lunes, 9 de diciembre de 2013

30 años de gobiernos constitucionales en la Argentina

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

No es un dato menor que en la Argentina se cumplan tres décadas sin golpes de Estado. Resalta el dato, ya que entre 1930 y 1976-83, la seguidilla de golpes fue la norma de una inestabilidad institucional que terminó con el genocidio y la re-estructuración reaccionaria de la sociedad capitalista argentina. Aquellos cincuenta años de alternancia entre regímenes constitucionales y golpes, constituyen el antecedente para valorar el periodo reciente entre 1983 y 2013, aunque el legado de la última dictadura se consolidara bajo un gobierno constitucional en los años 90.

En efecto, los 90 consolidaron mutaciones estructurales que definen nuestra organización económica social, con una estructura de clases y de poder que afirman la dependencia argentina del capitalismo mundial como rasgo esencial.

El capitalismo argentino se sostiene en un modelo productivo que en el campo encabeza la producción sojera, inexistente antes de los años 70, y estimulada y potenciada desde 1996 con la autorización de los transgénicos. Desde entonces se transformó en la principal producción exportada y fuente de divisas para la inserción subordinada del país en la división internacional del trabajo.

Otra novedad que viene con los 90 es la mega minería a cielo abierto, producto del cambio del código minero en 1996 y los acuerdos con Chile. Se trata de un sector atractivo para el ingreso de capitales externos. Los inversores fluyen al país como consecuencia de las múltiples facilidades para la explotación de la naturaleza, facilitados por los cambios institucionales de los 90, incluida la reforma constitucional que transfirió a las provincias el ejercicio de la soberanía sobre los recursos naturales.

En el sector industrial se procesó un cambio sustancial sobre la dinámica de dos velocidades, uno tradicional con escasa mejora tecnológica, sustentada en bajos salarios y orientada al mercado interno, otra, minoritaria, mayoritariamente colonizada por el capital externo, moderna y organizada para la exportación, con salarios bajos en dolares para competir en el mercado mundial. El sector automotriz marcha a la cabeza, generando un gran déficit en divisas por el ingreso de partes importadas necesarias para armar el producto final.

El sector de servicios, especialmente la banca y las finanzas denuncian su carácter dependiente, afirmado en una deuda impagable. Los gobiernos constitucionales escamotearon la investigación sobre la ilegalidad e ilegitimidad de las acreencias externas. Es más, en estos años, de reducción importante en términos porcentuales, terminó de transferir el peso de la carga al conjunto de la sociedad, pues se canceló deuda externa contra acreencias en manos de la ANSES, el BCRA y otros ámbitos locales.

Pero no solo se trata de cambios en la economía, sino de la sociedad. El miedo gestado en años de plomo se proyecta de diferentes maneras durante la vigencia de gobiernos constitucionales. Son el miedo a la hiper inflación y al hiper desempleo. Del terror físico, a la tortura y la desaparición, al ejercicio de la violencia sobre los cuerpos y las mentes, al terror de la inestabilidad en la reproducción de la vida cotidiana y la pérdida del empleo. El miedo condiciona la cultura individual y de masas. Desorganiza y desarticula las capacidades de resistencia y pensamiento por una nueva sociedad.

Hemos sostenido que el logro mayor del neo-liberalismo, que inició su gesta en 1975/6 fue precisamente la des-articulación de sujetos para el cambio social. La gigantesca acumulación de fuerza popular gestada desde fines de los años 60 y mediados de los 70 necesitaba ser desarmada. ¡Ese fue el sentido histórico y mayor éxito del golpe del 76! Sus secuelas se mantienen aún, a pesar del tiempo y se manifiesta como fragmentación del movimiento popular y cultura social del individualismo y el consumismo.

Se trata de una cuestión cultural que resulta necesario contrarrestar. Ese patrón de consumo y cultural solo podrá ser mutado desde el cambio del modelo productivo y su impacto en el cambio de la matriz de consumo. No solo es economía, sino cultura social extendida.

Economía y cultura, sí, pero también, política. El 1983 fue el renacimiento de la vida política y sus principales partidos, especialmente el PJ y la UCR. Los cambios operados en el capitalismo local fueron encarados por estructuras partidarias que intentaron su renovación de cara a las nuevas demandas del orden social y el poder. El resultado es la crisis política en el marco de la estabilidad constitucional. Los principales partidos se han dividido y modificado su forma de expresión y presentación en sociedad. De ser expresiones programáticas se transformaron en instrumentos capta electores sobre la promoción de persona, hombres y mujeres que manifestaban un liderazgo personal más que partidario.

La crisis política tiene varios episodios en estos treinta años. El radicalismo no pudo terminar los dos periodos en que encabezó el gobierno y sufrió variadas deserciones hasta casi desaparecer de la escena electoral. Pese a ello sigue siendo segunda fuerza institucional por extensión de legisladores y cargos ejecutivos. El peronismo osciló con un discurso tradicional, a derecha e izquierda para disputar consenso electoral masivo. Es una identidad con fracturas y diversidad de expresiones que disputan la tradición, y en ese proceso presenta diferentes versiones, incluso contradictorias del verdadero legado. Con todo, constituyen la primera minoría y en diferentes versiones, pueden ser ampliamente mayoritarios en el ámbito institucional. Es una crisis política que se extiende a otras identidades políticas y que se manifiesta también en desarticulación, fragmentación, y división.

Es cierto también que existe búsqueda de nueva representación política. Hubo intentos en las tres décadas, a izquierda y derecha. Sigue siendo una asignatura pendiente la emergencia de una propuesta alternativa popular que otorgue sentido a un nuevo tiempo histórico de la identidad popular para transformar la sociedad, incluso más allá del capitalismo. Es el marco de los debates en Nuestramérica, signados por el cambio político en el nuevo siglo. Es cierto que la Argentina contribuyó a este clima de época con la pueblada del 2001, pero requiere ser completada en un proceso emancipatorio de liberación nacional y social. Importantes camadas de militancia popular vieron frustradas sus aspiraciones de cambio político, confiando en liderazgos que entusiasmaron a porciones importantes de la sociedad y que no prosperaron por límites de objetivos y una referencia acotada al capitalismo. El capitalismo no aporta soluciones a los pueblso, nos dijo Chávez cuando formuló su "Socialismo del Siglo XXI". Es un tema a resolver en toda la región y en el mundo. No alcanza con pensar una "alternativa posible" y se necesita ir más allá de los pensado posible. La historia demuestra que el limite de lo posible es rebasado por la acción del movimiento de la sociedad. Es el caso del 2001, que resuena como posibilidad histórica de cambio social en nuestro tiempo, no de igual manera, pero si en la esencia de la demanda por una nueva realidad.

En treinta años de estabilidad constitucional existe espacio para una alternativa anti-capitalista y anti-imperialista, incluso por el socialismo. Solo será posible, si en el país se cierra el legado vigente de la cultura sembrada en décadas de neo-liberalismo y se gestan los instrumentos de restablecimiento de una subjetividad social masiva por el cambio social, un programa de transformaciones estructurales y la gestación de nuevos instrumentos políticos que superen la tradición de subordinación al dominio del régimen del capital y la explotación de la fuerza de trabajo y la naturaleza.

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Democracia para qué y al servicio de qué intereses

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS)

Con el abogado Norberto Olivares conversamos sobre los "30 años de democracia" que se cumplen en estos días en el país. Cómo definirla, los objetivos del terrorismo de Estado 1976-83, las idas y venidas de las clases dominantes y dominadas, la concentración y opulencia económica, las mutaciones del "peronismo" y el capitalismo "serio" son algunos de los temas de la primera parte de esta charla que el militante santafesino tuvo con CONTRAPUNTOS.



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Debate: Militantes por la Justicia Social, aportes para nuevas construcciones políticas

Luis Miguel Baronetto (PRENSA RED)

Se presentó la edición 96, en formato cuaderno, de Tiempo Latinoamericano. La publicación que fue presentada el jueves en Casa Angelelli, contiene artículos, informes y un dossier dedicado a los “30 años de Democracia en la Argentina”. (1) PRENSARED ofrece a manera de anticipo este artículo escrito por su director.

Las graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de estado generaron múltiples iniciativas de acciones resistentes durante la misma dictadura, para defender la vida y la libertad severamente afectadas, en desaparecidos, fusilados, torturados, presos y perseguidos en general. La exigencia coyuntural obligó a centrar el reclamo en aquellos derechos básicos, arrasados por la dictadura.

Esa lucha, ya en democracia, siguió en el mismo tono ante la necesidad de reclamar la aparición con vida, y el juicio y castigo a los asesinos.

Como todo proceso histórico, la lucha por los derechos humanos tuvo y tiene sus contradicciones y limitaciones. Reivindicados primero desde lo afectivo por los familiares, se fueron constituyendo las asociaciones que representarían esas primeras experiencias. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo quedaron como el símbolo máximo.

Pero no todo el espectro político y social que asumió aquella lucha tuvo y tiene la misma visión. Siempre desde la solidaridad estuvieron presentes dirigentes políticos, sociales y religiosos – aunque no en forma mayoritaria – que, sin haber compartido y en muchos casos habiendo estado en contra de la militancia concreta de asesinados, desaparecidos y presos, se sumaron y hasta encabezaron manifestaciones de reclamos por verdad y justicia.

La demonización de los militantes revolucionarios

El momento político, desde 1983 y aún antes, no hizo posible instalar junto a ello la participación de quienes venían luchando contra las violaciones a los derechos humanos, primero desde las campañas internacionales y luego del retorno al país, desde los mismos organismos de derechos humanos que habían contribuido a consolidar, hasta con aportes financieros, porque habían creado una estructura internacional a tales fines, como parte de su política de desgaste de la dictadura.

Continuaba la demonización de los llamados “subversivos”, desde sectores interesados, mucho más amplios que sólo las fuerzas militares y de seguridad ejecutoras del terrorismo de estado, con los grandes medios de prensa como sus principales difusores. Esta demonización se perfeccionó cuando el proceso político evolucionó favorablemente hacia la democracia. En esta demonización se encontraron las fuerzas políticas de cuño liberal, que nunca compartieron el cuestionamiento a fondo del sistema capitalista. Y coincidieron con los sectores económicos, sociales y clericales que se sintieron amenazados en la disputa por la hegemonía del poder. El gobierno del Presidente Raúl Alfonsín emitió decretos para que se procesara a las cúpulas de las Fuerzas Armadas como ejecutoras del terrorismo de estado; y a los principales dirigentes de las organizaciones revolucionarias Montoneros y PRT-ERP, que encarnaron la lucha armada. De ese modo se institucionalizaron los dos demonios, cuya doctrina quedaría mejor expuesta por el presidente de la CONADEP Ernesto Sábato en el prólogo del Nunca Más en 1984. Sin atribuirle la autoría exclusiva al eximio escritor, ya que fueron varios los pronunciamientos políticos y sociales, antes y después del golpe militar del 24 de marzo de 1976, que equipararon las “violencias de diversos signos”, sin asumir ninguna responsabilidad política en su génesis.

