, coordinación e intervención por parte del Estado nacional (o la falta de ellas) son aspectos estructurales esenciales: ningún país en el mundo (salvo la Argentina de las últimas décadas), y por ende ninguna empresa petrolera privada, niegan el carácter estratégico de la disponibilidad de energía suficiente y se adaptan (y adaptan el nivel de sus inversiones) al marco regulatorio existente y al modelo de planificación y control que establezcan los Estados.

Luego de la crisis del 2001, se encararon ajustes más bien cosméticos que reprodujeron los vicios estructurales del sistema, ya que la política energética- si es que realmente ha existido- se basó en asegurar la suficiencia o abastecimiento, esto es, la oferta por los medios que fueran necesarios, perdiéndose la mirada integral en el enfoque del problema.

En ese sentido, se congelaron tarifas a partir de la declaración de emergencia económica, se redujeron y suspendieron exportaciones de hidrocarburos, se establecieron regímenes de retenciones ( desde 2006, reforzadas a fines de 2007), lo cual le permitió al Estado captar porcentajes ya menguados de la renta petrolera, debido a que exportábamos cada vez menos por el estancamiento productivo y se crearon regímenes de incentivos en petróleo y gas (petróleo y gas plus) y en refinación (refino plus) bajo la lógica de incentivar la mayor producción a partir de mejores precios de transacción ofrecidos a las empresas.

Amén de todo ello, en los últimos cuatro años, el país comenzó a sufrir serios problemas de insuficiencia, a tal punto que para el 2010 perdió definitivamente el autoabastecimiento, situación que se palió con el aumento progresivo de subsidios utilizados para la importación de gas boliviano, gas natural licuado por barcos y electricidad de Brasil. El sostenimiento de todo este irracional andamiaje de medidas contingentes, demandó entre 2008 y 2012 alrededor de 25.000 millones de dólares (más de cien mil millones de pesos).

Por ende, en los últimos diez años de administración kirchnerista, la situación se ha agravado notoriamente, a tal punto que el país nunca pudo salir de la declinación productiva que ya es estructural. De hecho, el pico de extracción en petróleo lo alcanzamos en 1998 a menos de una década de instalado el esquema de saqueo y en gas llegamos al tope extractivo en 2004.

En definitiva, las medidas que se instrumentaron, persiguieron el objetivo de aliviar la vulnerabilidad en materia de oferta energética total sin cambiar aspectos cruciales de las reglas de juego heredadas de los ’90 que provocaron esta situación de estancamiento y crisis. De esta forma, se profundizó el escenario ya delicado de agotamiento de reservas, acumulando una caída promedio de 6% en los niveles de extracción de petróleo y gas entre los años 2008 y 2012.

III- Propuestas desde un nuevo camino popular.

A partir de lo expuesto, cualquier plan que se elabore a cualquier dimensión temporal, debe ser consistente con dos grades “avenidas estratégicas” que creemos deberían ser las autenticas políticas de Estado en la materia:

- Diversificación de la matriz energética incrementando la participación de fuentes de energía renovables y mejorando los grados de eficiencia energética;

- La integración latinoamericana, tanto en la conformación de un sistema regional como en el desarrollo científico-tecnológico del mismo.

A partir de estas grandes líneas, planteamos escenarios a modo de propuestas iniciales de política pública en energía en el corto, mediano y largo plazo.

a- Escenario de corto plazo: cambiar el marco regulatorio para maximizar la apropiación estatal de la renta petrolera del sistema hidrocarburífero.

En lo inmediato, y a partir de la recuperación por parte del Estado nacional y provinciales de un tercio de la renta petrolera potencial que la actividad de explotación hidrocarburífera genera en nuestro país a través de la expropiación y el control del 51% del paquete accionario de YPF S.A., es factible proponer un esquema de funcionamiento del sistema que permita morigerar los nocivos efectos de la pérdida del autoabastecimiento, con la consecuente profundización de la crisis.

Para ello, es fundamental conocer la magnitud real de la renta petrolera total que el sistema hidrocarburífero genera en la actual coyuntura crítica de la Argentina. En tal sentido, se han elaborado estimaciones iniciales para el año 2011, sobre la base de una extracción total de 33.000.000 de m3 o su equivalente de 209.000.000 millones de barriles, a un precio promedio de costo de extracción de $12/b, lo cual arrojó un valor total aproximado de 18.000 millones de dólares, con los siguientes coeficientes relativos de captación de la renta generada:

- Estado Nacional: 22% de la renta total.

- Estados provinciales: 8% de la renta total.

- Empresas privadas: 28% de la renta total.

- Refinación y consumo: 42% de la renta total.(*)

A partir, entonces, de esta situación, proponemos maximizar las capacidades de intervención y regulación del Estado sobre estas rentas extraordinarias, de modo tal de capturar el 100% de los beneficios generados por los operadores del sistema, lo cual implica, simultáneamente, el cambio en las reglas de funcionamiento intersectorial entre los eslabones de la cadena hidrocarburífera. En efecto, bajo este esquema, todas las empresas operadoras deben vender el petróleo y el gas extraído a YPF que, de esta forma, pasaría a monopolizar todas las operaciones del Downstream del sector hidrocarburífero, con el doble objetivo de aumentar la oferta potencial de hidrocarburos en el mercado interno y, por el otro, disminuir la brecha del creciente déficit energético a través de la progresiva reducción de las importaciones.

(*) Cabe consignar que en este último punto la refinación le viene ganando la partida al consumo en el marco del incremento de los combustibles que en los últimos años se acercó al 100%

De esta manera, comenzaríamos a dar cuenta de la grave situación de insuficiencia y de sostenibilidad del sistema energético, lo cual implica, ciertamente, seguir operando en las difíciles circunstancias de la crisis con todas sus consecuencias.

Simultáneamente, desde el punto de vista normativo, es imprescindible proceder a la derogación de los principales instrumentos legales a través de los cuales se estableció la desregulación en el sector en los ’90:

- Decreto 1055/89: estableció la desregulación del sector y permitió la conversión de los contratos de locaciones por contratos de concesión permitiendo la extensión de los plazos de concesión de 20 años (para las áreas de interés secundario) a 25 años (para las áreas de recuperación asistida).

- Decreto 1212/89: estableció la libre disponibilidad del crudo, así como la libre importación y exportación del recurso cual si fuera un commodditty y no un bien estratégico de carácter no renovable; al tiempo que dispuso la liberación total de los precios en todas las etapas de la producción, permitiendo a su vez la libre capacidad de refinación, de instalación y titularidad de bocas de expendio. Además suspendió la vigencia de los artículos 25 y 34 segundo párrafo de la Ley Nro 17.319 posibilitando la conversión de los contratos preexistentes y eliminando la prohibición de la tenencia de más de 5 concesiones de explotación o más de 5 permisos de exploración a un mismo operador.

- Decreto 1589/89: si bien se derogó parcialmente en lo referido a la libre disponibilidad de las divisas en hasta un 70% en el exterior, aún rige para importantes aspectos del marco regulatorio como lo son los referidos a la determinación de los contratos de explotación, la preferencia de compra de gas, disposiciones de comercio exterior, tipo de cambio, restricción a la importación, intercambio de petróleo crudo y concesiones de transporte.

