viernes, 29 de noviembre de 2013

La economía desde la izquierda (I): Coyuntura y ciclo

Claudio Katz (especial para ARGENPRESS.info)

La derrota del oficialismo y las exigencias capitalistas acentúan los desequilibrios de la economía. El precio del dólar se disparó por la ineficacia del control de cambios y no por el “cepo”. Al pagar sentencias del CIADI, reabrir el canje y confeccionar índices junto al FMI se retoma un endeudamiento innecesario. Este giro irrumpe luego de cancelar pasivos con reservas y desfinanciar al ANSES.

El ajuste fiscal del gobierno es una variante atenuada del gran recorte que exigen los neoliberales. Se renunció a la reforma impositiva progresiva y ahora se presenta la baratura del transporte o el gas como un privilegio.

La inflación ya no deriva sólo de bajas inversiones, encarecimiento de exportaciones y acciones de los oligopolios. Se acentuó con la emisión. Como los acuerdos de precios con las empresas han fallado, ahora se intenta imponer un techo salarial.

Los principales ganadores de la década pasada fueron los grupos concentrados. Pero el periodo de alto crecimiento y creación de empleo quedó atrás. La desaceleración del nivel de actividad no se explica por la crisis mundial. El continuado empuje de la demanda ha chocado con exigencias de rentabilidad, que dejan poco espacio para medidas progresistas. 

La derecha no piensa recomponer la solvencia fiscal erradicando la corrupción. Con un gran despliegue de anti-chavismo prepara atropellos contra las conquistas sociales. En el nuevo escenario crecen las posibilidades de protagonismo de la izquierda. 

La economía argentina transita por un peligroso desfiladero de alta inflación, demanda de dólares, desplome de reservas y déficit fiscal solventado con emisión. Estos desequilibrios despiertan recuerdos de las repetidas debacles que sufrió el país, pero hasta ahora el nivel de endeudamiento privado, el grado de solvencia de los bancos y los precios de las exportaciones se mantienen estabilizados. Incluso están llegando fondos internacionales para adquirir empresas, en un clima de euforia bursátil con los grandes negocios de los próximos años.

Esta disparidad de escenarios convive con el giro político que introdujo la derrota electoral del kirchnerismo. El ocaso del proyecto reeleccionista ha reducido la autoridad presidencial y varios gobernadores e intendentes se disputan la sucesión. Cristina optó por un cambio de gabinete, entregó la cabeza de Moreno y le otorgó mando al cacique justicialista Capitanich para timonear la llegada al 2015. El gobierno se propone aguantar durante dos años las agudas tensiones de la economía para traspasarle el ajuste a su sucesor.

Pero el establishment no acepta ese gradualismo. Exige una gran devaluación inmediata, severos recortes del gasto social y un brutal achatamiento de los salarios. Plantea estas exigencias con mensajes de advertencia para que “Cristina termine bien su mandato”. El termómetro de esta pulseada es el comportamiento de las reservas. Al ritmo actual de desplome la estrategia del gobierno no es viable.

Los poderosos temen la respuesta popular. Saben por experiencia que la acción masiva de los trabajadores puede doblegar cualquier variante de atropello. El importante avance logrado por una parte de la izquierda en las últimas elecciones incorpora, además, un nuevo elemento a esa resistencia. Ese sector tendrá un inédito espacio para actuar en el parlamento, las legislaturas provinciales y los medios de comunicación.

El nuevo contexto involucra también a otras vertientes radicalizadas que participan en los sindicatos y movimientos sociales, en un momento de viraje en la conciencia popular. Hay gran receptividad para propuestas de toda la izquierda. Pero estos planteos requieren un acertado diagnóstico de la situación económica y una batería de argumentos contra las justificaciones derechistas u oficiales del ajuste.

¿Por qué faltan dólares?

La corrida hacia el dólar es la arista más explosiva de la coyuntura actual. En dos años la cotización oficial de la divisa saltó de 4 a 6 pesos y ya supera los 10 en el mercado paralelo. El gobierno ha intentado contrarrestar esta demanda vendiendo reservas, pero generó una hemorragia que reduce peligrosamente el respaldo de los pesos en circulación. Durante el 2013 año se esfumaron 11.000 millones de dólares del Banco Central y los 32.000 millones restantes sólo cubren cinco meses de importaciones.

Los exportadores retienen las ventas a la espera de un tipo de cambio más elevado y el desesperado blanqueo que lanzó el gobierno para atraer capitales de cualquier origen, no dio ningún resultado. Los acaudalados mantienen sus fortunas en el exterior, aguardando mayores concesiones para mover su dinero. Esta presión por una mega-devaluación acentúa los temores de la clase media y el consiguiente acaparamiento de divisas, en un país con gran tenencia de billetes norteamericanos (1300 por persona frente a 6 en Brasil).

Kicillof ha negado un incremento drástico del tipo de cambio. Se propone acelerar el ritmo actual de mini-devaluaciones (30% anual), dejando abierta la posibilidad de un desdoblamiento. En un escenario turbulento esa medida consolidaría la drástica desvalorización del peso. Ya existe de hecho un menú de precios diferenciados del dólar que tiende a converger hacia arriba, como ocurría en los años 70 u 80.

Los neoliberales atribuyen este descalabro a la instauración del “cepo”. Consideran que el despótico intervencionismo gubernamental desató la “reacción natural de los mercados”. (1)

Pero olvidan que el control sobre las divisas fue instaurado en forma defensiva, repitiendo la reacción que tuvieron incontables gobiernos, para detener presiones devaluatorias que siempre desembocaron en mayor inflación y recesión. Como Argentina no fabrica los dólares que utiliza para solventar sus compras externas, necesita algún tipo de regulación cuando las divisas comienzan a escasear.

Ese manejo no introduce sofocantes torturas (“cepo”), sino simples contrapesos del “mercado libre” que manejan los bancos y los exportadores. No viola las leyes de la naturaleza, ni vulnera los principios de una economía sana. Ha fallado desde el 2011 por la evidente incapacidad del gobierno para aplicarlo seriamente. El control fue introducido en forma tardía y es manejado con total arbitrariedad.

En lugar de penalizar a los especuladores, los funcionarios toleran la apropiación bancaria de los dólares y luego se desesperan por la desaparición de esos billetes. Un solo dato ilustra esta actitud: entre julio del 2007 y octubre del 2011 se permitió el libre giro al exterior de 80.000 millones de dólares por pagos de deudas y remisión de utilidades.

Esa aceptación explica también el enorme despilfarro de dólares con el turismo durante el último año. El gobierno avaló este derroche para congraciarse con una clase media que igualmente le da la espalda. Pero se ha llegado a un límite infranqueable. La economía necesita urgentemente divisas para cubrir dos desbalances de gran porte: el déficit energético y el rojo comercial de la industria. El primer bache aumenta a un ritmo explosivo y el segundo crece más rápido que el nivel de actividad.

Del desendudamiemto al reendeudamiento

Para buscar las ansiadas divisas el gobierno busca retomar el endeudamiento externo. Lorenzino fue confirmado en el nuevo equipo ministerial como gestor de esos créditos en Europa. Lo que nadie transparenta son los pesados compromisos que asumirá el país.

Estas obligaciones llegarán con la decisión oficial de pagar las sentencias que emitió el tribunal del Banco Mundial (CIADI), a favor de cinco empresas afectadas por la pesificación que sucedió a la convertibilidad. Al aceptar esas demandas se habilitan los reclamos de otras 30 compañías litigantes y las peticiones de los viejos acreedores del Club de Paris (9600 millones).

El sometimiento al CIADI fue acompañado por la tercera reapertura del canje, que el Parlamento aprobó para ofrecer un nuevo acuerdo a los fondos buitres. Estos financistas adquirieron por moneditas las acreencias argentinas desvalorizadas y ahora demandan su pago integro en los tribunales de Nueva York. Los jueces de esa jurisdicción avalaron el reclamo y emitieron un ultimátum de pago.

Cristina se negó varias veces a convalidar esa estafa, pero últimamente acepta el chantaje. El Fondo Gramercy -especializado en amansar fortunas mediante la adquisición y reventa de pasivos pendientes de cobro- está tramitando el convenio. Ya intermedió en la reapertura del segundo canje, utilizando información privilegiada que le habría suministrado Boudou. Busca un acuerdo con la intención de convertirse en el agente financiero del país cuando Argentina “retorne a los mercados internacionales”.

Por el simple arreglo de estos litigios pendientes, la deuda externa aumentará un 20% (de 198.000 a 237.500 millones de dólares). Además, retornaría la custodia del FMI sobre las finanzas argentinas. El Club de Paris ha condicionado cualquier convenio a esa auditoría y el gobierno ya dio el primer paso, al aceptar la supervisión del Fondo en la elaboración un nuevo índice de precios.

El país tiene técnicos altamente capacitados para recomponer el INDEC y no necesita auxilios de Washington. En lugar de transparentar las estadísticas, el FMI actuará como lobista de los bancos, para inducir índices que favorezcan el cobro de bonos indexados por CER o los pagos por cupón de crecimiento del PBI.

El giro hacia el re-endeudamiento también incluye gratificaciones a los grupos locales. Los bonos ofrecidos a los exportadores de cereales por 1000 millones de dólares se suscribirían cerrando los ojos ante viejas denuncias de fraude fiscal. Un privilegio semejante tendrían las empresas petroleras eximidas de pagar el impuesto al cheque. Ambos sectores podrían liquidar las divisas a un tipo de cambio más próximo a la cotización del dólar paralelo.

Es evidente que el re-endeudamiento en marcha choca con el proclamado des-endeudamiento de la última década. Pero el gobierno ya tiene mucha experiencia en la improvisación de justificaciones. Elogiaba la presencia de REPSOL antes de nacionalizarla y convocaba a poner un traje a raya a los evasores antes de disponer el blanqueo.

Ahora buscan créditos externos luego de varios años de cancelación suicida de deuda. Han exhibido como un gran logro ese traspaso de fondos a los acreedores y presentaron el consiguiente desplome de las reservas como un acto de “soberanía financiera”.

Los oficialistas afirman que a partir del canje los pasivos totales del estado declinaron de 166% al 45% del PBI (2003-2012) (2). Pero olvidan mencionar el dramático costo social previo que tuvo ese recorte y restringen la comparación al peor momento de la crisis. Ocultan el sostenido incremento posterior de la deuda, que ha elevado el pasivo total a 200.000 millones de dólares.

Los economistas K también silencian las elevadísimas tasas que ofrecen los nuevos bonos del estado y los increíbles pagos que legó el ponderado canje. Sólo el famoso “cupón-PBI” obliga a desembolsar 3000 millones de dólares adicionales, cada vez que el crecimiento supera el 3,2% anual. Los optimistas dibujos que hizo el INDEC del nivel de actividad tienen esa paradójica consecuencia.

En los hechos, el estado se financia con los fondos sustraídos del Banco Central y del ANSES. Como este último organismo acumula un 60% de su activo en títulos públicos, nunca tiene plata para pagar lo que demandan los jubilados. Tampoco salda la deuda contraída con 500.000 retirados por la sub-liquidación de haberes. La Corte exigió esa cancelación pero el gobierno la desconoce, argumentando que necesita el dinero para “proteger los ahorros del sistema”. En nombre de ese resguardo, la mayoría de los ancianos no cobrará en vida lo que les corresponde.