No es propósito de estas breves reflexiones desarrollar dicha doctrina, sino avanzar en sus consecuencias tanto a nivel de la lucha por los derechos humanos como en las posibilidades de reconstitución política para el proyecto de las grandes mayorías populares. Las grandes limitaciones para esto durante estos largos años de democracia, nos desafían – más allá de lo logrado – a profundizar en los variados aspectos que como resabios del terrorismo de estado todavía influyen como obstáculos al desarrollo de construcciones políticas capaces de generar nuevas condiciones objetivas y subjetivas para las transformaciones exigidas por las realidades de injusticias sociales.

Partimos de afirmar y reconocer que aquella valiosa lucha de los primeros años de los organismos de derechos humanos, que incluyó la participación de algunos dirigentes políticos, sociales y religiosos, sirvió para difundir e instalar en buena parte de la sociedad la gravedad de las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo al predominar en aquella reivindicación los derechos a la vida y a la libertad, quedó acotada a una concepción liberal de los derechos humanos, cuya manifestación más evidente fue la abstracción o el ocultamiento de la vida militante de quienes aparecían mayoritariamente como víctimas del terrorismo de estado. Más aún, se juzgaba políticamente conveniente no hacer referencia a ella porque se consideraba que debilitaba las argumentaciones condenatorias de las violaciones. De buena parte de los familiares tampoco se creía oportuno destapar aquello, que en muchos casos, ellos mismos habían ignorado o no compartido: la pertenencia a organizaciones revolucionarias armadas. Muy poco lo hacían los allegados a militantes de las izquierdas tradicionales, que desde su postura política negaban la validez de la lucha armada; quienes de todos modos en el marco de la doctrina de seguridad nacional aplicada por los militares, quedaban igualmente sospechados de “subversivos”.

Esto posibilitó la instalación con mayor fuerza de la teoría de los dos demonios, que fue ampliamente acogida por los principales protagonistas de los primeros períodos democráticos.

De este modo, y sin pretender hacer un desarrollo minucioso de los procesos de formación y actuación de los principales organismos de derechos humanos, se fue afianzando el reclamo de justicia, con sus idas y venidas, hasta que pudo encauzarse con mayor estabilidad y eficacia, a partir de la anulación de las leyes de impunidad, en el 2006, con una reivindicación política más integral de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, desde la asunción del Presidente Néstor Kirchner en el 2003.

El camuflaje de los coautores

Se manifestarían sin embargo nuevas limitaciones con sus consecuencias políticas. La urgencia de reencauzar el reclamo de justicia conllevaba la decisión política de anular las leyes de impunidad, retomando las denuncias y los procesos paralizados en 1987 por las leyes de obediencia debida y punto final del presidente Raúl Alfonsín y los decretos de indultos del Presidente Carlos Menem. Pero este reclamo quedó centrado, prácticamente en forma excluyente, en los ejecutores directos del terrorismo de estado: los militares y las fuerzas de seguridad. Este aspecto venía favorecido por el transcurso de veinte años de vida democrática en el país (de 1983 al 2003) con plena vigencia del neoliberalismo, que benefició a los sectores económicos concentrados, igual que durante el terrorismo de estado. Estos y otros sectores se reciclaron en los partidos políticos tradicionales y factores de poder como la mayoría del poder judicial que se mantuvo intacto, la cúpula eclesiástica, las usinas económicas con sus Institutos técnicos financiados por las corporaciones nacionales e internacionales y los grandes medios masivos de comunicación social. También la dirigencia sindical burocratizada, que se integró a los negocios de las reformas privatizadoras del neoliberalismo, amparó aquella vigencia de la impunidad del amplio espectro social, cuya complicidad recién empezaría a visibilizarse al calor de los juicios de lesa humanidad.

La sensibilidad social que despertó el conocimiento de los horrores cometidos por el terrorismo de estado tuvo su efecto positivo al extender una nueva conciencia y valorización de los derechos humanos y la convivencia democrática. El impacto fue especialmente en los sectores medios; y se expresó y expresa en las marchas conmemorativas de cada 24 de marzo o 10 de diciembre. No alcanzó sin embargo para penetrar en amplios sectores populares, más urgidos por las necesidades inmediatas que le generaba la crueldad del modelo neoliberal, con desocupación, desatención de salud, desmantelamiento de la legislación laboral y previsional, etc., a lo que debe añadírsele la cooptación por la cultura neoliberal. Por efectos de la misma fragmentación social no se logró que las organizaciones sindicales, por ejemplo, asumieran la reivindicación de sus trabajadores desaparecidos. Salvo la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) que en algunos casos también realizó presentaciones judiciales. E incluyó, como novedad desde una organización de los trabajadores, una política para incluir a los miles de desocupados que generaba el neoliberalismo. Pero no se pudo avanzar en la recuperación de todo el contenido político para movilizar hacia nuevas herramientas que pudieran mantener el horizonte de cambios sociales que quedaron inconclusos con la represión del terrorismo de estado.

Víctimas o sujetos políticos

Un elemento fundamental en esta limitación fue y sigue siendo la predominancia del concepto de “víctimas” del terrorismo de estado. Al imponerse esta perspectiva se cierran las posibilidades a la reivindicación de las víctimas como militantes. Y no con militancia de cualquier tipo, sino predominantemente en organizaciones revolucionarias armadas, que, ya sean trabajadores, estudiantes o profesionales, constituyen la mayoría de las víctimas.

Para evitar interpretaciones incorrectas es necesario precisar que desde el punto de vista jurídico y humano, ciertamente las víctimas deben ser consideradas como víctimas, tanto por el delito cometido contra ellas como por la arbitrariedad de los métodos inhumanos e inmorales que se les aplicaron. Pero desde la óptica política, y abarcando al conjunto social que integran secuestrados, fusilados, presos y exiliados, compuesto por trabajadores, estudiantes y otros sectores populares organizados políticamente, reducirse a esa apreciación significa asumirse en una sensibilidad social de sometimiento bajo los pies de un victimario. Aceptar este dominio, que es precisamente la anulación de la personalidad individual y política buscada por los represores, significa coartar la capacidad y la iniciativa política para retomar un rol de sujeto histórico en los necesarios procesos de cambio social. Y por lo tanto, limitaciones en la concepción y construcción de las nuevas herramientas políticas que requiere la situación actual. La desaparición de los cuerpos, con el entierro clandestino en fosas comunes o lugares deliberadamente ocultados, simboliza no sólo la pretensión de borrar la memoria de quienes encarnaron la lucha por una sociedad justa e igualitaria como sujetos individuales y colectivos, sino de borrar también el proyecto que representaron. Sin memoria de los que corporizan los proyectos históricos, hay menos posibilidades de recrear aquellos que quedaron inconclusos.

Esta despolitización desde los derechos humanos se ha venido expresando más en lenguajes simbólicos que políticos, aunque la política requiera también de lo simbólico que incide en la sensibilidad social. Por ejemplo, hablar de que “fueron perseguidos porque tenían ideas diferentes” o “lucharon por un sueño”, y expresiones similares que eluden especificar “las ideas diferentes” o se evaden en “sueños” (que por lo general nunca se realizan) para no mencionar el proyecto revolucionario que encarnaban y los métodos adoptados para concretarlo, significa licuar el contenido de la lucha de la mayoría de nuestros muertos y desaparecidos, que estaba estrechamente vinculado a la memoria de la historia del movimiento popular y sus luchas de resistencias a la opresión oligárquica.

Tampoco se trata de mencionar proyectos en el aire, sino los que fueron encarnados por organizaciones concretas (político-militares, sindicales y sociales), visualizadas como “peligro” potencialmente real en la disputa del poder. Y que en las resistencias peronistas reconocen un largo camino de construcción política. Por cierto que esto debe hacerse señalando aciertos y errores como contribución positiva a las nuevas situaciones. Y en este proceso ciertamente que corresponde una profunda reflexión valorativa, de crítica y autocrítica, sobre la violencia política, su origen, sus diferentes manifestaciones, su desarrollo, sus implicancias, sus consecuencias. Pero no desde “asépticas” disquisiciones académicas que descontextualizan las diferentes situaciones, sino asumiéndose como parte de un pueblo que lucha por su dignidad, con sus contradicciones, con sus avances y retrocesos, sus experiencias de resistencia activa y sus padecimientos represivos, desde el barro de la realidad cotidiana, que hace historia y es siempre compleja imponiendo continuos aprendizajes.

Impunidad y construcción política

El vaciamiento del contenido político hizo más potable la extensión del reclamo de justicia por las violaciones sufridas. Considerando positiva esa extensión a variados sectores de la sociedad, no podemos dejar de señalar la pérdida en profundidad. Porque a la vez quedaron limitados los logros culturales de ese objetivo, al considerar que con la condena jurídica de los asesinos se había obtenido justicia. Claro que son pasos fundamentales e imprescindibles para avanzar. Eso no está en cuestión. Sólo pretendemos afirmar que allí no acaba la impunidad.

La impunidad, más allá del fallo condenatorio de la justicia, sigue porque sigue el dominio de los victimarios, que incluye a los que conservan buena parte del poder dominante, ante la anulación del carácter militante de las víctimas. Más aún, éstas, despojadas de su identidad política, no sólo resultan inofensivas para el sistema, sino que son utilizadas para darle transparencia elevando el carácter plural y participativo de la democracia. No hay posibilidad alguna que aquellas víctimas vuelvan a ningún escenario que ponga en riesgo el orden del sistema establecido. Son parte del pasado que no debe volver “nunca más”. Aquellos militantes y lo que representaron tampoco, por supuesto. Permanece el efecto de la impunidad, como objetivo de la imposición del miedo por imperio del terror, que es represivo de la vida y la libertad pero también privativo de otros derechos (trabajo, salud, vivienda, tierra, educación, etc.). No es casual que con el rescate de las luchas contra las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, no aparezcan las múltiples y aún dispersas resistencias obreras a las políticas neoliberales de Martínez de Hoz. Muy pocos recuperan la primera Jornada Nacional de Protesta en abril de 1979 convocada por la “Comisión de los 25”, que conllevó el encarcelamiento de varios dirigentes sindicales peronistas.

La impunidad del terrorismo de estado, que tiene manifestaciones en democracia especialmente contra los más empobrecidos, domina el escenario político cuando imposibilita, demora u obstaculiza la constitución de nuevos sujetos políticos, con capacidad de cuestionar y disputar el poder.

Avanzar en logros culturales implica revertir la cosmovisión neoliberal dominante para recuperar la perspectiva comunitaria, base fundamental para un proyecto político de cambio social.