Por otro lado, resulta fundamental encarar dos procesos decisivos para conocer el cuadro de situación integral en todo el sector hidrocarburífero:

- Auditoría integral de reservas comprobadas de petróleo y gas en todas las cuencas productivas de la Argentina. Ello debe complementarse con una auditoría de pasivos ambientales y de los activos y estado patrimonial y de deudas de YPF S.A. Todo este proceso debe ser monitoreado por la Auditoría General de la Nación y debe garantizarse la participación de todos los sectores políticos concernidos.

- Propuesta de una nueva ley de hidrocarburos: legislación integral, que regule aspectos claves como modos y características de los contratos, régimen económico de los hidrocarburos, control del Estado nacional compartido con las provincias en todos los eslabones de la cadena hidrocarburífera, efectivos mecanismos de sanciones ante incumplimientos contractuales.

b- Escenario de mediano plazo: asociaciones estratégicas.

A partir del esquema de intervención de corto plazo propuesto, estimamos que es fundamental encarar un diseño de planificación de mediano plazo que permita la consolidación de alianzas estratégicas por parte de YPF con grandes empresas latinoamericanas del sector a los efectos de comenzar a operar sobre las vulnerabilidades vinculadas a una política de contingencia aún vigente en el sistema hidrocarburífero.

En tal sentido, se abren perspectivas de cooperación sobre la base de los principios de complementariedad y reciprocidad, de modo tal que puedan elaborarse acuerdos que resulten mutuamente beneficiosos y que, de paso, coadyuven al fortalecimiento de un proceso de integración energética regional en el largo plazo.

Se sugieren, en tal sentido, algunos caminos posibles:

1- Asociación estratégica con Petrobras: esquema de vinculación pensado en función de las capacidades tecnológicas de la empresa brasileña en la explotación offshore, en la perspectiva de la planificación de la exploración del frente marítimo.

2- Asociación estratégica con PDVSA: maximización de la oferta potencial de petróleo en el mediano plazo y know how de la Argentina en materia nuclear.

3- Asociación estratégica con Bolivia: maximización de la oferta potencial de gas y construcción de infraestructura de transporte, fraccionamiento y distribución de combustibles líquidos.

Los hidrocarburos no convencionales y el nuevo El Dorado: Vaca Muerta en Neuquén.

Los modelos extractivistas de cuño neoliberal y progresista, parecen haber encontrado el camino de su supervivencia en la promesa de grandes recursos hidrocarburíferos denominados no-convencionales.

Los hidrocarburos NO CONVENCIONALES, son los mismos hidrocarburos (petróleo y gas) CONVENCIONALES, la diferencia esta en que, los NO CONVENCIONALES se encuentran en reservorios diferentes de muy baja permeabilidad y porosidad, de manera que es imprescindible estimularlos por ejemplo, a través de fracturas hidráulicas ( fracking), para poder producirlos.

Este método, resulta extraordinariamente perjudicial para el medio ambiente y demanda el uso de millones de toneladas de agua y agentes químicos para poder extraer el gas y petróleo entrampado en la roca madre. Por ende, además de la insostenibilidad en el mediano plazo de una explotación de recursos no convencionales a gran escala, se pone en grave riesgo la posibilidad de usos alternativos de los bienes hídricos, con lo cual, la profundización de un nuevo tipo de ciclo extractivista de estas características, es contrario a un proceso que debe perseguir el objetivo de diversificar la matriz energética e identificar fuentes complementarias de energía basadas en recursos renovables.

Por lo tanto, estimamos que en la perspectiva del mediano plazo, podría encararse una planificación acotada y sostenible de algunos de los recursos hidrocarburíferos no convencionales que la Argentina posee en sus cuencas geológicas. Pensamos, en este sentido, que podrían desarrollarse racionalmente los recursos en tight gas- gas alojado en arenas compactas- en la cuenca neuquina, de modo tal de financiar, con los recursos inicialmente obtenidos de su comercialización, los complejos procesos de reconversión de todo el sistema energético nacional de cara a diversificar y equilibrar paulatinamente la matriz energética con la incorporación progresiva de fuentes renovables de generación.

Es decir, solo como parte de un esquema de transición se puede pensar en la explotación parcial de este recurso, ya que apostar a una explotación intensiva del mismo aparece como volver a cometer el mismo error de otras crisis: maximizar producción actual a cuenta del bienestar de las generaciones futuras.

c- El largo plazo: eficiencia y diversificación de la matriz energética

Las problemáticas estructurales que afronta el sistema energético nacional y las profundas limitaciones a partir de la fuerte dependencia hidrocarburífera de la matriz energética, requieren de una planificación consistente por parte del Estado nacional y los Estados provinciales de cara al logro del gran objetivo de todo sistema energético en equilibrio: la diversificación de la matriz de generación de energía, orientada fundamentalmente al logro de metas/objetivos de crecimiento paulatino de la oferta de energía basada en recursos renovables.

Pensamos, en primer término, en la hidroelectricidad, que constituye, per se, una fuente de base en términos de la disponibilidad del recurso hídrico en la Argentina y en la tasa de utilización de esta alternativa.

Por otro lado, se abre la perspectiva de la energía eólica, solar y biomasa, entre otras, vinculadas fuertemente al diseño de un sistema descentralizado de producción y gestión de la energía, que puede brindar soluciones sostenibles en el mediano y largo plazo en regiones periféricas del país. A su vez, estimular la investigación en biocombustibles conocidos como de segunda o tercera generación.

Finalmente, la energía nuclear, que puede ser una alternativa de disponibilidad en términos de capacidad excedentaria de provisión de oferta energética y de reemplazo circunstancial y acotado de otras alternativas de base como la hidráulica o la térmica en la generación de electricidad en momentos en que el sistema deba requerir mecanismos fiables de sustitución por paradas técnicas de equipos. Aquí es importante tener en perspectiva el desarrollo de los reactores modulares de baja potencia- el modelo CAREM de 25MW de potencia instalada- pensados para la generación de energía eléctrica bajo esquemas descentralizados de producción, transporte, distribución y consumo.

Por su parte, la búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos energéticos, está directamente relacionada con la problemática de la diversificación de la matriz. En efecto, se trata de una de las aristas centrales de los análisis de prospectiva que desde hace tres décadas aproximadamente han impactado en mayor o menor medida en la planificación de las políticas energéticas en los países centrales.

Ahora, ¿cómo definimos la eficiencia y qué dimensiones involucra? La eficiencia energética es la capacidad que tiene el sistema para producir la misma o mayor cantidad de energía con un uso más racional, diversificado y sostenible. Ello impacta, directamente, en una variable crítica, que es la intensidad energética, que puede definirse como la relación entre el uso de recursos e insumos para la obtención de una determinada cantidad de energía. En efecto, se trata de producir la misma o mayor cantidad de unidades de energía, pero con un uso menos intensivo de petróleo, gas o carbón, es decir, de recursos fósiles.

Asimismo, esta problemática implica, por lo menos, cuatro dimensiones fundamentales:

- Uso racional de los recursos: no hay posibilidad de encarar políticas de eficiencia si no van de la mano de la internalización de una cultura de la racionalidad en los usos de la energía, tanto en los sectores industriales, comerciales, residenciales y de transporte.

- Sostenibilidad socio-ambiental: la búsqueda de la obtención eficiente de la energía implica la minimización de riesgos y daños al medioambiente, la elaboración de adecuados estudios de impacto ambiental y la adecuación de procesos industriales y productivos a los requerimientos de menor contaminación y emisión de gases contaminantes y optimización de los recursos vía procesamiento y reciclaje.