Déficit por ausencia de reforma fiscal

Como cierta solvencia de las cuentas públicas es la condición de cualquier pedido de crédito, el re-endeudamiento vendrá acompañado de un ajuste fiscal. El superávit primario se extinguió hace rato y el déficit se aproxima al 3% del PBI.

El gobierno ensayará una reducción moderada de este bache hasta el fin de su mandato. El presupuesto dibujado que aprobó el Parlamento le asegura el control del ejercicio, pero no la financiación del agujero fiscal. Logró prorrogar la emergencia económica y la recaudación de impuestos no coparticipables, pero es inocultable el deterioro de las cuentas públicas.

Este desbalance afecta duramente a las provincias, que ya destinan la mitad de sus presupuestos al pago de salarios. Afrontan una continuado des-financiamiento como consecuencia de la tajada perdida en la coparticipación federal. Ese ingreso se redujo del 50,6% (1993) al 32,7% (2011) del total. Cuando el Ejecutivo cuestiona la ineficiencia de los gobernadores, oculta la catarata de gastos sin financiación genuina que impera en su administración.

Kicillof intentará algunos recortes para calmar las presiones del establishment. Seguramente retomará el programa de la “sintonía fina” que Cristina abandonó luego de la tragedia de Once. Este plan incluye podas en los subsidios al transporte y la energía que encarecerán los servicios.

Los funcionarios presentarán el incremento de las tarifas como una penalidad limitada a los sectores enriquecidos. Pero el corte de subsidios para esas minorías ya empezó y no alcanza para equilibrar las cuentas del estado. Afirmarán que el ajuste es equitativo, puesto que excluye a los beneficiarios de planes sociales. ¿Pero acaso el grueso de la población trabajadora constituye un sector privilegiado?

Los voceros oficiales se indignan con el alto costo de una garrafa en comparación a los servicios corrientes de gas y denuncian las altas tarifas vigentes en el interior frente a la zona metropolitana. Pero podrían resolver esa inequidad abaratando el primer tipo de precios. Con toda naturalidad suponen que el problema se corrige ajustando hacia arriba. Utilizan el mismo argumento de los neoliberales contra la gratuidad de la universidad pública “que no está poblada por pobres”. Con esos razonamientos, cualquier logro social es descalificado recordando las carencias de los más humildes.

Otra justificación oficial resaltará el peligro de un padecimiento mayor. Afirmará que el aumento de tarifas es inferior a lo exigido por la derecha. Es la misma retórica que se utiliza para denunciar la mega-devaluación que exige el PRO (40%), ocultando las mini-devaluaciones en curso (30%).

Por su parte los neoliberales cuestionarán de palabra cualquier ajuste que haga el kirchnerismo. Ya protestan contra la “inaudita presión fiscal” y exigen un fuerte recorte del gasto. El oficialismo responde señalando la dificultad para achicar los costos del asistencialismo.

Pero ambos silencian la ausencia de la reforma impositiva progresiva que tantas veces se prometió y nunca se implementó. Esa carencia explica la falta de recursos que afronta el fisco. El estado ha incrementado su presencia económica sin modificar la estructura de recaudación de los 90.

Por eso hay más impuestos pagados por el grueso de la población. El IVA continúa ubicado por encima de dos dígitos, mientras que los barrios cerrados y las grandes extensiones rurales de la provincia de Buenos Aires tributan muy poco. El propio gobierno quiebra periódicamente la disciplina fiscal con blanqueos, que justifica con los mismos argumentos de excepción utilizados por todos sus antecesores.

Las causas de la inflación

Es evidente que la inflación es el problema más acuciante de la economía. Ya se acumulan seis años con promedios que superan ampliamente la media global o latinoamericana. La aceleración de los últimos meses tiende a situarla por encima del 25% y a diferencia del 2008-09 los incrementos no decaen en las coyunturas recesivas.

El mamarracho del INDEC terminó afectando la gestión cotidiana de las empresas, que necesitan estadísticas creíbles para evaluar la inversión y la rentabilidad. Los funcionarios que reemplazan a Moreno han optado por reconocer las “variaciones de precios”, pero sin esclarecer cual es la tasa de inflación reinante.

Con otro lenguaje y otros modales, el nuevo equipo económico seguirá intentado limitar la carestía, mediante acuerdos de precios con las grandes empresas. Estos convenios fracasaban al principio y ni siquiera llegaron a implementarse últimamente. El convenio reciente con los supermercados fue una ficción. Debía abarcar todos los bienes, pero se redujo a 500 marcas inferiores y terminó en un festival de remarcaciones. Los únicos ganadores fueron las grandes cadenas que han demolido al pequeño comercio y ya controlan el 50% de las ventas minoristas.

Kicillof ha sugerido que extenderá las negociaciones a una evaluación de toda “la cadena de valor”. Pero esta acción requeriría por lo menos cierta disposición a aplicar las sanciones previstas por la ley de abastecimiento. Y este endurecimiento no sería compatible con el giro “amigable hacia los negocios” que se está ensayando. Mientras se define el nuevo esquema las empresas remarcan a toda velocidad.

Algunos economistas del oficialismo reconocen la gravedad de la inflación, pero también resaltan la existencia de mecanismos de compensación salarial, que preservan el poder de compra. Olvidan que ese paliativo es posterior e insuficiente, como lo demuestra la actual exigencia sindical de un aguinaldo adicional y complementario de la reapertura de las paritarias. Los trabajadores informales han quedado muy desprotegidos, frente a una escala de precios que encarece la canasta alimenticia básica por encima de la asignación universal.

Al presentar la inflación como un resultado de la “puja distributiva”, los economistas K suponen que su impacto final es neutro para los trabajadores agremiados. Pero omiten que los empresarios y los asalariados no participan en igualdad de condiciones en esa disputa. Los capitalistas aumentan primero los precios y los trabajadores deben atenuar posteriormente ese impacto.

Esta inequidad se reforzará con la tendencia a inducir un techo de los salarios en torno al 20%, en la negociación de un Pacto Social. Estas conversaciones ya han comenzado con la burocracia sindical e implican instaurar una “política antiinflacionaria” a costa de los salarios.

En esas tratativas se oculta la responsabilidad prioritaria de los capitalistas, que remarcan para asegurar beneficios. El estado interviene en la regulación de los precios, pero no en su formación. Al difundir la creencia que “Moreno fijó discrecionalmente” esas valuaciones, los medios de comunicación oscurecen quiénes han sido los artífices de la carestía.

Los capitalistas recurren a la inflación cuando enfrentan obstrucciones a la generación corriente del lucro. Estos obstáculos reaparecen periódicamente en la economía argentina bajo distintas modalidades. El reducido nivel de inversión frente a una demanda recompuesta determinó inicialmente la actual oleada inflacionaria. La recuperación del nivel de actividad y el consumo no fue seguida desde el 2007 por la correspondiente renovación de la maquinaria.

Ese cuello de botella se reforzó con el manejo concentrado de numerosos sectores. Un reciente estudio sobre el comportamiento de los principales grupos industriales, ilustra cómo la remarcación permitió mantener la rentabilidad con baja inversión, una vez disipada la capacidad ociosa. (3)

Este retrato de la “inflación por oligopolio” ha sido objetada por los intérpretes de de la carestía por “puja distributiva”. Argumentan que en otros países la misma concentración del capital no se traduce en inflación (4). Pero tampoco la disputa social por el ingreso genera allí el mismo incremento de los precios. En otras economías desequilibrios equivalentes desembocan en otro tipo de tensiones, porque el recurso inflacionario no está tan incorporado al manejo de los negocios. Por simple experiencia los capitalistas argentinos apelan a la remarcación como primer reaseguro de sus ganancias.

Los rebrotes inflacionarios obedecen, además, a la preeminencia de una estructura exportadora de alimentos, que encarece el consumo local al compás de la valorización internacional. Para contrarrestar este efecto se instalaron hace décadas las cuestionadas retenciones. Cuando el país vendía trigo y carne el impacto de esa “inflación por exportaciones” era muy visible. En la actualidad rige el mismo efecto a través de la apreciación de la soja, que opera como referencia de rentabilidad mínima para cualquier otra actividad agropecuaria.

La inflación se intensificó adicionalmente en los últimos dos años por la decisión oficial de sostener el consumo a través de una intensa emisión. Este ritmo de creación de moneda quedó divorciado del respaldo en divisas y del volumen requerido para la producción. Por esta razón se acentuó la depreciación del peso. Los bancos receptan grandes masas de dinero que convierten en créditos, utilizados por la población para proteger sus ingresos multiplicando compras.

Los neoliberales despotrican contra esta emisión para culpabilizar al gobierno, oscureciendo la responsabilidad primaria de los capitalistas. Promueven un corte abrupto del abastecimiento monetario que deprimiría la economía. También aquí, Cristina busca una salida intermedia y eyectó del gabinete a una responsable del empapelamiento reciente (Marcó del Pont). (5).

Tres etapas del modelo

Los desequilibrios en curso tienden a desacelerar el ritmo de actividad. Este año el crecimiento del PBI (próximo al 3%) será semejante al resto de la región. Hubo una recuperación frente al 2012 por la buena cosecha, los precios de la soja, la venta de autos a Brasil y la expansión del consumo.

Pero todas las estimaciones para 2014 son más modestas, en un marco de inflación y devaluación más elevadas. El gobierno ensaya más de lo mismo, esperando que esas variables no se disparen. Si recurre a un encarecimiento del crédito para evitar ese descontrol, las perspectivas de estancamiento se afianzarán.

El principal freno del nivel de actividad proviene de la inversión. La creación de puestos de trabajo se ha estancado y la tasa de desempleo se mantiene en torno al 7%, en un marco de alta informalidad laboral. Este contexto se ubica muy lejos de la depresión del 2001, pero el modelo se ha quedado sin combustible.

Ya quedó atrás el periodo de alto crecimiento, baja inflación y creación de puestos de trabajo (2003-2007). Tampoco prevalece la fase siguiente de sostenimiento del consumo, motorizado con la introducción del ingreso universal y la estatización de las AFJP (2008-2010). El intento más reciente de mantener la demanda a través del control de cambios, la pesificación y la emisión no ha dado resultado.

La negación de los desequilibrios que propuso el ensueño del INDEC ya perdió adherentes. Muy pocos se atreven a postular que la indigencia ha desaparecido y que la pobreza es inferior a Alemania. Pero varios economistas K todavía suponen que se atraviesa por un transitorio escollo, al cabo de una “década ganada”. Con ese elogio eluden indagar quiénes fueron los ganadores y perdedores sociales de ese período.

Omiten constatar que los grupos concentrados gozaron de un decenio muy favorable. Las multinacionales giraron al exterior más utilidades que durante el menemismo y los agro-exportadores se enriquecieron con la valorización de la tierra. Entre el 2003 y el 2012 la hectárea en la zona núcleo saltó de 3000 a 16.000 dólares. Tampoco recuerdan los florecientes balances de los bancos y el acrecentamiento de las fortunas personales de los poderosos, asociados o enemistados con Kirchnerismo.