Las dificultades evidenciadas para acompañar e incluso promover la investigación judicial a funcionarios judiciales, clericales, empresariales o sindicales, indican que no se ha puesto el mismo énfasis que en la persecución a los ejecutores inmediatos de la represión. Es fácil percibir que avanzar sobre aquellos coautores y cómplices del terrorismo de estado encontrará más resistencia social en los sectores de poder que han seguido acumulando espacios políticos durante los años democráticos. La vigencia de la corporación judicial es una muestra. La necesidad de preservar las inversiones de las multinacionales es otra. Aunque se tenga en ambos casos, elementos concretos para enjuiciar la coautoría civil.

No hace tanto tiempo que se habla de golpe cívico-militar. Y hay que recordar que fueron muy criticadas las acciones de resistencia activa, que pretendían acompañar las luchas obreras durante la dictadura, contra el núcleo duro que era el equipo económico de José Alfredo Martinez de Hoz.

Los pasos dados en la actualidad para la persecución penal de algunos, como el caso de Pedro Blaquier del Ingenio Ledesma en Jujuy, señalan un rumbo que es necesario profundizar, conscientes que las dificultades serán más arduas que el enjuiciamiento a los militares y fuerzas de seguridad, que ya perdieron el consenso social; pero que podrían ser rehabilitados por los propulsores de “reconciliaciones”, como la propuesta por el gobernador de Córdoba José Manuel De la Sota, para reinstaurar la hegemonía de un modelo elitista y conservador. Esto, junto a la defensa corporativa a Pedro Blaquier que realizaron destacados exponentes de los poderes económicos y el diario La Nación en Buenos Aires o la invitación de un prominente funcionario vaticano para que asistiera a la asunción del Papa Francisco, son apenas signos de que las presiones serán fuertes y no cejarán. Igualmente sucedió en Córdoba, con actuales funcionarios judiciales que salieron en defensa pública de magistrados imputados por delitos de lesa humanidad, como el ex juez Carlos Otero Álvarez. Las investigaciones en torno a Papel Prensa y otros despojos económicos sufridos por empresarios alientan la esperanza de acabar con los maridajes de la impunidad. Y para esto sin duda se necesita una justicia más cercana a la sociedad.

Esta realidad nos lleva al núcleo del planteo. Pasar de “víctimas” a “sujetos políticos” es imprescindible para las posibilidades de construir nuevas herramientas políticas, capaces de fortalecerse en organización como para cuestionar las bases del poder explotador, que sigue en manos de corporaciones económicas, con sustento en instituciones políticas, religiosas y culturales.

Pero hace falta que las propias víctimas, que ciertamente lo fueron, como nuestros hijos o los que han crecido en esa lógica, puedan dar ese paso que permitirá asumirse como protagonistas y no actores de reparto en un nuevo proceso. Para eso también hay que perderle miedo a las experiencias pasadas. No temer en nombrarlas con nombre propio, rescatando lo positivo y descartando lo negativo. Analizarlas sin las anteojeras construidas en el marco del discurso de los demonios, que se niega en las palabras pero pareciera estar incorporado en la sensibilidad, incluso de comunicadores sociales visualizados como progresistas. Se requiere analizar aquellas prácticas con la referencia fundamental del pueblo y el rol jugado entonces en su relación con las organizaciones revolucionarias. Eso aportará pautas para la nueva etapa.

No podemos ignorar que a la mayoría del espectro político, con su multiplicidad de partidos o alianzas, que ocupa la escena nacional y las disgregadas realidades provinciales, le es más funcional una política de derechos humanos restringida al pasado y lavada en el contenido político revolucionario. No deben volver los malos ejemplos. No hay por qué cuestionar el sistema. Es mejor petrificar la memoria en el pasado. Este pareciera ser el discurso políticamente “correcto”, que no supera el condicionante del posibilismo.

Sin embargo las políticas distributivas avanzarán en justicia social en la medida que exista fuerza popular organizada, capaz de acompañar y sostener medidas de profundización del reparto de las riquezas. Y también de proponer y participar en la ejecución de esas políticas. Eso sería una manifestación de la democracia que necesita el pueblo argentino, que valora los logros de estos treinta años pero a la vez siente en su bolsillo, en su corazón y en su cabeza todo lo que le falta para una vida en dignidad y justicia. A treinta años ya es tiempo de pasar de la democracia liberal, que coloca las formas por sobre su contenido, a la democracia popular con justicia, que implica transformaciones profundas no sólo del ordenamiento político y jurídico, sino también el económico, para una nueva cultura que sostenga en el tiempo las transformaciones sociales necesarias.

Luis Miguel Baronetto es Director editor de Tiempo Latinoamericano.

Nota:
1) El 6 de diciembre, en la Casa Angelelli, se presentó la publicación que mantiene un formato estilo cuaderno, que también está disponible en http://casaangelelli.org.ar/
La revista que consta de 92 páginas analiza y problematiza diferentes cuestiones sobre política, derechos humanos y fe cristiana. También ofrece una sección de documentación, notas de opinión y reflexión sobre las elecciones y la designación del “Teniente Milani”, y la entrega del doctorado honoris causa a Gustavo Gutierrez, por Rafael Velasco.
El dossier que analiza los 30 años de democracia, además del artículo publicado, se destacan Mirando hacia la región, por Alberto Parisí; La Iglesia Católica en democracia, por Víctor Saulo Acha; un anticipo sobre el diario personal de Bonamín, investigación que realizan Ariel Lede y Lucas Bilbao y un informe que rescata experiencias y actividades que relacionan creatividad, arte y salud, realizadas en el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba, entre otros.

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“Ver a Bonafini abrazada con Milani fue un shock, una enorme tristeza”

“Ver a Bonafini abrazada con Milani fue un shock, una enorme tristeza, obviamente creo que Milani debería estar siendo juzgado y no al frente del Ejército”.

“No hay futuro si olvidamos y por eso seguimos marchando. Recordar es estar de acuerdo con los juicios que se están llevando a cabo, pero también saber que la lucha por los derechos humanos empezó mucho antes de que se constituyera este gobierno. No desvalorizo los juicios, pero dejaría de ser honesta si no dijera que me parece que están llevando de un estrado a otro a un montón de viejos moribundos. Son apenas una pequeña parte de los genocidas. La mayoría morirá libre, con tranquilidad en su casa. La no unificación de las causas no es casualidad".



Espen señala que “recuerdo a mi hijo y a sus compañeros tratando de ser coherente hasta el último suspiro con sus ideas. Por eso estoy del lado de los trabajadores, de los que menos tienen, de los sedientos de justicia, de esos para los cuales los derechos humanos aún no existen porque no les son respetados”.

Para la madre de Plaza de Mayo “los grandes grupos económicos, el verdadero poder que estaba detrás de los militares y que ordenó el genocidio está vivito y coleando. Para ellos no hay crisis, ni se termino la impunidad porque siguen siendo parte del Poder y manejan los hijos de la política”.

...“tal vez por eso no se habla de las ideas de nuestros hijos. No se recuerda que murieron por marcar a fuego a esos que saquearon y saquean a nuestro país."

...“nuestros hijos no se hubieran bancado muchas cosas que están pasando”. Dice en ese sentido que “no son casualidad los ’Archivos X’ que demuestran que me vigilan, la persecución judicial e inteligencia a dirigentes sindicales, ambientalistas. Detrás de un relato vacio, se sigue gobernando para los grandes empresarios mientras los jubilados no llegamos a fin de mes, la desocupación encubierta es enorme lo mismo que el ajuste que encubren las estadísticas truchas del Indec".

Por último Elia se refiere a la impresión que le causó ver en la tapa de la reaparecida revista de las Madres de Plaza de Mayo, línea oficial, abrazados a la titular de ese organismo Hebe de Bonafini y el comandante en Jefe de Ejército, César Milani, acusado de graves violaciones a los derechos humanos: “Tengo muchas fotos con Hebe, yo la respetaba. No sé que pasó en su cabeza en todos estos últimos años. Sentí un gran shock al ver esa foto. Dolor. Obviamente creo que Milani debería estar siendo juzgado y no al frente del Ejército”.

“Habrá que seguir marchando y resistiendo”, dice Espen. Son los tiempos que corren “algunos hacen fiestas en la Esma, comen allí donde durante la dictadura le llamaban “hacer asaditos” a quemar entre gomas de camión los cuerpos de nuestros hijos.

Ellos cantan, festejan donde nosotros no podemos dejar de escuchar los gritos de los torturados, en lo que debería ser un lugar de recogimiento y respeto. Es tremendo que un cargo, un sueldo pueda significar el olvido de padres, familiares, su ejemplo, el martirio de nuestros compañeros”.

Foto: Elia Espen, Madre de Plaza e Mayo.

La nota que cita Elia:
CÉSAR MILANI X HEBE DE BONAFINI
La Madre y el general
http://www.madres.org/navegar/nav.php?idsitio=5&idnota=11398&idindex=174

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Sindicato de policías, ¿consigna socialista?

Rolando Astarita

Dirigentes gremiales de la CTA y la CGT se han manifestado a favor de la idea; incluso ya hay un embrionario sindicato de la policía, que tiene el apoyo de Pablo Micheli. También algunos partidos de izquierda están reclamando, desde hace años, el derecho a la sindicalización de la policía.

Por estos días, en “Comentarios”, me han preguntado qué opino sobre la demanda de formación de un sindicato de policías (también de gendarmes, prefectos, personal del servicio penitenciario). Dirigentes gremiales de la CTA y la CGT se han manifestado a favor de la idea; incluso ya hay un embrionario sindicato de la policía, que tiene el apoyo de Pablo Micheli. También algunos partidos de izquierda están reclamando, desde hace años, el derecho a la sindicalización de la policía. Naturalmente, el tema se ha puesto en primer plano con el conflicto de los gendarmes y prefectos. En esta nota presento algunas reflexiones sobre el asunto, y explico por qué entiendo que los socialistas no deberían apoyar la demanda.

“Compañeros trabajadores que enfrentan el ajuste”

El argumento central de los dirigentes sindicales que abogan por la formación de sindicatos del personal de las fuerzas de seguridad, es que se trata de trabajadores que deben gozar de los mismos derechos que cualquier otro asalariado. En los partidos de inspiración marxista que defienden la idea, el argumento es un poco más sofisticado. Se sostiene que, si bien los policías y gendarmes forman parte de los cuerpos represivos del estado, provienen del pueblo y venden su fuerza de trabajo. Por eso, habría una contradicción entre el rol represivo del aparato del que forman parte, y el hecho de que son asalariados, con intereses y demandas comunes con el resto de los trabajadores. ¿Por qué no aprovechar esta contradicción y ganarlos para la causa de la clase obrera o del socialismo? Después de todo, dice el argumento pro sindicato, los gendarmes y prefectos están enfrentando el plan de ajuste del gobierno K, igual que otros asalariados. El movimiento tiene la misma progresividad de cualquier otra lucha de los trabajadores.