- Diversificación de fuentes: sólo puede sostenerse en el tiempo una política de eficiencia energética, si va acompañada de un proceso paulatino de diversificación de la matriz de generación de energía que incorpore los recursos renovables, tal como se comentó en el punto anterior.

- Acceso y políticas dirigidas a la demanda: una política energética basada en la eficiencia y el uso racional, implica asegurar el acceso igualitario a los bienes y servicios energéticos, al tiempo que se promueve una cultura de la demanda basada en el ahorro energético, compatible con el sostenimiento del sistema en su conjunto.

Por otro lado, ¿cuáles son las principales políticas a encarar y a qué sectores alcanzarían?

El abordaje de la eficiencia y el uso racional de la energía debe ser completo y consistente. Así, deben encararse criterios de optimización en el uso de los recursos en las siguientes áreas:

- Hábitat: estandarización de normas de usos finales más eficientes del gas y la electricidad, procesos de etiquetado de productos con garantía de menores emisiones, promoción de viviendas sostenibles con códigos de edificación que incorporen el uso de fuentes renovables para la generación de energía eléctrica y el calentamiento de agua y la cocción de alimentos (paneles solares térmicos y fotovoltaicos, geotermalismo, entre otros).

- Industrias y comercios: optimización de procesos industriales con el objetivo de lograr mayores estándares de reutilización de insumos y reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos (pequeñas instalaciones para la obtención de biogás a partir de desechos orgánicos, entre otras posibilidades), adecuación de las estructuras de las plantas fabriles y locales comerciales a las normas de uso racional y eficiente de la energía (uso de sistemas de iluminación y equipos más eficientes y amigables con el medio ambiente).

- Sector público: promoción de normas de uso racional y eficiente en los sistemas de iluminación de alumbrado público, en las oficinas gubernamentales municipales, provinciales y nacionales, criterios de armonización de normas y estándares de uso de productos y equipos en todas las jurisdicciones, fortalecimiento de los programas y fondos orientados a la eficiencia energética y al uso racional con el involucramiento de las áreas de planificación energética, económica y educativas de todas las jurisdicciones del país.

- Consumos residenciales: relanzamiento de los programas de uso racional y eficiente de la energía destinados a los hogares ( conocimiento de normas de etiquetado, equipos de iluminación más eficientes, control del consumo, entre otros aspectos), estudio integral de los subsidios destinados a la cobertura de los servicios públicos de gas y electricidad, con el objetivo de concentrarlos en los sectores de menores recursos de nuestra población, garantizando el acceso igualitario a los servicios pero también mayor equidad, bajo el principio progresivo de que el que más ingresos tiene, más paga.

- Transporte: incorporación de motorizaciones que promuevan el uso más eficiente de insumos con el doble objetivo de reducir los costos de utilización de combustibles de origen fósil y la intensidad de las emisiones contaminantes ( vehículos híbridos, eléctricos, entre otros), promoción de la multimodalidad en el transporte público, garantizando mejores servicios, acceso y uso a partir de inversiones públicas dirigidas a la racionalización del transporte de cargas y a la optimización de los servicios de trenes urbanos de pasajeros y de cargas ferroviarias.

III- Energía: por un camino distinto.

A partir de todos los aspectos analizados, creemos que es fundamental luchar por la internalización de una fuerte cultura del uso eficiente, racional y responsable de los recursos, sin la cual, no será posible lograr buenos resultados en el mediano y largo plazo.

La pérdida del horizonte de autoabastecimiento de hidrocarburos, que ya es un hecho imposible de disimular, nos ha convertido en importadores netos de energía. El carácter estructural de la problemática se ha agravado en los últimos años, en los que han primado la inconsistencia y el cortoplacismo en la política energética.

Entre 2011 y 2013, habremos pagado la friolera de 32.000 millones de dólares por la importación creciente de gas natural, gas licuado por barcos y combustibles líquidos, que se han destinado en estos años para tapar la brecha entre lo que producimos y lo que consumimos en materia de energéticos. Asimismo, en estos últimos tres años, se han destinado más recursos que los que estaban presupuestados inicialmente para cubrir el déficit creciente, superando un 50% promedio por año. La contracara de esto, es una madeja de transferencias en subsidios a los sectores privados, que no han dejado de crecer en número y en inequidad, ya que hoy, en la Argentina, todos pagamos para sostener este déficit, independientemente de cuál sea nuestra capacidad contributiva.

Es hora de comenzar a actuar, en todos los planos y con perspectivas de corto, mediano y largo plazo, para recuperar nuestra soberanía energética, entendida como la capacidad de la comunidad para asegurar el suministro, estabilidad, acceso, sustentabilidad y aumento del margen de maniobra en un contexto de cooperación regional ampliada y profundizada a través de la integración energética y científico-tecnológica.

Notas:
1) Jalife Rahme, Alfredo: “Tecnofobia” y miseria de la “contrarreforma energética Peña/Videgaray/Aspe”, diario la Jornada de Mexico. Ver: http://www.jornada.unam.mx/2013/11/20/opinion/018o1pol
2) http://www.lanacion.com.ar/1642094-preacuerdo-con-espana-por-la-expropiacion-de-ypf?utm_source=n_tip_nota1&utm_medium=titularP&utm_campaign=NLPol
3) Esto fue establecido en el artículo 15 de la mencionada legislación. Ver: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/196894/norma.htm

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Entrevista a Adolfo Pérez Esquivel: “Hace unos años Fidel me dijo que tengamos cuidado con el fracking”

Pablo Frías - Aramis Lascano (OTRO VIENTO)

OTRO VIENTO visitó las oficinas del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) para entrevistar a Adolfo Pérez Esquivel. Luego de atravesar varias escaleras e intercambiar algunos ejemplares de nuestra revista, Adolfo comenzó contándonos su experiencia como docente en la Facultad de Arquitectura platense y su reciente visita en el 50° aniversario de la institución. Su oficina repleta de condecoraciones y retratos con grandes amigos como Fidel Castro o Desmond Tutu fue el escenario de la charla.

-¿Cómo analiza la política de derechos humanos a nivel latinoamericano y el avance de las empresas transnacionales?

La política de derechos humanos en América Latina es compleja, es difícil y peligrosa. Por un lado hay países donde existe una fuerte persecución a quienes defienden los derechos humanos, como México, Guatemala, Honduras, Colombia, Paraguay. En Honduras hay más de 100 periodistas muertos, otros en el exilio, otros presos, por defender la libertad de información.

Por el otro lado, hay países que tienen dificultades pero que tratan de regular o de mantener un Estado de Derecho, y dentro del Estado de Derecho hay dificultades. Hace poco estuve en Chile y la represión a los estudiantes es durísima al igual que a los Mapuches. Sin embargo, se habla de un gobierno democrático. Al pueblo mapuche le aplican la Ley Antiterrorista, que son 30, 40 o 50 años de prisión por defender sus tierras y esto es gravísimo.