Para los asalariados formales y el grueso de la clase media la década pasada fue tan sólo un período de moderada recuperación. El salario formal acompañó a la inflación, corriendo atrás de los precios, con ingresos promedio de los ocupados que no llegan a la mitad de la canasta familiar.

Finalmente para los sectores más sumergidos la década transcurrió con un alto nivel de trabajo en negro y una magra compensación asistencial. Estas desventuras padecieron el 31% de los hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza. Esta cara del decenio también se verifica en la continuada expansión de la brecha social en la educación o la salud.

Las explicaciones del oficialismo

Muchos kirchneristas suelen atribuir los desajustes en curso a la crisis mundial. Afirman que el modelo permitió contrarrestar el temblor global, pero sin neutralizar todos sus efectos. Establecen comparaciones con Europa y remarcan las virtudes del crecimiento nacional frente al resto de Sudamérica. (6)

Pero la crisis iniciada en el 2008 impactó de forma muy diferente a cada región o país. Basta comparar la prosperidad de China con el derrumbe de Grecia para notar esas disparidades. El contraste que se establece entre Argentina y Europa del Sur no tiene sentido, puesto que nosotros atravesamos en el 2001 lo que ellos padecen en la actualidad. Los ciclos de prosperidad y depresión global no están sincronizados.

Ciertamente el divorcio del mercado financiero internacional y la prioridad asignada al consumo, diferencian al modelo K de la apertura neoliberal imperante en otros países de Sudamérica. Pero el impacto de la crisis global ha sido limitado y semejante en ambos casos, dada la afluencia de divisas común que generó la apreciación de las exportaciones. Para atribuir los desequilibrios de la economía argentina al temblor externo hay que olvidarse de los precios récord de la soja. La suma de ingresos por agro-exportaciones durante la última década superó en cinco veces al promedio de los 90 y en diez veces la media de los 80.

Los entusiastas del modelo no registran los límites que alcanzó un esquema exclusivamente asentado en el empuje a la demanda. Inspirados en la heterodoxia keynesiana supusieron que mediante el simple aliento del consumo, el capitalismo se deslizaría hacia un círculo virtuoso.

Pero lo que funcionó en el 2003-07, perdió consistencia en el 2008-2010 y se ha tornado inviable desde el 2011. Un sistema económico basado en el lucro no se asienta sólo en la demanda. Requiere altas ganancias que no emergen automáticamente de la expansión de las ventas. El empuje del consumo incrementa los beneficios en ciertas coyunturas, pero obstruye la rentabilidad en otras circunstancias.

Los heterodoxos suelen cometer una ingenuidad simétrica al imaginario neoclásico, al esperar grandes expansiones de la oferta productiva por el mero repunte de la demanda. Suponen una reacción inviablemente positiva de los empresarios frente a esa mejora, olvidando la gravitación de otras variables como el riesgo o la rentabilidad. Como idealizan al capitalismo no pueden percibir las contradicciones de este sistema.

Por eso apuestan a una nueva auto-corrección del modelo renovando la demanda. En los últimos dos años este aliento ha requerido incentivos inflacionarios, elevado gasto público y una emisión superior al 30%. Los estímulos de este tipo solo gravitan con intensidad cuando una depresión deja muchos recursos inutilizados.

La política anti-cíclica del 2009 generó resultados de corto plazo por la preexistencia de un gran colchón de fondos públicos y privados. Pero esos recursos se han disipado y el gobierno juega con fuego, al aceptar un alto nivel de inflación como dato permanente de la economía.

Kicillof intentará repetir una fórmula ya desgastada. Pero esta gestión tiene muy poco espacio para adoptar medidas progresistas. La etapa de nacionalizar las AFJP e YPF quedó atrás y ahora sólo se intentará moderar el ajuste. Habrá que ver cuánto margen tiene para hacer malabarismos. Si las reservas siguen cayendo al ritmo de los últimos meses, el gobierno quedará encañonado entre espada y la pared y afrontará los dilemas de todas las crisis precedentes.

Las fantasías neoliberales

Los neoliberales despotrican contra el “estatismo kirchnerista”. Afirman que este gobierno “nos ha hecho perder las oportunidades que aprovecharon nuestros vecinos”. Pero los elegidos para esta comparación cambian cada semestre. Como ya se les pasó la euforia con las privatizaciones de España o Irlanda, ahora elogian a Perú o Chile, exhibiendo sesgados indicadores de crecimiento o inversión. Nunca hablan de la vulnerabilidad financiera que afrontan todos los modelos abiertos al ingreso y salida de capitales especulativos. Tampoco mencionan la dramática primarización que sufren las economías minero-exportadoras.

La derecha utiliza la amnesia colectiva para difundir el mito del endeudamiento indoloro. Pondera a los países que toman crédito internacional, ocultando las gravosas consecuencias a la hora de cancelar los préstamos. América Latina ha padecido numerosas coyunturas internacionales de alta liquidez, que concluyeron en tormentosas crisis de la deuda.

Toda la oposición derechista augura una lluvia de dólares cuando se “recupere la confianza en un buen gobierno”. No dicen quién se embolsará esas divisas y cuánto costará su repago. Este ensueño de divisas a cambio de nada, es muy semejante a la promesa de erradicar la inflación con un acto de magia, cuando se normalice el INDEC. Auguran el automático declive de los precios por el simple sinceramiento de las estadísticas, como si la enfermedad se curara utilizando un buen termómetro.

Estas divagaciones se parecen también a la promesa de recomponer la solvencia fiscal erradicando la corrupción. La Alianza difundía la misma creencia durante el ocaso del menemismo. Intentan crear la ilusión de un saneamiento capitalista de las cuentas públicas sin recorte del gasto social. Es la forma de encubrir el ajuste y la mega-devaluación que promueven la UIA, ADEBA y la Mesa del Enlace.

El anti-chavismo es otro emblema de esa campaña. Presentan a Venezuela como el anticipo del desastre que padecerá Argentina, si no alcanzan la presidencia en el 2015. Pero esta confesión de afinidad con los golpistas que sabotean la economía caribeña, confirma el atropello que preparan contra las conquistas sociales.

Los neoliberales se proponen extirpar el “populismo económico” y erradicar la perversa “intervención del estado” (7). Pero olvidan el intenso estatismo que caracterizó a todos los gobiernos pro-mercado. El gasto público nunca se redujo significativamente bajo esas administraciones. También ellos utilizaron los recursos estatales para subsidiar a los empresarios afines.

En el espectro derechista impera una nítida división del trabajo. Los economistas proclaman la necesidad del ajuste que ocultan los políticos (8). Ningún sucesor potencial de Cristina pregona cirugías del gasto social, despidos de empleados públicos o enfriamientos de la economía. Deben disimular hasta el 2015. Pero culpabilizando al empleado estatal y presentando al receptor de un plan social como un parásito ya comienzan a crear el clima propicio para nuevas agresiones contra el pueblo.

Claudio Katz es economista, Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).

Notas:
1) Esta postura difunden economistas ortodoxos de gran predicamento mediático como: Melconian Carlos, “Faltan dólares, sobran pesos... Y seguiremos así”, La Nación, 4-8-2013. Ferreres Orlando, “Cómo salir del camino de la decadencia”, La Nación, 5-7-2013.
2) Heller Carlos, “La deuda en un debate”, www.lanacion.com.ar, 30/09/2013.
3) Schorr Martín, Manzanelli Pablo, “Inflación oligopólica”, www.pagina12.com.ar, 24-3-2013
4) Crespo Eduardo, Fiorito Alejandro, “Es la puja distributiva”, www.pagina12.com.ar, 17/03/2013.
5) Versiones renovadas del recorte monetarista proponen: Rappoport Luis, “Las piedras del futuro gobierno”, www.lanacion.com.ar, 23/01/2013. Frigerio Rogelio, “La Argentina es el único país donde faltan dólares” www.eltribuno.info.‎02/06/2013. Solanet Manuel, “Situación económica” radioelmundodigital.com 04 de septiembre, 2013.
6) Felleti Roberto, “La crisis global y el futuro de la región”, La Nación, 30-6-2013
7) Cortés Conde Roberto, “Acumular desequilibrios: la causa de las crisis recurrentes del país”, La Nación, 15-9-2013.
8) Artana Daniel, “Los mismos desafíos ordenar las cuentas fiscales y destrabar los controles”, La Nación, 25-11-2013. Dujovne Nicolás, “Los dilemas de un cambio necesario”, La Nación, 21-11-2013. Scibona Néstor, “Más dogmatismo a contramano de las expectativas”, La Nación, 19-11-2013.

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La Anses bajo las garras de los buitres

Sergio Szulman (especial para ARGENPRESS.info)

El gobierno sigue utilizando el fondo de la Anses para bajar transitoriamente el precio del dólar que se utiliza en la bolsa para la fuga de capitales (contado con liqui). Es otra defraudación contra los jubilados, al “vender los bonos por debajo de su precio a los bancos…, quienes terminan haciendo un buen negocio al revenderlos a precios de mercado” (Cronista). Así, la baja del dólar se anula en pocas horas.

Este tipo de maniobras le ha costado pérdidas millonarias a la Anses. Ahora “Boudou y Kicillof quieren que el organismo previsional venda bonos en el exterior y traiga los dólares al país. Esas divisas se sumarán a las reservas del BCRA” (ídem). El gobierno busca realizar la operación con “grandes fondos de inversión como compradores, en momentos en que el país se acerca a los mercados de la mano de Gramercy y Fintech, entre otros” (ídem).



La mesa de dinero con las jubilaciones

El intento de vender bonos en poder de la Anses a fondos buitres revela que el gobierno se ha apoderado del patrimonio de los jubilados para crear una gran mesa de dinero que sostenga el pago de la deuda externa. Como reconoció la recientemente depuesta Marcó del Pont, las reservas del Banco Central también caen por el mismo motivo, evidenciando el fraude del “desendeudamiento” por el cual se transfirió la mayor parte de la deuda externa a los organismos públicos. Según el informe de junio de este año, la Anses aumentó al 67% su patrimonio confiscado por el Estado a cambio de títulos que el gobierno nunca paga. Pero el porcentaje supera el 80% -más de 220.000 millones de pesos- al considerar los depósitos y préstamos al Banco Nacion, Enarsa y otros organismos estatales, que, a su vez, le giran al gobierno el dinero recibido de la Anses a cambio de más títulos públicos. Sin fondos para seguir confiscando, el gobierno busca emitir nueva deuda externa, tercerizando la emisión de nuevos bonos a través de la Anses (y de esa manera encubriéndola). El organismo vende los bonos que tiene en cartera, luego le transfiere el resultado de la operación al gobierno y recibe a cambio nuevos títulos pagadiós.

Procurando legalizar el saqueo

El gobierno busca legalizar esta enorme confiscación con dos grandes operativos. Por un lado, con la pesificación de todas las deudas del Estado con los organismos públicos. Para ello, busca sancionar en el nuevo código civil la cancelación en pesos de las deudas en dólares. Por el otro, con un reciente dictamen de Gils Carbó -procuradora general de la Nación- que se contrapone a los fallos de la Corte Suprema en favor de la actualización de los montos jubilatorios (fallos Badaro y Eliff) -plantea que el monto de los haberes “depende de la determinación de los derechos del resto de los beneficiarios sobre el total de los fondos previsionales” (Clarín). De ese modo, el gobierno considera como “fondos previsionales” sólo las retenciones y aportes actuales y los impuestos (al consumo) destinados a cubrir el presupuesto actual de jubilaciones, desconociendo el Fondo de Garantía de la Anses, originado en los ahorros previsionales de generaciones de trabajadores y confiscado por el gobierno para el pago de la deuda externa.