Más en general, y debido a la crisis capitalista, en muchos países los policías han comenzado a rebelarse. Para citar algunos ejemplos: en Portugal, el Sindicato Unido de la Policía planteó que estaría del lado de los manifestantes, porque “somos ciudadanos antes que policías”. En Grecia, a principios de septiembre, se llegó a un enfrentamiento entre policías en huelga y policías anti motines, porque los primeros querían impedir que los anti motines salieran de sus cuarteles para ir a reprimir manifestantes. En Inglaterra, la policía ha participado en manifestaciones y está amenazando con una huelga (que está prohibida) porque el gobierno ha adelantado un programa de recortes de salarios, despidos y aumento de la edad de jubilación de los policías. En Brasil, hubo huelgas en varios estados y en Río de Janeiro, por aumentos de salarios; en Bahía se produjeron choques de la policía con las fuerzas de seguridad enviadas por el gobierno. En Bolivia, hubo acuartelamientos y manifestaciones, por reivindicaciones salariales; en 2003 se produjeron violentos enfrentamientos con la guardia presidencial. En conclusión, sigue el razonamiento, no hay motivo alguno para no estar detrás de estos reclamos: son parte de la lucha general contra las políticas de austeridad y ajuste del capitalismo.

Antes que trabajadores, policías

El elemento de verdad que tiene el anterior razonamiento es que ubica correctamente la naturaleza de la protesta de los gendarmes, prefectos y policías en Argentina: es un movimiento por salario, y no un golpe de estado, como quieren presentarlo el gobierno, y sus partidarios.

Por otra parte, y más importante, es cierto que existe una contradicción entre la necesidad de la clase dominante de tener fuerzas represivas consolidadas, y las condiciones miserables en que mantiene al personal subalterno de esas fuerzas, en Argentina y otros países de América Latina. Sin embargo, y aquí está el nudo de la equivocación de los defensores socialistas del sindicato de policías, hay que decir que esta contradicción no puede resolverse, dentro del sistema capitalista, hacia el lado del pueblo, o del socialismo. Para ver por qué, recordemos que hace poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA expresaba muy bien el objetivo que deberían proponerse los gobiernos en materia de fuerzas policiales: “mejorar las condiciones de trabajo y la situación de estos funcionarios” para cumplir con su “servicio social”. Pero este “servicio social” tiene como componente fundamental la defensa de la propiedad del capital. Esta es la función que domina y determina el carácter del policía o del gendarme. Para utilizar una noción de Marx, por encima de su origen y del hecho de que sea asalariado, tienen una “existencia funcional”. Su función, como integrantes del cuerpo represivo, predomina por sobre todo lo demás. Por eso, al acompañar las demandas por mejores condiciones de trabajo y salariales de las fuerzas de seguridad, no se está fortaleciendo al trabajo frente al capital, como pretende el discurso reformista, sino se está contribuyendo al perfeccionamiento del aparato represivo. Dar buenos salarios a los policías, mejorar su equipamiento, levantarles la moral, es un objetivo de la clase dominante. Podrá tener dificultades presupuestarias para lograrlo, pero en la medida en que lo cumpla, mejora y aceita los mecanismos represivos. Y no hay manera de que el policía se acerque al trabajador, o al socialismo, por este camino. Es sencillo de entender: su existencia funcional determinará su actuación y postura en la lucha de clases.

Es interesante recordar que a principios de los años 1930, en Alemania, la socialdemocracia confiaba en que la policía detendría, en última instancia, a Hitler, porque los policías eran trabajadores, e incluso muchos eran socialistas. En oposición a esta idea, acertadamente Trotsky alertó que “el obrero, convertido en policía al servicio del estado capitalista, es un policía burgués y no un obrero”. Agregaba que esos policías se habían enfrentado muchas veces con los obreros revolucionarios, que nadie pasa por semejante escuela sin quedar marcado, y que “lo esencial es que todo policía sabe que los gobiernos pasan, pero la policía continúa” (Escritos sobre Alemania, enero de 1932). Pienso que la idea tiene vigencia. Después de todo, la naturaleza del estado capitalista, y de su policía, no han variado, y esto es lo que debería retener todo trabajador o militante. Además del desempeño en “función de la sociedad” (digamos, atrapar al violador serial que anda suelto por el barrio), las fuerzas de seguridad constituyen un pilar del dominio de clase. Los gendarmes que participaron del operativo X (espionaje a manifestantes y activistas); o los policías que balearon a los qom en Formosa, no son compañeros trabajadores confundidos, sino “policías burgueses”, que actúan según la naturaleza del organismo que integran.

Por supuesto, podemos suponer que en una coyuntura revolucionaria, una parte importante del personal de las fuerzas armadas pasará del lado de los trabajadores. Pero se trata de un escenario muy especial, -cuando los explotados “toman el cielo por asalto”- caracterizado por la ruptura del estado. En cualquier otra condición, no hay que hacerse ilusiones. La existencia de la policía depende de la existencia del estado capitalista y de las relaciones sociales de producción capitalista. Los policías no van a ser ganados progresivamente para las ideas del socialismo, o la causa de los trabajadores. Por eso, también es ingenua la propuesta -la adelantó un dirigente de izquierda- de que se forme el sindicato de policías o gendarmes, pero con el compromiso de que sus miembros no van a reprimir a los trabajadores. Estas promesas son papel mojado. La lucha de clases no deja lugar a estas ensoñaciones.

Lucha de clases y experiencia histórica

Seguramente muchos verán mi análisis como poco sutil y sofisticado; pero en estas cuestiones lo que importa es “el trazo grueso”, la divisoria de clases. Si se pierde de vista esta brújula, terminaremos en graves problemas. Y la discusión no es meramente teórica, tiene consecuencias prácticas, inmediatas. Relato una experiencia: en 1975 yo militaba en un partido trotskista, que se dio como orientación hacer trabajo político entre los policías. Como todos sabemos, era la época en que la Tiple A asesinaba a diestra y siniestra. Pues bien, recuerdo que una compañera me contó la siguiente experiencia: se presentó en una comisaría y reclamó su “derecho democrático” a vender la la prensa del partido entre los policías. ¿Por qué no iba a hacerlo, si se trataba de “compañeros trabajadores”? Por suerte, un oficial se apiadó de ella, y le aconsejó, de la mejor manera, que se fuera de allí, antes de que le pasara algo grave. Algunos dirán que es un caso extremo, pero lo importante es que expresa un error de caracterización.

La experiencia histórica también demuestra que el estado capitalista no se erosiona paulatinamente, y que los sindicatos policiales son perfectamente asimilables por el sistema. Incluso huelgas y movimientos bastante radicales, han sido absorbidos. Por caso, hubo huelgas de policías en Boston, en 1919, en Montreal, en 1971, en Nueva York, en 1971 o en Baltimore, en 1974. En EEUU, España, Italia y otros países adelantados, los sindicatos de policías funcionan desde hace años. No hay evidencia de que la policía de esos lugares tenga un comportamiento más democrático y considerado hacia los que “cuestionan” o los que considera “enemigos del sistema”. Un caso histórico famoso es el de las huelgas de policías en Inglaterra, de 1918 y 1919, que estallaron en medio de una intensa agitación revolucionaria, cuando los trabajadores llegaron a elegir consejos. Aquellos policías huelguistas fueron llamados los Bolshevik Bobbies. Pero el movimiento revolucionario decayó, y los policías fueron integrados perfectamente al estado. Como resultado, se estableció un sindicato, aunque sin derecho de huelga. A partir de allí, no representó un problema para el capitalismo; incluso, el sindicato se constituyó en un canal más o menos normal de negociación de las condiciones laborales de los policías. Un sindicato puede contribuir al logro de un aparato policíaco más eficiente, consolidado y con alta moral, que no deja de ser un reaseguro para el sistema de explotación. Podemos imaginar incluso un sindicato pidiendo asistencia psicológica, mejores equipos y compensación económica para los “compañeros” que tienen que reprimir manifestaciones obreras o, tarea aún más penosa, picanear a un detenido para obtener información. ¿Por qué no, si se trata de “trabajadores asalariados”? El absurdo al que se llega es revelador de la inconsistencia del planteo, desde un punto de vista socialista.

En conclusión , no encuentro nada progresivo en apoyar la demanda de un sindicato de policías o gendarmes. Habría que recordarlo, un trabajador puesto a policía, no es un trabajador, sino un policía.

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Argentina: El Estado represor en huelga

Silvana Melo - Claudia Rafael (APE)

Córdoba dejó al desnudo la fragilidad de los equilibrios sociales, sostenidos a duras penas por la pata represiva del Estado. Cuando esta pata se repliega y desaparece el Estado mismo desaparece. El contrato social desaparece. Y las furias colectivas salen en desafuero, a mezclar la rabia de la desigualdad, el fogoneo interno de la política, el aprovechamiento de la delincuencia común y las facturas narco a un Estado al que va invadiendo como las raíces del palo borracho en los mismísimos cimientos de la casa.

El conurbano es el polvorín del país. Porque diez de los cuarenta millones de habitantes se apiñan allí; porque el hacinamiento y el déficit de viviendas se vuelven dramáticos; porque la marginalidad (la delictiva y aquella creada por la exclusión y la estrategia clientelar de los sucesivos gobiernos) ya es un núcleo duro difícil de penetrar; porque los pibes están atravesados por el desencanto, la fuga del futuro, la pobreza y las adicciones. En ese contexto, el estallido depende de una chispa casual. O puesta en un espacio determinado un día determinado. Si un temporal de 15 minutos deja a 600 mil personas sin luz durante varios días, cualquier fogoneo punteril en determinadas barriadas lanza a la calle a una diversidad que no responde a las mismas causas. Pero se encuentra en los mismos escenarios para que el caos se convierta en el germen del orden impartido por los elegidos. Y del castigo a los desgraciados, que serán los que paguen las facturas completas: las de la interna política, la de los punteros, la de la policía ausente o decididamente presente, la de los narconegocios con cómplices en territorio, las de su propia desgracia de la que son fatalmente culpables por designio sistémico.

Los equilibrios sociales penden de un hilo tenue y quebradizo. Olavarría, en el centro bonaerense, sigue expectante a la fuerza policial en asamblea que entre las paredes de una comisaría que fue centro clandestino discute cómo proteger al sargento detenido por el homicidio de un hombre joven. “Accidentes laborales”, caracterizan después de aplicar el plomo fatal. “No tenemos seguridad jurídica”, se quejan. Los bancos, los partidos de fútbol, los patrullajes callejeros. Todo se ve resentido y se empuja al nacimiento de ese fantasma amenazante que es el miedo social que arrincona y paraliza.

La retirada de la entidad a la que le fue concedido en mano el monopolio de la violencia (producto de aquel pacto social primigenio que dio nacimiento a los rudimentos del Estado), es decir, la policía, deja la ley en manos de todos y, por lo tanto, de nadie. Una sociedad profundamente desigual y desigualadora, con una policía atravesada por la connivencia y el narcopoder, tambaleante en su autoridad para combatir aquello que comparte, es también la brutal garante del equilibrio social.