El caso de Paraguay es un drama donde prácticamente no está Stroessner, no está la dictadura, pero utilizan los mismos mecanismos de represión y control social. Por eso mismo lo voltearon a Lugo. El caso de los campesinos, acusados del Ejército Revolucionario del Pueblo, fue armado por la derecha paraguaya. En Brasil hay muchísimos problemas también a pesar de que hay un gobierno popular como el de Dilma que trata de hacer pero las cosas se deforman, porque ahí en las favelas hay muchos narcotraficantes, hay muchas situaciones muy difíciles de manejar.

El ejemplomás grave del continente es Colombia, con más de 50 años de conflicto armado, no sólo entre las FARC y el gobierno sino que hay grupos parapoliciales, paramilitares, del ejército de los Estados Unidos. Dentro de este panorama no podemos ignorar que tiene más de 6 millones de desplazados internos y les han quitado las tierras para entregarlas a las empresas multinacionalesque no vienen a proponer un desarrollo sino una explotación, vienen a saquear todo lo que pueden. Aquí en Argentina, en Chile o en cualquier país latinoamericano.

Y un poco está pasando esto en el país también, como con el ingreso de las empresas transnacionales como el caso de Chevron que fue condenada en Ecuador a pagar 19 mil millones de dólares.Es patético, ¿no? Porque los derechos humanos tenemos que hablarlos desde su integridad, no únicamente en lo que es secuestro y desaparición o tortura de personas.

 Cuando hablamos de derechos humanos tenemos que hablar de derechos de los pueblos. Hoy los pueblos son afectados por la megaminería, por los hidrocarburos, por los agrotóxicos, por la frontera de la soja que camina y que está devastando no sólo la tierra sino el medio ambiente y que va a dejar una situación calamitosa el día que eso ya no les rinda más. Porque todo comienza y todo termina, entonces hay procesos muy avanzados de desertificación a raíz de los desmontes que hay por plantar soja.

¿Ustedes alguna vez sintieron hablar del agua virtual? Los pinos y los eucaliptus cuando ya son árboles más o menos adultos,pasando los 15 años, absorben entre 60 y 70 litros de agua por día. Cuando cortan los rollos para las celulosas y se los llevan en los camiones tienen que calcular cuánto se llevan de agua. Tienen que multiplicar esa cantidad de litros por 365 días y por 15 o 20 años. Estoy hablando de un solo árbol.

Cuando te encontrás con miles y miles de hectáreas con plantaciones de pinos o eucaliptus, porque son de crecimiento rápido, haces un cálculo y te das cuenta de la barbaridad de cómo están consumiendo el agua y no es un bien renovable. El agua se pierde y hoy hay 32 países en el mundo que no tienen agua. Estuve en Irak 12 días y te puedo decir que íbamos con la camioneta cargada de agua para dejarlas en los hospitales pediátricos, reservándonos una botella para nosotros. Hay petróleo pero no hay agua.

Y las empresas vienen a saquear. Te mencioné aChevron pero en la Argentinatenes a La Alumbrera, a Pascua Lama, tenes las grandes empresas como los monocultivos de soja que producen la desertificación, la salinización de la tierra. Por ejemplo, hace poco estuve en Misiones, fui de Posadas a Cataratas, dónde está enterrada mi familia,en todo el trayecto ves muchos pinos pero no ves pájaros. Ahora ¿por qué no hay pájaros?, porque se ha quebrado la biodiversidad, y comienzan a producirse estas contradicciones donde se privilegia el capital financiero por sobre la vida de los pueblos. Lo que la Madre Tierra nos dejó cada vez lo están destruyendo más.
-Teniendo en cuenta que el kirchnerismo ha reivindicado la bandera de los derechos humanos en relación con lo que fue la dictadura, ¿qué queda pendiente respecto a esta temática y cómo cree que se puede abordar de manera integral?

El gobierno aquí tomó una opción política que nosotros, como Servicio de Paz y Justicia, acompañamos. Lo que hicieron fue abrir las posibilidades o aprobar lo que nosotros reclamábamos. Exigir el derecho de la verdad y la justicia y los juicios, la nulidad de las leyes de impunidad,no es un logro del gobierno sino de las organizaciones.Eso lo hizo bien el gobierno kirchnerista, pero la política de derechos humanos comienza y termina ahí.

Yo comprendo que hay organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, familiares, que apoyan al gobierno porque se encuentran contenidos y dieron respuesta a lo que ellos buscaban. Ahora, los derechos humanos no se agotan ahí. El caso de las tierras de los pueblos originarioscomo los Qom o los Mapuches y de los pueblos como Andalgalá en Catamarca o el caso de Famatina, son claros ejemplos de violación de los derechos humanos.

Acabo de llegar de Córdoba, de estar con la gente de Malvinas Argentinas que están enfrentándose a esa gran empresa que el gobierno tiene como un héroe, Monsanto, cuando es expulsada y condenada en todas partes del mundo. Observas esto y ves que hay contradicciones, son políticas de derechos humanos y el gobierno tiene un aplazo total. No ha cumplido en nada y encima trae a Chevron para utilizar el fracking a Vaca Muerta.

Hace unos años mi amigo Fidel Castro me dijo: “Ojo, tengan cuidado con el fracking porque en la Argentina es uno de los países donde van explotar los hidrocarburos con ese método”. Yo no sabía ni que era el fracking, y él meexplicó que perforan a más de 4mil metros la roca madre y le inyectan agua que se contamina para sacar el petróleo, entonces ahora, por ejemplo, el gobierno hace esos acuerdos y son secretos, nadie puede acceder a ellos bajo la escusa de que “son empresas privadas”.

YPF, ¿se nacionalizó o no se nacionalizó? Y si fuese privatizado el pueblo tiene derecho a saber, nada se pone en debate, además ni la provincia sabe lo que se firmó, pero pasa con otras provincias también con acuerdos que hacen, nadie sabe nada y eso no es bueno y es antidemocrático.

-Teniendo en cuenta el rol preponderante de la Iglesia católica en el genocidio y en el saqueo de América, ¿cómo cree que el Papa puede reivindicar los derechos humanos atacados históricamente por la institución que hoy representa?

Hay que aclarar una cosa: cuando se habla de la Iglesia no hay que meter a todos en la misma bolsa. En América Latina hay muchísimos mártires, hay gente como monseñor Romero, el pelado Angelelli, hay gente maravillosa como el cardenal Paulo Evaristo Barrios, Carlos Cajade en La Plata. Hay mucho trabajo de base en las iglesias.Ahora, durante la época de la dictadura la mayoría de los episcopados en América Latina guardaron silencio, salvo algunos que lo asumieron.

En Chile la vicaria de la solidaridad con el cardenal Raúl Silva Henríquez, toda la línea de la teología de la liberación en Brasil, han hecho cosas fantásticas. En Uruguay estaba Luis Pérez Aguirre -jesuita y compañero nuestro del Serpaj-. También podríamos hablar de Centroamérica, el caso de los jesuitas; en El Salvador el asesinato a Ellacuria ymonseñor Romero. Hubo otros que sí estuvieron comprometidos con la dictadura y justificaron hasta la tortura. Ellos sí, tienen que responder ante la Justicia. Algunos como Victorio Bonamín, Adolfo Tortolo, Antonio Plaza, Christian Federico Von Wernichse murieron, tuvieron hasta esa suerte.