El cese del pago de la usuraria deuda externa y la devolución del patrimonio de la Anses a los jubilados mediante su propia administración, junto a trabajadores electos, es la base para obtener el histórico reclamo del 82% móvil.

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Argentina: El nuevo Código con continuidad neoliberal

Fabiana Arencibia (RED ECO)

La reforma, con media sanción del Senado, para unificar los códigos Civil y Comercial avanza en algunos aspectos del derecho de familia, pero su marca fundamental es la mercantilización de las relaciones civiles, la desaparición de la propiedad social, el desconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios, el abandono del derecho al acceso al agua como derecho humano y la definición de persona a medida de la Iglesia Católica.

Antes de comenzar a desmenuzar algunos aspectos de la reforma, es válido recordar el camino que ha hecho este proyecto para visualizar a los actores responsables de su contenido. La propuesta de reforma fue confeccionada por una Comisión Redactora conducida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y reconocidos juristas. De allí pasó al Poder Ejecutivo que modificó varios de sus artículos en un sentido más regresivo. Luego se creó en el ámbito del Parlamento una Comisión Bicameral que dio despacho de mayoría y uno de minoría. Ayer llegó a la Cámara de Senadores, que le dio media sanción. En 2014 será tratada en Diputados.

También ayer Diputados dio media sanción a una ley que regulará la responsabilidad civil del Estado frente a terceros en el ámbito del derecho administrativo. Por lo tanto, el accionar de los funcionarios públicos, agentes estatales y del Estado mismo quedará fuera del alcance de los códigos civil y comercial.

Las modificaciones aprobadas ayer en el Senado han avanzado en imprimir a las relaciones civiles una impronta mercantilista. Así lo expresó la diputada Liliana Parada (Buenos Aires para Todos/ UP) - quien presentó el único dictamen en minoría dentro de la Comisión Bicameral - cuando afirmó que tras las reclamadas modificaciones en temas civiles “se esconden los perversos mecanismos de un sistema de dominación extractivista y de mercado que implica un claro retroceso en materia de derechos humanos y compromete seriamente aquellos cuyo reconocimiento aun no se ha logrado”.

Un recorrido por los aspectos más relevantes nos ayudará a darle contenido concreto a las opiniones de la diputada y de otras personas que afirman que, en líneas generales, esta reforma acentúa el liberalismo individualista de los centenarios códigos y avanza desde una perspectiva neoliberal.

Empezaremos por los menos difundidos a través de los medios tradicionales.

Se reconoce a la Iglesia Católica como persona jurídica pública dándole así preeminencia por encima de todas las organizaciones religiosas. Esto da la posibilidad de un trato diferenciado y, entre otras cosas, que sus bienes sean inembargables-

De forma contraria, se define que los Pueblos Originarios son personas de derecho privado y no público, equiparándolos con una persona jurídica cualquiera y desconociendo que la Constitución contempla la preexistencia de estos pueblos al Estado Nación. Pero además la reforma establece que las comunidades indígenas tendrán derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan solo si tienen personería jurídica reconocida. Por otra parte, al hablar solo de tierras rurales desconoce que muchos pueblos se han visto forzados a migar a la ciudad y que se han constituido en las urbes como Comunidades recuperando su identidad. Rita Liempe, diputada mapuche por Buenos Aires (UP), presentó hoy la primera Acción de Amparo contra el Poder Legislativo Nacional por la grave lesión que representa el proyecto oficialista para los derechos y garantías de los pueblos originarios (1)

El Poder Ejecutivo suprimió del anteproyecto el artículo que consagraba el derecho humano al agua potable. De esta manera se podía incorporar al dominio público del Estado, los glaciares, humedales, todos los lagos y lagunas. Pero además se redujo el llamado “camino de sirga” que es el espacio que deben dejar las propiedades privadas entre sus inmuebles y el agua (de 35 a 15 metros)

Se eliminó el artículo que establecía la función social de la propiedad, lo cual significaba un avance ya que la ausencia de este concepto fue impuesta por la reforma a la Constitución del 49 hecha en 1955 (gobierno militar) y reemplazada por la de 1994 (gobierno menemista). La doctrina y la jurisprudencia fueron avanzando para darle sentido social al uso de la propiedad que, con esta modificación, quedan relativizadas.

En este sentido, el grupo de Curas en Opción por los Pobres afirmó : “Nos resulta difícil de entender que los obispos hayan reclamado cambios, como la modificación del artículo 19, que establece ahora que la persona humana comienza desde la concepción, y no hayan reclamado con el mismo énfasis la inclusión del principio de la función social de la propiedad, tema claramente abordado por la reflexión bíblica, patrística y el magisterio contemporáneo de los papas en la Iglesia católica y de incidencia cotidiana en la vida de los pobres”.

Ayer varias organizaciones sociales, gremiales, políticas y académicas realizaron una conferencia de prensa en el Anexo de la Cámara de Diputados para reclamar la reincorporación del concepto de propiedad social eliminado en el dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral (2)

Como la otra cara de la misma moneda, el proyecto refuerza la protección de la propiedad privada porque avanza en legislar sobre formas jurídicas para regularizar barrios cerrados, tiempos compartidos y cementerios privados. Estas propiedades se vinculan a sectores sociales de alto o medio poder adquisitivo. Sin embargo, no se incorporan normas que permitan facilitar el acceso a la vivienda de sectores populares, regularización de villas y asentamientos urbanos. Además, mejora la posición de los locadores (propietarios) y no así los derechos de los locatarios (inquilinos); no establece normas para facilitar la tenencia y regularización de la tierra de familias campesinas

El proyecto apunta a garantizar la “seguridad jurídica” de las empresas y a “fomentar el clima de negocios e inversiones”. Así lo define el Observatorio del Derecho Social de la Central de los Trabajadores de la Argentina en un trabajo de análisis sobre la reforma. La contracara es el riesgo a que es expuesto el ejercicio de los derechos laborales.

Para ejemplificar esta aseveración mencionamos la introducción a la reforma de la figura Sociedad Unipersonal, o sea, constituida por un solo socio. Esta nueva figura pone a salvo el patrimonio personal ya que la responsabilidad frente a terceros solo alcanzaría al patrimonio “societario”. Esta figura puede aplicarse a sociedades extranjeras que en lugar de instalar una sucursal, con las responsabilidades propias de una casa matriz, optarían por constituir una sociedad unipersonal (filial). Así la casa matriz no responderá por las obligaciones contraídas por la sucursal frente a terceros. El Observatorio marca las implicancias negativas para los trabajadores que quedarían en estado de indefensión si una sociedad de este tipo se manifestara insolvente para hacer frente a deudas incluidas las laborales. Los trabajadores no podrían accionar más que contra el patrimonio de la sociedad unipersonal para cobrar sus acreencias.

Por otra parte, la reforma también introduce el “contrato de agencia” que, con características similares a las tareas que hacen los viajantes de comercio y los visitadores médicos, dejaría por fuera la existencia de relación laboral para convertirla en contrato entre partes independientes. Si bien el proyecto señala que no puede haber una relación laboral en este contrato, utiliza términos como remuneración, tiempo indeterminado, preaviso, que son inherentes a las relaciones laborales.

El proyecto también regula las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) y dispone que no se presume que quienes la integran sean solidariamente responsables por los actos y operaciones que haga la UTE ni por las obligaciones que contraiga frente a terceros. “Esta situación puede poner en serio riesgo a los acreedores más débiles, dentro de los cuales están los laborales”, comenta el Observatorio.

El proyecto “refuerza las prácticas mercadorías y privatizadoras de las políticas neoliberales comenzadas con la dictadura del ‘76 y continuadas y consolidadas en los ‘90”, afirma la Doctora Beatriz Rajland, profesora de la UBA y Vice-presidenta de FISYP, haciendo referencia a los 54 Tratados Bilaterales vigentes y a la aceptación del CIADI (Tribunal del Banco Mundial) para dirimir controversias. Esto es así porque en el proyecto, afirma Rajlan, se define que las partes podrían elegir otro Tribunal, privado o no, interno o internacional distinto al de los Estados en los que surge el conflicto y se desarrolla la relación jurídica.

Los aspectos que han tenido mayor difusión respecto a la reforma con media sanción son los que definen qué se considera “persona” y el tratamiento dado a la responsabilidad civil del Estado frente a terceros.

Respecto al primero, el artículo 19 no solo mantiene como definición de persona al embrión - tal como lo considera la Iglesia Católica- sino que agrava la situación al quitarse del proyecto original el agregado que establecía que para ser persona el embrión debía estar insertado en el seno materno. Esto provoca un nuevo retroceso respecto a las últimas legislaciones como la de fertilización asistida que será objeto de interpretaciones judicializables.

Por otra parte seguir planteando que el embrión es persona colisiona con conceptos científicos, definiciones jurídicas, normativa civil y penal y con definiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tribunal sostiene que el embrión humano no puede ser considerado persona según las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y hacerlo sería avasallar la intimidad de las personas y los derechos a la vida privada y familiar. Concepción no es fecundación, afirma con relación al inicio de la vida humana.

Además implica un retroceso respecto a los debates y consensos acerca de la legalización del aborto. El propio gobierno deja atrás un compromiso firmado en mayo de este año junto a otros 38 países en el que se acordó avanzar en normativas y políticas públicas de interrupción voluntaria del embarazo “para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes” (Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, convocado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas).

Varias voces se han alzado en contra de este artículo entre ellas la Comunidad Homosexual Argentina, que manifestó su rechazo a la propuesta de la nueva redacción del art. 19 porque viola el principio de libertad y autonomía. “De avanzar con esta propuesta, seríamos el primer país que prohibiría indirectamente el uso de la técnica in vitro de reproducción asistida”, aseguró en un comunicado (3)

Con relación a la responsabilidad del Estado, el proyecto excluye de su ámbito al accionar del Estado y de sus funcionarios por su responsabilidad civil frente a terceros y a sus propios dependientes. Elimina así la aplicación de las disposiciones del Código Civil ante daños causados por la actividad estatal y la remite al derecho administrativo, con una ley especial que ayer obtuvo en Diputados media sanción y que establece que las disposiciones del Código Civil no se pueden aplicar al Estado de "manera directa o subsidiaria" y que las demandas deberán estar sujetas a los fueros específicos como el Contencioso Administrativo.

Señala que la sanción pecuniaria "disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y sus funcionarios" y se exime de responsabilidad al Estado "por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial" y cuando "el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero".

Al respecto la diputada Liliana Parada afirmó en entrevista realizada por el programa La Revancha (La Colectiva Radio): “Esta no es una ley de fondo (como lo es el código) sino que solo será para el Estado Nacional por eso se convoca a que cada jurisdicción (provincial, municipal) sancione sus propias leyes de responsabilidad. Lo que vamos a tener son ciudadanos de primera y de segunda. Lo que están queriendo con esta ley especial - que pone la responsabilidad civil del Estado por fuera del Código - es generar impunidad escribiendo que las acciones contra los funcionarios por delitos van a prescribir a los dos años. Esto es gravísimo, es una ley de impunidad”.