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Motines y saqueos no se curan con balas ni sindicatos policiales

Emilio Marín (LA ARENA)

La punta del iceberg apareció en Córdoba, con acuartelamiento de policías y luz verde para saqueos. Hay remedios falsos: mayor represión, sindicatos policiales o intervenciones federales. Mejor más democracia, bienestar y educación.

Está finalizando una semana de pesadilla para Córdoba que vivió casi dos días de saqueos a granel favorecidos por el extorsivo acuartelamiento de la policía. Con catorce puntos de un petitorio, encabezado por el reclamo de un salario de 13.000 pesos, los uniformados se autoacuartelaron. Mejor sería decir se amotinaron, pues se recluyeron en sus dependencias, sobre todo las del Comando de Acción Preventiva (CAP) y dejaron la ciudad en bandeja para el accionar delictivo de diferentes orígenes.

Eso provocó muerte, doscientos heridos, un millar de comercios asaltados, daños por 400 millones de pesos y una angustia pocas veces vivida en una ciudad curtida por batallas políticas en el siglo XX y el actual.

El responsable de que la mayoría de los 23.000 policías ganara un básico de 2.500 pesos y un conformado de bolsillo de 5.600 es José M. de la Sota, que va por su tercer mandato, intercalado por uno de su ex vice, Juan Schiaretti.

Hay muchos trabajadores que perciben salarios como aquéllos e incluso menores, y no por eso chantajean al gobierno con dejar la ciudad servida al delito. Esa extorsión ocurrió esta semana, con las consecuencias mencionadas.

Hay otra aún más ominosa, que esta vez no sucedió: que una fuerza armada hasta los dientes saliera de sus cuarteles dispuesto a apretar el gatillo hasta que se les concediera lo pedido. Rafael Correa, el presidente de Ecuador, podría contar lo que sufrió con el putsch policial en septiembre de 2010, cuando estuvo a punto de perder la vida a mano de policías y un seudo pliego reivindicativo.

De la Sota era poco afecto a atender los reclamos de los uniformados. Y ni hablar de escuchar las demandas de los empleados públicos, judiciales, maestros y enfermeros. Con haber pactado con los secretarios generales del SEP y UEPC, de la CGT, era suficiente. Hasta febrero de 2014 nadie podía pedirle nada, ni un bono de fin de año.

En cambio es muy sensible al lobby de la Fundación Mediterránea, Bolsa de Comercio y Unión Industrial, para subsidiar a las automotrices y a los call centers, que han dejado en la calle a 7.000 jóvenes empleados.

Siendo mal pensados se puede suponer que la vía que De la Sota dejó abierta para el mejoramiento de los ingresos policiales, sobre todo de las jerarquías, fue la ley para que la institución se ocupara de perseguir al narcotráfico en delitos del menudeo. Eso involucró a jefes policiales en tamaño delito, como destapó hace meses el programa ADN de Tomás Méndez, con un saldo provisorio de once oficiales presos.

Mejores gobernantes

Después de la eclosión violenta han cundido puntos de vista fascistoides en amplios sectores de la población afectada por robos y acciones violentas de los vándalos. "A estos negros de mierda hay que matarlos a todos", dicen los ex enanos fascistas que -como suele decir este cronista- ahora tienen más de dos metros, cual gigantes de la NBA.

Ese es el costado más lamentable, más aún que la destrucción material y demás pérdidas: la derechización de parte de la sociedad, que vería con agrado que corriera un riacho de sangre de delincuentes, incluso sin derecho a la defensa. Si a veces se comprueba que la justicia, con tiempos paquidérmicos, suele condenar a personas inocentes, qué decir de una policía de gatillo fácil o, como en las pasadas madrugadas, de grupos de comerciantes armados con ánimo paranoico velando sus negocios. Eran capaces de golpear a cualquier joven que tuviera la desgracia de pasar en moto por la calle, en el lugar equivocado, como se documentó en muchos casos.

Si se quiere vivir en una provincia mejor, e incluso si se pretende prosperar en los comercios, la solución no pasa por colgar, quemar, golpear ni matar a personas generalmente de clases bajas, por portación de rostro o de moto. Lo mejor sería elegir a gobernantes con más escrúpulos y políticas sociales más inclusivas; en otras palabras, a referentes del rincón opuesto a De la Sota.

El gobernador quiso barrer la basura debajo de la alfombra. Por eso trasladó las villas miseria que había próximas al centro de la ciudad -caso de gran parte de Villa La Maternidad- a lugares alejados, tipo ghettos, como Ciudad de Los Cuartetos, San Lucas, etc. En esta hora de dolor por la partida de Nelson Mandela, imposible no recordar que en forma atenuada el delasotismo aplicó una línea de apartheid. En vez de bantustanes sudafricanos, aquí eran las "ciudades" muy lejos del centro y de la "gente bien".

Hasta en esto atrasa el reloj del gobernador, pues una corriente mayoritaria de arquitectos plantea urbanizar las villas y dotarlas de buenos servicios, en vez de mandarlos al confín del mundo. Esa exclusión macera un mayor resentimiento y en algún momento provoca la violencia.

Si se quiere evitar caos como el de La Docta, con riesgo grave para la democracia, la solución no pasa por armarse y disparar contra sospechosos ni vivar a la muerte. Mejor elegir buenos gobernantes y controlarlos.

Responsabilidades concretas

Cuando estalla un drama como el de Córdoba, el gobernador debe hacerse cargo de la responsabilidad. Es su política salarial la que estalló, es su policía la que se amotinó, son sus ministros quienes no supieron encauzar y mucho menos solucionar el diferendo, etc.

Es muy fácil hablar de "cordobesismo" y federalismo, buscando demagógicamente hacer base en la provincia con vistas a las presidenciales de 2015, y cuando estalla un problema como en éste, echarle las culpas a la presidenta de la Nación.

El viernes arribaron a Córdoba los primeros contingentes de Gendarmería de un total de 2.000 agentes. El secretario de Seguridad Sergio Berni evitó entrar en polémicas con el gobernador y dijo que se integraba a un comité de crisis con los representantes de la provincia, para que el problema fuera superado.

El gesto de la Nación es positivo, con dos aclaraciones.

La primera es que llega tarde, independientemente de cuándo fue solicitada por De la Sota, que sostuvo polémicas con Berni y Jorge Capitanich. Las calles fueron un infierno martes y miércoles, pero los efectivos llegaron el viernes.

La segunda precisión es que el orden basado en la policía o en la Gendarmería no es sinónimo de justicia, ni -a la larga- de seguridad. Hay que remover las causas sociales, materiales, culturales, legales, etc, para alcanzar un nivel de felicidad y bienestar de la población, que desactive esos estallidos. De lo contrario se estaría apenas poniendo una pesada tapa a una olla a presión que en algún momento puede saltar, sino se solucionan esas cuestiones de fondo.

Barack Obama mintió cuando en un discurso dijo que no quería que su país retrocediera a índices de desigualdad social similares a Argentina y Jamaica, ubicados como los peores del grado. E hizo bien el vicecanciller Eduardo Zuain en citar al encargado de negocios y expresarle el desagrado del país por aquel agravio.

De todos modos, con un nivel de pobreza del orden del 20 por ciento (del 23, dice el ahora massista Daniel Arroyo, ex funcionario de Alicia Kirchner), habría varios millones de compatriotas que carecen de lo elemental. Y son caldo de cultivo para saqueos y aventuras sangrientas aunque los números de Indec digan otra cosa.

Falsas soluciones

Las inequidades sociales se dan no sólo en la provincia mediterránea, por lo que también atañen al gobierno nacional. Esas problemáticas de necesidades básicas insatisfechas, policías mal pagas y corruptas, con gatillo alegre, se pusieron de manifiesto estos días en distritos gobernados por el FPV-PJ, como Buenos Aires, Río Negro, Catamarca y La Rioja. También en Santa Fe y Neuquén, de otros colores políticos.

Creer que los problemas de una policía poco democrática y muy afecta a los ingresos provenientes del delito se limitan a una provincia de la oposición sería un craso error. Una de las policías más corruptas y violentas es la maldita Bonaerense, a la que ayer Daniel Scioli elogiaba por su supuesta digna conducta. Pareció más bien una succión de calcetines a los "patas negras".

Entre las falsas soluciones están las que pergeñan en La Plata. Por caso, se difundió que el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, tramita acuerdos con la DEA y el FBI norteamericanos con la excusa de mejorar la seguridad. A buen monte van por leña...

Otra vía falsa de disuadir motines de los uniformados es permitir sindicatos de policías, tal como proponen legisladores radicales, FAP y el ex líder de la CTA, Víctor De Genaro.

El cronista difiere con esas iniciativas. Darle derecho de huelga a 70.000 policías bonaerenses de dudosa filiación democrática, que pudieran arremeter armados con una ferretería de grueso calibre, contra el gobernador, a fin de extorsionarlo como hicieron sus pares cordobeses, sería condenar a la democracia a un riesgo de chantaje permanente.

Otra cosa es habilitar comisiones y delegados para discutir salarios y condiciones de trabajo, que sí tendrían que permitirse. Lo otro resulta hasta insensato, en este país, con esta policía, su historia represiva reciente y este tristísimo diciembre cordobés.

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Argentina: Las policías en el ojo de la tormenta

LA ARENA

Años atrás un gobernador de la provincia de Buenos Aires en ejercicio del poder calificó a su policía como "la mejor del mundo"; los hechos posteriores a esa frase lo desmintieron hasta el cansancio y añadieron sospechas sobre una institución muy controvertida. Por estos días esas sospechas se han hecho extensivas -y fundadas- hacia otras dos fuerzas policiales de provincias -Santa Fe y Córdoba- en las que han aparecido flagrantes conexiones al margen de la ley que obligaron a rápidos desplazamientos de cargos, esto al margen del caos provocado por la huelga policial en Córdoba, que ha hecho temblar políticamente a su gobernador.

Ahora las últimas noticias dan cuenta de que las armas que sirvieron para atentar contra el domicilio del mandatario santafesino unos días atrás y para un crimen anterior a ese suceso, correspondían a un integrante de la fuerza pública de aquella provincia. El hecho viene a confirmar una temprana sospecha: la policía santafesina está infiltrada por el narcotráfico, y tanto como para impulsar el tiroteo de, nada menos, la casa del gobernador como una advertencia mafiosa. Asimismo hay testimonios que aseguran que en algunos de los grupos que saquearon comercios en Córdoba durante la huelga pudieron reconocerse a integrantes de cuerpos policiales, alentando esas acciones y participando en ellas.

Es innegable que esos hechos -atentados, huelgas y saqueos- son gravísimos y ponen en evidencia una situación general muy peligrosa para cualquier desenvolvimiento democrático, especialmente porque el grado de confianza con que los concretan los anima a ejercer la violencia apenas se tocan sus intereses.