Creo que el Papa Francisco es un hombre que viene haciendo cambios muy profundos. Hay una diferencia en la Iglesia entre los que son funcionarios y están en el poder, y los que son pastores y acompañan a las comunidades de base, trabajan. Bergoglio aquí, iba a las villas, iba a lavar los platos, a barrer, trabajar con la gente y eso se conoce poco. Fue un hombre que ayudó durante la época de la dictadura, sin embargo, no era como la gente que estaba al frente, lo mismo con Jaime Francisco de Nevares (obispo de Neuquén); ambos estaban con las comunidades de base. Son grandes personas, gente que trabajó, luchó y que realmente tenían una conciencia liberadora, porque hoy se habla mucho, pero cuando había que ponerle el hombro para estar, defender la vida y retornar a la vida democrática de los pueblos, eran pocos.

-¿Cómo analiza esta presunta división entre personas u organizaciones que se atribuyen defender lo mismo, ya sea respecto de los organismos de derechos humanos, como es el caso de las Madres de Plaza de Mayo, que tiene a Hebe de Bonafini por un lado y a Nora Cortiñas por el otro; o representantes de comunidades originarias?

Lo peor que podemos tener en la vida, así como están los monocultivos de soja, son los monocultivos de las mentes. Si te agarran con los monocultivos de las mentes estás jodido. Esto viene del pluralismo, o sea que la madre naturaleza nunca generó monocultivos, siempre generó la biodiversidad. Acá el pensamiento y las diferencias están bien, hay que tener las diferencias pero hay que tener en claro para dónde va el país dentro de la diversidad.

En el caso de las Madres, Abuelas e Hijos de desaparecidos que optaron por aliarse con el gobierno, es un derecho de cada organización. Nosotros mantenemos la independencia de cualquier partido político, es lo único que nos da credibilidad, y si tenemos que criticar a uno u otro, lo hacemos. Si tenemos que hacer propuestas, también las hacemos, tanto a nivel de gobierno como de organizaciones.

El caso de Félix Díaz, que lo venimos acompañando, sufrió la represión en su comunidad, hay muertes, hay heridos, hay persecuciones a la familia. Félix es un hombre que es coherente, quiere el respeto, la dignidad de su pueblo y sus territorios. Hay otros dentro de la misma comunidad que se aliaron con el gobierno de un señor terrateniente, un señor feudal llamado GildoInsfrán (gobernador de Formosa), una persona nada confiable por todas las cosas que viene haciendo.

Nosotros fuimos al juzgado donde están las causas contra Félix y tienen 60 centímetros de espesor y las causas por las muertes Qom sólo tienen 3 páginas. Entonces, ves lo que pasa con la justicia, ves lo que está pasando con la sociedad, y es un hombre que corre peligro, por eso tratamos de apoyarlo. Si no hubiese estado ahí Nora Cortiñas, Aldo Etchegoyen de la asamblea, Pablo Pimentel y yo, lo hubiesen destrozado. Después La Cámpora va y los echa del acampe de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Ahí estuvo el "Cuervo"Larroque, que sí, es un cuervo. Eso no es hacer política buena, eso es politiquería.

Nosotros que estamos acompañando a los pueblos, lo hacemos por su derecho al territorio. Pero ese territorio después se lo dan a las empresas, que destruyen todo, no dan nada y generan más hambre, pobreza y enfermedades. Se habla de que tenemos un sistema democrático porque votamos y eso no es democracia, es falso. Es decir, el voto no te garantiza la democracia, que significa derecho e igualdad para todos.Y son espacios a construir, no son espacios que te los dan y vos lo disfrutas.Hay que construir la democracia. Se dice que estamos viviendo en democracia pero no es cierto, estamos viviendo en un gobierno constitucional, no en democracia.

Adolfo Pérez Esquivel

Militante y activista argentino defensor de los Derechos Humanos y del Derecho de Autodeterminación de los Pueblos.

En los años sesenta comienza un trabajo con organizaciones y movimientos latinoamericanos.

Posteriormente participa de los movimientos de no-violencia y en 1973 publica el periódico Paz y Justicia para difundir esa filosofía y continúa en la organización de grupos de base con sectores populares.

La violencia desatada en todo el continente latinoamericano y las graves violaciones de los derechos humanos, lo llevan a asumir compromisos y responsabilidades con los grupos y movimientos cristianos en el continente.

Luego en 1980 recibe el premio Nobel de la Paz por su compromiso con la democracia y los derechos humanos por medios no-violentos frente a las dictaduras militares de nuestro continente.

Actualmente es presidente del Consejo Honorario del Servicio Paz y Justicia en América Latina, presidente ejecutivo del Servicio Paz y Justicia Argentina, de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, de la Academia Internacional de Ciencias Ambientales, y miembro de numerosos organismos de DDHH.

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Argentina: Opinión de la Asociación de Abogados Laboralistas sobre el proyecto de reforma del Código Civil y de Comercio

Dado lo complejo del tema y las variables a considerar, es de resaltar que partimos del principio de que una reforma como la proyectada va a tener especial repercusión en las relaciones laborales y en la normativa específica de nuestra materia. Es obvio que los códigos civil y comercial forman parte esencial del plexo normativo general y sus preceptos son de aplicación supletoria, y en muchos casos como únicas normas que tratan aspectos de relevancia en el ámbito laboral.

En este marco, vamos a dividir la temática en aquellos temas que nos parecen relevantes, sin perjuicio de que todo el proyecto va a establecer nuevas relaciones jurídicas y por tanto irradiarán sus conceptos a todo el universo de las relaciones sociales.

1.- De los contratos en general: El proyecto de reforma (PR) establece en su art. 963, lo siguiente:
“ARTÍCULO 963.- Prelación normativa. Cuando concurren disposiciones de este Código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación:
a) normas indisponibles de la ley especial y de este Código;
b) normas particulares del contrato;
c) normas supletorias de la ley especial;
d) normas supletorias de este Código”.-

Rompe con el orden de prelación de normas, pues coloca en el mismo campo y con igual condición al orden público laboral con las normas de igual carácter del C.Civil, cuestionando de alguna manera el orden de prelación del art. 1 de la Ley de Contrato de Trabajo y debilitando el orden público laboral.

Se elimina el criterio de la especialidad para resolver antinomias entre disposiciones del orden público.- Esta norma si bien la jurisprudencia puede salvar, incurre en un grave error conceptual que se visualiza a lo largo del proyecto. Se debilitan los derechos de quienes son la parte débil de la relación contractual tanto en el aspecto laboral como el civil y comercial. Se desarrolla el concepto de contrato partiendo con énfasis en la igualdad de las partes y no en la real situación dispar en que se desarrollan las relaciones sociales y por tanto también los contratos.