Como síntesis, nos hacemos eco de lo que planteó en octubre del año pasado un equipo de trabajo coordinado por la diputada de la Unidad Popular, Liliana Parada, que analizó el proyecto de reforma de los códigos y lo sintetizó en un trabajo titulado: ¿Qué se esconde detrás de la reforma del Código Civil y Comercial? Allí se decía: “No cabe duda que de aprobarse este proyecto sin modificaciones sustanciales que hacen a los temas que aquí planteamos, será una conquista más para el sistema de mercado global, deteniendo el avance que tras décadas de luchas se ha ido construyendo en nuestro país. A la luz de los temas analizados, queda expuesto que el proyecto cuya aprobación impulsa el gobierno nacional no es más que un código de clase, de raigambre neoliberal y de renuncia a sus derechos soberanos. En efecto, el avance de la autonomía de la voluntad, enmarcada en un falso cuadro de libertad, no sólo profundizará las desigualdades existentes sino que ocasionará más situaciones de injusticia social, en lugar de construir las herramientas legales destinadas a desterrarlas. Finalmente, es la teoría del libre comercio y netamente mercantilista, la que gana terreno en las relaciones civiles”.

Notas:
1) Amparo contra la reforma del código
2) Código Civil: Conferencia de prensa por la función social de la propiedad
3) La CHA y la reforma del código civil: artículo 19

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Soberanía energética: Para Rigane, “no hay ninguna razón para pagarle a Repsol”

FETERA - ACTA

A continuación, se publica la entrevista al secretario Adjunto de la CTA y secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA), José Rigane, sobre el acuerdo entre la empresa YPF y la española Repsol, que acaba de aceptar oficialmente, referido al proceso de estatización del 51% de las acciones que el Estado nacional realizó a mitad del año pasado.

El Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, José Rigane, dijo: “Creemos que había que haber sancionado a Repsol por no cumplir con los pliegos de concesión y por vaciar la empresa”.

El dirigente de la FeTERA también agregó que “hay algunos aventureros que ven que después del acuerdo YPF-Repsol van a fluir en Argentina otra vez dólares de los grupos multinacionales como si estos fueran una salvación para el pueblo argentino, donde la historia demostró que no es así nunca”.

También explicó que con este acuerdo se vuelve a dar “vitalidad al modelo energético basado en la privatización y extranjerización”.

Rigane manifestó que “el acuerdo se presenta como progresivo para el país, pero el gobierno tiene un discurso para la tribuna y una práctica que nada tiene que ver con el discurso”.

-¿Qué opinión te merece el acuerdo de YPF con Repsol?

- Es un cambio muy grande de la estrategia del gobierno si tenemos en cuenta que a mitad de 2012 decía que estaba por estatizar YPF con la expropiación del 51% de las acciones, un año y medio después de desdice de todo y reafirma el camino del modelo energético basado en la privatización y la extranjerización. La prueba más evidente de que ha abandonado ese camino es el acuerdo con Chevron, donde está claramente el camino elegido que es la entrega de soberanía. Y de este modo abandona aquella decisión que parecía el transito del primer escalón hacia una política de soberanía. Pero evidentemente este camino no existe.

-Cuando estuvo el debate sobre la expropiación del 51% de YPF se daban muchos argumentos por parte del gobierno de que la empresa española había saqueado YPF, la había vaciado y la había utilizado solamente para llevarse dinero al exterior. Es decir, hay muchos argumentos para discutir la indemnización.

- Nosotros fuimos claros en su momento a partir de todo lo que había hechos Repsol en Argentina. Desde el vaciamiento, la fuga tremenda de los dividendos, junto con Eskenazi, que produjo que Repsol no invirtiera en el país, una magra política de exploración y explotación, entonces, creemos –y lo dijimos en ese momento- que había que haber sancionado a Repsol por no cumplir con los pliegos de concesión y por vaciar la empresa. Para tomar dimensión de todo esto, también hay que decir que el 51% de YPF es el 30% del manejo de la energía por parte de la empresa YPF. Antes YPF manejaba toda la energía del país. Por lo tanto, no hay ninguna razón para pagarle a Repsol, pero claro, lo que se está imponiendo es el criterio de propiedad del sistema capitalista. Y lo que está apoyando, más de un sector, es que haya un reconocimiento a Repsol porque EE.UU. ha dicho claramente que no va a reconocer ninguna expropiación. Por otro lado, también, esto produce que algunos aventureros vean en el acuerdo YPF-Repsol van a fluir en Argentina otra vez dólares de los grupos multinacionales como si estos fueran una salvación para el pueblo argentino, donde la historia demostró que no es así nunca. La prueba más evidente es que, con el proceso de privatización y entrega de los recursos naturales en la década de los 90, el pueblo argentino no resolvió ninguno de sus problemas sino más bien que se agravaron y profundizaron. Hoy, en el campo energético, estamos en una crisis tremenda.

-Desde el Gobierno dijeron que después del acuerdo con Repsol iban a venir empresas extranjeras a invertir porque la petrolera española iba a retirar sus demandas al país en el CIADI, y lo anunciaban como algo positivo. ¿Vos qué crees?

- En realidad, el Gobierno está dando vueltas sobre sí mismo y está volviendo a potenciar el modelo productivo depredador, exportador y contaminante. Y con este tipo de acuerdos, vuelve a tomar el concepto de la energía como una mercancía y no como un bien social y con valor estratégico para el pueblo y los intereses nacionales. Con lo cual, vuelve a darle vitalidad al modelo energético basado en la privatización y extranjerización. Mientras hablan de “profundizar el modelo”, están profundizando la pérdida de autonomía, la mayor dependencia y, sobre todo, el retroceso en la soberanía. Este gobierno, como los anteriores, jamás ha transitado un camino como sí lo hicieron Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, entre otros. Es decir, no ha tenido una política de defensa y recuperación de la soberanía popular. Sino, lo que ha hecho es todo lo contrario: ratificar y profundizar el modelo que entrega los recursos argentinos a manos de los grupos multinacionales.

-El Gobierno le imprimió un tinte progresivo al acuerdo con Repsol, mostrando que la política energética es progresiva y que promueve el desarrollo nacional. ¿Por qué crees que necesitan realizar este mecanismo?

- El Gobierno hace esto porque sigue con la misma idea que comenzó en el 2003, donde tiene un discurso para la tribuna y una práctica que nada tiene que ver con el discurso. Y esto también se puede ver con que la designación de Capitanich al frente de la jefatura de gabinete no tiene nada que ver con la designación de Kicillof al frente de economía. Está clara la señal del gobierno, que quiere llegar muy bien al 2015 porque necesita al kirchnerismo después de 2015. Para llegar a cumplir este objetivo el único camino es acordar con el PJ. Y por eso Capitanich, que representa el PJ, la estructura ortodoxa, la maquinaria partidaria, que es lo que necesitan para el próximo proceso electoral dentro de 2 años. Pero para el 2015 también necesitan acordar con los grupos multinacionales, y en particular con Estados Unidos. No dejemos de ver que, en esta iniciativa de tratar de poner como oferta a Vaca Muerta a los grupos multinacionales, también está relacionado Estados Unidos, sobre todo para lo que significa poner en funcionamiento toda la innovación y tecnología (que es fundamentalmente de EE.UU.) para extraer los yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Por ejemplo, ¿quién aporta la tecnología? Chevron, que es una empresa multinacional de origen en los Estados Unidos, país con gran desarrollo en materia de hidrocarburos no convencionales. Entonces, todo cierra: por un lado, EE.UU. necesita garantizar su energía para su enorme consumo y, por el otro, es muy alentador para el país del norte que el desarrollo de los no convencionales sea realizado en países sudamericanos. Y en todo esto, Argentina responde al esquema donde Estados Unidos va a lograr el autoabastecimiento y al mismo tiempo, que desarrolle su estrategia de poder por todo el mundo. Por eso creo que la idea de garantizarles “seguridad jurídica” a los grupos multinacionales petroleros para que vengan a invertir al país a partir del acuerdo de YPF-Repsol es perjudicial para los intereses nacionales y del pueblo. La idea de dar señales de “seguridad jurídica” es una mentira porque los grandes grupos petroleros no necesitan de esas señales. Estuvieron más de 30 años saqueando al país y a los países de la región, donde las señales de “seguridad jurídica” sólo sirvieron para precarizar trabajadores, saquear recursos naturales, contaminar el suelo, el agua y lo que sea.

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Una segunda lectura a los cambios en el gabinete de CFK

Eduardo Lucita (LA ARENA)

Cristina Fernández reapareció en público, ratificó el rumbo del gobierno y al mismo tiempo introdujo cambios en el equipo ministerial. ¿Qué implican los nuevos nombres?

Pasado un mes y medio largo de convalecencia la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, se reintegró a sus funciones, ratificó el rumbo del gobierno al mismo tiempo que introdujo cambios en el equipo ministerial. ¿Qué implican estos cambios? ¿Qué lectura política arrojan los mismos?

La semana anterior, luego de 47 días de reclusión en Olivos por estricta prescripción médica, Cristina Fernández reapareció en público. Contrariando versiones de diversa procedencia, incluso de quienes arteramente compararon su estado de salud con el de "un vegetal", mostró buena y saludable presencia física, incluso que sus dotes de oradora están intactas.

Nueva comunicación

No hay dudas la presidenta retoma sus funciones y continuará siendo el eje del poder político en el país, no obstante es que muy probablemente su exposición pública no tendrá la densidad anterior. Ese vacío será cubierto por el nuevo jefe de Gabinete y adicionalmente por el nuevo ministro de Economía, Jorge Capitanich y Axel Kicillof respectivamente, ambos de fuerte personalidad y capacidad discursiva. Todo indica que habrá una nueva política comunicacional del gobierno. Así al menos lo anuncian las conferencias de prensa diarias y la convocatoria al diálogo político-social.

Lecturas

Nadie duda que estos y otros cambios hayan sido impuestos tanto por los resultados electorales del 27 de octubre como por una situación económica por demás compleja. Estos ingresos son susceptibles de diversas lecturas según con que cristal se los mire, ya que tienen implicancias político-ideológicas y económicas. Veamos.

Aún cuando en su alocución en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada la presidenta haya puesto énfasis en la continuación y en la "profundización del modelo" es inocultable que el gobierno busca oxigenarse e ingresar en una nueva etapa mucho más pragmática -el acuerdo con Repsol, como antes los fue con el Caidi, es un claro indicador de la nueva orientación-.

El nuevo jefe de Gabinete: Se trata de un peronista clásico, católico y conservador según su propia definición. Que además es un gobernador reelegido por una mayoría aplastante de votos, con experiencia de gestión y que ya ha ocupado ese puesto en épocas difíciles.

Esta designación es primero un claro mensaje al interior del PJ y al peso que en el tiene la llamada "Liga de Gobernadores". Hay que recordar que en la crisis del 2001-2002 fueron los mandatarios provinciales quienes designaron primero y sacaron después a Adolfo Rodríguez Saá como presidente provisional, y luego lo reemplazaron por Eduardo Duhalde. Apoyándose en esta liga el gobierno intenta neutralizar o recortar el avance que el Frente Renovador busca lograr con los intendentes para nacionalizar la figura de Sergio Massa, por ahora solo visible en Provincia de Buenos aires.