También se advierte con alarma que se ha desarrollado en el país una especie de "cultura del saqueo" lista para manifestarse apenas se da la ocasión y al margen de componentes políticos y sociales, que suelen ser los elementos detonantes. Esa actitud se ha hecho patente en las últimas semanas a lo largo de la geografía argentina, con Córdoba como protagonista pero también con los más recientes fogonazos amenazantes de Catamarca y La Rioja. Estas manifestaciones van atadas al relajamiento o ausencia de la vigilancia especialmente cuando, como en estos casos, la policía reivindica mejores sueldos. Sin la presencia en las calles de la fuerza estatal la violencia se derrama sin contención y con ella hasta la muerte de personas, tal como ha ocurrido durante los últimos sucesos.

Ambas circunstancias son muy peligrosas para la estabilidad institucional, muy especialmente por lo que significa la policía en el mantenimiento del orden interno. Una fuerza de semejante peso en la vida cotidiana no puede estar expuesta a los índices de corrupción que genera el tráfico de drogas, ni siquiera mínimamente, y eso al margen del problema de los sueldos bajos que se dan en los niveles inferiores de los cuerpos policiales. Las manifestaciones del problema, razonables o no, son de rápido contagio: a las ya citadas provincias del noroeste se pueden agregar algunos amagos similares en Neuquén y Río Negro. La amenaza de huelga con retiro de patrullas parece obrar como una invitación para que una multitud se lance al saqueo de bienes.

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Argentina, Córdoba: Las dos caras de la Justicia

PRENSA RED

Cada vez que suceden hechos graves como los acontecidos días pasados por la huelga policial que derivó en una ola de saqueos con el saldo fatal de dos muertos, la Justicia por un acto reflejo solicita a los medios el material fílmico para identificar a los supuestos autores de los delitos.

Pero en este pasamanos quedan entrampados los trabajadores de prensa, en este caso de los medios televisivos, porque son los que primeros que quedan en la mira de quienes en las imágenes son sindicados como responsables de los hechos, como ha pasado en otras muchas oportunidades.

Los tiempos de la Justicia son rápidos para algunos asuntos “urgentes” que involucran al poder político, pero lenta cuando no hay intereses de relevancia, como por ejemplo en el caso de la violenta represión policial y de la patota de Uocra hace dos semanas en frente a la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, con más de una veintena de heridos con balas de goma y pedradas.

Bueno, en este caso de los saqueos, la Justicia parece estar rápida de reflejos y en su afán de esclarecer los hechos con nombre y apellido recurre a los medios de prensa para que, por ahí, también paguen justos por pecadores, y que la culpa la tenga el mensajero, en este caso, los periodistas que hacen su tarea, y que por las dudas, vale recordar, son trabajadores en relación de dependencia.

Por eso es que la Justicia debe solicitar el material fílmico de los saqueos a los dueños o representantes de las empresas periodísticas, perfectamente identificados como son los medios del Grupo Clarín, Telefé o la web de Cadena 3, y no poner en un brete a los trabajadores de prensa, que en definitiva cumplen con su tarea de informar, arriesgando su integridad física, con todo lo que ello significa.

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Argentina, Córdoba, Río Cuarto: Los detuvieron por merodeo frente a su casa cuando salían para trabajar

DIARIO PUNTAL - ACTA

Desde el Frente Organizado Contra el Código de Faltas (FOCCOF), que se encuentra integrado por numerosas organizaciones sociales, políticas y barriales de Río Cuarto -entre ellas la CTA-, se llevó a cabo una presentación ante el Juzgado de Faltas por la detención de tres jóvenes que resultaron detenidos por merodeo frente a la casa de uno de ellos, cuando esperaban a su jefe para ir a trabajar.

Lucía De Carlos y Pablo Soppe son dos de los referentes del FOCCOF que han estado a cargo de estos casos, e indicaron que los jóvenes, de entre 18 y 20 años, del barrio Casasnovas, fueron detenidos la semana pasada frente a la casa de uno de ellos mientras esperaban a su jefe.

Según detallaron, uno de ellos es hijo de quien estaba a cargo del Centro Comunitario Juan Carlos Perchante, donde sucedió una serie de hechos de persecución policial que llevaron al cierre del espacio. “En aquel momento intentamos articular una serie de acciones que no dieron resultado, se ponía en riesgo la vida de los niños que acudían allí a diario, con allanamientos permanentes y detenciones por merodeo a todos los chicos que asistían al centro”, indicó De Carlos, dirigente de la CTA Río Cuarto.

- ¿Qué sucedía con los chicos del barrio?

- Los chicos caían presos por cosas que no hacían y después fue difícil seguir con las actividades. Hubo una persecución policial desde años. Cada vez que se los llevaban les decían que tenía que ver con acciones de los chicos vinculadas a la militancia de barrio. Hace un año se cerró este espacio de trabajo. Desde entonces, los chicos siempre se cuidaron mucho de no estar en la calle a la noche, casi no salían de sus casas, algunos se fueron a vivir a otros pueblos, todos modificaron sus vidas.

- ¿Qué sucedió la semana pasada con los jóvenes detenidos?

- La semana pasada, los chicos estaban esperando para ir a trabajar en una obra; su empleador los tenía que buscar, incluso estaban vestidos con ropa de fajina. Como había llovido, era media mañana y estaban esperando que se mejorara el clima para ir a la obra. Cuando fuimos como Foccof a la UR9 vimos que el sistema de acceso a la departamental había cambiado mucho, no nos querían decir nada de los chicos: ni el número de sumario, ni el porqué de la detención, ni cuándo los iban a soltar, datos que normalmente se lo tienen que dar a cualquier persona que pregunte por alguien detenido.

- ¿Qué medidas se tomaron desde el FOCCOF?

- Ante lo sucedido, realizamos una apelación ante el Juzgado de Faltas desde el Foccof, con el certificado del empleador de los jóvenes que da cuenta de que los chicos estaban esperando para ir a trabajar. Al día siguiente de la presentación, largaron a los chicos.

- No obstante, queda como antecedente la detención, ¿el pedido es que se borre el registro?

- Sí, pedimos que no les queden antecedentes, porque no estaban haciendo nada malo.

De Carlos señaló que esta semana, en tanto, fueron detenidos dos hombres, uno de ellos tío de uno de los demorados la semana pasada.

“Son dos personas de Las Delicias, a los que se les aplicó el artículo de conducción peligrosa mientras se trasladaban en moto, lo que implica que el juez de Faltas tiene más días para definir qué hacer con el caso”, indicó la integrante del FOCCOF.

- ¿Cuál es la situación en la que se encuentran los chicos de barrios periféricos con los que trabajan?

- Los chicos, como están cansados de la persecución, no quieren ni salir de sus hogares. La situación que se vive en los barrios es dramática, porque son situaciones que en muchos casos les hace perder el trabajo, sin contención social ni estructuras que den salidas, con lo que te llevan indirectamente a la delincuencia.

En 6 años, 810% más detenciones

Un informe de la Comisión Provincial de la Memoria presentó datos reveladores del accionar de las fuerzas de seguridad en Córdoba, como que en los últimos 6 años aumentaron un 810% las detenciones por la implementación del Código de Faltas. Señalaron:

* La cantidad de policías actualmente es de 27.000 efectivos. En el 2003 era 13.000.

* En el 2011 había 5.994 presos en cárceles y las plazas eran de 5.400. El exceso es de 561 presos.

* Un 53% de presos está por prisión preventiva, 2 puntos más que la media nacional.

* En el 2005, había 8.968 detenidos por Código de Faltas; en el 2011, 73.000.

* La tasa de detenidos cada 100.000 habitantes ha crecido un 700% entre 2005 y 2011.

* La población sobre la que se concentra este informe está caracterizada en su inmensa mayoría por jóvenes, varones, pobres, con escasa o nula educación formal, argentinos, sin trayectoria de trabajo formal.

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Aportes criminológicos

Martín Lozada (RIO NEGRO ON LINE)

Que la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) esté formando, desde hace tres años, a las futuras generaciones de licenciados en criminología y ciencias forenses de la región es una buena noticia. En lo fundamental, debido a que hoy más que nunca son diversos los aspectos vinculados con la seguridad pública que requieren de un aporte de esa disciplina social.

Es necesario que en contextos como el actual, signados por un cierto autoritarismo corrosivo, el pensamiento criminológico sea capaz de develar algunos de los entramados ideológicos que proponen las narrativas demagógicas o mediáticas de la cuestión criminal.

Vale recordar que uno de los puntos a tener en cuenta a la hora de revisar las políticas de seguridad pública tiene que ver con la definición de los problemas. Es decir, con ciertas circunstancias y coyunturas conflictivas irresueltas, cuyos efectos atañen a la mayoría de la comunidad.

Resulta indispensable que el problema no sea manipulado y convertido en amenaza. No se trata tan sólo de un detalle terminológico o un mero desplazamiento semántico. Ese paso, que a veces se opera con sutilidad y pasa inadvertido para el gran público, tiende a fortalecer la aplicación irreflexiva de políticas que poco favor le hacen a la prevención efectiva del delito.

El paradigma histórico de este equívoco enfoque en materia de seguridad pública lo constituyeron los escuadrones de la muerte del Brasil, que alentados desde el Estado tuvieron como blanco las manifestaciones de la pobreza callejera.

El desatino de convertir el problema "pobreza-desocupación" en una amenaza, y a los involucrados en "enemigos", no podía ser mayor en un subcontinente, como el latinoamericano, que cuenta con un elevadísimo índice de inequidad social.

En este punto hay que advertir que toda proclama de guerra, de toda cruzada o campaña, sea internacional o interna, contra el terrorismo o contra la delincuencia común, es precedida por un minucioso proceso de construcción de la identidad del otro.

Proceso que la sociología denomina "construcción de otredad negativa" y que suele conducir a la demonización del otro, a punto tal de ser degradado a la condición de sujeto exento de derechos. Y si ese otro resulta exhibido como un mal absoluto, pues entonces, de acuerdo con esa misma lógica, no cabe más alternativa que contar con medios extremos para su neutralización.

De allí el círculo vicioso de la violencia y su propagación en espiral: el Estado se mimetiza con la violencia real o simbólica de ese otro-negativo y termina, muy frecuentemente, superándola en crueldad. De ese modo, el círculo se reinicia una y otra vez.

Acaso el clima actual de desconfianza, miedo y exaltación en materia de represión penal constituya un logro político de quienes enmascaran la violencia como producto de tan sólo algunos actores sociales: los delincuentes comunes.

Así es que logran disimular las violencias generadas por el mismo funcionamiento del Estado. No solamente de la estructural, que permite que un número importante de argentinos sobreviva por debajo de la línea de la pobreza. Sino, también, de aquellas manifestaciones que se experimentan en las cárceles, comisarías y otros sitios de detención e internación, como resultan ser las salas de salud mental de los hospitales.

Entre tanto es posible advertir que una recurrente fascinación colectiva en torno a las formas más manifiestas de la violencia subjetiva, interpersonal, y tangible en su resultado, impide adentrarnos en los aspectos nucleares de otras modalidades menos evidentes.

Como si se tratara de una hipnosis colectiva, sólo rondamos alrededor de la sangre derramada sin percibir que ella puede tratarse del último eslabón de una cadena fenomenológica más larga y compleja.