2.- Contratos asociativos: Se crean y desarrollan toda una serie de asociaciones de empresas donde se disminuye notoriamente la responsabilidad de sus integrantes, invitando una vez más al fraude en lo que se refiere a nuestra materia. Es larga la historia jurisprudencial en el fuero laboral, dando cuenta de la recurrencia a la solidaridad para obtener reparaciones ante las sociedades que son fantasmas que aparecen o desaparecen según sus conveniencias. Tanto las Uniones Transitorias como los Consorcios de Cooperación se transforman en esa posibilidad a la luz de la desobligación que el PR resalta. Los siguientes son los artículos del PR al cual hacemos referencia:

Uniones Transitorias

“ARTÍCULO 1463.- Definición. Hay contrato de unión transitoria cuando las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos, dentro o fuera de la República. Pueden desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al objeto principal”.-

“ARTÍCULO 1467.- Obligaciones: no solidaridad. Excepto disposición en contrario del contrato, no se presume la solidaridad de los miembros por los actos y operaciones que realicen en la unión transitoria, ni por las obligaciones contraídas frente a los terceros”.-

Consorcios de cooperación

“ARTÍCULO 1470.- Definición. Hay contrato de consorcio de cooperación cuando las partes establecen una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros a fin de mejorar o acrecentar sus resultados”.-

“ARTÍCULO 1477.- Responsabilidad de los participantes. El contrato puede establecer la proporción en que cada miembro responde por las obligaciones asumidas en nombre del consorcio. En caso de silencio todos los miembros son solidariamente responsables”.-

3.- Agencia: Dentro de los contratos también asociativos la reforma contempla al contrato de agencia. El mismo en realidad transforma al viajante de comercio de la Ley 14.546 en un trabajador independiente. Podríamos decir que conforme la normativa del PR se elimina la figura del viajante de comercio como un trabajador dependiente.

“ARTÍCULO 1479.- Definición y forma. Hay contrato de agencia cuando una parte, denominada agente, se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada preponente o empresario, de manera estable, continuada e independiente, sin que medie relación laboral alguna, mediante una retribución. El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al preponente. El contrato debe instrumentarse por escrito”. (Coincide con arts. 1 y 2 de la ley 14.546 de Viajantes de Comercio)

El art. 1480: establece que el agente puede ser exclusivo o no. (Coincide con el art. 1º ley 14.546)

“ARTÍCULO 1483.- Obligaciones del agente. Son obligaciones del agente:…

c) cumplir su cometido de conformidad con las instrucciones recibidas del empresario y transmitir a éste toda la información de la que disponga relativa a su gestión;…”.- (debe seguir las instrucciones del empresario como lo establece el art. 86 LCT)

“ARTÍCULO 1486.- Remuneración. Si no hay un pacto expreso, la remuneración del agente es una comisión variable según el volumen o el valor de los actos o contratos promovidos y, en su caso, concluidos por el agente, conforme con los usos y prácticas del lugar de actuación del agente”.- (La remuneración es una comisión por lo que coincide con el art. 7 ley 14.546)

“ARTÍCULO 1492.- Preaviso. En los contratos de agencia por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede ponerle fin con un preaviso. El plazo del preaviso debe ser de UN (1) mes por cada año de vigencia del contrato. El final del plazo de preaviso debe coincidir con el final del mes calendario en el que aquél opera. Las disposiciones del presente artículo se aplican a los contratos de duración limitada transformados en contratos de duración ilimitada, a cuyo fin en el cálculo del plazo de preaviso debe computarse la duración limitada que le precede. Las partes pueden prever los plazos de preaviso superiores a los establecidos en este artículo” (Coincide con el art. 232 LCT).-

“ARTÍCULO 1497.- Compensación por clientela. Extinguido el contrato, sea por tiempo determinado o indeterminado, el agente que mediante su labor ha incrementado significativamente el giro de las operaciones del empresario, tiene derecho a una compensación si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales a éste. En caso de muerte del agente ese derecho corresponde a sus herederos. A falta de acuerdo, la compensación debe ser fijada judicialmente y no puede exceder del importe equivalente a UN (1) año de remuneraciones, neto de gastos, promediándose el valor de las percibidas por el agente durante los últimos CINCO (5) años, o durante todo el período de duración del contrato, si éste es inferior. Esta compensación no impide al agente, en su caso, reclamar por los daños derivados de la ruptura por culpa del empresario”.-
(Coincide con art. 14 ley 14.546)

Conclusión: El agente promueve negocios a cuenta del empresario, no asume riesgos, sigue las instrucciones de trabajo del empresario, puede ser exclusivo o no, y percibe una retribución que es una comisión variable. Al final de la relación percibe una indemnización por clientela y tiene derecho a un preaviso. Es claramente un viajante de comercio en relación de dependencia. Esta normativa debe ser definitivamente eliminada del PR, caso contrario, reiteramos, desaparece el viajante de comercio en relación de dependencia y se precariza gravemente una relación laboral histórica. Es un intento evidente de terminar con un contrato laboral para sustituirlo por un supuesto trabajador independiente, generando por otra parte un antecedente muy serio que luego puede irradiarse a otras actividades. Obsérvese que en las normas en cuestión se mencionan institutos del derecho laboral para una actividad no dependiente: remuneración, preaviso, ajenidad del riesgo empresario, entre otros.

4.- Franquicia: El PR regula dentro de los contratos asociativos al contrato de franquicia, estableciendo respecto a la responsabilidad del franquiciante, lo siguiente:

“ARTÍCULO 1520.- Responsabilidad. Las partes del contrato son independientes, y no existen relación laboral entre ellas. En consecuencia:
a) el franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado, excepto disposición legal expresa en contrario;
b) los dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica laboral con el franquiciante, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre fraude laboral;
c) el franquiciante no responde ante el franquiciado por la rentabilidad del sistema otorgado en franquicia…”.-

El franquiciante es responsable solidario por las deudas laborales de franquiciado, sólo en los casos de fraude laboral. En los demás casos no. Esto modifica el art. 30 LCT que no exige fraude para hacer responsable al contratante. Aquí el principio es la “no responsabilidad” y la excepción en caso de fraude. Establece claramente que no hay relación jurídica laboral entre el franquiciante y los dependientes del franquiciado, avanzando sobre la normativa laboral en forma grave.

5.- Flexibilización del concepto de “remuneración”:

En los contratos de Locación de Obra y de Servicios (art. 1251 y 1257), Mandato (art. 1322), Depósito (art. 1357), Agencia (art. 1479 y 1486) Concesión (arts. 1502 y 1507), la prestación que recibe el prestador del servicio, el mandatario, el depositario, el agente y el concesionario respectivamente, se denomina “remuneración”. De esta forma se flexibiliza el concepto de remuneración, dejando de ser en forma exclusiva la contraprestación propia del trabajador por haber puesto su fuerza de trabaja a disposición del empleador (art. 14 bis CN, Convenio Nº 95 OIT, y art. 103 LCT). Ahora hay prestaciones que se denominan también remuneración, pero que no son consecuencia de un contrato de trabajo. Se opone al criterio de la CSJN en fallos “Pérez c/ Disco SA” y “González c/ Polimat SA”, para los cuales el concepto de remuneración del Convenio Nº 95 es rígido y no puede ser modificado legislativamente. Al aparecer en contratos que no son laborales, se modifica indirectamente el concepto de remuneración. Esta precarización del concepto genera serias consecuencias, pues una característica del contrato de trabajo que es el cobro de una remuneración, deja de ser una calidad de lo laboral para generalizarse para múltiples contratos no laborales. Por tanto, percibir una remuneración deja de ser una de las premisas del contrato laboral, y por tanto, permite interpretaciones y futuros contratos que podrán invocarse como no laborales en base a este diluido concepto. Es una forma clara de precarizar aún más el contrato de trabajo mediante figuras no laborales e incorporando conceptos propios de nuestra materia a temas que se presentan como ajenos.