Pero Capitanich es también un católico ferviente, muchas de sus concepciones rozan el integrismo, por lo que su presencia busca afianzar la nueva relación del gobierno con la Iglesia. Relación que comenzó a tejerse a partir de la designación de Francisco Bergoglio como nuevo Papa.

No será de extrañar si desde ahora en adelante la separación de la Iglesia y el Estado se muestre mucho más desdibujada aún y que las expectativas puestas en la ampliación de nuevos derechos - como lo fueron el matrimonio igualitario o la ley de muerte digna- que se expresaron en el multitudinario 28 Encuentro Nacional de Mujeres reunido este fin de semana en San Juan, terminen encaminadas a una vía muerta (las presiones de la Iglesia en relación a la reforma del Código Civil son solo un primer indicio). Por último la jefatura de gabinete es una plataforma de lanzamiento nada despreciable para cualquier presidenciable, y parece que Capitanich puede serlo

El nuevo ministro de Economía: En los planteos presidenciales no existiría una situación compleja en la economía, si así fuera no se comprende por qué se cambió a la plana mayor del ministerio. No se trata como dice la oposición derechista de una crisis terminal del modelo, de una situación explosiva, pero sí de que la economía muestra una acumulación de desequilibrios cada vez más profundos y preocupantes.

En este contexto la designación de Kicillof busca más coherencia en el equipo económico y será el primer ministro en el área que puede considerarse como tal desde la salida de Roberto Lavagna. El desplazamiento del "súper secretario" de Comercio Interior, Guillermo Moreno, es todo un símbolo en este sentido, pero también hay que computar que responde a las presiones de la oposición derechista y a los grupos más concentrados de la economía.

Moreno encarnó, más que ningún otro funcionario en el gobierno, el enfrentamiento con los grupos monopólicos por el control de precios y otras variables económicas, aunque más de una vez terminó acordando con estos. Fracasó en casi todos sus intentos aunque debe computarse en su haber que fue quién alertó sobre las consecuencias de la restricción externa. En contrapartida carga sobre sus espaldas la destrucción del Indec, uno de los pocos organismos del Estado respetado y con un equipo técnico-profesional reconocido internacionalmente, y sobre todo el haber actuado despóticamente sobre los trabajadores de ese organismo. Algo sobre lo que alguna vez habrá de rendir cuentas.

Más allá de las disquisiciones trasnochadas de algunos gurúes de la "City" que ven en Kicillof un marxista académico o un "rojillo peligroso", este se inscribe teóricamente en el keynesianismo de izquierda, si se prefiere en un neokeynesianismo, que demuestra un conocimiento acabado de la historia económica argentina, que lo diferencia de los ministros anteriores en esta década. Privilegia la intervención del Estado en la economía -algo que puede verse en numerosos países en la crisis actual- pero alejada del empirismo de Moreno, por el contrario sustentado en análisis y estudios de cada caso concreto.

Desequilibrios

Tanto el nuevo jefe de Gabinete como el nuevo ministro de Economía han declarado que tratarán de reordenar los desequilibrios macroeconómicos: la inflación estructural, aunque se la defina eufemísticamente como variación de precios; la restricción externa, faltante de divisas causal de la caída permanente de las reservas internacionales; la emisión monetaria, originada masivamente en la necesidad de financiar subsidios varios. Ambos ministros han señalado que estos ajustes -aunque no los llamen así- se harán sin afectar "los intereses de los empresarios ni de los trabajadores".

Cabe preguntarse entonces: ¿Cómo se frenará la suba de los precios? ¿Analizando efectivamente la estructura de costos de las formadoras de precios y actuando en consecuencia o poniendo límites al alza de los salarios? ¿Cómo se resolverá el faltante de divisas? ¿Taponando las mil bocas de escurrimiento de los dólares y por lo tanto imponiendo un control cambiario integral y efectivo que incluya también a la banca o recurriendo al endeudamiento externo con las consecuencias previsibles a futuro? ¿Cómo se logrará el equilibrio fiscal? ¿Recuperando las contribuciones patronales cedidas por Cavallo, revisando una a una las exenciones impositivas a las empresas, redefiniendo la política tributaria en forma progresiva o solo eliminando subsidios vía aumento de tarifas? El aumento de los combustibles de esta semana y el alza de las acciones de Edenor en Wall Street preanuncian esto último.

Como puede verse, todo depende de qué opción se tome, y en este sentido no es posible dejar contentos a todos. O se beneficia a los trabajadores y a los sectores populares afectando la ganancia empresaria y a los especuladores de todo tipo, o se privilegia a la rentabilidad del capital y al sector financiero.

Diálogos

Una vez más el gobierno, como ya lo hizo en otras oportunidades frustradas, intentará formular un acuerdo de precios y salarios mediado por el Estado. Lo que antes se llamaba concertación o pacto social, no otra cosa esconde el llamado al diálogo. Pero esta convocatoria no llega en un momento distendido. Por el contrario la disputa por la apropiación de la riqueza social está en el centro de las preocupaciones de unos y otros.

Hay puja distributiva en la relación capital/trabajo, donde el trabajo busca mejorar o mantener las condiciones de venta de su fuerza laboral, mientras que el capital quiere preservar su tasa de ganancias. Pero hay también una confrontación intercapitalista, donde las diferentes fracciones disputan la apropiación de una mayor porción del excedente económico y así mejorar su posicionamiento con miras al futuro inmediato.

El cielo en el que caen las propuestas del gobierno, no es precisamente un cielo sereno.

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda.

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Las correrías de Amado Boudou

Claudio Lozano (ACTA)

Hemos presentado tres causas penales que involucran al vicepresidente Amado Boudou y a otros funcionarios. La primera remite al año 2008, previo a la estatización de las AFJP. Siendo Boudou director de la Anses, acompañado por Hernán Fardi (hoy vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores.

Y en ese momento a cargo de la subgerencia de Operaciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad Previsional) y Benigno Vélez, entre junio y octubre de 2008, compraron acciones con los recursos del fondo, y así violaron el reglamento que el propio organismo se había dado. Así, compraron el 21,54% del capital de Mirgor SA y aumentaron 5% las acciones en la empresa Quickfood SA.

Lo curioso de esta violación del reglamento, que establecía que en ningún caso el fondo del organismo podía tener más de 10% de las acciones de una empresa, fue constatar por sus declaraciones juradas que Hernán Fardi tenía al comienzo de su gestión acciones por $ 1.440.000 en Mirgor y $ 1.080.000 en Quickfood, y observar luego en su declaración de finales de 2008 que esas acciones ya no estaban en su poder. Conclusión: Hernán Fardi, con la complicidad de Boudou y Vélez, y de los miembros del Comité de Administración Pezoa y Lorenzino, vendió, en un contexto de derrumbe y crisis, sus acciones (que fueron adquiridas por la Anses). Esto se efectuó con el manejo de información privilegiada que posibilitó que terceros tuvieran ganancias jugosas en el Merval comprando acciones en caída sabiendo que, al cierre de las operaciones, el FGS barrería la plaza a valores máximos. Manejo de información privilegiada y uso de los fondos previsionales en beneficio privado son los delitos incursos en estas maniobras.

La segunda causa penal se refiere a 2009, con Boudou al frente de la Anses. Involucra a Sergio Chodos y Diego Bossio, y tiene que ver con la irregular compra de instrumentos financieros por parte del FGS entre enero y junio de ese año. Por ley, el fondo tenía prohibido comprar instrumentos financieros que no cotizarán en mercados secundarios, ya que eso hacía posible la arbitrariedad en sus precios. Pese a eso, Boudou puso los fondos previsionales al servicio de la política de canje de Préstamos Garantizados del Gobierno Nacional, beneficiando al Banco Galicia y al Deutsche Bank (organizador del canje), y compró a distintas sociedades de bolsa que operaban por cuenta y orden de terceros. Pueden identificarse operaciones del FGS Anses con la Sociedad de Bolsa Facimex SA, que involucran también a la operadora PT Bex Bursátil. Importa precisar esto, ya que en este caso el vínculo con Facimex (ligada al banquero Jorge Brito) y con PT Bex repite la misma ruta del dinero por la que Vandenbroele compró Ciccone.

La tercera causa remite al canje de deuda pública hecho en 2010, con Boudou como ministro de Economía. Aquí, el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada corrompieron la operación hasta consumar el absurdo objetivo de hacer un canje sin quita de ninguna naturaleza. La imputación por parte del fiscal Di Lello a Boudou pone sobre la mesa lo ocurrido: la captura de bonos defaulteados desde 2005 hasta 2009 con la certeza y la decisión política de la reapertura del canje vía suspensión de la ley cerrojo. La consultora Arcadia -cuyos responsables son Marcelo Etchebarne y Emilio Ocampo- tuvo desde 2008 reuniones con varios bancos en Estados Unidos, que fueron luego los que hicieron las propuestas, sabiendo de antemano que la Argentina iba a canjear los títulos en default. Eso habría permitido a quienes tuvieran información de esas negociaciones comprar títulos argentinos a precio muy bajo, para luego presentarse al canje y hacer grandes diferencias.

No casualmente nunca se supo nada de esta consultora, hasta que nuestra denuncia pública hizo que los tiempos del canje se estiraran para poder “blanquear” en el prospecto de emisión su participación. Lorenzino era secretario de Finanzas en octubre de 2008 y delegado argentino en las “negociaciones” con los bancos. Si Arcadia sólo hubiera tenido un convenio privado con Barclays sería bueno saber por qué Lorenzino se reunió el 2 y 3 de octubre con los supuestos bancos organizadores y Arcadia. Nuestra investigación permitió que se hicieran públicos los mails entre Boudou y el representante de los bonistas Marcelo Etchebarne. Desde agosto de 2009 pactaban las condiciones que tendría el canje y convocaban reuniones con representantes de los bancos organizadores. Etchebarne tenía vínculos con Boudou a través de Diego Bossio, cuyo hermano trabaja en el estudio de Etchebarne.

Nuestras denuncias remiten a hechos de 2008, 2009 y 2010. Revelan la nula preocupación de Boudou y sus funcionarios por la asignación adecuada de fondos públicos y previsionales. Por eso, es más grave aún que luego de los cambios de gabinete el tándem Boudou-Lorenzino siga con el manejo del tema de la deuda. Quienes dieron muestras de trabajar para los acreedores maximizando los pagos que hace el país gozan de la confianza presidencial. La Argentina merece que quienes la representan en sus negociaciones financieras internacionales la defiendan y no que se sienten, una y otra vez, a un lado y a otro del mostrador.

Claudio Lozano es Diputado Nacional de la CTA. Presidente del Bloque de Diputados Nacionales de Unidad Popular (UP).

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Julio Gambina en Puente Uno

PUENTE UNO - FISYP

Julio Gambina, economista, Doctor en Ciencias Sociales y Presidente de la FISyP (Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas), nos visita en Puente Uno y dialoga sobre su experiencia como asesor en el gobierno boliviano, sobre los cambios en el gabinete económico y la deuda externa.