La corrupción estatal y corporativa; los incumplimientos de las autoridades gubernamentales en torno a los derechos básicos de la población; las modalidades criminales perpetradas desde estructuras de poder; todas ellas invisibilizadas por las torpezas habituales de los mecanismos de persecución penal, guardan una razonable vinculación con el hecho criminal que veremos esta noche por televisión o mañana por la mañana en el periódico de lectura escogida.

¿No hay algo sospechoso y sintomático en este enfoque único centrado en la violencia subjetiva, es decir, en la violencia de los agentes sociales y de los individuos?

¿No llama la atención que todas las intervenciones sociales se dirijan exclusivamente a ellos, omitiendo cualquier referencia o acción respecto de las violencias estructurales, vertebrales, propias del ordinario funcionamiento de nuestras sociedades?

Se trata, por lo tanto, de alentar una reflexión criminológica que reconquiste espacios cognitivos paulatinamente cedidos a las manipulaciones electorales y, cuando no, a los gestores de una seguridad ilusoria.

Martín Lozada es Juez Penal.

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Triste balance del modelo sindical del kirchnerismo

Horacio Meguira (ACTA)

Después del Fallo “ATE 2” de la Corte Suprema de Justicia, el sindicalismo oficialista hizo saber su preocupación acerca de las consecuencias que puede acarrear en el denominado “modelo sindical argentino” el cese del monopolio de representar los intereses individuales y colectivos de los trabajadores.

¿Qué pasó con el derecho a la libertad y democracia sindical durante 10 años de gobierno kirchneristas y 30 años de democracia?

Los avances organizativos más importantes surgieron de las luchas; las propias necesidades de los colectivos de trabajadores fueron las que generaron modificaciones de hecho.

No fue la iniciativa legislativa del Gobierno ni de los partidos políticos mayoritarios lo que provocó cambios en el sistema de representación.

Los trabajadores, con incipientes y vulnerables grados de organización, intentaron autorrepresentarse en desigualdad de relación de fuerzas. Los fallos de la Corte Suprema “ATE 1”, “Rossi” y “ATE 2” interpretaron una realidad preexistente que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había negado, aferrada al modelo estatalista, por influencia del Fiscal General Eduardo Álvarez, quien opuso resistencia a aplicar la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de derecho sindical.

¿Por qué el Gobierno soporta todos los años las observaciones de la Comisión de Expertos de la OIT por incompatibilidad de la ley sindical con el convenio 87?

(En el 2014 es inminente un nuevo cuestionamiento). En dos oportunidades, 2005 y 2007, el Gobierno tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados ante la Comisión de Aplicación de Normas de la conferencia de la OIT.

Prometió reformas que jamás cumplió.

Su condición de dador de representación sindical garantiza que las contradicciones capital-trabajo se resuelvan de acuerdo a las pautas impuestas por sus propias necesidades.

Requiere de dirigentes que pacten fácilmente, sean accesibles y terminen acordando en desmedro de los derechos de los trabajadores.

El temible “derecho a la lapicera” actúa en favor de los intereses de las empresas y resultan funcionales a la gobernabilidad.

Las negociaciones se hacen a puertas cerradas y los trabajadores sólo se enteran cuando leen el recibo de haberes o reciben el telegrama. A cambio se imponen coimas encubiertas denominadas cuotas solidarias, sin consulta ni mandato.

La Ley Antiterrorista, el procesamiento cada vez más común de dirigentes sindicales que luchan o la represión directa forman parte del disciplinamiento.

Por ejemplo, recientemente Ricardo Peidro, Secretario Adjunto de la CTA y General de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM), fue denunciado penalmente por Laboratorios Roemmers en el marco de la paritaria; dirigentes del Sindicato de Trabajadores, Peones y Afines del Mercado Central de Misiones fueron golpeados duramente por la Policía. En algunos casos se reprime por intermedio de bandas armadas que actúan con toda impunidad y son parte de los aparatos de los sindicatos empresa.

La personería es funcional al sistema. Es un permiso irrevocable, consecuencia del monopolio de la representación. Aun cuando los trabajadores no quieran ser representados, posibilita imponer conductas sin aprobación de los órganos deliberativos.

Después de la desregulación de las obras sociales sindicales se mantiene en los sindicatos con personería gremial su administración, que llevan a cabo los mismos dirigentes.

Con el transcurso del tiempo se convirtieron en meros intermediarios, funcionales a las grandes empresas de la salud privada, donde el trabajador es un mero consumidor de servicios.

El modelo provocó convenios que en su gran mayoría sólo actualizaron salarios. Las condiciones de trabajo flexible permanecieron inalterables. A ocho millones de trabajadores (50% de la fuerza de trabajo) no se les aplica ningún convenio. Sólo el 15% de las empresas del sector privado registrado tienen representación en su lugar de trabajo.

Los criterios al otorgar una personería gremial o una simple inscripción están empapados de interés gubernamental, que favorece a quien lo apoya y perjudica a quienes lo critican.

Es un mecanismo de control de las organizaciones, donde el reconocimiento y legalidad depende de del Ministro de Trabajo en detrimento de la voluntad de los trabajadores.

El proyecto de ley de la CTA y del diputado Víctor De Gennaro elimina el modelo monopólico de personería, estableciendo un régimen de pluralidad de sindicatos más representativos, al solo efecto de la negociación colectiva. Deja de lado todos los privilegios a favor de unos y en desmedro de otros, propiciando la intervención directa de la justicia para cualquier clase de controversia. Se crea un registro de entidades sindicales, como establecen la Constitución y el Convenio 87 de la OIT, que no requiere aprobación o autorización del Ministro de Trabajo, lo que conlleva la pérdida del poder de injerir en la actividad sindical, favoreciendo su autonomía.

Algunos sectores pretenden maquillar el modelo oponiendo la democracia interna a la libertad sindical constitutiva.

La democracia es libertad sindical de gobierno y administración proviene del derecho de los trabajadores a organizarse “como crean conveniente”.

Nuestra propuesta está escrita, publicada y en debate. Trata de reflejar nuestra experiencia sabiendo que existen otras opiniones que deben ser escuchadas.

Somos conscientes de la importancia de la unidad, pero también resaltamos que la misma se construye con consensos y no con imposiciones.

Horacio Meguira es Director del Departamento Jurídico de la CTA.

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Golpe institucional en el Sindicato Azucarero del Ingenio Ledesma

RADIO CAPOMA - COLECTIVO RADIO PUEBLO - ANRED

En una asamblea ilegal y con muchos asistentes borrachos, un sector de la comisión directiva del Sindicado de Empleados y Obreros del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) cercanos a la empresa, se pronunció por la destitución del Secretario General Rafael Vargas, la única gestión en decenios que hizo un paro a la patronal y que denunció ante el Poder Judicial las persecuciones durante la dictadura.

Este miércoles 4 de diciembre en una asamblea irregular una parte de la comisión directiva del SOEAIL cercana a la empresa, convocando en circunstancias tan irregulares, que contaron la presencia de unos pocos obreros enterados, de los cuales muchos llegaron en estado de ebriedad, se pronunciaron por la destitución del Secretario General del sindicato, Rafael Vargas.

Entre otros datos que llaman a la suspicacia, la asamblea contó con la presencia de “Guayaba” Brandán, un locutor conocido por su apoyo al abrazo a Ledesma (conocida como la “contramarcha” del apagón) y muy crítico de la gestión de Vargas, pero no dejaron entrar a la misma a los compañeros de Radio Capoma, conocidos militantes de Derechos Humanos de la zona.
La asamblea llega apenas unos días antes del 10 de diciembre, fecha en que está convocada la asamblea del gremio y a unos 6 meses del llamado a nuevas elecciones en el sindicato.

El adjunto, el vicepresidente y el tesorero están en este grupo, por lo que pueden entorpecer la gestión hasta la inacción. Como grafica Rafael Vargas la gravedad del hecho “al momento de tomar las decisiones tengo un Consejo Directivo conformado por 3 autoridades, como son el presidente, y el vicepresidente y el tesorero, que están en mi contra, y cualquier decisión que yo pueda llegar a tomar se ve refutada por el solo hecho de la negatividad por parte de las otras dos autoridades, es decir, prácticamente entonces han quedado la obra social y los fondos en manos de estas dos personas”.
Cabe destacar que en estos tres años de gestión Rafael Vargas comandó los únicos paros tras más de 20 años al ingenio, fue clave en la creación del Bloque Azucarero Regional, lograron aumentar los salarios a los trabajadores del sindicato, hoy entre los básicos más altos y conocidos antes por ser los más bajos del país en el rubro, lograron el reconocimiento de los tercerizados como trabajadores de la empresa y hace poco la gestión entregó a la justicia los archivos del sindicato que grafican la persecución de la empresa a los sindicalistas cuando la dictadura. Todos motivos más que suficientes para desatar una oposición rotunda de la empresa y adictos.

Sin embargo, a pesar de la gravedad institucional actual, Vargas demuestra plena confianza en el apoyo de los obreros, un centenar de los cuales apenas se conoció la noticia fueron al local gremial para expresar su apoyo, y muestra como balance que “a veces por abrir la boca sin miedo a las percusiones, pero hablando con la verdad, y teniendo en cuenta que hay gente que ve un poco de plata y actúa sin escrúpulos, es lo que hoy nos abre varios frentes. Pero no nos apichonamos, no tememos esta situación porque los espacios de solidaridad que hemos tenido de nuestros compañeros desde anoche hasta hoy, que sin ningún tipo de intereses, sin vino de por medio y sin el asadito de por medio, sin los mangos que ayer estaban pagando para que estén presente en la reunión que hicieron en nuestro sindicato, demuestran que estamos cosechando lo que hemos sembrado”. Y remata: “si alguna vez me tienen que correr, me tienen que correr mis propios compañeros, que saben mis pensamientos y mis sentimientos hacia la construcción de la clase” Hasta el momento, además del apoyo de los trabajadores, Vargas ha recibido adhesiones de distintas organizaciones políticas y de Derechos Humanos de la provincia de Jujuy.

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Socialistas y aliados triunfan en 212 municipios venezolanos

PL

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados cuentan hoy con presencia mayoritaria en el mapa político nacional, al obtener 212 alcaldías en los comicios municipales del domingo último.

El balance más reciente del Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó a la derecha representada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) un total de 74 de esos puestos, mientras aun existen 51 pendientes de definición.



Asimismo, el PSUV y las fuerzas del Gran Polo Patriótico alcanzaron la mayoría en 21 de los estados del país, pues solo en Táchira la MUD dominó al adjudicarse 16 de los 29 municipios en disputa.

Mientras, están pendientes los casos de Mérida y Guárico, a la espera de los resultados finales en 15 de las demarcaciones donde se escogieron alcaldes.

En cuanto a las capitales de los estados, hasta el momento la alianza revolucionaria alcanzó 13 de las alcaldías, con nueve para la derecha.