6.- Responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades: En materia de responsabilidad por el vicio y riesgo de la cosa, el PR establece:

“ARTÍCULO 1757.- Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención”.-

“ARTÍCULO 1758.- Sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables indistintamente del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño no responde si prueba que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial”.-

Estas normas avanzan positivamente y con más detalle sobre la responsabilidad fijada por el art. 1113 e incorpora con más claridad la responsabilidad de quien se beneficia con el uso de la cosa riesgosa. En este sentido, esta normativa es un progreso evidente respecto de las normas vigentes. Pero aquí y en el ámbito laboral nos encontramos con un escollo ajeno al PR pero que no podemos soslayar. La vigencia de la ley 24.557, y aquellos proyectos que invocan la imposibilidad del reclamo por la vía civil como complemento de las indemnizaciones de la laye especial (la famosa “opción con renuncia”), puede hacer caer las eventuales buenas intenciones que se vuelcan en estas normas, pues el trabajador no va a tener acceso a las mismas, salvo corriendo un riesgo que estando accidentado puede no estar dispuesto a afrontar.

7.- Prescripción: Entre las modificaciones que el PR establece en materia se prescripción, podemos señalar:

“ARTÍCULO 2541.- Suspensión por interpelación fehaciente. El curso de la prescripción se suspende, por una sola vez, por la interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho contra el deudor o el poseedor. Esta suspensión sólo tiene efecto durante SEIS (6) meses o el plazo menor que corresponda a la prescripción de la acción”.-

Además de que en la acción laboral el plazo de prescripción es de solo dos años (dictadura militar mediante), el PR baja de un año a seis meses la suspensión de dicho plazo en caso de interpelación fehaciente.

8.- EL ESTADO Y SUS RESPONSABILIDADES RESPECTO DEL EMPLEO PUBLICO.

En este punto resaltamos nuestra coincidencia con el planteo que efectuara en su momento la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Los artículos centrales que se pretenden incorporar son los siguientes:

Artículo 1764.- Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado ni de manera directa, ni subsidiaria.

Artículo 1765.- Responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.

Artículo 1766.- Responsabilidad del funcionario y del empleado público. Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.

Las modificaciones en cuestión colocan al derecho administrativo como el ámbito excluyente de la responsabilidad civil del Estado y de sus funcionarios inclusive ante sus empleados.

Esto implicaría, “ni más ni menos que si el accionar del Estado o sus funcionarios, ya sea en cumplimiento de sus deberes o por el ejercicio irregular de sus obligaciones, causare un daño, estos se encontrarían eximidos de reparar las consecuencias y su conducta sería sólo juzgada en los limitados y estrechos ámbitos del Derecho Administrativo.” (textual del documento de ATE)

Es evidente que este proyecto también en este sentido, genera una marcada inimputabilidad para el Estado y sus funcionarios y degrada los derechos de los trabajadores dependientes de los Estados nacionales, provinciales y municipales.

9.- Sociedad unipersonal de responsabilidad limitada:

El proyecto modifica los arts. 1º y 94 LSC. Esto posibilita la constitución de sociedades unipersonales de responsabilidad limitada. Crea así dos patrimonios diferenciados de una misma persona física.-

Siendo que el proyecto permite la creación de una sociedad de un solo socio, la cual puede adoptar, entre otros, la forma de una sociedad de responsabilidad limitada, o una sociedad anónima, estamos en condiciones de afirmar que el proyecto trae como verdadera novedad: a la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada. Esta nueva figura constituye sin dudas una modificación radical del concepto y significado que tenía hasta el momento la sociedad como sujeto de derecho, ya que nos resulta un sacrilegio conceptual pensar la idea de una sociedad de un solo socio, y ver allí además a dos sujetos de derecho distintos.

La tradicional fundamentación organicista del carácter de sujeto de derecho de las personas jurídicas, radicaba en la nueva realidad que surgía de la integración de varias personas físicas, de la cual resultaba una voluntad social distinta de las voluntades individuales que la conformaban. Ahora, con el proyecto de sociedad unipersonal, voluntad social y voluntad del socio, es la misma. Por otro lado, entre las principales justificaciones de la limitación de responsabilidad de las sociedades, se encontraba la necesidad de posibilitar grandes inversiones por medio del aporte de muchos individuos, que al mismo tiempo no vean comprometidos sus patrimonios personales por las deudas de la sociedad que ellos conformaban. Pero con este proyecto, el socio que aporta el capital es uno solo, y sin embargo, puede limitar su responsabilidad a lo aportado en la sociedad que solo él integra, tratándose de casos en que el objeto societario pudo ser perfectamente concretado por un empresario individual, que asuma toda la responsabilidad por su propia actividad.

Es evidente de esta manera que el proyecto trastoca los cimientos mismos del concepto de sociedad comercial y del principio de responsabilidad limitada, pasando a ser la esencia de los mismos sólo la idea de una patrimonio diferenciado y de una responsabilidad limitada a ese patrimonio. La voluntad societaria como resultante de una pluralidad de voluntades expresada a través de los distintos órganos societarios, y el patrimonio societario como el resultado del aporte de varios inversores cuyo capital individual resultaba obsoleto para concretar la actividad común, quedan ahora descartados como principios inamovibles de la realidad societaria. Sólo la existencia de un patrimonio societario diferenciado del resto del patrimonio del socio, pasa a ser la esencia de la sociedad como sujeto de derecho, aún cuando ese patrimonio societario siga sometido enteramente a la voluntad del mismo socio que aportó el capital societario. En cuanto a la responsabilidad limitada, su justificación se encuentra sólo en la exclusiva necesidad del socio de limitar su riesgo empresario al capital social aportado, aún cuando haya sido el único conformador de ese capital social, y que el patrimonio social siga sometido a su entera voluntad expresada ahora a través de órganos societarios que sólo él integra. La idea misma de la responsabilidad jurídica por los actos propios, queda totalmente burlada con el proyecto, diferenciando ficticiamente entre una actuación societaria y una extra-societaria, realizada por la misma persona física. La sociedad unipersonal de responsabilidad limitada resulta un freno a la efectiva concreción de los derechos de los trabajadores. Que sólo el patrimonio afectado a la sociedad deba responder por los créditos laborales, y que el patrimonio personal del socio único quede librado de esa responsabilidad, constituye una clara reducción de la garantía común de los trabajadores, teniendo en cuenta que en la actual legislación el empleador unipersonal responde con todo su patrimonio. Al empleador unipersonal que conforme esta nueva figura societaria, le bastará con pasar bienes a su patrimonio personal, para de esta forma eludir su responsabilidad laboral frente a sus trabajadores. Responsabilidad laboral, insistimos, que queda con el proyecto totalmente burlada, puesto que los actos de una misma persona física traerán consecuencias diversas para los trabajadores, siendo que los mismos hayan sido realizados o no dentro de la forma societaria. Si el empleador unipersonal no utiliza la forma societaria, su actuación como empleador comprometerá todo su patrimonio; si utiliza en cambio la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, esos mismos actos sólo comprometerán el patrimonio societario, dejando libre su patrimonio personal.