Julio Gambina, Dr. en Ciencias Políticas, Presidente de la FISyP.


Julio Gambina: Soberanía alimentaria en Bolivia, el cultivo de la quinoa.


Julio Gambina: "...(Axel Kicillof) es un funcionario del estado capitalista argentino..."


Julio Gambina: "Keynes es el economista defensor del capitalismo...".


Julio Gambina: "... con las nuevas señales que vienen de lo dicho por Capitanich y Kicillof en materia de nuevo endeudamiento que va a agravar la situación a corto y mediano plazo."


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Ni un pibe menos: Aulas, no calabozos. Contención social, no balas

Melissa Zenobi (ACTA)

Mientras dirigentes sociales y docentes denuncian la paupérrima situación de los comedores escolares a causa del vaciamiento de las políticas públicas, el primer candidato a diputado nacional por el oficialismo, Martín Insaurralde, mencionó entre sus propuestas bajar la edad de imputabilidad, lo cual generó gran escándalo, e incluso, disidencias hacia el interior mismo del Kirchnerismo.

La criminalización de la minoridad aparece entre los discursos políticos y los medios de comunicación hegemónicos, como la solución a todos los problemas de seguridad, mientras son los pibes quienes se mueren de hambre, de frío, de sed. La vieja receta de criminalizar la pobreza que la desigualdad social produce, más en esa etapa de profundización de la crisis del capitalismo, habla de bajar de edad de imputabilidad “para sacar los chicos de la calle”. Y llevarlos donde?. Si, justamente la atención a la Minoridad es uno de los tantos sectores desfinanciados. No proponen tiza, ni un hogar donde no falte el trabajo. Para sacarlos de la calle, está la maldita policía, pero claro, queda mal admitirlo en plena campaña electoral.

“Si hay un pibe en situación de calle, significa que no hay derechos. Ese chico no ha tenido acceso a una vivienda, a una salud y educación que lo contenga. Y sobretodo porque viene de una familia con imposibilidad de tener un trabajo digno y estable”, explicó Omar Giuliani, quien además de coordinar el hogar infantil Ruca Hueney, integra la Mesa de la CTA de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a un informe la Procuración General de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, sólo el 4,3% de los delitos investigados en 2012 tienen como sospechosos a menores. Los datos son similares en Capital Federal, donde el último registro del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, coordinado por Eugenio Zaffaroni, revela que de los 252 homicidios cometidos en la Ciudad en 2011, sólo 12 fueron cometidos por menores. Es decir, un 4.76 por ciento. “Está claro que las estadísticas distan mucho de la construcción de este slogan de pibe pobre, igual a pibe chorro o inseguridad. Lo que no quieren es discutir los temas centrales, cuáles son las políticas públicas que hacen falta para que los chicos no vivan en la indigencia y la marginalidad”, opinó Giuliani.

Al respecto, Adolfo “Fito” Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA y Director del Foro por los Derechos de la Niñez, hizo hincapié en la necesidad de establecer un Fuero Penal Juvenil: “A los pibes debemos garantizarle derechos a través de políticas sociales, no judiciadizarlos ni contenerlos en un esquema carcelario. En Argentina debe crearse un Fuero Penal Juvenil compuesto por jueces, fiscales y defensores. Con un sistema que sea garantista. Entonces si un joven de 16 años entra en conflicto con la ley penal, se le realiza un proceso judicial donde se dirime qué paso”.

Y si se tienen en cuenta las estadísticas, no deben dejarse de lado aquellas que hechan luz sobre la falta de derechos. Un estudio realizado por UNICEF revela que en Argentina hay 14.675 niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, la mitad de ellos son de en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. “Siempre se habla del 4 por ciento que está en conflicto con la ley y no del 96 por ciento que no está en conflicto con la ley pero no tienen garantizados derechos vitales y esenciales”, aportó Aguirre.

Tampoco cooperan las lógicas que construyen las agendas mediáticas para quienes la inseguridad constituye un negocio millonario. Sobre esto Giuliani explicó que “tanto para los medios hegemónicos de la corporación como los oficialistas, los pibes son noticia cuando participan en un hecho delictivo. Pero no cuando se mueren de desnutrición o si quedan imposibilitados intelectualmente por la falta de alimentos o por violencia social. `Los chicos no somos peligrosos, estamos en peligro´ es el slogan de nuestra campaña y es muy claro, porque los medios quieren que los veamos como peligrosos, porque mostrarlos en peligro implica ponernos a discutir lo importante; que tipo de país, de sociedad y de niñez queremos”.

“Y deberíamos analizar cuales son las perspectivas de los jóvenes para que no delincan”, propone Aguirre y reflexiona “porque en un contexto de falta de perspectiva y de futuro, deben resolver cuestiones materiales en el tiempo que te toca vivir. Y entre que no hay oferta laboral, no hay políticas que garanticen derechos, aparece una estructura financiera como la del narcotráfico o la delictiva que capta juventud para las tareas que tienen estos esquemas. Para debatir cual es la política de seguridad del país, es imprescindible partir de la situación social y económica”.

Una medida inconstitucional

Tanto para los tratados internacionales como las ratificaciones legislativas a nivel local, la criminalización de la niñez es inconstitucional en tanto progresibidad bajo los términos de reconstitución de derechos. Esto indica que toda ley nueva debe tender a ampliar los derechos ya adquiridos. “Obviamente que al bajar la edad para que nuestros pibes sean punibles, implica una quita de derechos, por lo tanto es inconstitucional. Es extraño que no haya ningún cráneo de la legislación planteando esto”, reveló el referente de Ruca Hueney.

A su turno el precursor del Foro por los Derechos de la Niñez detalló que “en todos los postulados de la Convención Internacional se habla de un sujeto pleno de derechos. Y se plantea que agotadas todas las instancias, el último recurso es la privación de la libertad. Por eso, previo a ello es preciso una política educativa y cultural extraordinaria, pleno empleo, contención, desnutrición cero. Recién ahí entraría a funcionar un Fuero Penal Juvenil”.

De la derechización del Kirchnerismo

Si bien durante el 2009 hubo un intento de avanzar sobre la baja en la edad de imputabilidad, el trabajo y la denuncia de las organizaciones sociales del campo popular consiguieron frenar una iniciativa que, de todos modos, tuvo media sanción en la Cámara de Senadores. “Hay un fuerte rechazo desde la sociedad a que se baje la edad de imputabilidad, ya se buscó en otros momentos y fue la movilización popular la que evitó que se avance”, recordó Aguirre.

Además el dirigente analizó que lo que hizo el Kirchnerismo ante el castigo en la PASO “fue adoptar el discurso de la oposición de derecha para mejorar su imagen y tomó dos cosas estigmatizadoras: la mano dura o tolerancia cero con el nombramiento de Granado como Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el planteo de Insaurralde de bajar la edad de imputabilidad para resolver la problemática de inseguridad”.

Sobre este proceso de derechización de oficialismo, Giuliani sostuvo que “se trata del mismo gobierno que se presentó discursivamente en términos de restitución de derechos, política pública para todos, derechos humanos, y ahora es quien reaviva estas políticas represivas. Y es el mismo gobierno que definió una Ley Antiterrorista, así que habría que preguntarle al oficialismo si esto no entra en contradicción con su política de derechos humanos”.

La lucha que nos parió

En este marco, son las organizaciones sociales, sindicales y territoriales del campo popular quienes deben dar una pelea; ya sea para frenar el avance de las políticas represivas como en la construcción de un futuro donde ser trabajador sea digno y ser niño sea un privilegio. “La principal pelea que tenemos, es la de correr el eje. Porque inseguridad es tener pibes en situación de vulneración social, pobres, que son arrojados a barrios que son cárceles a cielo abierto”, planteó el dirigente del Hogar Infantil Ruca Hueney.

Y criticó el modelo productivo extractivista “que expulsa, se adueña de nuestros recursos naturales y enajena a los pobladores de los campos, produce alimentos para 400 millones de personas y no puede alimentar a sus propios pibes. Por eso debemos construir un país donde el trabajo sea la herramienta del progreso, que sea el laburante y sus hijos quienes se adueñan de aquello que produce. Es impensable concebir una niñez feliz sin trabajadores felices”.

En otros términos, “Fito” Aguirre se refirió a la reconstrucción intergeneracional y a la necesidad de tejer la relación desde la mujer concibiendo hasta el adulto mayor con una vida serena y plena. “Ésto se encuentra destartalado por las políticas neoliberales, por las derrotas que sufrimos, por una economía fragmentada. La niñez, la adolescencia y la juventud deben ser una parte importantísima de nuestra cosmovisión. Hay que tenerlo en cuenta cuando son temas de agenda como cuando construimos futuro, al discutir por dónde pasa la felicidad, cómo llegar al trabajo digno. La relación intergeneracional es el alma maestra en la continuidad de una clase que vive de su trabajo, que es solidaria con su comunidad, que tiene una visión de familia y reproducción de estos valores de felicidad”.

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El pibe del alto

Fernando Fernández Herrero (APE)

El pibe del alto me mira esquivo, tiene los ojos vidriosos, “consumo problemático” es la nueva etiqueta, eufemismo para definir alcohol, marihuana, cocaína, pastillas, y otras cosas, todas formas de escaparse un poco.

Tiene la ropa cara y sucia, las zapatillas son siempre importantes, tal vez para correr más rápido, como corrió esa vez después de enfrentarse duramente al padre que como muchas noches llegó borracho a pegarle a la madre que también había tomado, después el padre y la madre estaban enojados con él, nunca entendió bien eso, pero empezó a estar más en la calle que tiene códigos más claros, a la casa ya vuelve poco, y esos días siempre toma.

Hay otro pibe al lado del primero, éste siempre tiene el celular tocando cumbia, mueve la cabeza de arriba a abajo siguiendo el ritmo, la mirada vidriosa una vez más como en casi todos, siempre mira para abajo, quizás tratando que la imagen de su hermano colgado se le desprenda por fin de los ojos por simple gravedad y lo deje tranquilo, era muy chico cuando lo encontró suicidado en la casilla del alto, “estaba repasado y no aguantó más” me contó una vez, “después de eso me fumé todo , hasta yerba usada, no sabés como te hace doler la cabeza”, ¿y entonces para qué lo hacías? Le pregunto entendiendo antes de terminar de hablar lo estúpido de mi pregunta, me mira, se calla indulgente, vuelve a bajar la cabeza, ladran unos perros por allá, vuela mucha tierra, siempre vuela mucha tierra en esta época del viento.

Otro pibe que está inquieto, mueve mucho las piernas, coletazos de otro consumo problemático más problemático, éste se hizo literalmente en la calle, la madre lo parió a los 14 y a los pocos años se fue con otro hombre, quedó solo el pibe del alto, en pata, chiquito con mocos permanentes, de acá para allá pidiendo algo para comer, o buscando en el basurero en las épocas que no pegaban por ir a escarbar, también chiquito aprendió a robar, empuñó un arma antes de los 12, las escuelas se lo fueron sacando de encima una a una, algunas personas empezaron a ayudar, ropa, un poco de comida, una palmada, una casillita de cartón en un fondo, alguna pobre ayuda estatal, increíblemente hoy es un hombre muy bueno, debería ser todavía un pibe pero ya es un hombre que changuea, de repente se le escapa un chiste pavo y se ríe a carcajadas, es un pibe, no sabe que es un héroe.