Como fuerza política, el PSUV lideró el sufragio con cuatro millones 584 mil 477 votos (44,1 por ciento), cifra que se elevó a cinco millones 111 mil 336 al sumar a las fuerzas que lo apoyaron, para llegar así al 49,2 por ciento de las boletas validas emitidas.

En tanto, la oposición quedó casi siete puntos abajo, con cuatro millones 435 mil 097 votos (42,7 por ciento del total).

Con una asistencia a las urnas que alcanzó en promedio el 58,9 por ciento, el CNE emitió el primer reporte de resultados tras la transmisión del 97,5 por ciento de las actas de votación.

Las autoridades consideran que en las próximas horas se definirán las plazas pendientes, para cerrar así el capitulo de unos comicios que convocaron a 19 millones de venezolanos a ejercer el derecho al sufragio.

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Organizaciones guatemaltecas presentan informe ante Foro Mundial

Diego de León Sagot (CERIGUA)

Organizaciones integrantes de la Convergencia por los Derechos Humanos señalaron ante el Foro Mundial convocado por Naciones Unidas, el aumento y la agudización de la criminalización y la conflictividad que impera en Guatemala a causa de la implantación del modelo extractivista, la instalación de hidroeléctricas y los mecanismos de represión impulsados desde el aparato estatal a favor de las empresas y en contra de líderes comunitarios.

Para Jorge Santos, del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, el gran capital privado tiene capturado al Estado; en los últimos años se ha venido instalando un modelo altamente represivo en respuesta a la disputa de temas importantes como la territorialidad, la imposición de las empresas extractivas y la búsqueda de la verdad y la justicia por violaciones de derechos humanos.

Este año ha sido particularmente violento en contra de comunidades en defensa del territorio, líderes comunitarios y quienes velan por el derecho a la verdad y a la justicia, agregó Santos; es evidente que la actuación de las empresas no sólo está en el marco de su actividad empresarial como tal, sino en procesos mucho más profundos, como se pudo observar en el marco del juicio por genocidio en contra del general Efraín Ríos Montt.

La segunda edición del Foro Mundial sobre empresas y derechos humanos reunió a Estados, empresarios y organizaciones de sociedad civil durante el 3 y 4 de diciembre, con el fin de debatir el grado de implementación de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos, instrumento que refuerza la obligación del Estado y las empresas de prevenir violaciones de derechos humanos y cuando éstas ya hayan ocurrido, de repararlas.

Nos interesa obtener más información sobre los Principios Rectores, cómo se está discutiendo a nivel internacional, señaló Santos; debemos pensar que esta gran comunidad de defensores puede incidir para que los principios rectores no se constituyan en una legitimación de actuación de las empresas y que éstas no los vean como un techo o como sustitutos de la amplia gama de derechos que han sido ratificados por el Estado.

Rafael Maldonado, director del área legal del Centro de Acción Legal Ambiental y Social CALAS, indicó que su participación en el Foro tiene el propósito de evidenciar la forma criminal de actuar por parte de las empresas que desarrollan proyectos mineros en Guatemala, específicamente el caso de la minera San Rafael, propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources, Inc.

Entre el 7 de abril y el 28 de noviembre del 2013 se desató una intensa criminalización de defensores en el marco de la actividad de la minera; en un operativo de las fuerzas de seguridad del Estado y de la empresa fueron atacados seis defensores, en tanto 100 personas han guardado prisión como resultado de las acciones judiciales iniciadas por esta empresa en contra de líderes y comunitarios, refirió Maldonado.

La aplicación de los principios rectores es muy compleja, porque son de aplicación voluntaria, indicó Brenda Hernández, de la Unidad de Protección de Defensores de Derechos Humanos UDEFEGUA; todas las empresas y corporaciones multinacionales tienen la obligación de llevar a cabo su proceso de debida diligencia, que incluye la consulta antes de implantar un proyecto.

En lo que va del año se registran más de 600 agresiones a defensores y preocupa que el total de ataques ocurridos en el 2012 haya sido menos de la mitad de lo que se registra ahora; un gran porcentaje está vinculado a ataques en el marco del juicio por genocidio, pero otro a la conflictividad asociada a los movimientos de resistencia y de defensa del territorio a las implantaciones de los megaproyectos y a los despojos de tierra que se están dando, señaló Hernández.

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Crecen las remesas en Guatemala, las deportaciones también

Randy Saborit Mora (PL)

Las remesas familiares de guatemaltecos ya alcanzaron los cuatro mil 657,93 millones de dólares de enero a noviembre del año en curso, cifra en aumento respecto al 2012, pese al incremento de deportados desde Estados Unidos.

La cantidad, reportada por el Banco de Guatemala (central), sobrepasa en 284,44 millones de dólares la registrada en igual lapso del pasado año.

Según autoridades de la institución bancaria, al cierre del 2013 deben ingresar cinco mil 200 millones de dólares gracias a los guatemaltecos que viven en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos, de donde proviene el 90 por ciento de ese dinero.

Tales envíos sumaron el año anterior cuatro mil 782,72 millones de dólares, cerca del 11 por ciento del Producto Interno Bruto del 2012 en este país centroamericano.

El ministerio de Economía guatemalteco ubica a las remesas, junto a las exportaciones y el turismo, como uno de los soportes fundamentales para el crecimiento económico.

En 2012 las ventas en el mercado internacional dejaron a Guatemala aproximadamente 10 mil millones de dólares, mientras el turismo aportó mil 418 millones.

Según pronósticos del Banco Mundial, las remisiones de los migrantes alcanzarán 61 mil millones de dólares en América Latina durante el 2013, entretanto poco más de la tercera parte (22 mil millones) lo recibirá México, país a la cabeza en este aspecto en la región latinoamericana y caribeña.

Los cinco mil 200 millones de dólares previstos para el 2013 en Guatemala representan el 8, 52 por ciento del total calculado para Latinoamérica y el Caribe.

La suma de remisiones monetarias a esta nación ha crecido paralelo al incremento del número de guatemaltecos expulsados por autoridades estadounidenses durante 11 meses de este año: 46 mil 198, un 23 por ciento más a los reportados en idéntico período del 2012.

El gobierno estadounidense repatrió el año pasado a 40 mil 635 guatemaltecos, 10 mil por encima a los contabilizados en 2011, según estadísticas divulgadas por la Dirección General de Migración nacional.

Por lo menos 50 mil nacionales guatemaltecos serán devueltas desde esa nación norteamericana hasta el cierre del 2013, calcula el vocero de la Dirección General de Migración de Guatemala, Fernando Lucero.

La aparente contradicción entre el crecimiento de remesas ante el aumento de repatriaciones, responde a la leve recuperación de la economía estadounidense este año.

Tal situación ha permitido que cada connacional en Estados Unidos transfiera mayores dividendos como promedio respecto a años precedentes, opinan expertos.

En territorio estadounidense habitan 1,5 millones de guatemaltecos, de los cuales 900 mil están indocumentados, acorde con cifras de la Cancillería guatemalteca.

La demora en la aprobación de la reforma migratoria en Estados Unidos fue lamentada el mes anterior por el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina.

Como consecuencia del retraso generado en ese sentido por falta de acuerdos en la Cámara de Representantes de aquel gobierno, el mandatario declaró que tenían la esperanza de que esa modificación se sancionara antes de finalizar el 2013.

Sin embargo, el presidente de la cámara baja, el republicano John Boehner, rechazó el 13 de noviembre último debatir antes de que concluya el año actual el proyecto migratorio aprobado en junio por el Senado.

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Niños, las principales víctimas en México

Marcos Romero (ANSA)

Los niños, sea como instrumentos de las bandas criminales o como huérfanos e hijos de personas desaparecidas, son las principales víctimas de la estrategia contra las drogas que libra el gobierno mexicano desde hace 7 años.

Mientras el balance de esta guerra arroja hasta ahora más de 100.000 muertos, 27.000 desaparecidos y unos 250.000 desplazados, todavía no existen parámetros para evaluar la secuela brutal que dejará la espiral de violencia en los niños mexicanos.

Los menores de edad suelen ser, a juicio de los expertos, las víctimas ideales para el crimen organizado, que ve en ellos una mano de obra "fácil de conseguir y muy barata", según estudios sobre el tema.

La Red por los derechos de la Infancia en México (REDIM) estima que 27.000 niños trabajan directamente para el narcotráfico.

El estudio "Los Menores de edad en la delincuencia organizada", realizado por esta organización civil, indica que los niños son utilizados para cometer delitos de todo tipo, desde robos sin importancia hasta asesinatos.

"Este fenómeno tiene lugar en todo el territorio mexicano, pero la frecuencia es mayor en las áreas más pobres y marginadas, donde las armas, la violencia y las drogas son parte de la delincuencia organizada", señala el documento.

Pero "en un momento dado es la única opción que tienen los menores para satisfacer sus necesidades", agrega.

En la Zona Metropolitana de Monterrey, norte de México, de enero de 2010 a octubre de 2012 la población en los reformatorios para menores de edad subió de manera alarmante en un 424%, y 80% de los detenidos fueron acusados de delitos mayores.

El problema de los "niños del narco" está estrechamente ligado con circunstancias económicas y sociales.

Por ejemplo, en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, la industria maquiladora (ensamblaje) ha dado empleo a miles de madres solteras que son el único sostén de su familia y al ir a trabajar dejan a sus niños y adolescentes solos en casa desde muy temprano y hasta entrada la tarde.

Se calcula que cerca de 100.000 niños menores de seis años se quedan solos en sus viviendas mientras sus madres trabajan en Ciudad Juárez y automáticamente se convierten en blanco fácil para ser reclutados como "halcones" (vigilantes) o como vendedores de droga al por menor por las pandillas.

Teresa García, presidenta de la asociación civil Casas de Cuidado Diario, indica que los "niños que se quedan solos o cuidados por sus hermanos mayores, crecen sin apego a la familia" y salen a la calle a cualquier hora, convirtiéndose en presa fácil de las pandillas.

En Torreón, estado norteño de Coahuila, en la zona conocida como La Laguna, hay numerosos huérfanos de víctimas de la violencia o desaparecidos, que ya reflejan una mentalidad perturbada.

Ramiro Ornelas, psicólogo e integrante de la asociación civil Grupo Vida, dedicada a familiares de desaparecidos y víctimas de homicidios, señala que a sus ocho años Jaime le ha expresado a su abuela que espera "crecer para matar" a los asesinos de sus padres. El niño es de los pocos huérfanos por la violencia vivida en Torreón que reciben atención psicológica para superar el trauma que vivieron.

En la ciudad suman cerca de 150 niños los que han perdido a uno o a sus dos padres por la violencia de los últimos años.

Frecuentemente, los familiares ocultan la situación para evitar que sean discriminados en el ambiente escolar y en sus comunidades.

Las instituciones gubernamentales se muestran incapaces de tomar medidas al no estar preparadas para atender los efectos colaterales de la violencia, afirma Ornelas.

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