Conclusiones:

El proyecto de reforma presenta un claro avance del principio de la autonomía de la voluntad y el contractualismo como pilares fundamentales de su desarrollo. En las actuales circunstancias económicas y sociales, donde la desigualdad se acentúa día a día, más allá de momentos históricos circunstanciales, entendemos que es cuando más las mayorías sociales exigen un orden normativo protector y un orden público que los defienda de los poderes económicos y políticos concentrados. Esta es una realidad que se desarrolla en todo el mundo y que obviamente nos comprende como parte del mismo. Por tanto, toda legislación que acentúe la autonomía de la voluntad ante el orden público protectorio, es altamente cuestionable fundamentalmente si se quiere proteger los derechos humanos y sociales del conjunto de la sociedad. Obviamente que ello implica actuar con prudencia para no caer en el autoritarismo, pero por el contrario en énfasis en la autonomía genera otro tipo de autoritarismo que no vendrá del Estado pero si se materializará en el poder económico. En lo que hace a los temas que tienen relación directa o indirecta con el derecho de los trabajadores, podemos señalar sin temor a equivocarnos, que el proyecto de reforma de los códigos civil y comercial, resultan peyorativos y regresivos en términos generales, salvo algunas cuestiones puntuales detalladas en este documento. No puede colocarse al orden público civil en el mismo rango que el orden público laboral y desde allí generar normas que eluden las responsabilidades de los empleadores, y por tanto, precarizan las condiciones de trabajo. Por el contrario, debe avanzarse en la legislación laboral para proteger aún más a los trabajadores ante un mundo que se les presenta cada vez más hostil y ajeno.

En este sentido, debemos expresar nuestra preocupación en que se avance en modificaciones como la presente y se mantenga en términos fundamentales el régimen de relaciones laborales que impusiera la dictadura militar. Seguimos, luego de veintinueve años de orden constitucional, con una Ley de Contrato de Trabajo que en lo esencial sigue siendo la usurpada por la dictadura militar; seguimos con una ley de asociaciones sindicales que ha sido duramente cuestionada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la realidad social; se mantiene un régimen de ley de riesgos del trabajo absolutamente inconstitucional y el proyecto que ahora presenta el Poder Ejecutivo Nacional se encuadra en esa perversa tesitura. En indispensable modificar sustancialmente estas leyes para avanzar en un derecho progresivo a favor de los trabajadores, terminando con la tercerización sin responsabilidad, logrando la estabilidad laboral de los trabajadores públicos y privados, democratizando las relaciones laborales en el ámbito de la empresa, desarrollando la libertad y la democracia sindical, contando con un régimen de accidentes de trabajo que acentúe la prevención, la participación de los trabajadores y el derecho a una reparación integral sin obstáculos.

Este es nuestro aporte que sin duda deberá enriquecerse con todo aquello que las organizaciones sociales y sindicales puedan generar en sus diversos ámbitos, pero que consideramos esencial que se tengan en cuenta para que los trabajadores y las mayorías sociales no sean víctimas de una legislación que los pueda perjudicar.

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La CHA y la reforma del Código Civil: Artículo 19

Desde la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) reiteramos nuestro rechazo absoluto al cambio que se propone para el nuevo artículo 19 del Código Civil, incluido en el dictamen por presión de la Iglesia Católica.

El nuevo articulado propuesto viola el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Artavia Murillo contra Costa Rica del 28/11/2012) donde se concluye que el embrión no implantado no es persona. De este modo, se permite la fertilización in vitro. Gracias al desarrollo de esta técnica médica han podido nacer una gran cantidad de niñas/os y a la vez, varias personas y parejas pudieron hacer uso del derecho a formar una familia.

El mismo Congreso de la Nación sancionó este año la histórica Ley Nro. 26.862, que regula la cobertura médica de técnicas de reproducción asistida permitiendo la criopreservación de embriones, admitiendo que el embrión no implantado no es persona, sino que lo sería recién cuando está implantado en la mujer, como acontece cuando se trata de filiación por naturaleza o derivado del acto sexual.

El art. 19 propuesto y reformado hoy por presión de la Iglesia Católica es un retroceso en relación a la redacción actual de Vélez Sarsfield que dice que la existencia de la persona acontece desde la concepción en el seno materno. Al considerar que esa existencia acontece originariamente incluso fuera del seno materno, el proyecto dictaminado se coloca por detrás de una ley de por sí conservadora como la de Vélez Sarsfield .

Destacamos que hace unos días Uruguay sanciono la ley de técnicas de reproducción asistida, que permite de manera expresa la fertilización in vitro y al embrión lo considera “preembrión” al que no se le da carácter de persona humana.

Cesar Cigliutti, Presidente de la CHA manifestó: “Argentina ha realizado importantes avances legislativos aplaudidos y de vanguardia a nivel mundial, aún en oposición a la postura de la Iglesia. No se puede desdibujar todo un nuevo Código que refleja estos importantes avances y mucho más por otra nueva presión de un actor social que históricamente ha impuesto posturas hegemónicas y excluyentes desde el fundamentalismo religioso”.

Pedro Paradiso Sottile, Secretario de la CHA dijo: “Rechazamos la propuesta de la nueva redacción del art. 19 del Código Civil, ya que viola el principio de libertad y autonomía. Aquellas personas que por razones religiosas no quieran someterse a las técnicas de reproducción asistida lo pueden hacer perfectamente. Se trata de seguir ampliando derechos, no de restringirlos. De avanzar con esta propuesta, seríamos el primer país que prohibiría indirectamente el uso de la técnica in vitro de reproducción asistida. Promovemos un estado laico y repudiamos toda injerencia de la jerarquía de la Iglesia Católica contra los derechos y el ejercicio igualitario de la ciudadanía plena, para decir basta a quienes vienen arrebatando nuestros cuerpos, sueños e ideales”.

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Argentina. Reforma del Código Civil: Pichetto admitió que votó por "disciplina política"

RÍO NEGRO ON LINE

El senador nacional por Río Negro expresó sus críticas a las reformas al texto original, introducidas por pedido de la Iglesia Católica. "Espero que Diputados pueda retomar la senda de un camino que es el correcto", manifestó.

El senador nacional por la provincia de Río Negro, Miguel Ángel Pichetto, manifestó su rechazo a la versión final del proyecto de reforma del Código Civil pero admitió que la votó por una cuestión de "disciplina política".

Eran las cuatro de la mañana cuando Pichetto expresó su discurso de cierre de debate con críticas a las reformas que oficialismo introdujo al texto original elaborado por una comisión encabezada Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte Suprema de Justicia. Esas modificaciones fueron pedidas por la Iglesia Católica.

"La verdad es que yo no lo comparto. Voy a funcionar por supuesto, como siempre he funcionado -y además represento a la mayoría-, con un concepto de disciplina política", admitió según la versión taquigráfica consignada por el sitio Infobae.

Agregó que el artículo 19 tampoco le satisfacía: "Yo tengo un pensamiento laico; digamos, las cosas que son del Estado son del Estado y las que son de Dios son de Dios", dijo.

Al mismo tiempo expresó su expectativa de que en Diputados esa diferencia pueda ser "corregida": "Yo espero que en el ámbito de la Cámara de Diputados este debate pueda ser superado, que pueda realmente volver a retomarse la senda de un camino que es el correcto, porque este Congreso ha votado la Ley de Fertilización Asistida, hemos diseñado leyes de inclusión para posibilitar que mujeres que no podían tener niños y que lo deseaban fuertemente como un acto de amor, de necesidad afectiva y porque querían un hijo, pudieran tenerlo. Mediante este mecanismo legislativo de la fertilización le hemos brindado esa posibilidad. Entonces, esto tiene que estar en línea, tiene que haber un principio de concurrencia, de coherencia. Espero que lo corrija la Cámara de Diputados".

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