El pibe callado de más allá tiene marcas en el cuerpo, él no cuenta mucho pero los amigos van completando con frases cortas la historia, unos años atrás estaba metido hasta el cuello, le debía mucho al transa del barrio, un día lo paró la policía, creyó que como tantas veces solo lo hostigaban por ser un pibe del alto vestido de pibe del alto, pero no, esta vez lo subieron al coche, lo apuntaron, y le dijeron que lo iban a ayudar a devolver lo que debía, solo tenía que estar en la esquina indicada a la hora indicada, lo llevarían a otro lugar de la ciudad para robar unas casa grandes, le explicaron que evidentemente no debía preocuparse por la policía, después lo pasarían a buscar y con lo logrado iría pagando la deuda de a poco. Las marcas son de cuando dijo que no lo quería hacer más.

Los pibes reunidos cuentan historias del fin de semana, en casi todas descontrolan por los “consumos problemáticos”, las cosas que hacen en ese estado son motivo de largas risas, muchas veces las historias incluyen peleas, con puños, con facas, con armas, hay muchas armas en los barrios, se consiguen baratas. Naturalizaron hace rato el estado de violencia que los rodea. Eso es la vida, hay que adaptarse.

El último pibe tiene 6 hermanos, casi todos de distinto padre, él nunca conoció al suyo ni le interesa, dice él. La madre es prostituta, hace lo que puede, él tiene que ayudar, y ayuda, consigue dinero que no es de él. A una pregunta que pretendía orientación vocacional sobre como se veía a sí mismo en unos años me contestó: “en el penal, ¿en dónde más?”. Es muy bueno, pero siempre agrede, saluda con una amenaza, da miedo, pero que no vaya a ver a alguien agrediendo a algún compañero más débil porque se pudre todo.

Hay otros pibes, hay muchos pibes, cientos de pibes solos que se juntan por ahí, casi ninguno tomó la leche con galletitas sobre una mesa con mantel de tela con flores mientras miraba los dibujitos después de hacer la tarea con la ayuda de la mamá, casi ninguno pudo grabar a fuego para su futuro la imagen de su padre llegando del trabajo agotado, protestando por algo, pero con la autoestima bien alta por la satisfacción interna de mantener una familia dignamente, casi ninguno tuvo abuelos que los acariciaran y los malcriaran llevándolos a la calesita, no hay calesita, no saben qué es, a casi ninguno la abuela le planchó la cama en invierno para que estuviera calentita como abrazo que dura, ni jugó con sus hermanos en un patio inexpugnable a cualquier riesgo, ni le sostuvo la bicicleta su papá mientras aprendía a hacer equilibrio. Son pibes, son de los barrios, se pelean entre ellos, hacen lo que pueden, no hay escuela, no hay trabajo, no hay gimnasio, sólo queda ir!

Sólo queda ir viendo qué pinta, a veces pinta mal, por eso hay que tener buenas zapatillas.

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Argentina, Corrientes. Prostíbulos: denuncian connivencia de quienes deben investigar y sancionar

MOMARANDU

Así lo señaló el abogado Hermindo González, ante la denuncia presentada por la Red Infancia Robada a la justicia federal. Junto a la religiosa Marta Pelloni detallaron las irregularidades, delitos y violaciones a la ley que se estarían produciendo en relación al tema.

En la denuncia, presentada ante el Juzgado Federal Nº1 solicitan informes acerca del conocimiento de autoridades municipales y provinciales sobre la existencia de los locales, que según explicaron “en muchos casos ya habían sido inspeccionados, clausurados y multados por el municipio” y según denunciaron, los titulares de dichos negocios “volcaron los montos de las multas en las mujeres explotadas sexualmente”.

La denuncia fue realizada ante la justicia federal ya que la comuna no tiene la fuerza o el poder de policía de allanar, detener o abrir procesos judiciales. Si lo tiene la justicia federal. Y dentro de esa competencia realizan la denuncia. El abogado informó además que en la policía provincial existe una división específica de trata de personas, quienes “no han detectado un solo caso que hayan informado a la justicia federal”.

Consultada por Momarandú, la religiosa Marta Pelloni expresó que en el caso del cierre de los prostíbulos, sería el estado quien “debería hacerse cargo de la atención de las víctimas”

Gonzalez señaló además que lo grave del asunto es la naturalización e invisibilidad que tiene el problema de la trata de personas en la provincia “a través de la inacción judicial, que hace que sea terreno propicio para que este delito crezca”, e instó a las autoridades judiciales a ejercer la prevención y la sanción de dichos delitos mediante el conocimiento de las investigaciones realizadas por Infancia Robada.

Y agregó que existe complicidad de las instituciones para con las redes de trata. “en esta custión como en el tema de tráfico de drogas, sin la connivencia de quienes deben prevenir, investigar y sancionar, es imposible que suceda. Muchos de estos locales cuentan con seguridad a cargo de adicionales policiales.Es increíble que participen de esto sabiendo que en estos locales se comete el delito de trata de personas.”

Los locales que fueron denunciados son, según ambos referentes, prostíbulos y whiskerías que cambiaron de nombre para encubrir sus actividades. Entre ellos se encuentran “Pool Bar”, llamado anteriormente “Tu y yo”, cuya propietaria sería María Ramírez. “La rueda”, antes “Bacán”, que sería de Dora Inés Esquía, y en el que la religiosa denunció que en la última refacción del lugar se colocaron ventanales provenientes de una institución estatal.

También el local llamado “Fiestas y Eventos”, ex “Crucero”, por Ruta 5, y cuyo propietario sería Ramón Zaracho, funcionario policial correntino, “El Quijote”, ubicado en Ruta 12 de Norma Casal. Local “Playboy”, presuntamente de Cristina Rodriuez y el denominado “Las Gatitas”, ubicado en Independencia al 5000 y cuyos titulares serían Mirian Blanco y/o Javier Ramírez.

Denunciaron además ataques y agresiones por parte de la policía a mujeres que ejercen la prostitución de manera privada y que son contenidas por la organización

“Lo que ellos pretenden es estas actividades se desarrollen en estos lugares a cargo de cafichos explotadores que se quedan con el lucro de lo producido por el cuerpo de quienes son víctimas”.

A lo que María Eugenia Gonzalez, del programa municipal “Colectivo Trans” informó que recibió denuncias de estas mujeres: “Estamos hablando de personas que tratan de mejorar su condición de vida. Van , las echan de los lugares y hay agresiones de la policía”.

En cuanto a la responsabilidad directa de estos hechos, el abogado señaló a las autoridades provinciales, “que siguen implementando un código contravencional que permite la detención de una persona de manera inconstitucional y sin conocimiento de ningún juez y en la que se aplican montos de contravención para recuperar la libertad que ellos mismos establecen”. Detalló que estos códigos son inconstitucionales y que las detenciones producidas a través de él son ilegales.

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Argentina, Neuquén: Médico y represor, una condición de terror que tuvo su tardía condena

AGENCIA WALSH

El psiquiatra Faustino Blanco Cabrera, quien se desempeñó durante varios años en el Hospital de Cutral Co en la provincia de Neuquén, fue condenado hace pocos días a 7 años de prisión por el Tribunal Oral Federal de Formosa en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la última dictadura militar.

Fue juzgado junto con otros siete ex miembros del Ejército Argentino y de fuerzas de seguridad por crímenes en perjuicio de 74 víctimas.

Participó en sesiones de torturas a detenidos y fraguar certificación de defunción cuando fue teniente primero médico en el Regimiento 29 de Infantería de Monte. Un ejemplo más de inhumanidad y de justicia tardía

En agosto, el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune) denunció que Cabrera había presentado un certificado por licencia psicológica prolongada en el Hospital de Cutral Co a pesar de que estaba detenido desde junio en Formosa a la espera del juicio. Blanco Cabrera había ingresado en 2006 al hospital de esa localidad, sin mediar el correspondiente concurso, de acuerdo a lo denunciado por Siprosapune.

El abogado Luis Zapala, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de Formosa, comentó a La Mañana de Neuquén que Cabrera fue juzgado en Formosa por un solo caso pero tiene otros en su contra. Afirmó que era el médico "que revisaba a los secuestrados durante las torturas para saber si podían seguir aplicándoles más tormentos".

Zapala comentó que después de actuar durante la represión, Blanco Cabrera decidió estudiar psiquiatría, profesión que ejerció en Clorinda, a escasos pasos de Asunción, Paraguay. A esa ciudad llegó una mujer, que en 1976 fue detenida y torturada por su militancia en la Juventud Peronista y tuvo a su hija en cautiverio, que recurrió al consultorio de Cabrera. La mujer y su hija contaron sus padecimientos sin saber que quien escuchaba había participado en los centros clandestinos.

Con la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, la actuación de Blanco Cabrera como represor se dio a conocer y estuvo un tiempo en la cárcel en 2006. Luego fue liberado, dejó Clorinda y arribó a Cutral Co, donde comenzó a trabajar en el hospital local.

La denuncia de Siprosapune se hizo pública cuando los medios de Formosa publicaron su foto en las crónicas del juicio que comenzó el 31 de julio, solicitando la exoneración del médico porque “no está enfermo sino acusado y preso por los peores delitos cometidos hacia la sociedad argentina”.

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Identificaron los restos de una persona desaparecida durante la última dictadura

CIJ

El procedimiento se realizó en el marco de una investigación encabezada por la Cámara Federal de La Plata. Fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense entre restos exhumados en el Cementerio Municipal. Comunicado completo.

Comunicado de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata sobre el Juicio por la Verdad.

En el marco de las actuaciones encabezadas por los doctores Julio Víctor Reboredo y Leopoldo Héctor Schiffrin, para la búsqueda de la verdad y destino final de los desaparecidos durante el último gobierno militar, la Cámara Federal de La Plata mediante las resoluciones del registro S.U. de fecha 17/10/13 (legajo 2706), formalizó la identificación de una persona que se encontraba desaparecida.

Ana María Raszkewicz fue identificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense entre los restos exhumados en el Cementerio Municipal de La Plata, respecto de los cuales en su oportunidad el Tribunal había dispuesto una medida de no innovar para su preservación.

Los estudios genéticos realizados por el laboratorio “The Bode Technology Group INC” (Estados Unidos), complementaron los estudios antropológicos efectuados por el EAAF y resultaron concluyentes para determinar las identificaciones.

La investigación continúa, así como la remisión de muestras óseas para su análisis genético, tanto de restos exhumados en el Cementerio de la Plata como en los cementerios de Avellaneda, Ezpeleta, Verónica, Punta Indio y Magdalena.

Con estos resultados, las tareas emprendidas por el Tribunal en el marco de la “Búsqueda de la Verdad” permitieron hasta la fecha lograr un total de 52 identificaciones.

Además de su objeto especifico, el Juicio por la Verdad representa una relevante fuente de datos para las causas penales por terrorismo de estado que se sustancian en la jurisdicción.

Desde septiembre del año 1998 se han recibido más de 1.800 declaraciones en audiencias orales y públicas que se celebran en forma ininterrumpida todos los miércoles de cada mes.

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